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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO DEPARTAMENTO REGIONAL DE OPERACIONES II

REPÚBLICA DOMINICANA

DOCUMENTO DE PAÍS

Aprobado: 25 de julio 2001


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ÍNDICE Resumen Ejecutivo I.

CONTEXTO GENERAL A. Antecedentes ……………………………………………………………………….…...… 1 1. La evolución económica…..………………………………………………………….. 1 2. La situación social……………………………………………………………………. 2 B. Principales desafíos al desarrollo del país…….……………………………………………. 3

II.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL BANCO A. Estrategia anterior y sus resultados ………………………………………………………... 5 1. Logros ………………………………………………………………………………….5 2. Dificultades ……………………………………………………………………….……6 B. Estrategia 2001 – 2003 .……………………………………………………………………... 8 1. Objetivos ……………………………………………………………………………….8 2. Áreas prioritarias …………………………………………………………………..….. 9 3. Instrumentos de acción ……………………………………………………………..…19 4. Escenarios operativos …………………………………………………………………20 5. Implementación de la estrategia ………………………………………………………21

III.

AGENDA DE DIÁLOGO CON EL PAÍS A. Aspectos de política………………. ……………………………………………………….. 22 B. Aspectos de desempeño de la Cartera ………………………………………………………22


iv

ANEXOS ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV

LA HERENCIA SOCIAL DE LOS NOVENTA MATRIZ DE ESTRATEGIA ACCIONES DEL BANCO PROGRAMA OPERATIVO 2001 – 2003


v

El archivo técnico del Documento de País consta de la siguiente documentación técnica: 1. Documento de Diálogo de Políticas, Agosto 2000 2. Notas temáticas sobre: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Calidad y sostenibilidad del crecimiento económico Entorno fiscal y manejo del gasto público Pobreza y gasto social Marco operativo institucional del manejo de la política monetaria Sector monetario y financiero. Temas centrales. Gobernabilidad e institucionalidad política y administrativa Vulnerabilidad ambiental de la población y sectores productivos El sector agroalimentario y la competencia foránea Cuellos de botella a la productividad y competitividad del sector privado. Vulnerabilidad ambiental

3. Notas sectoriales sobre: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Nota sobre Vivienda Nota sobre Salud Nota sobre Educación Nota sobre Sector Agroalimentario Nota sobre Desastres Naturales Nota sobre Descentralización Nota sobre Gobernabilidad Nota sobre Infraestructura Básica Nota sobre Sector Financiero Nota sobre Código Monetario Nota sobre Inserción Comercial


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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AND

Ayuntamiento del Distrito Nacional

BCRD

Banco Central de la República Dominicana

BNV

Banco Nacional de la Vivienda

CDE

Corporación Dominicana de Electricidad

CGR

Contraloría General de la República

CII

Corporación Interamericana de Inversiones

CONAU

Consejo Nacional de Asuntos Urbanos

DDP

Documento de Diálogo de Políticas, BID Agosto 2000

EDE

Empresa Distribuidora de Electricidad

FOMIN

Fondo Multilateral de Inversiones

GRD

Gobierno de República Dominicana

IAD

Instituto Agrario Dominicano

INESPRE

Instituto Nacional de Estabilización de Precios

INVI

Instituto Nacional de la Vivienda

ISR

Impuesto sobre la Renta

ITBIS

Impuesto Transferencia de Bienes Industrializados

OMC

Organización Mundial del Comercio

ONAPLAN

Oficina Nacional de Planificación

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PIB

Producto Interno Bruto

PRI

Departamento del Sector Privado del BID

SEF

Secretaría de Estado de Finanzas

SPNF

Sector Público No Financiero

SEE

Secretaría de Estado de Educación


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RESUMEN EJECUTIVO Antecedentes

Durante los 90 el quantum del crecimiento económico en República Dominicana fue, sin lugar a dudas, notable; pero si se mide por su impacto de bienestar en grandes mayorías nacionales y de satisfacción de las expectativas generadas, la calidad de dicho crecimiento resulta más controversial. La expansión del producto se sostuvo a lo largo del decenio promediando 5,7% anual, excepto por la contracción de 1990, y fue compatible con una relativa estabilidad de precios y cambiaria. Pero este notable crecimiento no fue acompañado de un ritmo similar en el avance de las reformas institucionales y de políticas necesarias para mejorar la calidad distributiva del mismo; apuntalar su sustentabilidad de largo plazo; Proteger la estabilidad macroeconómica de las fragilidades que la amenazan; y completar la consolidación del Estado de derecho. El crecimiento no se tradujo en suficiente desarrollo, si éste se mide por la generación de nuevas ocupaciones e ingresos para amplios sectores de población. El desempleo abierto bajó, mas no principalmente porque la ocupación aumentara, sino por baja en la tasa de participación. Nueve años de crecimiento sostenido sólo lograron restaurar los índices de distribución de ingresos que ya existían en los 80 y que se habían deteriorado durante la crisis de 1990. El esfuerzo en materia de gasto social fue real, pero aún dejó al país lejos de los estándares de América Latina; por lo que los indicadores sociales se mantienen por debajo del promedio de la región. En suma, al final de los 90 la pobreza permanece en los mismos niveles de los 80.

Desafíos al desarrollo

El desafío fundamental de la pobreza como problema no resuelto por el crecimiento se mantiene aún a pesar del reciente énfasis sin precedentes en el gasto social; lo que sugiere que las causas de fondo desbordan el ámbito de la política social per se y apunta a limitaciones estructurales más profundas que han en la práctica neutralizado la efectividad de dicha política. En efecto, en el diagnóstico del BID, el desafío central del desarrollo lo constituye no la ausencia de una política social, aunque, desde luego, ésta puede y debe fortalecerse más aún, sino graves distorsiones y restricciones en el entorno institucional del país que socavan transversalmente todas las políticas sectoriales y limita la efectividad y sostenibilidad de las acciones en general de desarrollo acometidas por el gobierno. De acuerdo al Documento de Diálogo de Políticas: Hacia una Estrategia de Desarrollo en la República Dominicana, presentado a las nuevas autoridades en Agosto 2000, para escapar de la presente situación es indispensable atacar los siguientes retos principales:



Superar las persistentes fragilidades macroeconómicas y financieras que hacen a la economía vulnerable a posibles choques internos y externos, y amenazan la estabilidad.



Eliminar la presente debilidad fiscal tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, a fin de asegurar los recursos necesarios para enfrentar la deuda social, promover los sectores productivos y contribuir a superar estructuralmente la pobreza.



Desmontar las restricciones en el ambiente de negocios de sectores productivos, que los hacen vulnerables ante la competencia foránea y limitan el potencial de crecimiento diversificado de la economía.



Elevar la capacidad de prevención, mitigación y respuesta a amenazas naturales y ante el deterioro del ambiente que afecta el potencial de desarrollo sostenible del país.



Ampliar la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales y hacer al sistema más gobernable en condiciones democráticas.


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Objetivos del gobierno

El programa de acción del nuevo gobierno encabezado por el Ing. Hipólito Mejía se orienta prioritariamente a fortalecer la estabilidad social del país; la que en el momento presente resulta vulnerable dada la persistencia de la pobreza como problema central no resuelto por el crecimiento. El nuevo equipo es también consciente de que si se desestabiliza la economía, por no resolver los desafíos identificados, no sólo se comprometería la viabilidad del crecimiento –primera condición para combatir estructuralmente la pobreza- sino que se cerraría la actual ventana de oportunidad de completar las reformas institucionales pendientes en un clima de relativa bonanza y sin las condiciones sociales y políticas adversas que un deterioro económico pudiera traer aparejadas. Dado que la experiencia regional muestra cuán difícil es intentar cambios estructurales en fases regresivas del ciclo económico, las autoridades enfrentan el mandato de manejar con máxima prudencia el frente macroeconómico, para preservar la estabilidad y el crecimiento, y al mismo tiempo acelerar las reformas. Se aprovechará al máximo los avances alcanzados para abandonar las políticas de naturaleza procíclica, que por falta de consistencia y oportunidad magnifican engañosamente los auges y acentúan las recesiones. En el inicio del siglo, la nueva administración tiene la oportunidad, como en pocos otros países, de adelantar las reformas necesarias cuando su costo político y social todavía puede ser relativamente bajo.

Objetivos del Banco

El propósito principal de la estrategia del Banco para el periodo 2001-2003 es apoyar y complementar los esfuerzos que el gobierno y la sociedad dominicanas adelanten para desarrollar los blindajes económicos, sociales e institucionales que el país necesita para enfrentar su presente vulnerabilidad social, preservando el crecimiento y la estabilidad alcanzados durante la pasada década de prosperidad, pero respondiendo al mismo tiempo al persistente desafío de la deuda social acumulada.

Areas de acción prioritarias

En concordancia con las prioridades de acción acordadas con el Ejecutivo Nacional, y en base a las estrategias generales y sectoriales que el gobierno adelante, la acción del Banco en el periodo 2001-2003 se concentrará en:

Programa operativo



Contribuir a abolir distorsiones de política económica y financiera que hacen a la economía vulnerable a posibles choques de ingreso internos y externos.



Contribuir a resolver insuficiencias de ingresos y distorsiones en el gasto público que pone en riesgo la disponibilidad de recursos fiscales para atacar los desafíos del desarrollo y la deuda social.



Contribuir a desmontar restricciones al ambiente de negocio de sectores productivos, tanto por cuellos de botella en infraestructura, como por distorsiones de política que limitan el potencial de crecimiento diversificado.



Contribuir a elevar la capacidad de prevención, mitigación y respuesta ante desastres y ante el deterioro del ambiente.



Contribuir a mejorar la capacidad de las instituciones para responder a necesidades y aspiraciones de la población.

Dada la duplicación y amplia diversificación de la cartera del Banco durante los noventa, la estrategia en apoyo a la acción de gobierno en la nueva década pone énfasis especial en el uso apropiado de los recursos ya aprobados y disponibles por el país. Las hipótesis de préstamos para el periodo 2001-2003 prevén un ritmo de nuevas aprobaciones que dependerá de la medida en que se cumplan criterios de política y de carácter operativo. Los primeros tienen que ver con el compromiso de las autoridades en retomar la agenda de


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reformas pendientes y con el logro de resultados positivos en el balance fiscal primario. Los segundos tienen que ver con que se muestren avances significativos en la ejecución de la cartera vigente y con las restricciones en materia de liquidez para contrapartida local que podrían imponer diversos escenarios de ajuste fiscal. Sobre la base de estos criterios se prevé una hipótesis mínima de US$465,0 millones en nuevos préstamos para el periodo, nivel de aprobaciones que estaría de todos modos sujeto a que se muestre un avance satisfactorio en la ejecución de la cartera vigente, y una máxima de US$835,0 millones para el periodo de tres años si, además, se adelantan los procesos de reforma y se produce un superávit primario.

Temas de diálogo con el país

La presente estrategia está estrechamente asociada a un conjunto de acciones y políticas específicas de gobierno, que fueron justificadas y discutidas ampliamente en el Documento de Diálogo de Políticas, arriba mencionado, y resumidas en una matriz de recomendaciones específicas. El propósito de dichas recomendaciones es sugerir a las autoridades nacionales formas para atacar de raíz los problemas identificados en el diagnóstico de la situación, que se hizo con la participación de variados sectores de la vida nacional, la sociedad civil y política y el sector privado. En opinión del Banco, un avance decisivo en la dirección general provista por estas recomendaciones de política es condición necesaria para el éxito de la presente estrategia. Dentro de las recomendaciones vale la pena resaltar, por su importancia en la actual coyuntura macroeconómica y fiscal, las relativas a corregir las presentes distorsiones en el sector energético. Estas constituyen cuellos de botella centrales a la preservación de la estabilidad y el crecimiento tanto por el manejo distorsionante de los precios internos de los combustibles, como por el severo déficit del servicio eléctrico y las inconsistencias en las políticas relativas al sector, que siguen afectando en alta medida el desempeño económico y el bienestar social. No obstante el Banco no se propone actuar en todos los ámbitos cubiertos por las recomendaciones sino, en coordinación con las autoridades y otros organismos de desarrollo, focalizar su acción a un conjunto de prioridades clave en del contexto general del país. La cartera vigente del BID consta de programas que dan respuesta a buen número de las recomendaciones planteadas, incluyendo operaciones que tienen largos periodos a la espera de ratificación congresional y otras cuyo ejecución por las autoridades presenta importantes deficiencias. Debido al tamaño y la gran la lentitud en el movimiento de esta cartera, el Banco espera que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo concertado para su agilización y asociará, en parte, el ritmo de las nuevas aprobaciones a los avances de ejecución que se logren en la cartera vigente.

Implantación de Para implantar la presente estrategia el Banco hará uso sinergístico de sus diversas herramientas y ventanillas y buscará coordinar su acción con el resto de las agencias la estrategia

multilaterales y bilaterales de desarrollo que trabajan en la República Dominicana. El éxito de la estrategia planteada enfrenta, no obstante, ciertos riesgos importantes. El primero es la crónicamente lenta absorción de recursos demostrada por el país, que puede retrasar el logro de los objetivos de desarrollo y comprometer la oportunidad de su impacto en desarrollo. Los problemas de la cartera se deben principalmente a: (i) la débil capacidad del mecanismo de planeación y presupuesto nacional para articular los objetivos de la acción de gobierno con las decisiones de gasto y financiamiento; (ii) la ausencia de un marco instrumental y de políticas globales y sectoriales que facilite a las autoridades identificar y priorizar inversiones públicas con una visión articulada de desarrollo en el largo plazo; y (iii) limitaciones de gerencia, capacidad administrativa y de gestión de programas en el día a día. En vista de estos riesgos, la Representación en República Dominicana presentó, junto con el Documento de Diálogo de Políticas, un Plan de Acción


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integrado para el ataque a los problemas tanto puntuales como generales que afectan el desempeño de la cartera. El segundo riesgo a la implementación de la estrategia se asocia a posibles restricciones de liquidez para provisión de contrapartida de los préstamos, agravada quizá por las deficiencias en el manejo presupuestario y por la coyuntura de severo ajuste fiscal que se avecina. En vista de este riesgo el Banco prevé escenarios de nuevas aprobaciones sujeto a resultados de superávit primario en el balance fiscal. El tercer riesgo está estrechamente asociado a los problemas de ejecución y se refiere a la limitada coordinación de la ayuda externa que efectúa el gobierno en general y particularmente de la no-reembolsable; cuya aplicación con frecuencia no guarda consistencia con el financiamiento multilateral, ni apalanca la contrapartida local asociada. Las autoridades han sido pasivas a la hora de articular una visión de conjunto para las acciones de los organismos internacionales y la débil continuidad institucional, comunicación y tradición de reflexión estrategia dificultan con frecuencia la coordinación. Esto, en parte, condujo a que hayan quedado pendientes resultados concretos de la iniciativa del Marco Integral de Desarrollo lanzada en 1999 por el BIRF con carácter piloto en República Dominicana. La iniciativa buscaba construir consensos y forjar alianzas sobre prioridades estratégicas comunes para el desarrollo, eliminar el desperdicio de esfuerzos y enfatizar la consecución de resultados concretos; pero, luego de un importante debate abierto y participativo sobre temas nacionales clave, el proceso no se concretó en una matriz específica de coordinación por el cambio de actores y prioridades a raíz de las elecciones. En su diálogo con las autoridades, el Banco enfatizará la importancia de acciones que enfrenten este riesgo de incoordinación, el mismo que cobra marcada importancia dada la coyuntura fiscal y las necesidades proyectadas de recursos de contrapartida y obligaciones financieras del país asociadas a la cartera actual.


I. A. 1.1

CONTEXTO GENERAL

Antecedentes El 16 de agosto de 2000 asumió la conducción del Estado el nuevo equipo de gobierno encabezado por el Ing. Hipólito Mejía y la Dra. Milagros Ortiz Bosch, Presidente y Vicepresidenta electos en la primera vuelta de las elecciones de mayo 2000. Como parte del proceso de transición, el 5 de agosto una misión de alto nivel del BID, encabezada por el presidente Iglesias, se reunió con el equipo del Presidente Electo para presentarle su diagnóstico y recomendaciones sobre la situación del país1 Posteriormente se sostuvieron reuniones sectoriales entre el BID y el gobierno, para examinar las prioridades de acción futura. El presente documento de estrategia recoge las conclusiones generales de este proceso de consulta. 1. La evolución económica Años

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1.2

El Documento de Diálogo de Población, mill. 7,32 7,47 7,62 7,77 7,71 7,83 7,97 8,10 8,33 8,4 Políticas (DDP) examinó la PIB, $ mil de M. 7,6 9,0 9,7 10,8 12,2 13,6 15,2 16,0 17,5 19,0 evolución económica y social del Variac. PIB % 1,0 8,0 3,0 4,3 4,8 7,3 8,2 7,3 8,3 7.8 país en los 90 constatando que la Desempleo % PEA 19,6 20,3 19,9 16,0 15,8 16,7 15,9 14,3 13,9 12,0 expansión económica fue Inflac. prom % 47,1 4,3 5,3 8,3 12,5 5,4 8,3 4,8 6,5 7,7 notable, sostenida a lo largo del Tasa cambio 12,5 12,5 12,5 12,6 12,9 12,9 14 14,7 15,8 16,2 decenio y compatible con la oficial. Prom. relativa estabilidad de precios y Reservas Brutas. 1,9 1,4 1,7 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 Meses import. cambiaria como lo revela la tabla Cta. Corr. B. de -3,1 -6,5 -2,2 -2,6 -1,5 -1,6 -1,1 -2,1 -2,5 5,2 1. Sin embargo, este envidiable Pagos % PIB fiscal corri. desempeño escondió serias Ingreso 13,6 15,0 15,5 14,6 15,0 14,4 16,2 15,9 15,6 15,3 % PIB limitaciones. Primero, la Bal. S. Público 0,1 1,3 -0,8 -4,1 -1,0 -2,9 -2,0 -2,1 -2,8 -2,1 expansión económica, liderada cons. % PIB Pública 59,9 49,1 46,8 36,6 32,9 28,1 23,5 22,1 20,9 17,8 por sectores exportadores de Deuda Ext., % PIB punta, reforzó el patrón dual de Tabla 1: Rep. Dominicana. Principales Indicadores Macro-económicos desarrollo que emergió en los setenta. La dualidad se basa en la coexistencia de (i) sectores muy dinámicos, responsables principales del crecimiento, como el turismo, las telecomunicaciones y las zonas francas industriales, que operan en un ambiente altamente competitivo, están estrechamente vinculados a la economía mundial y frecuentemente protegidos de un excesivo y contraproducente intervencionismo estatal, a través de arreglos administrativos especiales; y (ii) los sectores económicos más tradicionales, como la agricultura y la industria, que continúan operando en medio de un fuerte intervencionismo estatal, que va desde un excesivo proteccionismo, regulaciones de precios y falta de protección a los derechos de propiedad, hasta innumerables y complejos procedimientos burocráticos. En este contexto, mientras los sectores más competitivos de la economía experimentaron rápido crecimiento, los sectores más protegidos, que también constituyen una fuente muy importante de empleo e ingresos fiscales para el país, continuaron rezagándose.

1.3

Segundo, la expansión económica registrada en la década pasada no estuvo acompañada de un ritmo similar en el avance de las reformas institucionales y de políticas públicas necesarias para garantizar su propia sustentabilidad, mejorar su calidad distributiva y consolidar el Estado de derecho. Se produjo cierto efecto de bienestar, por la obvia mejora del ingreso per-cápita y por el mantenimiento del poder adquisitivo dentro de la moderada inflación que caracterizó a la década. Pero la valoración detallada de este efecto positivo por estrato social, y en generación de empleo, distribución de ingresos e incidencia de pobreza, es más problemática y controversial.

1

Este diagnóstico y recomendaciones se recogen en el Documento de Diálogo de Políticas (DDP): “Hacia una Estrategia de Desarrollo en la República Dominicana”, que obra en el archivo técnico del Documento de País.


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2.

La situación social

1.4

El crecimiento no se tradujo en suficiente desarrollo social si éste se mide por la generación de nuevas ocupaciones, ingresos, y acceso a servicios sociales para amplios sectores de población, como se discute en detalle en el anexo I del presente documento. La tasa de desempleo abierto bajó, mas no principalmente 14 %, 100s US$ porque la ocupación aumentara, sino por descenso en 12 la tasa de participación. La principal caída en la participación laboral correspondió a las trabajadoras, 10 R. Dominicana como se discute en el anexo I. El avance hacia la Promedio A.L. equidad es innegable, pero relativo; pues sólo restauró 8 parcialmente el perfil de distribución de ingresos ya 6 alcanzado en la década anterior. A esto se añadió la persistencia de bolsones de pobreza y el efecto de 4 “rezago” de los quintiles inferiores de ingresos, como se indica en el anexo I, y que continuaron afectando 2 particularmente a mujeres y niños pobres. El esfuerzo 0 Per cápita % del PIB en materia de gasto social fue real, pero insuficiente pues el nivel permanece lejos de los estándares de Figura 1: Rep. Dominicana y AL. Gasto Social América Latina. Los indicadores sociales se mantuvieron por debajo del promedio de la región. Así, la relativa estabilidad y bonanza resultantes de la reciente evolución económica resultan frágiles debido a la persistencia de la pobreza como problema central no resuelto y a niveles de bienestar social comparativamente rezagados, como lo muestra la tabla 2. Allí se observa como el rezago social afecta particularmente a la población femenina, cuyo índice de analfabetismo es superior al del total de la población, tanto dentro el país como comparado con el índice continental.

1.5

Además de que aparezcan contra el trasfondo de 9 años de crecimiento sostenido, llama la atención que estos resultados en materia de pobreza e indicadores sociales se produzcan en el contexto de un visible cambio en las políticas del gobierno hacia los sectores sociales, que en los últimos años llevó a más que duplicar el gasto público en dichos República A.L. y el Niveles de Salud y Educación sectores como proporción del PIB Dominicana Caribe e incluyó programas de inversión Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 40 32 social en parte financiados por el De menores de 5 años 47 41 71 70 Banco desde la primera mitad del Expectativa de vida al nacer (años) De las Mujeres 73 73 decenio. Que este esfuerzo haya 80 93 sólo servido para restaurar los Inmunizados contra Sarampión (% de niños < de 12 años) Contra DPT 80 82 niveles de pobreza de los 80 Acceso a agua potable (% de la población) 73 75 sugiere la existencia de Matriculación Primaria (% de grupos en edad escolar) 103 113 limitaciones estructurales más Secundaria 41 52 profundas, que tienden a Razón alumnos-profesor en Primaria 35 25 neutralizar la acción del Estado, y Analfabetismo (% de la población de 15 años o mas) 17 13 ha llevado al Banco a concluir que De las mujeres (% de mujeres de 15 años o mas) 18 14 el problema no reside en la ausencia de una política social per Tabla 2: Indicadores sociales comparados. (Fuente: Banco Mundial) se, sino en limitaciones del entorno institucional general del país que socavan transversalmente toda política sectorial y limitan la efectividad y sostenibilidad de las acciones de desarrollo. En efecto, en el diagnóstico de BID, los principales factores que explican la presente situación son persistentes distorsiones en: (i) el entorno macroeconómico y financiero; (ii) el manejo fiscal y del gasto público; (iii) el ambiente de negocios de los sectores productivos; (iv) la prevención de amenazas al ambiente natural; y (v) la eficacia del Estado democrático. La superación de estas distorsiones constituyen retos esenciales al desarrollo del país


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B.

Principales desafíos al desarrollo

1.6

En el entorno macroeconómico y financiero. La combinación de fragilidad macroeconómica y vulnerabilidad del sistema financiero genera riesgo de que la economía se desestabilice y el crecimiento se frene. Las amenazas a la estabilidad provienen principalmente del manejo político del precio de los combustibles; de desequilibrios acumulados en cuentas del BCRD que generan déficits cuasi-fiscales; y de incoordinación entre políticas fiscales y monetarias, derivada del actual modus-operandi de la gestión financiera del GRD. Los resultados son: (i) altas tasas de interés internas aún con estabilidad económica y bajas tasas en el exterior; (ii) intervención del BCRD en el mercado financiero al fijar, como captador marginal, el piso de la tasa de interés; (iii) crecientes déficits cuasi-fiscales, al aumentar la disparidad entre renta de activos y costo de pasivos del BCRD; y (iv) recurso a control monetario vía encajes legales, topes de cartera, rezagos del tipo de cambio oficial y obligación de entrega de divisas.

1.7

El nivel de las tasas internas no parece haber afectado el dinamismo económico; pero sólo porque sectores como turismo y zonas francas disponen de crédito externo barato, no accesible para quienes deben endeudarse internamente a un alto costo. Las tasas afectan la calidad, liquidez y solvencia de la cartera de la banca y hacen vulnerable el sistema a choques en cuentas externas que afectan la estabilidad y el crecimiento. El sector financiero no realiza su potencial por falta de un entorno jurídico apropiado. Esto facilita el control monetario directo, debilita la regulación y promueve la ambigüedad jurídica que envuelve a la actividad financiera. Bajo la aparente robustez del sistema asoman debilidades estructurales, como baja profundización financiera y elevados márgenes de intermediación, que crean riesgos de insolvencia para el sector financiero, y de inestabilidad e iniquidad para los sectores productivos.

1.8

En el manejo fiscal. La mejora en las finanzas públicas en los 90 no logró erradicar distorsiones de tributación, llevar la presión tributaria a niveles comparables al promedio regional, o eliminar el déficit fiscal; el cual cerró la década en cerca de 2,0% del PIB. Si a esto se añade el impacto de la eliminación de cargas distorsionantes, como la comisión cambiaria (1,5% del PIB) y otras, se estima que las finanzas públicas presentan una debilidad por el lado de los ingresos de cerca del 3.5 % del PIB; esto suponiendo que el desmonte arancelario al que obligan los acuerdos con la OMC fuera fiscalmente neutro, al compensar la reducción en tarifas con aumentos en los impuestos internos. Por el lado del gasto, la composición del mismo es inadecuada, el nivel es insuficiente en servicios públicos y la gestión de los mismos es ineficiente, por la precariedad de las instituciones fiscales, sociales y de infraestructura. La inversión pública, tradicionalmente sujeta a discrecionalidad política, sigue altamente determinada por el ciclo electoral y en los 90 dejó con frecuencia de atender su función complementaria de la actividad privada en dotar infraestructura y servicios sociales y productivos básicos. La inorganicidad del manejo presupuestario crea riesgo de escasez de recursos y fragilidad ante posibles choques de ingresos, por la dispersión organizativa de: (i) la planeación, que imposibilita fijar políticas claras de gasto; y (ii) la gestión y control del mismo, que facilita el desorden en su conducción y diluye la responsabilidad por el uso de escasos recursos públicos. Esto afecta a las instituciones presupuestarias a nivel central y a las instituciones sectoriales, especialmente del sector social y de infraestructura.

1.9

El país necesita continuar invirtiendo en infraestructura productiva básica y su proceso de apertura impone el apoyo directo al productor agrícola para facilitar su adaptación al nuevo entorno. Se estima que en los próximos años el Estado necesitaría continuar invirtiendo en infraestructura al menos a los niveles actuales (5% del PIB) y que el costo adicional de apoyo al agro sería de 0.5% del PIB. Igualmente, si se asume que el gasto social debe acercarse a la media regional para ser adecuado, se calcula que habría que aumentarlo en 4% del PIB. En resumen, existen presiones de gasto que elevarían las necesidades financieras del Estado en un 4.5% del PIB. Si a la insuficiencia de ingresos fiscales, calculada en 3,5% del PIB, añadimos esta necesidad de gasto adicional para saldar la deuda social, mejorar la distribución del ingreso, ampliar la infraestructura física fortalecer la competitividad, arribamos a necesidades implícitas no cubiertas de recursos del Estado equivalentes al 8% del PIB, que habría que subsanar con alguna combinación de incremento de ingresos fiscales y optimización de la composición del gasto.


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1.10

En el ambiente de negocios. El dinamismo de los sectores emergentes tiende a agotarse y persisten cuellos de botella al desempeño de otros sectores que podrían contribuir a un crecimiento más diversificado y sostenible. Estas restricciones se originan tanto en políticas públicas, como en limitaciones de carácter estructural que afectan a la industria y al agro, sectores que han sufrido estancamiento y perdido importancia relativa. Políticas económicas que arrastran sesgos intervencionistas son responsables por buen número de distorsiones de mercado. La sobredeterminación política de decisiones que afectan a mercados claves, además del de los combustibles y el dinero, como son el de divisas, energía y rubros agroalimentarios, continuó en los 90 enviando a los agentes económicos señales que distorsionan la asignación de recursos y mitigan el potencial de crecimiento de sectores con alto potencial de generación de empleo e ingresos. El interés político en mantener un tipo de cambio más estable que el consistente con la evolución del mercado genera distorsión cambiaria en precios relativos y penaliza las exportaciones. La ruptura de vínculos objetivos entre precios internos y externos vía el cerco arancelario, contribuye también a la asignación subóptima de recursos. En el sector agrícola el Estado sigue controlando actividades, por el lado de los costos, vía reducidos aranceles a insumos importados, prohibición de importaciones, imposición de cuotas y barreras arancelarias; así como subsidio de servicios y tasas de interés; y, por el lado de los ingresos, vía compras a precios más altos que el precio de frontera. Esto promueve conductas disociadas de la eficiencia y motiva la búsqueda perenne de apoyos y protección estatal, al tiempo que crea en los consumidores infundadas expectativas de alimentos baratos.

1.11

Además de políticas distorsionantes, la industria y la agricultura sufren dificultades originadas en la atomización de unidades productivas y restricciones de infraestructura y servicios. A la escala pequeña de la mayoría de las unidades, existe acceso imperfecto a información tecnológica, empresarial y de mercado que permitiría a las empresas incorporarse a patrones modernos de productividad. En vez de proveer servicios de orientación en dichas áreas, los programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa han enfatizando el crédito subsidiado que distorsiona la rentabilidad de los factores. El déficit de inversión en infraestructura es otro factor limitante del desarrollo diversificado. A pesar de avances en la capacidad de generación, se mantiene el déficit de electricidad y continúan los apagones. La red de carreteras no tiene capacidad para atender el crecimiento de la economía y las deficiencias de la infraestructura de exportaciones siguen represando la competitividad. Completar las reformas legales, regulatorias e institucionales pendientes en transporte, energía, agua y telecomunicaciones optimizaría la competencia y atraerían inversión extranjera; pero tales reformas se encuentran estancadas.

1.12

Para impulsar a los sectores productivos locales a mejorar sus niveles de competitividad, expandiendo al mismo tiempo sus oportunidades de acceso a mercados foráneos, sucesivos gobiernos han trabajado activamente en la negociación de acuerdos comerciales, algunos de ellos de carácter preferencial. En efecto, la República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Asociación de Estados del Caribe. Adicionalmente, la República Dominicana ha suscrito tratados de libre comercio con el Mercado Común Centroamericano y CARICOM, participa activamente en las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y es beneficiaria del Acuerdo de Cotonou (Post-Lome IV), del Acuerdo de San José, de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del Sistema Generalizado de Preferencias. Sin embargo, a pesar de que la negociación, subscripción y ratificación de estos acuerdos demuestran un claro compromiso político con la integración comercial, hay que destacar que todavía existe en la República Dominicana una gran dispersión institucional y limitada capacidad técnica en materia de negociación y administración de acuerdos y tratados comerciales, lo que impide que el país saque el mayor provecho posible de las oportunidades que estos ofrecen.

1.13

En la prevención de amenazas al ambiente natural. La base natural de recursos -suelo, agua, costas y biodiversidad- se pierde por uso inconveniente y eventos catastróficos, sin que la acción regulatoria y preventiva del Estado parezca suficiente para compensar el daño, detener el deterioro y revertir la contaminación. Los retrocesos en la calidad del ambiente, que los eventos naturales producen se amplifican por el mal uso de los recursos asociado a la pobreza crónica, la indisciplina y la falta de ordenamiento y autoridad. La amenaza meteorológica es la más conocida, por estar el país en la ruta de los huracanes del Caribe, pero aquél también está sometido a sismicidad, ante la cual las prácticas de uso y controles preventivos, como códigos de construcción y supervisión de edificaciones, son más


5

deficientes aún. El fenómeno cíclico de las sequías también intensifican la pobreza al deprimir la producción alimentaria. De no corregirse los actuales déficits en la capacidad de preservación y prevención el país corre el riesgo de exacerbar más aún el círculo vicioso: pobreza-desastre-pobreza. Graves retos al desarrollo sostenible y equitativo son: (i) la expansión rápida y desordenada de las áreas urbanas, (ii) el incorrecto uso del espacio para infraestructura productiva, y (ii) el deterioro del ambiente y los recursos naturales; especialmente si no se adelantan acciones de reducción de vulnerabilidad, manejo anticipado de riesgos, preparación para emergencias, y búsqueda de esquemas financieros que protejan de choques catastróficos a las finanzas públicas. 1.14

Eficacia del Estado democrático: La principal secuela actual de la tradición política autoritaria es la excesiva centralización y la escasa institucionalidad y capacidad gerencial en los órganos del Estado para cubrir demandas y aspiraciones sociales. Bajo la presión de la sociedad el modelo autoritario y clientelista están agotando su viabilidad, pues el sistema político que lo sustenta pierde poco a poco la confianza del ciudadano. El vacío resultante es cada vez más ocupado por las organizaciones de la sociedad civil, que llenan espacios no atendidos por los actores políticos tradicionales. El país enfrenta el reto de dar mayor cabida a estas organizaciones y desarrollar el nivel subnacional de gobierno, fortaleciendo su profesionalización; no sólo como desafío de mayor legitimidad de la democracia, sino para ampliar la eficacia del Estado en respuesta a necesidades de la población y combatir mas efectivamente la pobreza. II.

A. 2.1

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL BANCO

Estrategia anterior y sus resultados

5 Préstaos aprobados

La estrategia establecida en el Documento de País 4 para el período 1997-1999 contempló cuatro vectores de acción principal del Banco, a saber: (i) 3 Manejo fiscal integrado; (ii) Estímulo a la economía privada; (iii) Reducción de la pobreza; y 2 (iv) Fortalecimiento de la institucionalidad. En los últimos cuatro años fueron aprobadas 11 operaciones de préstamo por US$449,3 millones; 1 superándose lo aprobado en toda la primera mitad del decenio como lo ilustra la figura 2. Este ritmo 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 de aprobaciones llevó al Banco a duplicar su cartera y a ocupar una posición de prominente Figura 2: Rep. Dominicana. Préstamos BID en los 90 liderazgo entre los organismos internacionales que actúan en el país. Además de aumentar y diversificarse en la segunda mitad de los noventa, la nueva cartera del BID en el país, incluyendo los programas de inversión, se diseñó con un contenido mayor de acciones de reforma y modernización de las instituciones del Estado. 1. Logros

2.2

Manejo fiscal integrado. Dentro de este vector se aprobaron US$10,3 millones en recursos de préstamo y US$1,2 millones en CT. La asesoría de alto nivel financiada por el BID contribuyó a orientar la gestión macroeconómica de coyuntura, ayudando al gobierno a preservar la estabilidad de precios y cambiaria, con altas tasas de crecimiento del producto, aún en medio de dislocamientos imprevistos como los causados por el Huracán "Georges” en 1998. La cooperación técnica de corto plazo ha permitido clarificar y ampliar la agenda de modernización de las finanzas públicas y de reforma de las instituciones de manejo fiscal, especialmente del lado del gasto, tan importantes para preservar la estabilidad y el crecimiento a futuro. El avance de esta agenda complementaría los logros en materia tributaria, alcanzados también con apoyo del BID, que permitieron al GDR exhibir resultados positivos de ingresos; como avances en la recaudación y reducción de la evasión, que ayudaron a preservar el equilibrio fiscal.


6

No obstante, la principal operación en esta agenda por el lado del gasto: el “Programa de Administración Financiera Integrada del Estado” aprobado en 1998, no inicia aún su ejecución. 2.3

Estímulo a la economía privada. Dentro de este vector estratégico fueron aprobados US$119,0 millones en préstamos y US$4,58 millones en CT. Las acciones fueron desplegadas en apoyo tanto directo como indirecto a la inversión privada productiva en el país. Además del apalancamiento de la inversión comercial en el sector eléctrico, mediante la operación PRI de generación en San Pedro de Macorís, y de programas dirigidos a optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura que sirve de base a la actividad de productores del campo, como la tercera operación de mantenimiento de caminos vecinales aprobada en 1999, el BID adelantó diversas acciones FOMIN en apoyo a los procesos de privatización y a una mayor eficiencia del aparato productivo en las áreas de competitividad agrícola, reforma de empresas públicas, incluyendo el sector energético, y apoyo a la microempresa rural y urbana. También incluyó operaciones de apoyo a la mediación laboral y a la reforma legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento, para que opere en condiciones autosostenibles y de mercado.

2.4

Reducción de la pobreza. Dentro de este vector fueron aprobados US$139,0 millones en préstamos y US$2,1 millones en CT. En materia de combate y remedio directo de la pobreza, se aprobó una operación focalizada en la región nordeste, basada en un enfoque de inversión social con control participativo en una de las zonas más pobres del país. Recursos de cooperación técnica fueron dirigidos a apoyar la planificación del desarrollo social y local, así como en apoyo de la mujer y la juventud de bajos ingresos. En lo que concierne al combate más estructural contra la pobreza, e inversión en capital humano, se avanzó en la ejecución de los programas de Educación Básica y Reforma del Sector Salud. Con dificultades que más abajo se resumen, se ejecutó el programa de Iniciativas Comunitarias aprobado anteriormente y se aprobaron recursos adicionales para educación media y para apoyo al gasto social y a comunidades pobres dentro del programa de Reconstrucción ante los Efectos del Huracán Georges.

2.5

Fortalecimiento de la institucionalidad. Dentro de este vector se aprobaron US$75,8 millones en préstamos y más US$4,0 millones en CT. Además de la preparación de operaciones de reforma y modernización del Estado y la gestión pública, incluyendo las mencionadas en el sector de agua potable y saneamiento y de empresas públicas, así como en apoyo al STP, en 1999 se aprobó una operación de Modernización del Poder Ejecutivo y se continúan los avances en materia modernización institucional del sector riego mediante el programa de administración de los sistemas de riego por los usuarios 2. Dificultades: sus causas y consecuencias a. Naturaleza de la cartera

2.6

El nuevo perfil de cartera, denso en acciones de reforma, planteó mayores exigencias de consenso y voluntad para impulsar procesos institucionales, que el tradicional financiamiento de inversiones, e implicó un mayor riesgo de estancamiento de las operaciones, de no contarse con condiciones de viabilidad socio-política para tales procesos. En los últimos años estas condiciones han estado presentes en la práctica en mucha menor medida que lo previsto en teoría durante el diseño de las operaciones. La experiencia parece demostrar que en un país con profunda división política, poderes compartidos y débil institucionalidad, operaciones con un alto contenido de reforma y condicionalidad tienden a enfrentar graves dificultades de ejecución y muy lento desembolso. Por ello, y no obstante los logros, si se mide en términos de la velocidad de ejecución de las operaciones, del ritmo y oportunidad de las reformas prescritas, del consenso y voluntad políticos requeridos por las acciones de modernización previstas y de la capacidad de establecer prioridades y ejecutar efectivamente los programas, la valoración del avance alcanzado resulta más sobria. Del total aprobado desde 1997 sólo se ha desembolsado un 6,7%, lo que indica que el país no ha aprovechado adecuadamente los recursos de financiamiento de que dispone.


7

b. El entorno institucional 2.7

El persistente apoyo del BID a los ejecutores con recursos del Plan C&D ha ayudado a solucionar dificultades puntuales de ejecución, pero, dado el carácter complejo y denso en reformas que por diseño tienen las operaciones del Banco, la ausencia de determinación y consistencia de las autoridades en resolver las limitaciones institucionales que afectan el avance de las operaciones ha impedido al país absorber más oportunamente los recursos en cartera, como lo ilustra la figura 3. En consecuencia, las limitaciones estructurales afectan tanto la planeación como la ejecución de las operaciones.

200

Millones de US$

180 160

Aprobaciones

140

Desembolsos

120 100 80 60 40 20 0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

años

Figura 3: Rep. Dominicana. Absorción de recursos BID.

2.8

De planeación. Las operaciones asociadas a reformas han probado ser difíciles de ejecutar en parte porque las condiciones de consenso, voluntad política y viabilidad social propicias para su ejecución, y previstas en su diseño original, con frecuencia no se materializaron. Programas con objetivos menos ambiciosos en materia de reformas dosificarían el alcance las mismas y diferirían sus beneficios, pero al mismo tiempo pudieran contribuir a una ejecución más fluida de recursos. El comportamiento de la cartera del BID también se ha visto afectado por la virtual ausencia de un mecanismo de planeación y presupuestación nacional que articule los objetivos de la acción de gobierno con las decisiones de gasto y financiamiento del país. La atomización de decisiones de gasto y endeudamiento se han traducido en una gestión ineficiente y desordenada. El país no cuenta todavía con un marco instrumental y de políticas globales y sectoriales que facilite al GRD identificar y priorizar inversiones públicas con una visión articulada de desarrollo en el largo plazo. Acciones para desarrollar este marco, intentadas por el BID desde inicios de los 90, no han encontrado condiciones apropiadas para su implantación práctica, o apenas se inician, como es el caso del apoyo al Sistema de Inventario y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, CT que debería ejecutarse como parte de la operación de Administración Financiera Integrada del Estado, programa que espera aprobación congresional desde 1998.

2.9

De ejecución. A los problemas de planeación se añaden los de gerencia y capacidad administrativa que afecta en especial al financiamiento multilateral, pues su desembolso está sujeto a estándares altos comparados con los que por lo regular se acuerda al resto del gasto público. Aquí se genera la mayor parte de las dificultades técnicas y de trámite que imprimen lentitud a las operaciones. Los factores estructurales que originan estos problemas puntuales de ejecución y que afectan la calidad de desempeño de la cartera pueden agruparse en cuatro categorías, a saber: (i) limitaciones de conocimientos y experiencia del personal disponible para asumir el nivel gerencial y de mandos medios de las instancias del Estado; (ii) débil conexión entre este nivel medio y la alta dirección de gobierno, expresada en la virtual ausencia de autoridad del primero para tomar decisiones gerenciales; (iii) escasa eficiencia de las instituciones a cargo de conducir los procesos administrativos en el día a día; y (iv) limitada implantación de herramientas y mecanismos de planeación y gerencia para hacer seguimiento a la acción de gobierno.


8

c. Consecuencias 2.10

El lento avance de la cartera (Millones de US$) comprometió el logro de los objetivos de 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 la acción del BID y la oportunidad de su impacto de desarrollo al final de los 90. Por el retraso de las reformas, el grado a. Cartera por 245,0 352,0 334,0 328,0 257,0 302,0 416,0 440,0 439,0 desembolsar de desarrollo institucional del Estado es aún insuficiente. Resalta el retraso b. Desembolsos 23,0 43,0 48,0 110,0 71,6 45,9 56,6 79,2 60,2 organizacional de las instituciones de justicia, de control de gestión publica, de c. Pagos del país 55,0 56,2 58,5 57,6 60,2 65,0 63,9 70,7 78,4 manejo fiscal y presupuestario, y de conducción de la política económica; los d. Flujo neto de -32,0 -13,2 -10,5 52,4 11,4 -19,1 -7,3 8,5 -18.2 recursos (b-c) dos últimos de singular gravedad por el déficit acumulado de atención a la población y el riesgo de Tabla 3: Rep. Dominicana. Desembolsos y flujos netos de recursos BID desestabilización que la fragilidad fiscal plantea. A pesar del discurso positivo, se avanzó poco en las reformas y en desarrollar el nivel subnacional de gobierno, que añadiría grados de legitimidad al Estado. El parco progreso en lograr la transparencia, mitigar la impunidad y consolidar la seguridad jurídica dificultan la gobernabilidad y unido a las distorsiones de política macroeconómica exacerba el riesgo-país y frena la inversión necesaria para el sostener el crecimiento y la estabilidad.

2.11

Un efecto más indeseable aún que el retraso de los objetivos esperados de desarrollo es la frecuente reaparición, en los 90, de flujos negativos de recursos con el BID. La estrategia de apoyo a la acción de GRD en la nueva década pondrá énfasis especial en el uso apropiado de los recursos ya aprobados y el ritmo de las nuevas aprobaciones a futuro dependerá en buena parte de que se logren avances significativos en la ejecución de la cartera vigente, cuyos recursos se encuadran, en gran medida, en las prioridades de la nueva estrategia presentada a continuación.

B.

Estrategia 2001-2003 1. Objetivos

2.12

La estrategia del Banco pretende principalmente apoyar el esfuerzo que las nuevas autoridades y la sociedad adelanten por construir los blindajes económicos, sociales e institucionales necesarios para que se preserve el crecimiento y la estabilidad logrados en la pasada década y, al mismo tiempo, se enfrente el persistente desafío de la deuda social acumulada. Consistentemente con el diagnóstico resumido en el párrafo 1.5 del presente documento, este objetivo central de reducción de la deuda social implica, más allá de mitigar la pobreza mediante las políticas sociales conocidas, un ataque coordinado a limitaciones más profundas en el entorno institucional del país que socavan transversalmente dichas políticas sociales y tienden a neutralizar la acción del Estado en el combate contra la pobreza. En este sentido, la presente estrategia implica un enfoque integral de reducción de la pobreza no sólo en razón de que extiende programas específicos focalizados en Educación, Salud, Vivienda, Agua Potable, Saneamiento e Inversión Social comunitaria, sino principalmente porque promueve las condiciones de: 1) crecimiento sostenible; 2) generación y uso eficiente de recursos fiscales; 3) creación de empleo productivo y diversificado; 4) reducción de vulnerabilidad al impacto empobrecedor de los desastres naturales; y 5) capacidad del gobierno para responder a demandas; condiciones todas estas necesarias para que pueda combatirse integralmente la pobreza. Específicamente, la estrategia persigue contribuir a: (i) Resolver las fragilidades macroeconómicas y financieras que hacen a la economía vulnerable ante choques internos y externos, y amenazan la estabilidad; (ii) Eliminar la debilidad fiscal tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, a fin de asegurar los recursos necesarios para enfrentar la deuda social, promover los sectores productivos y contribuir a superar estructuralmente la pobreza; (iii) Desmontar los cuellos de botella estructurales y de políticas al desempeño de sectores productivos, que los hacen vulnerables ante


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la competencia foránea y limitan el potencial de crecimiento diversificado de la economía; (iv) Fortalecer la capacidad de prevención, mitigación y respuesta del gobierno y de la sociedad ante las amenazas naturales y de deterioro de su ambiente que afectan al país; y (v) Ampliar la capacidad de las instituciones políticas y administrativas para responder a las demandas sociales y profundizar la gobernabilidad del sistema en condiciones democráticas. 2. Áreas prioritarias 2.13

Como se resume en las matrices de los anexos II y III de este documento, que incluyen el inicio de operaciones ya aprobadas y la aceleración de aquellas en ejecución, la acción del BID para los próximos años se concentrará en atacar los desafíos al desarrollo antes identificados en los ámbitos: (i) macroeconómico y financiero; (ii) fiscal; (iii) del ambiente de negocios; (iv) de la prevención de desastres y el ambiente natural; y (v) de la efectividad del Estado democrático. Como puede apreciarse, el Anexo II también resume las acciones del Gobierno, con las que el Banco contribuirá mediante operaciones nuevas y en ejecución, en estas 5 áreas estratégicas; así como las acciones de los otros donantes principales activos en el país y los montos del aporte, clasificados por área estratégica. En línea con un enfoque de planificación estratégica, las siguientes secciones combinan un alto grado de especificidad en los fines (metas del GRD) con flexibilidad en los medios (acciones del Banco) para lograr dichos fines. En consecuencia, se indica sólo un menú de posibles acciones en las diferentes áreas de intervención. Las operaciones que finalmente se financien, y los componentes que se incluyan dentro de cada operación, dependerán del avance alcanzado por el país en cada área particular al momento del análisis, así como de las ventajas comparativas y valor añadido que pueda tener la acción del Banco vis-à-vis la de otros donantes e instituciones financieras. a. Vulnerabilidad del entorno macroeconómico y financiero

2.14

El Banco apoyará, en coordinación con otras entidades de desarrollo, las acciones que el país adelante para corregir distorsiones en los ámbitos de política de hidrocarburos, crédito público, política monetaria y cambiaria, regulación bancaria, tasas de interés e intermediación financiera. (i)

Metas del GRD

2.15

En materia de hidrocarburos: a) desmontar el monopolio estatal sobre la importación, refinación y venta de los combustibles; b) implementar un nuevo marco legal del sector y crear su ente regulador; y c) reformar el sistema de tributación sobre los combustibles, remplazando el diferencial del petróleo con un impuesto aduanero con un gravamen fijo sobre el precio de importación, aplicable a todos los combustibles, y gravando con impuestos específicos y con el ITBIS el consumo doméstico de los derivados.

2.16

En materia de crédito público: a) cancelar la expansión automática del crédito del BCRD; b) eliminar el déficit cuasi-fiscal y reestructurar financieramente al Banco, a fin de que pueda dentro del marco a regirse con el Código Monetario y Financiero (CMF) reemplazar por instrumentos de mercado los controles monetarios directos actualmente en uso; c) sustituir los créditos del Banco al SPNF por una cartera de valores del Gobierno, pagando intereses de mercado, a ser colocada bajo acuerdos de recompra; y d) trasladar al Gobierno Central el servicio de la deuda externa asumida por el BCRD a cuenta del SPNF

2.17

En materia de política monetaria y cambiaria: a) Conjugar la reestructuración financiera del BCRD y la eliminación del déficit cuasi-fiscal con el ordenamiento financiero de la gestión presupuestaria del GRD, a fin de mejorar la coordinación de la política fiscal con la monetaria; y b) luego del desmonte del régimen tributario y cambiario de los combustibles, establecer que las operaciones del BCRD en el mercado cambiario, y compra de divisas a cuenta del SPNF, se efectúen a través de la mesa de cambio del Banco, recibiendo la respectiva contraparte de pesos.


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2.18

En materia de regulación bancaria: a) actualizar la regulación prudencial para ceñirla más fielmente a los estándares internacionales, específicamente a los criterios técnicos de fondo de los lineamientos mundialmente aceptados de la OECD; y b) entronizar la autonomía del BCRD.

2.19

En materia de tasas de interés: a) prohibir a las entidades del sector público no financiero recurrir a créditos directos o indirectos del BCRD, ni por razones de liquidez dentro del año fiscal, de modo que la posibilidad de financiamiento gratuito por parte del Banco no siga enviando señales distorsionantes a los encargados de la gestión pública; b) desarrollar un mecanismo de seguro de depósitos del sistema financiero que no esté amparado por un simple banco de segundo piso, como ocurre hoy con las asociaciones de ahorro y préstamo y el Banco Nacional de Vivienda; c) establecer una permanente y estricta supervisión bancaria y financiera que vigile el cabal cumplimiento de la normativa basada en: i) la independencia institucional y personal del órgano de supervisión de los vaivenes políticos y de los grupos de presión; y (ii) la capacitación técnica de los funcionarios para adelantar las tareas que se requieren.

2.20

En materia de intermediación financiera: a) fomentar la competencia, evitando carteras vinculadas, simplificando las regulaciones, e introduciendo mecanismos de información que permitan a ahorristas y usuarios del crédito conocer con claridad las condiciones ofrecidas por los distintos intermediarios y la solidez financiera de éstos; y b) revisar las cargas cuasi-fiscales y en particular los altos encajes, para desmontarlas y racionalizarlas sin alterar profundamente la solidez de las entidades financieras. Otras vulnerabilidades macroeconómicas asociadas a las políticas fiscales se discuten en las sección b próxima. (ii)

2.21

El BID apoyará estas acciones completando la ejecución de la ATN/SF-6056-DR en Apoyo a la Estabilización Macroeconómica; de la ATN/MT-5522-DR para Reestructuración del Sector Energético, en lo que concierne a política de hidrocarburos; y mediante el desembolso del 3er tramo del Programa de Ajuste Sectorial Financiero 773/OC-DR, pendiente por aprobación del Código Monetario y Financiero. A futuro se prevé una posible operación de Ajuste Sectorial Financiero II por US$100,0 millones. Completar las CTs en ejecución contribuirá directamente a que el gobierno logre las metas mencionadas en materia de políticas de hidrocarburos y de crédito público. Completar el programa 773/OC-DR, así como la nueva operación de ajuste sectorial financiero, contribuirá al logro de las metas en materia de política monetaria y cambiaria, regulación bancaria, tasas de interés e intermediación financiera. Las nuevas acciones del Banco en materia de ajuste del sector financiero apoyarían la próxima generación de reformas, tanto en la banca pública como en el sistema financiero privado, incluyendo acciones tales como: consolidar estrictos sistemas regulatorios y de supervisión; mitigar la incidencia de carteras relacionadas y la práctica de expansión del crédito basado en inadecuada evaluación del riesgo, incluyendo el riesgo ético; fortalecer el papel de los nuevos y más libres instrumentos e instituciones financieras, tales como los fondos privados de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuales, bancos de inversión, mercados de valores, etc.; así como también reestructurar la banca pública y fortalecer técnica y financieramente el Banco Central, con medidas tales como la eliminación de su déficit cuasifiscal y el mejoramiento de la calidad de sus activos. (iii)

2.22

Acciones del Banco

Acciones de otros donantes

El BIRF contempla una operación de apoyo a la reforma financiera por un monto aún no especificado. b. Fragilidad fiscal y del gasto

2.23

El Banco apoyará, en coordinación con otras entidades, las líneas de acción que el país encamine para resolver las fragilidades presentes en los ámbitos de política y administración tributarias; gasto e inversión social y productivos; política de financiamiento; seguridad social; y política presupuestaria.


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(i)

Metas del GRD

2.24

En materia de política y administración tributaria: a) perseguir una presión tributaria de al menos un 17% del PIB, modificando los impuestos menos distorsionantes de decisiones de los agentes económicos; b) modificar los impuestos ITBIS, al vicio y a los combustibles; c) reformar el impuesto a la propiedad inmobiliaria; d) establecer un impuesto sobre activos o ingresos brutos, como adelanto a ser deducido del ISR declarado, que impida utilizar la totalidad del crédito generado por dicho impuesto a empresas que quieran evadir reduciendo su renta imponible; e) continuar mejorando la eficiencia de la Administración Tributaria, propugnando la eliminación de impuestos de baja recaudación y rentabilidad o su traslado a los municipios, a la par de una mejora administrativa de los ayuntamientos; y f) elevar el presupuesto de la Administración Tributaria, haciendo depender una parte de la eficiencia en reducir la evasión y en crear sistemas que promuevan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, para mejorar la calidad de los funcionarios, quienes deberían escalar en su carrera profesional de acuerdo al mérito.

2.25

En materia de gasto e inversión social: a) aumentar el gasto social en 2,5% del PIB para aproximarse a la media de la región, incluyendo tanto la atención a servicios sociales como la mitigación de la pobreza; b) unificar los programas de inversión social en un sólo mecanismo especializado que trabaje con criterio de eficiencia, focalización en los grupos más pobres y participación de la población y del nivel subnacional de gobierno en las decisiones. En educación y salud: a) otorgar nuevo impulso a la educación básica; b) fortalecer la educación media y la capacitación laboral con participación del empresariado; c) completar las reformas pendientes en el sector salud para darle mayor eficiencia, y modernizar los servicios con participación privada. En vivienda: a) retirar al sector público de la construcción y financiamiento directo, fortaleciendo su rol normativo y facilitador del desempeño del sector; b) redefinir roles del INVI y CONAU de modo consistente con este propósito; c) crear un sistema de subsidios directos a la demanda, transparentes y complementarios al aporte de los beneficiarios y al crédito, para apoyar mejoramiento de barrios y adquisición de nuevas viviendas en segmentos de bajos ingresos; d) complementar los subsidios con acciones para ampliar la oferta de microcrédito y resolver los problemas de ilegalidad de la tenencia de la tierra; e) incentivar la movilización interna de recursos de largo plazo para financiamiento de vivienda y f) evaluar la viabilidad de un banco de segundo piso multisectorial para intermediar recursos externos. En agua potable y saneamiento: a) aprobar la Ley Marco del sector; b) fortalecer institucionalmente a los operadores para que sean capaces de atraer inversión de entes privados como concesionarios o accionistas; y c) facilitar la entrada del sector privado para prestar servicios en las áreas turísticas.

2.26

En materia de gasto e inversión productiva: a) invertir en los próximo años no menos de 5% del PIB en infraestructura básica para sectores productivos en general y el 0.5% adicional del PIB en apoyo al sector agropecuario; b) desarrollar un programa de inversiones en infraestructura básica, limitando las inversiones públicas a áreas donde no sea justificable la privada, especialmente en carreteras, caminos y vías urbanas; y c) crear la empresa de transmisión eléctrica pública, con administración privada.

2.27

En materia de política de financiamiento: a) fijar anualmente la política de financiamiento junto con la de ingresos y gastos, para conocer oportunamente las fuentes de endeudamiento a que recurrirá el SPNF, y las previsiones a tomarse para amortizar la deuda pública en el marco de los lineamientos de política económica; b) disponer que los recursos de financiamiento multilateral se administren integradamente con el resto de la gestión presupuestaria; c) consolidar la deuda administrativa a fin de eliminar entrabamientos a la gestión presupuestaria y reducir los precios a los que contrata el gobierno; d) emitir y colocar bonos basados en esta consolidación que coadyuven al desarrollo del mercado de capitales; y e) fortalecer la SEF para un rol más activo en la definición y administración de la política de financiamiento.

2.28

En materia de seguridad Social: a) reformar el mecanismo de seguridad social con un sistema de pensiones financieramente viable, preferiblemente basado en la capitalización individual, que relacione las contribuciones con la pensión a recibir y desincentive la evasión; b) permitir al trabajador aprovechar


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el interés compuesto y economías de escala en inversiones financieras, a fin de brindar una pensión digna y elevar el ahorro doméstico de largo plazo; c) modernizar el régimen de salud, permitiendo la competencia privada y el uso de técnicas modernas de gerencia que excluyan consideraciones políticas; d) dado que el mercado de capitales es muy pequeño para permitir un rápido desarrollo de la capitalización individual, separar la reforma de pensiones de la modernización de la salud, a fin de enfrentar mejor el costo de la reforma colocándose una mayoría de los recursos en inversiones “off-shore”, mientras se da tiempo a que el mercado interno se desarrolle; y e) basado en el mejoramiento de las finanzas públicas, garantizar la contribución del gobierno a la nueva seguridad social, en el régimen de salud como empleador y apoyando financieramente a las personas cuya pensión no alcance el mínimo necesario. 2.29

En materia de política presupuestaria: a) unificar la gestión presupuestaria en una sola unidad gubernamental, eliminando la presente atomización que impide establecer responsabilidades por los resultados fiscales; b) implantar la administración financiera integrada del sector público de modo que las autoridades y la sociedad puedan verificar que se asignen los recursos para instrumentar políticas con criterios de eficiencia y economía; c) mientras lo anterior se logra establecer un sistema racional de programación de la gestión presupuestaria que permita a los organismos ejecutores conocer con exactitud el monto y oportunidad de los recursos que recibirán, pagar en los plazos convenidos y administrar el tesoro con una regla de equilibrio permanente, sustituyendo con fondos rotatorios y cajas chicas el arbitrario sistema de “asignaciones” que maneja inorgánicamente ONAPRES; d) crear un Sistema Administrador de Recursos Humanos y definir la política salarial del sector público, dentro de un régimen laboral o estatuto del empleo público que determine incompatibilidades, deberes y responsabilidades, concursos de admisión y reglamento disciplinario, y defina los cargos y requisitos para cada puesto público; e) crear una base de datos central de recursos humanos del Sector Público y de sus consecuencias financieras, que permita encarar el mejoramiento de la eficacia y calidad del gasto que se asigna a este insumo; y f) reformar el sistema de aprovisionamiento y contratación de obras, y los regímenes de planeamiento, proyectos y gestión financiera para eliminar la discrecionalidad, dar transparencia a los contratos del gobierno y ordenar la administración de los recursos materiales del Estado. (ii)

Acciones del Banco

2.30

Para adelantar la reforma fiscal y de administración del gasto se iniciará el programa de Administración Financiera Integrada del Estado (1093/OC-DR) aprobado en 1998 que contribuirá al logro de las metas mencionadas en materia de política de financiamiento y presupuestaria, especialmente facilitando que los nuevos recursos fiscales, producto del incremento de la presión tributaria, puedan ser usados en forma más focalizada y eficiente en el esfuerzo de reducción estructural de la pobreza. El BID también completará la ejecución de 10 CTs por US$2.72 millones y 2 operaciones FOMIN aprobadas en apoyo de una amplia variedad de acciones dentro de esta área, incluyendo cooperación en materia de gasto e inversión social y productiva, capacitación laboral y apoyo a la reforma de agua potable y saneamiento. Se continuará apoyando reformas en materia de inversión pública en sectores productivos completando la ejecución de la operación FOMIN de apoyo a la Reforma de las Empresas Públicas aprobada en 1998. Se seguirá apuntalando el gasto social con los programas de Fortalecimiento de las Provincias de Región Norte, 1124/OC-DR; Educación Básica II, 897/OC-DR; Modernización y Reestructuración del Sector Salud, 1047/OC-DR. y con el inicio de los programas de Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, 1198/OC-DR.; de Caminos Vecinales II, 1114/OC-DR; de Capacitación Laboral 1183/OC-DR y de Educación Media aprobados en el periodo 1998 - 2000. Completar estas operaciones en ejecución contribuirá al logro de las metas mencionadas en materia de gasto e inversión social y productiva. Las operaciones de Educación, Capacitación Laboral, Salud y Agua Potable y Saneamiento están específicamente orientadas a atacar causas estructurales de la pobreza, especialmente las que afectan la educación de las mujeres y su incorporación al mercado laboral.

2.31

A futuro se prevé una nueva CT a la administración tributaria y aduanera que contribuirá al logro de las metas mencionadas en materia de política y administración tributaria. En materia de gasto social, se contempla una operación de US$200,0 millones en apoyo a la Reforma Institucional del Sector Social. La operación promoverá el incremento del nivel de gasto social en Educación y Salud, para acercarlo más al


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promedio regional, y ayudará a descentralizar el manejo financiero y operativo de los recursos públicos asociados. Igualmente se incluirán medidas para modernizar la administración financiera del gasto público en general y del gasto social en particular; y se ayudará a lanzar las instituciones y capacidades del sector para formular y ejecutar apropiadamente políticas coherentes de reducción de la pobreza. En Educación las acciones del Banco promoverán medidas que mejoren el gasto en el sector y la calidad de la educación en general, así como el fortalecimiento de la educación básica y media. Posibles acciones incluirían: contribuir al incremento del gasto en materiales e insumos educativos; alinear mejor el gasto por estudiante en educación básica con el de educación media; expandir el financiamiento directo a las escuelas; racionalizar el sistema de incentivos salariales; apoyar la producción de material de enseñanza y desarrollo curricular; fortalecer la formación de maestros y promover la innovación pedagógica en la escuela. Específicamente en educación básica, la nueva operación del Banco expandirá los logros de programa actual, con énfasis particular en el área rural. Esta operación podría incluir: financiamiento para ampliar cobertura hasta el 8vo grado; financiamiento y apoyo técnico para mejorar la asistencia escolar; y ayuda para el desarrollo de modelos pedagógicos específicos. En educación media, la nueva operación incluiría acciones para: promover la reducción de la repitencia en el 9no grado; lanzar un programa de becas para estudiantes de bajos ingresos; reducir escuelas nocturnas, expandiendo las regulares; y promover la descentralización financiera, gerencial y pedagógica al nivel de la escuela. En este contexto, las operaciones incluyen un programa de Educación Básica III por US$70,0 millones, uno de Educación Media II por US$90,0 millones, complementados con CTs para el Desarrollo del Fondo de Pensiones para el Magisterio, para un programa piloto de tecnología educativa y para fortalecer el vínculo sector privadoSEE en materia de educación vocacional. En el sector vivienda, el Banco contempla un préstamo por US$30 millones y una CT para el fortalecimiento institucional del INVI. Estas acciones incluirían: reforma del marco legal y de políticas del sector; modernización del INVI; ampliación del papel y la eficiencia del sector financiero en la provisión de crédito hipotecario a tasas de mercado para vivienda de bajos ingresos; mejora del actual sistema de subsidios directos a la demanda para compra y mejoramiento de viviendas, con mayor focalización en grupos de bajos ingresos; fortalecimiento de la seguridad en la tenencia de la tierra; y mejoramiento de la calidad de la infraestructura urbana para zonas de bajos ingresos. Se continuará apoyando el esfuerzo de mitigación de la pobreza mediante una operación de Desarrollo Social por US$30,0 millones y con CTs para desarrollar indicadores de pobreza y un programa nacional de apoyo a la Niñez. En materia de gasto de inversión productiva, se prevén operaciones PRI en Apoyo a la Privatización de Aeropuertos, por US$150,0 millones y a EDE Norte y Sur por US$75,0 millones; así como un programa de Caminos Vecinales por US$50,0 millones. Se preparará con CTs la Rehabilitación del Centro Colonial y un Plan de Transporte para Sto. Domingo. Estas nuevas operaciones contribuirán también al logro de las metas en materia de gasto e inversión social y productiva. Además de continuar el ataque a las causas básicas de la pobreza con la reforma del sector social, el impulso a la educación y la inversión en vivienda, las nuevas operaciones de Desarrollo Social y apoyo a la Niñez incluirán acciones focalizadas en mejorar las condiciones de la población femenina e infantil en los bolsones de pobreza del país. (iii) 2.32

Acciones de otros donantes

Este vector estratégico será apoyado también por otros donantes en los ámbitos siguientes: (i) BIRF (US$ Millones): Reforma de salud (30,0). Apoyo a Educación Básica (37,0). Mejora a educación inicial. Reforma agua y saneamiento. Reconstrucción de carreteras (75,0); disposición desechos sólidos y de aguas servidas en centros turísticos (5,0). Reforma financiera de la Seguridad Social; (ii) Cooperación Multilateral: UE (Millones de Euros): Fortalecimiento Sector Salud (12,0). Agua y Saneamiento en Barrios Pobres (22,6). Reforzamiento de provisión de servicios de salud. Desarrollo de la línea Noroeste. Desarrollo geológico y minero. Rehabilitación de escuelas (7,2). Reforma de Educación Técnica y Profesional (13,25); PNUD (US$ mill.): Desarrollo humano sostenible en zonas deprimidas. Educación y entrenamiento laboral. Apoyo a Programa nacional VIH/SIDA (0,37). Evaluación del Plan Decenal de Educación (0,7). Acceso a infraestructura social y comunitaria productiva (0,96); y (iii) Cooperación bilateral (US$ millones): USAID: Mejora de política educacional. Prevención del VIH. Salud reproductiva. Descentralización de servicios de salud (22,2). Mejora servicios energía; Japón: Apoyo a formación técnica. Apoyo a inmunización (7,7). Construcción escuelas (18,6). Rehabilitación plantas


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tratamiento. Ampliación de capacidad de centros de formación profesional (4,7); Alemania (Millones de Marcos): GTZ: Modernización Sistema de Impuestos. Salud Reproductiva (3,5). KFW: Construcción de escuelas básicas en Azúa y Barahona. Centrales hidroeléctricas y programas de transmisión CDE (16,0). Inversión social Procomunidad. Fomento economía y empleo (3,0); España (Millones de Pesetas): Programa de Infraestructura de salud (999,0). Programa de Infraestructura Educativa (561,0). Empleo y formación profesional (386,0); Taiwan (US$ Mill): Reequipamiento hospitalario (15,0). Construcción de escuelas. Alfabetización (10,0). Asistencia técnica a sectores productivos; Colombia: Programa Social (43,0); Corea: Construcción de escuelas rurales (12.0). c. Restricciones del ambiente de negocios 2.33

El Banco apoyará, en coordinación con otras entidades, las acciones que el gobierno adelante destinadas a eliminar distorsiones en el entorno de políticas e institucional que afectan a los sectores productivos o les impiden maximizar su potencial, así como cuellos de botella de infraestructura de transporte, electricidad, telecomunicaciones, y otros factores limitantes al desarrollo de los sectores industrial y agropecuario. (i)

Metas del GRD

2.34

En materia del entorno de políticas e institucional: a) discontinuar las políticas monetarias y cambiarias que distorsionan los mercados y desincentivan la inversión productiva; b) proceder al desmonte de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional; c) evitar el subsidio a tasas de interés de financiamiento productivo de cualquier especie y enfatizar en los apoyos a las micro empresas y pequeñas explotaciones agrícolas no el crédito sino la capacitación, el fortalecimiento gerencial y la orientación técnico-productiva y de mercado; d) desarrollar legislación complementaria sobre competencia e inversión extranjera, que cree clima favorable a la inversión privada y concesiones de infraestructura productiva; y e) mejorar la coordinación inter-institucional en materia de negociación y administración de tratados comerciales, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades técnicas, tanto del sector público como del sector privado, en dichos ámbitos.

2.35

En materia de transporte, energía y telecomunicaciones: a) iniciar la modernización del ente rector del sector transporte y aprobar el marco legal para el Fondo Vial; b) definir un plan integral de reforma del sector portuario que cree un marco institucional adecuado a las inversiones públicas y privadas para modernizar y ampliar la capacidad de los puertos; c) completar la reforma institucional y racionalización del sector aeropuertos, estableciendo la unidad técnica que supervise el contrato de concesión; d) consolidar la modernización del sector eléctrico para aumentar la eficiencia y confiabilidad del servicio, aprobando la Ley General de Electricidad y su reglamento que den fundamento al marco legal y a los entes regulatorio y de políticas del sector; e) crear el ente responsable de la política de electricidad y otorgar la independencia y autonomía necesarias al ente regulador; f) estimular proyectos privados que aumenten el número de agentes en el mercado de electricidad, sin excluir a los actuales, e impulsen la competencia en el mercado mediante plantas tipo “merchant plants”; g) fortalecer el ente regulador de telecomunicaciones e implantar adecuadamente el marco previsto en la Ley aprobada.

2.36

En materia del sector Agroalimentario: a) eliminar las barreras no arancelarias y la discrecionalidad asociada que subsiste en el comercio exterior agrícola, aboliendo la creación de rentas y fomentando la competencia; b) discontinuar la participación directa del Estado en el comercio agroalimentario y disolver el INESPRE.; c) reemplazar gradualmente los subsidios de precios con apoyos directos a agricultores y la reorientación de los recursos fiscales hacia apoyos no distorsionantes; d) reducir la fragmentación del mercado de tierras implementando un programa ad-hoc de entrega de títulos de libre dominio a los asentados de la reforma agraria y disolviendo el IAD al culminar este proceso; e) modificar o derogar la ley 289-72, que obstaculiza el arrendamiento y la aparcería, y restringe el acceso de agricultores sin tierra al recurso; f) derogar la ley de cuota parte y promover la inversión privada en riego; g) reemplazar la tarifa de agua basada en superficie con un precio por volumen cobrado en el margen; h) introducir la venta de agua al por mayor, con libertad de reventa, incluyendo a asociaciones de usuarios; i) extender y


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profundizar la autogestión del riego a través de estas asociaciones de usuarios; j) reestructurar y reducir el sector público agroalimentario, fortaleciendo sus roles normativos, regulatorios y de provisión de bienes públicos (sanidad, tecnología, etc.) conforme se eliminan sus intervenciones operativas en competencia con el sector privado; k) incluir las empresas públicas agroalimentarias no incorporadas (silos, mecanización, semillas) al proceso de reforma de la empresa pública. 2.37

En materia del sector industrial: a) promover leyes que incentiven la cooperación interempresaria y el desarrollo de "clusters"; b) adoptar con tiempo las medidas necesarias para diversificar actividades de las zonas francas y el destino de sus productos, redefiniendo la competitividad de estos parques en relación a mercados mundiales abiertos, y no a mercados protegidos; c) desarrollar programas de apoyo focalizados para ayudar a la inserción de las pequeñas unidades industriales y de explotación agrícola en una dinámica de asimilación de las mejores prácticas en organización para productividad; y d) crear canales de información de mercados y tecnologías que minimicen costos de reestructuración productiva para mejorar la competitividad, con énfasis en actividades con mayor potencial en el comercio exterior. (ii)

2.38

El BID complementará los esfuerzos del gobierno completando dos operaciones de CT y una de FOMIN por US$1,5 millones en ejecución para apoyar la modernización del comercio exterior, reestructurar la política agroalimentaria y reformar el sector energético, respectivamente. Se continuará la ejecución del programa de Administración de Sistemas de Riego por los Usuarios, 905/OC-DR. Completar estas operaciones en ejecución contribuirá al logro de las metas mencionadas en el entorno de políticas que afectan a los sectores productivos, incluyendo la descentralización del riego agrícola. Esta última operación, en particular, se propone extender nacionalmente la autogestión del riego a partir de modelos exitosos de organización desarrollados en el país con participación de la mujer rural, incluyendo aquellas incorporadas a las labores de riego agrícola y otras actividades productivas en el campo. A futuro se contempla la aprobación de una operación de Modernización del Comercio Exterior por US$10,0 millones y un préstamo para la Modernización del Sector Agro-alimentario, por US$50,0 millones, dirigido a eliminar las barreras y discrecionalidades que aún afectan al comercio exterior del sector, procurando mayor eficiencia del gasto en el mismo, con énfasis en dirigir recursos hacia bienes y servicios públicos. Las medidas de esta ultima operación podrían incluir la eliminación de cuotas y la racionalización de los permisos de importación que actualmente afectan la competitividad, así como también la consolidación y gradual eliminación de los aranceles de importación. La operación también podría incluir: acciones para mejorar la provisión de servicios tecnológicos, sanitarios y de seguridad alimentaria por proveedores privados; el lanzamiento de un sistema de apoyos directos no asociados con la producción; y el fortalecimiento organizacional del sector, así como de sus políticas, administración financiera y sistemas de información. También se incluye un préstamo global de microcrédito por US$20,0 millones; un posible híbrido de Reforma del Sector Energía por US$100,0 millones; y una CT en apoyo al Turismo y las Zonas Francas. En lo que concierne a energía, las acciones del Banco promoverían la implantación de una estrategia de saneamiento financiero del sector eléctrico, incluyendo la restructuración de la CDE, y la creación de empresas públicas de transmisión y generación hidroeléctrica. La operación también podría incluir acciones orientadas a eliminar el monopolio estatal sobre la importación, refinación y venta de combustibles; así como también a implementar un adecuado marco legal para el sector de hidrocarburos y desarrollar su entidad regulatoria. Estas operaciones contribuirán al logro de las metas mencionadas en los sectores eléctrico, agroalimentario e industrial de pequeña y microempresa. Estas últimas implican un impacto significativo en la pobreza y en el desarrollo de las mujeres empresarias, cabeza de hogares en las zonas pobres del país. (iii)

2.39

Acciones del Banco

Acciones de otros donantes

Este vector estratégico será apoyado también por otros donantes en los ámbitos siguientes: (i) BIRF (US$ Mill): Desarrollo del mercado eléctrico (90,6). Reforma sector telecomunicaciones (12.3); (ii) Cooperación Multilateral: (US$ Mill) UE: Apoyo al desarrollo del sector privado (8,28). Competitividad y diversificación del Sector bananero (1,28). Reforma educación técnico profesional (11.25). Apoyo a


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financiamiento de PYME (16.5); PNUD: Apoyo a la micro y pequeña empresa (1,12); y Cooperacion bilateral (US$ Mill): USAID: Promoción economía más competitiva (5,0); Japón: Mejora de riego (12,9). Rehabilitación de plantas potabilizadoras en comunidades pobres (9,1). Equipos de mantenimiento de terrenos agrícolas (7,7). Desarrollo agrícola en áreas de montañas (Yen 27,0 millones); Alemania (Mill. de Marcos): Procomunidad (15,0). Saneamiento de San Juan de la Maguana (1,5). Pequeñas centrales eléctricas (12,0). Transmisión CDE (30,5); España (Mill. de Pesetas): Agua y Saneamiento (285,0) . Desarrollo productivo, agropecuario y medio ambiente (1.086,0 ). Apoyo a micro y pequeña empresa (1.713,0); Francia (Mill. de Francos): Modernización de Transmisión Eléctrica CDE (39,4). Líneas de Crédito empresas privadas (US$47 millones). Banco ADEMI (30,0). Micro crédito mujeres en desarrollo (12,0). Cultivo de cafés especiales (0,7). Producción y comercialización de cacao (0,9). Plan Sierra desarrollo integrado (20,3). Desarrollo de región NE (3,2); Taiwan (US$ Mill): Desarrollo agrícola y rural (5,0 ). Apoyo al Plan Sierra (7,0 ) Apoyo al Parque Cibernético de SD (2,5). d. Débil capacidad de prevención de desastres y del deterioro ambiental 2.40

El Banco apoyará, en coordinación con otras entidades, las acciones que el país adelante destinadas a mejorar la capacidad de evaluación anticipada de amenazas naturales, de prevención de desastres y del deterioro ambiental, y de protección contra riesgos catastrófico de las finanzas públicas. (i)

Metas del GRD

2.41

En materia de evaluación de amenazas naturales: a) evaluar nacionalmente la exposición de la infraestructura a amenazas naturales concentrando la información en un centro nacional de geoinformática que sirva de base a las decisiones sobre la estrategia nacional de gestión del riesgo y los niveles y mecanismos para financiarlo; b) fortalecer el impulso y sostener el apoyo dado al código de edificaciones y la supervisión y control de calidad de las estructuras, durante su etapa constructiva y operación; c) continuar fortaleciendo la capacidad técnica y operativa de las instituciones encargadas de enfrentar las emergencias, basándose en un modelo multisectorial, sistémico y descentralizado.

2.42

En materia de prevención de Desastres: a) desarrollar un programa nacional de fortalecimiento de la capacidad de Prevención, Mitigación y Respuesta ante amenazas naturales y deterioro del ambiente; b) mejorar la normatividad de ordenamiento territorial; c) diseñar mecanismos de gestión territorial y presupuestos descentralizados; d) fortalecer institucionalmente la gestión territorial; e) identificar acciones de rehabilitación prioritaria; y f) formular un modelo de gestión ambiental preventiva descentralizada.

2.43

En materia de protección contra riesgos: a) ensayar esquemas financieros que permitan cubrir a las finanzas públicas de choques catastróficos y que incentiven una mejor distribución del riesgo a lo largo del tiempo y sobre más actores, tanto del sector público como del privado; b) promover la internalización del costo de la prevención, en inversiones en servicios públicos, y el uso para ello del mercado de seguros y reaseguros; c) aprobar una ley marco sobre ambiente y recursos naturales, teniendo en cuenta los resultados del diálogo nacional sobre la materia. (ii)

2.44

Acciones del Banco

El BID complementará los esfuerzos del gobierno en esta área estratégica completando una CT actualmente en ejecución en apoyo a la prevención de desastres naturales, así como el programa de Reconstrucción y Mejoramiento ante los Efectos del Huracán "Georges”, 1152/OC-DR. A futuro se prevé la aprobación de una línea de actividad para el Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres por US$5.0 millones; y un Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas (DR-0019) por US$50,0 millones. Las nuevas acciones del Banco en materia de prevención de desastres procurarían profundizar los logros de la actual operación, pudiendo incluir acciones para: evaluar la exposición de la infraestructura nacional a amenazas naturales, como base para una adecuada estrategia nacional de manejo del riesgo de desastres; profundizar el fortalecimiento de los


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códigos y sistemas de supervisión de construcciones; explorar mecanismos para proteger las finanzas públicas contra choques catastróficos; y promover la endogeneización del costo de la prevención en las inversiones públicas. El Banco pudiera también implementar acciones para: ayudar a las autoridades nacionales a definir una política de manejo de cuencas hidrográficas, incluyendo el desarrollo de un sistema de incentivos para el uso sostenible y ambientalmente adecuado de los recursos naturales; consolidar el marco legal e institucional adecuado a la protección de las cuencas; y realizar inversiones preventivas y de recuperación de las mismas a nivel nacional. Completar las operaciones en ejecución y desarrollar las nuevas que se prevén contribuiría al logro de las metas en materia de evaluación de amenazas naturales, prevención de desastres y protección contra el riesgo, aportando un particular valor agregado al esfuerzo por romper el círculo vicioso Pobreza-Vulnerabilidad-Desastres-Pobreza, que afecta principalmente a los decíles inferiores de ingreso y, en particular, a la pobreza femenina e infantil. (iii) Acciones de otros donantes 2.45

Este vector estratégico será apoyado también por otros donantes en los ámbitos siguientes: (i) BIRF (US$ Mill): Reforma de política ambiental (3,6). Manejo de tierras irrigadas y cuencas (28,0) Programa de Emergencia Post Georges (111,0); (ii) Cooperación Multilateral: UE (Euros Mill): Aducción de agua y saneamiento ambiental SD (22,6) Recuperación Post Georges (9,0); PNUD: Fortalecimiento sector ambiental. Capacitación en materia de regeneración y protección ambiental. Gestión del medio ambiente y desarrollo (US$0.69 millones); y Cooperacion bilateral: USAID: Apoyo política ambiental. Mitigación de desastres; Alemania (Mill de Marcos): Manejo recursos naturales (4,0). Cuenca alta río Yaque del Norte (10,0). Educación primaria en medio ambiente CT (3,0); España: Programa Arocaria en pedernales (Pesetas $400 millones); Francia: Estudio sobre el efecto invernadero (Francos $0.8 millones); Taiwan: Reforestación cuenca Río Nizaito (US$8.75 millones). e. Escasa efectividad del Estado y gobernabilidad democrática

2.46

El Banco apoyará, en coordinación con otras entidades, las líneas de acción que el país adelante para mejorar la capacidad de gestión pública; avanzar en la descentralización del Estado; mejorar la administración de justicia; y profundizar la transparencia en el ámbito público. (i)

Metas del GRD

2.47

En materia de gestión pública: a) poner en ejecución la ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, promoviendo un acuerdo entre los Partidos Políticos sobre niveles técnicos de la administración del Estado cuya estabilidad y profesionalización se aceptaría como beneficioso para todos; b) fortalecer los programas de capacitación gerencial en la administración pública, con énfasis especial en la gerencia social, con el concurso de las universidades además de los órganos internos de la propia administración pública que tienen esta responsabilidad; c) capacitar para la mejora de la "gerencia política" en los equipos directivos de los Partidos, y la alta dirección del gobierno sobre la articulación de políticas y estrategias de Estado, poniendo énfasis en fortalecer la conexión entre la alta dirección del gobierno el nivel gerencial y otorgando mandato a esta última para ejecutar las políticas de Estado; y d) impulsar la modernización del Poder Ejecutivo, mediante acciones coordinadas con la implantación de un sistema de administración integrada de las finanzas públicas.

2.48

En materia de descentralización: a) desarrollar una estrategia nacional integrada de descentralización del Estado a mediano plazo, que incluya impulsar un marco institucional claro para el desarrollo local y su financiamiento; b) impulsar la descentralización administrativa, reforzando las delegaciones municipales de secretarías y agencias responsables de áreas prioritarias, como fase intermedia de desconcentración de servicios y traspaso de responsabilidades a los municipios; c) desarrollar en paralelo un amplio programa de capacitación en el área de gerencia municipal; d) establecer un mecanismo de gobierno que funcione correctamente en el nivel local; y e) promover vías para lograr que la sociedad civil y los agentes gubernamentales entablen un debate constructivo sobre la descentralización


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2.49

En materia de justicia: a) fortalecer la capacidad gerencial y de gestión de los despachos judiciales, para consolidar la dedicación de los jueces a su función jurisdiccional y agilizar la administración de justicia; b) agilizar la modernización de la jurisdicción de tierras, ámbito de cuellos de botella críticos a los desempeños de la vida nacional y la actividad productiva; c) instaurar la figura del "Defensor del Pueblo" a fin de proteger al ciudadano de decisiones y acciones de la administración pública en sentido general, dinamizar la administración de justicia, y velar por los derechos de las personas.

2.50

En materia de transparencia: a) fortalecer institucionalmente la Cámara de Cuentas y dotarla de los recursos que le permitan una alta profesionalización del personal e infraestructura de equipos y tecnología que le posibiliten desempeñar el rol independiente de la esfera política que le asigna la Constitución y que la ciudadanía espera de ella; b) estatuir un régimen que otorgue a la Contraloría General de la República autonomía suficiente para desempeñar neutralmente su función supervisora de la legalidad y eficiencia de la gestión del Poder Ejecutivo, de acuerdo a su mandato constitucional; c) sustituir el rol inoperante de control previo actual de la CGP por el desempeño de tareas sustantivas de control interno orientadas a evaluar la gestión financiera del Gobierno; d) promover el concepto de auditoría social, orientada a la "Rendición de Cuentas" de las personas que detentan una función pública, empezando por aplicar la legislación actual sobre la materia; e) fortalecer dicha ley con legislación complementaria que extienda la rendición de cuentas mas allá de los funcionarios públicos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos, si manejan recursos del Estado; f) desarrollar un poder legislativo en condiciones de desempeñar adecuadamente las importantes tareas bajo su responsabilidad, profundizando la modernización del Congreso y la capacitación de sus miembros; y g) desarrollar una capacidad gerencial adecuada en la Junta Central Electoral, así como su capacidad jurídica para dirimir conflictos. (ii)

2.51

El BID apuntalará los esfuerzos del gobierno en esta área estratégica completando la ejecución de 12 CTs por US$3,3 millones orientadas a mejorar la gestión pública, fomentar la descentralización, fortalecer la administración de justicia y promover la transparencia en la administración del Estado. Completar estas operaciones en ejecución contribuirá al logro de las metas previstas en materia de gestión pública y descentralización. Igualmente se iniciará la ejecución del programa para Modernización del Poder Ejecutivo, 1176/OC-DR, aprobado en 1999; el programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras, 1079/OC-DR, aprobado en 1997; y el Programa de Modernización del Congreso Nacional, 1258/OC-DR aprobado en 2000, operaciones que contribuirán al logro de las metas delineadas en materia de justicia y transparencia. La modernización de la jurisdicción de tierras propenderá a fortalecer las condiciones de seguridad jurídica, incluyendo la de los pequeños propietarios y la mujer rural, tradicionalmente discriminada de la propiedad territorial. A futuro se prevé continuar apoyando el logro de las metas de descentralización, mediante la aprobación de un programa de Desarrollo de los Ayuntamientos, DR0127, por US$30,0 millones, así como CTs para apoyo a la gestión del ADN; fortalecimiento de las OSC; y coordinación Comunidad – Gobierno por un total de US$1,0 millones. Las acciones del Banco en materia de descentralización podrían incluir: apoyo para clarificar el marco institucional del desarrollo local y su financiamiento, promoviendo una mayor transferencia de recursos destinados a este desarrollo, así como sus responsabilidades, a los poderes locales y las comunidades; apoyo para abrir vías y fortalecer capacidad de formulación y ejecución de proyectos con participación sinérgica de la sociedad civil y las autoridades al nivel local; y fortalecimiento de las capacidad gerencial de los municipios. Estas operaciones contribuirán a avanzar la agenda de fortalecimiento del rol de la sociedad civil, las comunidades organizadas y el poder local en la función de gobierno, facilitando que las acciones de ataque contra la pobreza incorporen cada vez más el elemento de consulta, participación y auditoría social. (iii)

2.52

Acciones del Banco

Acciones de otros donantes

Este vector estratégico será apoyado también por otros donantes en los ámbitos siguientes: (i) BIRF (US$ Millones): Reforma administración financiera del Estado (80,0). Reforma judicial (20,0); (ii) Cooperación Multilateral : UE: Reforma y modernización del Estado: Reforma de la Justicia, Reforma


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Adm. Pública y Apoyo a la Descentralización. (Euros $29.5 millones); PNUD: Reforma y modernización del Estado, en fase final (US$2.4 millones). Apoyo a gestión de cooperación técnica (US$0.33 millones); y Cooperacion bilateral: USAID: Fortalecimiento de la democracia (US$21 millones); Alemania: Asesoramiento gubernamental descentralización desarr. (Marcos $6.5 millones); España: Fortalecimiento y Modernización del Estado (Pesetas $283 millones); Descentralización (Pesetas $400 millones); Francia: Estudio y A.T. sobre el transporte público Santo Domingo (Francos $2.8 millones). 3. Instrumentos de acción 2.53

Para implementar la presente estrategia el programa operativo resumido en el anexo IV incluye operaciones regulares del Banco, así como operaciones nuevas que buscarán la sinergía con las diversas ventanillas del Sector Privado del Grupo BID. Igualmente el Banco buscará coordinar su acción con el resto de las agencias de desarrollo que trabajan en la República Dominicana. a.

Coordinación con el sector privado del Grupo BID

2.54

Departamento del Sector Privado. En coordinación con la estrategia aquí definida, el programa operativo del PRI incluye 2 operaciones por un total de US$175,0 millones para apoyar la privatización de aeropuertos y el desarrollo de la distribución eléctrica. El PRI prevé un seguimiento de la reforma de los sectores de Puertos, Carreteras, Energía y Agua Potable y Saneamiento, a fin de colaborar en el desarrollo de los marcos institucionales y regulatorios apropiados y de evaluar el potencial interés que pudiesen tener inversionistas privados para incorporarse a dichos sectores. Específicamente en materia de Agua Potable y Saneamiento, el PRI colaboraría en la preparación de contratos de concesión que pudieran atraer capitales privados al sector.

2.55

Fondo Multilateral de Inversiones. El FOMIN contribuirá a la presente estrategia completando la ejecución de 6 de las 8 operaciones aprobadas por dicho fondo desde 1997 en República Dominicana. La cartera en ejecución principalmente apoyará la estrategia en los temas de reforma de empresas públicas, capacitación laboral; fortalecimiento institucional de pequeñas asociaciones productivas; reforma de Agua y Saneamiento; y transformación institucional de asociaciones de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El FOMIN apoyará, con una operación, el vínculo entre el sector privado y la SEE en materia de educación técnico-vocacional y explorará también con las nuevas autoridades y el sector privado la identificación de actuaciones que beneficien de manera diferencial los costos y la competitividad de la micro y pequeña empresa. Ello podrá conducir a proyectos que mejoren el entorno regulatorio de funcionamiento de los mercados y a la financiación de operaciones con el sector privado, en las áreas de integración de cadenas productivas, acceso a los mercados exteriores y desarrollo del sector de servicios.

2.56

Corporación Interamericana de Inversiones La Corporación continuará durante el período 2001-2003 en busca de oportunidades de inversión en compañías y proyectos pequeños y medianos, orientados a la exportación. Se enfatizarán las inversiones en turismo, infraestructura menor, como pequeña generación termoeléctrica y otros sectores de valor agregado. Para proyectos más pequeños, similares a los mencionados, donde la CII no pueda intervenir debido a las economías de escala, continuará brindando apoyo financiero institucional a intermediarios locales a fin de desarrollar nuevos productos. La CII explorará la posibilidad de concertar un acuerdo de línea de agencia con un banco local a efectos de financiar conjuntamente proyectos de pequeña envergadura. b. Coordinación con otras agencias

2.57

Los resultados concretos de la iniciativa del Marco Integral de Desarrollo lanzada en 1999 por el BIRF con carácter piloto en República Dominicana han quedado pendientes. La iniciativa buscaba construir consensos y forjar alianzas sobre prioridades estratégicas comunes para el desarrollo, eliminar el desperdicio de esfuerzos y enfatizar la consecución de resultados concretos; pero, luego de un importante debate abierto y participativo sobre temas nacionales clave, el proceso no se concretó en una matriz específica de coordinación por el cambio de actores y prioridades a raíz de las elecciones. No obstante


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esto la Matriz de Estrategia del Banco, del anexo II, identifica acciones de las agencias de desarrollo con las cuales el Banco coordinará sus acciones, especialmente el Banco Mundial, la Unión Europea, la AID y el gobierno del Japón que son las entidades con mayor cartera de recursos en el país después del BID. Dada la importancia de las medidas identificadas como necesarias en el ámbito macroeconómico, se prevé la posibilidad de colaboración del Fondo Monetario Internacional; en cuyo caso el BID ajustará estrechamente sus acciones a cualquier acuerdo que se suscriba con el Fondo en este contexto. 4. Escenarios operativos 2.58

Las hipótesis de nuevas aprobaciones para implantar la estrategia se formularon en función del avance de la cartera vigente y del grado de compromiso del nuevo gobierno con el proceso de reforma económica e institucional iniciado en la década pasada. El escenario base incluye proyectos hasta por US$465 millones. Los principales apoyos del BID en este escenario serían US$200 millones para la reforma de los sectores sociales (rápido desembolso), US$160 millones para educación, US$50 millones para caminos vecinales, US$20 millones para microcrédito y US$5 millones para prevención de desastres. Este escenario también prevé, aunque no incluye por no constituir endeudamiento público, operaciones del PRI para apoyar la modernización de los aeropuertos (US$100,0 millones) y los programas de energía de las empresas EDE norte y EDE sur (US$75,0 millones). El escenario alto supone un fuerte apoyo del gobierno a la modernización económica e institucional, que se evidencie en avances concretos de reforma, no sólo en los ámbitos fiscal, monetario y financiero, sino también en los ámbitos agropecuario y energético. Este escenario incluiría además de los proyectos previstos para el escenario base, proyectos adicionales por un monto de US$370 millones. Los préstamos se complementarán con CTs que incluirán estudios en las áreas donde los mismos sean necesarios.

2.59

El escenario base incluye proyectos que son prioritarios para el Banco y el país, o donde la ejecución de la cartera ha experimentado una mejoría significativa en el último año. Cabe enfatizar, sin embargo, que este escenario mínimo no ha de considerarse como de aprobación automática. El acceso al mismo estaría sujeto a una ejecución satisfactoria a partir del 2001 de los proyectos que actualmente conforman la cartera del Banco con el país, reflejándose en un incremento de los desembolsos totales acumulados de operaciones regulares en cada trimestre, con respecto al mismo trimestre del año anterior que contribuya a una mejoría en los flujos netos de financiamiento. El acceso del país al escenario alto de financiamiento, además de sujeto a la condición señalada en materia de ejecución de la cartera, se considera debe estar supeditado a avances específicos de reforma en sectores críticos al desarrollo nacional y en la administración de las finanzas públicas, incluyendo el manejo fiscal tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto. Deberá mostrarse avance en: (i) la aprobación de un adecuado marco de políticas en el sector eléctrico, incluyendo: a) una declaración de políticas para el sector, satisfactoria y consistente con la nueva Ley de Electricidad aprobada por el Senado; y b) la adopción de una adecuada estrategia de financiamiento al sector; (ii) la aprobación y promulgación de un paquete de reforma tributaria, incluyendo: a) la introducción de un esquema de tributación a los combustibles que garantice una recaudación anual de alrededor de 2 puntos del PIB por dicho concepto; b) la gradual eliminación de la comisión cambiaria; y c) el necesario ajuste de los impuestos internos a los efectos de compensar las pérdidas de ingresos fiscales que se deriven de la apertura comercial; y (iii) avances en la implantación del programa de administración financiera integrada del sector público, incluyendo la promulgación de decretos que reglamenten : a) el sistema de programación financiera de la ejecución presupuestaria a nivel central y con aplicación piloto en los sectores de Educación y Salud; y b) la aplicación del fondo extrapresupuestario.

2.60

El nivel acumulado de desembolso de recursos de la cartera en ejecución se incrementó durante el primer trimestres del 2001 en comparación con el mismo trimestre de 2000. Lo mismo se ha producido en el segundo trimestre de 2001 con respecto al segundo trimestre de 2000, lo que hace anticipar una mejoría en los flujos netos de financiamiento con el Banco en el presente año. Por lo anterior, se considera que el país ha cumplido las condiciones que le permiten su acceso al escenario base de financiamiento en 2001. En cuanto a las condiciones de acceso al escenario alto, las nuevas autoridades nacionales han cumplido hasta la fecha con lo que se refiere a: (i) la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, que permitió


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cambiar el esquema de tributación a los combustibles; y (ii) la aprobación del paquete de reforma tributaria, incluyendo el ajuste a los impuestos internos. Las autoridades se encuentran trabajando para lograr el cumplimiento del resto de las condiciones. 5. Implantación de la Estrategia a. Riesgos en la implantación 2.61

El éxito de la estrategia planteada enfrenta ciertos riesgos importantes. El primero es la crónicamente lenta absorción de recursos demostrada por el país, que puede retrasar el logro de los objetivos de la acción y comprometer la oportunidad de su impacto en desarrollo. Los problemas de la cartera se deben principalmente a: (i) la débil capacidad del mecanismo de planeación y presupuestación nacional para articular los objetivos de la acción de gobierno con las decisiones de gasto y financiamiento; (ii) la ausencia de un marco instrumental y de políticas globales y sectoriales que facilite a las autoridades identificar y priorizar inversiones públicas con una visión articulada de desarrollo en el largo plazo; y (iii) limitaciones de gerencia, capacidad administrativa y de gestión de programas. El segundo riesgo a la implementación de la estrategia se asocia a posibles restricciones de liquidez para provisión de contrapartida de los préstamos, agravada quizá por las deficiencias en el manejo presupuestario y por la coyuntura de severo ajuste fiscal que se avecina. El tercer riesgo está estrechamente asociado a los problemas de ejecución y se refiere a la limitada coordinación de la ayuda externa que efectúa el gobierno en general y particularmente de la no-reembolsable, cuya aplicación no suele guardar consistencia con el financiamiento multilateral, ni apalancar la contrapartida local asociada. Las autoridades han sido en general pasivas a la hora de articular una visión de conjunto para las acciones de los organismos internacionales y la débil continuidad institucional, comunicación y tradición de reflexión estrategia dificultan con frecuencia la coordinación. En 1999 el BIRF lanzó con carácter piloto en República Dominicana su iniciativa de Marco Integral de Desarrollo cuyos propósitos eran, entre otros, construir consensos y forjar alianzas entre personas e instituciones claves en el país a fin de establecer prioridades estratégicas comunes para el desarrollo, eliminar el desperdicio de esfuerzos y enfatizar la consecución de resultados concretos. El proceso, en el cual el BID participó localmente, condujo a la selección de temas centrales que fueron debatidos en mesas redondas con participación de diversos sectores de la vida nacional, organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, en los meses inmediatamente anteriores a la campaña electoral del 2000. Durante la campaña quedó pendiente la conformación de una matriz global de acciones para orientar la coordinación en la práctica, pero el proceso se detuvo allí, por el cambio de actores y prioridades a raíz de las elecciones, y no fue posible acordar dicha matriz. Durante el período de transición y después de la toma de posesión del nuevo gobierno el diálogo se ha concentrado más a un nivel sectorial, con cierto avance en algunos sectores en particular, como Educación y Salud. En éstos últimos se adelantan esfuerzos de coordinación bajo el patrocinio del BID y de las autoridades sectoriales. b. Seguimiento de la implantación

2.62

En vista de los riesgos arriba identificados, la Representación en República Dominicana presentó, junto con el Documento de Diálogo de Políticas, un Plan de Acción integrado para el ataque a los problemas tanto puntuales como generales que afectan el desempeño de la cartera. Se efectuará un seguimiento estrecho a este plan de acción. Igualmente el Banco prevé escenarios de nuevas aprobaciones sujeto a avances claros en los procesos de reforma económica e institucional. El seguimiento de la estrategia también insistirá en acciones que enfrenten el riesgo de la falta de coordinación entre agencias internacionales; el mismo que cobra marcada importancia dada la coyuntura fiscal y las necesidades proyectadas de recursos de contrapartida y obligaciones financieras del país asociadas a la cartera actual.

2.63

El impacto de la estrategia será medido a través de los indicadores establecidos en la Matriz de Estrategia del anexo II de este documento. El cumplimiento de los criterios relativos a los escenarios de préstamos se medirá por el nivel de desembolsos y flujo neto de recursos con el Banco, y con indicadores objetivos


22

de las acciones en los sectores involucrados, así como en cada uno de los ámbitos de reforma institucional (política social, empresas públicas, comercio exterior y desarrollo municipal y descentralización). III. A.

AGENDA DE DIALOGO CON EL PAIS

Aspectos de Política

3.1

Existe un conjunto de acciones y políticas específicas de gobierno centralmente asociadas a la presente estrategia del Banco, que fueron justificadas y discutidas ampliamente en el Documento de Diálogo de Políticas, arriba mencionado, incluyendo una detallada matriz de recomendaciones específicas. Dichas recomendaciones están orientadas a atacar de raíz los problemas identificados en el diagnóstico que, con la participación de variados sectores de la vida nacional, la sociedad civil y política, y el sector privado, se hizo de la situación. En opinión del Banco un avance decisivo en la dirección general provista por estas recomendaciones de política es condición necesaria para el éxito de la presente estrategia.

3.2

El Banco pone énfasis particular, por su importancia en la actual coyuntura macroeconómica y fiscal, en las recomendaciones relativas a corregir las presentes distorsiones del sector energético. Estas constituyen cuellos de botella centrales a la preservación de la estabilidad y el crecimiento tanto por el manejo distorsionante de los precios internos de los combustibles, como por el severo déficit del servicio eléctrico y las inconsistencias en las políticas relativas al sector, que siguen afectando en alta medida el desempeño económico y el bienestar social.

B.

Aspectos de desempeño de la Cartera

3.3

La cartera vigente del BID consta de programas que dan respuesta a buen número de las recomendaciones planteadas, incluyendo operaciones que tienen largos periodos a la espera de ratificación congresional y otras cuyo ejecución por las autoridades presenta importantes deficiencias. Debido al tamaño y la gran la lentitud en el movimiento de esta cartera, el Banco espera que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo concertado para su agilización; y asociará, en parte, el ritmo de las nuevas aprobaciones a los avances de ejecución que se logren en la cartera vigente.


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REPÚBLICA DOMINICANA La Herencia Social en los Noventa 1. 1.1

Introducción

El decenio pasado encontró al país sumido en su peor momento económico de la época moderna. Pero vista la evolución posterior a la crisis del 90 existe consenso en que si de algo sirvió aquella negativa experiencia fue para convencer al liderazgo político sobre la necesidad esencial de preservar el equilibrio macroeconómico, fuera cual fuese la orientación política del gobierno. Así, la crisis terminó en 1991 y en 1992 la inflación había sido controlada, iniciándose la presente era de crecimiento vigoroso. Existe también consenso sobre el efecto general de bienestar producido, tanto por el indudable aumento del ingreso per-cápita, como por la mejora del poder adquisitivo en el clima de moderada inflación que caracterizó a la década. Pero la valoración precisa de dicho efecto por estrato social, y en la generación de empleo, incidencia de pobreza y distribución de ingresos, es más problemática y controversial. 2.

Empleo

In a c tivo s 42%

Ocup ado s 46%

2.1

1992 Del 92 al 99 la desocupación abierta bajó 12% de 20.7% a 13.8% de la fuerza laboral. D es oc upados Pero las cifras muestran que esta declinación no obedeció tanto a que In a c t ivo s O c upados aumentara el empleo, como a que se redujo 47% 47% la fuerza laboral, o número de personas 1999 dispuestas y en condiciones de trabajar. La 6% proporción de ocupados subió de 46.6% a Des oc upados 47.2% de aquellos en edad de trabajar, lo que no basta para explicar la reducción del Figura 5: República Dominicana. Población en edad de trabajar desempleo. En cambio, las encuestas indican que mientras la economía absorbió 559 mil ocupados en los siete años, otros 780 mil optaron por quedarse fuera del mercado laboral. El PBI aumentó un 51.8% en el período, pero el número de ocupados apenas subió en un 23.2%, lo que sugiere que el desempleo se habría elevado más de no ser porque la tasa de participación bajó de 58.4% de la población en edad de trabajar en 1992 a 53.4% en 1999. No se descartan errores de medición y que aparezcan como inactivos personas en realidad desempleadas que, por distorsiones del mercado laboral, no buscan empleo habitualmente. Mas existe evidencia que explicaría la baja participación en términos migratorios y de competitividad del salario real.

2.2

La tasa de participación de la mujer, que había subido en los 80, se redujo en los 90. Los cálculos de CESDEM-ONAPLAN arrojan saldo negativo (-1.4 por mil) entre haitianos que inmigran y dominicanos que emigran. El hecho de que salgan más de los que entran tiene también efecto en el mercado de trabajo vía las remesas familiares. Éstas alcanzaron 7.9% del ingreso de los hogares en 1998 y sumadas a las transferencias corrientes del gobierno a las familias (18,5% de los ingresos) ayudarían a explicar que exista menos gente dispuesta a trabajar por el salario vigente.


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3.

Ingresos

3.1

Existe asimismo evidencia de que la distribución de los ingresos mejoró algo desde principios de la década. El coeficiente Gini, cifra que refleja una distribución más igualitaria cuanto más se acerca a cero, confirma esta apreciación. Varias encuestas muestran que en 1984 el coeficiente se situaba en 0.423 y $RD, Miles de habitantes subió a 0.519 en 1992, mostrando 30,000 que la inestabilidad económica 25,000 empeoró la distribución de los Población ingresos. Cálculos independientes 20,000 PIB per cápita indican que el Gini volvió a bajar en los noventa, hasta alcanzar 0.476 en 15,000 1998. Las encuestas del BCRD muestran la misma tendencia a la 10,000 baja: de 0.460 en 1993 a 0.430 en 1997. Nuevamente, los datos 5,000 sugieren una recuperación hacia los niveles de los 80. Es igualmente 0 Años: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 esperable que con el ingreso nominal per cápita mejorando en forma Figura 6: República Dominicana. Evolución de ingreso per cápita continua como producto del crecimiento, la relativa estabilidad de precios haya contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Llama la atención, no obstante estos resultados, que extensos sectores de población no parecen percibir los beneficios del crecimiento. Esto puede en parte deberse a insatisfacción de expectativas por una expansión que a pesar de su vigor sólo logró restaurar indicadores sociales ya alcanzados en los 80. Bolsones de pobreza y brechas que afectan a los deciles inferiores de ingreso y que el Gini no mide, así como la persistente deficiencia de los servicios sociales, contribuyen seguramente a esta percepción. En efecto, el ingreso real per cápita del conjunto de la sociedad parece haber crecido más rápidamente que el del 20% más pobre, marcando un claro efecto de rezago social.

3.2

Aunque los indicadores macroeconómicos resistieron el embate del “Georges”, la débil capacidad de prevención y mitigación exhibida ante el desastre impidió contener o revertir del todo su efecto empobrecedor en estratos ya desposeídos, y devastador de infraestructura rural. Se puso así de manifiesto la fragilidad de sectores productivos ante tales amenazas y la precaria capacidad de respuesta a sus efectos. Se observan también rigideces de acceso de segmentos particulares de población, como la femenina, al mercado laboral, la educación, la salud y la seguridad social, que confirman las limitaciones del puro crecimiento económico para mejorar los indicadores sociales, vía el llamado “efecto de derrame” y en ausencia de políticas sociales y estrategias focalizadas de gasto público. Igualmente, y como se discute más adelante, aún en presencia de un énfasis en políticas específicas de gasto social, limitaciones estructurales en el entorno institucional del país impiden que dichas políticas tengan el impacto esperado en el bienestar de la población, como lo demuestra la persistencia de la pobreza en un país donde el gasto social se duplicó en los últimos años como proporción del PIB.


Anexo I Página 3 de 5

4.

Pobreza

4.1

La ausencia de un programa oficial de encuestas periódicas de hogares, y de metodología oficial de medición de la pobreza, origina gran controversia sobre el tema. Desde mediados de los 80 se efectúan estimaciones, pero con frecuencia cambiando a un grado tal los criterios de medición que cualquier intento de construir una serie histórica conduciría a resultados cuestionables. Las dos últimas mediciones oficiales (ONAPLAN, ENDESA 1996; y Banco Central, ENGIH 1998) dramatizan esta disparidad. La primera coloca la pobreza en 56 %, igual que una medición privada del periodo (ESU 1996; 56,7%). La segunda coloca a la pobreza en 21,5% dos años después.

4.2

Este último dato resulta contraintuitivo a primera vista, y otros resultados arrojan dudas sobre el mismo. Con métodos estándar para comparación entre países, aceptados por CEPAL y el Banco Mundial, en 1998 la pobreza fue calculada en niveles muy superiores en países con ingresos per cápita y gasto social tradicionalmente mayores que los de República Dominicana, como Brasil, México y Venezuela. Por otra parte se conoció que al expandirse la muestra usada en la encuesta del BCRD se encontraron distorsiones que sugieren, en efecto, problemas de medición. Sin embargo, y a pesar de la controversia metodológica, parece indudable que la pobreza se redujo desde principios de los 90. Recientes mediciones del Banco Mundial colocaban la pobreza, incluyendo a la población Haitiana, en alrededor del 30% en 1998. No importa el método, todas las mediciones coinciden en mostrar una tendencia de reducción, especialmente desde el nivel de 70% medido en 1991.

4.3

También otras evidencias indirectas confirman dicha tendencia. Repetidos estudios en países del continente muestran una correlación pronunciada entre crecimiento económico y reducción de pobreza. El PIB nominal per cápita mejoró considerablemente, como ilustra la figura 6 y, una vez controlada la inflación a principios del decenio, la práctica de reajustes salariales periódicos permitió al salario real subir un 21,4% del 92 al 99. A pesar de que las estadísticas tienen deficiencias, es evidente que el crecimiento benefició –aunque quizá no en la misma proporción- a todos los grupos sociales y que debe haber permitido a muchos hogares superar la línea de pobreza. El avance, sin embargo, parece sugerir sólo una recuperación del nivel de pobreza que existía en los 80, y que la encuesta BCRD, EGSF 89 calculó en 57,3%. 5.

Indicadores Sociales

14

% , 100s US$

12

5.1

R e p . D o m in ic a n a 10 El gasto público social mejoró P r o m e d io A . L . apreciablemente en los 90, pasando de 8 3,8% del PIB en 1991 a 6,6% en 1999. 6 La mejora ocurrió fundamentalmente en 4 los últimos 4 años que marcaron un cambio sustancial en la política de gasto 2 social. Pero esto no eliminó el secular 0 rezago de la inversión social en el país P e r c á p it a % d e l P IB Figura 7: Rep. Dominicana Vs A.L Gasto social. y se encuentra todavía lejos del estándar continental; donde en promedio, se destina el 14% del PIB a gastos sociales. Al insuficiente


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gasto social se añaden limitaciones de calidad y eficacia en la gestión del mismo, para acentuar el déficit de cobertura real de necesidades. El aparato institucional de prestación de servicios públicos, ha sido históricamente deficiente; y la precariedad institucional dificulta aplicar políticas sociales efectiva. Los recursos se diluyen en nóminas abultadas con personal de baja preparación, y la parte que llega a los usuarios como servicios suele ser de escasa calidad. A pesar de avances recientes, la incorporación del poder local y la sociedad civil a la cobertura de necesidades sociales es aún precaria. Hasta hace poco el gobierno administraba el 98.5% de los recursos públicos, cediendo el 1.5 % a los municipios. En 1997 esta cuota subió a un 4%; pero la descentralización sigue siendo poco más que un deseo. La gestión pública permanece concentrada y los servicios sociales se siguen prestando a través de grandes burocracias, incompetentes para asignar recursos a prioridades y alcanzar a los grupos más necesitados. 5.2

Así, no sorprende la consistente comparación desfavorable del país con el resto del continente en indicadores sociales claves para el bienestar y desarrollo del capital humano, como salud, educación, salubridad y vivienda; lo que marca la presencia de una importante deuda social no sólo aún sin saldar, sino creciendo y acumulándose. INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS Población Tasa anual de crecimiento (%) De la población urbana (%) Población urbana (% de la población) Fuerza laboral femenina (% del total) Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) Salud De menores de 5 años Expectativa de vida al nacer (años) De las Mujeres Inmunizados contra Sarampión (% de niños < de 12 años) Contra DPT Acceso a agua potable (% de la población) Educacion Matriculación Primaria (% de grupos en edad escolar) Secundaria Razón alumnos-profesor en Primaria Analfabetismo (% de la población de 15 años o mas) De las mujeres (% de mujeres de 15 años o mas)

5.3

República Dominicana A.L. y el Caribe 2 2 2 3 74 63 34 30 32 40 41 47 70 71 73 73 93 80 82 80 75 73 113 103 52 41 25 35 13 17 14 18

La población de bajos ingresos sufre lo peor del déficit de vivienda, que es mayormente cualitativo, urbano y se agrava por lo irregular de los asentamientos. De las 1.400.000 viviendas del país, 35% necesitan mejora y 11% deben ser descartadas por inservibles. A esto se une el hacinamiento, que alcanza hasta 1.000 hab/m2; la inadecuada infraestructura, y la frecuente ubicación en zonas de alto riesgo y limitado acceso a servicios, producto de invasión de propiedades. Las necesidades crecen a razón de 40.000 unidades anuales y se calcula que el Huracán Georges dejó 123.000 viviendas dañadas. El déficit resulta no sólo del acelerado crecimiento urbano, sino también de una oferta inadecuada. El sector formal público y privado aporta del 15% al 25% de la producción anual, pero tradicionalmente la intervención del gobierno ha sido distorsionante, focalizada en estratos de ingresos medios y altos, con elevados costos comparados a los privados, deficiente supervisión y criterios políticos de asignación.


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5.4

La fuerte presencia pública en construcción y financiamiento, con limitados resultados y débil rol regulador y facilitador, ha restringido la participación privada. Con la excepción de esfuerzos a partir de 1996, el financiamiento público ha sido subsidiado con precios e intereses menores a los del mercado y frágil evaluación del riesgo y administración de carteras; lo que fomenta la noción de que las obligaciones financieras con el Estado pueden no cumplirse. Los grupos de bajos ingresos no tiene acceso al financiamiento formal y acuden a instituciones especializadas en microcréditos, que en los últimos años han diversificado sus carteras, incorporando el crédito para mejoramiento de vivienda. Aún así las fuentes son insuficientes para atender la demanda de bajos ingresos y el sector informal cubre la brecha mayormente mediante autoconstrucción, aportando entre 75% y 85% de la producción, entre 25.000 y 35.000 soluciones al año.


Matriz de Estrategia en República Dominicana 2001-2003 Objetivo Estratégico • Eliminar distorsiones de política que hacen a la economía vulnerable a posibles choques internos y externos.

• Eliminar fragilidades de ingresos y distorsiones en el gasto que pone en riesgo la disponibilidad de recursos fiscales para atender la necesidades sociales y productivas.

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Indicadores de Acciones en Apoyo a la Estrategia resultados Del BID De otros donantes principales El desafío de superar las persistentes fragilidades macroeconómicas y financieras En ejecución: • Crédito público: Cancelar expansión automática • El déficit cuasi• BM: Reforma del Sector Financiero de crédito del BC y reestructurar su balance. • CT Apoyo a fiscal reducido Estabilización a 0.2% del PIB • Política de hidrocarburos: Crear nuevo marco leMacroeconómica II en el 2003 gal, ente regulador; cambiar régimen tributario de • Sectorial Financiero ( 3er. combustibles por gravamen único sobre precio de tramo) importación Acciones del Gobierno

• Política monetaria: Sustituir crédito BCRD al SPNF por cartera de GRD; reemplazar control monetario directo con instrumentos de mercado; coordinar gestión presupuestaria/ política monetaria. • Política cambiaria: Desmontar el mercado cambiario dual; compra de divisas a cuenta del SPNF sólo a través de mesa de cambio del BCRD

• Nuevo crédito público del BCRD se reduce a 0 para el año 2001

• Regulación bancaria: Entronizar autonomía del BCRD; actualizar normativa prudencial. • Tasas de interés: Prohibir a entidades del SPNF recurrir a créditos directos del BCRD; crear sistema de seguro de depósitos no amparado en simple banco de segundo piso; fortalecer supervisión bancaria y financiera independiente. • Intermediación financiera: Promover competencia evitando carteras vinculadas y permitiendo la entrada de nuevos bancos al sistema.

• Costo de captación se reduce a 13% para el año 2002

En pipeline: • CT en apoyo a la Estabilización Macroeconómica III • CT Programa de apoyo supervisión bancaria • Programa Sectorial Financiero II

El desafío de eliminar la presente debilidad fiscal tanto de ingresos como del gasto social y de infraestructura En ejecución: • Tributación: Modificar aranceles e impuestos • Alemania: Salud Reproductiva, const. • Presión ITBIS, consumo alcohólico, y cigarrillos; refor• Implantación del escuelas básicas, fomento economía y tributaria mar impuesto a la propiedad inmobiliaria; crear Programa Administración empleo (Marcos $23 M) alcanza 17% impuesto sobre activos o ingresos brutos, como Financiera Integrada del del PIB en el • BM: Reforma sector salud; mejora adelanto del ISR; eliminar /descentralizar impuesEstado 1093/OC-DR 2003 educación básica y secundaria; agua y tos de baja recaudación, rentabilidad; elevar pre• Programa reforma y saneamiento; reconstr. y mejor. supuesto de Administración Tributaria y que una capacitación Laboral carreteras; disposición desechos parte dependa de eficiencia en reducir la evasión. centros turísticos (US$152 M) • Caminos vecinales II • España: infraestructura agua y • Mejoramiento Educación • Gasto e inversión social. Unificar inversión social • El gasto social saneam., infraestr. salud; infraest. Básica II en mecanismo único; focalizado y con participaau-menta en educativa; empleo y formación • Administración sistemas ción subnacional; relanzar inversión en educación 2,5% del PIB profesional. (Pesetas $2,231 M). de riego por usuarios básica y media, y capacitación laboral con participara 2002 • Japón: Apoyo formación técnica, • Modernización y reestr. pación empresarial; retirar a GRD de construcción inmunización; const. escuelas; rehab. Sector salud y financiamiento directo a vivienda; promover miPlantas tratamiento. (US$31 M) • Reforma y modernización crocrédito para vivienda; crear subsidios directos • PNUD: Apoyo Programa nacional agua pot. y saneamiento a demanda; presentar proyecto de Ley Marco de VIH/SIDA; eval. Plan Decenal • Planta de energía San Agua y Saneamiento; facilitar prestación privado Educación, acceso a obras de infraest. Pedro de Macorís de servicios de APS en áreas turísticas. Social y comunitaria productiva • 9 CT’s por US$2.93 • Gasto e inversión productiva: Programa de inver• Inversión (US$3 M) millones siones en infraestructura básica, limitando las púpública en inf. • Taiwan: Reequipamiento hospitalario; • Operaciones FOMIN por blicas a áreas donde no sea justificable la privada; Productiva y el constr. de escuelas; alfabetización; US$4.24 millones. promover concesiones de infraestructura que se agro se (US$33 M) justifiquen; apoyo directo a productores agrícolas mantiene en • UE: Fortalec. Sector salud; agua y En pipeline: para apertura comercial; crear empresa de trans5,5% del PIB a saneamiento; rehab. escuelas; reforma • Sectorial Reforma del misión eléctrica pública administrada por privados partir de 2001 sistema educación técnica y Gasto Social profesional; mejora servicios energía • CT de fortalecimiento de • Financiamiento del gasto: Fijar política de finan• Deuda externa (Euros $56 M). la administración ciamiento anual junto con la de ingresos y gastos; total se • USAID: Mejora política educacional; tributaria y aduanas. consolidar deuda administrativa; disponer que el mantiene en prevención del VIH; Salud • Apoyo a privatización de financiamiento multilateral se administre integra20% del PIB reproductiva; mejora servicios básicos Aeropuertos PRI, DRdamente con resto de gestión presupuestaria; rede salud; mejora servicios energía 0133 forma de seguridad social con sistema de pen(US$58 M) • Programa de Energía EDE siones, basado en capitalización individual. Norte y Sur PRI, DR• Presupuestación Unificar responsabilidades de • Monto 0137 y CT apoyo gestión presupuestaria enunidad gubernamental; presupuestado y programa EDE Norte y implantar administración financiera integrada del ejecutado del Sur sector público; crear sistema programación de la Gasto público • Programa de Educación gestión presupuestaria con auténticos fondos rotacoinciden en un Básica III torios y cajas chicas en vez de sistema de “asig95% para el año • Programa Educación naciones” que maneja ONAPRES; crear Sistema 2002 Media, DR-0112 dministrador de Recursos Humanos y definir po• CT Diagnóstico educación lítica salarial del sector público; reformar sistema inicial de aprovisionamiento y contratación de obras.


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Matriz de Acción del Banco en República Dominicana 2001-2003 Acciones en apoyo a la estrategia Objetivo Estratégico • Contribuir a desmontar distorsiones estructurales y de política que limitan el potencial de crecimiento diversificado

Acciones del Gobierno •

• Contribuir a mejorar la capacidad de prevención, mitigación y respuesta ante desastres y ante el deterioro del ambiente

Indicadores de resultados

Del BID El desafío de desmontar restricciones al ambiente de negocios de sectores productivos En ejecución: Marco general de políticas: Desmontar • Reforma arancelaria • barreras arancelarias y no arancelarias; • CT modernización vigente para el 2002 legislación complementaria sobre comcomercio exterior petencia e inversión extranjera, crear un • Reestructuración política adecuado clima a inversión privada y agroaliment. • concesiones de infraestructura; plan de • Operación FOMIN reforma de sector portuario; completar Reestructuración sector la reforma institucional de sector aeroenergético • puertos estableciendo unidad técnica que supervise contrato de concesión; En pipeline: crear el ente de política sectorial eléc• Sectorial de reforma de • trica y dar autonomía al ente regulador. empresas públicas • 40% del riego autoPolítica agrícola: Eliminar barreras no • Modernización del gestionado para 2003 arancelarias y discrecionalidad Comercio Exterior asociada; adelantar entrega ad-hoc de • Híbrido de reforma títulos de libre dominio a asentados de agroalimentaria la reforma agraria; eliminar trabas • Préstamo de innovac. legales a arren-damiento y aparcería; • Ciencia y Tecnología introducir venta de agua al mayor, con • Oper. FOMIN Asesoría libertad de reven-ta; profundizar la • elaboración contrato autogestión del riego. concesión Política industrial: Incentiven la coope- • Política de crédito • CT Apoyo a turismo y ración interempresaria, y el desarrollo subsidiado a la PYMEs • zonas francas de "clusters"; diversificar actividades y substituida por apoyo a • Operación FOMIN Apoyo destino de productos de zonas francas; clusters, acceso a • Transform. Instituc. sustituir crédito subsidiado a PYMEs información y tecnología ADOPEN por apoyo de información de mercados para el 2002 • Operación FOMIN y tecnologías hacia la competitividad. • transform. Instituc. FONDESA El desafío de elevar la capacidad de prevemnción, mitigación y respuestaa amenazas naturales En ejecución: Política ambiental: Promover • • Legislación marco de legislación marco de ambiente y ambiente y RRNN vigente • Prog. Reconstrucción y RRNN; fortalecer sistema de mejoramiento ante los para 2002 decisiones/estrategia nacional de efectos del huracán • gestión de riesgos del medio ambiente; “Georges” sostener apoyo al código de • CT Apoyo a programa edificaciones, su supervisión y control. prevención de desastres • naturales Prevención de desastres: Buscar • Capacidad de prevención esquemas financieros que cubran las y res-uesta ante amenazas • En pipeline: finanzas públicas de choques catastrómejorada para el 2003 en • Línea de actividad para ficos; promover internalización del cosun 80% adicional sobre lo • Programa Nacional de to de prevención en inversiones alcanzado por el 1152/OC Prevención de Desastres públicas y uso del mercado de seguros; en 2001 • fortaleci-miento de capacidad de • Programa de Manejo de Prevención, Mi-tigación y Respuesta Cuencas ante amenazas y deterioro del ambiente. •

De otros donantes principales Alemania: Procomunidad; saneamiento; pequeñas centrales eléctricas; Transmisión eléctrica CDE (Marcos $59 M). BM: Reforma sector telecomunicaciones; desarrollo mercado energético. (US$103 M) España: Desarrollo productivo, agrop. y medio ambiente; apoyo a Micro y PyMe (pesetas $2,799 M). Francia: Modern. Tran Eléctrico; líneas crédito y apoyo empresas privadas; ADEMI; micro crédito mujeres en des.; cultura café; prod. y comerc. Cacao; Plan Sierra desarrollo integrado; desarrollo riego región NE (US$66 M) Japón: Mejora de riego; manten. Terrenos agrícolas (US$21 M) Taiwan: Desarrollo agrícola y rural; apoyo Plan Sierra, apoyo Parque Cibernético (US$14.5 M) PNUD: Apoyo a la micro y pequeña empresa (US$1 M) UE: Desarrollo sector privado; sector bananero; educación técnico profes.; financ. PYME (US$37 M) USAID: Promoción econ. más competitiva (US$5 M)

Alemania: Manejo rec. naturales; cuenca río Yaque del N.; educación primaria en m. (Marcos $17 M) BM: Reforma política am-biental; manejo cuencas; recuperación post huracán Georges (US$151 M). España: Programa Arocaria (Pesetas $400 M) Francia: Estudio efecto invernadero (Francos $0.8 M) PNUD: Gestión del medio ambiente y des. (US$0.7 M) UE: Saneamiento ambiental Santo Dgo. ; programa de Emergencia post huracán Georges (Euros $32 M) USAID: Apoyo política amb. Mitigación de desastres. • Taiwan: Reforestación cuenca Río Nizaito (US$9 M)

El desafío de ampliar la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales • Contribuir a mejorar la capacidad de las instituciones para responder a necesidades y aspiraciones de la población.

• Gestión pública: Promover estabilidad y profesionalización del funcionariado público, con apoyo político de consenso; fortalecer capacitación gerencial en administración pública, con énfasis especial en gerencia social y económica. • Descentralización: Desarrollar estrategia nacional de descentralización; propug-nar mecanismo funcional de gobierno local; desconcentrar servicios y traspa-sar responsabilidad a municipios; Impulsar capacitación en gerencia municipal. • Administración de justicia: Fortalecer la capacidad de gestión de despachos judiciales; agilizar modernización de la jurisdicción de tierras; instaurar la figura del "Defensor del Pueblo". • Transparencia: Fortalecer la Cámara de Cuentas; otorguar a la Contraloría Gene-ral autonomía para desempeñar neutral-mente su función; desarrollar un poder legislativo en condiciones de desempe-ñar adecuadamente las importantes ta-reas bajo su responsabilidad; desarro-llar capacidad gerencial de la Junta Central Electoral.

• Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa puesta en funcionamiento para el 2002

• 10% del gasto público controlado por los municipios para el 2002

• Los casos de litigios espurios se reducen en un 10% para 2003

• Substancial capacidad técnica de revisión del presupuesto de gasto público instalada en el Congreso para 2003

En ejecución: • Programa Desarrollo comunitario del nordeste • Prog. Modernización de la Jurisdicción tierras • Prog. Reforma y Modern. Poder Ejecutivo • Prog. Modernización del Congreso Nacional • 11 CT’s por US$2.73 millones. En pipeline: • Desarr. de Ayuntamientos • CT Gestión financiera AND • CT Apoyo estrategia AND • CT Coord. y ejec. de proyectos • CT Prog. Fort. de las OSC

• Alemania: Asesoramiento descentralización desarrollo (Marcos $6.5 M) • BM: Reforma administración financiera del Estado; servicios judiciales; adquisiciones (US$100 M) • España: Modern. Estado; descentralización (Pesetas $400 M). • Francia: Estudio y Asist. Técnica sobre el transp. Público en Santo Domingo (Francos $2.8 M) • PNUD: Reforma y modernización del Estado, en fase final; apoyo gestión CT (US$3 millones) • UE: Reforma de la Justicia, Reforma Adm. Pública y Apoyo a la Descentralización. (Euros $29.5 M). • USAID: Fortalecimiento de la democracia. (US$21 millones).


ANEXO III Página 1 de 4 República Dominicana – Inventario de acciones del BID Préstamos con financiamiento del Banco (US$ millones) Número

Monto

Año

Superar las persistentes fragilidades macroeconómicas y financieras Sectorial financiero Sectorial financiero II

773/OC-DR DRXXX

102.0 100.0

En ejecución 2002

Eliminar la presente debilidad fiscal tanto de ingresos como de gastos Mejoramiento de la Educación Básica II Administración de Sistemas de Riego por Usuarios Modernización y Reestructuración del Sector Salud Programa de Administración Financiera Integrada Caminos Vecinales II Programa de Reforma y Capacitación Laboral Reforma y Modernización Agua Potable y Saneamiento Planta de Energía San Pedro de Macorís (Garantía) Programa de Educación Media I Educación Básica III Programa de Modernización de Aeropuertos (Garantía) Programa de Energía EDE Norte y Sur (Préstamo) Programa Sectorial de Reforma del Sector Social Programa de Modernización del Sector Vivienda Programa de Educación Media II Programa Híbrido de Reforma del Sector Energético Programa Multifase de Caminos Vecinales

897/OC-DR 905/OC-DR 1047/OC-DR 1093/OC-DR 1114/OC-DR 1183/OC-DR 1198/OC-DR 1234/OC-DR 1289/OC-DR DR0125 DR0136 DR0137 DR0140 DR0141 DRXXXX DRXXXX DRXXXX

52.0 52.0 61.2 10.3 48.0 16.9 71.0 150.0 52.0 70.0 150.0 75.0 200.0 30.0 90.0 100.0 50.0

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución 2002 2001 2001 2001 2001 2003 2003 2003

Desmontar las restricciones en el ambiente de negocios de sectores productivos Programa de Reconversión del Sector Agro-alimentario DR0138 Modernización del comercio exterior DRXXXX Programa Global de Micro-crédito DRXXXX

50.0 10.0 20.0

2001 2003 2002

Elevar la capacidad de prevención, mitigación y respuestas a amenazas naturales Programa de Reconstrucción y Mejoramiento efectos Huracán Georges 1152/OC Línea de actividad en prevención de desastres DRXXX Manejo de cuencas DRXXX

105.0 5.0 50.0

En ejecución 2001 2003

Ampliar la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales Modernización Jurisdicción de Tierras 1079/OC-DR Desarrollo Comunitario Región Noreste I 1124/OC-DR Modernización del Poder Ejecutivo 1176/OC-DR Modernización del Congreso Nacional 1258/OC-DR Programa de Desarrollo Social DR0076 Desarrollo de los Ayuntamientos DR0127

32.0 8.96 21.5 22.3 30.0 30.0

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución 2002 2002


ANEXO III Página 2 de 4

República Dominicana – Inventario acciones del BID, 2000 - 2003 Cooperaciones Técnicas con financiamiento del Banco (US$ millones) Número Monto Superar las persistentes fragilidades macroeconómicas y financieras Apoyo Políticas de Estabilización Macroeconómica II ATN/SF-6056-DR 0.15

En Ejecución

Eliminar la presente debilidad fiscal tanto de ingresos como de gastos Violencia Familiar contra la Mujer Marco Inst. para MIRH en RD Proyecto Infraestructura Social y Capacidad Física Mecanismo Entrenamiento y Selección Profesores Mecanismo de Descentralización SEEC Apoyo Educación Secundaria I Fortalecimiento Asuntos Secretaria de la Mujer Apoyo Centro Resolución Conflictos Reforma y Modernización Educación Superior Desarrollo del Fondo de Pensiones del Magisterio Programa Piloto de Tecnología Educativa Programa Nacional de Fortalecimiento de la Niñez Plan de Acción para el Transporte Urbano de Santo Domingo

Año

ATN/SF-5426-DR ATN/NE-6332-DR ATN/JF-6391-DR ATN/NS-6560-DR ATN/SF-6643-DR ATN/JF-6781-DR ATN/SF-6796-DR ATN/SF-6825-DR ATN/SF-6899-DR TC0011001 TC0012013 TC0012021 TC0102001

0.325 0.090 0.749 0.088 0.078 0.423 0.150 0.340 0.149 0.150 0.150 0.150 0.113

En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución 2001 2001 2001 2001

Desmontar las restricciones en el ambiente de negocios de sectores productivos Modernización del Comercio Exterior ATN/SF-5937-DR Reestruc. Política Agroalimentaria ATN/SF-6557-DR Preparación Programa de Rehabilitación de la Ciudad Colonial TC9911189 Apoyo a Turismo y Zonas Francas TC0002085 Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanas TCXXXXXXXX

0.149 0.110 0.200 0.150 0.750

En Ejecución En Ejecución 2001 2001 2002

Elevar la capacidad de prevención, mitigación y respuestas a amenazas naturales Apoyo Programa Prevención Desastres Naturales ATN/SF-6272-DR

0.750

En Ejecución

Ampliar la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales Apoyo Modernización Congreso Nacional ATN/SF-5313-DR Apoyo a la Procuraduría General ATN/SF-5768-DR Inventario y Monitoreo de Proyectos ATN/JF-5893-DR Programa de Desarrollo Local ATN/SF-5973-DR Fortalecimiento Organizaciones de la Sociedad Civil ATN/SF-6142-DR Administración Justicia de Menores ATN/SF-6325-DR Racionalización del Poder Ejecutivo ATN/SF-6740-DR Reforma Fiscal e Institucional ATN/SF-6758-DR Apoyo a la Comisión Bicameral ATN/SF-6778-DR Fortalecimiento Administración Financiera II ATN/SF-6997-DR Programa de Fortalecimiento de las OSC ATN/SF-7247-DR Fomento Alianzas Empresariales ONGs ATN/SF-7266-DR Apoyo Ejecución Estratégica ADN ATN/SG-7169-DR

0.490 0.148 0.750 0.150 0.300 0.100 0.145 0.150 0.149 0.350 0.150 0.300 0.075

En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución En Ejecución


ANEXO III Página 3 de 4 Apoyo Coordinación y Ejecución de Proyectos Apoyo para la Elaboración de una Agenda Nacional de Desarrollo Programa de Apoyo a la Gestión Social. Apoyo a Gestión Administrativa y Financiera de ADN III Programa de Fortalecimiento institucional del INVI Fortalecimiento Organizaciones de la Sociedad Civil Programa de Fortalecimiento de la Coordinación Comunidad-Gobierno Desarrollo de Indicadores de Pobreza

ATN/SF-7281-DR ATN/SF-7293-DR ATN/SF-7294-DR TC9903035 TC0012011 TC0012019 TC0012021 TC0101058

0.150 0.085 0.150 0.750 0.714 0.250 0.100 0.500

En Ejecución En Ejecución En Ejecución 2001 2001 2001 2001 2001


ANEXO III Página 4 de 4

República Dominicana – Inventario de acciones del BID, 2000 – 2003 Operaciones FOMIN (US$ millones) Número Monto Superar las persistentes fragilidades macroeconómicas y financieras Programa de Apoyo a la Supervisión Bancaria ATN/MT-7252-DR 1.300

En ejecución

Eliminar la presente debilidad fiscal tanto de ingresos como de gastos Programa de Capacitación Laboral ATN/MT-5521-DR Apoyo a la Reforma de la Empresa Pública ATN/MT-5910-DR Reforma Agua Potable y Saneamiento ATN/MT-6661-DR

0.663 2.500 1.08

En ejecución En ejecución En ejecución

Desmontar las restricciones en el ambiente de negocios de sectores productivos Vínculo Sector Privado – SEE para Educación Técnico - Vocacional TC0101066 Reestructuración del Sector Energético ATN/MT-5522-DR Apoyo Transformación Institucional de ADOPEM ATN/ME-6947-DR Apoyo Transformación Institucional de FONDESA ATN/ME-6948-DR

2.000 1.220 0.300 0.300

2001 En ejecución En ejecución En ejecución

Elevar la capacidad de prevención, mitigación y respuestas a amenazas naturales Ampliar la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales

Año


ANEXO IV República Dominicana – Programa Operativo 2001 – 2003 Préstamos con financiamiento del Banco (US$ millones) Proyecto

Escenario Base

Escenario Alto

5,0 200,0 0,0 0,0

5,0 200,0 30,0 50,0

Sub-total: 2002 Programa de Educación Básica III (DR-01250) Programa Global de Micro-crédito Programa de Desarrollo Social (DR-0076) Programa de Desarrollo de los Ayuntamientos (DR-0127) Programa Sectorial Financiero II Sub-total: 2003 Programa de Educación Media II Programa Multifase de Caminos Vecinales Programa de Modernización del Comercio Exterior

205,0

285,0

70,0 20,0 30,0 0,0 0,0

70,0 20,0 30,0 30,0 100,0

120,0

250,0

90,0 50,0 0,0

90,0 50,0 10,0

Programa de Manejo de Cuencas Programa Híbrido de Reforma del Sector Energético

0,0 0,0 140,0

50,0 100,0 300,0 835,0

2001 Línea de Actividad en Prevención de Desastres Programa Sectorial de Reforma del Sector Social (DR-0140) Programa de Modernización del Sector Vivienda Programa de Transición Competitiva Agro-alimentaria

Sub-total:

465,0

Total Operaciones PRI (US$ millones)

Número

Monto

Año

Programa de Modernización de Aeropuertos (Garantía)

DR-0136

150,0

2001

Programa de Energía EDE Norte – EDE Sur (Préstamo)

DR-0137

75,0

2001

Total:

225,0

Cooperaciones Técnicas con financiamiento del Banco (US$ millones) Desarrollo de Indicadores de Pobreza Preparación Programa de Rehabilitación de la Ciudad Colonial Apoyo a Turismo y Zonas Francas Apoyo a Gestión Administrativa y Financiera del ADN III Programa de Fortalecimiento de la Coordinación Comunidad-Gobierno Programa Nacional de Fortalecimiento de la Niñez Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil Desarrollo del Fondo de Pensiones del Magisterio Fortalecimiento Administración Tributaria y Aduanera Total: Operaciones FOMIN (US$ millones) Vínculos Sector Privado – SEC para Educación Técnico-vocacional Fondos de Fideicomiso (US$ millones) Plan de Acción para el Transporte Urbano de Santo Domingo Programa Piloto de Tecnología Educativa Programa de Fortalecimiento Institucional del INVI Total:

Número TC-0101058 TC-9911189 TC0002085 TC9903035 TC-0012021 TC-0012020 TC-0012019 TC-0011001 TCXXXXXX

Monto 0,500 0,200 0,150 0,750 0,100 0,150 0,250 0,150 0,750 3,000

Año 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002

TC0101066

2,000

2001

TC-0102001 TC-0012013 TC-0012011

0,113 0,150 0,714 0,977

2001 2001 2001

república dominicana: estrategia de país del bid (2001-2003)  

la presente estrategia con república dominicana abarca el periodo comprendido entre 2001 y 2003. pretende principalmente apoyar el esfuerzo...

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