El Panorama de la Efectividad en el Desarrollo 2011

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boliviano, en asociación con el BID y el gobierno de España, está implementando una evaluación de impacto rigurosa que medirá cómo han afectado las intervenciones basadas en agua y saneamiento a la salud de los niños pequeños y a las vidas económicas de las familias. Con recursos disponibles para implementar proyectos en un número limitado de comunidades, el programa realizará una lotería pública ante la presencia de los líderes locales para seleccionar a cuáles se les ofrecerá financiamiento en cada año del programa. Las que resulten seleccionadas para recibirlo al inicio del programa serán comparadas con las comunidades seleccionadas para financiamiento en las etapas posteriores, con el fin de evaluar los efectos causales de los mejoramientos en agua y saneamiento. Para lograr un cuadro completo de los beneficios producidos por el programa, la evaluación medirá un conjunto coherente de desenlaces. Al esperarse que el acceso a más agua y mejor saneamiento promueva un entorno más limpio y ayude a interrumpir la transmisión de enfermedades diarreicas, la evaluación mide los resultados de salud entre los niños, en particular los relacionados con la diarrea, los parásitos y las enfermedades respiratorias. También se espera que, al reducirse el costo de acceder al agua (acercando más, por ejemplo, el agua limpia al usuario), se registren beneficios para las mujeres y niños que tradicionalmente acarrean el agua para uso doméstico. La evaluación medirá el uso del tiempo, las actividades económicas y los ingresos y gastos para establecer los cambios en el bienestar de las familias. Este proyecto está siendo implementado junto con un programa similar de evaluación rigurosa en áreas urbanas de Bolivia. Estas experiencias entregarán importantes lecciones para mejorar los servicios de agua y saneamiento en el país y, junto con una evaluación aleatoria de agua y saneamiento en Paraguay, harán una contribución importante a la base de evidencias sobre la efectividad de estas operaciones en la región.

c. Apoyo al Marco de Energía Sustentable para Barbados En 2010, el gobierno de Barbados gastaba más del 10% de su Producto Interno Bruto en importaciones de petróleo y en su propia cuenta de electricidad, más de lo que gastaba en educación.22 Fue consecuencia de la alta dependencia del país de los combustibles fósiles importados para la mayor parte de sus necesidades energéticas, en tiempos de alta volatilidad en el mercado internacional de la energía. El impacto en la población también fue visible en las altas tarifas eléctricas pagadas por los consumidores residenciales, de las más altas del mundo (US$0,30 por kWh). Con pocas posibilidades de ampliar su limitada producción de combustibles fósiles, el gobierno exploró formas efectivas de equilibrar la demanda y la oferta de electricidad. Por el lado de la demanda, esto significaba realizar acciones para costreñir su crecimiento mediante una mayor eficiencia energética (EE) y la conservación de energía (EC). Por el lado de la oferta, significaba ampliar la producción a partir de fuentes renovables de energía (RE). No obstante, el país carecía de políticas públicas facilitadoras y de un marco regulatorio para que se produjeran inversiones públicas y/o privadas en estas nuevas e inexploradas áreas. Más aún, carecía de los parámetros de análisis para el potencial de RE y EE, el costo de instalación y operación, el tiempo de amortización, entre otros, sobre los cuales tomar decisiones informadas acerca de qué reformas emprender y cómo secuenciarlas. Antes de lanzarse en un proyecto hecho y derecho, el gobierno, con asistencia técnica financiada por el BID, analizó el potencial RE y EE del país. El estudio mostró la factibilidad económica y comercial de varias tecnologías RE en comparación con el costo que se evitaba en diesel para la generación eléctrica. El potencial RE

Barbados gastó US$363 millones en importaciones de petróleo en 2010 y más de US$37 millones en la cuenta de electricidad del gobierno correspondiente a 2010, la suma de lo cual representa más del 10% de su PIB.

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Parte II · Capítulo II


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