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2. El requisito para comprobar la explotación y la trata de personas mayores de edad a través de los medios comisivos fue eliminado del tipo penal de trata de personas, y a pesar de que en las reglas comunes (art.40) se establece que el consentimiento de la víctima no es excluyente de responsabilidad penal, se mantuvo específicamente en los tipos penales explotación sexual (art. 13) y de mendicidad ajena (art. 24).

Es grave y no casual que respecto de la explotación sexual y sus diversas formas (pornografía, turismo sexual, corrupción de menores, etc.) se consoliden en esta nueva ley las mayores violaciones a los deberes de derechos humanos. Corresponden a un Estado profundamente discriminatorio contra las mujeres. No sólo se crea la excepción de las otras formas de explotación para que se considere que es posible el consentimiento de la persona mayor de edad a la explotación sexual, violentando con ello las normas de jus cogens, sino que también se consideren lícitos contratos de explotación sexual (arts. 19 y 20 de la Ley que violan claramente el artículo 5º de la Constitución mexicana). Aún más, en las reglas comunes, en las que se establecen las agravantes del delito –y por ello el aumento de sanción- por utilizar violencia, intimidación, engaño, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes en la explotación y en los procesos de trata de personas, éstas agravantes que lo serán para las formas de explotación, no serán aplicables en la explotación sexual (art.42 fcc II).

3. Como un aporte positivo de esta nueva ley, sí se ampliaron los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas. Se crean medidas específicas de atención y protección -en particular para las víctimas extranjeras-; fondos para la reparación del daño; se crea también un programa de resguardo de identidad y de testigos, sin embargo estos avances se ven limitados en la misma ley al no establecer criterios precisos de coordinación entre instancias y órdenes de gobierno para operar estos derechos.

Además se establecen algunas condiciones contrarias a la Constitución como, en el artículo 67, que en su fracción I establece que los procedimientos a los que tengan derecho las víctimas serán “poco costosos y accesibles” cuando el acceso a la justicia en México es gratuita.

Segundo informe del Observatorio  

El Segundo informe del Observatorio contra la Trata de personas DF

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