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indígena UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMÍA Bogotá O Julio de 2007 No. 123

NIC NIC, 25 años...

EDITORIAL ONIC, 25 años. Un legado vivo de la resistencia indíegena en Colombia ...... Movilización ...................................................

ISSN: 0121-2354

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ueblos Indígenas

T E R RITORIO Territorios indígenas frente al Estatuto militarizado ................................................... Los pueblos indígenas no tienen fronteras ..

tuto RRural ural y la Ley de Esta Estatuto

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Por iniciativa del gobierno, el Congreso Colombiano aprobó la Ley Estatuto de Desarrollo Rural, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno de Colombia no consultó previamente a los pueblos indígenas sobre este proyecto que afecta directamente los territorios y derechos de los pueblos indígenas. Las opiniones generadas a raíz de los puntos esenciales, lo podemos resumir así: ) Pasa a la página 10

DE RECHOS HUMANOS La guerra está en todas partes: A pupitrazos acaban con nuestros derechos ....................... Paramilitarismo. Confesiones e impunidad . CRIOMC, 25 años de lucha de la mano con la ONIC .................................................... Siglo XXI. “Desarrollo” vs. PPueblos ueblos Indígenas en vía de extinción ......................................... Sembrando y regando a SICO .......................

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Leonor “Leo” Zalabata TTorres orres

Abad Abadiio Green Stócel

Pueblos indígenas y la Ley de Estatuto RRural ural 10

Símbolo de rresistencia esistencia en la complemen tariedad complement

Manipiniktikinya

eonor “Leo” Zalabata Torres, indígena del pueblo Arhuaco, fue la ganadora del Premio Anna Lindh, en la categoría al reconocimiento y protección para una mujer líder indígena, por ello la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se congratula con tan merecido galardón “porque ella encarna el sentir de la mujer indígena Colombiana y Americana, es símbolo del complemento de la resistencia; la Madre Naturaleza y la lucha son MUJERES, y ella las representa dignamente”.

anipiniktikinya es hijo de Kunadules. Pero esa es la mitad de la realidad. También es nieto de Miskitos. Tiene apellido inglés. Nació en Panamá, pero vive en Colombia. Cuando los pueblos indígenas de Colombia lo eligieron presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Abadio Green Stócel les dijo a todos que en adelante él sería Embera, Guanano, Pijao, Nasa, Ijkun, Wayúu, Guambiano... que él sería de todos los pueblos. La vida de Abadio ha sido ir hasta los demás y verlos desde adentro. Por eso es un Kunadule auténtico. Porque ha ido a los otros para comprenderlos y ser como ellos.

T E R RITORIO DE RECHOS HUMANOS Tejiendo solidaridad ...................................... 12 ¿Dónde anda la RReparación? eparación? ......................... 13 Indígenas del Bajo Atrato: entre la incertidumbre y la impunidad ........ 14 CONIP, escenario para resistencia y búsqueda de paz para los pueblos indígenas en Colombia. 14

EDUCACIÓN Manipiniktikinya ............................................ 15 Manipiniktikinya............................................ EFIN: Experiencia que busca el fortalecimiento organizativo .................... 15

MUJERES Leonor Zalabata, símbolo de resistencia en la complementariedad ............................. 16 Mujres indígenas en aporte a la resistencia resistencia.. 16

SALUD El ocaso de las culturas del Amazonas ......... 17

ac tualid ad actualid tualidad La coca y el nuevo Apartheid ........................ 18 Un encuentro, muchos caminos... ................. 19 Manipiniktikinya, hijo de KKunadules unadules ............ 20

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editorial

NIC NIC, 25

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC COMITÉ EJECUTIVO

Un legado vivo de la rresistencia esistencia ind in

Presidente Luis Evelis Andrade Casama Secretario General Lisardo Domicó Yagarí Administración y Proyectos María Ximena Figueroa Educación Rafael Epiayú Solano Territorio Darío Mejía Coordinación Mujeres Helena Cupitra Coordinación Comunicaciones Silsa Arias Martínez Coordinación Salud Héctor Fabio Gañán Coordinación Jurídica Luis Fernando Arias Coordinación DDHH Alirio Chingal Chapuescal Fotografía ComunicaONIC Alcibiades Calambas, Matilde Martínez, Ricardo Torres, Milton Piranga Edición y Dirección Luis Evelis Andrade Casama Silsa Matilde Arias Martínez Corrector de textos: Richard Leguízamo Peñate Diagramación Clara Inés Garzón Chicuasuque Impresión Ediciones Ántropos Ltda. PBX: 433 7701

Calle 13 No. 4.38 Tels.: 284 2168 - 281 1845 O Fax: 284 3465 E-mail: onic@onic.org.co comunicaciones@onic.org.co web: www.onic.org.co Bogotá, D.C., Colombia El Proyecto UNIDAD INDIGENA es financiado por la Organización Canadiense DESARROLLO Y PAZ

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a historia de la relación de los Pueblos Indígenas con occidente ha sido de conquista, exterminio, genocidio y resistencia. Durante la conquista los Españoles, guerreros y sacerdotes, procedían a instar a nuestros pueblos a la rendición y la sumisión al Rey de España y al Papa de Roma, antes de emprender las batallas para aniquilar nuestra gente y apoderarse de nuestras riquezas, como si nuestros territorios estuvieran despoblados, y como si no tuviéramos entendimiento y conocimiento. Durante la época colonial, nuestros Pueblos y Caciques reclamaron el reconocimiento de derechos y resistieron como fue el caso de Juan Tama y la Cacica Gaitana del Pueblo Nasa. Luchamos por la titulación de los resguardos y adelantamos procesos de defensa legal y armada de nuestros territorios y resguardos. Las luchas de resistencia de los pueblos indígenas colombianos desde la época colonial han estado fundamentadas y respaldadas por reclamos, demandas y procesos administrativos y jurisdiccionales, que antiguamente podían durar décadas y hasta cientos de años. Estos han estado orientados a la búsqueda de protección legal, de acceso a la justicia, de reformas de la legalidad, del reconocimiento a nuestra capacidad jurisdiccional y de nuestra participación en la construcción y ampliación de la democracia.

Ejemplos de lucha En el siglo pasado, Manuel Quintín Lame Chantre, terrajero de San Isidro y Cacique de los Pueblos Indígenas del Cauca, Tolima, Huila, Nariño y el norte del Ecuador, lideró la resistencia indígena para defender las tierras de los resguardos, nuestras autoridades y culturas. El camino trazado por Lame fue continuado en los años 70 por nuestros pueblos mediante el proceso organizativo reiniciado en el Cauca (CRIC) y la Sierra Nevada de Santa Marta (CIT), y posteriormente con la consolidación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Este proceso generó una dinámica renovada que ha nutrido el actual movimiento indígena nacional, frente a un modelo de Estado que nos niega el reconocimiento y tratamiento como sociedad diferente. Dicho Movimiento social de los pueblos indígenas, basado en las luchas de resistencia, se ha dado en torno al ejercicio de la autonomía, de las competencias públicas de nuestras autoridades y gobiernos propios, para administrar justicia en nuestros pueblos. En cuanto a esto último, la relación del Estado con nuestros Pueblos, comunidades, Autoridades tradicionales y Cabildos, por medio del Sistema Judicial Nacional, ha sido pendular. Hasta la década de los 70s a

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todos los indígenas procesados se les imponía las mayores penas posibles y en muchas oportunidades, por falta de defensa, las penas pagadas resultaban inferiores a los años que se imponían como sanción. Posteriormente en la década de los 80, la “inmadurez sicológica por falta de comprensión” fue incluida en el Código Penal, como causal de inimputabilidad. En su aplicación, el comportamiento del Sistema Judicial se centró en devolver a su “medio ambiente natural”, a la gran mayoría de los indígenas procesados, para que las Autoridades tradicionales administraran justicia. Desde los años 80´s nuestros Pueblos y Autoridades se vieron obligados a fortalecer y profundizar el proceso de recuperación, actualización de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, mediante la elaboración de normas internas, la aplicación y puesta en vigencia de usos y costumbres, la conceptualización de Sistemas Normativos Indígenas, la aplicación de instituciones tradicionales como el consejo, las asambleas, las mingas y la proyección y fortalecimiento de las Autoridades e instancias de decisión, la creación de consejos de ancianos, cabildos mayores, cabildos gobernadores y tribunales de gobernadores. El derecho al ejercicio de la autonomía, constituye hoy uno de losprincipales imperativos políticos, éticos y culturales de los pueblos indígenas contemporáneos, ante lo cual el ejercicio de funciones públicas administrativas, legislativas y jurisdiccionales por parte de nuestras autoridades, es una garantía de protección de los derechos humanos para nuestra supervivencia social, política y cultural. En este sentido, hemos logrado establecer algunas condiciones jurídicas y políticas que han posibilitado y asegurado un mayor umbral para el ejercicio y la progresividad de nuestros derechos, dentro de la institucionalidad estatal colombiana, garantizando un mínimo de representación directa de nuestros pueblos en las instancias de gobierno.

Nacimiento de la ONIC El movimiento indígena se fortaleció entre 1910 y 1946 al calor de luchas en distintas regiones, mediante la constitución de or ganizaciones como los Consejos y Ligas de Indios, mismas que reivindicaron nuestros derechos indígenas y establecieron alianzas con otras organizaciones, campesinas y obreras sobretodo. No obstante, la violencia y la represión política desatada por las élites tradicionales (1946-1958), liquidaron la mayor parte de nuestras organizaciones indígenas; las cuales solamente pudieron renacer dentro de or ganizaciones campesinas como la Federación Agraria Nacional y especialmente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), tras su establecimiento obligatorio, por decreto gubernamental, hacia la década de los 70. Fue una década en la que los movimientos sociales (indígena , obrero, de maestros, estudiantil y campesi-


Moviliz ación Movilización

C, 25 años...

¡L evantamiento ¡Levantamiento indígena ya ya!!

¡A DESALAMBRAR!

resistencia indígena en Colombia LUIS EVELIS ANDRADE PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO no) lograron fortalecerse, no obstante la represión Estatal generada por la continuidad del estado de sitio. Hacia 1976 nuestros pueblos establecieron una organización nacional propia, independiente de la ANUC, como respuesta a la incomprensión estatal y de las elites nacionales. La fundación de la ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del movimiento indígena en Colombia iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Unión de Indígenas del Chocó y el Consejo Regional Indígena del Vaupés; ejemplo que fue seguido por la conformación de organizaciones indígenas en otros departamentos, como respuesta a la promulgación del “estatuto de seguridad” y particularmente al “estatuto indígena”. La instauración del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), otorgó funciones judiciales a la Fuerza Pública, abriendo las puertas a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Dicho régimen trató de acabar, sin conseguirlo, con nuestra resistencia y especialmente, con lo que nuestros pueblos indígenas habían alcanzado desde 1890, mediante la promulgación del “estatuto indígena”. Dicho estatuto atentó contra el movimiento indígena, trató de aniquilar nuestra autonomía y desmembrar nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, mediante la conversión de los cabildos en juntas de acción comunal, y la transformación de la propiedad colectiva de nuestros resguardos (basada en la Ley 89 de 1890) en propiedades individuales. Las bases de la ONIC se consolidaron en octubre de 1979, en Lomas de Ilarco (Sur del departamento del Tolima) con la realización del Primer Congreso Indígena Nacional de Colombia. En este se oficializó la creación de la Coordinadora Nacional Indígena, que asumió, la creación de la ONIC, en el marco del Segundo Congreso Indígena Nacional (1982), Congreso que paralizó la ley o estatuto indígena que trató de imponer Turbay Ayala. La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC fue fundada en febrero de 1982 en el Segundo Congreso Indígena Nacional realizado en Bosa (departamento de Cundinamarca) con la participación de mil quinientos delegado de los más diversos sitios de Colombia, el cual aprobó sus principios fundamentales: 1. Unidad: Como mecanismo de fortalecimiento organizativo para la defensa de las comunidades indígenas; 2. Tierra: Como elemento esencial para la vida y desarrollo de los pueblos indígenas; 3. Cultura: Para el fortalecimiento, rescate y persistencia de la identidad como pueblos indígenas; 4. Autonomía: Para la aplicabilidad de los principios anteriores y como ejercicio de autoridad y poder. En virtud del contexto socio político del momento y la influencia de los movimientos sociales en auge para esta época, la ONIC adoptó una estructura organizativa similar a la de un sindicato en calidad de una organización no gubernamental-ONG, dejando de lado las formas propias y tradicionales de gobierno de los pueblos indígenas. La ONIC ha realizado cinco congresos nacionales indígenas, el último de los cuales se llevó a cabo en Bogotá (Cundinamarca) en 2003. Los diferentes pue-

blos indígenas y sus organizaciones regionales, reunidas en este Congreso se propusieron continuar con la búsqueda de la paz en el país, mediante la búsqueda colectiva de salidas a la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo, a partir de la plataforma de lucha que se desarrolló desde el Congreso Nacional de Pueblos indígenas, realizado en Cota (Cundinamarca) durante el año 2001. Esta plataforma incluyó la defensa de la autonomía indígena, la defensa de los territorios indígenas, la recuperación de las tierras usurpadas, la defensa de la propiedad colectiva de los resguardos, así como el control de los recursos naturales situados en territorios indígenas. Del mismo modo, impulsó las organizaciones económicas comunitarias, la defensa de la historia, la cultura y las tradiciones indígenas, la educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas, la recuperación e impulso de la medicina tradicional y la exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades. En síntesis, se trató de la exigencia de la aplicación de la Ley 89 de 1890 y las demás disposiciones legales favorables a los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la solidaridad con las luchas de otros sectores y la aplicación de las conclusiones de los Congresos de la organización. Desde entonces, la sistemática y múltiple vulneración de los Derechos Humanos de nuestros pueblos, se ha convertido en una constante que no disminuye, por obra del desconocimiento que hacen las autoridades gubernamentales, los actores armados y algunas multinacionales acerca de los mecanismos de Consulta Previa y del ejercicio ancestral de nuestros derechos y autonomía dentro de los territorios indígenas; y en consecuencia por el recrudecimiento del conflicto armado.

En defensa de nuestros derechos Todos los análisis del conflicto armado evidencian la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional, respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta inadecuada frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Todo ello, en un momento en que se presenta la profundización del programa de “Defensa y seguridad democrática” del reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por un proceso de paz ficticio –impune, sin memoria y antidemocrático– que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto crítico de impunidad generalidad y de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica.

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Desde la realización del V Congreso de los pueblos indígenas de Colombia en Cota, Cundinamarca, en el año 2001, nos hemos propuesto el levantamiento indígena nacional como un proceso de rechazo a las políticas de Estado que desmontan nuestros derechos adquiridos y atropellan nuestros derechos y culturas ancestrales. En 25 años de resistencia contra los guerreros legales e ilegales, contra las multinacionales que apropian nuestros recursos naturales y contra los legisladores de las clases dominantes que hacen las normas a favor de si mismos, de sus amigos, banqueros nacionales y transnacionales. Es un año en el que debemos seguir alzando nuestro grito diverso, debemos seguir caminando la palabra, abonar la unidad, regar la cultura, ejercer autonomía y defender nuestros territorios. En el 2004 con la Minga por la Dignidad y la Vida, en el 2005 la marcha de los Pijaos y Embera que tuvo respaldo de gran parte de los pueblos indígenas del país, en el 2006 con otros sectores en la Cumbre Nacional Itinerante caminamos la palabra; del 22 al 28 de julio más de mil indígenas del norte del cauca se movilizaron por la dignidad ante la indignación, primer capitulo del levantamiento de este año; por ello este mes de agosto, del 6 al 10 de agosto seguiremos desalambrando los pensamientos en la Semana Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco de la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas (9 de agosto); con caminata en varios senderos de los Muiscas, audiencia con la Corte Constitucional, rueda de prensa con las cautro agencias con incidencia en los P:I: del Sistema de las Naciones Unidas, sesión en el Congreso de la República y la declaración defensorial del pueblo Awá. Al final un Manifiesto de los P.I. con apuestas y propuestas para trenzar la Colombia incluyente que nos merecemos. El 12 de octubre convocamos la preparación de la movilización continental de los pueblos indígenas en ocasión de no olvidar los 515 años de resistencia y de no enterrar el genocidio continental de los pueblos originarios. Or ganizaciones regionales, zonales y locales de la ONIC y todos los indígenas del país así como las personas y organizaciones solidarias y amigas de nuestras luchas regionales, locales y nacional, sigamos preparando y caminando el levantamiento que este año terminará con el VII Congreso Nacional de pueblos Indígenas, a realizarse en el mes de diciembre. Juntemos nuestras voces, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros pasos y caminemos hacia el fortalecimiento de nuestra Maloka, de nuestra casa, la ONIC.

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territorio Territ orios Indígenas frente al Est ado erritorios Estado milit ariz ado militariz arizado a característica fundamental del pensamiento occidental es la búsqueda del Desarrollo por la vía de la acumulación material y económica. Desde esta perspectiva, todos los elementos de la naturaleza y el mismo ser humano es considerado como recurso, y en tanto, susceptible de ser apropiado. Esta mentalidad es la que llega a nuestros territorios en 1492, y con ello inicia lo que para los pueblos indígenas ha sido todo un proceso de exterminio, atropello, despojo, muerte, pero también de resistencia y dignidad de nuestros pueblos. Durante el proceso colonizador los exterminios por la vía de las armas, enfermedades y hambre y las expropiaciones fueron la constante histórica para nuestros pueblos. Es así que luego de ser casi exterminados los pueblos indígenas, llegan los resguardos, que son reconocidos como supletorios luego del proceso de expropiación de nuestros territorios y del avasallamiento y extinción de nuestras poblaciones. En la actualidad las laderas, montañas, nevados, desiertos, ríos y lagunas se han convertido en estratégicos para el capital financiero internacional, y de nuevo la militarización, el señalamiento y criminalización de nuestras organizaciones y protestas pacificas resultan la estrategia utilizada para la imposición de la globalización neoliberal pues es allí donde están nuestros territorios actualmente. Vemos con enorme incertidumbre la profundización de la colonización bajo un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Se trata de un escenario compuesto por: 1) Implementación de estrategias de control social y de guerra en contra del movimiento social y en particular contra el movimiento indígena. No hay que olvidar que teóricos como Huntington, luego del 11 de septiembre de 2001, considera a los pueblos indígenas como uno de los factores desestabilizadores más importantes del hemisferio junto con las migraciones de latinos hacia Norte América y las posibles acciones de la cultura musulmana; argumento que no es Nuevo pues desde el conocido documento Santafe II, se plantea, ante los denominados conflictos de baja intensidad, que “EEUU debe estar preparado para ampliar su programa de asistencia militar a las fuerzas armadas latinoamericanas como parte de su reconocimiento de que las insurgencias indígenas son explotadas y agravadas desde el exterior. La complejidad de este desafío requiere una respuesta global de parte de nuestra sociedad”; 2) Iimplementación de un cambio profundo sobre la concepción de uso estratégico de los suelos; el cambio de orientación de la utilización de la tierra, de pasar de producción de alimentos a la producción de biocombustibles (que comprende monocultivos de palma aceitera, Caña de Azúcar, Maíz y Yuca

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Transgénicos, entre otros) comprende al mismo tiempo una forma de planificar el control de la sociedad: al ser los alimentos importados, en caso de una sublevación o movimiento social intenso, simplemente se limita la importación de alimentos eliminado, por la vía del hambre física, cualquier posibilidad de transformación. En segunda medida, esto significa un control de la dieta de nuestra gente a manos de las multinacionales de los alimentos que son los mismos que se lucran de la militarización; 3) Privilegio de la tala de bosques y en general la privatización de los recursos naturales, como estrategia económica. 4) El incremento de las fuerzas militares en todo el hemisferio. Luego de la consolidación de la globalización capitalista, en los años 90’ el continente sufrió un incremento notable en el gasto militar. Incluso en muchos países que no permanecían en guerras internas. El Aumentó en 10.000 millones de dólares en el gasto militar, en el último periodo del siglo pasado, es muestra evidente de esta afirmación; 5) Construcción de grandes complejos de infraestructura para la movilidad en torno a intereses estratégicos de aprovechamiento de los recursos naturales. La canalización y privatización de ríos, puertos, vías férreas, carreteras, entrega en concesión de grandes territorios considerados de repente como “baldíos” o de “propiedad del Estado”, son parte de este modelo de expropiación territorial. A esto hace parte iniciativas como el IIRSA y el Plan Pueblo – Panamá; 6) Un conjunto de acciones privadas y públicas, legales e ilegales, orientadas a una contrarreforma agraria, basada en la expropiación territorial, que no toma en cuenta los mecanismos nacionales e internacionales para la consulta previa de nuestros pueblos; 7) Un método de legalización de todos los procesos de expropiación, despojo, muerte, desplazamiento y hambre, que consiste en adelantar reformas legales y constitucionales regresivas que desmontan derechos adquiridos en décadas recientes por los sectores sociales. Es evidente el desmonte ya realizado de los Derechos del sector sindical y campesino y en esa misma dirección se avanza con los derechos de los grupos étnicos, en particular de los pueblos indígenas; 8) Los más altos niveles de ausencia de justicia (impunidad) y corrupción entre los funcionarios de gobierno. Todo este panorama se puede generalizar en América Latina en un desconocimiento aún más profundo y dramático de los derechos de los pueblos indígenas, nuestra visión del territorio, nuestras culturas y relaciones de armonía y equilibrio en la naturaleza.

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Los pueblos indígenas en el caso Colombiano En el caso específico de Colombia, la situación de los pueblos indígenas es de sobrevivencia, lucha y resistencia en medio de un conflicto armado en torno a intereses estratégicos de control territorial y humano en donde todos los actores armados desconocen nuestros derechos, nos señalan, asesinan y expropian. Como lo manifestó el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, Sr. Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre la Misión a Colombia: “Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas”. Las empresas multinacionales están implicadas en la militarización de los territorios indígenas y la implementación de la guerra sucia, como lo demuestra el fallo reciente en contra de la empresa multinacional Chiquita Brands International por haber financiado la estrategia paramilitar. Empresas como Monsanto se han beneficiado económicamente de la llamada guerra en contra el narcotráfico , fumigando la coca sagrada, en violación del artículo 14 del Protocolo 1 de Ginebra que prohíbe como método de combate hacer padecer hambre a las personas civiles y atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil como artículos alimenticios, cosechas, ganados, reservas de agua potable y las obras de riego. Han vendido al gobierno de Colombia con recursos del gobierno de los Estados Unidos sustancias tóxicas frecuentemente utilizadas como arma de guerra convirtiéndose en cómplice de una guerra química contra la población civil. La empresa transnacional de servicios militares privados Dyncorp ha generado guerra e inestabilidad política y logrado lucro atizando conflictos, volviéndolos funcionales a la prestación de sus servicios. Se han beneficiado del mercenarismo que promueve y propicia el deterioro de las condiciones de vida de la población que padece la militarización, con la pérdida de miles de vidas y con ellas el delicado tejido social al que pertenecen. Les responsabilizamos de la destrucción de recursos naturales; la pérdida de valores de la humanidad en términos culturales y ecológicos; de propiciar graves crisis humanitarias, crisis alimentarias; pérdida de bienes de la población, vulneración de la dignidad humana; la destrucción y el dolor. Frente a este panorama es necesario que los pueblos y or ganizaciones indígenas avancemos por lo menos en el posicionamiento de: 1) Creación de “zonas de paz indígenas libres de cualquier operación militar, bajo supervisión internacional”, como respuesta a la creciente militarización de la vida cotidiana de nuestros pueblos, comunidades y territorios. 2) La formulación y puesta en marcha de “un programa de emergencia de atención a comunidades indígenas en peligro de extinción”. 3) Establecer una “comisión amplia e independiente para vigilar” la “plena aplicación” del DIH y “el respeto de los DDHH” de los pueblos indígenas. En cuanto a esta última, acudimos al principio de autonomía y autodeterminación como pueblos, mismo que se sustenta en nuestra justicia propia, para implementar lo que hoy nos convoca, una “Comisión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia”, que nos permita incidir nacional e internacionalmente.


Los pueblos indígenas

no tienen fronteras l tema de las fronteras se ha convertido en un elemento de vital importancia en el momento actual, puesto que asistimos a una reconfiguración geoestratégica política y económica de América Latina, lo cual determina los planes trazados por algunos gobiernos acordes a los intereses de los inversionistas extranjeros y las multinacionales, con el fin de imponer acuerdos comerciales para su beneficio encaminados a la apropiación de los recursos naturales renovables y no renovables. En este contexto, la imposición desde las grandes potencias hacia los países periféricos se desequilibra hoy con la llegada al poder en América Latina de gobiernos más nacionalistas que propenden por la soberanía y la socialización de la riqueza, trayendo consigo una nueva correlación de fuerzas en el caso de los países andinos, donde la derecha parecía dominar la implementación de modelos neoliberales excluyentes y una nueva corriente que prioriza las necesidades internas de cada país. De tal manera, Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos para la implementación de acciones tendientes a la desestabilización de países vecinos como Ecuador, Venezuela y Bolivia. Ligada a una política que pretende homogeneizar un solo pensamiento, atravesado por la lucha contra el terrorismo y de planes económicos y militares que en el caso colombiano se evidencian en el Plan Patriota, Plan Colombia y tratados como el ALCA y el TLC, que afectan directamente a países vecinos. Internamente, esta situación se refleja en una sistemática y reiterada violación de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y una gran capa de sectores sociales populares. En los pueblos indígenas esta situación ha causado la pérdida de la autonomía, la cultura, el territorio y la unidad de los pueblos indígenas, para los que históricamente no han existido las fronteras, esta es una imposición político-administrativa del Estado que rompió con la fuerza de los lazos familiares de los pueblos indígenas de ambos lados de la frontera. En Colombia 12 departamentos del país son zonas fronterizas. La Nación comparte fronteras territoriales con cinco países: Venezuela (2.219 kilómetros), Brasil (1.645 Km.), Perú (1.626 Km.), Ecuador (586 Km.) y Panamá (266 Km.). Es decir, 6.335 kilómetros que involucran zonas de los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Arauca, La Guajira y Vichada, en la frontera con Venezuela; el departamento del Chocó en la frontera con Panamá; el departamento del Putumayo en las fronteras con Ecuador y Perú; el departamento de Nariño en la frontera con Ecuador; el departamento de Amazonas con Perú y Brasil; así como los departamentos de Vaupés y Guainía con Brasil. Frente a esta situación, la Organización Nacional Indígena de Colombia ha realizado dos encuentros de pueblos indígenas de frontera en las regiones de Chocó y Putumayo, con el objetivo de fortalecer a las organizaciones locales y crear estrategias de resistencia conjuntas.

Frontera Colombia- Ecuador - PPerú erú Al encuentro en Puerto Leguízamo (Putumayo), realizado del 16 al 19 de abril de 2007 en la frontera entre Ecuador y Perú asistieron pueblos indígenas de las etnias Quitchua, Muruy, Koreguaje, Inga, Nasa, Awa, Secoya, Embera, Yanakona, Kamsá, Cofán, Pastos, Sikuani, Huitotos y Siona.

Los líderes y autoridades indígenas manifestaron que los principales problemas que viven los pueblos nativos en esta región están relacionados con el Plan Colombia, los megaproyectos y las políticas de Estado han generado consecuencias como la militarización de los territorios, fumigaciones, desterritorialización forzada y los señalamientos, persecuciones y masacres contra líderes indígenas y sus comunidades. Las afectaciones del Plan Colombia fueron analizadas por los grupos de trabajo en relación con la política armamentista, los cultivos de uso ilícito y las propuestas poco claras de erradicación, el desplazamiento forzado y las consecuencias sociales y económicas del Plan Colombia para los pueblos indígenas. Respecto a la economía y autonomía alimentaria, se ha presentado una invasión de productos ajenos a la región, puesto que los programas de apoyo alimentario no incorporan los usos y costumbres de la población, convirtiéndose en experiencias asistencialistas y poco sostenibles. Es el caso de las expectativas creadas con la comercialización de productos como la vainilla, pimienta, caucho, palmito y palma africana. Respecto al Plan Colombia, afirma un líder de la región: “Es un plan de muerte contra la diversidad biológica, cultural, flora y fauna”. La exploración y explotación petrolera en esta región se convierte en uno de los problemas territoriales que más afectan a los pueblos indígenas, puesto que genera consecuencias nefastas de orden económico, social y cultural. La presencia de bases militares en medio, y a orillas de los territorios indígenas en todo el departamento del Putumayo es de más o menos 12 bases militares colombianas, algunas de ellas con presencia de militares estadounidenses. Bases armadas legales e ilegales afectan a las comunidades indígenas, ya que restringen la movilidad por los territorios y sitios sagrados, el Ejercito Nacional allana casas sin orden judicial y detiene a los pobladores en los retenes para pedirles información, situación que pone en grave riesgo a las comunidades indígenas como a la población civil en medio del conflicto. También hay presencia de bases móviles dentro de Amazonas, Caquetá, Putumayo y la frontera con Perú. Las comunidades indígenas que habitan la zona fronteriza entre Perú, Ecuador y Colombia solicitan que se realice una misión de verificación sobre las

*** En Colombia 12 departamentos del país son zonas fronterizas. La Nación comparte fronteras territoriales con cinco países: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. En los pueblos indígenas esta situación ha causado la pérdida de la autonomía, la cultura, el territorio y la unidad de los pueblos indígenas, para los que históricamente no han existido las fronteras. No. 123

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afectaciones del Plan Colombia en los territorios indígenas, y se tomen las medidas necesarias para garantizar la permanencia de los pueblos en condiciones de vida digna y bajo el marco de la autonomía. De igual modo, es necesario que ambos países dispongan de la voluntad política para operativizar los acuerdos binacionales e internacionales sobre la protección a la población que habita las zonas de frontera.

Frontera colombo - panameña Entre el 14 y 16 de junio, los pueblos Embera, Wounaan y Tule de los dos lados de la frontera colombo - panameña se reunieron en el territorio indígena de Chidima, municipio de Acandí, departamento del Chocó, en el Encuentro Indígena Fronterizo Binacional: ‘Un Sólo Territorio, una Diversidad de Culturas’. Estuvieron acompañados por el Consejo Noruego de Refugiados, Paz y Tercer Mundo, la Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Parroquia de Riosucio. Tristemente, no hubo presencia de ninguna entidad o institución del Estado colombiano, a pesar de estar invitados para escuchar la problemática de estos pueblos y construir con ellos respuestas a su situación. Los pueblos indígenas y afrodescendientes del Chocó han sido fuertemente golpeados desde finales de los años 90, con la implementación de la estrategia militar-paramilitar en toda la región que ha buscado su destierro violento, con el objetivo de dejar sus territorios vacíos para la implementación de grandes megaproyectos en la región. Las comunidades que han resistido lo han hecho bajo hostigamientos y señalamientos constantes que han amenazado con fracturar sus procesos y acabar con la construcción de sus planes de vida y desarrollo propio. En medio de toda esta presión, las comunidades indígenas en la frontera colombo – panameña han sido un ejemplo de resistencia que les ha costado aguantar la muerte de sus líderes y vivir en condiciones críticas, sin que el Estado haya atendido sus necesidades básicas de salud y educación. La zona del Darién, que incluye partes de la frontera colombo – panameña, es una de las regiones más ricas en biodiversidad y recursos naturales en todo el planeta. Los ecosistemas que están en juego van más allá de las fronteras, las amenazas cruzan las comunidades. Antes de la ‘Operación Génesis’, los pueblos indígenas llevaban a cabo frecuentes intercambios para el control social de las comunidades, protocolos para el paso de fronteras, trueques de alimentos, medicina tradicional e intercambio de saberes y cultura. Sin embargo, con la llegada de la violencia, los encuentros y la circulación por la frontera se vieron limitados.

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derechos humanos La guerr a está en ttodas odas partes: guerra a pupitr az os acaban con nuestr os der echos pupitraz azos nuestros derechos Ár ea de Derechos Humanos y Paz o había terminado el primer semestre cuando las bancadas ‘favorables’ al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aprobaron en una semana y sin remilgos, con una maratón de pupitrazos, las leyes más lesivas para los pueblos indígenas de Colombia. Fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende forzar la convivencia de las víctimas con los víctimarios mediante proyectos económicos, favoreciendo a los grandes inversionistas; la Ley de Transferencias que centraliza nuevamente las decisiones y los recursos sobre Educación y Salud, favoreciendo a Medellín y Bogotá, y marginando mucho más a las regiones más abandonadas por el Estado; y se aprobó la Ley de Desarrollo Rural (30), llamada Estatuto de Desarrollo Rural sin ser una ley estatutaria, con la cual se intenta borrar de plano las conquistas y resistencia de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos del país. De nada sirvieron los reclamos y las denuncias de la población desplazada para que el Gobierno les devolviera sus tierras (seis millones de hectáreas), las que aun permanecen en manos de narcotraficantes, sicarios, terratenientes, empresas agroindustriales y multinacionales, por obra del paramilitarismo. Es decir, más privilegios para los victimarios sin importarles los derechos de las víctimas. Como siempre, ocurrió tras enormes cortinas de humo, como las del supuesto proceso de paz con los ‘paras’, o las que desviaron el debate nacional sobre la parapolitica y su relación con el Gobierno Uribe y el Estado. Actualmente, el Gobierno continúa en medio de una corrupción generalizada, mientras campea la impunidad en los procesos de paz, el rescate a sangre y fuego de los secuestrados, el rearme de los grupos paramilitares, los ‘falsos positivos’ y el terrorismo de Estado, con el fin de profundizar en la política de exploración y explotación inconsulta de los recursos renovables y no renovables, la misma que se adelanta principalmente en los territorios indígenas. Como lo evidencian datos preliminares que arroja el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC, SINDHO, durante los primeros cinco

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¡Por el ejercicio de nuestros derechos colectivos!, “Que el Estado nos dé una mano, o nos quite sus manos de encima”

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meses del año (enero a junio), se presentó una disminución importante en los estimativos sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en un marcado contraste con la tendencia al crecimiento de los estimativos sobre conculcación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto señala la magnitud del impacto de dichas políticas gubernamentales, caracterizadas por la falla en el deber de protección, respeto y promoción de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En términos generales, tomando los estimativos de DDHH, DIH y derechos colectivos de los pueblos indígenas, son 18 los pueblos mas afectados, y tres de estos los que han recibido mayor impacto: los Guambianos con cerca de 72 mil personas afectadas, los Yanaconas con un poco más de 15 mil y los Embera Chamí con 11 mil 946. Dicho de otra manera, 11 indígenas en promedio vieron conculcados sus derechos colectivos cada hora, es decir, 271 personas diarias. Vale la pena anotar que la mayor parte de esta crisis humanitaria y de derechos humanos que viven los pueblos indígenas se registra en la región Macro Occidental (92%) de la ONIC, seguida por la región Macro Norte (7.6%). PUEBLO INDIGENA GUAMBIANO YANAKONA EMBERA CHAMI

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Total 71924 15404 11946

En materia de derechos humanos sobresalen las amenazas (39.7%), desplazamiento forzado (59%). Hasta el momento, los estimativos no sobrepasan los 14 homicidios y los 21 heridos, sin que cesaran los allanamientos (6) y las detenciones arbitrarias (7). De estos datos sobresale el hecho de que sólo se haya reportado una desaparición forzada, frente a ocho que se presentaron durante el mismo periodo del año 2006. Se trata del indígena Wayúu Gregorio Solano Uriana, miembro del resguardo de Mayabangloma, municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira (18 de febrero de 2007). Respecto a las infracciones del DIH cometidas por los actores armados contra los pueblos nativos, si bien se presenta una tendencia similar a la del año 2006 para el mismo periodo, es preciso señalar que por la dinámica de recopamiento territorial iniciada por las FARC en varias regiones del país, la Fuerza Pública ha presentado una respuesta donde tilda permanentemente a los indígenas como colaboradores de la guerrilla, tal y como viene sucediendo con las comunidades Embera de Mumbú, Gito Docabú, Alto Sinú, resguardo Kankuamo, pueblo Wiwa, Wayuu, Loma de Citabará, Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en los departamentos de Chocó, Córdoba, Cesar, La Guajira, Risaralda y Caldas. Cerca de 13 mil indígenas permanecen confinados y en riesgo inminente de desplazamiento forzado, los mismos que han visto como incursionan en sus territorios sin el más mínimo respeto por su autonomía y sus autoridades tradicionales. Es por ello que hoy ratificamos la posición asumida los días 30, 31 de mayo y primero de junio de 2007, cuando expresamos nuestra posición respecto a las actuaciones del gobierno nacional frente a los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, y tomamos la decisión de retirarnos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Decreto 1397 de 1996), “hasta tanto el Gobierno no cumpla el Decreto 1397/96 en materia de presentar una propuesta de presupuesto destinado a la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, y conversión de Reservas Indígenas, que se corresponda por lo menos con las demandas de tierras ya identificadas y solicitadas por los pueblos indígenas”. En concordancia con la posición que adoptaron los Pueblos Indígenas al levantarse de la mesa de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto del 2006, por las consideraciones anotadas, y hasta tanto el Gobierno colombiano manifieste públicamente el porque se niega a firmar (único país en América Latina) la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, y en consecuencia firme dicha declaración. El Estado Colombiano no puede darnos la mano para dinamizar las mesas de trabajo y convalidar sus apuestas, mientras desconoce nuestros derechos ancestrales en estrados nacionales e internacionales.


“Son muchas las cosas que nos distinguen de los civilizados; ellos hablan de paz todos los días, pero la paz no se consigue hablando de ella sino viviéndola como hacemos nosotros. Ellos hablan de paz, mientras se preparan y hacen la guerra”.

PAR AMILIT ARISMO: RA TA Confesiones e Impunidad

esde el nacimiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hoy recorre 25 años de historia y resistencia, los grupos étnicos han enfrentado un genocidio y exterminio paulatino y sistemático de sus comunidades; acciones que son adelantadas por estructuras paramilitares y políticas, tanto extranjeras como nacionales, que solo buscan quitarles sus tierras ancestrales con fines netamente comerciales y económicos. En tal sentido, como movimiento indígena, la ONIC afirma con certeza que el paramilitarismo es una política de Estado que actúa con beneplácito, equiescencia y tolerancia, la cual se ha distinguido por la persecución, asesinato y criminalización de todos los movimientos populares y sociales. Con las confesiones de los actuales paramilitares, haciendo teatro y burlándose de las víctimas, justifi-

cando sus crímenes, convier ten a estos señores de la guerra en la alquimia perfecta de la impunidad y la justificación de sus modelos represivos utilizados a lo largo y ancho del país. La acomodación de versiones que busca la favorabilidad de laLey 975/05, mal llamada de ‘Justicia y Paz’, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. Quedamos estupefactos al escuchar las declaraciones de Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, cuando reconocieron la muerte, asesinatos y desapariciones de líderes indígenas; cuando dicen ser “presos políticos”, luchadores por la libertad; cuando llaman a las masacres y los desplazamientos “actos de guerra”, se reconocen como víctimas del conflicto y que ellos también tienen derecho. Estas confesiones se han convertido en una escena donde los criminales paramilitares humillan a las víctimas. Los indígenas siempre hemos pensado que “son muchas las cosas que nos distinguen de los civilizados; ellos hablan de paz todos los días, pero la paz no se consigue hablando de ella sino viviéndola como hacemos nosotros. Ellos hablan de paz, mientras se preparan y hacen la guerra. ¿Para qué tanto papel, tantas armas, acuartelamiento y millones gastados en la guerra, sin parar de hablar de paz? Aquí no hablamos de paz, nosotros la practicamos y la vivimos. ¿Por qué no aprenden de nosotros en lugar de matarnos? (Sierra Nevada de Santa Marta). En muchas oportunidades los indígenas en Colombia han marchado exigiendo al Gobierno, pidiéndole a la Fiscalía y la Procuraduría que investiguen, que digan donde están sus desaparecidos, que cesen las masacres y los desplazamientos de los pueblos, pero aquí hay oído sordo y fuerza publica armada para reprimir dichas exigencias. Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social que no ha compartido el modelo vigente de gobierno colombiano. El paramilitarismo es responsabilidad del Esta-

do, secundado por grupos económicos dominantes que vieron en los sectores políticos democráticos, de izquierda y movimientos sociales, un impedimento para sus planes de enriquecimiento y explotación de los recursos naturales. Hoy, después de eliminar a la oposición, se quiere hacer del paramilitarismo un poder político y económico legítimo, mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales, producto de estrategias desarrolladas durante casi cuatro décadas. Lo establecido en la Ley de Justicia y Paz, como es de público conocimiento, no ha garantizado ni siquiera en mínima medida los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, no se les ha escuchado y se les sigue asesinando cuando llegan a los estrados judiciales a preguntar Dónde están nuestros seres queridos? Cual fue la razón para matar a sus seres queridos, no se han restituido los bienes (por ejemplo, las tierras de los indígenas, afrodescendientes y campesinos víctimas del desplazamiento forzado), ni se han brindado las garantías que permitan el retorno en condiciones dignas, voluntarias, de seguridad y estabilización socio económica. Finalmente, al Gobierno de Colombia le decimos que es imposible que nos indemnicen por la pérdida de nuestros sakukos (autoridades), no hay precio por la sangre que se ha derramado sobre la tierra por nuestros líderes, que la Ley 795/05 es una ley para los victimarios, en la cual las víctimas solo aparecen en un discurso formal sin reconocimiento a expresar su voz. Para garantizar el derecho a la justicia de los 92 pueblos, comunidades, familias y personas indígenas que han sido víctimas, debe aplicarse el pluralismo jurídico (vigencia simultánea y armónica de tres sistemas normativos): Legislación General de la República, Legislación Especial Indígena y Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio de los Pueblos Indígenas. Como respuesta a las mentiras en las confesiones de los paramilitares, les decimos que estaremos a la espera para aplicarles nuestra propia ley, juzgarlos sin temor y mentiras en nuestra propia autonomía y justicia propia. Sin más impunidad.

La Corte Supr ema de Justicia falla, no se equivoca. Suprema a Corte Suprema de Justicia acaba e producir una decisión de gran trascendencia e importancia histórica. La providencia es mcuho más integral y amplia que lo publicado a través de los medios de información másiva. Establece una clara diferencia entre el delito político y el concierto para delinquir agravado (que es el delito que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término 'paramilitarismo'). De modo que recoge la imposibilidad de equiparar el concierto para delinquir agravado con la sedición, que es un delito político. Apoya esta diferencia en argumentos de fondo desde la naturaleza jurídica de estos delitos, así como en razones contundentes de orden constitucional, legal, jurisprudencil, doctrinal y de la teoría del delito mismo. También el fallo consigna una prolí-

fica y produnda cadena de argumentos que evidencian la necesidad de garantizar derechos de las víctmas a la verdad, a la justicia y la reparación integral. A tener un efectivo acceso a la justicia, a que el Estado investigue, enjuicie y sancione a los responsables de los crímenes para que materialice el derecho a que no haya impunidad. En hora buena, los tribunales nacionales asumen el reto histórico de fundar sus decisiones en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para bien del fortalecimiento y legitimidad de la justicia, pilar fundamental de cualquier Estado democrático, social y de Derecho. Por todo ello, el Movimiento indígena, la ONIC, también los respalda y rechazamos cualquier señalamiento que pretenda afectarla. También hacemos un llamado al Fiscal General de la Nación y a todos los jueces de la República para que procedan a aplicar los parámetros que señala el fallo de la Suprema Corte.

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derechos humanos CRIOMC,

25 años de lucha de la mano con la ONIC on 25 años de largo camino y aun para seguir caminando. Son 25 años de resistencia como pueblo, que quiere sobrevivir a pesar de los dolores, tropiezos, nostalgia y derramamiento de sangre, enseñanzas para seguir luchando por la defensa de un pueblo. Son 25 años de arduo trabajo con dificultades y logros, pero seguiremos abriendo caminos para que niños, jóvenes, mujeres y hombres continúen trochando sin olvidar la identidad del pueblo Coreguaje.

Por qué celebrar Celebrar porque hemos intentado cumplir la tarea encomendada por nuestros mayores en el acercamiento al compromiso de la unidad, territorio, cultura y autonomía. Celebrar porque hemos sufrido de manera colectiva, se han logrado avances importantes, la invitación para seguir pensando en conjunto y juntos poder construir un solo pensamiento para el pueblo Coreguaje. Nos unimos a esta celebración de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, felicitamos y reconocemos su proceso de madurez y fortalecimiento político en representación de mas de 92 pueblos indígenas en Colombia, quienes son testigos de los avances y logros en su vida organizativa, trayectoria, lucha y resistencia El CRIOMC es Asociación del Pueblo Coreguaje que agrupa a 19 resguardos de esta etnia ubicados en las riberas de los ríos Orteguaza, Peneya, Caquetá y sus afluentes. Los coreguajes (Korebaju) somos un pueblo con identidad cultural, con su naturaleza y la madre tierra construye su pensamiento y propia historia. Somos un grupo humano libre y tranquilo, sin distinción de raza, idioma, color; con una igualdad como sucede con Dios y la naturaleza, en la cual solo hay una diferencia que sirve al enriquecimiento y progreso del desarrollo cultural del pueblo.

Actividad Cultural En el Resguardo de San Luis, los territorios ocupados por los primeros coreguajes no corresponden a los que actualmente ocupamos. Hace apenas 60 años éramos nómadas y recorríamos nuestro territorio tradicional desde la llanura amazónica en el Putumayo, hasta el piedemonte de la cordillera oriental; hoy somos alrededor de 2 mil 200 habitantes dispersos en 19 cacicazgos que ocupan 27 comunidades, cuya área suma unas 30 mil hectáreas a lo largo de las riberas de los ríos Orteguaza, Peneya y Caquetá, en los municipios de Milán y Solano al suroeste de Florencia en el departamento del Caquetá. Para comprender el porqué de la situación actual, es necesario retomar nuestra historia reciente y echar una mirada a los acontecimientos

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que ejercen influencia en nuestra actual manera de vivir, de organizarnos y del porqué buscamos caminos para permanecer como pueblo Coreguaje. En los años 70, líderes del pueblo Coreguaje se acercaron a los movimientos indígenas nacionales, como el liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, donde se hablaba de reivindicar derechos por territorios, para lo cual se requería tener unidad entre los diferentes pueblos; aunque los coreguajes para esa época aun teníamos territorios, nuestros líderes vieron en la problemática nacional indígena un espejo en el cual mirarnos y evitar que eso nos sucediera. Líderes como Aquiles Bolaños Piranga (q.e.p.d.), Roque Piranga (q.e.p.d), Clímaco Cruz y Martín Bolaños (aun con vida), no pasaban del segundo de primaria, con recursos que las mismas comunidades aportaban y mucha voluntad impulsaron el proceso organizativo del pueblo Coreguaje y gracias a su empeño se lograron varias cosas que aun permanecen. La conformación de una organización regional en 1982, CRIOMC, a través de la cual fuimos reconocidos en el país, hoy afiliada a la ONIC. La fundación del colegio de bachillerato Mamam Bwe Reojache, administrado por las hermanas Betlemitas y actualmente por las hermanas Lauritas. También se destaca en ese proceso inicial la legalización de los resguardos. Ya en los años 80, varios jóvenes que salen del colegio Mamam Bwe Reojache asumen los liderazgos. Organizaciones indígenas como el CRIC y la ONIC han apoyado el proceso organizativo del CRIOMC, nuestra organización tenía su política clara, su trabajo y su lucha, no se hablaba de un Plan de Vida, pero ya se trabajaba en eso. Aparecieron líderes que manejaban la Organización, proyectos de agricultura, educación, ganadería, y empezó a verse clara la posibilidad de tener gobierno propio sin vincularse a otros grupos, fue en ese momento (comienzos de los 90), cuando comenzó una nueva persecución de líderes, maestros, estudiantes y caciques. A través de la ONIC se hicieron pronunciamientos para solicitar que acabaran las masacres. Las hermanas Lauritas vinieron a encargarse de Mamam Bwe Reojache y acompañar nuestro proceso organizativo. Recordamos a la hermana Hilda Camargo, quien nos apoyo para recuperar la historia mítica de nuestro pueblo, capacito a las mujeres en contabilidad para llevar nuestras cuentas, proceso que estuvo acompañando por la Universidad Nacional de Colombia. Pero el pueblo Coreguaje ha sufrido etapas dolorosas y traumáticas, en las cuales hemos perdido nuestros líderes y muchas familias han quedado desoladas; salen y entran grupos armados, las bonanzas del cultivo ilícito llegan y se van, nuestro pueblo se enreda con tantas formas de pensar y de actuar, se debilita y desune. A comienzos de los 90, se inicia la gran persecución de líderes debido a la bonanza coquera,

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unos años después, 12 de septiembre de 1993, fue asesinado Aquiles Bolaños Piranga en San Antonio de Jetuchà, jurisdicción del municipio de Milán. Más tarde suceden masacres en el Resguardo de San Luis (25 de julio de 1997), y otra en el Resguardo de San José de Cuerazo, donde dan muerte a líderes, maestros, caciques y miembros del pueblo Coreguaje. En ese momento hay una gran reflexión y empeño por recomenzar, comenzamos a hablar de un mismo pensamiento. Participamos en el Encuentro de Taitas en Yurayaco Caquetá en 1999, esto nos dio una gran esperanza porque veíamos que los pueblos indígenas pensaban en la recuperación de la medicina tradicional, allí nos relacionamos por primera vez con personas del Instituto de Etnobiología y con taitas que luego conforman la Umiyac. El 25 de mayo de 2005 se constituyo la Asociación de Cacicazgos del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá (CRIOMC), reconocida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y la Justicia mediante la Resolución 26.

Grandes objetivos La Asociación de Cacicazgos del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá se propone impulsar y liderar la ejecución del plan de vida Coreguaje, representar en todas las instancias a las comunidades afiliadas, apoyar los procesos or ganizativos y las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas Coreguaje, coordinar con las entidades publicas y privadas la ejecución de estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y tareas encaminadas a dar soluciones a los problemas que presentan los pueblos indígenas a través de la ayuda mutua, así como la formulación, gestión y ejecución de proyectos en las áreas de salud, educación, medio ambiente y proyectos productivos.

Vicepresidente y Coordinador Área de Comunicaciones - CRIOMC


ollo” vs. Pueblos Indígenas Siglo XXI: “Desarr “Desarrollo” en vía de e xtinción extinción n pleno siglo XXI, donde el mal llamado desarrollo ha alcanzado su máxima expresión, diferentes Pueblos Indígenas como el Yamalero, Siripo, Wipijiwi, Amorua, entre otros están en riesgo de extinción. La desaparición de muchos pueblos indígenas no es reciente, comenzó con la invasión en 1492, luego en los años mas reciente la explotación de la cauchería diezma gran parte de las poblaciones indígenas en especial en las regiones de la Orinoquía y Amazonía Colombiana. A la par de grandes megaproyectos que afectan la territorialidad, generando impactos ambientales y afectación en la seguridad alimentaría propia y cultural. A esto se suma la falta y ausencia de políticas publicas por parte de los gobiernos locales, departamentales y nacional que beneficie y garantice la pervivencia de los diferentes pueblos, tanto físico y culturalmente. Asimismo la estrategia y militarización con su plan patriota para la región sur del país ha causado enormes atropellos y violaciones de los DDHH y derechos propios de los pueblos indígenas y como no ha habido inversiones sociales; en materia de salud, vivienda, seguridad alimentaría y educación las condiciones de vidas de los pueblos son deplorables. Por otra parte, la colonización a través dela extensión de la ganadería, de cultivos de usos ilícitos, monocultivos como la palma aceitera, está desestabilizando los códigos de manejos de los recursos naturales y de control social.

Por lo anterior, alertamos a todos los colombianos y a los organismos de derechos internacional a que se pronuncien y exijan garantías de pervivencias de los pueblos indígenas en vías de extinción.

Sembr ando y rregando egando a Sembrando l Diplomado en Comunicación e Investigación Étnica por sí solo no dejaría de ser una carreta; si no se riega la semilla, si no se hace mantenimiento, si no se recogen frutos positivos. La dinámica siguió, el 60% cumplió con su deber: contar y cantar la dinámica de su comunidad y su pueblo, quienes desde el primer módulo correspondieron con las tareas siguieron alimentado SICO, y sobre todo, Dachi Bedea, con música, entrevistas, cuentos, denuncias, o simplemente llamando, escribiendo por correo, y pidiendo que llegáramos a terreno. Y así lo hicimos, para potenciar los recursos le dimos prioridad a las emisoras nuevas, con el propósito de que el árbol naciera y creciera lo más derecho posible. Acompañamos, orientamos con talleres de conectividad y suministramos equipos de cómputo, grabadoras, ploter de visibilidad y otros recursos, a los Pijaos de CRIT, a los Emberas de Ingrumá de Caldas, en Antioquia a los Emberas de Chamí S tereo y Tules; Emberas, Zenú y Katíos de la Voz Indígena de Urabá en Apartadó; a los Zenúes de Mexión S tereo en San Andrés de Sotavento, a los Wayúu de Ecos de La Makuira y Utay Stereo en el resguardo de Mayabamgloma; a los Kankuamos de Tayrona Stereo tanto en Valledupar, La Guajira y en Atánquez, en el marco del encuentro cultural. De igual manera recorrimos, orientamos y suministramos equipos de cómputo para conectividad y grabadoras a una parte de las emisoras del Cauca; a Radio Nasa de Tierradentro, Libertad de los Totoróes, Nuestra Voz – Nasa de Morales, Radio Nasa de Toribío, Payumat, a Wiss Stereo de Cerro Tijeras con una grabadora, e incluso, acompañamos a Guambia. Seguimos al departamento de Nariño, a los Pastos de Identidad Stereo, a la emisora del Resguardo de Males – Córdoba, a La Voz de los Pastos, como tam-

bién a los Awá; tanto a La voz de los Awá como Camawari Stereo, aportamos para que hoy cuenten con Internet en sus emisoras, juntos acortamos 3 kilómetros de distancia entre El Diviso y Predio Verde.

entre otras: La Minga por la Dignidad de los Pueblos del Cauca en el 2004, la Minga Pijao del Tolima, la Marcha Embera, la Marcha Zenú, todas en el 2005; la Cumbre Itinerante de Organizaciones Sociales en el 2006, la Liberación de la Madre Tierra en el Japio, en La Emperatriz. Como también a cada marcha que conjuntamente se realizó en Bogotá para rechazar el TLC, la Ley de Transferencias, Ley de Páramo, Ley de Justicia y Paz “Ley de Impunidad”, todo por la Soberanía de Colombia.

También llegamos a Coreguaje Stereo en Caquetá, en Amazonas a la emisora de La Chorrera y a Waira en Putumayo. Hoy por hoy, se cuenta con un itinerario para seguir acompañando, gracias al aporte para los talleres de las comunidades, e incluso hasta con el transporte del equipo de comunicaONIC. Así se va tejiendo SICO. Igual que a las emisoras, cubrimos gran parte de los eventos que programó la ONIC y sus regionales,

Actualmente, el tema de comunicaciones en las regionales y or ganizaciones se ha dimensionado, caso del Huila, Risaralda, Caldas y Kankuamos en la Sierra Nevada. Gracias a que en reuniones de macros, Juntas Directivas y en talleres, se contó el cuento de SICO, con la relevancia de que la comunicación es y debe ser una herramienta política para las organizaciones y pueblos. Debe ser para afianzar el Movimiento Indígena.

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TERRITORIO ) Viene de la página 1

Pueblos indígenas y la Ley de Est atut o statut atuto

1. Soberanía alimentaria El ministro de Agricultura se negó abiertamente a mencionar la soberanía alimentaria. Para nosotros, en cambio, es la base de la vida, de la autonomía y de la libertad. Un pueblo que no produce sus alimentos está condenado a someterse a quien se los vende. Eso quieren las transnacionales: someternos con la comida. Nos ofrecen comida supuestamente “más barata” y cuando ya han arruinado la producción nacional nos suben los precios y nos exigen lo que sea para vendernos la comida al precio que quieran. Es lo que ha pasado en México, donde los pueblos indígenas descubrieron el maíz como especie y lo seleccionaron hasta generar las mazorcas que hoy conocemos. Ahora México importa el maíz y las tortillas. Miles de indígenas y campesinos han emigrado a Estados Unidos donde son perseguidos como “ilegales” y ahora las tortillas están a precios impagables por quienes antes las producían. Es falso que la soberanía alimentaria esta incluida en la seguridad alimentaria. Esa mentira les dijeron en México y ya vemos las consecuencias.

Rur al ural

2. Ordenamiento Social y Cultural de la P ropiedad El gobierno en forma improvisada decidió descuartizar la función de ordenamiento social y cultural de la propiedad. Esta función requiere de unidad, tanto por razones técnicas, como porque solamente así puede producirse la concertación de los sectores sociales partícipes del ordenamiento de la propiedad rural. Con esta función se regula qué territorios son resguardos indígenas, territorios colectivos afro colombianos, reservas campesinas, tierras para desplazados, zonas de titulación individual o zonas de desarrollo empresarial. La ley de desarrollo rural aprobada plantea que varias entidades son competentes sobre este tema. Establece con poca claridad que unas figuras estarán a cargo del INCODER, otras serán función de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, y otras de Acción Social de la presidencia de la republica. Es evidente que de este modo se producirán contradicciones territoriales con las decisiones y las grandes empresas impondrán en el Incoder sus zonas empresariales mientras los indígenas y afrocolombianos esperamos interminables procesos en el Ministerio del Interior y los conflictos son resueltos sin nuestra participación en la Unidad Nacional de Tierras.

3. Despojo de derechos Dado el marco general, una consecuencia grave es el despojo de derechos cuyo reconocimiento hemos conquistado. Así, se establece la legalización de escrituras fabricadas mediante dolo o violencia entre el 17 de abril de 1917 y 1997. Esto incluye las escrituras fabricadas en dos violencias y cuyo ejemplo más reciente lo hemos percibido en la detención del alcalde de San Onofre, Sucre, y antes con la familia del primer personaje sindicado de parapolítico, Carlos Arturo Marulanda Grillo, ex ministro de Agricultura, ex Representante a la Cámara y ex embajador, que no pudo demostrar propiedad de la mitad de su hacienda “Bellacruz” en Pelaya (Cesar), debido a las normas de la ley 200 de 1936. Los campesinos fueron desplazados en 1996 por paramilitares que incluían a su hermano. Esta maniobra de legalización de escrituras espurias ya había sido intentada en 1994, legalizando las registradas hasta 1974, pero afortunadamente fracasó debido a que no derogaron el artículo 3 de la ley 200 de 1936. Ahora si han derogado expresamente esa norma que fue conquistada con luchas de campesinos e indígenas dirigidas por Quintín Lame en Cauca, Huila y Tolima, con el apoyo de Jorge Eliécer Gaitán. El ministro de Agricultura cuando hablamos del tema nos dice que no hicieron más que copiar un artículo de la ley 200 de 1936, como si no entendiéramos que al copiar la frase “a partir de la vigencia de esta ley”, estamos pasando de abril de 1937 a 1997 y por tanto legalizando escrituras fabricadas producto de dos violencias: la de los años cincuenta y la violencia paramilitar de los años 80s y 90s, y que en procesos de “clarificación de propiedad”, ejecutados por la Unidad de Tierras en la que no tendremos voz, convertirán en coladeras los resguardos constituidos o ampliados por Incora e Incoder.

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De otra parte, la ley pretende subordinar los procesos de constitución y ampliación de los resguardos y los planes de vida de los pueblos indígenas a las disposiciones de Ordenamiento Territorial de los municipios, olvidando que la Corte Constitucional declaró inconstitucional las normas de la ley del POT que pretendían que los municipios dispongan normas sobre resguardos indígenas desconociendo el Convenio 169 de la OIT. La ley también prohíbe constituir o ampliar resguardos en la Costa Pacífica, desconociendo los derechos fundamentales de los pueblos Wounan, Embera- Eperara y Awá y violando flagrantemente el Convenio 169 de la OIT. Los Uribistas tratan así de enfrentar a los afrocolombianos con los indígenas mientras en realidad le adjudica las tierras de los afrocolombianos y campesinos a las trasnacionales y paramilitares mediante las zonas de desarrollo empresarial y la legalización de escrituras fabricadas. La ley criminaliza la resistencia indígena de 514 años. ¡Quieren decir que como los pueblos indígenas dirigidos por la Cacica Gaitana, Pipatón, Calarcá y nuestros demás héroes reivindicaron con arco, flecha, cerbatana y palos nuestros territorios no pueden constituirse ni ampliarse más resguardos ni adquirirse más tierras para indígenas! ¿O que las recuperaciones de resguardos de Quintín Lame o la lucha de nuestras actuales or ganizaciones desde 1970 nos condenan a que el estado no atienda nuestras reivindicaciones ni cumpla con la reparación integral por las masacres de nuestra gente? Además, habla de “pretender”. Ni siquiera de actos sino de intenciones. Nos van a analizar si tenemos el “mal pensamiento” de ocupar una hacienda. Esta norma va más allá que la general, que estuvo vigente entre 1988 y 1994, que fue derogada por impedir que el estado actúe para resolver conflicto de tierras y por incitar a la masacre, como desfortunadamente se cumplió en El Nilo y en otros muchos casos con campesinos, por lo que el legislador eliminó esta norma en la ley 160 de 1994, y que ahora quiere ser reimplantada generando nuevas masacres. Como si fuera poco, en el último debate le agregaron un golpe al pueblo Nükák, al exigir a los pueblos nómadas la utilización “permanente” para tener derecho a un territorio. Este mico de última hora viola los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT y además de los Nukak afecta a los pueblos seminómadas y horticultores itinerantes, como es el caso de los Yuri o “caraballos” del río Puré en e departamento del Amazonas. Para completar, se tuercen completamente las normas de extinción de dominio de predios incultos por las cuales el estado ha recuperado sin pagar un peso más de 5 millones de hectáreas. La nueva ley dice que comprarán por avalúo catastral los predios improductivos de más de 10 Unidades Agrícolas Familiares y como no excluye de estos predios a los incultos (aptos para la agricultura o ganadería pero no utilizados), entonces tales latifundios serán adquiridos por el estado antes de que se les extinga el domino a los grandes propietarios. En cambio el artículo 174 del proyecto deroga la norma de la ley 200 de 1936 que protege de la extinción de dominio a los pequeños propietarios.


4. Grupos étnicos El enfoque del proyecto del gobierno está dado por incluirnos dentro del equívoco concepto de “minorías étnicas”, que se aparta de la Constitución Política y cuyo uso tiene consecuencias políticas, jurídicas y sicológicas. Como se demostró en la Asamblea Nacional Constituyente, esta es una clasificación equivocada, por las siguientes razones: 1- En los departamentos Chocó, Guajira, San Andrés y Providencia, Vaupés y Guainía, Amazonas (con excepción de la cabecera municipal de Leticia) y Vichada (con excepción del casco urbano de Puerto Carreño), afros e indígenas constituimos la mayoría. Igual ocurre en toda la región de la Costa Pacífica, en el departamento del Cauca (si se excluye el municipio de Popayán) y en muchos municipios del país, como Riosucio (Caldas), San Andrés de Sotavento (Córdoba) y varios de Nariño. Si se suma la extensión de estos territorios, somos mayoría en la mayoría del país y la ley debe ser cierta en cada parte del territorio nacional. 2- El enfoque constitucional para los indígenas, afrocolombianos y raizales no es el de unas minorías ubicadas en el país. El enfoque constitucional es que el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, pues “la cultura en sus diversas manifestaciones es el fundamento de la nacionalidad” y el estado reconoce la igual dignidad de todas las que conviven en el país. Entonces, los derechos de los grupos étnicos no son solamente nuestros específicos sino que son un derecho de todos los colombianos a la enorme riqueza que significa la diversidad étnica y cultural. La Corte Constitucional ha sentenciando que la protección de nuestros derechos fundamentales no esta sujeta a los vaivenes del interés general, y que éste no puede justificar la violación de tales derechos. Así por ejemplo, el parágrafo del artículo 330 de la Constitución prohíbe explotar en nuestros territorios los recursos naturales en desmedro de nuestra integridad cultural, social o económica.

) Viene de la página 5 Los pueblos indígenas no tienen fr on ter as fron onter teras

5. Antidemocracia Es importante recordar que organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas y de desplazados elaboramos un proyecto de ley que fue presentado como Proyecto 99 de 2006 Senado y que el entonces presidente de la Comisión V del Senado Dr. Araujo se negó a acumular para que fuera discutido simultáneamente con el proyecto 30 de 2006 Cámara del gobierno. Diversas actuaciones violatorias del reglamento se interpusieron en la lucha que contra el proyecto uribista se propusieron congresistas como Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, Cecilia López u Orsinia Polanco. En la plenaria del Senado no fueron sometidas a votación las proposiciones alternativas. En la comisión V de la Cámara, sin haberlas leído, los representantes votaron negativamente la propuesta de enmienda total presentada por la representante Orsinia Polanco Jusayú. En resumen tenemos que con esta ley los derechos de los pueblos indígenas sufren un golpe demasiado grave con este Estatuto Rural. Todos los resguardos y territorios colectivos constituidos por Incora e Incoder pueden sufrir recortes por las escrituras fabricadas; su constitución y ampliación deberá adecuarse a los POT y estará prohibida en la Costa Pacífica; se criminalizan cinco siglos de resistencia; los latifundios incultos escaparán a la extinción de dominio que quedará reservada para los pequeños y medianos propietarios; el ordenamiento social y cultural de la propiedad queda descuartizado al profundizar la improvisación del decreto 1300 de 2003 que creó el Incoder y las injusticias históricas de numerosas leyes y reestructuraciones y abriendo el paso para que a grandes empresas se les entreguen selvas y sabanas naturales. Es una tragedia a la que se agrega el hecho de que no se haya consultado oportunamente el proyecto a los pueblos indígenas, despreciando el Convenio 169 de la OIT y demostrando el carácter antidemocrático de la iniciativa del gobierno.

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Por lo tanto, el primer encuentro binacional organizado por la ONIC en el 2007 fue un momento clave en el reestablecimiento de las relaciones entre las comunidades de los dos lados de la frontera. La implementación de proyectos de explotación maderera, el corte de grandes partes de la selva para la ganadería, las implicaciones ambientales de minar oro, cobre y molibdeno a cielo abierto; la siembra de Palma Africana, represas construidas en los ríos, el cultivo de plátano y banano para empresas norteamericanas, son proyectos que tendrán fuertes consecuencias para los pueblos indígenas, desde la pérdida de la soberanía alimentaria, hasta la destrucción completa de los ecosistemas con los cuales siempre han vivido en armonía. La amenaza del TLC que los gobiernos de Colombia y Panamá están negociando con los Estados Unidos, y los megaproyectos continentales que buscan abonar la tierra para su implementación, tales como la Carretera Panamericana, el Plan Puebla Panamá, y la IIRSA, impulsaron a las organizaciones y Pueblos Indígenas presentes a usar el espacio para reflexionar sobre su presente y futuro, para así poder construir mecanismos de resistencia e integración acordes a estos nuevos contextos. La lamentable condición de confinamiento de los refugiados indígenas colombianos en Panamá, y su precaria situación sin papeles ni servicios sociales, resaltó la necesidad de trazar un acuerdo fronterizo entre las autoridades indígenas, y hacer incidencia frente a los gobiernos de ambos países para reactivar la Comisión de Vecindad y cumplir con los tratados internacionales sobre el refugio. La conclusión de los pueblos indígenas frente a las problemáticas fronterizas radica en la realización de agendas conjuntas de trabajo, el fortalecimiento organizativo que permita el ejercicio del gobierno propio y la autonomía, la realización de encuentros binacionales permanentes, la creación de comités locales de derechos humanos y el cumplimiento de las normas y acuerdos que protegen a las comunidades indígenas en las fronteras.

Agosto de 2007

¡UNIDAD Y RESISTENCIA PARA LA

PERVIVENCIA! indígena

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derechos humanos Tejiendo Solidaridad sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado Colombiano para que hagan todo lo necesario para detener este riesgo”.

Papel de la Diplomacia Indígena y las RRelaciones elaciones Internacionales

Giras de diplomacia indígena

El año 2007 ha sido de mucho movimiento y crecimiento para la ONIC dentro de su estrategia de tejer solidaridad internacional.

Misión Internacional de VVerificación erificación Veintitrés personas de diferentes países y sectores de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, organizaciones de Derechos Humanos y la sociedad civil, y observadores de agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la Comisión Europea, y la MAPPOEA. Estos delegados y observadores conformaron la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV), la cual visitó cinco regiones de Colombia en septiembre del 2006 en cumplimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhaguen. En comisiones a la Sierra Nevada de Santa Marta (pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa), Alto Sinú en Córdoba (pueblo Embera Katio), departamento de Arauca (pueblos U´wa y Sikuani), departamento del Cauca (pueblos Nasa y Guambiano) y el departamento del Guaviare (pueblos Guayabero y Nukak Makú), sostuvieron entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones, recibieron testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y se entrevistaron con autoridades locales y departamentales, cívicas, militares y de organismos de control del Estado. Así mismo, la Misión se entrevistó en Bogotá con entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en el G24 para transmitir sus preocupaciones. También se convocó el Foro Nacional de Mujeres Indígenas y el Foro Nacional por la Vida de los Pueblos Indígenas, teniendo acceso a estudios de casos de todo el país, informes de violaciones de derechos humanos y colectivos, testimonios, documentos y análisis de expertos, que permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia. Después de todo este trabajo, la Misión de Verificación llegó a la siguiente conclusión en su declaración final, en la que lamentaron la falta de respuesta a las recomendaciones: “Desde la visita del Relator Especial (2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no

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indígena

Fue muy claro para la ONIC que no sería suficiente llevar a cabo la Misión Internacional de Verificación en sí, sino que esta sería un punto de partida permitiendo visibilizar la problemática indígena y la falta de respuesta política del Estado Colombiano, dejando muchas tareas de seguimiento para el 2007 y en adelante. De hecho, las declaraciones de los delegados de la MIV recogidas en el libro de memorias “Ustedes Misión son fuego, agua, viento y plantas ”, (lanzado en el mes de febrero y disponible en la ONIC), se han convertido en una importante herramienta de trabajo e incidencia política, que ha permitido profundizar en un ámbito internacional sobre las causas de esta situación sumamente preocupante, como la agudización del conflicto armado interno, la situación de impunidad y la actual contrarreforma legislativa impulsada por la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que ponen en grave riesgo la pervivencia de los indígenas en Colombia y arremeten en contra de sus derechos fundamentales . Entre noviembre de 2006 y la fecha, varios miembros del Comité Ejecutivo de la ONIC han llevado a cabo giras de diplomacia con la Red de Apoyo Internacional en Europa (Italia, Gran Bretaña, Irlanda, España y Bélgica); en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y en América Latina (como organización miembro de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, entre otros). Estos eventos han incluido la Cumbre de Pueblos Indígenas en Guatemala, una presentación ante el Grupo Interdisciplinario sobre Pueblos Indígenas de la Comisión Europea, una gira en Estado Unidos que incluyó reuniones con congresistas, Departamento de Estado, e intercambios con pueblos indígenas; seminarios públicos en Bruselas, España y Canadá. Durante su participación en los eventos y giras en estos países, la ONIC ha socializado la declaración de la MIV y la situación actual a congresistas, senadores y parlamentarios; la Comisión Europea, organizaciones de Derechos Humanos y agencias internacionales, grupos solidarios de base de la sociedad civil. Durante el 2007 y en adelante, seguiremos construyendo y desarrollando estas relaciones con la conformación de una Secretaría de Relaciones Internacionales, trabajando desde la oficina en Bogotá y con vistas al futuro a tener representantes indígenas trabajando desde Norteamérica y Europa, para caminar la palabra e incidir en la política de estos países hacia Colombia, en la búsqueda de cambios reales para los pueblos indígenas.

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Este año en Bogotá, las organizaciones del CONIP están trabajando en la construcción de un plan de acción en coordinación con las agencias de las Naciones Unidas presentes en Colombia, con base en las peticiones de las organizaciones nacionales indígenas, los mandatos y planes estratégicos de las diferentes agencias de la ONU. También viajó una delegación de ocho representantes indígenas al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York en el mes de mayo, durante la cual se hizo una intervención oral y un evento especial sobre la MIV en presencia del Dr. Stavenhaguen. Se avanza en la construcción de un plan de seguimiento para la segunda mitad del año para los temas que salieron de este espacio, incluyendo incidencia, para lograr una visita de seguimiento del Relator Especial a Colombia, y la adopción de la Declaración de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, la cual no ha firmado el Estado Colombiano a pesar de ser adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año pasado.

Hacía el año 2008: TP2 y TPP TPP,, Tierra PProfanada rofanada 2 Durante el segundo semestre del 2007 se publicará un nuevo libro sobre los efectos de los megaproyectos en territorios indígenas, resultado de un estudio hecho entre la ONG Europea de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HRE), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Este nuevo texto toma como punto de partida la publicación ‘Tierra Profanada: grandes proyectos en territorios indígenas’, del año 1995, un proyecto conjunto entre la ONIC, Cecoin y GHK. Nuestro deseo es poder seguir con la publicación del libro en el mes de septiembre de 2007, para poder llevar a cabo el lanzamiento del estudio y una campaña internacional alrededor de su publicación, para coincidir con el 25 aniversario de la ONIC.

Tribunal PPermanente ermanente de los PPueblos ueblos (TPP) – Capítulo Indígena El TPP es un tribunal de carácter no gubernamental, del género de los ‘tribunales de opinión’ que tuvo su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Ante la negligencia estatal frente a las denuncias por las reiteradas violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, se realizará el Capítulo Indígena en el mes de julio del 2008. Previo a la audiencia indígena se realizará el Foro Latinoamericano sobre la Presencia de Transnacionales en Territorios Indígenas, por lo cual esperamos contar con la presencia de representantes indígenas de América latina, quienes se reunirán para identificar la presencia de transnacionales en territorios indígenas de Latinoamérica, analizar problemáticas comunes y estructurar una estrategia de resistencia de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica. Los invitamos a consultar la página Web de la ONIC www.onic.org.co para seguir las noticias del trabajo internacional y la agenda de trabajo que se está tejiendo. Para mayores informes contactar a Secretaría de Relaciones Internacionales: mision@onic.org.co


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¿Dónde anda la Repar ación? eparación? el 26 al 28 de julio, se realizó en Bogotá un encuentro de organizaciones victimizadas, donde se dieron cita más de 2.200 personas representando a más de 300 organizaciones que de una u otra forma han sufrido la violencia política que afecta el país. Se reunieron para repensar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. La ausencia de las autoridades de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la nación ( a pesar que habían confirmado su presencia), dejaron un sabor amargo que nos hace preguntarnos cual es el real compromiso de estas instituciones con respecto a las victimas del conflicto armado colombiano y a sus derechos. A este evento asistieron más de 200 representantes de pueblos indígenas colombianos como fueron: Kankuamos, Nasas, Hiutotos, Sikuanis, Emberas, Wayúu, Wiwas, Arhuacos, Nasas, Pijaos, Guambianos, Zenues, Yanaconas, Ingas, Kofanes, entre otros, además de una representante del pueblo indígena Mapuche de Chile. Al igual que el resto de delegaciones, las comunidades indígenas se reunieron para hacer un diagnostico de la situación humanitaria que ha dejado a su paso el conflicto armado en su mayoría desarrollado en territorios indígenas y articulado con la dinámica de cada pueblo, hilar un planteamiento sobre una posible reparación. Uno de los participantes compartió el pensamiento de algunos abuelos indígenas sobre el tema de la tan llamada y renombrada Reparación Integral y de los cuestionamientos que le dejaron: “Hace varios días estuve conversando con algunos ancianos indígenas que estuvieron de visita en la sabana de Bogotá, me llamo la atención el hecho que me dijeran que se encontraban por esta zona haciendo una ceremonias de armonización y de reparación, porque según ellos varios militares se habían metido sin su permiso a varios sitios sagrados en su tierra de origen, habían profanado esos lugares, y tanto guerrilla como paramilitares habían asesinado a varios de su gente hace poco tiempo”. Al paso otro indígena les contó lo que sabía de la Comisión Nacional de Reparación y de Reconciliación sobre la reparación en comunidades indígenas; al terminar el cuento de la CNRR, uno de los abuelos sacó de su mochila un tarro con mambe, lo destapó, extrajo la cuchara, lo levantó en señal de reverencia a la Madre y a los Espíritus protectores de ese lugar, y sumergiendo la cuchara en el polvo del mambe, tomó una cucharada y se la puso debajo de la lengua; luego extrajo su tarro de ambil, y con la ayuda del palito que se utiliza para sacar la miel, lo sumergió en la miel de tabaco, lo sacudió un poco, y cuando estuvo lo suficientemente untado, se lo llevó a los labios, con gran habilidad lo mezcló dentro de la boca con el polvo del mambe, entrelazó los dedos de las manos, cerró los ojos… y por un largo rato estuvo con la cabeza inclinada. Mientras otros atizaban el fogón, otros una y otra vez el chucuno del poporo acariciaba el cuello, una y otra vez subía el chocuno hasta su boca y lo bajaba humedecido con saliva y volvía nuevamente a frotarlo en el cuello del poporo, mientras sus manos los hacían girar, siempre hacia la derecha, llamando consejos positivos. Así pasó el tiempo, mientras muchos dolor e indignación corría por las venas y los rostros de quienes

al fondo contaban sus perdidas; no sé cuánto tiempo pasó para conocer lo que pasaba por la mente y el corazón del abuelito.. Cuando por fin alzó la cabeza dijo, “esa cosa de la reparación, es como querer ponerle las plumas a una gallina, después de haberla desplumado, en un cerro donde sopla bastante viento. Eso tendría dos problemas: El primer problema sería encontrar todas las plumas, y el segundo… – se quedo en silencio por un rato –encontrar la manera de pegárselas, y eso está como difícil… pegarle otra vez las plumas a la gallina. Eso es lo que pienso de la reparación”. Volvió a tomar mambe y se sumergió en sus reflexiones mientras dejaba a otros que atizaran el fogón con otros comentarios para impedir que se apagara el fuego… Ese intercambio de saberes nos hice mas que formular propuestas, plantear inquietudes frente a la ley 975 de Justicia y paz y al trabajo que desarrolla la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el cual el gobierno nacional nos quiere meter por los ojos y que vende a nivel nacional e internacional como un proceso exitoso, un proceso en el cual según ellos, los paramilitares se han desmovilizado y afirman que Colombia está en un proceso de transición; un proceso de transición de guerra a la paz, mientras que a las victimas del paramilitarismo les dicen que les van a hacer una reparación integral, discurso que a la hora de confrontarlo con la realidad deja ciertos interrogantes: ¿Cómo el gobierno colombiano habla de desmovilización, si, en 30 departamentos de 34 siguen controlando los territorios los paramilitares, hoy llamados emergentes por el gobierno y por ellos mismos y el pueblo “águilas negras”; nos quieren hacer creer que son grupos que se están rearmando, cuando en realidad nunca se desmovilizaron?, ¿como hablar de un desmonte efectivo del paramilitarismo, si, los máximos cabecillas siguen teniendo amasando sus fortunas, las cuales son obtenidas con sangre de las personas asesinadas, concentradas sobre todo en más de 6 millones de hectáreas de tierra expropiadas violentamente; hoy en poder de testaferros de los paramilitares?. Sumado a esto, en una entrevista del MOVICE con el Fiscal General de la Nación, este fue claro en ratificar que por parte de esa entidad no había ninguna intención de perseguir a los testaferros de los paramilitares, porque según él “hacer esto podría poner de mal humor a los jefes paramilitares ya que sus testaferros, entre ellos sus familiares, pagarían mas cárcel que ellos mismos y esto podría entorpecer el proceso de paz”. Otra preocupación es el hecho que en las audiencias públicas que se le llevan a los paramilitares, el gobierno no garantiza seguridad para las víctimas, las cuales se encuentran totalmente desprotegidas, mientras que los paramilitares llegan a estas audiencias escoltados, con chalecos antibalas y otros dispositivos de seguridad. Esta desprotección de las victimas se refleja en el hecho que son más de cuatro las personas asesinadas por exigir su derecho a la verdad, a la justicia, y la reparación y frente a este hecho el gobierno, la Fiscalía, la CNRR, solo salen a decir, “no tenemos la capacidad de garantizarle seguridad a tan gran numero de victimas”. Por otra parte, las declaraciones de los paramilitares solo son creíbles sino involucran

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a personas del alto gobierno, ejemplo: las declaraciones hechas por Mancuso, donde hablaba de la vinculación directa que tuvo Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa y Francisco Santos, Vicepresidente de la República, con estos grupos delincuenciales, versiones que son desechadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, por que según el “ no se le puede creer a unos delincuentes”, como lo manifestó a la hora de salir en defensa de su vicepresidente y su ministro de Defensa. Otra causa que afecta o cuestiona una posible reparación a las Victimas del conflicto armado colombiano, es la constante negación por parte de los jefes paramilitares de los hechos que se les acusa, a lo cual responden con justificaciones de los crímenes cometidos contra los indígenas Kimy Pernía Domicó, donde Mancuso se justificó que lo habían desaparecido, asesinado y tirando al rio Sinú por ser según él colaborador de la guerrilla; y otros como a Finees David Arias Martinez, indígena - docente Kankuamo, solo se limitó a relacionarlo en la larga lista de asesinatos que había ordenado. Así muchos otros paramilitares justifican esos asesinatos diciendo que los indígenas hacían parte de estos grupos como lo afirmo Jorge 40 en su versión libre. A todo esto se suma el hecho que el accionar de estos grupos se desarrolla en territorios estratégicos donde hay intereses económicos concretos, como en los territorios del pueblo Wayúu, Arhuaco, Wiwa, Koguis y Kankuamos en el norte de Colombia, donde se construye la represa de Ranchería, el puerto multipropósito Brisa y buscan recursos para construir la represa de los Besotes. El resultado previo, cientos de campesinos e indígenas desplazados, muchos lideres indígenas asesinados , intimidados, amenazados, silenciados… así se abre la trocha para el ingreso de las multinacionales constructoras, bajo la custodia del ejercito colombiano; esa limpieza y abono de los territorios no lo declaran. Por estos ejemplos y muchos más es que el abuelo se pregunta: ¿Cómo ponerle nuevamente las plumas a la gallina si los mismos que la desplumaron se han encargado de destruirlas, desaparecerlas o dispersarlas e incluso de comerse la gallina?. Esta actitud de doble moral del Estado colombiano en cabeza del presidente Uribe, nos hace pensar y denunciar que no vemos políticas claras frente a la Reparación Integral a la que tenemos derechos los pueblos indígenas, y que la ley 975 es una estrategia más que busca legalizar las grandes fortunas de los paramilitares obtenidas a sangre y fuego, como también busca legalizar y dejar sin castigo los beneficios obtenidos por las empresas nacionales y extranjeras que financiaron estos grupos, ya que hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación en contra de estas, por lo cual sospechamos que su accionar y complicidad con el paramilitarismo va a quedar como quedó la investigación contra la Chiquita Brans por introducir ilegalmente al país 3 700 fusiles AK 47 y 5 millones de cartuchos en 2001 y que fueron a parar en manos del bloque paramilitar Hermes Cárdenas, denuncia que fue realizada en su momento y cuya investigación terminó archivada en la Fiscalía General de la Nación.

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DERECHOS HUMANOS Indígenas del Bajo Atr at o: Atrat ato: En tr e la incertidumbr e y la impunidad Entr tre incertidumbre espués de varios años, los pueblos indígenas continúan bajo el control y ordenamiento territorial que adelantan cada uno de los actores armados en el país. Los testimonios de sus victimas evidencian como la violencia ejercida en su contra se difumina, se esparce sobre la profundización de una guerra sucia que no para, que se extiende por cada resguardo, que se pierde en el desconocimiento premeditado y la discriminación generalizada, en especial cuando los nombres de los victimarios tratan de ser borrados, cambiados, ampliados y especialmente silenciados. Como ocurre con los grupos paramilitares que intentan consolidar su hegemonía y la del desarrollo forzado que promueven, con ayuda de un proceso de paz (como el que se adelanta), dejando de lado las iniciativas de paz y las crisis humanitarias de sus victimas. Desde el 2006, a medida que avanza el proyecto paramilitar, disminuye su presión armada, sin que desaparezca, y aumentan los constreñimientos sociales. Según la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Quibdó durante los dos últimos meses han fallecido 37 niños indígenas por desnutrición, paros cardiorrespiratorios, diarreas, gastroenteritis, nacimientos prematuros, entre otros. En el último año 78 niños y niñas indígenas fallecieron por desnutrición y por falta de atención médica en el Bajo Atrato (Municipio de Carmen de Darién). No obstante las supuestas entregas de armas y desmovilizaciones en el marco de la negociación entre el Gobierno Nacional y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, adelantadas entre abril y agosto de 2006, el control y dominio territorial continúan. En el Bajo Atrato, según los testimonios recogidos, no se entregaron todas las armas, y por ello es que hoy reaparecen los grupos paramilitares con otro nombre (Aguilas Negras), al mando del “Comandante Mario”, uno de los que entró en la negociación como un ganadero y no como comandante, pese a que supuestamente su estructura se había desarticulado. Sus maniobras evidencian la continuidad del proyecto paramilitar y el grado de formalización de sus estrategias con apoyo del Estado; obviamente para los altos mandos paramilitares la situación es distinta a la de sus mandos medios o de rango más bajo. A esta altura en el Bajo Atrato, las víctimas del paramilitarismo como las familias desplazadas de Riosucio o las refugiadas en Panamá, aun no han obtenido respuesta por parte del Estado, ni han sido objeto de políticas de retorno a sus comunidades. “…para el gobierno el desplazamiento interno de gota a gota, que están en el lado del territorio panameño, todos son falsos, para ellos el desplazamiento es sólo cuando es

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masivo, por eso en Riosucio hay como 350 personas de diferentes pueblos y familias indígenas”. Mientras tanto, en Riosucio, los paramilitares están dirigiendo la tala indiscriminada en la zona, con la entrega de centenares de motosierras a los campesinos colonos y afrocolombianos que fueron sus víctimas (desplazamiento forzado), “mediante el método del ‘endeudamiento’ y ‘pago en especie’, en lugares de abastecimiento de comestibles y productos de los mismos paramilitares”. Con esta situación, ha llegado para algunos el cansancio, la tristeza y el estancamiento económico; y la desesperanza se apoderó de algunas familias, que se han visto forzadas a vender sus tierras o su fuerza de trabajo. “La comunidad negra esta negociando la madera que no es de ellos, porque se han metido en las fincas que están solas, las de los desplazados”. Este proceso lleva a que el mercado de tierras se acelere y las redes paramilitares terminen quedándose con las propiedades, no obstante su carácter de propiedad colectiva. “Hoy cada hectárea (cuenca del Salaquí) esta siendo vendida a los terratenientes a 150 mil pesos cada una. Poco a poco, cada día más viene avanzando la ganadería. Ahora andan diciendo que en el Chocó no hay que hacer con la tierra y por eso están llegando muchos familiares de los paramilitares a comprar su tierra. Hoy por hoy la percepción de inseguridad generalizada de la población indígena en el Bajo Atrato, los lleva a pensar que toda la población de Riosucio es paramilitar, “es que la mayor parte de Riosucio son puros ‘paras’. En Riosucio, usted los ve como cualquiera, pero uno no puede hablar mal…” Por eso es que hoy nadie cree en la desmovilización y menos en el proceso de Paz que adelantan los paramilitares con el Gobierno Nacional, ya que estos últimos no han cumplido con lo pactado. “El Bajo Atrato está dominado por las autodefensas, en este momento el municipio de Riosucio está lleno de desmovilizados, siempre se les vé por ahí, con sus armas, continúan haciendo control a los comerciantes, a quienes sacan la madera. Por eso es que hay varios ríos que todavía están controlados por ellos”. El control paramilitar en el Bajo Atrato continúa y las autoridades nacionales no hacen nada por las comunidades indígenas de la región, pese a las denuncias públicas emitidas por Camizba, la ONIC, y a las campañas nacionales e internacionales que la iglesia colombiana adelanta en pro de la paz para los pobladores de Bajo Atrato. Hoy igual que en los últimos cuatro años, los derechos de los pueblos siguen siendo conculcados y la libertad de asociación, de opinión y expresión, como la libre circulación se ven das por los grupos paramilitares, supuestamente desmovilizados.

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Consejo Nacional Indígena de P az: Paz: Escenario para resistencia y búsqueda de paz para los pueblos indígenas en Colombia Desde el Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia, realizado en Cota (Cundinamarca) en el año 2001, los pueblos nativos han creado escenarios propios como la Mesa y el Consejo de Paz, organismos que han permitido responder a las situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la autonomía de los pueblos por efectos del conflicto armado y las distintas políticas del gobierno de Uribe Vélez. Dicha situación, que tiene su origen cuando el gobierno de Andrés Pastrana busco apoyo para el Plan Colombia, los pueblos indígenas no han hecho otra cosa que buscar mecanismos y estrategias propias de autoprotección y resistencia, las cuales van desde posturas propias frente a la guerra, emitir declaraciones, pronunciamientos, resoluciones, declarar territorios de paz y convivencia, como el caso de La Maria en el Cauca; zonas de refugio, caso de los Embera Katios en Chever Dabeiba (Antioquia); marchas y movilizaciones pacificas que son el sentir y el anhelo de los pueblos indígenas por lograr la paz para Colombia, la convivencia pacifica y la defensa de la autonomía de los pueblos frente a los actores armados. La Mesa y el Consejo Indígena de Paz (CONIP) nacieron para contribuir en el fortalecimiento del gobierno propio, exigir a los actores armados el respeto a los procesos propios de resistencia, y al Gobierno el cumplimiento de sus deberes constitucionales de garantizar el pleno ejercicio y las garantías plenas para potenciar la gobernabilidad indígena. La triste realidad por la que atraviesa nuestro país en los últimos dos años ha marcado un camino de olvido, desconocimiento de los derechos, deslegitimación de los procesos sociales, y de borrar por la vía de las políticas guerreristas, señalamientos, leyes y procesos, conquistas importantes de los pueblos indígenas, como son los derechos territoriales, entregando así los territorios a las grandes multinacionales. Por eso, la tarea y orientación que impartieron los abuelos, lideres, organizaciones y gobiernos desde el congreso de Cota y la Primera Mesa de Paz, la hemos asumido sin debilitarnos, como un tejido colectivo entre las distintas organizaciones que hoy componen el Consejo Nacional Indígena de Paz – CONIP, para continuar resistiendo y perviviendo. El proceso no ha sido fácil, porque se ha orientado a las distintas regiones para que se apropien del proyecto desde el nivel local y regional, configurando espacios propios como los consejos o comités de paz, para que efectivamente ejerzan su autonomía frente al conflicto social y armado. El acompañamiento y la orientación política en cabeza del comité operativo y los presidentes del CONIP a los distintos pueblos es fundamental, tanto por su importancia y el rol que juegan ante los distintos pueblos, pero son las bases, organizaciones y autoridades, los llamados a desarrollar estrategias locales que garanticen el fortalecimiento del consejo de paz desde los distintos niveles.


educación EFIN:

) Viene de la página 1

Manipiniktikinya

Experiencia que busca el fort alecimien to fortalecimien alecimient or ganiz ativo organiz ganizativo

(Abadio Gr een Stócel) Green or eso también es un hombre de paz; ha sido dos veces presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). A pesar de que la población indígena mayoritaria en este departamento de Colombia es Embera, ninguna de las autoridades dudó en proponerlo como presidente. Por tradición, cuando la Organización Nacional debe resolver un tema problemático, llaman a todos los expresidentes; Abadio nunca falta, porque su palabra es verdadera. Por allá en 1957, en la comunidad de Sasardi Muladupu de la comarca Kuna, Panamá, Abadio Green Stócel nació Manipiniktikinya. Es hijo de Luttenen Green Ledad y de Diana Stócel. Su otro padre, el Sakla Manuel Santacruz, le enseñó a andar tranquilo y a mirar de manera transparente; él dice que apenas aprendió a bailar y cantar, que el resto lo sigue aprendiendo. La raíz de la cultura Kunadule es el firmamento. Los abuelos y abuelas están arriba, en el cielo: sol, luna y estrellas, son los antepasados. El deber de todo Kunadule es aprender a tocar a sus abuelos con las manos, por eso, no es casualidad que al buscar en la cultura occidental algunas herramientas para entenderla, Abadio haya estudiado Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El título de teólogo puede llamar a engaño; porque mirando la cosmogonía cristiana lo que encontró fue la cosmología Kunadule. Su cultura le decía más cosas, y respondía mejor a las preguntas que durante sus años de dirigente, y ahora de profesor, fueron apareciendo. ¿Dónde encontrar, dentro de su cultura, el mejor camino? Abadio ha dicho en varias ocasiones que la lengua es el pensamiento de un pueblo. A partir de esa convicción ha diseñado un método particular de búsqueda del origen en la lengua: origen de pensamiento, origen de pueblo, origen de la palabra. Su filología es genealogía y anatomía: nacimiento de las palabras y mezcla de sentidos. Cuando cursó la maestría de Etnolingüística en la Universidad de Los Andes, fue para poder explicar a los no indígenas lo que su pensamiento Kunadule decía. El título de su tesis de grado, ‘Sintagma Nominal de la Lengua Tule’, dice muy poco de lo que allí se propone. Se trata de la culminación de varias investigaciones anteriores, entre ellas la ‘Etimología de la Lengua Kuna Dule’, que más que una etimología es una historia de origen del pueblo Kunadule, y la ‘Teología Kunadule’, realizada en Ipkikuntiwala, donde aparece con toda su fuerza el mundo Tule como base de la explicación del mundo. A finales de 1998, Abadio obtuvo el premio de la Asociación Internacional ASHOKA como innovador social, por su propuesta de la lengua como alternativa para profundizar la cultura milenaria, una metodología para enseñar la lingüística a partir de los significados de las palabras, para ver como detrás de ellas está la verdadera historia. En el año 2003

Abadio Green, obtuvo el Premio de la Asociación Internacional ASHOKA,1998 como innovador social *** recibió en Perú la ‘Orden del Quinto Sol’, otorgada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Sus investigaciones sobre la música e historia del pueblo Kunadule, realizadas en Panamá, están marcadas por la misma fuerza explicativa y por la obsesión investigativa: el pensamiento indígena puede explicar el mundo, puede guiar mejor la acción de los pueblos, puede ser el camino de la investigación científica y humana. La apuesta metodológica ha sido siempre un pensamiento donde los animales son hermanos, los astros abuelos, la tierra nuestra madre, por necesidad conduce a ver el mundo y la realidad de una manera armoniosa, respetuosa, y por tanto, es la garantía para una sociedad en paz. Eso se expresa de manera clara en el diseño del currículo de la Escuela Bilingüe Tiwiktikinia, a partir de la cultura Kunadule, el currículo para la profesionalización de los maestros indígenas de Antioquia, y el currículo de la Licenciatura en Etnoeducación, convenio entre la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el Instituto Departamental para la Educación Indígena (INDEI) y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); actualmente el diseño curricular junto con los profesionales de la misma Universidad, con la Organización Indígena de Antioquia y el INDEI, trabajan en la creación de la Escuela de Gobierno y Administración para la creación de la Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra. Pasa a la pág. 20

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stá perfilada hacia el conocimiento de elementos tan importantes como la cultura, la cosmovisión, el fortalecimiento organizativo, el análisis permanente de la realidad local, regional e internacional, el medio ambiente; al tiempo que brinda respuestas a las expectativas de los habitantes de la comunidad que son los transmisores de la cultura. La propuesta de la EFIN centra su mirada en la cosmovisión y la cosmología, mientras que profundiza los aspectos comunitarios, culturales, legislativos e históricos de las comunidades, además se penetra en los elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos que contribuyen al desarrollo del currículo propio. El objetivo principal es consolidar el modelo de educación propia que conlleve a líderes, gobernantes, autoridades tradicionales, padres, madres, niñas, niños, agentes educativos, maestros y maestras, a la construcción colectiva de procesos educativos contextualizados al servicio de la comunidad, fundamentados en principios básicos de autonomía, reflexión crítica, tolerancia, defensa del territorio, arraigo cultural e identidad; propiciando el acompañamiento a los aspectos organizativos, productivos, pedagógicos, económicos y culturales que fundamentan la pervivencia del pueblo indígena. Dicha iniciativa permite construir en MINGA los momentos educativos propios cimentados en pilares ancestrales como son la unidad, cultura, territorio, autonomía y comunitariedad, asumiendo con la comunidad la orientación de un proyecto de vida que garantice la participación activa de sus miembros en la proyección de su étnia y su permanencia dentro de la cultura nacional y global. Los hombres y mujeres que participan en la EFIN encuentran en el desarrollo de la escuela una propuesta coherente con la educación propia que se fundamenta en las siguientes características: Comunitario, porque es de la comunidad donde se aplican los procesos para una mejor calidad de vida de sus habitantes. Autónomo, porque es un modelo educativo propio, que nace dando respuesta a las necesidades y expectativas de las comunidades indígenas. Participativo, porque es constituido con la participación de niños, niñas, jóvenes, personas mayores, sabedores y autoridades tradicionales. Flexible, porque está abierta al cambio de acuerdo a las particularidades que se presentan en las comunidades y su entorno. Socio Humanístico, porque la comunidad es la base de la educación propia. Problematizante, porque trata de darle solución a las diferentes problemáticas del orden regional y nacional. El método que se aplica en la EFIN es el Probl ematizante, cuyo aprendizaje surge de las situaciones cotidianas, apuntando a un modelo adaptado a la realidad del contexto socio-cultural de sus comunidades y los procesos de interculturalidad. A continuación se observa el modelo educativo que representa el proyecto de fortalecimiento organizativo de la ONIC, en relación con las áreas de trabajo de la Organización, las cuales han posibilitado la unidad de acción desde Comunicación, Derechos Humanos, Mujer y Educación, Territorio y el Área Jurídica.

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mujeres ) Viene de la página 1

Mujer es indígenas en aporte Mujeres a la rresistencia esistencia

Leonor Zalabata... “Leo” recibió el Premio Anna Lindh 2007 por su “tenacidad, coraje y fortaleza al realizar una lucha por el igual derecho de todos a una vida digna y en paz. Como líder de aquellos que han sido invisibilizados, en una Colombia ya acostumbrada a la violencia, ella es un ejemplo por su indudable optimismo y fe en el futuro, al igual que Anna lo hizo durante su vida, Leonor hace énfasis en el dialogo y cooperación en el trabajo para lograr la paz y la reconciliación”, dicjo, Jan Eliasson, presidente de la Fundación para la Memoria de Anna Lindh. “Este premio es un reconocimiento importante, significa también protección para mi y los indígenas de la Sierra Nevada y del resto de Colombia”, dice Leonor, quien coordinada el área de derechos humanos de la Confederación Indígena Tayrona, CIT, del pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos que perviven en la Sierra Nevada de Santa, y uno de los 92 nacionalidades que enriquecen el país multicultural que es Colombia. Trabaja activamente frente al gobierno colombiano por los derechos de la comunidad, su cultura y su identidad, y por los demás Pueblos originarios al ser parte de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas con el gobierno, instancia temática previa a la Mesa Nacional de Concertación de los pueblos Indígenas con el Gobierno, y que en el 1996, se consiguiera por efecto de una acción de hecho conjunta de todos los pueblos originarios de Colombia, de la cual ella hizo parte; debido a que el gobierno ni ha respondido el porqué no suscribió la declaratoria de Derechos Humanos de la ONU, y asesinatos sistemáticos de nuestros líderes, entre otras muchas razones, los delegados oficiales indígenas, entre ellos ELLA, se levantaron de la mesa, para no seguir convalidando oficialmente las acciones etnócidas de un gobierno y Estado que avanza a espalda de los Indígenas. Ella, como muchas mujeres indígenas en Colombia, ha incentivado a las mujeres Arhuacas a desempeñar un papel importante en la defensa los intereses de la comunidad; activa el diálogo, “aunque sordo, sin muchas respuestas acordes a nuestras cosmovisión, se dialoga entre los diferentes actores del conflicto para disminuir las confrontaciones en el territorio Arhuaco y en toda la Sierra Nevada, porque la Sierra es un todo para los cuatro pueblos que habitamos en ella (Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos”. “Mi trabajo siempre ha partido desde adentro, de lo pequeño hacia lo grande. Mantengo contacto con los pueblos y las comunidades a través de viajes y conversaciones, para ser después su portavoz. Para nosotros no hay diferencia entre los actores armados legales o ilegales; cuando invaden nuestros territorios, ambos causan el mismo temor. Ninguna de nuestras comunidades están armada”. “Es extraño que cuanto más lejos uno esta de su tierra es cuando más le ponen atención, generalmente uno es ignorado en su propio país. Los actores internacionales no han conseguido resolver el conflicto, pero pueden ofrecer cierta protección”. Este reconocimiento internacional llegó como una sorpresa para Leonor, “me quedé asombrada. Nunca pensé que obtendría un premio tan bonito y significativo, sobre todo por que es en memoria de Anna Lindh, quien luchó por la paz y los derechos humanos, pero sobre todo por ser MUJER esto hace que se sienta cercano”.

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Consolidar un equipo de mujeres en las regiones, para que consoliden el trabajo nacional.

“Las mujeres indígenas queremos seguir en el territorio, para fortalecer la cultura y pervivir como pueblos con dignidad”. or eso trabajamos en pro de la mujer, en los aspectos de los derechos que son mancillados por parte del gobier no, el cual se empeña en reiteradas oportunidades en vulnerar nuestros derechos en los territorios, y la identidad cultural, pretendiendo cambiar estilos de vida y atentar contra la dignidad. Las mujeres, hombres, jóvenes y líderes han expresado que su problemática actual hace parte de un sistema de reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, cuyo fondo común es la falta de respeto de nuestros derechos, reconocimiento del gobierno propio, y el incumplimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales. De la misma forma, se enfatiza la falta de voluntad política por parte del Estado para cumplir con los tratados internacionales y los compromisos asumidos con las comunidades, burlando a la comunidad internacional y a los pueblos indígenas de Colombia. Sin tener en cuenta que para nosotras, las mujeres indígenas, la palabra Paz significa armonía, tranquilidad dentro de nuestras comunidades y estar en paz con nosotras mismas, sin discriminación alguna como pueblos, libres de guerra, de violencia intrafamiliar, de corrupción, de maltratos físicos y psicológicos. Significa vivir en nuestros territorios en armonía, en disfrute pleno de nuestros derechos sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales; que podamos movilizarnos libremente dentro y fuera de nuestros territorios. Es vivir en solidaridad con nuestros hermanos líderes y nuestras organizaciones, unidos como pueblos indígenas, respetando el gobierno propio. Para nosotras las mujeres, también es Paz interior en nuestros hogares y con la naturaleza; es el equilibrio en lo espiritual y material. Es conservar nuestros recursos naturales, querer a la madre tierra y vivir en comunidad como indígenas. Proyección: El área de mujer está participando en la creación de políticas publicas, en aras de mejorar las necesidades y problemáticas de la mujer indígena en lo local, regional y nacional. Durante el segundo semestre realizaremos tres talleres preparatorios con mujeres líderes delegadas oficiales al séptimo congreso de la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA. También participamos en la preparación del Encuentro de Resistencia Indígena que se realizara del 9 al 15 de octubre de 2007 en la ciudad de Bogotá, con el apoyo de la oficina de Gerencia Indígena Distrital.

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Encuentro internacional del comité operativo: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Coordinar y trabajar sobre ejes centrales. Fortalecimiento organizativo. Formación política. Trabajo con víctimas del conflicto armado. Intercambio de experiencias con mujeres indígenas de otros países. Participar y apoyar la Escuela de Formación Indígena Nacional (EFIN), con los temas genero, cultura, territorio y medio ambiente. Taller preparatorio al Séptimo Congreso Nacional de la ONIC. Acompañamiento en procesos organizativos de las mujeres en la región. Capacitación a mujeres desplazadas en el Distrito.


salud El ocaso de las culturas del Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce os estamos quedando huérfanos, la palabra del tabaco y la coca se está muriendo. No es romanticismo, es un llamado y un grito de auxilio ante la muerte de nuestros ancianos Uitotos, Muinane y Bora del Resguardo Indígena Predio Putumayo en el Amazonas colombiano. La tuberculosis, el paludismo, el hambre, la desnutrición, y ahora el cáncer, tienen azotada esta zona, en una situación de extinción de pueblos, invisibilizada para el país. Las instituciones encargadas de garantizar la prestación del servicio esencial de salud en el departamento, más que con programas de promoción y prevención, intervienen cuando ya no se puede hacer nada. El Amazonas, ese extenso territorio con enorme diversidad étnica y cultural, el cual resulta interesante conocer por el delfín rosado, el Palo Sangre y su artesanía, el agua dulce, el bosque y el oxígeno, hoy es objeto de grandes intereses turísticos y el planeta clama por su conservación y protección. Y surgen las preguntas: ¿Protegerla de quién y para quién? Proteger la Amazonia debería ser, sencillamente, proteger la vida de su gente, de los ‘SERES HUMANOS CON CULTURA PROPIA’, poseedores de conocimientos tradicionales basados en el respeto a la vida en todas sus formas y manifestaciones. Es a ellos a quienes hay que proteger. Es triste ver que cuando una especie de planta o animal está en vía de extinción, todo el planeta corre a protegerlo, se hacen propagandas alusivas a la conservación en medios masivos, se invierten recursos para proteger al cóndor, el águila, el delfín rosado, el palo sangre, el loro orejiamarillo, la arawana, la tortuga etc. Pero, ¿quién corre a defender las vidas humanas? Ante tanta indiferencia, desde hace dos años hemos organizado un equipo interdisciplinario entre la Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica (CODEBA) y la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), una veeduría internacional para hacerle seguimiento a algunos casos puntuales de pacientes indígenas del departamento del Amazonas. Hoy contamos con el acompañamiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Lo cierto es que pueblos indígenas, habitantes milenarios del resguardo más grande de Colombia están en peligro de extinción: en La Chorrera quedan sólo diez Okainas, quince Muinanes, trescientos Boras y mil quinientos Uitotos, situación similar para el resto de las zonas del Predio Putumayo. Nuestra mayor preocupación radica en que los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos se están perdiendo con la muerte de nuestros ancianos, y con ellos las culturas milenarias, ‘LOS HIJOS DEL TABACO, LA COCA Y LA YUCA DULCE’. En memoria de ellos, reseñamos algunos casos en los cuales el cáncer y la negligencia

de algunas instituciones de salud son responsables de sus muertes. José Ramón Teteye, último de los ancianos ‘verdaderos ’, decimos cuando se trata de quien se destaca por su sabiduría y conocimientos. Pertenecía al clan del ‘Amanecer’, autoridad tradicional, jefe del pueblo Bora, dueño de Maloca y de la carrera ceremonial ‘Yadiko’ o ‘baile de la viga’, considerado uno de los más poderosos en las culturas amazónicas del Predio Putumayo. Venía enfermo desde hacía aproximadamente 3 años, y entre el Centro Médico de La Chorrera y el Hospital Regional de Leticia sólo le diagnosticaron y trataron anemia y gastritis con medicina alopática. Sólo ante la remisión al Hospital La Samaritana en Bogotá el día 6 de enero, le ordenaron un elemental examen de diagnóstico con el cual le detectaron el avance irremediable de un cáncer en el estómago, ante el cual ya no había nada que hacer. José Ramón Teteye murió el día 23 de febrero de 2007 en el Hospital La Samaritana en Bogotá. Francisco Ruiz, pueblo Bora, Cabildo Providencia, La Chorrera, Resguardo Indígena Predio Putumayo, Amazonas. Llegó a Bogotá en mayo de 2005, después que en Leticia le diagnosticaran melanoma (cáncer de piel) en un pie. Vivió el paseo de la muerte por la negligencia de la ARS HumanaVivir y de la Secretaría Departamental del Amazonas, porque ante el tratamiento planteado por los médicos que lo atendieron, estas entidades se negaron a suministrarle el medicamento Interferón Alfa, requerido para que luego le hicieran el tratamiento de quimioterapia. Debido a esto, la enfermedad lo invadió ocasionándole la muerte en un albergue en Bogotá el día 20 de octubre de 2006. Pedro Umire, pueblo Muinane, Cabildo Sabana, La Chorrera, Resguardo Indígena Predio Putumayo,

Amazonas. Anciano remitido a Bogotá con diagnóstico de cáncer de próstata y tratado en el Instituto Nacional Cancerológico durante 6 meses aproximadamente. Ante su crítico estado y su expresión de nostalgia por la ausencia de su espacio vital, regresó a su casa en La Chorrera donde falleció a los pocos días en agosto de 2006. El grupo étnico al que pertenecía Pedro es uno de los minoritarios en el país, apenas tiene una población de quince personas en La Chorrera, para quienes Pedro Umire era soporte cultural. Fidencio Bombaire, pueblo Uitoto, Cabildo Centro, Puerto Arica, Resguardo Indígena Predio Putumayo, Amazonas. Anciano, autoridad tradicional y ceremonial. En torno a su maloca reunía a jóvenes, y con sus compañeros compartían su ritual diario del mambe, espacio que le permitía transmitir su legado de conocimientos tradicionales, o acordar la realización de trabajos con las instituciones que llegaban a la zona. Como paciente fue remitido a Bogotá, donde le diagnosticaron cáncer en el estómago; estuvo en tratamiento entre los años 2005 y 2006; regreso a su tierra donde falleció unos meses después. Mariano Ñeñetofe, pueblo Uitoto, Cabildo Santa Rosa, La Chorrera, Resguardo Indígena Predio Putumayo, Amazonas. Anciano del clan ‘Etogaro,’ gente del carpintero, sabio, prudente y poseedor de conocimientos valiosos que no alcanzo a transmitir a su pueblo. Su muerte significó una gran perdida para los uitotos. Falleció en el Hospital Santa Clara en mayo de 2005 sin que le hubiesen realizado un diagnóstico médico que indique la causa de su muerte. Desde su remisión fue tratado como un indigente, le perdieron sus documentos de identidad y la única ropa que poseía. David Gaike , pueblo Uitoto, Cabildo San José, El Encanto, Resguardo Indígena Predio Putumayo, Amazonas. Causa de muerte: cáncer de estómago en el año 2006. Aurelia Teteye, Antonia Ugeche, Adriana Kumimarima, Ignacia Atieme , Amelia Kuiru y Elías Manaideke, también murieron por cáncer.

Proteger la Amazonia debería ser, proteger la vida de su gente, de los

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actualidad La Coca y el nuevo Apartheid Los alimentos de hoja de Coca solo pueden ser consumidos en Colombia en territorios indígenas”. Con estas palabras, el director del Instituto responsable de la vigilancia de alimentos y medicamentos, INVIMA, inauguró un esquema de relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado colombiano. La historia de la hoja de Coca se pierde en los mitos primigenios de las comunidades nativas andinas y amazónicas, su uso data de cerca de diez mil años (cinco veces la era cristiana). Esta planta es endémica del sur de América, pero es esencial para los pueblos nativos que van desde los mapuches en Chile, hasta los wiwas en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Asaltantes españoles se apropiaron de su comercio cuando reemplazaron la autoridad del llamado imperio Inca, aprovecharon esta moneda y la siguieron utilizando como tal, entre otras cosas, para la supervivencia de la mano de obra esclava que utilizaron en la explotación de minas y en la subsistencia básica en las alturas andinas. En Colombia ocurrió algo similar, al punto que una parte de las castas dominantes intentaba prohibir su comercio absoluto, como lo hiciera con la chicha y el guarapo el tristemente célebre higienista Jorge Bejarano, gestor de la Ley 34 de 1948, que prohibió el consumo, pero no su elaboración, en razón de la degeneración racial y la propensión a la violencia que causaban. “¡La chicha engendra el crimen! No tome bebidas fermentadas!” (se veía un puñal sangrante); “La chicha embrutece” (se veía a un burro en la imagen); “Las cárceles se llenan de gentes que toman chicha”. Otro sector muy poderoso, como lo era en aquel tiempo el formado por los hacendados caucanos, logró reversar la prohibición absoluta que se cernía sobre la Coca, y en particular sobre el mambeo o masticación de la hoja, pero no exactamente por el altruismo que nunca los ha caracterizado, ni por mantener intactas las culturas vernáculas. Era por el vil metal, pues les resultaba más barato pagar la mano de obra semi-esclava con Coca que ellos mismos comercializaban, y en consecuencia definían el precio, tal como enseñó la Chiquita Brands en Ciénaga (Magdalena) y las zonas bananeras aledañas.

Prohibición religiosa Cambie la palabra chicha por Coca y tendrá las razones que no expone el INVIMA para prohibir los alimentos a base de hoja de Coca, pero con las que comparte plenamente lo planteado en la Convención contra los Estupefacientes de 1961, cuando en Colombia los indígenas todavía eran legalmente “salvajes que debían reducirse a la vida civil”, según la Ley 89 de 1890, vigente en ese momento. Algo que no se ha dicho claramente es que la prohibición de la masticación de la hoja de Coca quedó abolida con el Artículo 14, incluido en la Convención contra los Estupefacientes de 1988, cuando ya se había descubierto que efectivamente los indígenas tenían alma, y en consecuencia derechos como seres humanos que el Congreso colombiano ratificó, y además amplió este punto en las salvedades hechas al tratado, y que para rematar la Corte Constitucional sentenció que una cosa es hoja de Coca, y otra bien distinta y distante, clorhidrato de cocaína.

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En fin, las razones morales ar gumentadas para prohibir el uso de la hoja de Coca desde los tiempos de las bandas asaltantes que arrasaron riquezas y millones de vidas humanas en América, quedaron abolidas legal y moralmente. Hoy, ya nadie cree que la Iglesia Católica sea capaz de cumplir la sentencia de prohibir el derecho de ir al cielo, que es un premio para quienes todavía profesan esa confesión religiosa, a los que consuman infusión de hoja de Coca (Sínodo Eclesial de 1616). De otra parte, poco a poco se ha ido redescubriendo y comprobando lo que los pueblos indígenas conocen hace milenios y que han expuesto estudios como los de Mortimer en 1901, donde se describió los beneficios de la hoja de Coca; para no ir más lejos, la hoja de Coca tiene más calcio que la leche, más fósforo que el pescado y más hierro que las espinacas, es en consecuencia un alimento prodigioso y promisorio, pero con serios intereses en evitar que se pueda generalizar su consumo, es por esto que para el INVIMA en Colombia lo pueden consumir los indígenas, pero no los musxcas.

Pelea con Coca Cola Otro asunto que ayuda a explicar la prohibición de los alimentos de Coca es que en el mes de octubre de 2006, comuneros Nasa del resguardo de Calderas, productores de los alimentos de hoja de Coca, ganaron en la Superintendencia de Industria y Comercio una batalla legal a la multinacional The Coca Cola Company, la cual pretendía impedir que estos indígenas registraran el nombre de su popular bebida Coca Sek, hecha a base de hoja de Coca entera. Es un hecho que no se podrá probar, pero resulta curiosa la coincidencia en el tiempo: en octubre la Company pierde la pelea y en febrero del siguiente año el INVIMA ‘descubre’ que reconoció unos registros sanitarios, que según una convención derogada, no se podían otorgar. Es al menos curioso, pero nos abstenemos de lanzar acusaciones que puedan ser injuriosas o que contengan calumnias en contra de probos funcionarios públicos. Aunque no pretendemos hacer apología de una bebida que a decir de algunos estudios causa adicción, por los altísimos contenidos de cafeína, Coca Cola usa hojas de Coca para la elaboración de “un agente soporífero”, uso que está protegido en el Artículo 27 de la misma Convención contra los Estupefacientes de 1961. El INVIMA aplica entonces doble rasero, la multinacional si puede usar la hoja de Coca, pero no los indígenas que incursionando en los meandros del capitalismo lograron ventas importantes con una bebida que rivaliza con la más vendida por la multinacional.

El Apartheid El sueño de muchos es que los grupos étnicos y las minorías de diverso tipo vivan, pero bien lejos, es decir, mientras sirvan como piezas de museo o para ponerlos en el sótano de la embajada, y sacarlos de vez en cuando para mostrarlos como reliquia viviente de un pasado del que no quieren estar orgullosos, como en la triste y real historia de un indígena colombiano que fue diplomático en el sótano de la embajada colombiana en España hace unos pocos años.

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La gravedad del asunto es extrema, y ahora la directora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior sostiene esa tesis, según la cual la cultura y la recreación de la misma sólo es válida si se ajusta a los parámetros de los usos y costumbres de algún indeterminado momento, es decir, que el soplo de la civilización no haya contaminado esos usos y costumbres. Bonita cosa, los indígenas no pueden adaptarse a las realidades nuevas, seguramente dejan de ser indígenas cuando hablan español, montan en vehículos impulsados por motores de combustión interna, miran televisión en aparatos de tecnología proveniente de China o empacan su Coca en latas de aluminio procedentes de Venezuela. Por increíble que parezca, esa es la razón oficial por la cual no se puede vender alimentos de hoja de Coca fuera de territorios indígenas: la Coca en una lata o caja de cartón deja de ser tradicional, es decir, la costumbre puesta de otra manera no es posible, tal vez esa misma razón inspiró el cierre de una emisora comunitaria indígena, un idioma indígena puesto en las ondas hertzianas deja de ser tradicional, y así sucesivamente. El principio que inspiró la medida es un retroceso para el Movimiento Indígena, es por esto que su respuesta ha sido contundente y la indignación de diferentes sectores de opinión no ha sido menos; por esta vía cualquier cosa que no sea uso y costumbre a la luz de una determinada institución, y no de la propia decisión de un indígena o una comunidad, podrá ser prohibida. Para ejemplificar esto el café no es un cultivo tradicional, pero hay varias marcas de este producto que provienen de comunidades indígenas y son bien cotizadas en exclusivos mercados del exterior. Si no se pueden vender alimentos de Coca por no ser tradicional, no hay razón para que las organizaciones indígenas puedan comercializar el café, que no es un uso y costumbre. No tardarán los operativos policiales en llegar a municipios como Silvia o Piendamó en el Cauca, a detener a los indígenas Misak que usan botas ‘Grulla’ en lugar de alpar gatas o que no andan a pie limpio, como era el uso y costumbre hace varias décadas, e incluso, los que andan en motocicleta y que en acto circense pueden impedir que a cualquier velocidad que anden en estos aparatos no ancestrales nunca caigan sus sombreros de origen occidental. En fin, el INVIMA abrió la puerta al Apartheid por razones étnicas, las que deberán interpretar los nuevos censores, suponemos que será una de las nuevas funciones de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. Corren peligro señores indígenas!!! eviten usar sus mochilas en las ciudades porque no son uso y costumbre en dichos territorios.


Un encuen tr o, muchos caminos, encuentr tro, Unidos con tr a el olvido… contr tra El pueblo Nasa poseen la expresión “Nasa nawe finze wajas paguen finteñi”, que manifiesta la voluntad comunitaria para la defensa y orientación de su proyecto de vida. Es una decisión colectiva que señala el derrotero para mantener el equilibrio y la armonía… la debilidad de uno de sus miembros es soportada por los demás, de tal manera que la probabilidad de permanecer como una comunidad fuerte en sus principios es mayor que la de los individuos”. Una de las mayores necesidades morales de la humanidad, es la necesidad de reconocimiento. Recuerdo un poema de Jorge Luís Borges que tal vez se titula ‘Los Justos’. En ese poema, Borges enumera una serie de oficios sencillos de la cotidianidad como el del sastre ó cualquier otro, y dice al final que esas personas están salvando al mundo. Supongo que si miramos la necesidad de reconocimiento desde el punto de vista moral, habrá muchas cosas que decir desde la filosofía y por supuesto desde la ética. Allí tendrán muchas cosas que decir, desde Strawson hasta Guillermo Hoyos, pasando por Tugendhat y Humberto Maturana, y desde luego el indispensable Levinas, revisitado por Manuel Reyes Mate. De manera reciente, lo ocurrido en el Encuentro de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, que se dieron cita en la Plaza de los Artesanos del 26 al 28 de julio, mostró muy bien esa necesidad ética y moral de tantos hombres y mujeres de diferentes regiones del país. Hubo en ese encuentro una colección de momentos para la historia reciente de este país. La que quieren escribir las víctimas para superar la única que ha tenido difusión hasta ahora, (y evitar que se torne oficial) versión de los victimarios. Por ejemplo, la entrada de los indígenas del Cauca a la audiencia del tercer día, alegres y orgullosos con sus bastones de mando se enfilaron por el medio de un auditorio de más de dos mil personas, y lograron la interrupción de los relatos de la mesa principal, pues los aplausos duraron varios minutos y llenaron como si se tratara de un festejo (que también lo era) la Plaza de los Artesanos. También hubo momentos de profunda tristeza y solidaridad, como en el relato de los testimonios que se dio durante los tres días. Testimonios de injusticia, de impunidad, de preguntas por “dónde van los desaparecidos”, de reclamo y rechazo por la notoria ausencia el último día en la Audiencia del Procurador y del Fiscal General de la Nación (pese a ser invitados insistentemente y haber comprometido su presencia). Igualmente hubo oportunidad para los reconocimientos por la labor de algunas entidades como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (sobre todo en razón a su fallo reciente sobre el delito político), y a la Corte Constitucional, la cual, a través de su Presidente hizo presencia en el acto y presentó un discurso co-

herente y enriquecedor que arrancó aplausos de delegados y delegadas de todo el país. Pero el reconocimiento central fue el de las víctimas como SUJETOS MORALES DE LA HISTORIA, así, con mayúsculas, aunque suene grandilocuente. Las víctimas, ya no sólo en cuanto a personas que han sufrido profundos daños a su existencia, sino en cuanto a SUJETOS DE DERECHOS, que reclaman atención y reconocimiento del Estado en su conjunto. Y las víctimas desde el reconocimiento de su diversidad, de sus historias (no solamente desde sus “casos”), de la necesidad de la memoria como eje indispensable de este proceso que sólo así se convertirá en un proceso de justicia aunque la paz esté lejana. Pese a que el Encuentro se lo propuso en su convocatoria, y que fueron visibles en algunas intervenciones, por ejemplo la de Marleny Orjuela, quien a nombre de ASFAMIPAZ reclamó por sus víctimas; la presencia de las victimas de la guerrilla y más que todo el testimonio, hizo falta. Por su parte los indígenas a través del presidente de la ONIC, contaron su calvario, Kankuamos, Wayúu, Nasas, Wiwas, Emberas Chamí, Emberas Katios, Ingas, Cofanes y muchos más, e incluso una hermana del pueblo Mapuche de Chile denunció que en su país la cosa es peor, el desconocimiento es Estatal; Las victimas de los pueblos indígenas y de otros sectores en plena séptima frente a uno de los medios de comunicación masivo, murales repletos de ellos en las calles y edificios, en la galería de Memoria y en la Audiencia contaron su propia historia; fue así como Fredy Arias y más de 280 Kankuamos, y Kimy Pernía Domicó le contaron al mundo quienes, como y por qué los silenciaron los paramilitares, mientras que Efren Pascal del pueblo Awá contó como y porqué la guerrilla lo desapareció, por su parte los Wayúu corroboraron que “las águilas negras con la complicidad del Estado”, vuelan bajito en sus rancherías. No cabe duda que varios discursos las reivindicaron, y que una de las riquezas del encuentro fue articular un espacio para todos, trazando en sus intenciones la necesidad de que hubiera víctimas de todos los actores, pues el encuentro era consciente de la necesidad de que quepan todos y todas. Pero la Declaración Central del Encuentro recogió esa necesidad de seguir articulando a todos, sin distinguir quién ha victimizado, y más que la declaración, que puede parecer sólo un acto retórico de los eventos, en el caso de los sindicalistas, de los indígenas y de otros sectores, se oyeron voces de rechazo a las agresiones contra la población civil por parte de las guerrillas. Las víctimas se sintieron reconocidas no sólo por la presencia de funcionarios del Estado, como el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Corte Constitucional, en la audiencia espléndidamente presidida por Eduardo Cifuentes como Decano de Derecho de la Universidad de los Andes,sino ante todo por haber

Profesor Moncayo: su lucha es la nuestra desde hasce 515 años, hoy usted nos realimenta el espiritú de la resistencia civil y de libertad; que el bastón de Autoridad que le entregó un hermano Guambiano le sigan sosteniendo y en la mochila de la Sierra Nevada recoga, guarde y siga regando semillas de Paz.

¡Porque muchos son los caminos contra el olvido! ¡Recorrámolos juntos!

contado con espacios para mostrar sus fotos y los objetos de las personas queridas que hoy no están. El Encuentro volvió a mostrar que eso de que se teje esta pasta humana (como lo dijera hermosamente Shakespeare en ‘La Tempestad’ y en el ‘Mercader de Venecia’), también pasa por la indignación, la rabia, la pasión, la equidad, la justicia, y tantos otros sentimientos que están en la sustancia de la especie. También se sintieron reconocidas por haberse podido escuchar unos a otros (que era en últimas uno de los propósitos principales del evento), por haberse podido encontrar desde lugares tan lejanos, desde donde vinieron sin contar con financiación para el transporte (lo cual hace más meritorio el viaje), a pesar de los ingentes esfuerzos de la organización del encuentro y del apoyo de la cooperación internacional. Los medios de comunicación masivos y alternativos fueron muy importantes para el reconocimiento de las víctimas. Acostumbrados como estamos al despliegue que le dan a la llegada de los jefes paramilitares a las versiones libres, no dábamos crédito a que el Canal Caracol transmitiera en directo por televisión desde el lugar del evento, e hiciera una meritoria labor previa de recolección de testimonios directamente con las víctimas. El Espectador le había dado un gran despliegue días atrás a la realización del evento y a la importancia de juntar a las víctimas, y El Tiempo, destacó en su editorial del 1º de agosto, que dentro de los eventos que se realizaron en Bogotá sobre víctimas del conflicto, el encuentro fue, por su magnitud, el más importante. Hasta el Washington Post estuvo presente con su corresponsal en Colombia, y seguramente algo veremos en ese diario sobre lo que reflejó el encuentro. Y como siempre, quienes desde las regiones con sus experiencias comunicativas alternativas como las emisoras comunitarias, las emisoras indígenas, periódicos virtuales y escritos, murales, volantes, páginas Web de las organizaciones convocantes, a través de estas el poder de la palabra de las victimas llegó a los confines del Mundo; la emisora virtual de la ONIC “Dachi Bedea”, vocablos del pueblos Embera que significan “Nuestra Voz”, fue el canal de cientos de victimas que rompieron la mordaza y gritaron que “nuestro silencio se convierta en su solo GRITO, no más IMPUNIDAD”. El camino sin embargo está por andar. Las víctimas del conflicto saben que para reivindicar su condición de sujetos morales de la historia es necesario no quedarse ahí, sino desarrollar los objetivos trazados en el encuentro, la propia agenda que se dieron. Hace varios años han tratado de irrumpir en la historia de este país, ahora tienen que escribirla, reconstruirla, reinvertarla y reinterpretarla, para que no nos dejen a nosotros con la versión inicua de los victimarios, para que todos entendamos con claridad cómo y por qué se hizo y se sigue haciendo el daño, bajo el silencio permisivo del Estado Social de Derechos que es Colombia.

AGRADECIMIENTOS A: Héctor Mondragón, Juan Hougton Francisco Taborda Ocampo, Daniel Maestre, Fany Cuiro, Alvaro Piranga, David Curtidor, al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y a los miembros de los diferentes programas y áreas de la ONIC, por asumir enfrentarse con la pantalla en blanco pero con el pensamiento y el corazón en la tierra.

No. 123

O

Julio de 2007

indígena

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) Viene de la página 3

NIC NIC, 25 años

de resistencia y lucha por una sociedad más incluyente!!! Dicho de otro modo, los tiempos han cambiado y a los pueblos indígenas, desde su autonomía y experiencia, les ha tocado asumir nuevos retos a la luz de la Constitución Política de Colombia. En el departamento del Tolima por ejemplo, la organización regional desapareció para dar paso a una estructura de gobierno propio de los pueblos Pijao y Nasa, denominada: “ASOCIACIÓN DE CABILDOS YAUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA “CRIT”, entidad de derecho público, carácter especial. Esta dinámica constituye una nueva etapa del movimiento indígena, cuyo reto es la consolidación de los procesos de gobierno propio de las autoridades indígenas tradicionales (iniciados en los 80) tanto en el ámbito local, como en el regional y nacional; donde las estructuras organizativas sindicales y privadas desaparezcan, con el objeto de darle cabida a estructuras públicas de gobierno. Desde la anterior perspectiva, la ONIC ha considerado que su actual estructura organizativa está confor mada por instancias que presentan limitaciones importantes, derivadas de su constitución inicial como organismo gremial (Personería Jurídica en Cámara de Comercio) , para impulsar las exigencias de los pueblos indígenas y sus apuestas políticas.

Su carácter de “entidad privada sin animo de lucro”, no le otorga muchas competencias, ni le permite abordar con mayor eficacia, eficiencia, incidencia y capacidad de representación política, las graves problemáticas que afectan a los pueblos indígenas, ni instaurar con más profundidad los procesos de exigibilidad social, política, económica y cultural que necesita, para consolidar sus derechos. En su defecto la ONIC, debe constituirse en una entidad de gobierno propio, que en derecho y respetando su autonomía, interprete sus necesidades y decisiones, orientando los destinos de los pueblos indígenas colombianos. Durante la última Junta Directiva de la ONIC (1 al 3 de marzo de 2007), los delegados de nuestras organizaciones regionales aprobaron la reestructuración y refundación de la ONIC y sus principios, en el marco de su VII Congreso Indígena Nacional, que se realizará en Ibagué, durante el mes de diciembre de 2007 (9-13), con el fin de fortalecer los canales de intercambio y evaluación entre la organización nacional y sus organizaciones asociadas. En el VII Congreso Indígena Nacional, la ONIC debe afrontar los enormes desafíos que presenta el contexto actual: una contrarreforma agraria y constitucional, adelantada mediante la promulgación de leyes (Ley de desarrollo rural, ley de páramos, ley de bosques, ley

Manipiniktikinya, Hijo

de aguas, código minero, etc.) que atentan contra nuestros territorios, y por ende contra la integridad y pervivencia de nuestros pueblos. Todo ello en medio de la corrupción y la impunidad Estatal, del conflicto armado, de complejos procesos de cooptación, y de las múltiples estrategias que fomenta el capitalismo multinacional globalizado para explorar y explotar nuestros recursos naturales y conocimientos tradicionales. Al cumplir sus 25 años, la ONIC, invita a cada uno de nuestros pueblos indígenas para que desarrollemos dos retos o apuestas principales: 1. El fortalecimiento de la Unidad, la Autonomía y la Memoria de nuestros pueblos; y 2. La Reafirmación y Renovación de la Plataforma de Lucha del movimiento indígena colombiano, bajo la más firme consigna:

No traicionar el legad legadoo de nuestros ancestros ¡O nos fortalecemos o nos debilitan y desaparecen!

¡LEVANTAMIENTO INDÍGENA YA!

de K unadules Kunadules

) Viene de la página 15 Con esa convicción, Abadio coordinó con la ONIC tareas de educación, organización y la Campaña de Autodescubrimiento de Nuestra América, entre 1986 y 1989, labor que continuó en 1990 en la OIA como asesor en educación y organización. Dicha experiencia le mostró a las organizaciones indígenas, y sobre todo a él mismo, que el enfoque para abordar el pensamiento y el lenguaje indígena era igualmente válido y eficaz para resolver los problemas organizativos. Una especie de embrujo, proveniente de su amor por la palabra hablada, lo condujo a ser el articulador de muchas iniciativas políticas y organizativas. Con Abadio –como antes con otros dirigentes como Anatolio Quirá (QEPD)— las organizaciones indígenas fueron encontrando su propio lenguaje: lenguaje de siempre, de antigua, de los ancestros; cada vez más parecido a su historia que al lenguaje prestado de occidente. Ese lenguaje fue aún más evidente en la asesoría que prestó a la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia en 1992, en el marco del proceso de profesionalización de maes-

tros indígenas: “el maestro es un conocedor de su cultura, y por lo mismo es un luchador por los derechos de su pueblo... sobre todo del derecho a tocar nuevamente las estrellas con las manos”. Nadie dudó que Abadio Green Stocel debía ser el presidente de la ONIC en septiembre de 1993. Durante los cinco años de trabajo como representante de todos

los indígenas, cumplió la labor de no dejar perder el horizonte de las luchas. El festival de decretos y normas donde aparecía el nombre de los indígenas, los ficticios escenarios de participación, pudieron confundir a muchos. Abadio insistió en todo momento que el horizonte de los indígenas no era la Constitución Política, sino el cielo de los abuelos y abuelas estrellas. Más allá de la ley occidental, está la Ley de Origen, la ley de la justicia de los más. Actualmente, después de culminar su período como presidente de la Organización Indígena de Antioquia, fue nombrado profesor y coordinador del Programa de Educación Indígena, adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, mientras que continúa su trabajo investigativo de la lengua y la magia de las palabras en el Doctorado en Educación, línea Estudios Interculturales de esta misma Universidad, además de adelantar una investigación financiada por Colciencias, proyecto: ‘La lucha de los siete hermanos y su hermana Olowaili, en la defensa de la madre tierra: una búsqueda permanente de la identidad del pueblo Tule’.


Periódico Unidad Indígena