El modelo del instituto técnico superior norteamericano: Lecciones para América Latina

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Políticas para América Latina La educación superior en América Latina atraviesa actualmente una grave crisis, ocasionada por una legislación que ha creado distorsiones y limitaciones. Los costos pueden ser excesivamente altos para lo que se obtiene realmente en muchos programas. En otros casos, no hay suficiente dinero para ofrecer una educación aceptable. Para remediar esta situación, la educación superior en la región debe ser más flexible y adaptarse a diferentes situaciones y clientes. No es una tarea fácil. En algunos países, las universidades públicas manifiestan una fuerte oposición ideológica a cualquier cambio en el enfoque o la misión de la educación superior. Entonces, la tarea de dar una nueva forma a la educación superior recae por defecto sobre el sector privado. Dado que el sector público carece de

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ción es quizá la más cargada de certificaciones y reglamentaciones profesionales. Campos más nuevos, como la tecnología de la información y la administración en general, son los menos regulados. En consecuencia, cualquier persona interesada en ofrecer cursos en las profesiones reglamentadas se enfrenta a una decisión crítica: seguir el currículo oficial y la acreditación, o dejar todo esto de lado y arriesgarse a la prueba del mercado. En el primer caso, del lado de la oficialidad, están la comodidad, la tranquilidad y el dudoso beneficio de poder decir que el curso sigue los lincamientos oficiales. La otra cara de la moneda es que los planes de estudio tradicionales tienden a estar desactualizados y, finalmente, los egresados de los programas universitarios tienen que pasar de todas maneras por la prueba del mercado. La acreditación de los programas de uno y de dos años en América Latina, sin embargo, no sigue un patrón único. Existen procedimientos restrictivos y laxos, sistemas viejos y nuevos. Todos los contextos imaginables son posibles. Venezuela creó su sistema hace varios años. Brasil está dando los toques finales a su nuevo conjunto de criterios educativos. Frente a tal variedad de sistemas, resulta difícil hacer generalizaciones válidas para la región. Quizá lo mejor que se puede decir es que, en general, la acreditación y las reglamentaciones no son particularmente progresistas. Este es un ámbito en el cual varios países tendrán que comenzar por ajusfar los antiguos sistemas. Cualquier recomendación sobre políticas en este campo debería adaptarse a las necesidades de cada país.


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