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PRENSA Y ESTADO Aníbal De Castro Es realmente sorprendente la poca importancia dada al Estado cuando se estudian y analizan los problemas dominicanos. Un estudio a fondo del Estado dejaría al descubierto el porqué de muchos de los males que nos aquejan. Pero lo sorprendente en estudio de la realidad dominicana es que esa laguna produzca no obstante la enorme y evidente importancia que tiene el Estado, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de la economía como de la relación de clases y grupos de intereses que se generan en la formación social dominicana a partir del mismo. Me refiero al Estado como lugar del ejercicio del poder político y económico y de cómo ese ejercicio se refleja en la organización de la sociedad dominicana. Mi ponencia en esta mañana no pretende, bajo ningún concepto, ingresar en un estudio a fondo del Estado dominicano y las circunstancias socio-políticas que genera. Más bien pretendo aportar unos cuantos elementos de juicio para la reflexión de los aquí presentes y luego extraer a la superficie unas cuantas observaciones sobre la relación prensa-Estado. HACIA UNA RADIOGRAFIA DEL ESTADO DOMINICANO Aunque pueden identificarse rasgos comunes en el Estado de los países sub-desarrollados, especialmente en los de América Latina, cada realidad social tiene sus propias particularidades, sus especificaciones, productos de la dinámica interna de esa sociedad. El Estado mismo como los apropiados del excedente económico producido por nuestra sociedad, han servido para pagar nóminas y gastos corrientes, en detrimento de la ampliación de nuestra base productiva y renovación y ampliación del stock de capitales. Es así como hemos dilapidado una porción abundante de la riqueza nacional. Es obvio que ese gran poderío económico convierte al Estado dominicano en una gran fuerza, pero al mismo tiempo es una de las consecuencias y causas de su incapacidad para sostenerse a sí mismo y convertirse en agente de desarrollo. El Estado dominicano –para usar la descripción de un intelectual paquistaní en su análisis del Estado post-colonial (Alavi, 1972) –está sobredimensionado. Esa hipertrofia se verifica tanto en lo que a las diferentes agencias del Estado se refiere, como en las actividades que éstas pretenden desarrollar y el personal que emplean. Esa hipertrofia o sobredimensionamiento del Estado dominicano se desdobla en ineficiencia e incoherencia y en gran dificultad para una acción estatal coordinada en organismos que deberían ser complementarios.


Las diferentes agencias del Estado se bloquean entre sí (caso de CDE-Indrhi y de Agricultura-Inespre), a veces por cuestiones personales que sólo importan a quienes están al frente de las mismas en su afán de ganar estatura política. La acción estatal no sigue una política definida y las contradicciones abundan. Las empresas públicas, por ejemplo, no sirven como agentes de una política de desarrollo ni contribuyen a la formación de capital que el Estado podría luego utilizar en función del interés general. Para subsanar la ineficiencia se crean nuevas agencias y comisiones que tampoco funcionan. Hemos visto cómo se forma una comisión para celebrar el 30 de Mayo, cuando hay una Secretaria de Interior y Policía a la que le competen tales responsabilidades. Observamos la creación de una comisión de reforma carcelaria habiendo una Procuraduría General de la República en cuyo ámbito de obligaciones recaen los trabajos de esa comisión. Se crea un nuevo departamento en la Secretaria de Educación para las campañas de alfabetización, existiendo ya una dependencia para la formación de adultos. Esa duplicación de funciones y actividades resulta en irracionalidad y dispendio de recursos, y explica, me parece, el porqué del escaso rendimiento de las captaciones financieras que en proporciones cada vez más crecientes realiza el Estado dominicano. Otro resultado de la hipertrofia o sobredimensionamiento del Estado es la centralización, aunque parezca paradójico. Como las tantas instancias no funcionan, entonces se apela a la concentración de funciones en una sola mano, como si eso bastara para echar a andar una maquinaria montada ad-hoc. De aquí la nueva modalidad puesta en boga en este gobierno de la presencia del Presidente en varios consejos de administración y la atención directa que dispensa a asuntos que deberían descansar en manos de sus colaboradores. “Pero tampoco así se soluciona el problema; mientras los niveles inferiores quedan anquilosados en su capacidad resolutiva, las instancias máximas se estrangulan en su propia omnipotencia. Todos los asuntos del Estado dependen de la capacidad de trabajo de pocas personas. Resulta imprescindible ahorrar su tiempo asegurando una óptima preparación de los asuntos que llegan a su decisión; surgen nuevos consejos consultivos y organismos de planificación, que no tardan en independizarse y enredarse a su vez en las contradicciones de la sociedad circundante. Así, la hipertrofia y la centralización se impulsan mutuamente” (Tilman 1979, p. 170). La concentración de poder, la hipertrofia, la centralización y el efecto de bola de nieve cuesta abajo en que derivan, es lo que confiere al Estado dominicano la condición de “Estado de Intervención Permanente”. No se concibe la iniciativa privada sin el apoyo del Estado y no hay problema que pueda ser resuelto sin el auxilio público. Se ha creado así un culto estatista, del que no escapan ni siquiera las clases propietarias. Ese culto estatista es alentado por los burócratas que medran a la sombra del Estado, con acceso a los favores y ventajas que éste posibilita.


La concentración de poder económico y político en manos del Estado dominicano en desmedro de la sociedad civil y, por ende, del empresariado nacional provoca serias distorsiones en el funcionamiento de nuestro sistema de libre concurrencia. Dado el desarrollo desigual entre el Estado y la sociedad civil, se produce un desplazamiento de la competencia económica hacia la competencia política en las instancias del Estado. (Tilman, id.). Hemos visto cómo se busca el favor o ventajas directas del Estado y así obviar la concurrencia que debería caracterizar una economía de mercado, como teóricamente es la nuestra. Es lo que se conoce como la “privatización del Estado”, fenómeno que también tiene otra variante. Esa privatización del Estado, que Weber denomina como el Estado patrimonialista, opera también a nivel de conducción del Poder Ejecutivo. Insisto nuevamente en la dicotomía entre un Estado intervencionista, un fenómeno más o menos nuevo y que se compadece con determinado desarrollo de las fuerzas productivas, y la realidad del Estado dominicano, que dista mucho de ser moderno. En un régimen de Estado patrimonialista o de privatización del Estado “…el cuerpo de los funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la vida pública” (Paz, 1981, p. 90). Es aquí, precisamente, en la privatización del Estado, donde hay que buscar la raíz de la corrupción administrativa y del tráfico de influencias. La búsqueda de soluciones por otro lado no es más que un autoengaño o un simple ejercicio para la opinión pública, sin otro resultado que no sea esconder la realidad del primitivismo en el uso del poder estatal. PRENSA Y ESTADO Esta radiografía que, a grandes trazos, he pretendido hacer del Estado dominicano en sus varias dimensiones, nos permite extraer, con mayor propiedad, algunas observaciones sobre la prensa vis-a-vis el Estado. Algunas de estas consideraciones, como resulta evidente, también son válidas para empresas que operan en otras esferas de la actividad económica. Podríamos mirar la prensa de dos maneras: como institución y como ejercicio. Si la consideramos una institución, tendríamos que hacer una profunda distinción entre los medios de comunicación y una empresa cualquiera. Los mass media, ciertamente, son una empresa, pero con características y finalidades tan particulares y de tanta trascendencia como para permitir calificarlos de institución. Lo que quiero decir, al usar el término institución, es que la prensa se presenta como uno de los fundamentos sobre los que se asienta nuestra sociedad, interviniendo de manera destacada en la difusión de los valores, normas y contribuyendo de modo significativo a la socialización.


A la prensa, en sentido general, bien podrían atribuírseles, adicionalmente características que Emile Durkheim consideraba propias de la educación, en términos de la transmisión de valores fundamentales, que él llama en su libro Education et Sociologíe, principios esenciales, como son el respeto por la razón, la ciencia y las ideas, y sentimientos que están en la raíz de la moralidad democrática. Esos valores fundamentales –la libertad, la noción de orden, apego a las leyes, respeto al derecho ajeno, el principio del diálogo-- son los que dan base a la cohesión social, ese vínculo que nos permite a todos coexistir, generar (usando de nuevo los términos de Durkheim) la conciencia colectiva. En tal sentido, la prensa como institución contribuye a disipar las tendencias sociales centrífugas que de otra manera tomarían cuerpo. Como tal la prensa y el Estado se complementan, en cuanto ambos son expresiones directas de determinado sistema social; en nuestro caso, uno organizado de acuerdo a los cánones del capitalismo. Pero no se cometa el grosero error del análisis marxista de asimilar la prensa a los aparatos del Estado o situarla como un mero reflejo de la infraestructura, con funciones simplemente ideológicas. También es un error típico del reduccionismo materialista identificar la función de la prensa como una mera legitimación del estatus quo. En realidad, no es tan simple. La institución prensa contraviene directamente las tendencias totalitarias que tienen que existir en un Estado todopoderoso y por cuyo favor claman hasta los sectores de las clases propietarias. Abre un espacio político importante para la libre difusión de las ideas. Quienes menosprecian a la prensa al identificarlas como parte de las libertades formales de la democracia burguesa, han debido pagar su error. Es lo que ha ocurrido en los estados burocráticos militaristas de América del Sur y también en los regímenes socialistas, pero que en realidad responden más bien a un capitalismo de Estado. La prensa, en opinión, tiene que ser necesariamente un factor de compensación frente a la omnipotencia del Estado, actuando de manera crítica y a la defensa de la sociedad civil. La crítica (parafraseo a un intelectual latinoamericano) es el único antídoto contra las ortodoxias ideológicas. Vista esa actitud crítica de control y balance que creo la prensa debe mantener frente al Estado, estoy fundamentalmente en desacuerdo con cualquier tipo de intromisión de éste en la prensa como institución o ejercicio. Tampoco favorezco ningún tipo de consideración especial que acuerde el Estado, a no ser aquéllas que son comunes a todas las empresas o parte de ellas y que se engloban dentro de las funciones básicas estatales, como es proveer la infraestructura física que posibilite la actividad económica y las facilidades generales concedidas al sector privado.


Abogar por un tratamiento especial del Estado, es un error que tarde o temprano acarrea pérdida de independencia. Esa es la única manera (rechazar la intromisión del Estado) de mantener la independencia que debería ser consubstancial para la prensa como institución. De igual manera, considero como de máxima importancia que la prensa se sustraiga a la competencia política que, en sustitución de la económica, algunos grupos económicos trasladan al seno del Estado. Los mass media, aunque sean empresas comerciales, no observan el mismo comportamiento, ni es, en todos los casos, el afán de lucro la principal finalidad. Yo diría que quien quisiera hacer dinero en esta sociedad, cometería un grave error si invirtiera en periódicos, por ejemplo, que es el área que mejor conozco. Ya en lo que se refiere a la prensa como ejercicio, hay que señalar que la autonomía de los periodistas es mayor de lo que comúnmente se cree. Los periodistas, en sentido general, se manejan con gran independencia frente a las estructuras administrativas de los periódicos y no responden, necesariamente, a intereses creados de los propietarios, como se dice. Creo perfectamente posible para la prensa como ejercicio el cumplimiento de las observaciones que hace Juan Pablo II en su mensaje para la XVLL Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada el domingo 15 de mayo: “Es también necesario que los operadores de la comunicación trasciendan los dictados de una ética concebida en clave meramente individualista y, sobre todo, que no se dejen poner al servicio de los grupos de poder, visibles u ocultos. En cambio han de tener presente que, más allá y por encima de las responsabilidades contractuales en relación con los órganos de información y de las relaciones legales, tienen también unos deberes precisos hacia la verdad, hacia el público y hacia el bien común de la sociedad”. Ahora bien, la prensa como ejercicio y como institución siempre confrontará problemas en su relación adversa con el Estado. Dada la privatización del Estado dominicano, lo que supone una disminución de la institucionalidad, las relaciones prensa-Estado también se privatizan y caen en el plano de lo personal. Así la relación escapa al plano institucional para caer en el plano personal. Eso explica el porqué la crítica, que ha he definido como carácter indispensable de la prensa, es concebida en términos personales, al funcionario y no a la agencia del Estado que representa o a la posición que ocupa. Esto tal vez arroja luces sobre la hipersensibilidad a la crítica de las presentes autoridades. Esa privatización de la relación prensa- Estado desemboca en corrupción y en la abdicación de responsabilidades periodísticas. Otra forma de privatizar la relación prensa-Estado ha sido mediante la captación de periodistas para la burocracia estatal, lo que plantea serios conflictos de intereses cuando éstos continúan ejerciendo en los medios de comunicación. Es una duplicidad de funciones a la que no hemos prestado suficiente atención y que resta institucionalidad a la prensa,


aunque sirva a la legitimación inmediata de la actividad estatal ejercida desde una de las agencias, ya sea el poder Ejecutivo o cualquiera de las instituciones descentralizadas. En este período de gobierno, la relación prensa-Estado ha estado, además, condicionada por el uso político de la publicidad estatal, que también puede verse dentro de la privatización del Estado dominicano. Con la discriminación en las asignaciones publicitarias, facilitadas por la concentración de la colocación en una sola dependencia del Estado, se ha pretendido quebrar esa independencia que la prensa, como institución, debe mantener. Esa discriminación es también una forma de corrupción política muy peligrosa, por cuanto atenta contra el pluralismo y criticidad de la prensa y su función como mecanismo de control del Estado. La conformación de una información y opinión homogénea sobre el Estado, inducida vía el uso político de la publicidad, adquiere fisonomía de represión, sólo diferente en su forma a otros tipos ya experimentados en el país. Ese uso político de la publicidad del Estado no ha recibido la suficiente atención y tiene una explicación parcial: la tentación para algunos medios de comunicación de reemplazar la competencia económica a que están obligados como empresas por la competencia política en el seno del Estado a fin de captar una mayor tajada de la publicidad. La prensa, como institución, sólo es fuerte en la medida en que es independiente y pluralista. Es algo que no podemos pasar por alto.


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