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Ética
La ley FCPA está dirigida a los emisores de valores, las empresas nacionales estadounidenses y otras personas que no sean emisores y empresas de ese país. En términos generales, las empresas que infrinjan las disposiciones de la FCPA podrán ser multadas con un máximo de 2 millones de dólares. En Colombia existe el Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que contempla: • Protocolo de flujo de información en propiedad de las entidades competentes, que garantiza la oportunidad, eficiencia, veracidad y constante actualización del sistema. • Estructuración de un tablero de control anticorrupción que contempla la identificación y medición de indicadores que fortalezcan la toma de decisiones y el segui-
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miento de la Comisión Nacional de Moralización bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia. • Incorporación de diferentes fuentes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que permiten enriquecer la comprensión del fenómeno de la corrupción mediante la incorporación de herramientas de análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo que usen técnicas de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas anticorrupción. • Espacio de interacción con el ciudadano, orientado a aumentar la transparencia, el acceso a la información; la presentación completa y veraz a la ciudadanía de
indicadores de transparencia y anticorrupción. En Chile, la Ley de Transparencia de 2009 ordenó la divulgación de información pública relacionada con todas las áreas del gobierno y creó un Consejo de Transparencia autónomo a cargo de supervisar su aplicación. Se extiende a los miembros de las familias de los funcionarios; en particular, se les obliga a la divulgación de activos. Los partidos políticos están sujetos a leyes que limitan el financiamiento de campañas y requieren transparencia en su dirigencia y en las contribuciones a las organizaciones y las campañas. La persecución de los delitos de corrupción se rige principalmente por el Código Penal. Incrementa las penas corporales, restrictivas y pecuniarias para los delitos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como la malversación de fondos públicos, el cohecho y los fraudes.
Lo que queda por hacer La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU contempla en su objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. Entre sus metas se encuentra explícitamente la reducción de la corrupción y el soborno (véase figura 2), y a ello deben apuntar los esfuerzos del sector construcción
Número 648 Enero 2022
