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TEMARIO: 1. MAYORÍA DE EXTRANJEROS QUE SON EXPULSADOS ES POR HABER INGRESADO CLANDESTINAMENTE 2. EL INSTRUCTIVO DE BACHELET QUE BUSCA IGUALAR LOS DERECHOS DE CHILENOS E INMIGRANTES 3. DIPUTADO RN PIDE MANO DURA: “DEPORTARÍA A TODOS LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN CHILE” 4. DERRUMBAN LA TESIS DE PIÑERA: SÓLO EL 1% DE EXTRANJEROS HA SIDO DETENIDO POR COMETER DELITOS 5. HALLAN A UNA TREINTENA DE HAITIANOS TRABAJANDO EN CONDICIONES DEPLORABLES EN LONGAVÍ 6. LA DISCRIMINACIÓN A LOS INMIGRANTES QUE NO VAMOS A ACEPTAR 7. LOS RIESGOS DE NO PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY MIGRATORIA 8. LA BATALLA POR EL CERRO BLANCO 9. EL NUEVO PLAN DEL FBI PARA ESPIAR A LOS ESCOLARES DE EEUU


MAYORÍA DE EXTRANJEROS CLANDESTINAMENTE

QUE

SON

EXPULSADOS

ES

POR

HABER

INGRESADO

LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/11/29/A/fullpage#slider-4

"Sólo el 2,36 de los reos que cumplen condena son extranjeros. Todo el resto de la población penitenciaria es chilena". Rodrigo Sandoval Los dichos tanto del pre candidato presidencial Manuel José Ossandón, quien señaló que debe expulsarse a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito, y lo expresado por el ex presidente Sebastián Piñera respecto de que "muchas de las bandas de delincuentes en Chile son extranjeros", no sólo están siendo cuestionados por otros precandidatos como Ricardo Lagos y José Antonio Kast, sino también por expertos en migración. Uno de ellos es Rodrigo Sandoval, director Nacional del Departamento de Extranjería dependiente del Ministerio del Interior, quien rechazó que exista una relación directa entre extranjeros y delincuencia. "Las personas asocian la expulsión a la comisión de un delito. Pero la mayoría de extranjeros que son expulsados del país es por haber ingresado clandestinamente y no por cometer un delito. Sólo el 2,36 de los reos que están cumpliendo condena bajo la supervisión de Gendarmería son extranjeros. Todo el resto de la población penitenciaria es chilena", dijo Rodrigo Sandoval.


Rodrigo Sandoval

Las últimas cifras de Extranjería revelan que en 2015 se dictaron 2.680 órdenes de expulsión en contra de extranjeros. De ellas la mayor cantidad —836— corresponde a vía administrativa mientras que sólo 362 a la vía judicial (ver recuadro). De las expulsiones, sin embargo, sólo se concretaron 1.198. Esto, debido a que tras la dictación del decreto se evalúan distintos factores, entre ellos vínculos sociales, familiares y laborales. La principal causa de expulsión es la entrada clandestina al país (1.012). En el caso de comisión de delitos lidera el tráfico de drogas (708), porte ilegal de arma (13), y a continuación, robo y hurto (13), homicidio (8) y abuso sexual (6). En tanto, por origen la lista de expulsados del país es liderada por ciudadanos bolivianos y seguida por colombianos, peruanos, dominicanos, argentinos, paraguayos y ecuatorianos. Chilenos delinquen más El abogado de la Universidad de Talca y autor del estudio "Inmigración y delincuencia en Chile" Sebastián Salinero dijo que según datos oficiales en Chile hay 600 mil inmigrantes. De ellos, la mitad son indocumentados o sin papeles. "La experiencia ha demostrado lo falaz y discutible del argumento que la inmigración es sinónimo de delincuencia, y que más que los inmigrantes en Chile, los extranjeros no delinquen más que los nacionales, pudiéndose explicar su sobrerrepresentación en las estadísticas oficiales, por una eventual actividad selectiva de los agentes del sistema penal, que determinan que sólo una reducida parte del conjunto de sujetos que infringen la ley penal acaban conociendo la respuesta jurídica formal al delito". Salinero añadió que el estudio reveló que "en el 2011, la tasa de detención de chilenos fue de 3.114 y la de extranjeros de 2.330 por cada 100 mil habitantes. Mientras que de acuerdo a cifras de la PDI,


la tasa de detención de chilenos fue de 564 y la de extranjeros de 1090, también por cada 100 mil personas". Asimismo, en 2012 el total de controles de detenciones para extranjeros alcanzó al 74,6%, en circunstancias que la media país fue de 54,1%. "Este aumento se explica en que la PDI está facultada para ejercer controles de identificación y documentación a extranjeros en la calle y en los controles fronterizos, facultad que no puede ejercer sobre los ciudadanos chilenos". Y agregó: "La probabilidad de que un extranjero sea condenado a una pena privativa de libertad es mayor que la de un ciudadano chileno, ya que estas personas no disponen de redes de apoyo en Chile, y de cumplir una condena íntegra pues no tienen arraigo en el país". Para turistas, ilegales e inmigrantes Expulsión administrativa y judicial En Chile existen dos tipos de expulsión para extranjeros. Una es la administrativa, decretada por los Intendentes en contra de turistas y extranjeros que ingresan o permanecen ilegalmente a Chile, y la otra es la expulsión judicial, dictada por los tribunales en contra de inmigrantes que residen en el país y cometen un delito. "En el caso de la expulsión administrativa, si un extranjero comete un delito se dicta de inmediato su expulsión, pero la materialización de la medida queda condicionada al cumplimiento efectivo de la condena. Si se le expulsa enseguida, la persona tendría una menor responsabilidad ante un delito que un ciudadano chileno, ya que cualquier podría venir a Chile, asesinara a 10 personas e irse", dijo Rodrigo Sandoval. Otros factores a considerar señaló Sandoval son los vínculos familiares, materiales y sociales del condenado. "Si un extranjero se le condena por un delito y se decreta su expulsión, la persona puede pedir la reconsideración de la medida atendiendo a que por ejemplo es padre de tres hijos chilenos y casado con una chilena.

EL INSTRUCTIVO DE BACHELET QUE BUSCA IGUALAR LOS DERECHOS DE CHILENOS E INMIGRANTES EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/29/el-instructivo-de-bachelet-que-busca-igualar-losderechos-de-chilenos-e-inmigrantes/ Esta semana, Chile Vamos decidió iniciar una ofensiva que buscaba poner el tema de la inmigración en la agenda, lo que implicó duros comentarios por parte del senador Manuel José Ossandón y del ex presidente Sebastián Piñera, vinculando la delincuencia y la llegada de extranjeros al país, pese a que las cifras oficiales hablan que los delitos perpetrados por ciudadanos de otros países no supera el 1%. En esa línea, el bloque de derecha hizo propuestas para realizar una reforma migratoria que profundice los límites para que personas de otras nacionalidades puedan ingresar al país. De hecho, la actual Ley de Extranjería y Migraciones es bastante dura y data de 1975, instaurada por la dictadura militar, con un enfoque restrictivo y que bloqueaba el ingreso de partidarios de izquierda.


El Gobierno se había comprometido a enviar un proyecto que reformara esta parte, aunque hasta el momento no ha ocurrido. Sin embargo, en 2015, la Presidenta Michelle Bachelet envió un instructivo presidencial que establecía el propósito de “ir igualando progresivamente los derechos entre la población chilena y quienes han optado por hacer una nueva vida en Chile, en materias como acceso a salud, trabajo, vivienda, educación, cultura y justicia, bajo el principio de la no discriminación”. Según publica Tele13, el documento -distribuido a todo el gabinete- afirma que Chile es “un país de migración. En efecto, ésta ha sido y es un aporte fundamental para la definición de su cultura. Es también una fuente inagotable de oportunidades de desarrollo en los más diversos ámbitos de la vida del país”. El texto iba en la línea de la propuesta de un borrador de proyecto de ley que permitiera expresamente el derecho de los migrantes a salud, educación, seguridad social y derechos laborales, contrario a la dura norma actual donde se castiga con penas de cárcel el ingreso al país y, tras su cumplimiento, la expulsión de territorio nacional. Pese a ello, la normativa impulsada por la jefa de Estado no tiene calidad de ley, por lo tanto, tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que es una urgencia, en medio de los atisbos de campaña presidencial que ya comienzan a cubrir el debate. Así, Piñera fue uno de los más duros en la propuesta que hizo este martes. “Se tienen que cerrar totalmente las fronteras a males como el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado o la inmigración ilegal. De esa forma vamos a lograr que la inmigración sea un aporte para nuestro país y vamos a dejar fuera lo que no queremos que entre a nuestro país”, dijo.


DIPUTADO RN PIDE MANO DURA: “DEPORTARÍA A TODOS LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN CHILE” EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/29/diputado-rn-pide-mano-dura-deportaria-a-todoslos-inmigrantes-indocumentados-en-chile/ El diputado RN Gonzalo Fuenzalida defendió las propuestas contra los inmigrantes surgidas desde Chile Vamos, acusando que la entrada de extranjeros al país “se salió de las manos”. En entrevista con CNN Chile, el parlamentario pidió mano dura para los extranjeros, señalando que “la deportación debiese ocurrir en el momento de una detención para el caso de un extranjero. El extranjero tiene un estándar distinto al chileno, y el extranjero que es detenido, aun cuando no ha sido condenado, por vía administrativa tiene que ser deportado”. En cuanto al acceso a los servicios sociales que el Estado entrega a la población, Fuenzalida sostuvo que éstos deben ser vedados para los indocumentados, ya que “no pueden estar en Chile”, agregando que deportaría a todos los que estén en dicha situación. “En Chile no hay pleno empleo, el sistema de salud no funciona maravillosamente, el sistema social no es maravilloso y tenemos problemas con nuestros nacionales, imagínese con gente de afuera que no es documentada ni cumple los estándares que no viene a trabajar y empieza a ocupar el sistema público que ni siquiera da abasto para poder cubrir a los chilenos”, concluyó.

DERRUMBAN LA TESIS DE PIÑERA: SÓLO EL 1% DE EXTRANJEROS HA SIDO DETENIDO POR COMETER DELITOS CAMBIO 21 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161130/pags/20161130084601.html Así lo informa este miércoles La Tercera, que, citando cifras del segundo boletín estadístico de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, detalla que el año pasado 5.415 inmigrantes pasó por el sistema judicial chileno, lo que equivale al 1,1 por ciento del total. El Departamento de Extranjería informó hace un año a la Cámara de Diputados que en Chile había unos 477 mil inmigrantes residentes, lo que equivale al 2,7 por ciento de la población, consigna el matutino. El artículo anota además que los ilícitos denunciados en 2015 que involucran a extranjeros fueron 4.299, equivalentes al 0,3 por ciento del total, que el año pasado se expulsó del país a 1.341 personas y que el 2,4 por ciento de los presos no es chileno. "El porcentaje de participación de los extranjeros en los delitos es ínfimo", analizó Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Penal Pública.


La ofensiva lanzada en los últimos días por la derecha, incluido el ex Presidente Piñera, a fin de endurecer la ley migratoria ha puesto a este tema en el centro del debate público y ha hecho que la Nueva Mayoría acuse un ejercicio "estilo Trump". En esa línea el sacerdote Miguel Yaksic, director del Servicio Jesuita a Migrantes, llamó a las autoridades a que "no conviertan a los migrantes en el campo de batalla de sus aspiraciones políticas".

HALLAN A UNA TREINTENA DE HAITIANOS TRABAJANDO EN CONDICIONES DEPLORABLES EN LONGAVÍ EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/23/hallan-a-una-treintena-de-haitianostrabajando-en-condiciones-deplorables-en-longavi/

Una treintena de haitianos fueron hallados trabajando en condiciones deplorables en la comuna de Longaví. Los ciudadanos extranjeros que no tenían documentación legal, fueron encontrados gracias a un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Seremi del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Los migrantes no entendían sus contratos, dormían hacinados y tenían malas condiciones higiénicas, razón por la cual se suspendió la situación contractual con ellos. Producto de lo anterior, su empleador deberá comparecer ante la Dirección del Trabajo, informó Radio Cooperativa.


"El empleador quedó citado a la Dirección del Trabajo de Linares para que explique porqué tiene viviendo a estas personas en estas condiciones, porqué su dotación de personal supera el 15 por ciento de trabajadores extranjeros, contraviniendo los porcentajes máximos que estipula la ley y porqué la Dirección del Trabajo no tiene copia de los contratos también como exige la ley", sostuvo la seremi del Trabajo, Elia Piedras. Agregando que "este lugar de alojamiento es inaceptable, porque no cumple con las normas mínimas de seguridad, higiene, de salud". En tanto, el subcomisario Cristián Sandoval afirmó que "el dueño del packing declara que es el empleador, él manifiesta que desarrolló un contrato de trabajo, es más, él entrega de manera voluntaria el contrato de trabajo". "Sin embargo esto no ha llegado a buen puerto, toda vez que no han sido tramitadas en la Gobernación Provincial de Linares, sumado a las complicaciones de idioma, fueron desarrollados en español y estas personas no hablan nuestro idioma", indicó. La empresa se defendió señalando que las condiciones eran mejores que el lugar donde estaban antes y que los haitianos trabajarían unos pocos días.


LA DISCRIMINACIÓN A LOS INMIGRANTES QUE NO VAMOS A ACEPTAR EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/29/341644/la-discriminacion-a-los-inmigrantes-que-novamos-a-aceptar/

El bus llegaba a las ocho de la mañana a Ollague, el paso fronterizo por el que hay que pasar en el recorrido Uyuni-Calama. El frío me tenía con dos pares de calcetines gruesos en cada pie, pero ya estaba un poco más caluroso: la luz del sol brillaba en la plenitud de la pampa. Al lado de las casetas de aduana había una línea de tren. Parecía estar botada en el desierto. En la ventanilla de la Policía de Investigaciones (PDI) la fila era larga. Delante mío esperaban su turno una mujer, un niño y un hombre. Supe después que eran bolivianos, aunque no se esforzaban mucho por disimularlo. Y ahí, al parecer, había que disimularlo. – ¿Por cuánto tiempo vienen– le preguntó el detective al hombre. –Por tres semanas– contestó. – ¿Qué vienes a hacer? –Vengo a visitar a un familiar– volvió a responder, ahora con sus documentos de Bolivia en la mano. – ¿Cuánta plata traes?– insistió el detective.


–Diez mil pesos– dijo el hombre. Y no habló más.

Diez mil pesos de Bolivia –o bolivianos, como se le conoce comúnmente– equivalen a $979.100 pesos chilenos, muy lejos de los $10.000 en dinero chileno que dio a entender ese hombre ante la autoridad. Fue devuelto de inmediato. No me acuerdo qué le terminó por decir el PDI, pero fue algo como eso: no pasan. Cuatro días antes de este episodio había tenido el único intercambio verbal polémico con un boliviano. Los dos cruzábamos un río, montados en una barcaza. Yo iba a Copacabana. Me dijo lo típico: que el mar debía ser de Bolivia, y aunque yo le dije que sí, y le expliqué que el mar en Chile era de siete familias, su tono de voz me transmitió bronca. Pensé que no merecía ese trato. Me callé, y él hizo lo mismo. Sin embargo, cuando ya finalizaba el viaje, dijo que entendía mi posición. No nos dimos la mano. Fueron días muy tranquilos. En ningún momento, ni siquiera en los barrios tradicionales, recibí comentarios por ser chileno. Me llamó la atención la poca jerarquía que tenían los bolivianos en su tono de voz a la hora de explicar por qué Chile tenía que devolverles el mar. Tampoco usaban groserías. El censo nacional de 2012 informó que el 37% de la población boliviana se identificaba como indígena, mientras que el 59% se consideraba mestiza. Sin dudas este país tiene una data larga si se trata de respetar a estos pueblos. Evo Morales, de hecho, es aymara, cultura ancestral con una lengua utilizada en muchas regiones de Bolivia. Este mismo tipo de medición en Chile, durante 2002, arrojó que un 4,6% de la población declaraba pertenecer a una etnia. El resto, según la encuesta, declaraba no tener etnia. Por su parte, un informe de la Organización de las Naciones Unidas informó que en 2013 nuestro país había llegado a casi 400 mil inmigrantes. Dentro de Chile, según informó este mismo diario en un reportaje de abril, un 8,8% de la cantidad de inmigrantes en territorio nacional vienen de Bolivia, ubicándose en la tercera posición de un ranking que lidera Perú.


Lo que pasa con un pueblo que no se identifica más que con su selección de fútbol es que adopta costumbres de otras partes. Así llegó Mc´Donalds, por ejemplo, un restaurante de comida rápida que tuvo que salir de Bolivia porque no funcionó. Recién regresó en 2015, a 13 años de su quiebra. El problema con adoptar esas costumbres nos pueden llevar a ser un país que tiene una mirada determinada –difusa, siempre difusa– acerca del éxito, como si este fenómeno no tuviera matices. Es una invitación a mirar en menos nuestras propias raíces. Ahí se genera la discriminación, el racismo. “No debemos olvidar que el racismo no se produce sólo en contra de los inmigrantes caribeños, sino también en contra de otros inmigrantes latinoamericanos y más aún en contra de los pueblos originarios. Quizás uno de los problemas más graves del racismo es su naturalización, es decir el hecho de que pase desapercibido y devenga una relación social considerada normal”, decía Emili Tijoux y Cristián Cabello a The Clinic, ambos académicos de Sociología en la Universidad de Chile.

Hay fotógrafos que se dedican a retratar la belleza de los inmigrantes.

Sebastián Piñera salió a declarar acerca de los inmigrantes en nuestro país, un tema que está de moda. “Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros”, dijo. La declaración, a primera vista, puede decir algo cierto. El tema es que en esas palabras existe una necesidad planeada por identificar la nacionalidad del eventual ladrón, como si aquello resultara una condición elemental.


Fue por eso que algunos parlamentarios lo criticaron a través de Twitter. “Así con Sebastián Piñera intentando estigmatizar a migrantes al más puro estilo de Donald Trump… Qué vergüenza”, escribió el diputado Giorgio Jackson. “Qué irresponsable que un ex presidente se sume a estigmatizar la inmigración. Tenemos que decir con más fuerza: Bienvenidos inmigrantes”, escribió el diputado Gabriel Boric. El problema, como dicen estas autoridades, es que se genera una estigmatización por parte de la sociedad. Eso lleva a evocar la palabra ladrón apenas se oye la palabra inmigrante. Eso Piñera lo sabe muy bien, cosa que yo voy a tener en cuenta para una fecha importante. Una fecha como las elecciones presidenciales, desde luego.

LOS RIESGOS DE NO PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY MIGRATORIA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/11/30/los-riesgos-de-no-presentar-elproyecto-de-ley-migratoria/

Carolina Stefoni La información entregada por el director del DEM respecto de que probablemente no se ingresará el proyecto de una nueva Ley Migratoria, es una noticia preocupante por dos razones. La primera, y con la que todos los actores sociales están bastante de acuerdo, es que los actuales flujos migratorios son de una naturaleza que no tiene relación con lo que ocurría en los años setenta. La modernización del instrumento jurídico es urgente, tanto en su enfoque como en la institucionalidad que requiere. La segunda razón es que la no presentación del proyecto, abre espacios para que la discusión se tiña de nacionalismos exacerbados que creen ver en la migración el origen de todos los males sociales, como si la migración fuera la responsable del incremento en la delincuencia, el narcotráfico, la precarización del trabajo, la pérdida de la seguridad social, y hasta del quiebre familiar, como algunos pretendieron argumentar, a propósito del incremento de la migración colombiana. Es fundamental que el Estado marque ciertos lineamientos de la discusión, en particular respecto de los principios centrales que deben guiar la elaboración de la ley, de modo de evitar que la discusión tome cualquier rumbo. Lo grave de no presentar el proyecto, por lo tanto, es el vacío que comienza a ser apropiado por distintas voces que levantan iniciativas, muchas de las cuales se orientan al incremento en el control migratorio aduciendo la necesidad de que el país debe seleccionar a quienes ingresan y bajo qué condiciones lo hacen. Para ello las propuestas plantean entre otros temas, la eliminación del cambio de estatus migratorio una vez ingresado al territorio nacional; tramitar la visa desde el país de origen


(como si los consulados en países como Republica Dominicana o Haití contaran con los recursos suficientes para enfrentar la demanda que se generaría), y establecer una serie de condicionantes para el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes. La reciente propuesta de parlamentarios pertenecientes al conglomerado Chile Vamos, y secundado por el candidato presidencial Sebastián Piñera, es un claro ejemplo. Más allá del tono inicial, que muestra en sí mismo, las pasiones que puede despertar un tema como este, el argumento utilizado es la asociación entre migrantes y delincuencia, señalando que los migrantes son bienvenidos en la medida en que trabajen, pero aquellos que vengan a delinquir, no deben ingresar, o bien deben ser expulsados a la brevedad. Pues bien, de acuerdo con los datos de la Defensoría Penal Pública, los migrantes imputados representan sólo el 2% del total de imputados. No se trata de prohibir el ingreso de los migrantes, ni de expulsarlos, sino de construir una mano de obra suficientemente vulnerable y desprotegida para que trabaje en silencio, sin reclamos ni capacidad de organizarse, en sectores tan importantes como la industria agrícola, la construcción de pequeña escala, el servicio doméstico, los servicios de limpieza, la atención en restaurantes, el trabajo en fábricas textiles, entre muchos otros sectores donde las ganancias y crecimiento son a costa de miles de hombres y mujeres que han arriesgado todo por una esquiva oportunidad para vivir dignamente. Datos de Gendarmería por otra parte, señalan que la población extranjera recluida (en 2014) fue de 1824, de un total de 44.316, lo que representa cerca del 4%. Si la población total de migrantes a nivel nacional, no supera en ningún caso el 3%, entonces estas cifras indican que los extranjeros no participan más que los nacionales en hechos delictivos. La razón es sencilla: la migración es un proyecto de vida en el que se ha invertido demasiado como para arriesgar una sanción penal, años de cárcel o una deportación. ¿Es posible que los legisladores busquen entonces restringir el ingreso al país, utilizando un argumento que involucra a un porcentaje tan mínimo de la población migrante? La asociación con delincuencia no es nueva, como no lo es la idea de que vienen a quitar el trabajo, la vinculación con narcotráfico y hoy en día con el terrorismo, todos mitos que ha sido desechado una y otra vez por diversas investigaciones. Todos estos argumentos, han sido utilizados en distintos períodos históricos y lugares geográficos, para restringir el ingreso de personas que buscan legítimamente una oportunidad para desarrollar sus vidas y las de sus familias. Lo importante aquí es recordar que las mayores restricciones sólo terminan por incrementar la migración irregular. Esto significa que la migración irregular, que conlleva redes de tráfico y una altísima inseguridad para los migrantes, es una producción de las políticas implementadas en los distintos países. ¿Por qué entonces insistir en la necesidad de incrementar el control migratorio? Hay dos argumentos que intentan explicar la postura restrictiva. El primero refiere al carácter xenófobo imperante en las sociedades actuales, de la cual Chile no es la excepción. Esto favorecería la exclusión de algunos como mecanismo de reafirmación de una supuesta identidad nacional hegemónica. Situar la alteridad en el extranjero permite asegurar el blanqueamiento de un nosotros que se piensa a sí mismo como no indígena, no negro y no pobre. El segundo argumento apunta a la naturaleza del sistema económico global. La migración irregular en tanto construcción de la política, es necesaria para el funcionamiento de las economías locales


en la medida en que permite disponer de mano de obra dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo que ningún nacional aceptaría. No se trata de prohibir el ingreso de los migrantes, ni de expulsarlos, sino de construir una mano de obra suficientemente vulnerable y desprotegida para que trabaje en silencio, sin reclamos ni capacidad de organizarse, en sectores tan importantes como la industria agrícola, la construcción de pequeña escala, el servicio doméstico, los servicios de limpieza, la atención en restaurantes, el trabajo en fábricas textiles, entre muchos otros sectores donde las ganancias y crecimiento son a costa de miles de hombres y mujeres que han arriesgado todo por una esquiva oportunidad para vivir dignamente. Ambos argumentos están presente en las propuestas de Chile Vamos. Cualquier persona que cometa delitos, sea nacional o extranjero, deberá enfrentar en igualdad de derechos, lo que disponga la justicia, pero instalar la idea de que los migrantes son potenciales delincuentes es una irresponsabilidad política de proporciones. Esperemos que la campaña electoral se realice con la suficiente altura de miras en esta materia, pues está en juego la construcción de una sociedad multicultural, diversa, democrática e inclusiva.

LA BATALLA POR EL CERRO BLANCO THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/11/29/la-batalla-por-el-cerro-blanco/ El 21 de junio de este año, en la noche más fría y larga del año, el Cerro Blanco estuvo de fiesta. Las diez organizaciones indígenas que forman parte del Centro Ceremonial o Apu Wechuraba, celebraban el primer ritual del ciclo agrícola: La fiesta del Niño Sol o Inti Raymi. “Le pedimos al sol que vuelva y nunca más se vaya”, recuerda José Segovia, “Patara”, descendiente aymara y Guardián Mayor del cerro. Cada año más de 400 personas llegan a esta ceremonia, una de las más importantes de la cultura andina. En la vigilia se come, se baila y se canta. “Nos costó mucho que nuestros rituales indígenas autogestionados, se transformen en grandes fiestas populares, reivindicando el alma del Cerro”, agrega Patara. El año 2001 la Coordinadora Nacional Indianista, Conacin, firmó el primer contrato de comodato con el Serviu Metropolitano, luego de casi una década de intentos por recuperar el espacio como un centro ceremonial cuyo origen data de tiempos prehispánicos. Según la cosmovisión aymara, el Blanco, el Chena, el Renca y el Plomo, son cerros conectados. De ahí la importancia del Inti Raymi. “Hemos dedicado la vida para que nuestras raíces perseveren. Es el augurio, la esperanza de tiempos mejores”, asegura Patara (Nota Editor: a la derecha en la foto). Por primera vez en 16 años, sin embargo, la historia sería distinta a los anhelos. Una semana después de la fiesta, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos llegó al centro ceremonial con un augurio funesto: el Serviu le había revocado el comodato a Conacin por incumplimiento de contrato. La orden, emanada dos meses antes, ni siquiera había sido notificada a las comunidades que ocupaban el recinto. “¿Esperaban acaso desalojarnos sin previo aviso con Fuerzas Especiales?”, se pregunta Víctor “Lino” Venegas, representante de las comunidades indianistas de Conacin.


Desde ese día, el Cerro Blanco está en pie de guerra. El eventual desalojo amenaza con transformar la disputa en un potencial conflicto indígena en la región metropolitana. Las comunidades no están dispuestas a abandonar el territorio que recuperaron, sostuvieron y gestionaron por 16 años. Además, denuncian que el Estado no se hizo cargo del proyecto original y que hay millones de dólares en aportes internacionales que jamás se rindieron. “Hemos callado por demasiado tiempo, haciéndonos cargo nosotros de la corrupción de los políticos. Pero ya no más, nuestra rebeldía comenzó ese día”, agrega Víctor Venegas. Para Patara, Guardián Mayor del cerro, irse del lugar no es una alternativa. “Si corre sangre, van a haber culpables. Hay gente que está dispuesta a todo para defender nuestros espacios sagrados. Ellos harán lo que tengan que hacer y nosotros lo nuestro”. La resistencia, dice, recién comienza. LAS DUDAS Con el retorno de la democracia, Patara pensó que el Cerro Blanco al fin sería recuperado para las comunidades indígenas. En tiempos precolombinos, el cerro era un centro ceremonial del que todavía quedan vestigios como las piedras tacitas, utilizadas para ofrendar alimentos a la madre tierra. En el gobierno de Patricio Aylwin, el cerro fue declarado zona típica y patrimonio indígena. “El Cerro Blanco era llamado Wechuraba antiguamente por el cacique de la zona”, reconoce el documento de 1990. Pero no fue hasta 1993 que diversas agrupaciones indígenas comenzaron a reivindicar como suya la historia del cerro. Ese año Patara fue elegido presidente de Conacin, organización que defiende la identidad indígena y la reivindicación de los pueblos originarios, transformándose en


dirigente de la recién fundada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. La Ley indígena, promulgada el mismo año, les entregó el respaldo legal que necesitaban: “Los indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales (…) y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal”, señalaba en su artículo 19. Fue así como a finales de los 90, el proyecto “étnico-cultural de Cerro Blanco” ideado por Conacin, encontró respaldo en tres organismos estatales: el Parque Metropolitano, el Gobierno Regional y la Intendencia. “Fue planeado como un hito para las comunidades indígenas, no existía nada en Chile que se le comparara”, afirma el Guardián del cerro. El plano original incluía un Centro Aymara, una zona Mapuche, un altar Ceremonial de Pueblos Andinos, una zona tradicional Rapa Nui, una zona Williche, cancha de palín, y un Jardín Infantil Étnico. Este último, hasta el día de hoy, es la única iniciativa que se concretó. “El proyecto general jamás se llevó a cabo, a pesar de que estaban los planos y la plata”, aclara Patara. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Conacin consiguió el aporte de la ONG Fondo de las Américas. Así lo confirma una de las actas del Comité Técnico del Proyecto Parque Cerro Blanco, del 20 de octubre del 2000: “Conacin obtuvo M$ 9.000 del Fondo de las Américas, para la ejecución de uno de los sectores indígenas”. Tan importante e histórica fue la donación, que incluso El Mercurio hizo una nota al respecto, publicada el 11 de noviembre de ese mismo año. -Nunca supimos en qué se invirtió ese dinero, nadie nos pasó un peso. Nos dieron el terreno pelado en comodato el 2001, sin luz ni agua. Ignoraron nuestros reclamos, empezamos a autogestionarnos para poder sobrevivir- afirma Patara. En el año 2003 Conacin se consiguió otro fondo desde el extranjero. Esta vez fue una-subvención proveniente de la región francesa Ïlle-de-France. Según un documento firmado por Marcelo Trivelli -Intendente Metropolitano en diciembre del 2003-, se donaron 175.516 euros, equivalentes hoy a más de $127 millones de pesos. De esos dineros solo se justificaron $61.661.418. Del resto, solo se sabe que se dividieron en dos cuotas que fueron entregadas al “órgano ejecutor”. -El órgano ejecutor para gestionar esos fondos fue el Parque Metropolitano. Los 61 millones iniciales fueron para la construcción del actual Jardín Infantil, del resto no tengo más antecedentes. Pero ese dinero sí llegó- afirma Marcelo Trivelli. The Clinic intentó comunicarse con Teresa Rey, en ese entonces Directora del Parque Metropolitano de Santiago para consultarle sobre el destino de estos dineros, pero no obtuvimos respuesta. Del financiamiento perdido en la ejecución del proyecto, el Serviu tampoco tiene información a pesar de ser ellos quienes manejan el comodato. Alberto Pizarro, Director del organismo, afirma que “no se identificaron recursos de inversión en ese lugar y que eso quedó a cargo del comodatario, a través de sus propios fondos u otros financiamientos que pudieran gestionar”. Sin embargo, Eduardo Zenteno, Jefe de Gestión Inmobiliaria del Serviu va más allá: “Hay una investigación en Contraloría sobre los fondos del Cerro Blanco. Nos pidieron antecedentes, pero hay muy pocas personas de ese periodo. Esos recursos nunca pasaron por el Serviu”.


-Se tiran la pelota unos a otros, eso han hecho durante todos estos años. Esperamos esperanzados que la Contraloría investigue y si hay plata desaparecida, que caigan los que tengan que caer- añade Patara. LA DISCORDIA José Boh Serafini, psicoterapeuta de 62 años, interpuso una denuncia formal contra Conacin en el Serviu Metropolitano. “El Centro Cultural funciona como un subrefugio de una sola persona astuta y carismática que envuelve a incautos y utiliza todos los recursos disponibles para su provecho personal”, explicita en el documento presentado el 16 de marzo del 2015 al que accedió The Clinic por ley de Transparencia. En la denuncia se hace referencia a la existencia de “residentes en la aldea”, “venta de comida y bebestibles”, “arriendo casillas a feriantes”, “conexión ilícita a red eléctrica”, entre otras acusaciones. Aseveraciones que hacen referencia a la Feria Indígena que se realiza hace 22 años en Recoleta y que en los últimos 16 ha gestionado Conacin, contratando a bandas musicales y personal de aseo, arrendando equipos de amplificación y otros múltiples gastos de producción. Según el último comodato, firmado cuatro días antes de la denuncia de José Boh, hacer actividades de autogestión o “con fines de lucro” están explícitamente prohibidas. Lo paradójico es que, a su vez, se le exige al Centro Cultural “asumir todos los gastos de financiamiento y mantención del inmueble, además de pagar todos los consumos de suministros”. -Es una estupidez. El comodato prohíbe estas prácticas, pero nos hace responsables de todo. ¿Cómo hacerlo sin autogestión? Nadie saca un peso de esto. Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestra autodeterminación. Esto es una muestra más de la ceguera institucional respecto a los pueblos originarios- explica Víctor Lino. José Boh es un viejo conocido en el Cerro Blanco. Llegó al lugar a mediados del año 2009, asegurando que podía contribuir en mejorar el terreno. “Era muy entusiasta, aseguraba manejar novedosas tecnologías”, cuenta Flavio Ricci, vocero del Centro Cultural Indígena que desde el 2007 habita en el cerro. Luego de meses de trabajo, Boh expresó sus intenciones de vivir en el cerro. A falta de cuidadores y con tal de evitar nuevos robos, las comunidades aceptaron al psicoterapeuta. El problema tenía larga data. El año 2002, Patara escribió una carta a la Directora del Parque Metropolitano, Teresa Rey, denunciando que la cantidad de vigilantes era insuficiente. “Tomando en cuenta la gran superficie del parque y las condiciones actuales del contrato de mantención, ruego a usted hacerse cargo de la vigilancia de su sector”, respondió la funcionaria a la solicitud. El comodato incluía tres lotes que, en su conjunto, sumaban 2.840 m2. Las comunidades optaron por soluciones concretas y a su alcance: “resguardar solo era imposible. Nos dijeron que nos hiciéramos cargo y eso fue justamente lo que hicimos”, explica Patara. Así fue como Flavio Ricci (Conacin), Víctor Venegas (Agrupación Manka Saya) y Khano Llaitul (Comunidad Mapuche Lof Pillan Wingkull), construyeron en el comodato pequeños refugios, de adobe y totora, para trabajar con Patara a tiempo completo. A ellos se les sumó José Boh.


Con los años, la convivencia se deterioró. Según cuentan miembros del Centro Ceremonial, José Boh se denominó así mismo el verdadero Guardián del Cerro. “Decía ser una especie de Mesías. Intentó implantarnos filosofías ajenas al mundo indígena”, recuerda Flavio Ricci. -El conflicto no dio para más cuando supimos que tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Acá insultó a varias mujeres, incluyendo a la Machi- asegura Víctor “Lino” Venegas. A fines del 2014, las comunidades pidieron al psicoterapeuta que abandonara el cerro, pero éste se negó y empezó a enviarle mensajes amenazadores a Patara vía Whatsapp. El custodio del Centro Ceremonial decidió poner una denuncia por amenazas en la Fiscalía Centro Norte. El Serviu, pese a los antecedentes en contra de José Boh, se tomó bastante en serio la denuncia realizada por éste. En mayo del 2015, el Departamento de Gestión Inmobiliaria realizó una visita de inspección al parque Cerro Blanco, con el fin de generar un informe técnico. Las conclusiones reconocieron un “alto grado de incumplimiento” por parte de Conacin: “no cuentan con las instalaciones básicas, hay poco mantenimiento del lugar y hay viviendas instaladas en el terreno”, apunta el documento. Alberto Pizarro, Director del Serviu Metropolitano, afirma que la decisión de revocar el comodato fue independiente a la denuncia de José Boh: “No podían haber actividades lucrativas ni ocupación habitacional, las instalaciones estaban descuidadas y tenían incumplimientos previos. Acá no hay discriminación, solo un apego a lo que firmamos. La Contraloría se pronunció sobre este caso. Actuamos objetivamente”. Patara y las diez organizaciones que comparten el comodato sí sienten que el trato del Serviu es discriminatorio. “Vienen y nos basurean. Dicen que la ruca se cae a pedazos, que hay mal olor. Todo lo hemos hecho con esfuerzo y las miles de personas que vienen a nuestras actividades lo valoran. Antes de llegar nosotros el cerro era un peladero”. LA ZONA GRIS A Patara el Cerro Blanco le provoca sensaciones encontradas. Ha sido la bandera de lucha más importante de su vida, pero al mismo tiempo, una gran carga. “Cuando obtuvimos el comodato el 2001 por cinco años estábamos felices, pero luego nos golpeó la realidad. A las Iglesias le dan comodatos por 100 años, sin condiciones, y míranos a nosotros. Ojalá el Estado tratara a sus indígenas como a sus Iglesias”, reflexiona. Todos los contratos que el Serviu firmó con Conacin tienen una serie de restricciones. El último contrato firmado en marzo del 2015, sin embargo, supera a los anteriores porque responsabiliza a Conacin de todos los deberes, financiamiento, mantención y pagos del inmueble. Según los abogados del Centro Cultural, Nolgia Flores y Juan Enrique Prieto, “es un contrato de adhesión que no cumple los estándares internacionales del Convenio 169 y, por eso, perjudica la organización indígena”. -En los contratos del Serviu no se hace mención a la Ley Indígena ni tampoco al Convenio 169 de la OIT, que debe estar incluido en todos los contratos que se firman entre el Estado y comunidades indígenas desde que empezó a regir el 15 de septiembre del 2009-, precisa Nolgia Flores.


El convenio 169 establece, entre otros puntos, que los gobiernos deben proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su integridad. Además, deben reconocer su derecho a la propiedad y posesión de tierras que tradicionalmente ocupan, permitiéndoles controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. A pesar del difícil contexto, en el Cerro Blanco se realizan cada año una decena de actividades que promueven la identidad y desarrollo indígena. La temporada que inicia el Inti Raymi continúa con el día de los muertos, La Feria Indígena y el Carnaval o fiesta del Ño Carnavalón, que festeja el superávit de comida en época de cosecha. La celebración dura todo un fin de semana y asisten más de 5 mil personas. -Durante años hemos hecho estos eventos ante los ojos de toda la ciudad. Nunca nos han pasado un parte y jamás nos hemos escondido. ¡Hasta gente de la Municipalidad asiste!- cuenta Víctor Lino Venegas. Los abogados de Conacin aseguran que el valor de estas actividades debió estar considerado cuando se evaluó revocar el comodato. “Las actividades son, incluso, parte de programas indígenas del gobierno. No es racional dar un comodato a una comunidad indígena y luego quitarle todas las posibilidades de generar recursos. El Estado está haciendo un acto de discriminación e ignorancia fastuosa”, explica Juan Enrique Prieto. En los próximos días los abogados de Conacin presentarán un recurso de protección a favor del Centro Cultural, para evitar que el territorio sea intervenido por la fuerza pública. El Serviu, en tanto, asegura que “no tiene intención de desalojar”, ya que actualmente se encuentra en un proceso de traspaso del comodato a la Municipalidad de Recoleta. “Ser administrados por una Municipalidad es una tragedia para nosotros, nos quita aún más autonomía. Las administraciones cambian cada cuatro años, dependeríamos totalmente de sus fines políticos”, reclama Patara. Por el momento, la Municipalidad de Recoleta ha intentado mantenerse al margen del conflicto. Sin embargo, han sostenido un par de reuniones en el Cerro Blanco en las que aseguran que mantendrán ese espacio para comunidades indígenas. -Solicitamos el comodato para mantenerlo en las manos de los pueblos originarios, que no necesariamente dependerá de Conacin. Sin embargo, no podemos desconocer todo el trabajo que por más de una década han hecho en el lugar- explicó Giannina Repetti, administradora municipal de Recoleta. El miércoles 17 de noviembre se realizó una reunión entre Conacin, el Serviu, la Municipalidad de Recoleta y comunidades indígenas de la comuna interesadas en el territorio. Francisca Droguett, miembro de Conacin que asistió a la reunión como observadora, asegura que hubo momentos de tensión, ya que se pretendía que solo indígenas “con certificado” tuvieran voz en la mesa. “Se vienen tiempos difíciles, porque las instituciones insisten en que el espacio sea 100% abierto, sin permitir la autonomía y privacidad a sus pueblos originarios”. -Conacin es la responsable de todo lo que hoy existe en Cerro Blanco, no puede quedar subordinada por ser una organización indianista y no indígena. Cada día es más difícil lidiar con esta injusticia. Lo que se intenta es dividir y hacernos enfrentar entre nosotros- agrega Droguett.


Patara, el guardián del cerro, no está dispuesto a bajar los brazos. “Debemos resistir. Los políticos creen que es llegar y tirar indígenas a convivir en un espacio reducido. Acá tenemos gente que respeta su Newen, su Rehue (Altar mapuche) y su Kimün (conocimiento)”. La batalla por el Cerro Blanco recién comienza

EL NUEVO PLAN DEL FBI PARA ESPIAR A LOS ESCOLARES DE EEUU EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/29/341582/el-nuevo-plan-del-fbi-para-espiar-a-los-escolaresde-eeuu/


Bajo nuevas directrices emitidas en enero de 2016, el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) está instruyendo a las escuelas secundarias de todo el país para que le informen sobre los estudiantes que critican las políticas del gobierno y la “corrupción occidental” pues se trataría de potenciales futuros terroristas, informó Sarah Lazare, deAlterNet. Las nuevas directrices también advierten que los jóvenes pobres, inmigrantes o quienes hablan de viajes a países “sospechosos” son más propensos a cometer violencia. Como escribió Lazare, la directriz del FBI “Prevenir el extremismo violento en las escuelas” combina “las teorías de radicalización de la era McCarthy” –donde las autoridades monitoreaban pensamientos y comportamientos sospechosos de conducir a actos de violencia subversiva– con elementos de un programa británico de vigilancia “ampliamente impopular” y “profundamente controvertido”, conocido como Preventivo, que monitorea comunidades y particulares musulmanes. Las nuevas directrices dibujan a las escuelas de Estados Unidos como “semilleros de extremismo”, resumió Lazare. Afirmando que los jóvenes “poseen factores de riesgo inherentes”, las directrices del FBI describen a los estudiantes de la escuela secundaria como “objetivos ideales” para el reclutamiento de extremistas violentos. Los materiales educativos elaborados por el FBI para las escuelas indican que las actividades van desde el uso de “lenguaje inusual” o “aplicaciones de mensajería privados” y cifrado (“oscurecido”, en el lenguaje del FBI) e intervenir en juegos en línea fuera de la escuela podrían indicar que “alguien planea cometer actos de violencia”. Las directrices se basan en la teoría de la correa transportadora del extremismo, que sostiene que las ideas extremas conducen a la violencia, un modelo de búsqueda evocador de “la primera amenaza roja en Estados Unidos, así como de la represión de J. Edgar Hoover sobre los derechos civiles y contra los activistas anti-guerra”, escribió Lazare. Como le dijo a Lazare la abogada Hugh Handeyside, del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión de Libertades Civiles de América, al ampliar la definición del extremismo violento “el FBI está actuando policialmente sobre el pensamiento de los estudiantes y tratando de predecir el futuro sobre la base de esos pensamientos”. Las directrices “casi con toda seguridad están diseñadas” para apuntar a los estudiantes musulmanes-estadounidenses. “En su precaución por evitar aparecer discriminatoria la Oficina identifica factores de riesgo tan amplios y vagos que prácticamente podría considerarse peligrosa y digna de vigilancia a cualquier persona joven”, escribió Lazare. No obstante, las directrices revelan una agenda subyacente porque repiten el enfoque sobre poblaciones de “inmigrantes” y “de la diáspora”, así como sobre las diferencias culturales y religiosas. El FBI “invoca constantemente una amenaza islámica sin nombrarla”, aseguró Lazare. Entrevistado en AlterNet sobre la islamofobia, Arun Kundnani, autor de The Muslims are Coming!: Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror (Están llegando los musulmanes!: Islamofobia, extremismo y guerra doméstica contra el terrorismo), dijo: “En la práctica, las escuelas que tratan de aplicar este documento van a terminar monitoreando a los estudiantes musulmanes de manera desproporcionada”. Danielle Jefferis, del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU (American Civil Liberties Union), escribiendo para Just Security, un foro en línea con sede en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, informó que “la petición


del FBI para que las autoridades escolares espíen e informen sobre las ideas y creencias de los estudiantes trae los riesgos de sofocar la curiosidad y la libre expresión, además de corromper la confianza que debe existir entre profesores y estudiantes”. Aunque el FBI afirma que no quiere limitar la libertad de expresión de los estudiantes, las directrices alientan a los funcionarios de las escuelas a identificar a los estudiantes que “participen en comunicaciones que indiquen apoyo a ideologías extremas” o que sientan “curiosidad” por materias que pudieran considerarse extremas. Al llamar a las escuelas a crear equipos de evaluación de amenazas y para “mejorar la conciencia de dominio”, el FBI se involucra en lo que Jefferis caracteriza como “temor alarmista”, que “casi con toda seguridad aumentara la presión sobre los funcionarios de las escuelas para ir a la policía antes de buscar alternativas”. Esto enfrenta a los directores de escuela con el falso dilema de elegir entre mantener sus escuelas seguras o la defensa de los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión y a la igualdad de protección. Por su parte, Jefferis concluyó: “Nuestros niños son más seguros y nuestras comunidades son más fuertes cuando trabajamos para proteger –no erosionar– nuestros valores y libertades fundamentales”. El informe de Lazare en AlterNet fue republicado por Salon. PressTV, Free Thought Project, MintPress News e Intercept publicaron posteriormente historias sobre las directrices del FBI “Prevenir el extremismo violento en las escuelas”, pero los grandes medios de información corporativos de EEUU no parecen haber cubierto esta historia en detalle. Fuentes: Sarah Lazare, “The FBI Has a New Plan to Spy on High School Students across the Country” AlterNet, March 2, 2016, http://www.alternet.org/grayzone-project/fbi-has-new-plan-spy-high-schoolstudents-across-country. Danielle Jefferis, “The FBI Wants Schools to Spy on Their Students’ Thoughts,” Just Security, March 11, 2016, https://www.justsecurity.org/29901/fbi-schools-spy-students-thoughts/. Student Researcher: Brandy Miceli (San Francisco State University) Faculty Evaluator: Kenn Burrows (San Francisco State University) Proyecto Censurado / Traducción de Ernesto Carmona / Mapocho Press


Prensa 30 noviembre