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CASA COMÚN

21 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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Desafíos de la radio local Alfonso Gumucio Dagron* Ninguna emisora debería acceder a los beneficios de la categoría de “radio comunitaria”, si no cumple con requisitos mínimos que incluyen la participación comunitaria en la toma de decisiones, la generación local de contenidos y su pertinencia cultural y lingüística.

L

a historia de la radio comunitaria en el mundo está en permanente construcción. América Latina fue pionera a fines de los años 1940, cuando se estableció en Bolivia la primera radio de los trabajadores mineros en el distrito de Siglo XX-Catavi, y en Colombia, la primera emisora campesina, instalada por un cura joven en el valle de Sutatenza. Mucha experiencia se ha acumulado desde entonces. Con altos y bajos, con apariciones y desapariciones, como Ave Fénix las radios populares renacen constantemente y aunque nadie puede esgrimir cifras exactas, se calcula que por lo menos diez a quince mil radios locales y comunitarias operan actualmente en nuestra región, sumando las legales y las ilegales, es decir, las amparadas por la ley cuando ésta existe, y las que luchan por su legitimidad con el apoyo de las propias comunidades. Desde la persecución hasta la protección Tan sólo en Brasil más de ocho mil están en espera de que se les otorgue una licencia para transmitir y muchas lo hacen aun sin licencia, aunque corren el riesgo de ser clausuradas por órdenes de ANATEL, la empresa estatal de telecomunicaciones. En Perú, se estima que de las más de cuatro mil radios locales que funcionan actualmente, aproximadamente la mitad lo hacen sin licencia. En Guatemala, donde no existe ningún tipo de legislación sobre el tema, las radios comunitarias, que en su mayoría son propiedad de comunidades indígenas mayas, son sañudamente perseguidas por un Estado que sirve los intereses de los grandes empresarios de medios. Otras regiones del mundo han comenzado diez o veinte años atrás a dotarse de radios locales y comunitarias. En Sudáfrica, cuando el país estaba aún bajo la férula del apartheid, surgieron en la clandestinidad las primeras emisoras que luchaban por la apertura de espacios democráticos. En Ghana, las emisoras locales se han multiplicado rápidamente, aunque son pocos los países que cuentan con una legislación específica. Filipinas ha estado en la vanguardia de los países asiáticos, con la red Tambuli, pero el año 2006 la India aprobó una ley que favorece a las radios comunitarias y se espera que centenares de ellas estén ya en funcionamiento muy pronto. En Bolivia, las radios comunitarias continúan multiplicándose, pero no existe una ley que las proteja y las promueva. Ningún gobierno se ha ocupado de ese tema, salvo el de Carlos Mesa, que por Decreto Supremo las reconoció e hizo un intento de definirlas. En algunos países de América Latina se las persigue como si fueran delincuentes (Brasil, Guatemala, México); en otros se las autoriza con restricciones draconianas que limitan su radio de influencia y les impide sobrevivir (Chile, Brasil); en otros países se las tolera (Bolivia, Paraguay, Argentina) y en algunos incluso se las protege porque se entiende que cumplen un papel importante en el desarrollo y el cambio social (Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay). Esta diversidad de escenarios en nuestra región –cambiante de acuerdo a los vaivenes de la política– revela la disparidad de los marcos legales y de las disposiciones del Estado.

El derecho a la comunicación Es una paradoja que mientras América Latina vive la eclosión de regímenes políticos que se dicen progresistas, el derecho a la comunicación de los pueblos, representado esencialmente por iniciativas como las radios comunitarias, no merezcan una mayor atención por parte del Estado, que en lugar de promover la independencia de los medios de información y el fortalecimiento de las voces de los marginados, se preocupa más bien por establecer rigurosos controles y de instrumentalizar en su favor los canales de información independientes. Las excepciones son honrosas, y Uruguay es una de ellas, con disposiciones tan elocuentes como la de asignar por ley un tercio de las frecuencias de radio y televisión, tanto analógica como digital, a las emisoras comunitarias.

Este es el momento en el que la región debería establecer desde los poderes del Estado políticas y legislaciones que promuevan y protejan el derecho a la comunicación y, de manera muy específica, alienten el desarrollo de las radios comunitarias. Lo privado, lo público y lo comunitario Es imprescindible que en el diseño de las nuevas políticas y disposiciones legales se defina con claridad lo que se entiende por radios comunitarias, ya que con frecuencia el rótulo se aplica irresponsablemente a experiencias que no corresponden a la voluntad de las comunidades en cuyo nombre se obtienen licencias de transmisión. En el amplio abanico de las radios locales, las hay comunitarias, pero también privadas, institucionales, confesionales e incluso gubernamentales. Es importante que cualquier política de Estado y legislación sobre medios de información y de comunicación distinga específicamente los tres sectores: medios privados (comerciales y empresariales), medios públicos (del Estado, en sus diferentes niveles: nacional, subnacional y municipal), y comunitarios. No es difícil establecer distinciones entre los medios locales de índole diferente. Las radios comunitarias son aquellas donde el proceso de comunicación está en manos de la colectividad y las decisiones las toma la comunidad a través de sus delegados democráticamente designados. Para que una emisora pueda ser considerada comunitaria, es imprescindible que la

toma de decisiones sobre su estructura y programación sea producto de la participación y de la apropiación de una plataforma político-comunicacional. Las radios locales del Estado, como las que promueve actualmente Venezuela y Bolivia, deben enmarcarse en la categoría de emisoras públicas en la medida en que las decisiones no se toman localmente. Hubo un tiempo en que las radios locales promovidas por la Iglesia Católica progresista en América Latina se identificaban plenamente con las necesidades sociales, culturales y políticas de las comunidades, y por lo tanto se asimilaban como radios comunitarias. Esto, sin embargo, ha cambiado en las últimas dos décadas debido a la emergencia de centenares de emisoras de radio y televisión locales en manos de sectas evangélicas que no son parte de las denominaciones cristianas tradicionales. La nueva ola de radios religiosas se caracteriza, como nunca antes, por el énfasis en la evangelización e impacta negativamente en la cultura y la organización de las comunidades, llegando al extremo de dividirlas y segmentarlas. Por ello, es imprescindible que las políticas y leyes contemplen una categoría aparte para las radios confesionales, con condiciones de operación que no deben ser las mismas que para las radios comunitarias. En otra categoría se encuentran las radios institucionales, establecidas por organizaciones no gubernamentales, por universidades, o por agencias de cooperación para el desarrollo. Estas emisoras cumplen un servicio público en sectores de educación, cultura y desarrollo, y pueden llegar a convertirse en radios comunitarias en la medida en que la participación Souvenir local en la toma de decisiones se amplíe. Finalmente, en el tercer sector de la información y de la comunicación están las radios privadas locales, cuya definición e identificación específica en la ley es tanto más imprescindible cuanto que estas emisoras pueden cumplir a veces roles en beneficio de la comunidad o, por el contrario, concentrarse exclusivamente en la especulación y el negocio. Requisitos indispensables Las leyes y disposiciones administrativas para las radios locales deben establecer parámetros de responsabilidad social a tiempo de otorgar las licencias de operación. Ninguna emisora debería acceder a los beneficios de la categoría de “radio comunitaria”, si no cumple con requisitos mínimos que incluyen la participación comunitaria en la toma de decisiones, la generación local de contenidos y su pertinencia cultural y lingüística. La Oficina de Legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en América Latina ha realizado una investigación exhaustiva de la situación de la legislación sobre radio en toda la región, país por país. Ese informe es el primero y el más completo sobre el tema, y ha sido presentado en varios foros internacionales recientes, entre ellos el Seminario Internacional “La Radio Local en América Latina: Políticas y Legislación” que se desarrolló en La Paz del 19 al 21 de noviembre. * Escritor, cineata, periodista y fotógrafo.

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