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LOS DESAFIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL EN MENDOZA

I – INTRODUCCION: La Política Ambiental, entendida como el conjunto de decisiones del Estado atinente al modelo de país o provincia que desde el punto de vista ambiental se pretende o desea, implica conocer los objetivos y metas que se deben cumplir en tal sentido. Dice

al respecto Mathus Escorihuela “…

Entendemos a la Política Ambiental como un conjunto sistemático de fines y objetivos fundamentales, establecidos por la autoridad, con normas de organización y gestión complementarias que determinan la propiedad, el uso, la preservación y la recuperación del ambiente en un ambiente geográfico y político determinado…” (Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales – Mathus Escorihuela (Director), edición propia, pag. 42). En decir, el Estado como autoridad pública ambiental debe tener una noción precisa y acabada de cuál es el estado de situación de los recursos ambientales existentes en su territorio, un diagnóstico detallado de las amenazas que pesan sobre los mismos (contaminación, degradación, desertificación, pérdida de biomasa, etc.), con un inventario más o menos actualizado de los recursos naturales renovables o no con que cuenta, para de esa manera poder elaborar las metas políticas correspondientes. Por otra parte, la autoridad pública, conforme a los lineamientos políticos que establezca, deberá proponer la legislación correspondiente, organizar la administración pública que sea competente e idónea, elaborar la planificación y los programas necesarios y ordenar la gestión, a fin de que la misma sea lo más eficaz y eficiente posible. Sin embargo para que el Estado funcione tal como se describe, debe lógicamente estar acorde a las circunstancias, lo que lamentablemente para el caso de la Argentina, en términos generales, y de la provincia de Mendoza, en particular, no ocurre. Es por todos conocidos que el aparato estatal no funciona como corresponde ni cumple con las necesidades de la población,


encontrándose totalmente sobredimensionado con relación a los objetivos establecidos, con mala distribución de competencias, pésima política salarial, y ante la inexistencia de una verdadera carrera administrativa, pues el Estado es considerado por los políticos como un verdadero botín de guerra. Esta realidad es percibida con toda claridad por la sociedad, quien tiene una animadversión casi patológica con respecto a lo público, aun cuando es consciente de que lo necesita y que demanda cotidianamente sus servicios. II – HACIA UN VERDADERA POLITICA PUBLICA: Reconociendo que estamos ante una verdadera “emergencia” en lo público, cualquier acción que se encare respecto a las políticas ambientales, necesariamente

está

condenada

al

fracaso.

Sólo

se

podrán

lograr,

eventualmente, algunos éxitos parciales, completamente descolgados, sin entidad suficiente como para poder transformar la realidad que nos rodea. Es imprescindible, entonces, que las autoridades públicas encaren una verdadera Reforma del Estado, siempre tan anunciada pero a la vez vapuleada, dado que nunca se pudo ni siquiera esbozar. El Estado debe apuntar a una democratización de su estructura burocrática, con una profesionalización de la función pública, que implemente mecanismo de acceso a la información y procesos de participación en la toma de decisiones trascendentales, que organice procesos de contralor reales en donde la sociedad civil pueda a su vez fiscalizar y monitorear. También debe lograr la mayor transparencia posible en los mecanismos de contratación pública, implementando oficinas anticorrupción totalmente independientes del poder político, debiendo modernizar e implementar seriamente sistemas de información públicas. Para ello, al decir de Kliksberg, el estado local debe formular una nueva agenda respecto a la transformación de la administración pública y del Estado en general, asumiendo el compromiso serio y responsable de llevarla adelante. Debería encarar y plantearse los siguientes objetivos de política de transformación publica: 1- Proponer una reforma de la constitución provincial, a


fin de adecuarla a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual, tan disímil de la existente en 1916, última reforma importante de la Constitución de Mendoza; 2- Propender a una reforma de los partidos políticos, aun cuando ello sea también resorte del gobierno nacional, a fin de contribuir a una verdadera democratización interna de los mismos, y estableciendo una ley de transparencia del financiamiento de los partidos o, por lo menos, de las campañas electorales; 3- Iniciar el proceso de transformación de la Administración Pública, tanto provincial como municipal, sobre la base de los siguientes objetivos: a- Mejoramiento del proceso de toma de decisiones; bEstablecimiento de una política orgánica de personal, modificando el Estatuto del Empleado Público, creando la Carrera de Administración, con sistemas estrictos de ingreso y ascenso; c- Formación profesional del personal superior; d-

Rearticulación

y

reorganización

de

las

empresas

públicas;

e-

Implementación y diseño de modelos de descentralización; f- Instalación de mecanismos integrales de Control de Gestión, asegurando el monitoreo de ONGs locales; g- Creación e implementación de polos de desarrollo científicos y tecnológicos, mejorando en forma sustancial la relación Estado-UniversidadCentros de Investigación; h- Incorporación de procesos de participación ciudadana, asegurando el derecho a la Información y a la Participación Pública, a fin de democratizar el funcionamiento de la administración pública; iFortalecimiento de la capacidad institucional, económica y de gestión de la sociedad civil, en particular de los entes intermedios (ONGs, Uniones vecinales, clubes, etc.); j- Promoción de los mecanismos de integración, en el accionar del Estado, con el resto de la sociedad civil y entes intermedios (Ver Kliksberg, Bernardo - ¿Cómo transformar el Estado? – Fondo de Cultura Económica – pags. 91/97). III – LOS DESAFIOS ACTUALES: Como se puede observar, los desafíos que tiene por delante la Política Ambiental en la actualidad son diversos y de difícil resolución, a los que hay que agregarle los que son de índole específicamente ecológica, que no son menores.


Entendemos que los desafíos y conflictos que debe encarar y tratar de solucionar las autoridades provinciales, los debemos distinguir en dos facetas: Por un lado, los vinculados a la estructura estatal ambiental actual, que se ha demostrado bastante obsoleta e ineficiente, por lo que se debe encarar una reforma administrativa que le permita dotar al Estado de una organización pública eficaz e eficiente, responsable, con la suficiente capacidad técnicapolítica para instrumentar las urgentes soluciones que requiere nuestra provincia para enfrentar los conflictos y problemas ambientales existentes, y por venir. Por el otro, precisamente, es asumir una fuerte decisión política al respecto y disponerse a solucionar los principales problemas y desafíos, que a nuestro juicio tiene la provincia por delante, que luego describiremos. 1) Reforma estatal para la administración ambiental: Sin perjuicio de que entendemos que una reforma de la administración ambiental, sin existir una profunda reforma del Estado como explicamos ut supra, será sólo un parche y que poco servirá en términos de éxitos de gestión, por lo menos se debe intentar dar los primeros pasos en tal sentido. La gestión ambiental, por su especificidad y tecnicidad, es un buen campo de acción para poder iniciar la transformación del Estado, amén de la obvia y necesaria, hasta imperiosa, urgencia de dotar a la provincia de un órgano público que se encuentre a la altura de la actuales circunstancias. La gestión y administración ambiental moderna en Mendoza se da con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda por Ley nº 5.487 a finales del año 1.989. Dicha creación fue realmente revolucionaria para esos tiempos, y si bien el ministerio tuvo un claro sesgo urbanista, luego fue evolucionando hacia una gestión más integral del ambiente y los recursos naturales, al incorporar a la entonces Dirección de Parques y Bosques, que estaba en manos del Ministerio de Economía. Posteriormente por Ley 6.366, del año 1996, se toma la decisión política de unificar en una sola cartera los entonces ministerios de obras y servicios públicos y de medio ambiente, urbanismo y vivienda, conformándose el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas. La idea primigenia fue la de coordinar la gestión ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, con la gestión pública de las obras de


infraestructura que se venían proyectando, a lo que había que agregarle la transformación del sector de los servicios públicos, como fue como la privatización de Obras Sanitarias Mendoza S.E. (Ley 6.044) y de Energía Mendoza S.E. (Ley 6.497). En un comienzo, la gestión ambiental fue bastante preponderante dentro de ese nuevo esquema ministerial, destacándose la sanción del decreto acuerdo nº 1.939/96, un verdadero Plan de Acción de Desarrollo Sustentable. Con posterioridad, por distintas razones, el rol de la Secretaría de Medio Ambiente, se fue diluyendo, perdiendo el protagonismo político de sus inicios, a expensas del sector de obras y servicios públicos. Este ministerio existió desde el año 1.996, hasta el año 2008. En la actualidad, de acuerdo a la nueva ley de ministerios nº 7.826, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas se desguazó, disponiéndose que el sector de obras y servicios públicos se pase a denominar Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y el área de gestión ambiental, se transformó en una Secretaría de Medio Ambiente, dependiendo directamente del Sr. Gobernador de turno. Tan es así, que el art. 30 de la ley de ministerios establece que le corresponde a la secretaría de medio ambiente asistir al gobernador en la elaboración de las políticas destinadas a preservar, proteger y mejorar el ambiente del territorio provincial, promover, orientar, coordinar y fomentar el desarrollo sustentable y mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes. Esta secretaría es una verdadera incógnita, pues si bien es plausible el hecho de que la Política Ambiental se encuentre en el máximo nivel de decisión, también se va a encontrar atada a la maraña burocrática de la gobernación, y si la secretaría no tiene o no encuentra el suficiente respaldo institucional, seguramente va a quedar relegada a un segundo plano, tal como viene ocurriendo desde hace tiempo. Encontramos como no deseable el modelo institucional elegido por las actuales autoridades, pues no se vislumbra que la secretaría se convierta en un verdadero organismo de gestión y administración ambiental, ejecutor de las políticas ambientales que establezcan las leyes nacionales de presupuestos mínimos,

como

las

normas

ambientales

locales.

La

reforma

de

la

administración ambiental la debemos buscar en la conformación de un


organismo público del más alto nivel técnico científico, pero también con una muy fuerte presencia política, desprendida de los vaivenes diarios y que mantenga un perfil de suficiente independencia frente a las presiones sectoriales, sean políticas o corporativas. También sería deseable que mantuviese una estabilidad suficiente para garantizar la continuidad de las políticas públicas ambientales, pues son políticas de estado. Podría, por ejemplo, ser designado con acuerdo del Senado, previo haber pasado por los filtros de idoneidad científica, técnica y moral que les imponga la ley. Es decir debemos apuntar a un organismo descentralizado, creado por ley, buscando semejanza en la administración hídrica, como lo es el caso del Departamento General de Irrigación. Una posibilidad es crear la Administración Provincial del Ambiente, como ente público descentralizado, dirigida por una persona que cumpla serios y rigurosos requisitos científicos y técnicos, y designado con acuerdo del Senado. Otra posibilidad es reflotar la propuesta de crear la Agencia de Protección Ambiental, siguiendo el criterio de la Provincia de Córdoba, tal como lo expresa los arts. 34 y 35 del Decreto Acuerdo nº 1.939/96, cuyo objetivo fue la de alcanzar con la agencia “… un alto grado de eficiencia técnica, de sistematización de tareas y funciones y de cumplimiento voluntario y aplicación coactiva de la ley ambiental…” El decreto establecía la obligación de elevar a la Honorable Legislatura en 60 días, a partir de la apertura de las sesiones ordinarias, del proyecto de ley de creación de la agencia de referencia, pero por razones que se desconocen nunca el proyecto fue elevado. En resumen, la administración ambiental actual, a nuestro juicio, no ha cumplido con las expectativas que tiene la población respecto de la gestión pública del entorno, y en el cual se evidencia que existen serios problemas institucionales y administrativos para poder cumplir, mínimamente, con las exigencias que ordenan las actuales leyes en vigencia. Existen problemas de índole estructural, que son insalvables, además de la falta de compromiso y de capacidad, que pueden solucionarse con un cambio en la política de designación de funcionarios. Sin embargo, apuntamos a un modelo distinto y alternativo de gestión ambiental, como el que se propone en el presente


trabajo, que puede significar un giro copernicano al sistema actualmente vigente. 2) Los principales desafíos ambientales a enfrentar: Nuestra provincia enfrenta en la actualidad una serie de conflictos y problemas ambientales que son de una seriedad mayúscula y que merecen la máxima atención por parte de las autoridades públicas. Obviamente ante tanto desorden en el sistema de administración ambiental, sea en la órbita provincial, como en la municipal, los conflictos y problemas se multiplican por doquier, por lo que, por más buena voluntad que se vuelque al trabajo por algún funcionario, éstos los desbordan sin piedad. Por ello, sería de buena práctica de Política Ambiental, determinar y enumerar en un orden de prelación, los principales conflictos ambientales a enfrentar, cómo atacarlos y cuáles son los instrumentos y herramientas legales y financieros con que se cuentan. Además deberá prever cómo se va a implementar el Plan Ambiental (art. 6, Ley 5.961), cómo se van armar e integrar los proyectos y programas que surjan del Plan, cómo va a actuar la administración pública ambiental (provincial y municipal) y cómo va a coordinar con el resto de los organismos públicos y demás jurisdicciones (nacional, por ejemplo). Va de suyo, que es imprescindible que de una vez por todas el Gobierno Provincial confeccione y apruebe el Plan Ambiental y eleve el Informe Ambiental a la Honorable Legislatura, tal como lo ordena la ley 5.961 desde el año 1.992. Otra medida colateral importante a tal fin, sería remozar el Decreto Acuerdo nº 1.939/96, y adecuarlo a los tiempos actuales, a fin de, con una verdadera voluntad política, encauzar los conflictos ambientales tal como se explicó. Tanto el Plan Ambiental (con su Informe), como el Decreto Acuerdo, considerado como un plan de acción o agenda de trabajo, debe tener como finalidad ordenar la Política Ambiental, encarrilarla y llenarla de contenido. Se deben fijar plazos, programas, resultados, controles y auditorías, mecanismos de

participación,

financiación,

nombre

y

apellido

procedimientos de coordinación y de consulta, etc.

de

responsables,


Dentro de este esquema jurídico y administrativo, el Gobierno debe plantearse entonces cuáles son sus principales problemas y conflictos ambientales a enfrentar, debiendo en todos los casos consultar a la sociedad civil y a la comunidad científica, para acordarlos. Dentro de los principales desafíos a enfrentar, consideramos como los más importantes los siguientes: 1 – Cambio Climático: Ya es un hecho comprobado la existencia del cambio climático, que se presenta como el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI. La alteración acelerada de las condiciones climáticas del mundo, obviamente está afectando a nuestra provincia. El problema es que no tenemos certeza de adónde vamos y en cuánto tiempo, pues si bien hay indicios, no hay ningún tipo de certeza en el diagnóstico. Creemos que este problema es central y crucial, y que dependiendo de las medidas que se tomen en el presente, va a ser el resultado en el futuro. Las predicciones sobre posibles temperaturas, por ejemplo, y su impacto en los glaciares y cantidad de nevadas, realmente atemorizan, pues de cumplirse, el modo de vida que conocemos en el presente va a desaparecer para siempre de nuestra provincia. Está claro que Mendoza, ni la misma Argentina puede hacer mucho al respecto y que todo va a depender de lo que se realice en escala global, pero sí podemos estudiar la situación, formular un posible diagnóstico y elaborar las propuestas para enfrentarlo. Lo que no podemos hacer, es quedarnos de brazos cruzados y esperando que la realidad nos lleve por delante. La enunciación de la creación de la Agencia Mendocina de Cambio Climático, por la Ley nº 7.826, que se relacionará funcionalmente con la Secretaria de Medio Ambiente, es un paso positivo e importante en tal sentido. Pero lo que dispone el art. 31 de la ley citada, es sólo un simple enunciado, sin más, por lo que no alcanza en absoluto. Ahora queda que se remita el proyecto de ley de creación, con su conformación,

autoridades,

financiamiento,

funciones,

mecanismos

de

coordinación, etc., esperando que esta vez no desaprovechen, una vez más, la oportunidad de crear un ente serio, de verdadera categoría científica destinado


a cumplir con el objetivo de implementar las políticas y acciones para enfrentar el cambio climático. Es demasiado importante para desaprovecharla. 2 – Calidad de vida: Los mendocinos en general, nos hemos vistos afectados en nuestra calidad de vida por diversas causas, muchas ellas de origen ambiental.

La

proliferación

de

basura

por

todos

lados,

de

ruidos

ensordecedores en la vía pública, de construcciones que avanzan sobre los espacios públicos, el caos vehicular y la ausencia de servicios públicos de calidad, han hecho de la vida de los ciudadanos comunes de Mendoza, en particular de aquellos que viven en el Gran Mendoza, un verdadero suplicio. Las autoridades públicas, principalmente las municipales, deben dar inicio a una campaña tendiente a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, que se reduce sencillamente a dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas vigentes. Los municipios deben darse cuenta de que deben gobernar y administrar para sus habitantes, y que para ello tienen que poner en ejercicio el poder de policía que por diversas leyes tienen conferido. Es verdad que muchas veces salir a poner multas, clausurar locales, desactivar actividades ilegales, poner orden, etc., no es muy simpático para las autoridades municipales, pues creen que no es “político”. La notoria y pública inacción de las comunas es pasmosa y hasta vergonzante. Por ello, sería una buena decisión política, comenzar a hacer cumplir las leyes con el simple objetivo de tratar mejorar la calidad de vida de los contribuyentes. Debe haber una clara decisión política al respecto, a través de los órganos de ejecución y contralor existentes, con una fuerte presencia de la sociedad civil, a través las organizaciones intermedias. 3 - Descentralización del Gran Mendoza – Fortalecimiento de los centros intermedios y de los Oasis Centro y Sur: Es público y notorio que el Gran Mendoza se está convirtiendo en una gran urbe, de más de un millón habitantes, que la va tornando inmanejable. La políticas públicas (o su ausencia) de los gobiernos provinciales han provocado que en los últimos veinte años se haya producido una enorme concentración de inversiones, tanto públicas y privadas, en el ámbito del denominado Gran Mendoza, en


detrimento del resto de la provincia. Es un círculo vicioso, pues ante la demanda que requiere la cada vez mayor población que se instala en la región metropolitana,

implica

mayores

inversiones

en

vivienda,

servicios

e

infraestructura, que a su vez genera mayor atracción para radicación de personas e inversiones, y así sucesivamente. Esta tendencia ha significado un abandono sucesivo y permanente de los históricos centros intermedios, ubicados en la periferia del Gran Mendoza, y en particular de los oasis centro y sur de la provincia. Ese abandono se nota en la ausencia de políticas de crecimiento y fortalecimiento de tales áreas por falta de inversiones, con la consecuencia lógica de despoblamiento, inseguridad, deterioro del medio ambiente y calidad de vida, obligando a sus habitantes a buscar otros horizontes, precisamente en el área urbana del Gran Mendoza o en provincias vecinas. El resultado no puede ser peor: el Gran Mendoza se convierte en una gran urbe, ciertamente ingobernable, con un interior vacío y abandonado. Ello trae aparejado que los servicios se tornen escasos y de mala calidad, con un crecimiento descontrolado de la marginalidad y por ende de la inseguridad, produciéndose un avance sobre las zonas aptas para cultivos y de amortiguación del crecimiento urbano, y ante la certeza de que en un tiempo más, el agua se va a tornar en un bien escaso para todos. Para ello, es imprescindible que las autoridades públicas produzcan un cambio rotundo en tal sentido, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento económico e institucional de los centros intermedios y de los oasis centro y sur, facilitando la instalación de inversiones y de servicios públicos de calidad, que van a promover sin duda el arraigo de la población. Estas políticas deben apuntar a que los otros centros poblaciones crezcan en forma equilibrada con respecto al área metropolitana, como polos reales de crecimiento con calidad de vida. 4 – Administración del Gran Mendoza: En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, está claro que el manejo que se está realizando en la actualidad del área metropolitana no puede ser peor. Históricamente, el Gran Mendoza ha sido administrada por los distintos municipios que lo integran, quienes lógicamente lo hacen sin coordinación e integración alguna, máxime


cuando son de signos políticos contrarios. Este desmanejo, en complicidad con el gobierno provincial, ha provocado enormes daños a su ambiente, tanto urbano como rural, pues no existe una política de consenso y coordinación en la administración y gestión de los recursos y problemas comunes. Los conflictos son conocidos e innumerables: basurales, asentamientos inestables, destrucción de los suelos y áreas de cultivos, caos vehicular, inexistencia de buenos accesos, avance descontrolado sobre el pedemonte, ineficacia del transporte público, escasez de buenos servicios públicos, mala asignación de las inversiones, etc. Ante la imposibilidad de unificar toda la administración en un solo municipio, como lo es Córdoba o Rosario, debe inexorablemente apuntarse a la concreción de políticas comunes entre todos los municipios que integran el Gran Mendoza, en acuerdo con el gobierno provincial. Para ello es necesario una dosis de grandeza política por parte de los jefes comunales, en el cual se dejen de lado sus apetencias personales o partidarias, y acuerden metas comunes para el Gran Mendoza. Una propuesta de solución para ello, sería la firma de un acuerdo político y programático entre todos los municipios del área metropolitana con el Gobierno Provincial, ratificado y homologado por ley de la Honorable Legislatura, por el cual se deberá establecer la necesidad de realizar políticas y planes comunes de trabajo para el Gran Mendoza, con proyectos y financiamientos acordes, con ayuda de la Provincia, quien a su vez pueda ser garante de financiamientos externos tanto nacionales como internacionales. 5 - Ordenamiento territorial: Va de suyo que los conflictos y desafíos que plantean los puntos anteriores provienen de un problema macro, como es la inexistencia de un régimen jurídico-administrativo de Ordenamiento Territorial (Ambiental) y de Usos de Suelos, para la provincia de Mendoza. La ausencia de un régimen legal vinculado al manejo de los recursos

ambientales,

conforme al territorio de la provincia, como así también a la asignación de prioridades para el uso del suelo ha significado para Mendoza, un enorme deterioro del ambiente y sus recursos, que ha redundado en beneficio de unos pocos, con un saldo deudor que afecta a la mayoría de la población. Si bien la


sanción de la ley no va a ser la panacea que solucione todos nuestros males, por lo menos será un avance muy importante en el manejo y gestión de los recursos existentes, de por sí escasos en Mendoza. Es notable al respecto la falta de vocación política por parte de la clase dirigente toda, en obtener la sanción de la ley de referencia. Desde el año 1.993 existe en la Legislatura Provincial un proyecto de ley de ordenamiento territorial, que ha ido variando con el tiempo sin que haya sido siquiera tratada como corresponde. Por el contrario, recientemente obtuvo media sanción, un proyecto relacionado con los emprendimientos inmobiliarios privados que llegaba al absurdo de modificar el régimen constitucional de las aguas. Este hecho provocó un escándalo político, que llevó a la revisión total del proyecto, convocándose a una comisión de trabajo liderada por la Universidad Nacional de Cuyo, para elaborar un texto alternativo, que ya fue remitido a la legislatura para su tratamiento. Es de esperar que este proyecto sea pronta y debidamente tratado y sancionado por parte de nuestros legisladores. 6 – Agua: Entendemos que junto al Cambio Climático, este es el gran desafío que tiene por delante las autoridades públicas, pues es el Problema del siglo XXI. La escasez de agua dulce es de por sí un problema mundial, que va a acarrear impensables consecuencias para la Humanidad. Nuestra provincia no escapa a dicha realidad, fundada básicamente en cuestiones geográficas ambientales, agravada por la incertidumbre del cambio climático. La administración y gestión del agua en Mendoza merece una revisión total, que implique hacer un balance del estado actual de la misma, a fin de determinar qué es lo que está bien y se debe conservar, y qué es lo que se debe cambiar. Esto significa también revisar la actuación del Departamento General de Irrigación como órgano rector de la política y gestión hídrica provincial, a fin de adecuarlo a los tiempos futuros. También sería deseable readecuar la legislación actual, en particular la Ley General de Aguas de 1.884, verdadero monumento jurídico y artífice del modelo de provincia que actualmente vivimos. Entendemos que habrá que explorar nuevas instituciones jurídicas y administrativas, tales como el concepto de eficiencia en el uso, el mercado


acotado de aguas, el manejo integrado de cuencas, la revisión de las prioridades en el uso, etc. Finalmente, también habrá que culminar el Plan Hídrico para la Provincia, como herramienta fundamental para el desarrollo sustentable de Mendoza. 7 – Resolución de los conflictos entre la producción y la preservación: Otro desafío importante a resolver por la provincia, son los conflictos que se vienen sucediendo, de alto impacto social (y emocional) entre la producción, en especial de la minería y petróleo y la preservación del ambiente y de los modos históricos de vida. Nuestra provincia se encuentra inserta en una región con enormes potenciales mineros y con una importante producción petrolera y gasífera, que ante la demanda mundial de recursos minerales y energéticos, los operadores económicos van ejerciendo una notable presión sobre los poderes públicos a fin de poder obtener las pertinentes autorizaciones para funcionar. Por un lado, no podemos de dejar de señalar la importancia que tiene para la economía de un país y de una provincia la minería de escala, como la producción de hidrocarburos. Por el otro, tampoco podemos dejar de señalar el altísimo impacto que tiene en el ambiente, como en los usos tradicionales de los recursos naturales de la provincia. La minería a cielo abierto, por ejemplo, si bien significa enormes inversiones a largo plazo, no es menos cierto que entra en franca y directa competencia con otros usos de los recursos económicos (agua, suelos, paisajes) que afectan a otras economías como la agricultura y el turismo. Sin contar obviamente, la degradación y destrucción del medio ambiente, con daños irreparables. Tienen un enorme desafío las autoridades públicas el intentar conciliar y compatibilizar en la medida de lo posible estos emprendimientos, con la preservación del ambiente y del modelo productivo imperante en Mendoza, y tienen la empresas el deber inexcusable de mostrar a la sociedad en forma absolutamente transparente y sincera cuáles son los alcances de sus proyectos, sus beneficios y también sus inconvenientes.


8 - Areas Naturales Protegidas y Biodiversidad: Está claro que nuestra provincia, al igual que Argentina, todavía tiene un déficit importante en cuanto a la cantidad de áreas naturales protegidas, superficie bajo protección y representatividad de ecorregiones a preservar. Si bien se ha avanzado bastante en ello, todavía existen cuestiones pendientes de resolver. A modo de ejemplo, faltan reservas en algunas partes representativas, tales como Cordón del Plata, Precordillera y Pedemonte, Altas Cuencas Hidrogeográficas, áreas desérticas, zonas altamente modificadas pero de importante valor turístico, histórico, paisajístico, etc. También se debe avanzar en la reglamentación de la Ley 6.045, por ejemplo en la categorización de la A.N.P., en los Planes de Manejo, y la gestión de las propiedades privadas dentro de las reservas y parques. Es fundamental mejorar la infraestructura y el servicio de Guardaparques, dotándolo del equipamiento necesario. En cuanto a la protección de la biodiversidad, la provincia tiene un saldo negativo, salvo el trabajo que realiza silenciosamente los científicos y técnicos de los institutos y universidades. La provincia desconoce a ciencia cierta cuáles son sus recursos faunísticos y florísticos, pues no existe un inventario básico ni se tiene idea de cuál es la situación poblacional, estado de vulnerabilidad, etc. Tampoco es buena la situación de la autoridad de aplicación (Dirección de Recursos Naturales Renovables), pues tiene escaso personal de control y vigilancia, poco presupuesto y una infraestructura poco acorde al territorio que tiene que administrar. 9 - Contaminación ambiental: Es destacable el grado de contaminación existente en determinadas zonas de la provincia, principalmente en las áreas urbanas y rurales cercanas a los centros urbanos. Las causales de tal contaminación son variadas, pues están vinculadas a los distintos recursos naturales involucrados. La contaminación atmosférica en el microcentro de la ciudad de Mendoza, llega en ocasiones a un estado alarmante principalmente en invierno (inversión de la capa térmica), provocada mayormente por el tránsito

vehicular (caótico

y

en

mal estado

de

mantenimiento).

La

contaminación de los suelos y paisajes por la basura, está en una situación


límite, por el descontrol absoluto que existe en la materia. Pero tal vez el caso más complejo y que requiere la máxima voluntad política es la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. El origen de tal contaminación es muy variable, lo que torna difícil su solución. En algunos casos, la contaminación es de origen industrial, es decir la provocada por el vuelco de efluentes por parte de empresas a los cauces de riego, ya sean clandestinos o mal tratados o controlados. En otros, la provocada por los efluentes cloacales, que en ocasiones se descontrolan o directamente no tienen un sistema de tratamientos. Finalmente, tenemos la contaminación provocada por determinadas industrias o actividades productivas, como pueden ser la petrolera, la minera o la agrícola, con el vertido de determinados y concretos residuos líquidos, tales como aguas de purgas, coladas mineras o agroquímicos. 10 - Basurales y Residuos en general: Este es uno de los conflictos más complejos a resolver, a la vez más visible de todos. Este problema tiene profundas raíces culturales y sociológicas, amén de la notable inacción por parte de los poderes públicos. La profunda crisis socio-económica que ha sacudido a nuestra sociedad, ha provocado cambios notables en su forma de interactuar con el ambiente y con los demás, alterando las reglas básicas de la convivencia social. Un clarísimo ejemplo de ello, es la brutal anomia que se percibe en la sociedad argentina, con las tremendas consecuencias que ha producido en el país: inseguridad, corrupción, evasión impositiva, accidentes de tránsito que supera los límites imaginables, etc. El tema de la basura, entendemos, es también producto del desquicio social que sufre el país. La sociedad, en términos generales, ha perdido el respeto por el derecho de los demás, siendo la cuestión residuos un hecho palpable. Sólo hay que observar lo que ocurre alrededor nuestro, sea en el micro centro, en el barrio, en las rutas, en los caminos rurales. Cualquiera tira la basura en cualquier lado y en donde le resulte más cómodo, sin importar el daño que causa. Los basurales clandestinos y los vaciaderos abiertos, se reproducen por todos lados como hongos. A ello hay que sumarle el problema de los carreteleros o recolectores


informales, que disponen de la basura sin ningún tipo de control, con graves problemas sanitarios y sociales, pues intervienen normalmente mujeres y niños. Está claro que la resolución de este problema es de largo aliento, vinculado a una campaña educativa y de concientización para la sociedad toda, que incluye disponer de una vez por todas la erradicación e inclusión social de los recolectores marginales e iniciar una modificación total de los sistemas municipales de recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios, comenzando con una fuerte tarea social vinculada a la generación en origen de los residuos. Respecto a los residuos peligrosos y patogénicos, si bien la provincia se encuentra avanzada al respecto, todavía queda mucho por hacer, pues faltan tareas de contralor y fiscalización tanto de los generadores como de los operadores de residuos peligrosos (Ley 24.051) como de residuos industriales y actividades de servicio (Ley 25.612), como falta la instalación de plantas de tratamientos de estos residuos especiales, con alta tecnología para la eliminación y disposición de los mismos. 11 - Mapa de los Riesgos Tecnológicos: La provincia debe contar necesariamente con un mapa de los riesgos tecnológicos a fin de tener un panorama preciso de cuáles son las principales fuentes de riesgos vinculados a la industria y servicios. De ese modo de podrá determinar e identificar las principales fuentes de riesgos, alcances e impacto ambiental, posible contaminación y modo de combatirla, mecanismos de prevención, planes de contingencia, nómina de propietarios, correlación con desastres naturales, etc. Este mapa deberá ser administrado por la autoridad ambiental provincial, conjuntamente con los municipios y demás organismos relacionados con la prevención y lucha contra contigencias, tales como bomberos, Defensa Civil, programa provincial de lucha contra el fuego, etc. 12 – Desertificación y erosión: La lucha contra la desertificación y erosión de los suelos debe ser iniciada sin más trámite por el gobierno provincial, pues muy poco es lo que se está haciendo hasta el momento. El avance del desierto, con la destrucción de suelos productivos, como así también los procesos de


erosión, salinización y revenimiento, tienen un altísimo costo económico y ambiental y se encuentra vinculado al mal manejo que desde antaño se hace del territorio. El origen de tales efectos destructivo es múltiple, y se relaciona con la destrucción del bosque nativo (algarrobales, principalmente) y del estrato arbustivo que cubre el paisaje mendocino (jarillales), el mal uso de las técnicas de riego, los procesos de contaminación de aguas y suelos (efluentes industriales y cloacales), el denominado efecto “aguas claras” en los oasis de riego, los procesos de explotación mineras y extracción de canteras, el sobrepastoreo con ganado caprino u ovino, siendo en general el resultado de actividades humanas que no han tenido el correlato de la prevención y remediación. Sin lugar a dudas que el costo para lograr la remediación de los suelos es incalculable y fuera del alcance de cualquier presupuesto provincial, pero es indispensable comenzar en forma inmediata con un plan de trabajo y lucha contra la desertificación y otras formas de destrucción de los suelos. En nuestra provincia existen científicos y centros de investigación de excelencia que conocen a la perfección esta problemática, que le permitirán al gobierno provincial establecer bases serias y certeras para la elaboración de un plan de lucha, control y mitigación. Está claro que la ley de ordenamiento territorial y usos de suelos tiene mucho que ver con el conocimiento del estado del territorio provincial y que si la misma hubiese sido sancionada hace tiempo, como era de preverse para el año 1995, distinto sería el panorama actual y del futuro. Sin perjuicio de ello, es menester avanzar en el diseño de los instrumentos

legales,

técnicos

y

administrativos

que

se

consideren

imprescindibles para luchar contra este proceso, lento pero inexorable de destrucción de los suelos. 13 – Energías Alternativas: La provincia, como el país y el mundo entero, tiene déficit energético. Las fuentes tradicionales de emisión de energía, como la hidroeléctrica y la térmica, tienen serias observaciones acerca de su desempeño ambiental, tanto en la construcción de las fuentes, en especial las centrales hidroeléctricas, como en el desempeño posterior, por su impacto en el ambiente (especialmente las térmicas). Es por ello importante que Mendoza


avance hacia el diseño de políticas de energías alternativas y de bajo impacto ambiental, y que las mismas sean verdaderas políticas de estado. Nuestra provincia cuenta con numerosas normas vinculadas a la temática, pero es evidente que no es una cuestión importante para la agenda gubernamental, pues no se ha avanzado prácticamente nada en este campo. Para ello, entendemos, se debe diseñar un plan de energías alternativas, tales como la eólica, microturbinas hidroeléctricas, energía solar, bioenergías, biodiesel, u otras, conforme a las normas vigentes en el país y en la provincia. También entendemos como imprescindible la creación de un Centro de Investigaciones y Desarrollo de Energías Alternativas, que podría estar conformada por el Estado Provincial, las universidades y centros de investigación y las principales empresas vinculadas a la energía, con asistencia de gobiernos extranjeros, concebido como un centro de estudios e investigaciones de las energías sustentables con aplicación, no sólo en la provincia, sino que para todo el país. Un modelo interesante a estudiar es el caso del INVAP, en la provincia de Río Negro. Otra alternativa a tener en cuenta es lo que fue el Instituto de Política Energética de Mendoza, que funcionó durante los años noventa, cuyo principal función fue la de implementar políticas vinculadas a la energía, aunque principalmente a las clásicas. 14 - Transporte Público: El transporte público, en especial el de pasajeros, pese a todos los intentos de reforma y transformación que vienen sucediendo en los últimos veinte años, sigue siendo de mala calidad, ineficiente, contaminante y caro, en términos comparativos. El problema se detecta principalmente en el Gran Mendoza, pues debe atender a una urbe de un millón de habitantes, con recorridos de diversas longitudes y distintos tipos de vías. El transporte en Mendoza es de jurisdicción provincial, a diferencia de otras provincias como Córdoba o Santa Fe, que es municipal, por lo que es competencia exclusiva del ministerio a cargo (por ley nº 7.826, es el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte) su diseño, programación, control e implementación. Ahora bien, es claro que no existe una visión ambiental y urbanística del asunto, y que sólo las autoridades públicas se han limitado a


regular el servicio público de acuerdo a las necesidades del pasajero y a los costos de las empresas prestatarias del servicio. No han tenido en cuenta el notable impacto que tiene en el diseño y crecimiento de una ciudad, en el entorno y paisajes urbanos, y en la calidad de vida de sus habitantes. Tampoco han apuntado a un servicio que sea limpio, no contaminante ni ruidoso, y que por supuesto provoque la menor cantidad de accidentes posibles. Entendemos que el Gran Mendoza se merece un Sistema de Transporte Multiple e Integrado, donde intervengan distintos tipos de transportes (trenes, troles, ómnibus), en el cual se priorice la calidad y en donde las políticas urbanísticas y ambientales sean de la máxima prioridad.

IV - CONCLUSION: Como se observa, la provincia de Mendoza enfrenta una serie de desafíos y conflictos ambientales que son de envergadura y de enorme importancia, tanto para las generaciones actuales, como para las venideras. El problema radica en que no se vislumbra una verdadera Política Ambiental, como política de estado, sino que se observa que el gobierno sólo se limita a dejar los asuntos ambientales en manos del órgano público del momento para su gestión. Queremos decir, que la política ambiental, así como la de seguridad o de salud, es demasiado importante para que recaiga su responsabilidad sobre un funcionario de segunda línea, como ha venido ocurriendo en los últimos diez años, sino que es responsabilidad de todo el equipo de gobierno, empezando claramente por el Gobernador, quien es el que se debe poner a la cabeza de los problemas. Entendemos que Mendoza cuenta con una buena legislación y con una administración que puede ser mejorada, tal como se plantea en el presente trabajo, y que se ha avanzado mucho en los últimos veinte años, pero creemos que hemos perdido mucho tiempo. Los conflictos ambientales, sino se tratan ni se encaran en su solución, se profundizan y se perpetúan, por lo que el


transcurso del tiempo, juega en contra nuestra. Además, cuanto más complejos son, más difícil y costosa es la solución. Por otra parte, los costos ambientales, en la mayoría de los casos, son externalizados, y por ende, los paga la sociedad en su conjunto. Nadie se hace cargo de la remediación o reparación de los daños causados, sea el Estado o los particulares, como expresa el art. 41 de la Constitución Nacional. Menos aun, tampoco nadie se hace cargo de los costos de la prevención, que siempre es mucho más económica que la recomposición. En fin, propendemos a que, de una vez por todas, las autoridades públicas, así como la sociedad en pleno, asuma el hecho de que la Política Ambiental, es una política en serio, y que va a demandar el esfuerzo y las energías de toda una generación, para poder avisorar un futuro mejor para nuestra posteridad.

VICTOR GUILLERMO HERNANDEZ D.N.I. 14.628.441


Trabajo los desafios de la politica ambiental en mendoza guillermo hernandez