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EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS INTENTA NEGAR AUN MAS DERECHOS, LIBERTADES Y PRIVILEGIOS CONSTITUCIONALES.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamerica.

No es ningún secreto que el presidente [Barack] Obama y su Partido Democrata quieren restringir el derecho garantizado en la Segunda Enmienda de poseer y portar armas. Ademas, las protecciones de libertad religiosa de la Primera Enmienda han sido desafiados por Obamacare, [el programa del presidente Obama para la reforma de la salud]. Y que hay de la libertad de expresión? Es justamente bueno mientras se alinea con la agenda social en torno a los matrimonios del mismo sexo. Ahora, existe un caso que desafia los derechos de propiedad y protecciones de procesos debidos de la Quinta Enmienda junto con el aseguramiento de consejería [abogado] para aquellos acusados de crimen según la Sexta Enmienda. La Corte Suprema de los Estados Unidos ahora esta formulando la siguiente pregunta: Tiene el gobierno el derecho de acusar a usted con un delito y luego decomisar sus cuentas bancarias, libros de contabilidad, ahorros y otros bienes y patrimonios para que no pueda contratar a un abogado para defenderse? El Instituto Rutherford de Derecho y Abogacia Constitucional, con sede en Washington, ha expedido un informe “amigo de la corte” argumentando que los fundadores de la Nacion Estadounidense [ de la segunda mitad del siglo XVIII], quienes escribieron las Quinta y Sexta Enmiendas, se aterrorizarían por la idea.


“Es peligroso tener la razón, [como ciudadano coherente], cuando el gobierno se equivoca”, explica el Nuevo Caso Norteamericano para Libertad Personal, escrito por el juez Andrew Napolitano. Si el gobierno, de manera arbitraria, puede congelar, decomisar o reclamar su propiedad ( ya sea dinero, terreno o posesiones ) bajo esquemas gubernamentales de confiscación de bienes y patrimonios, no tiene derechos verdaderos, dijo el abogado constitucional John W. Whitehead, presidente del instituto Rutherford. Las protecciones de su propiedad del abuso por parte del gobierno era justamente tan vital para los fundadores, como la preservación de sus vidas y libertades, de ahí, la Quinta Enmienda. El Dr. Whitehead dice que lo que hace el caso actual tan critico es que si al gobierno le permite congelar o confiscar los patrimonios legitimos de una persona, el gobierno esencialmente puede calificarlos de invalidos e incapaz de contratar a un abogado de su elección, con el fin de preservar su vida y libertad, lo cual cataloga a la Sexta Enmienda de totalmente inútil. El gobierno rutinariamente confisca los procedimientos de cualquier actividad ilegal comprobada, tales como dineros de narcotráfico. Pero el nuevo caso desafia la decisión del gobierno de quitar los fondos que no se presumen ser parte de alguna actividad criminal. No como multa, solo confiscación. Un segundo informe “amigo de la corte”, expedido por Michael Conelly, de la Fundacion de Justicia Estadounidense y William J. Olson, Herbert W. Titus y otros de la firma William J. Olson, P. C., destaca la disputa. “En violación de la Quinta Enmienda, la corte distrital, de manera inapropiada, decomisaba los patrimonios de la solicitante sobre los cuales el gobierno no tiene interés de propiedad corriente valida, negándole el derecho a retener consejería de su elección para pelear por sus derechos en violación de la Sexta Enmienda.


El expediente continua: “A medida que el Congreso y las cortes hayan cooperado en la expansión de poderes de confiscación federal de patrimonios y bienes, a los fiscales federales se le han entregado herramientas que nadie en el gobierno debiera tener – poderes los cuales ponen al pueblo norteamericano en temor no por el castigo por el delito, sino en temor del ejercicio de poder arbitrario por parte de su propio gobierno. El caso surgio durante un caso de fraude de Medicare sospechado en el cual el gobierno congelo US$ 45 millones en patrimonio pertenecientes a la señora Sila Luis, quien administra un negocio de atención medica en el estado de la Florida. Ella fue inculpada hace tres anos por supuestos esquemas de pagar sobornos ilegales para transferencias de pacientes y de facturar al Medicare por servicios innecesarios. El gobierno declaro que los negocios recibieron cerca de US$ 45 millones en reembolsos de Medicare y buscaron recuperar la cantidad total en la prosecución criminal. Pero el Instituto Rutherford dijo que las empresas también ganaron por lo menos US$ 15 millones en fondos legitimos de fuentes fuera del Medicare – y el gobierno movilizo a quitar aquellos fondos por igual. Los abogados de la señora Luis objetaron, diciendo que la decisión del gobierno de privarla de sus propios dineros también violo la Sexta Enmienda. Su derecho al debido proceso, afirman, seria violado por tal movimiento. El caso esta pendiente ante la Corte Suprema. El Instituto Rutherford argumento en su informe que la Sexta Enmienda de la Constitucion provee al acusado el derecho de obtener la asistencia de consejería para su defensa. “Cuando el Congreso ratifico la Sexta Enmienda, entendieron el derecho constitucional a la consejería como el derecho a la misma que el acusado puede tener la oportunidad de retener. Esto era evidencia porque el derecho


a un abogado señalado no ha sido reconocido como fundamental en todos los casos criminales”, explica el informe. El reporte dice que la confiscación en cuestión aquí es fundamentalmente incompatible con el entendimiento por parte de los fundadores de la Republica [estadounidense], que los acusados criminales tenían el derecho de elegir cualquier abogado según su solvencia económica. Mediante el privar a la solicitante de sus fondos legitimos y pulcros [es decir, de procedencia no criminal], la confiscación evita que ella se asegure un abogado de su elección, haciéndole imposible pagar a aquel. La Sexta Enmienda siempre ha cubierto el derecho central de asegurar el abogado de elección de uno a sus propias expensas, dice el informe. “De hecho, era el único entendimiento al momento que fue ratificado. La idea de que el gobierno podría atropellar este derecho fundamental con una herramienta que fue despreciada por los fundadores es inconcebible”, dice el Instituto Rutherford. Hace un ano, la Corte Suprema afirmo que los acusados no tienen derecho a una audiencia donde pueden solicitar el permiso de utilizar el dinero que el gobierno presume es corrupto. En este caso, el gobierno dijo que estaba dirigiéndose hacia los fondos incoherentes porque el acusado ya había invertido las ganancias adquiridas ilícitamente en artículos de lujo y viajes. El Centro Rutherford argumento que si el caso no es revertido, el requerimiento de la Sexta Enmienda para el debido proceso, específicamente el derecho a un abogado, podrá estallar. El gobierno solicita a este tribunal a aprobar una practica abusiva que los fundadores explícitamente rechazaron y la cual contradice su entendimiento de los decomisos limitados que el gobierno podría emprender previo a un hallazgo de culpabilidad, afirma el informe. En hacer esto, la confiscación inapropiadamente socava el derecho de la solicitante, según la Sexta Enmienda, al abogado de su elección.


El expediente realizado por la Fundacion Estadounidense para la Justicia y la firma Olson afirma que los reclamos del gobierno están basados “exclusivamente en hipótesis y un hallazgo de mera causa probable”. “El no demostrar ninguna aversión para declarar las interpretaciones estatutarias altamente agresivas al igual que las posiciones que debilitan los derechos del solicitante protegidos por la Constitucion en cada turno, el gobierno busca toda ventaja posible sobre el solicitante”, cita el expediente. El gobierno afirma que su único objetivo es proteger los intereses financieros del mismo gobierno, pero aquellos intereses estaban en los mejores intereses especulativos a futuro. El único efecto cierto de la estrategia del gobierno es facilitar la indagación mediante la obstaculización a la solicitante en su capacidad de defenderse a si misma de cargos criminales federales. Tal estrategia, dice el informe, “deberían hacer temblar las espaldas a los jueces en este tribunal, a quienes se les asigna la tarea de proteger los derechos de las personas contra esta búsqueda titular de poderes, tipificando aquellos de un estado policial totalitario. Las injusticias y desigualdades son obvias. “Bajo la teoría del gobierno, la prosecución continuaría siendo libre de emplear todos los recursos que necesita para construir un caso contra el solicitante, mientras a este se le negaría el uso de su dinero para su defensa. Si a la prosecución, con el apoyo del tribunal, se le permite ejercer el tipo de amplia autoridad de retener los bienes y patrimonios de un acusado criminal, [la ley] presentara una invitación abierta a un gobierno federal aun mucho mas poderoso de privar a los acusados, en casos criminales, del abogado de su elección, en violación de la Sexta Enmienda”.

Titulo Original: “UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT TRYING TO DENY EVEN MORE CONSTITUTIONAL RIGHTS”. Fuente: WND.COM


Reportero: Robert Unruh Fecha: 29 de Agosto, 2015 Traductor: Harold Arroyo, Jr.

La corte suprema de los estados unidos de norteamerica represion de derechos y libertades constituci  
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