Page 1


Índice

No. 1989 • 14 de diciembre de 2014

12

lular n un teléfono ce Foto tomada co inapa otz Ay de te ian estud

6

por un

CASO AYOTZINAPA La historia no oficial /Anabel Hernández y Steve Fisher

12

Intento de soborno de la Segob para “superar” la tragedia /Gloria Leticia Díaz

16

Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones /Marcela Turati

19

Los diputados quieren quitarle la calle a la gente /Jesusa Cervantes

24

24

NARCOTRÁFICO

34 38

42

28

Para Hinojosa Cantú, una tajada del acueducto Monterrey VI /Luciano Campos Garza

31

Fiscalía anticorrupción: a la búsqueda de un Eliot Ness independiente /Álvaro Delgado

CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro

semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;

El Cártel de Sinaloa hace negocios con el extremismo islamista /J. Jesús Esquivel

INTERNACIONAL ALEMANIA: Diagnóstico desde Berlín: El Estado mexicano pierde el control /Yetlaneci Alcaraz

48 CHILE: Agustín Edwards, desclasificado /Francisco Marín

CORRUPCIÓN Angélica Rivera es, en sí misma, un conflicto de interés de Peña Nieto /Jenaro Villamil

Coahuila tuvo su Ayotzinapa /Juan Alberto Cedillo

52 53 54

ANÁLISIS Insulto gubernamental, empresarial y militar /Jesús Cantú Página heroica /Naranjo La batalla por México /John M. Ackerman

Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062


58 34

42 55 56

58 62 65

72 CINE: Navajazo /Javier Betancourt

Las rutas divergentes de América Latina /Olga Pellicer

TELEVISIÓN: Sistema público de radiodifusión del Estado /Florence Toussaint

¿Por siempre jamás o nunca más? /Ariel Dorfman

CULTURA Las voces de la cultura por Ayotzinapa /Columba Vértiz de la Fuente Los sindicatos del INAH y el INBA /Judith Amador Tello Páginas de crítica

69

LIBROS Censura de Planeta en España /Alejandro Gutiérrez

DEPORTES /ADMINISTRACIÓN

72

Un pedazo menos a la Ciudad Deportiva de la Mixhuca /Raúl Ochoa

ARTE: Conaculta en el mercado del arte /Blanca González Rosas

75

El regalo de la UNAM a Harp Helú /Beatriz Pereyra

MÚSICA: La paloma y el ruiseñor /Mauricio Rábago Palafox

78

Palabra de Lector

TEATRO: Obra Reunida de José Revueltas /Estela Leñero Franco

82

Mono Sapiens /Calendario de fotos famosas para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández

VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Siguenos en:

@revistaproceso

facebook.com/revistaproceso

OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 38, No. 1989, 14 DE DICIEMBRE DE 2014 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23

agencia proceso de información EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006

Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.


La historia

no oficial

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

F

uerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal. Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado. Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los

6

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI). Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal. Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los

asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente. Un informe inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal. El documento reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían


CA S O AYOTZI NAPA La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército. de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo. El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre. De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó

esa documentación. El 4 de octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.

Los videos Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los policías... se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la advertencia de un estudiante que se escucha en una de las grabaciones. En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF.

El 11 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron detenidos y golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero y por la PF. Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF y el Ejército en los acontecimientos. La tarjeta informativa número 02370, firmada por el coordinador operativo de la

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

7


Germán Canseco

Omar García. Testimonio

región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas “reportaron vía telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”. La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo

real; esto indica que había vigilancia sobre ellos antes del ataque. La tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las 20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y Federal. “Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cin-

Declaraciones

a base de torturas

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

E

n torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales. Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.

8

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente. Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció pruebas. Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde. En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de decla-

co elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las actividades de dichos estudiantes”, señala el documento. El informe de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las ocho de la noche –dos horas antes de que los estudiantes entraran a la ciudad–, según declaraciones judiciales de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense –de la cual se tiene copia– y testimonios obtenidos por este semanario. Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que este año a su escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa. Sostiene que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación, encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus compañeros para pedir ayuda. Los refuerzos llegaron y rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. “Se armó el jaleo y llamaron a la po-

rar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo detuvieron. Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por ellos. El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a los estudiantes.


CAS O AYOTZI N A PA

Federales El ahora exsecretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las 21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los estudiantes estaban tomando camiones. Ase-

Insectos eléctricos Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también. Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la

guró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que estaría alerta. “A las 21:30 horas los radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta informativa. Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron entregadas. En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de “detonaciones de arma de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez. Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en el Palacio Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública,

controlado por la Segob. Afirma categórico que todos los reportes que llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y a las instancias federales de seguridad. El pasado 7 de noviembre el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de la central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca quien ordenó el ataque a los estudiantes. De acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese nombre. Los documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el senador priista Omar Fayad –cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo ocurrido en Iguala– recibieron el informe pormenorizado del gobierno de Guerrero.

misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con

costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su derecho a declarar. La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce los hechos”. O

El segundo ataque El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de escapar. Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les dispa-

Miguel Dimayuga

licía”, apunta Omar. De la central tomaron otros camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta. Testigos afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan N. Álvarez y a la altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo. Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo heridos. Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.

Murillo Karam. Contradicciones

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

9


raron. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza. Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos. El tercer autobús fue el más dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron a algunos de los 43 desaparecidos. El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque “policías municipales” bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo”. Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de “patrullas municipales” y “más patrullas”, y afirman que algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía. “Pregunté quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía Federal y

ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos”, declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez. Un testigo entrevistado por Proceso señala que fue a ver qué pasaba. Cuando llegó, la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas largas, uniformes oscuros y se fijó en el detalle de que no usaban pantalones como los de los policías municipales. Uno de los videos revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí había agentes de la PF. Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría de ellos sus padres los sacaron de la escuela poco después de que los jóvenes declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres falsos. Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los desaparecidos, dice a Proceso que tras el ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un inicio los estudiantes declararon que la PF participo en el ataque. En los últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR para dar más detalles de la participación en los hechos de la PF y el Ejército.

Municipales y Ejército La base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un callejón. La PGR sos-

Audiovideos disponibles en www.proceso.com.mx

10

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

tuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros Unidos. La base tiene una sola entrada y por su portón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verificó pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones, usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son bajados en la calle y entran caminando. Por dentro las oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y todas tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche. Ante diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban en la zona cuando todo pasó. Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares. Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa. El 21 de noviembre Bernabé García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y afirmó que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal. El 30 de octubre a las afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña


CAS O AYOTZI N A PA Nieto supuestamente firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se responsabilizó de la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen organizado. A las 23:00 horas Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de recibir llamadas de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas llamaron a la prensa y mientras daban una conferencia en la esquina del Periférico y Juan N. Álvarez, un comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando echaron a correr hubo varios heridos y dos estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y Yosivani Guerrero. El cuerpo de Julio César Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día siguiente en las inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y según la necropsia murió por fractura de cráneo. García dice a este semanario que quienes dispararon era gente entrenada: “Es obvio que era gente muy capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en muchos lugares”, afirma. “El Ejército llegó rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes, nos acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a todos, pues que éramos delincuentes”. Señala que los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres reales. “‘No quiero que me den nombres falsos porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’. Eso lo dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos estaban insinuando que nos iban a desaparecer o que nos iban a tener en algún lugar”. Simultáneamente al tercer ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que tomó hacia

Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Guerrero, el camión Estrella de Oro fue atacado en el tramo IgualaMezcala, tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un suéter, un pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas lacrimógeno, el cual tampoco usa la policía de Iguala. Tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes y el oficial Víctor Colmenares fueron removidos de sus cargos, se informó a Proceso en la base policiaca.

Se solicitó a la PGR y a la Segob un comentario sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas. En nombre de la procuraduría, un funcionario aceptó fijar una postura “institucional” y exigió su anonimato personal. Dijo que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las investigaciones continúan y que van a llegar hasta sus últimas consecuencias”. La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de esa investigación, agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”. O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

11


Conferencia de los pad res de los

normalistas

Al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se desmorona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el caso Ayotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditado por las sospechas de corrupción que lo envuelven, abandona prácticas innobles, como la petición del mandatario de “superar” la tragedia. De ahí también el intento de la subsecretaria de Gobernación Lía Limón de sacar la chequera y repartir dinero entre los familiares de las víctimas, estrategia a la que antes recurrió infructuosamente el gobernador sustituto de Guerrero. Los padres de los normalistas dejan muy claro que no quieren dinero. Quieren a sus hijos vivos.

Intento de

soborno

de la Segob para “superar”

Presidencia

la tragedia


Octavio Gómez

CAS O AYOTZIN A PA

GLORIA LETICIA DÍAZ

A

poco más de dos meses del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia. “No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, en entrevista con Proceso. Los esfuerzos del gobierno federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”. En la última quincena de noviembre la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos. De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.

Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en San José de Costa Rica, el 21 de noviembre. En ambos actos la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la Coidh tocaron el tema mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas. Al regresar de Costa Rica, Limón ordenó la reunión del comité técnico del fideicomiso, del cual ella forma parte, con funcionarios de la Segob: el subsecretario Luis Miranda, el oficial mayor José Francisco Márquez Montes y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete. El propósito: Analizar la disposición de recursos del fondo del fideicomiso, que en 2014 tuvo un presupuesto de 51 millones de pesos, y para 2015 contará con seis millones adicionales. Sin embargo, “la sesión del comité no se llevó a cabo porque la subsecretaria fue advertida: Hablar de reparación en este caso era aceptar la responsabilidad del Estado, sin haber de por medio una sentencia de la Corte Interamericana o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es para lo que se estableció el fideicomiso”, apunta una de las fuentes consultadas. Otra más acota: “Por el caso de Iguala sólo hay medidas cautelares emitidas por la CIDH dirigidas a la búsqueda de los estudiantes. No hay forma de justificar el gasto a menos que la orden venga directamente del secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong y por supuesto que los representantes y los familiares acepten”. Proceso solicitó una entrevista con la subsecretaria Limón para conocer los detalles de su propuesta; hasta el cierre de esta edición no había respondido a la solicitud.

También Ortega Sin conocer el planteamiento del gobierno federal, Felipe de la Cruz sostiene que hasta ahora ni los padres de los desaparecidos ni los de los asesinados han aceptado dinero. “Estamos todos unidos en nuestra esperanza. Somos muy pobres pero no es dinero lo que queremos. Ni siquiera el señor Ezequiel (Mora), papá de Alexander, que ya fue identificado; él nos dijo que va a continuar al lado de nosotros hasta que sepamos la verdad y haya justicia”, afirma el vocero de los padres de los normalistas.

Entrevistado el martes 9, De la Cruz cuenta que días después de los ataques en Iguala, funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre “llegaron a las casas de los muchachos que mataron primero, pero no aceptaron (dinero). Lo que ellos quieren es justicia”. Una vez que Aguirre fue sustituido por Rogelio Ortega, apunta, integrantes de su equipo fueron a las casas de los desaparecidos para “ofrecer 1 millón y medio de pesos por muchacho; ofrecieron casas, becas… pero a quien va, los señores los corren de sus casas”. Notoriamente cansado tras más de 70 días de búsqueda de su hijo Ángel, de 19 años, y de participar en movilizaciones en todo el país, cuenta que el 31 de octubre el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, se acercó a los padres de familia en nombre de la esposa del gobernador Ortega Martínez, Rosa Isela Ojeda Rivera. El director “llegó con la propuesta de llevarnos recursos, para empezar 10 mil pesos como apoyo, pero que a cambio debíamos dejar que la señora estuviera en la escuela con nosotros; los padres dijeron: ‘No queremos nada del gobierno. Queremos a nuestros hijos, y mientras no nos los entreguen, no queremos dinero’”. Hernández Rivera ha insistido en acercar a los padres con el gobernador y su esposa, señala De la Cruz, “porque dice que estudiaron juntos y se conocen desde niños, que quiere ayudarnos; pero los padres no podemos confiar en el gobernador porque fue impuesto y ni siquiera se atreve a buscarnos, manda a su mujer”. Felipe de la Cruz dice que para ellos, detrás de las ofertas está la intención de acallar el movimiento y dar carpetazo a las investigaciones, sobre todo después de que el domingo 7 el procurador general, Jesús Murillo Karam, confirmó la muerte de Alexander Mora. “No creemos lo que dice la PGR. Hay cuestiones que no están claras. No podemos aceptar, como quiere el gobierno, que los 43 muchachos fueron quemados en un basurero porque identificaron a Alexander; no creemos porque nuestros peritos (el Equipo Argentino de Antropología Forense) dijeron que ellos no vieron de dónde salió ese hueso”, sostiene. Las dudas en cuanto a la veracidad de la versión oficial fueron alimentadas con un análisis científico realizado por los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, del Instituto de Física de la UNAM y de la UAM-Azcapotzalco, respectivamente. Con base en la revisión de los materiales gráficos mostrados por la PGR y las fotografías publicadas en el número 1985 de Proceso, cotejados con informes científicos de métodos tradicionales y modernos 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

13


Octavio Gómez

Los narcomunicipios “modelo zeta” JENARO VILLAMIL

Encinas. Diagnóstico pesimista

P

ara el senador y exjefe del gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas la crisis reciente del PRD tiene dos fechas clave: 2008, “cuando el gobierno de Felipe Calderón le entrega la dirigencia a Jesús Ortega” –su excontendiente por la presidencia de ese

de cremación, así como de la resistencia de materiales, los investigadores concluyeron que la hipótesis de la PGR no tiene sustento.

Inconsistencias en la investigación Para los representantes legales, en el expediente abierto por la PGR están los motivos de la resistencia de los padres de familia a aceptar la versión gubernamental. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advierte que la hipótesis de Murillo Karam tiene inconsistencias jurídicas graves y sólo se sostiene por tres alfileres: los testimonios de los presuntos ejecutores –Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín Reyes García–, quienes están arraigados. En entrevista el abogado describe algunas de las fallas detectadas en la revisión del expediente de 18 tomos. Destaca la falta de concordancia entre los hechos narrados por los normalistas sobrevivientes y las declaraciones rendidas por los tres detenidos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de quienes Murillo Karam presentó un video editado en la conferencia de prensa del 7 de noviembre. En su declaración ministerial, señala Rosales, los presuntos integrantes de Guerreros Unidos aseguran que a las 22:00 ho-

14

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

partido–, y poco antes de las elecciones federales de 2009, “cuando el narcotráfico cambia su política de ‘plata o plomo’ para privilegiar el cobro de derechos y empieza a definir las candidaturas” en el sol azteca y otros partidos. Encinas ubica el cambio fundamental en las relaciones del narcopoder y los partidos justamente cuando se expande “el modelo zeta” a buena parte de los municipios del país: “Para ellos es más importante garantizar el cobro del derecho de piso y el control de los cuerpos de seguridad municipales. Ellos son los que comienzan a imponer a los candidatos”. La definición de muchos alcaldes en Michoacán, Morelos, el Estado de México y Guerrero “fue decidida por los narcos, no por los partidos. Sus ramificaciones están por todas partes”, advierte. Entrevistado días antes de que Cuauhtémoc Cárdenas renunciara al PRD el

pasado 25 de noviembre, Encinas también es muy claro en su diagnóstico sobre ese partido y la crisis por la penetración del narcopoder. Sentencia: “El PRD está herido de muerte”, y si “quisiera revertir este deterioro de su relación con la sociedad, el punto de partida es saber cuál ha sido el nivel de penetración de estos grupos delictivos en su estructura y si financiaron algunas campañas a algún grupo o algún dirigente”. Encinas conoció bien del fenómeno de penetración del crimen organizado en las estructuras del PRD desde su campaña por la gubernatura del Estado de México en 2011. En esa época, recuerda, “había más presencia de La Familia Michoacana en municipios como Luvianos, Tlatlaya o Amatepec”. Por ese vínculo con el Estado de México Encinas emprendió una investigación propia sobre la matanza de los 22 jóvenes

ras del 26 de septiembre policías de Cocula les entregaron a los estudiantes en el paraje denominado Loma de Coyotes, pero “no precisan el número, dicen que entre 30 y 32; repiten mucho la frase ‘la verdad no me fijé’ y en el video presentado por Murillo hay quien dice que 44; de acuerdo con esta versión, una vez en manos de Guerreros Unidos llevan a los estudiantes al basurero donde se daría el desenlace”. Sin embargo, apunta, “a las 22:00 horas se estaba dando la primera agresión a los estudiantes en Iguala, en la que policías municipales les dispararon y se llevaron solamente a los estudiantes que viajaban en el tercer camión, de los cuatro en los que iban, y cada uno no llevaba más de 25 estudiantes, y en ese específicamente los sobrevivientes dicen que viajaban entre 15 y 17”. Tiempo después, continúa, “a las 24:30 horas vendría la segunda agresión, en la que hombres armados vestidos de civil dispararon contra los estudiantes que daban una conferencia de prensa; en ese momento los estudiantes se dispersan y es cuando desaparece el resto de los muchachos”. En la revisión de la línea de tiempo, “de ser cierto lo que dicen los arraigados, los normalistas que habrían llevado a Loma de Coyotes y habrían tenido ese desenlace en el basurero de Cocula, serían aquellos que viajaban en el tercer camión. La pre-

gunta es: ¿dónde está el resto de los estudiantes que desapareció en la segunda agresión?”. Entre las lagunas detectadas en la revisión de los expedientes es que “no hay un nexo causal entre la primera parte de las investigaciones, por las que se detuvo a 22 policías de Iguala y están procesados por homicidio, con la segunda, en la que aparecen los policías de Cocula. Se troza la línea secuencial entre una y otra tesis”; además se duda que los testimonios de los presuntos agresores sean espontáneos, debido a las huellas de maltrato en el rostro de Patricio Reyes Landa. Una inconsistencia más: los arraigados aseguran que “los tres accionaron sus armas, que efectuaron ocho disparos a un mismo número de estudiantes, lo que habría ocurrido en la parte superior del basurero; pero la PGR reporta la localización de 70 casquillos percutidos en el fondo del basurero, sin que en los testimonios haya una referencia de que hubieran recogido los casquillos y los hubieran lanzado al fondo del basurero”. Otro elemento siembra dudas: “No hay una evidencia física que vincule los restos del basurero con los localizados en el río San Juan. Sólo hay evidencia testimonial porque los testigos lo afirman, pero en términos probatorios debe haber una evidencia física que lo confirme y al día de hoy no existe”.


CAS O AYOTZIN A PA en Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio último, que fue ignorada por el presidente en su mensaje del 27 de noviembre. “Hay un gran vacío en la investigación sobre estos hechos. El Ejército ha reconocido que no se respetaron los protocolos y falta aclarar muchas cosas. No se sabe si fueron Los Rojos o Guerreros Unidos. No veo indicios claros de que fueran guerrilleros”, puntualiza Encinas. Al senador también le ha pegado el costo de la crisis de Iguala. El pasado 10 de noviembre, durante una visita a Xalapa, fue agredido por manifestantes del Frente Popular Revolucionario, cercano al PRI, quienes le gritaron “¡asesino, asesino!” y lo rodearon mientras daba una conferencia de prensa en el café La Parroquia. Héctor Yunes Landa, senador del PRI por Veracruz, dijo lamentar lo sucedido y ofreció disculpas al legislador perredista. El caso fue discutido en el pleno del Senado y las distintas bancadas se manifestaron contra las agresiones a Encinas y a otros legisladores.

Municipios intervenidos Hay 16 municipios “intervenidos” por las fuerzas federales a raíz de la crisis de Igua-

la en la zona conocida como Tierra Caliente. Ocho son gobernados por el PRD, siete por el PRI y uno por el PAN. Para Encinas la penetración de los cárteles de la droga en esas localidades es “una crisis del Estado mexicano, no sólo de los partidos”, y más allá de las siglas lo delicado es que las autoridades estatales y federales “han sido incapaces e ineficaces en su respuesta”. De los municipios guerrerenses intervenidos, Encinas menciona como importantes los casos de Coyuca de Catalán y Teloloapan. El primero, gobernado por Rey Hilario Serrano, del PRD, se identifica desde hace años como territorio de los Beltrán Leyva. En el segundo gobierna Ignacio de Jesús Valladares, del PRD también, con presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Los otros municipios investigados también por organismos de inteligencia y de seguridad son Cuetzala del Progreso, Apaxtla de Castrejón, La Unión, Tlacotepec y Leonardo Bravo, gobernados por perredistas. Están asimismo los casos de Taxco, Zihuatanejo, Chilapa de Álvarez y Chilpancingo, gobernados por priistas. En Cuetzala del Progreso, el edil Feliciano Álvarez Mesino ha sido señalado por sus

posibles vínculos con La Familia Michoacana. Durante su gestión, al menos ha sufrido un ataque de un grupo armado. En el caso de Apaxtla de Castrejón, el Congreso local y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) sostienen que el acalde Efraín Peña Damacio tiene vínculos con Guerreros Unidos. Antes dominaba la zona La Familia Michoacana. En Tlacotepec, gobernado por Mario Alberto Chávez Carbajal, denunciaron ante la prensa local la presencia del cártel de Los Rojos. Miembros de este grupo criminal han sido detectados en municipios que administra el PRI, como en Chilapa de Álvarez, cuyo alcalde, Francisco Javier García González, es acusado por el Frente de Defensa Popular de incluir a miembros de la delincuencia en la policía rural. Al edil de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, se le señala por sus presuntos vínculos con Los Rojos. En cuanto a Taxco, el alcalde priista Salomón Majul González ha sido acusado por sus posibles vínculos con Guerreros Unidos. Sólo en 2014 se han descubierto ahí varias fosas con 32 cadáveres. En 2013 habían hallado otras siete. O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

15


16

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Oscar Alvarado

Rosales refiere que a la indagatoria le falta asentar las detenciones de 12 supuestos integrantes de Guerreros Unidos que colaboraron con los tres arraigados para ejecutar y carbonizar a los estudiantes, así como la captura del operador del grupo delincuencial, Gildardo López, además de las de quienes fueran secretario de Seguridad Pública de Iguala y director de la Policía Municipal, Felipe Flores y Jesús Valladares, respectivamente, y la consignación del exalcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, el primero procesado por el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona y la segunda aún arraigada. Pero la omisión más grave, alerta, es que la PGR no toma en cuenta los testimonios de sobrevivientes quienes “indican que hubo una participación activa del Ejército mexicano, que consistió en neutralizar y someter a los estudiantes en una colaboración plena con la policía preventiva”. Contra la intención del gobierno federal de circunscribir la responsabilidad de los hechos en el crimen organizado y en autoridades municipales coludidas, Rosales sostiene que por los testimonios de los sobrevivientes y por la magnitud de la tragedia, no hay duda de que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado se ejecutó “un operativo sumamente grande e impresionante para controlar toda la ciudad de Iguala, del que necesariamente tuvo que estar enterado el entonces gobernador (Ángel Aguirre) y las autoridades federales, el Ejército y la Policía Federal, que tienen base ahí”. Por esas inconsistencias, faltas y omisiones es que los padres de los normalistas de Ayotzinapa no están dispuestos a admitir que sus hijos fueron reducidos a cenizas, insiste Felipe de la Cruz. “La posición de los padres es la misma: No estamos aquí por dinero, sino por nuestros hijos. Es cierto que no dormimos bien, que no comemos bien, es muy pesado… pero no nos van a detener. No vamos a tener vacaciones y no va a haber vacaciones para el presidente”, dice. Sobre las palabras de Peña Nieto, quien pidió “superar el dolor” por el caso, De la Cruz apunta que de estar en su lugar el presidente “no lo superaría, porque esto no se supera. Toda la vida que tengamos nosotros lo vamos a llevar presente. Y él también lo va a tener presente toda la vida, porque vamos a estar en todos lados. Antes sólo éramos 43; ahora somos miles o millones los que reclamamos a los muchachos”. O

Iguala-Cocula-Taxco:

el corredor de las desapariciones

Dedicado desde 2007 a apoyar a familias de desaparecidos en Guerrero, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) sostiene que la entidad está llena de fosas clandestinas. Los municipios de Iguala, Cocula y Taxco, asegura, son corredores mortales, y en la zona la descomposición no se inició con la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre, sino que ya se había hecho visible desde 2010.


CAS O AYOTZIN A PA

MARCELA TURATI

L

as investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han dejado al descubierto que los municipios de Iguala, Cocula y Taxco forman un corredor donde la desaparición de personas se ha convertido en una epidemia, sea por los secuestros extorsivos y las levas de jóvenes perpetrados por grupos delincuenciales, así como por las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas públicas. Por ese corredor pasa la mayoría de la goma de opio que baja de los municipios serranos de Guerrero e inunda de heroína el mercado estadunidense. La zona se ha convertido en un germinadero de fosas clandestinas que desde el hallazgo de 55 cadáveres adentro de una mina de Taxco, en 2010, debió haber puesto en alerta a las autoridades. La polémica noticia difundida hace tres semanas por la televisora France 24 sobre el presunto secuestro masivo de 30 estudiantes en julio de 2013 en una secundaria de Cocula –material que fue retirado de la red por el mismo medio eu-

ropeo al no considerarlo suficientemente fundamentado– reavivó el interés por los plagios de ese tipo que se han registrado en los citados municipios desde antes del perpetrado contra los 43 normalistas. César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula –el municipio donde supuestamente fueron asesinados los normalistas–, informa a Proceso que desde el 1 de octubre de 2012, cuando tomó posesión, ha enfrentado diversas crisis por la falta de seguridad. Apenas llevaba dos meses en el cargo y ya habían asesinado a su director de Seguridad Municipal, mientras que hombres armados a bordo de camionetas se paseaban por la localidad. Semanas después, dos de los policías que lo escoltaban resultaron heridos en un atentado contra él. En marzo de 2013, en una misma jornada, 14 personas fueron secuestradas. Cuestionado sobre cuántas regresaron, contestó: “Desafortunadamente por el temor de que no regresen, muchos no denuncian y no tenemos conocimiento. Sabemos que por unos pidieron rescate, y a quienes dieron los liberaron”. Según el diario El Sur, sólo cinco regresaron. En julio de 2013, un convoy de camionetas con unos 50 hombres armados recorrió la cabecera municipal y se llevó a 17 personas. Cuando el hecho se hizo público, el Ejército se instaló en el municipio por tres meses. Tampoco sabe precisar el alcalde cuántos regresaron; se dice que seis personas. Hace tres semanas Peñaloza negó la versión acerca del presunto secuestro de 30 estudiantes de una secundaria, pero admitió que en 2013 hombres armados se llevaron a 31 personas en dos plagios distintos. Una de las desaparecidas el 1 de julio de ese año fue Berenice Naranjo Segura, de 19 años, quien iba en moto con su novio a que la maquillaran para su fiesta de graduación. “Por unos minutos se toparon con ese convoy que andaba levantando gente, que se llevaron a más de 30 gentes en Cocula, pero no se hizo nada; no se dijo nada ante el temor de que nos hicieran algo”, comenta el alcalde. Las familias de algunos de los desaparecidos durante los hechos referidos, las cuales se han reunido en la iglesia de San Gerardo para denunciar sus casos, señalan que durante los secuestros masivos la Policía Municipal no cuidó la ciudad y, más aún, permitió el paso a los hombres armados. Otras familias denunciaron que en mayo de 2010 integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala detuvieron y desaparecieron a seis jóvenes que sacaron del bar Cherries (Proceso 1984). “El gobierno de Guerrero y los gobiernos municipales no sólo han sido omisos o indiferentes al problema. Cuando profundizamos la información hemos encontra-

do que ha habido conocimiento o intervención directa de los cuerpos policiacos en muchas desapariciones”, declara el coordinador de la organización Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dedicada desde 2007 a apoyar a familias con desaparecidos en Guerrero. Agentes del gobierno y ciudadanos han destapado al menos una veintena de fosas con restos humanos en Cocula e Iguala. El hecho evidencia que cualquier lugar podría convertirse en cementerio clandestino. En mayo de 2013, en la colonia San Miguelito de Iguala –ubicada en la parte posterior del cerro de La Parota, donde en octubre fueron localizadas fosas con restos de 30 presuntos normalistas– ya habían sido desenterradas 33 osamentas. En febrero de 2014, en el camino que conduce al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, fueron descubiertos 17 cuerpos. En el cerro de San Miguelito, en abril fueron halladas siete osamentas y en mayo otras nueve. Sin mayor trabajo de identificación, la procuraduría estatal envió los restos a la fosa común, donde vuelven a desaparecerlos sin identidad. “Cada cuatro o cinco meses nos llega la petición de la procuraduría para que les asignemos ataúd (que dona el DIF)”, explicó Ernesto Lome Quezada, el encargado del Departamento Municipal de Panteones de Iguala. Según su registro, 76 personas no identificadas y cuatro restos óseos han sido sepultados en una fosa común del cementerio municipal de Iguala entre el 26 de agosto de 2013 y el 12 de febrero de 2014 (precisamente durante la administración del perredista José Luis Abarca, quien gobernó dos años). Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos hechos por la procuraduría. La descomposición en la zona no se destapó con la desaparición de los normalistas. Ya se había hecho visible desde 2010.

El pozo lleno de cuerpos A inicios de 2010 los rancheros-mineros Juan Viveros y Nabor Baena encontraron un agujero en la pared de la boca donde respiraba la mina La Concha, en Taxco, hecho a golpes de marro. Ellos acostumbraban efectuar rondines por el cubo de concreto que resguardaba el túnel sellado. Cuando se acercaban percibían un tufo hediondo, y de inmediato rodeaban hacia otro destino. Un día –narraron a la reportera– vieron las paredes chorreadas con harta sangre. –Nabor, ira, ¿y esa sangre, qué? –preguntó don Juan, quien el día de la entrevista vestía de campesino, machete al cinto. –Quién sabe. Tirarían un animal –contestó su compañero de guardia, un hombre con pinta de obrero. Ambos querían espantar malos augurios, pero pronto no1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

17


Germán Canseco

Iguala. Pruebas de ADN

taron que con tierra habían querido borrar los rastros de sangre. El respiradero sudaba el olor a muerto. Nadie decía nada. Un día vieron que el Ejército lo tenía acordonado: Protección Civil había recibido una llamada anónima informando que el pozo estaba lleno de cadáveres. La información rememoraba al famoso “Pozo Meléndez”, también de Guerrero, que durante la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta fue uno de los sitios de desaparición de disidentes políticos. Los cuerpos aún no son rescatados. Uno de los entrevistados en 2010 agregó: “Nos dimos color de que este tiro salió premiado, que tenía almacén de gente”. Y así se descubrió que en el Pozo de Taxco había 55 cuerpos. Muchos de ellos habían fallecido con los ojos vendados, los brazos amarrados. Conservaban el rictus de quien fue torturado. Tras el hallazgo del pozo, en mayo de 2010 comenzó un peregrinaje a la morgue de Taxco de decenas de familias, quienes preguntaban por algún familiar que tenían desaparecido con la esperanza de que su cuerpo hubiera sido arrojado a la mina. Las paredes del pequeño cuarto que servía como morgue y las del Ministerio Público tenían decenas de carteles con letreros pidiendo datos sobre personas a las que se les había perdido la pista. Una de las mamás que buscó a su hijo –Ludwig Hernández– entre las víctimas del pozo fue María de Jesús Cisneros Martínez, a quien desde el 23 de mayo de 2007 no se le ha dado respuesta en torno al paradero del joven. Aparentemente su delito fue haber denunciado a policías ministeriales que lo habían extorsionado. “Me sacaron la sangre y me dijeron (en la procuraduría) que cualquier cosa que hubiera nos iban a avisar. Nunca nos han

18

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

llamado. Ojalá ahora vuelvan a sacarnos muestras para ver si nuestros hijos están entre los cuerpos que están sacando”, explica en entrevista.

La investigación de Tadeco En un seguimiento periodístico realizado por Tadeco de 2005 hasta agosto de 2013, la agrupación detectó 460 denuncias acerca de personas desaparecidas en el estado y alrededor de 500 asesinatos extrajudiciales. Sólo sumó a ciudadanos sin indicios evidentes de su participación en el crimen organizado. El resto –quizá la mayoría– no fueron contabilizados. “Si era descuartizado, quemado o decapitado, no lo registramos”, explica Monroy, el coordinador. En la entrevista lo acompaña la señora Cisneros y la esposa y la hermana del señor Jesús Bello Moreno (desaparecido en diciembre de 2008), dispuestas a dar su testimonio. Detrás de ellas está una manta con una veintena de rostros de personas –hombres, en su mayoría– desaparecidas. La organización tiene documentado el caso de seis jóvenes que en 2010 fueron detenidos por integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y de otros seis casos en los que los familiares huyeron por amenazas. También tiene el antecedente de una en Taxco que fue secuestrada y luego asesinada en Iguala. Aunque las familias han sido informadas de los secuestros masivos en Cocula, ninguna se ha animado a dar testimonio. Según Monroy, los gobernadores Zeferino Torreblanca –en cuyo periodo ubica el inicio de la descomposición– y Ángel Aguirre mostraron indolencia ante las desapariciones. “Desde 2007 señalamos la existencia de fosas, lo mismo en Iguala que en Taxco,

y por ese menosprecio del gobierno no se nos escuchó”, comenta. Y agrega: desde 2011 tres funcionarios han sido designados para investigar las desapariciones, pero ninguno consiguió resultados. El primero, el procurador Alberto López Rosas, citó a las familias para tomarles pruebas de ADN, pero luego de que dimitió en diciembre de 2011 por el asesinato de dos normalistas que bloqueaban la Autopista del Sol, las familias se enteraron de que nunca había procesado las muestras. Después se delegó el asunto a un encargado de oficina, y más tarde una fiscal cerró ésta con el argumento de la “falta de trabajo”. Desde 2007 Tadeco ha registrado desapariciones en Iguala (“han sucedido muchas desapariciones o asesinatos en grupos, también de los casos más sangrientos”). En la mayoría de los casos las familias identificaban a los perpetradores como personas con uniformes oscuros, gorras y lentes de sol que viajaban en camionetas sin placas provistos de armas largas, y parecía gente con protección del Estado. “Los desaparecidos de Cocula fueron desalojados de allá, porque hay muchas amenazas. Hay muchos ciudadanos que salieron de Guerrero por esta situación y no han dado su testimonio”, de acuerdo con el activista. Fue hasta octubre pasado, luego del escándalo por la desaparición de los 43 normalistas, cuando el Congreso del estado desempolvó la propuesta de ley contra las desapariciones que las familias habían exigido año con año desde 1999. A partir de la misma crisis se han destapado nuevos casos. El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa, recibió las denuncias por las desapariciones de nueve personas ocurridas en julio pasado en Iguala. Las víctimas son los activistas Alberto Zaragoza Ocampo y Miguel Antonio Ángel Antolino Navarrete (el 2 de julio); el joven José Manuel Flores Taboada (el 15 de julio), a quien cinco hombres armados sacaron de su casa; así como Félix Aguirre Román, Gregoria Martínez Delgado, Ismael Aguirre Martínez, María Guadalupe Aranda Rabadán y Marino Aguirre Martínez (19 de julio), después de haber sido detenidos por la Policía Municipal, y Julio César Real Molina (19 de julio), cuando hombres armados lo subieron a una camioneta. La búsqueda de los normalistas ha hecho común el hallazgo de fosas: al menos 11 han sido encontradas por el gobierno y más de una decena por los policías comunitarios que integran la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Proceso 1986) y las familias de las víctimas que siguen buscando por su cuenta y descubriendo nuevos restos. O


CAS O AYOTZIN A PA El albazo de la dupla PRI-PAN en San Lázaro el martes 2 no sólo es inconstitucional, pues intenta suprimir el derecho a la manifestación, sino que complementa lo que hicieron en abril de 2013, cuando modificaron la Ley de Amparo, que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación. Activistas pro derechos humanos y legisladores de izquierda documentan las pifias cometidas al desempolvar una iniciativa panista de 2013 para acallar las protestas sociales, justo cuando el país se incendia por la falta de información sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

JESUSA CERVANTES

I

nmerso el país en marchas multitudinarias para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la renuncia de Enrique Peña Nieto, los diputados del PRI sacaron de la congeladora una reforma constitucional promovida por el PAN desde septiembre de 2013, en un intento de frenar los reclamos sociales. Ante el fracaso de la estrategia para habilitar leyes estatales que inhibieran la ola de indignación en las calles de las principales ciudades, la dupla PRI-PAN logró aprobar, con el acompañamiento del PVEM y el Panal, reformas constitucionales que abren la puerta a “la represión” y aun podrían allanarle el camino a un régimen policiaco-militar.

quieren quitarle la calle a la gente

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

19

Octavio Gómez

Los diputados


Richter. Transición fallida

Germán Canseco

El ciudadano ya se metió en la agenda política MATHIEU TOURLIERE

E

l movimiento ciudadano que nació en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos y ocupa las calles de México desde hace más de dos meses está “en pañales”, además de que los intentos gubernamentales de reprimirlo no lo inhibirán, sino que, al contrario, lo atizarán, asevera en entrevista el abogado Ulrich Richter Morales. Tras publicar recientemente el libro De la protesta a la participación ciudadana, en el cual estudia los diferentes movimientos de indignación en el planeta, observa que a nivel mundial se puede constatar que cuando los gobiernos incurren en actos injustos

Para Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista y exconsejero electoral, los cambios a los artículos 11 y 73 de la Constitución aprobados el martes 2 en el recinto de San Lázaro son “gravísimos”. Por principio, dice, se viola el principio pro homine, así como el de libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación y los derechos políticos, contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9 y 35 de la Constitución, respectivamente. Con estos cambios, puntualiza, queda en evidencia “una visión de mano dura y pro empresarial del orden”; primero se cierra a la población “la vía jurídica” para hacer reclamos –al cancelarle su derecho al amparo– y luego se le pretende “limitar la calle”, el derecho a expresar su inconformidad. “Seguir por este camino abre el paso a la lucha armada a los sectores más radicales, mientras otros se convertirán en resentidos sin libertad”, advierte Cárdenas. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del programa legal de la agrupación Artículo 19 –que junto con nueve organizaciones interpuso amparos contra la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal–, considera que desde el 1 de diciembre de 2012 hay una estrategia para criminalizar la protesta y usar de manera desproporcionada la fuerza pública.

20

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

contra las movilizaciones, éstas aumentan, y al respecto recuerda que las detenciones ilegales y la represión que realizaron los gobiernos de Túnez y Egipto precipitaron sus caídas. En México, la reclusión en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la posterior consignación a tribunales de alta seguridad de los 11 detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre, al igual que los levantones de estudiantes por efectivos de la División de Inteligencia de la Policía Federal vestidos de civil, resultan “verdaderamente lamentables” para el abogado, ya que “en un régimen democrático de derecho estos hechos no tienen cabida”. Explica que tales actos se asemejan a “agarrar el Código Penal y torcerlo” para aplicar a los manifestantes el “derecho penal del enemigo”, es decir, imputarles un “catálogo de delitos graves” que permitan a las autoridades llevarlos a declarar ante la SEIDO –donde “no tenían nada que hacer”– y les impidan salir libres bajo caución.

En el caso de los 11 encarcelados, a quienes les imputaron “tentativa de homicidio”, la autoridad realizó “un procedimiento a todas luces fuera de la ley y que culminó con un auto de libertad”, otorgado por el Juzgado 17 de Distrito con sede en Xalapa, el 29 de noviembre, por falta de pruebas. “Quisieron hacer un caso emblemático, que falló, para inhibir una serie de protestas que seguirán”, analiza. Al abogado le indigna la detención de Sandino Bucio Dovalí, ya que “en lugar de haberle enviado un citatorio (…) todos vimos la escena en la que le hacen subir a un auto compacto y luego aparece en la SEIDO”. También autor del Manual del poder ciudadano, Richter plantea que las decisiones que desencadenaron estos “actos ilegales” fueron “grandes errores” y resultado de un “mal asesoramiento” de los titulares y encargados de las investigaciones, quienes a su juicio deberán ser separados de sus cargos. “Es lo mínimo que estamos esperando”, precisa.

Maldonado Gutiérrez insiste: Hay una tendencia a controlar e inhibir las manifestaciones de inconformidad en varios estados. A partir de este 2014, en Quintana Roo, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas, Puebla y Veracruz, por ejemplo, se han promovido y avalado leyes en ese sentido. Sin embargo, la presión social tras la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en julio pasado a causa del uso desproporcionado de la fuerza en una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, provocó que se diera marcha atrás en esa entidad, así como en Chiapas y Veracruz. No obstante, San Luis Potosí y Jalisco aún continúan los debates en torno a estas leyes, mientras que en Quintana Roo y el Distrito Federal ya se aprobaron, aunque varias organizaciones sociales continúan impugnándolas.

Apenas el martes 2 y sin que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la aprobara el día anterior, como debió ser, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puso a discusión una iniciativa de ley panista que estaba en la congeladora legislativa desde el 29 de abril último, sostiene el diputado Roberto López Suárez, del PRD. El legislador acusa al PRI de usar al PAN para dar un “albazo” la mañana de ese martes. El 24 de septiembre de 2013, detalla López Suárez, el panista Marcos Aguilar presentó una iniciativa de modificación a los artículos 11 y 73 de la Constitución con el propósito de crear una Ley General de Movilidad Nacional y luego repetirla en los estados. “La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobándose el 23 de abril. De ahí se quedó en la congeladora, y ahora que estamos viviendo una crisis social, económica y política la sacan mágicamente violentando el proceso parlamentario. “Lo que se pretende con esta ley es el control de las marchas y, por ende, el libre tránsito”, sostiene el perredista, quien además está en contra de la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal, que entró en vigor el 14 de julio último.

Albazo legislativo Y así como en algunas entidades los gobernadores han reculado con sus leyes de “movilidad” o “regulación de la fuerza pública”, desde la federación se dio ya el primer paso en sentido contrario.


CAS O AYOTZIN A PA Estima que, gracias a la movilización de los ciudadanos en las calles y en las redes sociales, tanto los detenidos del 20 de noviembre como Sandino Bucio salieron libres, lo cual ilustra el hecho de que “el ciudadano se metió en la agenda política”, pues “antes los ciudadanos no decían nada, eran apáticos, pero ahora el súbdito despertó y la gente quiere participar, está despertando y hace valer sus derechos”. Sin embargo, en las protestas que sacuden al país se encuentran reclamos contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad, asuntos respecto a los cuales “no hubo respuesta”.

Crisis de representatividad “Los nuevos movimientos sociales integrados por la ciudadanía, por los estudiantes, han dejado a un lado a los partidos políticos y a los sindicatos”, afirma el abogado, y apunta que frente a dichas movilizaciones se encuentra la clase política, representada por los partidos, que se aferran al poder y no quieren compartirlo. Da como ejemplos de ello el escaso presupuesto otorgado a las candidaturas ciudadanas y a los instrumentos participativos, así como el desdén con que el gobierno trató a la consulta popular. “El problema –sentencia Richter– está en el monopolio de los partidos políticos”, pues sólo responden a sus propios intereses, aunque uno de ellos, “el PRD, se des-

Según argumentó el panista Aguilar en su iniciativa, “los derechos humanos expresan nuestro profundo compromiso de que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna, ya que son universales, inalienables e indivisibles”. Destacó también que, si bien los derechos humanos se han centrado en personas vulnerables y casos como la desaparición forzada y tortura, “es necesario avanzar hacia el diseño constitucional que otorgue no sólo protección de acuerdo a sus condiciones particulares, sino que debe valorarse a la sociedad en su conjunto y proveer de los elementos e infraestructura que permitan vivir con seguridad y tranquilidad”. Por ello, agregó, debe ponerse atención a “los problemas” a los que se enfrentan día a día los habitantes de nuestro país, “siendo uno de ellos la movilidad” a la que toda persona tiene derecho. “Las personas que habitan en el Distrito Federal deben poder realizar sus actividades en un marco de seguridad y tranquilidad”, expuso el legislador. El día que se discutió la citada reforma constitucional –el martes 2–, la diputada Lilia Aguilar, del PT, dijo que “en apariencia” dicho cambio pudiera parecer bue-

moronó; otro, el PAN, está en la bancada viendo; Morena se mantiene cauto y espera su momento, mientras que el PRI torea con todos los problemas que tiene.” Al contrario, la ciudadanía no busca un cargo público, sino cambiar al país, y “está cansada de pagar los platos rotos”. “Lo que resulta patente hoy es una crisis de representatividad de los ciudadanos, quienes no se sienten representados por los partidos”, mientras acusan a la autoridad de los hechos de barbarie de Ayotzinapa. “El partido político era el eje rector de la vida política. Pero ya no lo es. Ahora va a ser el ciudadano. Algunos (actores políticos) lo entienden y otros no. Ahí es donde hay fricciones.” Richter insiste en que la transición de la fallida democracia representativa a la democracia participativa debe pasar por medios pacíficos y el diálogo con “quien esté”, es decir, con “la clase gobernante”. –¿Cómo hacerlo si los que se manifiestan no creen en esta clase gobernante? –se le pregunta. –Por las urnas. No se debe perder la institucionalidad. El peor enemigo de los partidos ahora en España es Podemos (el movimiento político de los indignados). –Pero la gente que está marchando denuncia un sistema político corrupto desde el propio sistema electoral… –Es responsable (igualmente) el ciudadano. Vas a votar y a elegir. Ahí también

el culpable es el ciudadano que se colude con la autoridad y vende su voto. Si la comunidad se vende, entonces tendrá un gobierno corrupto. Ante esta crisis el único que puede oxigenar la vida política es el ciudadano. Se le hace a Richter la observación de que no existe un esfuerzo real para reducir la corrupción en el país, y replica: “Ya metimos el pie y estamos abriendo la puerta; la quieren cerrar, pero es demasiado tarde”. Advierte que las protestas seguirán hasta que la ciudadanía obtenga espacios en la vida política, y que durante este periodo “habrá de todo, incluso fricciones, como ocurre en Oaxaca o en Acapulco”. Y evalúa que existe “una indignación que llevaba muchos años adormecida y que hoy se manifestó”. Añade que la ciudadanía esperaba más respuestas por parte del gobierno, como “varias renuncias en el equipo cercano del presidente”, e incluso del propio Enrique Peña Nieto. Como el problema es “de raíz”, el proceso de transición va a tardar, en virtud de que “no hay varitas mágicas”. –Entonces, ¿cómo cambiar la situación? –Hay que purificar (la vida política), invitando a los ciudadanos a participar. ¿Qué otra fuerza tenemos aparte de la ciudadanía? En vez de gastar el dinero para rescatar a los bancos, mejor sería rescatar al mayor recurso, que es la gente. Remata: “El ciudadano activo ya no se deja, y esto apenas está empezando”. O

La demanda nacional

Hugo Cruz

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

21


CA S O AYOT ZI NAPA no, pues destaca que todo individuo tiene el derecho “a decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado”. Pero bajo esta premisa se puede justificar la represión a una marcha sólo porque violenta el derecho de otro, comentó Aguilar. Para los legisladores de izquierda y abogados que la critican, la parte que puede hacer peligrosa la iniciativa es el fragmento de la página siete que dice: “El reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país, en implementar acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar, así como para que tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar.” Además, el artículo 11 de la Constitución modificado establece: “El Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”. Con la iniciativa aprobada, el Congreso de la Unión está facultado (artículo 73) para hacer leyes “en materia de movilidad universal”, y en los transitorios de la minuta –avalada con 287 votos de PRI, PAN, PVEM y Panal, y 87 en contra de MC, PRD y PT–, se indica que el Congreso expedirá “la Ley General de Movilidad” en un plazo no mayor a 180 días. Una vez avalada por el Senado y ratificada por cuando menos 17 congresos locales, los estados tendrán 60 días para hacer sus respectivas leyes sobre movilidad.

Un cambio inconstitucional En un análisis sobre los dos artículos ya avalados, el abogado y constitucionalista Jaime Cárdenas sostiene que se viola la propia Carta Magna. Hay derechos preferentes en la Constitución, entre ellos “los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de conciencia”, los cuales, según el artículo 29, no pueden suspenderse, aunque se declare un estado de sitio o se suspendan las garantías. “Entonces – explica–, hay cierto carácter de derecho preferente de derecho de libre tránsito, de manifestación, de expresión, que deben ser garantizados.” Así, para entender la importancia de las marchas y de cómo los cambios a los artículos 11 y 73 afectan a la población, refiere Cárdenas, deben recordarse las modificaciones a la Ley de Amparo de 2013. El entrevistado menciona que en abril de ese año, luego de que el Poder Legislati-

22

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

vo modificó la Ley de Amparo, entró en vigor un cambio que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación. “En el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, se estableció que éste es improcedente cuando es contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significa que para la gente en general las vías jurídicas de reclamación y de impugnación están canceladas. “Entonces, primero le cierras a la población la vía jurídica, legal, para inconformarse, y luego lo único que le queda, que es la calle, la protesta, también se la cierras. ¡Eso es una barbaridad! “¿Qué le dejas a la gente? A los radicales se les abre la vía armada como método de lucha, pero, ¿y al resto que ya no puede salir a la calle a gritar su enojo, su malestar por la corrupción, por malas políticas, por la desaparición forzada, por los jóvenes de Ayotzinapa? “Si te eliminan la calle, entonces te vas a quedar con tu enojo, con tu frustración, y se puede crear una sociedad resentida”, advierte. Las modificaciones a los artículos aprobados en la Cámara de Diputados implican violar el artículo de la Constitución que habla del principio pro homine, según el cual los derechos deben interpretarse siempre a favor de las personas. No puedes hacer una ley que limite esos derechos. Y añade: se viola el artículo 8, que es el de petición; el 9, que es el derecho a asociarse pacíficamente; el 35, que habla de los derechos políticos, y hasta el 136, que dice: “esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en virtud se hubiesen observado y serán juzgados los que hubieran emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado con esto”. Este artículo –el 136– es el famoso derecho a la rebelión. ¡Bueno!, pues hasta éste se violenta con los cambios que avaló el Congreso, reitera Cárdenas. Mientras en el Congreso de la Unión se afinan los últimos detalles para luego dar paso a la Ley General de Movilidad, en el Distrito Federal ya se tienen pasos avanzados. Tan sólo el pasado 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo avalado por la Asamblea Legislativa: la Ley de Movilidad Urbana, promovida por el PRD con el respaldo de la mayoría de los legisladores locales. La norma establece que se le pedirá permiso a la autoridad para realizar una mar-

cha y se establecerán horarios y lugares por donde habrá de transitar, pero advierte que se prohíbe utilizar las vías primarias. Para Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del programa legal de la agrupación Artículo 19, la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, que aglutina a 10 asociaciones, se amparó contra la citada ley, en especial contra los artículos 212, 213 y 214, ganándolos en primera instancia el martes 2. Los tres amparos –1689/2014, 1690/ 2014 y 1693/2014– fueron promovidos en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa a cargo de Verónica Galicia Ramos y del Juzgado Segundo de Distrito que encabeza Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Ambas instancias declararon inconstitucional la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal al sostener que se violentaban los derechos 6 y 9, cuando “la obligación de presentar ‘avisos previos’ y de calificar algunas manifestaciones con ‘un fin perfectamente lícito’ es de carácter restrictivo del derecho a la libertad de expresión y de asociación, pues el ejercicio de estos derechos son actividades legítimas y lícitas por sí mismas”. Otro de los argumentos de las jueces a favor de quienes están contra la Ley de Movilidad Urbana fue que “la exigencia de informar a la autoridad con 48 horas previas a manifestarse es constitucionalmente desproporcional, ya que puede haber una necesidad inmediata que no admite plazo para liberar la tensión social a través de la libre manifestación, en caso de sucesos que cimbren a la opinión pública o cuando exista gran descontento social por alguna situación o violación de derechos humanos por parte de la autoridad”. Y sobre la facultad otorgada a la seguridad pública de “tomar medidas necesarias” respecto al bloqueo de vías primarias, según las jueces, “esto deja a discrecionalidad de la propia autoridad el cómo actuar, lo que también genera un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión y asociación, ya que las personas están imposibilitadas para saber previamente las consecuencias que pueda traer, lo que las deja en una incertidumbre total disminuyendo sus posibilidades de ejercer plenamente esos derechos”. El diputado federal por el PRD Roberto López Suárez sostiene que justamente la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal es hacia donde van los cambios constitucionales a los artículos 11 y 73 avalados el martes 2 en la Cámara de Diputados Si el Senado los avala, advierte, su partido promoverá amparos porque violentan la propia Constitución y no se va a permitir que se criminalice la protesta ni que se limite el derecho a la manifestación.


Angélica Rivera es, en sí misma, un

conflicto de interés de Peña Nieto Al margen de la increíble historia del financiamiento del Grupo Higa para la adquisición de la residencia de Sierra Gorda por parte de Angélica Rivera, el video en el cual ésta explica cómo adquirió sus inmuebles tiene un dato, uno más, que debe destacarse: Afirma que en 2008 Televisa le entregó para su “uso y gozo” la casa de Paseo de las Palmas 1325, pero resulta que ese año la televisora era una de las proveedoras de servicios del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto y la actriz era parte de un convenio de publicidad en la administración de quien pronto sería su esposo. En su momento la información fue divulgada por el Instituto Federal Electoral, pero pasó prácticamente inadvertida. JENARO VILLAMIL

E

l domingo 7 Enrique Peña Nieto inauguró el Tercer Foro de Comunicación en Boca del Río, Veracruz, con un halago inusual a Televisa, la empresa que convocó y organizó el encuentro entre medios afines y mandatarios reunidos en la XXIV Cumbre Iberoamericana y un tuteo al presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, molesto aún por los malos resultados del Teletón del día anterior. “Emilio (Azcárraga) lo entenderá y quienes están aquí como miembros de Televisa, algunos pueden pensar que es equivocado hacer reconocimiento a esta gran empresa mexicana, pero el presidente de la República quiere expresar que para los mexicanos es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana, que proyectan a nuestro país, no sólo en el mundo de habla hispana, sino en el mundo entero”, afirmó Peña Nieto. “Son un medio que proyecta a México en el mundo y eso, a los mexicanos, nos enorgullece. Por eso mi gratitud y reconocimiento por la organización de este

24

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Tercer Encuentro de la Comunicación”, remató el primer mandatario, leyendo un discurso que preparó el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. A quien quisiera escucharlo, Nuño presumió que este halago era también un acuse de recibo o un “ramo de rosas” del gobierno a la empresa Televisa. Por su parte Azcárraga Jean respondió en su discurso con quejas por las presiones de “algunos esquemas normativos o políticos públicos orientados a frenar a los medios, movidos por el ánimo de restringir la actuación y el desarrollo de las empresas de comunicación a fin de promover agendas de interés público contrarias a la competencia, el desarrollo económico y sobre todo a la libertad de expresión”. La molestia entre Televisa y Peña Nieto se agudizó antes del acto en Boca del Río. Durante la transmisión estelar del Teletón 2014, el comediante Eugenio Derbez se burló del escándalo reciente de la Casa Blanca. “No tendría que comentar esto, pero hace un año dejé de ser empleado de Televisa y sin embargo hoy regresé porque me enteré de lo que pagaban”, afirmó Derbez, en uno de sus chistes de la noche. El comediante se siguió de largo para defender

al Teletón, que este año vivió una de sus peores crisis de imagen. “Muchos dudan de la transparencia de la fundación o de si esto es una estrategia de Televisa para pagar menos impuestos; hasta se ha comentado si la lana se usó para construir una mansión en Las Lomas”, continuó Derbez. “Sólo creo que no debemos mezclar cosas negativas que están ocurriendo en el país con algo positivo como es el Teletón”, remató el comediante. En Los Pinos no gustó nada este deslinde de la empresa que se asoció en el ascenso y la llegada al poder con Peña Nieto. La crisis se gestó meses antes del escándalo de la Casa Blanca, pero se mezcló en la transmisión del maratón destinado a recaudar fondos para discapacitados. En un reporte fechado el pasado 3 de octubre, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, criticó al Teletón y al gobierno mexicano pues “buena parte de los recursos del Estado para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean administrados por un ente privado” y porque “dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.


youtube.com

C ORR U P C IÓ N

El comité de la ONU exhortó a “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derecho”. Ni la cancillería ni el Senado mexicanos hicieron nada para frenar la difusión de estas observaciones que molestaron a la fundación Teletón, dirigida por Fernando Landeros, amigo de Azcárraga Jean. El gobierno de Peña Nieto decidió replegarse y no aparecer en ninguna de las acciones de promoción del acto. Apenas en diciembre de 2012, días después de tomar posesión, Peña Nieto acudió al set de Televisa, acompañado por su esposa Angélica Rivera, estrella de telenovelas de esa compañía, para promover la donación al Teletón. En 2014 ni Peña ni Rivera se manifestaron al respecto. Landeros, en entrevista con Milenio Televisión el lunes 8, se quejó amargamente por los ataques contra el Teletón y ubicó tres orígenes: El “fuego amigo” de fundaciones mexicanas que “fueron a Ginebra a hablar muy mal”, el propio comité

de la ONU que emitió sus observaciones y la campaña en redes sociales de #NiUnPesoAlTeletón, y rumores que circularon con declaraciones falsas de Lucero, la exconductora de Televisa.

Contratos publicitarios Desde Televisa las diferencias con el gobierno de Peña Nieto se agudizaron tras el escándalo de la Casa Blanca, pero en especial por el video que el 18 de noviembre difundió la versión de la primera dama, Angélica Rivera, sobre el origen de su fortuna y del primero de los tres predios que forman parte del conjunto inmobiliario. Sin consultar con los directivos de Televisa, Rivera hizo tres afirmaciones que incomodaron en la empresa: Que en la renovación de su contrato con el consorcio ella recibió “un aumento derivado de los resultados de mi trabajo”, que en 2008 la compañía le entregó para su “uso y gozo” la casa ubicada en Paseo de las Palmas 1325 y comenzó a vivir en ella ese mismo año, y que el 25 de junio de 2010 terminó su contrato original de 2004 y “se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, Paseo de las Palmas”, además de 88.6 millones de pesos más IVA.

Para la mayoría de los analistas pasó inadvertido un hecho que el Instituto Federal Electoral documentó en 2009 y 2011: El año en que Televisa le “dona” la casa a Rivera, la empresa era proveedora de servicios del gobierno de Enrique Peña Nieto (como el Grupo Higa) y que el propio mandatario mexiquense admitió en una entrevista televisada que la actriz formó parte de un convenio de publicidad en su administración. El 12 de noviembre de 2008, en la emisión del programa Shalalá, conducido por Katia D’Artigues y Sabina Berman, Peña Nieto contó lo anterior para explicar su noviazgo con Angélica Rivera: “¿Cómo fue? ¿Usted la vio primero y tuvo una entrevista previa con ella para decidir si la elegía ser el rostro del Estado de México?”, preguntó D’Artigues. “No. No hice casting ni nada de eso. Realmente decidimos que fuera a través de una figura pública, una artista, para que nuestra comunicación fuera más eficaz”, respondió. “¿Quién la propuso?”, insistió la periodista. “El área que nos hace la creatividad se entrevistó con ella y luego la propuso Televisa, con la que tenemos un convenio de publicidad, como con otros medios. El acuerdo decía que podíamos incorporar a uno de sus actores para apoyar la comunicación. Me propusieron a Angélica y yo dije que estaba bien: ‘Me gusta que sea Angélica’. Me entrevisté con ella en abril o mayo, justo para la campaña de los 300 compromisos. Cuando se acabó la campaña, la invito a salir, a cenar, para darle las gracias por su participación. Salí una primera vez, luego una segunda vez”, dijo. La versión de Peña Nieto sobre la contratación de los servicios de Angélica Rivera a través de Televisa y su posterior romance confirmó que La Gaviota formaba parte de un “convenio de publicidad” entre su gobierno y la empresa de Azcárraga Jean. En esa fecha, noviembre de 2008, no se conocía que Televisa le hubiera “donado” a Rivera para su “uso y goce” una casa en las Lomas. El vínculo contractual entre Televisa y la actriz fue confirmado en octubre de 2008 por una fuente del gobierno del Estado de México, la cual aseguró a la cadena estadunidense Univisión: “Nosotros no llamamos a Angélica Rivera directamente, sino que fue a través de Televisa. De hecho el gobierno no paga los honorarios de Angélica, eso ya está cubierto dentro de la pauta que tenemos con Televisa” (Proceso, número especial Los aspirantes). En revistas como la española Hola! se ventiló que Rivera fue pareja durante 14 años del productor de Televisa José Alberto El Güero Castro, hermano de Verónica Castro, celebridad también del “canal de 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

25


las estrellas”. La revista Quién publicó en su edición 175 la “historia del romance entre Peña Nieto y La Gaviota”, pero no fue hasta la emisión del programa Shalalá, en TV Azteca, cuando el mandatario estatal confirmó su romance. La polémica antes de la boda entre ambos se concentró en si el matrimonio de Angélica Rivera y El Güero Castro fue anulado o no por El Vaticano. En la edición del 10 de junio de 2009, la actriz le declaró a la revista Quién que nunca estuvo casada con el productor de Televisa. “No fue anulación, la Iglesia lo dictaminó como algo inválido. No tuvo validez porque no llevamos las formas como la Iglesia lo requiere, fue un error de parte de nosotros. La Iglesia lo tomó así”, afirmó la actriz que apareció en la portada como “Mamá Gaviota”. La boda entre Peña Nieto y La Gaviota se concretó el 27 de noviembre de 2010, justo antes de que se iniciara la precampaña para designar al sucesor de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y que él aceptara ser aspirante a la Presidencia. Según la versión de Angélica Rivera en su video de YouTube sobre la Casa Blanca, en junio de 2010 ella y Televisa terminaron su contrato de 2004 y se le pagó “con un aumento derivado de los resultados de mi trabajo”. Era ya la novia oficial de Peña Nieto.

Producto integrado

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

L

youtube.com

Para el exconsejero del Instituto Federal Electoral Alfredo Figueroa, uno de los grandes vacíos en la legislación mexicana es la regulación de lo que se conoce como “producto integrado” o propaganda encubierta de gobernadores, candidatos o funcionarios que aparecen en pantalla. Consultado por Proceso, Figueroa afirma que en la difusión del “producto inte-

grado” no se advierte al espectador que la información es propaganda, pues se transmite como cápsulas en los noticiarios o como entrevistas en programas de espectáculos, deportes y hasta en telenovelas y no son explícitamente inserciones pagadas. La contratación de Angélica Rivera para la promoción de la campaña de los “300 Compromisos Cumplidos” en el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto fue originalmente una estrategia para darle la vuelta al artículo 134 constitucional, que prohíbe la contratación de espacios en medios electrónicos donde aparece la figura del gobernador. Cuando la campaña concluye y se inician el noviazgo y su cobertura en los medios y en las revistas del corazón, Rivera se convierte también en parte de la propaganda encubierta conocida como “producto integrado” y del convenio que Televisa firmó con el gobierno mexiquense. Para Figueroa “es inexplicable que Televisa no le haya donado a Rivera una casa en el momento más alto de su carrera, cuando fue la estrella de la telenovela Destilando amor, sino cuando se hace novia de Peña Nieto y se confirma la realización de la boda”. Gracias a su romance con La Gaviota, Peña Nieto pudo aparecer en todos los espacios de información de espectáculos y de revistas del corazón y de sociales que normalmente no forman parte de la inspección de los organismos electorales. Ahora esa estrategia de “producto integrado” es analizada con lupa por distintos legisladores de la oposición y medios extranjeros a raíz del escándalo de la Casa Blanca. El presunto conflicto de interés no es sólo por la relación entre el gobierno estatal y federal de Peña Nieto con el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, sino con Televisa y su expromotora y actual esposa, Angélica Rivera. O

Teletón. Malos resultados

26

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

as mansiones construidas y financiadas por el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú para beneficiar al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto siguen apareciendo aquí y allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias de auditoría gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para determinar la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las diferentes operaciones de renta y compra-venta. El episodio más reciente implica al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se sirvió de un esquema similar al de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, para adquirir una residencia multimillonaria. Esto es, comprarle una casa a Hinojosa Cantú y aceptar su millonario financiamiento sin institución bancaria ni entidad crediticia autorizada de por medio. El jueves 11, el diario estadunidense The Wall Street Journal informó que gracias al empresario, Videgaray adquirió también una residencia en un exclusivo fraccionamiento-club de golf de Malinalco, Estado de México. Según la información que proporcionó el secretario de Hacienda, aunque H&G Bienes Raíces, una razón social de Hinojosa Cantú, le otorgó un financiamiento a 18 años por la propiedad –valuada en 7 millones de pesos–, él liquidó su deuda el pasado 31 de enero. La compra se concretó en octubre de 2012, cuando Videgaray era coordinador general del equipo de transición y Peña Nieto era presidente electo. Con este argumento, el funcionario rechazó que haya habido conflicto de interés en dicha transacción, pues, dijo, al hacerla no se desempeñaba en el servicio público. De acuerdo con el artículo 108 constitucional, para efectos de responsabilidades administrativas se considera a quienes fueron sujetos de elección popular y “a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”. A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que reglamenta al mencionado artículo constitucional, establece que además de las personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”. Desde septiembre de 2012, el equipo de transición que coordinaba Videgaray tenía asignado un presupuesto de 150 millones de pesos que se ejecutaron a través de Banjercito.


C ORR U P C IÓ N Operaciones de Infraestructura; Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción; Autopistas de Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del Pacífico. Grupo Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa Cantú es accionista mayoritario se han visto favorecidas en lo que va de la presente administración federal con contratos de proveeduría que superan los 24 mil millones de pesos y que se suman a los 35 mil millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México (Proceso 1985). El escándalo se internacionalizó no sólo con la publicación en The Wall Street Journal. Personajes con presencia global como el expresidente de Estados Unidos William Clinton le recomiendan a Peña Nieto ser transparente y resolver las dudas sobre la relación con Grupo Higa. La misma visión fue apuntalada por The Economist. En un artículo publicado el viernes 12, el semanario británico subrayó que se había fortalecido la configuración de un posible conflicto de intereses en el caso Hinojosa Cantú-Los Pinos. Tanto The Economist como The Wall Street Journal fueron en su momento entusiastas difusores del periodo de reformas que dieron en llamar el “Mexican Moment”. Lo que para infinidad de analistas y actores políticos –nacionales e internacionales– es un claro conflicto de intereses fue expuesto por Proceso en su edición 1986, luego de consultar a diferentes especialistas en combate a la corrupción, quienes coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes para la configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de índole penal. No obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la Federación anticipó en voz de su titular, Juan Manuel Portal, que no se investigará la Casa Blanca ni a las empresas de Hinojosa Cantú, pues como Angélica Rivera no es servidora pública, se trata de un asunto “entre particulares”. O

La multiplicación de las casas Presidencia, y que fue utilizada durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición por Peña Nieto. Durante los meses que siguieron a la elección, Castillejos Cervantes era uno de los colaboradores de Luis Videgaray en el equipo de transición gubernamental. Aun cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina y que Peña Nieto usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la operación no se registró como gasto de campaña ni del equipo de transición gubernamental.

Las razones de Hinojosa Las residencias compradas respectivamente por Angélica Rivera y Luis Videgaray, así como la rentada por el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, revelaron la constitución de tres razones sociales cuyo accionista mayoritario es Juan Armando Hinojosa Cantú. Se trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la que se realizó la operación de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces G&H, con la que se levantó y financió la casa de Videgaray en Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario, propietaria de la residencia que renta el consejero jurídico. Todavía más: Estas razones sociales no se mencionan en la información corporativa de Grupo Higa, que en su página en internet sólo incluye a sus subsidiarias Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento. Lo mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus (taxis aéreos); Controladora de

www.clubdegolfmalinalco.com

En noviembre último, una investigación periodística realizada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada de manera simultánea en la edición 1984 de Proceso reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social de Juan Armando Hinojosa Cantú. La tarde del jueves 11, horas después de la publicación de The Wall Street Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca –que resultó ser de Angélica Rivera–, hizo notar la coincidencia en tiempos de transición presidencial, pues la residencia de Rivera fue entregada en septiembre de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente. No es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui consiguió testimonios de vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes incluso le entregaron documentos para demostrar que desde 2012 se inconformaron por la presencia de dispositivos de seguridad en una residencia habilitada para oficinas que no contaba con el correspondiente uso de suelo. La consulta registral efectuada por los vecinos reveló que la propiedad estaba escriturada a nombre de Inmobiliaria Bicentenario, que resultó ser otra razón social de Hinojosa Cantú. La Presidencia de la República fijó su posición ante el trabajo del equipo de Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada desde 2011 por Humberto Castillejos Cervantes, el actual consejero jurídico de la

Club de golf de Malinalco

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

27


Benjamín Flores

Para Hinojosa Cantú,

una tajada del acueducto Monterrey VI Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz. LUCIANO CAMPOS GARZA

M

ONTERREY, NL.- El gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en 2012 y que en la entidad es considerado “el robo del siglo”. Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”. En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos. Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y di-

28

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

putados de oposición de que el proyecto se transparente. Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017. El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI. Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina. A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos. El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña de

2012, ofreció a Nuevo León que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra. Ya como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento. Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León. Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…” Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones. Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado


C ORR U P C IÓ N por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo. No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra. La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores. Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.

El robo del siglo En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad. Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld. El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público. Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación. Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan. “Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil.

Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa. Recuerda que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones. Cuando el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.

Que se cancele la obra Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”. Plantea que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI. Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina. Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas. El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación. A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto. El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM,

Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información. Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión. Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento. Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones. Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI. Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León. El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto. Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa. En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey. Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios. O 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

29


Pese al boicot priista, va adelante la Comisión Casa Blanca JESUSA CERVANTES

L

a relación político-empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú, proveedor predilecto del gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y con uno de sus hombres más cercanos, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo que la Cámara de Diputados se aprestara a crear una comisión investigadora para indagar los contratos millonarios que le ha extendido la administración peñanietista. Además, ese grupo podría verificar si existe conflicto de interés y tráfico de influencias desde el Poder Ejecutivo federal. Durante un mes, la fracción priista presionó para que no se creara una comisión especial que hurgara en la forma en que Angélica Rivera adquirió su Casa Blanca de 86 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, como reveló el portal Aristegui Noticias en un trabajo de investigación del que Proceso dio cuenta en su edición del 9 de noviembre último. Sin embargo, el creciente malestar entre la población logró que sorpresivamente panistas y perredistas apoyaran al diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara para crear la “Comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con las mismas”.

La presión La tarde del miércoles 10, Huerta se presentó ante la curul del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, mostrándole 21 hojas que contenían las firmas de 197 diputados, incluyendo a los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila; del PAN, José Isabel Trejo; del PRD, Miguel Alonso Raya, y del vicecoordinador del PT, Ricardo Cantú. En la parte superior se leía: “Solicitud de integración de la Comisión de investigación…” Beltrones primero se sorprendió por tanto apoyo: “¡21 hojas con la firma de 197 diputados de todos los partidos!”, reconstruye Huerta. “Luego, cuando vio que aparecía el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, expresó: ‘¡Ah, es de un particular! Caray, son muchas firmas, pero no podemos revisar los contratos de un particular’, y luego me dijo, irónico, perverso como es: ‘Júntate otras 200 firmas para que pase’. Mi respuesta fue: ‘Revise lo que tenga que revisar pero esta comisión no tiene vuelta de hoja’”. Tras ese diálogo, Huerta se retiró. Al irse, se

30

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

acercó al lugar del coordinador priista la legisladora del PRD Martha Lucía Micher Camarena, quien en 2005 presidió la comisión encargada de examinar el presunto tráfico de influencias de los hijos de la entonces primera dama, Martha Sahagún. Ahí, Micher le recordó a Beltrones Rivera que, en aquella ocasión y aunque se trataba de particulares, se buscó la forma legal de instalar el grupo de investigación. Para lograrlo se consensuó, entre otras cosas, concentrarse en las empresas y contratos. Así, se pactó el kilométrico nombre de “Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.”. Posteriormente se acercó al priista el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, quien luego comentó que Beltrones se comprometió a revisar el documento y sus firmas. Huerta dijo que, ante el rechazo constante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para crear una “Comisión especial Casa Blanca” se mencionó el caso de los hijos de Sahagún. “En aquel caso la Cámara autorizó investigar a particulares por la vía de figuras legales, y eso pretendemos ahora”. Una vez que el diario The Wall Street Journal diera a conocer el jueves 11 que en octubre de 2012 Luis Videgaray le “compró” a Hinojosa una casa en Malinalco, Estado de México, por 7.5 millones de pesos, fuentes del PRI confirmaron que ese partido no rechazará la comisión planteada por Manuel Huerta, pero insistieron: “La vamos a corregir para que no plantee una idea ilegal, pues la Cámara no puede investigar a particulares”.

Resistencia priista Después del 9 de noviembre, cuando se reveló la existencia de la Casa Blanca de Angélica Rivera, todas las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados se abrieron con demandas de la oposición para esclarecer el caso, sobre todo porque el jueves anterior (6 de noviembre) el gobierno federal había dado a conocer la cancelación de la licitación del tren rápido MéxicoQuerétaro, cuyo ganador fue la empresa China Railway Construction Corporation –asociada con Teya, de Hinojosa Cantú. El 13 de noviembre, la diputada de MC Luisa María Alcalde Luján propuso un punto de acuerdo en el que se exhortaba “a los titulares

de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la compra del inmueble de lujo denominado popularmente ‘la Casa Blanca’ y el origen de los recursos con que se realizó aquélla”. El documento se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Transparencia y hasta el momento sigue en la “congeladora”. El 20 de noviembre, Ricardo Monreal propuso otro punto de acuerdo para exhortar al gobernador mexiquense a suspender la construcción del tramo carretero Toluca-Naucalpan asignado a Hinojosa Cantú. El 25 de noviembre, Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja propusieron un tercer punto de acuerdo para “revisar los contratos o convenios celebrados con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada a él, celebrados de 2011 a la fecha”. El último punto de acuerdo lo propuso la panista Elizabeth Yáñez Robles para “exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer público en Compranet el acto administrativo por el cual se canceló la licitación sobre la construcción, el suministro, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento del tren México-Querétaro”. Todos los documentos fueron enviados a comisiones. Con excepción del último, ninguno se resolvió.

Que sí, que no La primera demanda de PT, MC y PRD para crear la comisión especial se diluyó el 24 de noviembre durante la reunión de la Jucopo, cuando la dupla PRI-PVEM la rechazó. Sin embargo, Lilia Aguilar, vicecoordinadora del PT, reveló el 27 de noviembre que existía un acuerdo entre PRI, PAN y PRD para darle una salida al asunto: “Ayer, en la misma Junta (de Coordinación Política) se acordó que sí se iba a hacer un espacio, pero no para crear la ‘comisión Casa Blanca’, sino con otro nombre. A cambio se cerraría el paso a una comisión del Distrito Federal que indague los abusos de los policías durante la manifestación del 20 de noviembre”. Pasaron los días y el PRI mantuvo su evasiva. Para atemperar los reclamos, el lunes 1 la Jucopo aprobó crear una comisión especial para indagar solamente la licitación y cancelación del tren rápido México-Querétaro. Sin embargo, sorprendió que se conformara con ocho miembros, uno por cada partido político pero dos del PRI –uno de los cuales ocuparía la presidencia del grupo. La situación enojó al petista Manuel Huerta, quien consideró “una simulación” crear esa comisión especial. Por esta razón se dedicó a recolectar firmas durante la sesión del miércoles 10. Explicó que los panistas por Nuevo León firmaron porque están molestos con un acueducto que construirá una de las empresas de Hinojosa Cantú.


C ORR U P C IÓ N Octavio Gómez

“El vicecoordinador del PAN, Marcelo Torres Coufiño, me pidió tiempo para procesar el tema en su partido. A los pocos minutos regresó y me dijo: ‘Se aceptó el respaldo. Ya estamos recolectando las firmas’. Para ese momento yo llevaba 90 firmas, y él regresó luego con 60 más de panistas.” La diputada Elizabeth Yáñez explicó la postura de sus compañeros aludiendo a lo ocurrido con la comisión que indagó a los hijos de Sahagún por posible tráfico de influencias, y abundó: “Que la (comisión) del tren la presida el PRI es una burla. Ahora respaldamos esta nueva iniciativa y firmamos porque estamos convencidos que no es Angélica Rivera la que debe dar cuentas de cómo adquirió su casa, no estamos en contra de que una mujer sea autosuficiente, pero aquí hay un posible tráfico de influencias y conflicto de intereses.” El 27 de noviembre, cuando el PRI se resistía a crear una comisión y el escándalo aún no alcanzaba al titular de la Secretaría de Hacienda, la propia diputada Yáñez Robles pidió la palabra al inicio de la sesión y, desde su curul, respondió a la “absurda” defensa que hizo el PRI el día 25: Aquel día, el priista Leobardo Alcalá acusó a la izquierda de “sexista” por cuestionar que Angélica Rivera pudiera tener patrimonio propio y adquirir una casa como la ubicada en la calle de Sierra Leona. La panista dijo: “A nadie en este país le importa si la señora Rivera tiene 100 millones de pesos o mil millones de pesos para comprar el Castillo de Chapultepec. No desviemos la atención: el responsable de este problema se llama Enrique Peña Nieto”. En ese momento fue reconvenida por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PVEM Tomás Torres Mercado, lo que desató el enojo de la panista: “¡No me interrumpa, señor presidente, no me interrumpa! ¡No, señor presidente!, no me quite el derecho de expresarme, ¡cuidado y me quite el micrófono! El señor Peña Nieto es el que tiene que venir a explicar, es el que tiene que transparentar y dejar claro el conflicto de intereses acerca de que la empresa que él benefició durante ocho años de repente decidió comprar una casa y vendérsela a la esposa del presidente de la República en módicas mensualidades.” La semana pasada, Manuel Huerta manifestó: “Esta comisión investigadora ya nada la para, y hemos dejado un espectro tan amplio que nos dará para indagar en todos los contratos de las paraestatales con Grupo Higa, el cual agrupa empresas como Constructora Teya, Mezcla Asfáltica, Impresión Publicitaria, Señales y Mantenimiento y Autopistas de Vanguardia (Autovan). Todas del señor Hinojosa Cantú”. Para el lunes 15, la Junta de Coordinación Política tiene previsto decidir si solicita al área jurídica de la Cámara de Diputados que le informe si procede o no la demanda de Huerta, quien invocó el derecho de las minorías –expresado en la Carta Magna– de instalar comisiones de investigación con un mínimo de 125 firmas de diputados. O

“Queremos un Eliot Ness para México”, dijo el panista Roberto Gil Zuarth en el Senado, el mismo órgano legislativo que podría designar este domingo 14 al primer fiscal anticorrupción de la federación. Y Juan Miguel Alcántara Soria ya levantó la mano y manifestó su deseo de emular al hombre que llevó a la cárcel a Al Capone, aunque advierte: la Fiscalía debe ser independiente y apoyarse en un sólido sistema legal.

Fiscalía anticorrupción: a la

búsqueda de un Eliot Ness independiente ÁLVARO DELGADO

S

i el Congreso no aprueba un auténtico sistema legal contra la corrupción y designa un fiscal en la materia sin independencia total, “condición fundamental y primaria para que sea eficaz”, será una burla de la clase política a la sociedad, advierte Juan Miguel Alcántara Soria. “En este tema no puede equivocarse la clase política –alerta el aspirante a fiscal

anticorrupción–. Querer abusar, engañar y distraer sería abonar a los límites de la tolerancia de la opinión pública.” La simulación, insiste, no le sirve a nadie. “Ni al propio gobierno. Lo que se generaría sería una nueva frustración y un motivo más de reclamo”. Y ante agravios como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los fusilamientos del Ejército en Tlatlaya y los escándalos de corrupción en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, anticipa: “Sería la gotita que derrame el vaso”. 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

31


C O RR UPCIÓN Militante durante décadas del Partido Acción Nacional (PAN), del cual se distanció en 2000, Alcántara asegura tener la capacidad y experiencia para combatir la corrupción, que define como “un problema endémico que cruza todos los ámbitos del país, incluida la iglesia”. A sus casi 60 años, el procurador de Justicia de Guanajuato durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia, dos veces diputado federal y subprocurador general de la República aclara: “Me siento con todas las ganas y capacidad de dejar un legado a mi país y a mis hijos, de haber sido parte de lo que es sólo el principio de solución de este problema endémico”. En entrevista con el reportero, el viernes 12, el abogado por la Escuela Libre de Derecho, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y litigante desde que dejó el gobierno de Felipe Calderón, revela que tomó la decisión junto con sus hijos de buscar la fiscalía, aun con los riesgos, por ejemplo, “de ser desaparecido”. –¿Está dispuesto a jugarse la vida? –¡Evidentemente! En esto no se puede dejar de calcular, a la hora de construir escenarios, que esto pueda suceder. Alcántara Soria cree encarnar a Eliot Ness, el policía estadunidense que combatió a la mafia de Al Capone, como lo planteó el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado: “Queremos un Eliot Ness para México, alguien que tenga la capacidad de meter a los delincuentes y a quienes contribuyan con esos delincuentes desde el Estado, a la cárcel. Sin compromisos de grupos de poder, sin compromisos de partido y sobre todo que no tenga ningún tipo de compromisos con este gobierno, con los gobiernos anteriores o con los gobiernos futuros. Para acabar con los intocables de la corrupción queremos un grupo de intocables que tenga la capacidad de meter a la cárcel y asumir las responsabilidades de quien las deba.” En vísperas de que el Senado decida si designa al fiscal anticorrupción el domingo 14 o lo pospone hasta que la Cámara de Diputados apruebe el sistema anticorrupción –atascado por voluntad priista–, Alcántara insiste en querer encarnar a Eliot Ness, “adaptado a las circunstancias y a los tiempos, pero algo de esa actitud se requiere: Jugarse el todo por el todo”.

Los amigos Diego y Lozano Alcántara Soria asegura que no tiene compromisos con grupos de poder ni con el gobierno de Peña Nieto ni con los panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, a los que acusó en su momento de ser omisos en el combate a la corrupción (Proceso 1881). También asegura que tomó distancia de Diego Fernández de Cevallos y sobre todo de Antonio Lozano Gracia, quien le retiró el

32

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

habla tras no lograr que Alcántara contratara a tres de sus recomendados en la Procuraduría General de la República (PGR). Cuenta: “Cuando llego a PGR quiere meter a tres y no los pasé, por corrupción. Tenían antecedentes de corrupción. Eso le significó a Toño dejarme de hablar, ni el saludo ni nada. En un momento Diego me preguntó: ‘¿Qué pasó con Toño?’. Le dije: ‘Fulano y perengano me los propuso, chequé adentro, tenían averiguaciones abiertas’. Ya nunca se restableció la relación con Toño”. Además de Alcántara hay otros dos personajes vinculados con el PAN que puntean para ser el fiscal anticorrupción: Son César Alejandro Chávez Flores, precisamente miembro del despacho de Lozano Gracia, y Rafael Estrada Michel, nieto de Rafael Estrada Iturbide, fundador del PAN e hijo del magistrado Rafael Estrada Sámano. Chávez Flores fue visitador general de la PGR con el procurador Arturo Chávez Chávez, socio de Lozano Gracia, y Estrada Michel fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y secretario técnico del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. A pregunta expresa, Alcántara Soria aclara que mantiene amistad con Fernández de Cevallos pero nada más. “Desde la presentación del libro de Luis Felipe Bravo Mena, hace tres meses, no he visto ni hablado con Diego. Esa es la única vez que lo he visto en el año”. –¿Tiene usted esqueletos en el clóset? –No. Ninguno. –¿Qué garantía tienen los ciudadanos de que no cambiará el cargo por impunidad a quienes lo nombren? –La legitimación del fiscal viene definida por el mecanismo del Senado, con la inscripción por iniciativa personal y sin el impulso del Ejecutivo, y se va a votar en una asamblea donde no tienes la dependencia formal de alguien. En el origen hay una relativa intervención del Senado, pero después lo relevante es la independencia que se le garantice. Redondea: “Si se hacen bien las cosas, no le veo dónde está el sentido de que se lo tengas que deber a alguien y por tanto tengas condiciones para intercambiarlo por algo de impunidad”. Convencido de que el sistema anticorrupción frenado en la Cámara de Diputados debe ser auténtico, Alcántara también exige que el fiscal tenga total autonomía e independencia, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “La independencia de esta fiscalía es la condición fundamental y primaria para que sea eficaz. Y si no se obtiene pronto o en un proceso de transición no largo, no va a tener condiciones elementales para funcionar.” Explica: “Una de las cuestiones fundamentales que tienen los fiscales es atender

todos los asuntos que están en la agenda nacional con dos cualidades fundamentales: Que las investigaciones que hagas sean muy transparentes, que al revisarse estén totalmente apegados a la legalidad, y hacerlo de una forma cuidadosa de respetar esa legalidad, que no vayas a ser un chivo en cristalería”. –¿Y si no hay autonomía? –¡Ah, no! Si no va a haber las condiciones a las que me he referido, yo no voy.

“Canas, ganas y… valor” Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exsubprocurador de la República, ambos cargos durante el sexenio de Calderón –de quien se distanció–, Alcántara Soria cabildea con la fracturada bancada de su expartido, pero también con priistas, perredistas y verdes, a muchos de los cuales conoce por su larga trayectoria. “Ya me lo dijeron: el PRI busca canas, ganas y… valor. Vamos a ver si es cierto”, dice el expanista, quien conoce a uno de los factores de poder de ese partido, el diputado Manlio Fabio Beltrones, desde que negoció con él la reforma político-electoral, tras la elección fraudulenta de 1988. En el PRD es amigo de su presidente, Carlos Navarrete, guanajuatense y bohemio como él, mientras que en el Partido Verde es también, según él, “bien visto” por su trayectoria. –En el caso de ser fiscal, ¿iniciaría una investigación de Peña por un presunto conflicto de interés en el caso de la mansión de las Lomas? –Necesariamente todos los asuntos que están en este momento en la agenda de debate y discusión en la opinión pública se tienen que tratar con mucha transparencia, de tal manera que puedan ser revisados todos los procesos, no sólo por las instancias judiciales o administrativas en su caso, sino también por la opinión pública. “Y también, por otro lado, se tiene que partir de la presunción de inocencia de la gente y por supuesto la no impunidad de quien sea responsable. Pero los procesos que se hagan deben ser muy transparentes, no pueden ser hechos en lo oscurito o fuera de la caja de cristal en la que se tiene que trabajar.” Alcántara está al tanto de las negociaciones en la Cámara de Diputados sobre el sistema anticorrupción y advierte que una fiscalía anticorrupción no puede estar desvinculada de todos los órganos relacionados con el tema ni de la participación de la sociedad. “Los sistemas anticorrupción que funcionan en el mundo generalmente están asociados a un empoderamiento de la sociedad civil sobre ella, sobre sus líneas fundamentales. Ojalá que el legislador pueda considerar esto desde ahora.”


C ORR U P C IÓ N


Fotos: Especial

Coahuila tuvo su

Ayotzinapa En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión. 34

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014


NARC OTRÁ F IC O

Allende, Coahuila. Los ataques de 2011

JUAN ALBERTO CEDILLO

A

LLENDE, COAH.- Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales. Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas. Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses. Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos. Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secues-

tro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero. En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria. Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende. Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia. La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona. El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad

y eso implica que investigamos a fondo”. Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012: “La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende. “Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo. “Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.” En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

35


Fotos: Especial

Número indeterminado de víctimas

El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”. Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza. Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila. Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supues-

36

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

tos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez). “De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.

El castillo de la impureza El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa. Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio. El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.

El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada. Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas. La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones. El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón. El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las


NARC OTRÁ F IC O

autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza. Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras. Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó. En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal. Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla. En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.

les información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta. Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex. Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel. “Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado. Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local. El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia. O

Tres años de impunidad

A ocultar los hechos La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años. Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Mora-

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

37


Especial

Zambada.

Expansión

a

trasatlántic

El Cártel de Sinaloa hace

negocios con el extremismo islamista J. JESÚS ESQUIVEL

Un informe reciente de la DEA ubica al Cártel de Sinaloa –asociado con narcotraficantes colombianos– como una de las organizaciones criminales que surten de droga a grupos islamistas del occidente africano, quienes al revenderla obtienen ganancias que ponen al servicio de sus causas. En sentido contrario, y mediante complicadas triangulaciones, traficantes de armas ayudan a los latinoamericanos con el lavado de dinero. Así, la agencia antidrogas estadunidense, aunque no lo hace explícitamente, coloca a la organización encabezada por El Mayo Zambada como uno de los “patrocinadores”, entre otros, de Hezbolá y Al-Qaeda. 38

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

W

ASHINGTON.- El Cártel de Sinaloa –asociado con narcotraficantes y grupos paramilitares de Colombia– es uno de los principales proveedores de cocaína y otras drogas para los mercados del oeste de África y de Europa, revela un reporte especial de la DEA. El informe de 77 páginas –copia del cual consultó Proceso– señala indirectamente al Cártel de Sinaloa como uno de los grupos que financian a los terroristas que operan en el oeste africano. “Los nexos entre el tráfico de drogas y el terrorismo (narcoterrorismo) siguen creciendo y no es una tendencia nueva. El narcoterrorismo puede ser ampliamente definido como el solapamiento de las actividades del tráfico de drogas y el terrorismo”, sostiene el reporte de la DEA Combatiendo al crimen organizado trasnacional.


NARC OTRÁ F IC O das Revolucionarias de Colombia (FARC), calificadas por Washington como “agrupación narcoterrorista”. Una vez iniciada la relación con los clientes de África, el Cártel de Sinaloa comenzó a ampliar independientemente sus relaciones con los cabecillas del crimen organizado del continente, entre los cuales se identifica a traficantes internacionales de armas a quienes el CNOC llama “facilitadores sombra”. La DEA enfatiza que estos criminales son quienes “saben cómo explotar y resquebrajar los sistemas judiciales y económicos de la comunidad internacional para sacar ventaja y ganancia del nexo entre el crimen y el terrorismo”. Según cálculos de la ONU, el tráfico de drogas genera ganancias anuales por alrededor de 320 mil millones de dólares. El CNOC considera que ante la expansión del narcotráfico, era lógico que los facilitadores sombra se pusieran en contacto y se asociaran con narcotraficantes de Colombia y México. Los facilitadores sombra, dice el documento, proveen a los narcotraficantes y a los terroristas servicios de lavado de dinero, contrabando, falsificación, explotación y control de rutas para el trasiego de los narcóticos y de armas. Muchas organizaciones del tráfico de drogas y del terrorismo internacional “comparten los servicios de un mismo facilitador sombra, por lo cual la captura de alguno de éstos representa un fuerte golpe a la criminalidad trasnacional”, afirma el CNOC, que ubica entre ellos a los sirios Monzer Mohammad al-Kasar y Richard Chichakli, el ruso Víktor Anatolyevich Bout, el sueco Paul Mardirossian, el griego Joannis Viglakis, el exmilitar estadunidense Joseph Hunter y el afgano Taza Gul Alizai, algunos de los cuales ya fueron detenidos. El reporte del CNOC indica que el Cártel de Sinaloa inició sus operaciones en el

oeste de África hace apenas 10 años. La DEA refiere que los primeros facilitadores sombra que enlistó ese grupo de la mafia mexicana fueron varios líderes de la FARC y exintegrantes del Cártel de Medellín. “Aprovecharon la relación que tenían narcotraficantes colombianos desde la década de los ochenta con gente del narcotráfico mexicano, como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los principales enlaces de los colombianos para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, para fortalecer el tráfico de drogas a Europa y el oeste de África”, comenta a Proceso un agente especial de la DEA que estuvo al tanto del reporte de la CNOC y quien aceptó hablar a condición de conservar su anonimato. “El posicionamiento que tiene el Cártel de Sinaloa a escala mundial en el tráfico de drogas lo convirtió en el socio ideal del terrorismo en el oeste de África y eso lo aprovecharon los facilitadores sombra y los propios líderes de la organización criminal mexicana, como El Azul, El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) El Mayo Zambada y otros más”, agrega el agente de la DEA.

Contacto venezolano El libanés Yehya Ali Daoud Zeiter, detenido el 14 de abril de 2008 en Rumania, es uno de los facilitadores sombra a quienes el CNOC asocia con el Cártel de Sinaloa, las FARC y otros narcotraficantes colombianos. A este libanés, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de financiar las operaciones terroristas de Hezbolá, la DEA le achaca la operación de las rutas para el tráfico de cocaína y heroína en Argentina, Brasil y Paraguay, puntos de partida que “utilizaba para la exportación de estas drogas con destino a los mercados de Europa y Medio Oriente”. Francisco Antonio Flórez Upegui, Don Pancho, y sus socios –el libanés Chekri

Reuters /Khalil Ashawi

Elaborado por el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (CNOC) de la División de Operaciones Especiales de la DEA (entidad creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001), el reporte afirma que grupos terroristas del oeste africano utilizan las ganancias de la venta de drogas que adquieren de colombianos y mexicanos para financiar sus “proyectos de terror”. El CNOC indica que en el oeste de África y gracias al incremento en la venta de cocaína que les hacen llegar el Cártel de Sinaloa y sus socios colombianos, los grupos terroristas han diversificado sus actividades criminales para obtener más ganancias. “Las franquicias del terrorismo dedicas al narcotráfico llevan a cabo actividades criminales alternativas para obtener más recursos: lavan dinero, secuestran, extorsionan y contrabandean”, puntualiza el reporte de la DEA entregado hace unos meses al Departamento de Justicia en Washington. Aunque el gobierno de Estados Unidos no tiene catalogado al Cártel de Sinaloa como una agrupación narcoterrorista, en el informe del CNOC se resalta el hecho de que de los 51 grupos terroristas identificados en el mundo por el Departamento de Estado, la DEA ubica a 20 como organizaciones asociadas con el narcotráfico colombiano y con el mexicano. De entre esos 20 grupos la DEA destaca a dos: Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y a Hezbolá en Líbano. “Controla la región del Sahel en el oeste de África, incluidas las rutas del trasiego de drogas que cruzan a todos los países de esta área”, matiza el reporte en el caso de AQIM. Respecto a Hezbolá, apunta: “Está involucrado de manera significativa en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero entre Sudamérica, el oeste de África, Europa y el Medio Oriente”. El fenómeno de la participación del Cártel de Sinaloa en el mercado de las drogas del oeste africano, según la DEA, se debe al declive del consumo de cocaína en Estados Unidos y a la caída del precio de esta droga en ese mercado, “mientras en Europa, Medio Oriente y África la cocaína sigue subiendo de precio y cada vez se hace más popular entre la población de esta región del mundo”.

Facilitadores sombra La investigación de la DEA en torno al involucramiento del Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas al oeste de África explica que la organización criminal ahora dirigida por Ismael El Mayo Zambada no envía a su gente a esa región del mundo a negociar de manera directa, sino que lo hace mediante socios colombianos, en primera instancia con las Fuerzas Arma-

Al-Qaeda. Beneficiario final 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

39


Harb y el guatemalteco Juan Fernando Sandoval Wyss– son otros personajes ligados por la DEA a las operaciones que realiza el Cártel de Sinaloa en el oeste africano, Medio Oriente y Europa en su relación indirecta con grupos terroristas. “Don Pancho, uno de los líderes de más alto rango de La Oficina de Envigado, se inició desde hace 30 años en el tráfico de drogas como integrante del Cártel de Medellín”, se lee en el reporte, que luego matiza: “Flórez Upegui coordinaba el transporte de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína destinadas a Europa, Medio Oriente y África, así como cantidades no determinadas de heroína que salían desde Colombia, Centroamérica y México para Estados Unidos y otros continentes”. Al guatemalteco Sandoval Wyss, detenido por la DEA en abril de 2008 en Florida, y a su socio Jorge Mario Paredes Córdova, el informe del CNOC los llama “cabecillas de una organización del tráfico de cocaína que opera con narcotraficantes mexicanos (Cártel de Sinaloa) y guatemaltecos”. De acuerdo con la información recopilada en el expediente especial sobre el narcoterrorismo en el oeste de África, el libanés Chekri Harb, simpatizante de Hezbolá, “coordinaba las operaciones de lavado de dinero y transporte de cocaína y otras drogas de los proveedores de Colombia y México, en Damasco y El Cairo”. El venezolano de origen sirio Walid Makled García, líder de la organización criminal Los Turkos, está catalogado por el gobierno de Estados Unidos como otro de los facilitadores sombra del Cártel de Sinaloa. El informe de la División de Operaciones Especiales de la DEA explica que Los Turkos –cuya base se ubica en el estado de Carabobo– se encargan de sacar cocaína colombiana y la perteneciente al Cártel de Sinaloa desde esta región venezolana para destinarla a los mercados de Europa, Medio Oriente y el oeste de África. La DEA sostiene que en sus investigaciones contra grupos narcoterroristas descubrió que Los Turkos tienen muy buena relación con Hezbolá, agrupación para la cual lavan dinero procedente de la venta de armas. “Makled García ha sido ligado con los dirigentes de más alto rango de las organizaciones del tráfico de drogas tanto de Colombia como de México. Él y sus asociados emplean una red de funcionarios, militares y policías corruptos de Venezuela para salvaguardar las operaciones de su organización y garantizar la efectividad de sus actividades de tráfico de drogas. Además es dueño de múltiples propiedades y entidades financieras a las que utiliza para lavar el dinero procedente de la venta de cocaína que distribuye para los narcotraficantes colombianos y mexicanos”, concluye el informe del CNOC.

40

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

l con el uso nigrama crimina

roceso”

a portada de “P

indebido de un

Orga

Washington desprestigia a “Proceso”... y rectifica J. JESÚS ESQUIVEL

W

ASHINGTON.- En su lucha contra el narcotráfico mexicano y en especial contra el Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se valió de una portada de Proceso supuestamente para ilustrar la red armada por Alfredo Vázquez Hernández, presunto lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. En septiembre de 2011 el Departamento del Tesoro, por conducto de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), llamó “narcotraficante significativo” a Vázquez y anunció una serie de sanciones en su contra. Para subrayar la importancia de aquél en el trasiego de drogas y su papel en el Cártel de Sinaloa, la OFAC publicó un organigrama de la mafia del Chapo y en su gráfica usó la portada del número 1737 de este semanario en la cual aparece una fotografía de Guzmán y el titular: “El intocable”. Vázquez había sido detenido en México en enero de 2011, por lo que la intención del gobierno de Estados Unidos con la publicación del organigrama de su supuesto poderío en el Cártel de Sinaloa tenía la finalidad de presionar al gobierno mexicano para que lo extraditara. La edición 1737 de Proceso circuló en la segunda semana de febrero de 2010, un

año antes de la captura de Vázquez. Sin embargo, en septiembre de 2011 y como si Washington no dispusiera de fotografías de Guzmán Loera, usó a la portada del semanario mexicano presuntamente para ilustrar el poder del lugarteniente del Chapo y así agilizar su extradición. En el centro del organigrama que apareció hasta el jueves 11 en la página de internet del Departamento del Tesoro –y que fue retirada en respuesta a las quejas del semanario–, se veía un retrato hablado de Vázquez y, arriba, la portada de Proceso; a la derecha, la imagen de un montón de billetes de cien dólares, y a la izquierda varios paquetes de cocaína con el sello del Cártel de Sinaloa: un alacrán. En la parte inferior del organigrama aparecen las fotografías de los presuntos lugartenientes de Vázquez Hernández.

La disculpa “Agradecemos a la revista (Proceso) por hacernos notar su preocupación sobre la fotografía de El Chapo Guzmán utilizada en septiembre de 2011 para la difusión entre la prensa del organigrama y las sanciones que se le impusieron a la organización del tráfico de drogas de Alfredo Vázquez Hernández”, respondió a las quejas de este semanario un vocero del Departamento del Tesoro el jueves 11.


NARC OTRÁ F IC O

El mismo organigr

ama, ya sin la po

“Ya reemplazamos la fotografía del señor Guzmán”, agrega en un correo electrónico enviado al corresponsal. En su respuesta, el gobierno de Estados Unidos incluyó una

rtada de este sema

nario

liga a la página web de la OFAC para que se corroborara que efectivamente el cambio se había hecho. “Es importante notar”, añade el vocero

del Departamento del Tesoro, “que nuestras notificaciones a la prensa tienen la intención de contextualizar nuestras acciones en contra del trafico de narcóticos, y que el uso de fotografías proveen un valor significativo para con mayor claridad identificar a las personas que son el objetivo de las sanciones del Departamento del Tesoro”. La remoción de la portada de Proceso en el organigrama diseñado por la OFAC fue resultado de la denuncia de este semanario sobre posibles daños a su imagen como medio informativo independiente y frente al hecho de que el gobierno estadunidense utilizó sin permiso la portada de una de sus ediciones con otros intereses y propósitos. “Consideramos que todas estas fotografías juegan un papel importante para atraer una mayor atención sobre los objetivos de las sanciones que aplica el Departamento del Tesoro y al colocarlas – en los organigramas– aumenta la presión sobre los –narcotraficantes– designados para cambiar su comportamiento ilícito. El objetivo que se busca es cumplir con la imposición de nuestras sanciones”, concluye la respuesta del gobierno de Estados Unidos. O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

41


AP photo / Victor Ruiz Caballero

Diagnóstico desde Berlín: YETLANECI ALCARAZ

El Estado mexicano

pierde el control 42

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

B

ERLÍN.- El acuerdo de cooperación en materia de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania está en una fase de renegociación en la cual los temas de derechos humanos y protección de datos personales han adquirido valor estratégico. Lo anterior resulta de la enorme resonancia internacional del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos –tema que la prensa alemana no ha dejado de reportar desde septiembre pasado–, así como por la fuerte presión de las ONG, los europarlamentarios y diputados alemanes, quienes han pedido al gobierno de Angela Merkel que suspenda el acuerdo ante el temor de que la cooperación bi-


IN TE RN AC ION A L /ALEM A N IA En Alemania las tensiones entre la oposición y el gobierno, a propósito de la próxima firma de un acuerdo de cooperación en seguridad con la administración mexicana, crecen y entorpecen las negociaciones, que Angela Merkel se empeña en llevar adelante. Los opositores arguyen el clima de inseguridad e impunidad en territorio mexicano y enarbolan como ejemplo palmario el caso Ayotzinapa. Pero Berlín no ignora esto: Un duro diagnóstico oficial advierte que en México “priva una amplia impunidad” y “los cárteles (…) han anulado el monopolio de poder del Estado”. de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo” (Proceso 1884). En realidad Merkel no sólo se resiste a suspender la negociación del acuerdo, sino que respalda abiertamente al gobierno de Enrique Peña Nieto e insiste en que la crisis de corrupción y violación de derechos humanos en México –cuyo ejemplo más grave es Ayotzinapa– se observa sólo en escalas estatales y municipales, y no a nivel federal. Argumenta que precisamente acontecimientos como el de Guerrero refuerzan el objetivo y razón de ser del convenio: un apoyo a la administración federal mexicana en su lucha contra el crimen organizado.

Presión

Peña y Merkel. “Cooperación”

lateral repercuta negativamente sobre los derechos humanos en México. De hecho el gobierno alemán sabe que el Estado mexicano enfrenta una crisis en la materia y ha sido incapaz de brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos, según un documento oficial –obtenido por Proceso– que hace un duro diagnóstico sobre la situación en México tras los acontecimientos de Iguala. De acuerdo con fuentes consultadas por este semanario, los temas de derechos humanos y protección de datos personales fueron integrados recientemente al proyecto de acuerdo, cuyo objetivo principal –en palabras del gobierno alemán– es “mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico

Los acontecimientos de Iguala y las presiones internas en Alemania retrasaron el acuerdo –planeado para firmarse a finales de este año– y forzaron la inclusión en la discusión de temas vitales, como los derechos humanos y la protección de datos personales. La presión ha sido fuerte: Los pasados 15 de octubre, 5 de noviembre y el miércoles 3 los partidos de oposición llevaron al Parlamento alemán el tema de Ayotzinapa y el acuerdo de seguridad. Diputados del Partido Verde Alemán y de La Izquierda interpelaron a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes reprocharon su postura y expresaron su desacuerdo con dicho convenio. “Con regularidad enviamos delegaciones a México. Desde hace años nos encontramos en todos los niveles con una impunidad de casi 100% en el castigo de los crímenes. Hace cinco años ese porcentaje era de 98% de impunidad, hoy es el mismo, independientemente del gobierno que está en el poder. Entonces el gobierno no puede afirmar que no tiene responsabilidad

mientras crímenes monstruosos no están siendo castigados, sin importar el nivel en el que ocurren”, espetó el 5 de noviembre la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda en referencia a los acontecimientos de Iguala. Y lo hizo ante el ministro del Exterior, Michael Roth. En el mismo sentido se desarrollaron las otras dos discusiones. Más aún, el Partido Verde y La Izquierda presentarán en la sesión parlamentaria del próximo miércoles 17 tres mociones relativas al caso. Una de ellas estará enfocada a modificar el marco legal, a fin de evitar la discrecionalidad en las negociaciones y la firma de este tipo de acuerdos, tal como, afirman los diputados opositores, ocurre con México Por su parte la sección alemana de Amnistía Internacional pidió que el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto sea revisado con cautela, pues sus propios informes señalan que en México las fuerzas del orden en todos los niveles practican la tortura como método para obtener confesiones. En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) exigió la cancelación del acuerdo al tiempo que recolecta firmas entre ciudadanos alemanes y mexicanos en apoyo a una solicitud que será entregada en enero de 2015 al gobierno y al parlamento alemanes. Hasta el cierre de esta edición la petición sumaba 6 mil 480 firmas de las 7 mil 500 que se establecieron como primera meta. La CADHM es una red que aglutina a 15 de las ONG más importantes del país y es reconocida como interlocutor ante el gobierno, además de realizar trabajo de cabildeo en los parlamentos alemán y europeo.

Diagnóstico De hecho el gobierno alemán tiene un diagnóstico propio sobre la situación en 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

43


Bea Delgado

Berlín. Protestas por Ayotzinapa

México que, a pesar de ser demoledor, parece reforzar su visión e intención de firmar el acuerdo. Dicho diagnóstico está plasmado en un documento fechado el pasado 25 de noviembre. Lo elaboró el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y su destinatario fue la comisión en el

Parlamento que se ocupa de estos temas. El documento de seis cuartillas abunda en el asunto de la impunidad y en la falta de capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad. “En el país priva una amplia impunidad, sólo 2% de todos los delitos concluyen en una condena. La violencia omnipresen-

te, causada sobre todo por la delincuencia organizada y la lucha contra ésta, representa uno de los problemas más urgentes en la situación de los derechos humanos en el país. Los cárteles de la droga luchan con armas altamente modernas y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han anulado el monopolio de poder del Estado mexicano”, señala el documento, del cual Proceso tiene copia. Además reconoce que a nivel estatal y municipal la policía es fácilmente corruptible y en muchos casos, como en Iguala, está incluso coludida con los criminales; califica de preocupante la situación de hacinamiento en cerca de 25% de las cárceles mexicanas y cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que 60% de los centros penitenciarios del país están controlados por los cárteles. También hace referencia al tema de la tortura cometida por miembros del Ejército y de las policías estatales y federal, así como las frecuentes críticas que éstos reciben por arrestos y registros domiciliarios arbitrarios, así como por violaciones a los derechos humanos.

En el ataque a normalistas, fusiles prohibidos YETLANECI ALCARAZ

B

ERLÍN.- “Fusil HK. Modelo G-36. Calibre 5.56 X 45 mm. SDN. Longitud cañón: 51 cm. Con mira (telescópica). Matrícula 83-012579. Con cargador. (Ubicación) Cuartel Regional de la Policía del Estado con sede en Iguala, Guerrero. Balística forense y Lunge.” Tal es la descripción de una de las 228 armas decomisadas a la Policía Municipal de Iguala un día después de los enfrentamientos del pasado 26 de septiembre en ese municipio, en los cuales murieron seis personas (tres estudiantes entre ellos) y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. No se trata, sin embargo, de armas comunes. Cuando menos 36 de los fusiles decomisados a la policía que trabajaba a las órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca son de manufactura alemana, producidas por la empresa Heckler & Koch y presumiblemente fueron usadas la noche en que los uniformados atacaron a los estudiantes de Ayotzinapa. Lo anterior se desprende de la lista de

44

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

armas decomisadas que forma parte del expediente del caso Iguala y cuya existencia fue revelada el pasado miércoles 10 por el diario alemán Die Tageszeitung. Según la lista de armas –de la que Proceso posee copia–, cuando menos 36 son fusiles de asalto alemanes modelo HK G-36, a los cuales se suman otros de origen italiano marca Beretta SCP 70/90 y otros más modelo AR-15 producidos por la estadunidense Colt. En cada caso se detalla con precisión el tipo de arma de la que se trata, su modelo, matrícula o número de serie, su calibre, longitud de su cañón y si al momento del decomiso tenía cargador o no. En la lista no se establece si las armas de origen alemán fueron o no utilizadas la noche del 26 de septiembre. Pero la información sí arroja evidencia de la presencia ilegal de estos fusiles de asalto en Guerrero y de cómo estuvieron a disposición de la Policía Municipal que presuntamente operó en complicidad con la delincuencia organizada para reprimir y desaparecer a los normalistas.

Die Tageszeitung. Re

velaciones

Restricciones Hasta 2011 la importación de armas alemanas, específicamente de Heckler & Koch, no estaba prohibida en México. En enero de ese año, sin embargo, la Oficina Federal de Asuntos Económicos


I NTERNAC I ONAL /ALEM A N IA Y en ese rubro, sobre la impunidad y la falta de reacción del Estado, su conclusión es clara: “Existen dudas sobre si las autoridades mexicanas están en situación de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad. La creación de autodefensas debe ser observada como una reacción a la carente presencia estatal y al crimen organizado, que asimismo actúa fuera de los estándares legales y sin el control estatal”. El documento también se refiere al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos. Señala que desde finales de 2012 opera el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoce que sus capacidades operativas son limitadas porque “faltan recursos materiales y humanos, así como el apoyo político necesario”. De igual forma destaca el grave problema del tráfico de seres humanos y su explotación como uno de los principales ejes dentro de la economía del crimen organizado y la falta de capacidad de respuesta del Estado para enfrentarlo. “De los 150 mil migrantes que cruzan cada año el país, más de 20 mil son secuestrados por las bandas criminales; en

parte con el apoyo de funcionarios de la autoridad migratoria o de la policía. (…) En su intento por contener el tráfico humano el gobierno mexicano queda rebasado. La ley que protege el tráfico de personas carece de una efectiva ejecución. Y a pesar de ciertos éxitos, éste representa para México un problema masivo y un negocio lucrativo.” En su parte final, y pese al desastroso escenario que muestra, el gobierno federal alemán asegura que las intenciones de firmar el convenio con México son firmes,

e incluso adelanta que éste se encuentra en un estado muy avanzado. Y aporta más detalles: “El texto del convenio sienta las reglas, el marco de las condiciones y los límites del trabajo conjunto. Con el convenio no se crean bases legales nuevas ni vinculantes. El trabajo conjunto está regido por la ley interior (del Estado alemán) y con él ninguna de las autoridades participantes –por el lado mexicano la PGR y por el alemán el Ministerio del Interior– reciben mayores poderes o facultades de las que establece y limita la ley existente.

y Control de Exportaciones de Alemania determinó que el gigante de la industria armamentista no podía comerciar con México en el marco del proceso judicial que se sigue en su contra y en el que la Fiscalía de Stuttgart investiga la posible responsabilidad del fabricante en la violación de los lineamientos que prohíben exportar armas a regiones en situación de guerra civil o donde se violan los derechos humanos. En 2005 el gobierno alemán vetó a los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco para recibir armas, por ser regiones donde se violan los derechos humanos. Sin embargo tal condición no se cumplió y reiteradamente ha salido a la luz la presencia de los fusiles G-36 en Guerrero: La primera vez fue en marzo de 2012 durante un enfrentamiento en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, entre la policía y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. A partir de fotografías tomadas el día del enfrentamiento, Die Tageszeitung, que desde hace años sigue puntualmente la ruta ilegal de las armas alemanas en México, pudo comprobar que la Policía Estatal de Guerrero poseía este tipo de armas. La segunda vez fue en febrero de este año, cuando el canal franco-alemán ARTE realizaba un documental sobre armas alemanas en Estados prohibidos. La investigación llegó hasta la policía comunitaria de Tixtla, Guerrero, que poseía cuando menos dos fusiles alemanes G-36, decomisados a la policía de ese municipio. O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

45


Jonathan Raa / Nurphoto

...Y Suecia analiza

un embargo de armas MARCO APPEL

B

RUSELAS.- Luego de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó al descubierto la complicidad entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad, el Parlamento sueco decidió incluir el caso de México en su agenda. El objetivo: Restringir las exportaciones de armas de Suecia a Estados donde se violan los derechos humanos. El viernes 12 el Comité Parlamentario sobre Exportación de Armas escuchó a la eurodiputada sueca Bodil Ceballos, quien exhibió las cantidades vendidas y el número de licencias acordadas con México en los últimos siete años, planteando la necesidad de endurecer las leyes del país nórdico para impedir que con ellas se

“En el ámbito de la capacitación y apoyo en equipamiento pueden ofrecerse cursos, según las necesidades existentes, que tienen como finalidad mejorar la profesionalización de las autoridades policiales mexicanas”, puntualiza.

se efectuaron en los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón, cuando organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, e incluso instancias de la ONU, ya alertaban de la grave crisis de derechos humanos en el país y la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno. Los datos disponibles señalan que Suecia ha exportado armas y aditamentos de categoría 1; es decir fusiles, pistolas y ametralladoras, así como silenciadores, montajes especiales de cañón, cargadores y visores. Así el gobierno mexicano recibió “armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros, otras armas de fuego y armas automáticas con calibre de 12.7 milímetros o inferior y sus accesorios”, así como armas de calibre superior a 20 milímetros, además de proyectores o generadores para humo, gases, material pirotécnico y accesorios. Igualmente recibió piezas de artillería, obuses, cañones, morteros, lanzaproyectiles, lanzallamas y algunos tipos de rifles. Los suecos vendieron también municiones, vehículos militares, buques de guerra

cadas. Y eso es para nosotros un punto central. En ello no hay dudas”. La funcionaria alemana confirmó asi-

mismo el trabajo de colaboración que en materia forense iniciarán los dos países y el cual es independiente y no forma parFabrizio Bensch / Reuters

Ceballos. Iniciativa parlamentaria

cometan crímenes en territorio mexicano donde, dijo, “no hay una división entre el crimen organizado y las autoridades”. “Observando lo que pasa en México, sinceramente pensaba que no le vendíamos armas”, dice Ceballos a Proceso, en entrevista el miércoles 10. “Al revisar los datos noté que, por ejemplo, exportamos armas cortas que pueden caer en manos equivocadas; más cuando sabemos que en México la autoridad, el narcotráfico y las bandas criminales están tan coludidas. En Suecia debemos tener mucho cuidado con este tema”. Desde 2007 hasta el año pasado Suecia le otorgó a México 17 licencias de venta de armamento por 147.2 millones de coronas suecas (unos 20 millones de dólares), según información del Parlamento sueco proporcionada a este corresponsal. Dos de esas licencias fueron aprobadas en 2013 en categorías relacionadas con equipos de tiro, sistemas de “contramedidas” (contraespionaje y vigilancia) y “materiales energéticos” (composiciones explosivas o para propulsión). Los contratos más jugosos (equivalentes a 58% del monto total entre 2007 y 2013)

Ejes El miércoles 3 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Maria Böhmer, aseguró en el Parlamento alemán que los derechos humanos y la protección de datos serán temas observados y cuidados en el trabajo conjunto que se planea con México. “En el acuerdo de seguridad tenemos que considerar los argumentos aducidos y la situación que reina allá. De parte del gobierno alemán es algo que estamos tomando muy en serio y vamos a conducir la negociación con gran responsabilidad y especial cuidado en lo referente a los derechos humanos”, aseguró en el pleno. Sobre la protección de datos alegó: “Lo determinante es que las informaciones y datos no caigan en manos equivo-

46

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Parlamento alemán. Informe detallado


I NTERNAC I ONAL /ALEM A N IA y equipos navales relacionados, así como suministros blindados o de protección. Miembro del grupo de los Verdes y de las comisiones de Libertades Civiles y Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Ceballos es la representante de su partido en el Comité sobre Exportación de Armamento del Parlamento sueco. Tal comité fue creado en 2012 tras el escándalo que estalló al saberse que Estocolmo había llegado a acuerdos militares secretos con el régimen dictatorial de Arabia Saudita –incluyendo la construcción de una fábrica de armas– poco después de la llamada Primavera Árabe, lo cual indignó a la sociedad sueca y orilló al ministro de Defensa a renunciar.

mos armas a un país que las usa contra su población, estamos violando nuestra propia legislación nacional. “Y es que mientras exista esta colusión entre autoridades mexicanas y narcotráfico, no podremos saber a dónde van a parar las armas y para qué son utilizadas. Entonces no deberíamos autorizar su venta.” Señala que “no es suficiente ser una democracia en el papel”, como es el caso de México, “si ésta no se respeta en el terreno”. Ceballos explica que la “misión” del Comité sobre Exportación de Armas es

“hacer más difícil” ese comercio con países que no son democráticos, lo cual contradice la política exterior de su país, cuyo primer criterio para hacer negocios en esa materia es el respeto a los derechos humanos del país comprador. El Comité sueco –que dispone de la facultad de control del comercio de armas– presentará en abril próximo una propuesta de nueva ley sobre exportación de armamento, que podría derivar en un embargo a México por no cumplir con los requisitos democráticos básicos. O

Democracia “de papel” Ceballos también perteneció durante ocho años al Grupo Sobre Derechos Humanos del Parlamento, que llegó a transmitir cartas a autoridades mexicanas expresando su fuerte preocupación en relación con casos específicos de violaciones a las garantías individuales. El 20 de junio de 2012, por ejemplo, envió una carta al entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré, donde le planteó el tema del asesinato de periodistas, citando entre otros el caso de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez. –¿Su propósito es que Suecia deje de vender armamento al gobierno mexicano? –se le pregunta a Ceballos. –El caso mexicano sirve en las deliberaciones de nuestro comité a la hora de definir qué es una democracia. Si vende-

te del convenio. “Ofrecimos a México una colaboración en el campo de la formación forense e identificación (de restos), porque en este momento requiere apoyo urgente. El gobierno mexicano aceptó el ofrecimiento y en las próximas semanas definiremos la forma en que se realizará este trabajo conjunto”, detalló. Pero las palabras e intenciones del gobierno alemán no convencen a todos. El diputado verde Hans-Christian Ströbele, quien por cierto presentará una de las mociones la próxima semana en el Parlamento, es más que escéptico. “Alemania no puede ser cómplice del crimen organizado, infiltrado aparentemente en las fuerzas de seguridad, mediante la firma de este convenio con México. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto sobre sus 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho y mediante los cuales quiere reformar de pronto a la policía, no convencen. Ante tales anuncios se tiene que esperar primero su puesta en marcha y posterior éxito”, dice Ströbele a Proceso. O 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

47


http://docsdf.files.wordpress.com/2

FRANCISCO MARÍN

V

ALPARAÍSO, CHILE.- “El Mercurio es el mayor partido de la derecha chilena. Es la caja de resonancia donde se defienden los derechos permanentes de la clase alta, de lo que antiguamente llamábamos ‘la oligarquía’”, sostiene el periodista Víctor Herrero, autor de Agustín Edwards Eastman. Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio (Debate, 2014). En entrevista fundamenta: “Ésta es una familia que lleva casi 200 años en la cúspide del poder: Sus miembros han estado involucrados en todos los grandes sucesos nacionales e internacionales relacionados con Chile”. El primer miembro de esta dinastía fue el barbero George Edwards Brown, quien llegó en 1804 al puerto de Coquimbo en la fragata de corsarios Blackhouse. Fingió ser médico y ejerciendo como tal consiguió un capital que multiplicó en la minería, principal actividad del norte chileno. Sería su sexto hijo, Agustín Edwards Ossandón, quien amasaría la fortuna que volvió a esta familia la más rica del país. Tras su muerte –en 1878– ha habido otros cuatro “Agustín Edwards”. Todos han sido los hombres más poderosos de su tiempo. Herrero aporta más elementos: “Promovieron la Guerra del Pacífico (18791883) para defender sus intereses salitreros; conspiraron contra el presidente José Manuel Balmaceda hasta conseguir derrocarlo en 1891; financiaron la llegada a Chile de los Chicago Boys; promovieron el golpe militar contra Salvador Allende; brindaron apoyo ideológico a la dictadura de Pinochet, y el modelo de transición pactada a la democracia en gran parte se cocinó alrededor de El Mercurio y de Edwards Eastman”, expresa. Herrero –cuyo libro es un fenómeno de ventas pese a lo cual El Mercurio no le ha dedicado una sola línea– viene de una familia que sufrió el exilio. En 1974, cuando tenía tres años, partió a Múnich, donde vivió una década. Luego se mudó con sus padres a Valencia, donde aprendió bien el

Agustín Edwards,

desclasificado 48

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014


I NTERNAC I ONAL /CH IL E castellano. En 1990 él y sus padres volvieron a Chile. Una vez en Santiago estudió periodismo en la Universidad Católica. En 1998 viajó a Alemania, donde ejerció en Der Spiegel. En 1999 retornó nuevamente a su país natal, donde colaboró en El Mercurio y La Tercera, los dos diarios más influyentes del país. En este último llegó a ser uno de los editores más importantes: el encargado de la edición dominical. En 2003 decidió abandonar los medios tradicionales chilenos: “Se me produjo un quiebre ideológico. (…) Cuando te das cuenta de las cosas que se tienen que callar y autocensurar me dije: ‘No estoy dispuesto a esto ni a ser parte de esta maquinaria’”, comenta. Entre 2005 y 2009 radicó en Nueva York, donde ejerció como editor coordinador en The Wall Street Journal Americas, tras lo cual regresó a Chile. Hace tres años empezó a escribir este libro, cuya investigación “fue totalmente autogestionada”, destaca.

La cima del poder Herrero subraya que Edwards alcanzó el pináculo del poder en 2000, cuando El Mercurio cumplió su centenario. “El 30 de mayo de aquel año se hizo un gran evento al que asistieron los representantes de todos los poderes del Estado: el presidente Ricardo Lagos; el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Andrés Zaldívar y Víctor Barrueto. También estuvieron los comandantes de todas las ramas de las fuerzas armadas y los más grandes empresarios”. El autor reflexiona sobre este hito: “Nunca antes se había reunido toda la dirigencia del país para homenajear a Edwards y a El Mercurio. (…) La identificación del diario con los intereses permanentes de la República, algo a lo que sus antepasados siempre habían aspirado, se volvió realidad esa noche”. –Pero, ¿cómo Edwards, que fue tan cercano al dictador Augusto Pinochet, pudo ocupar un papel tan central durante los

Herrero. Investigación

gobiernos posdictatoriales? –se le pregunta a Herrero. –Dos fueron los factores clave. Uno, que en el marco de la “democracia de los consensos”, la Concertación por la Democracia (coalición política integrada básicamente por socialistas, democratacristianos y radicales, que gobernó entre 1990 y 2010) decidió asegurar la estabilidad política. Y para conseguirlo optaron por recurrir a El Mercurio, que es el poder fáctico de la derecha. “El segundo aspecto es más bien emocional. Se trata del secuestro perpetrado el 9 de septiembre de 1991 a Cristián Edwards, hijo de Agustín, y que duró cinco meses. Esta acción, perpetrada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez transformó al dueño de El Mercurio en una víctima de la violencia política.” Sólo dos meses después de concluido el plagio, Edwards lanzó la Fundación Paz Ciudadana: “Con esta fundación él logra reunir a grandes representantes de la Concertación, de la derecha, del empresariado en torno a una causa que era la lucha contra la delincuencia”, señala Herrero. Paz Ciudadana –que era y es presidida por Agustín Edwards– “contribuyó durante los noventa a endurecer el discurso contra el crimen, llamando a aplicar mano dura, penas efectivas para los delincuen-

tes, la privatización de varios servicios de seguridad y una mayor dotación policial”, se sostiene en el libro. Expresión de la abrumadora influencia que tuvo la iniciativa lo dan estas cifras: entre 1990 y 1999 Carabineros y la policía civil aumentaron su dotación en casi 150%. Sus presupuestos lo hicieron en montos similares. Otro ejemplo: En noviembre de 1999, en el contexto del único debate televisivo para las elecciones presidenciales de diciembre de aquel año, en la que se enfrentaban al derechista Joaquín Lavín contra el socialista Ricardo Lagos, éste expresó: en materia de delincuencia “yo firmo todo lo que dice Paz Ciudadana”.

Cabildeo en Washington Una de las revelaciones más importantes contenidas en la biografía se relaciona con el papel que jugó Agustín Edwards Eastman en las elecciones presidenciales de 1964. El 15 de marzo de aquel año concluía el mandato del derechista Jorge Alessandri. Ese día también ocurrió que el socialista Óscar Naranjo venció por siete puntos al candidato conservador Rafael Ramírez en una elección complementaria para dipu-

Uno de los hombres más poderosos de Chile es Agustín Edwards Eastman, dueño del diario El Mercurio. Promotor del golpe militar contra Salvador Allende en 1973, ha logrado que los gobiernos posdictatoriales le den cobijo. El periodista Víctor Herrero redactó la biografía del potentado, un ejercicio que de hecho explica los entresijos de la derecha en uno de los países más boyantes de América Latina y sirve para asomarse a la injerencia que Estados Unidos ha tenido en la región. 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

49


“El Mercurio”. Poder fáctico

tados, realizada en la provincia de Curicó. Este episodio, El Naranjazo, generaría una rearticulación del mapa político. El Mercurio había definido esa contienda como un termómetro de lo que sería la elección presidencial del 4 de septiembre de aquel año, que tendría tres candidatos principales: el derechista Julio Durán, el representante de la Democracia Cristiana (DC) Eduardo Frei y el socialista Salvador Allende. El día del Naranjazo las agencias de inteligencia de Estados Unidos temieron que Allende ganara. Así “Washington puso en marcha un gigantesco programa de apoyo financiero clandestino a favor de la candidatura de Frei, y de propaganda negra contra Allende”. Uno de los protagonistas de esta campaña fue Edwards, quien “pocos días después del Naranjazo se embarcó rumbo a Estados Unidos. En las siguientes semanas deambularía frenéticamente entre Washington, Nueva York y Santiago, reuniéndose con altos funcionarios estadunidenses, con su amigo David Rockefeller y otros hombres del Business Group (predecesor del Council of the Americas) y con empresarios chilenos”. Su objetivo era conseguir que la Casa Blanca apoyase a Frei. Edwards estimaba que un triunfo de Allende supondría el fin de su riqueza y poder. En la segunda semana, tras reunirse con el director de la CIA, John McCone –involucrado completamente en el complot–, Edwards se encontró con el poderoso subsecretario de Estado para Asuntos Intera-

50

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

mericanos, Thomas C. Mann. “(Él) era el encargado de liderar y coordinar los esfuerzos de todas las reparticiones del gobierno en la elección chilena, por lo que la CIA, el Pentágono y otras agencias estaban para estos efectos bajo su mando”, asegura Herrero. Pocos días después Mann hizo llegar un memorándum al presidente Johnson. En este resumió el plan para Chile, que recogía los elementos centrales propuestos por Edwards: “(Para evitar que) esta importante nación de América Latina se convierta en el primer país del hemisferio en libremente elegir a un reconocido marxista como presidente, el Departamento (de Estado), la CIA y otras agencias se han embarcado en una campaña mayor para prevenir la elección de Allende y para apoyar a Frei, el único candidato que tiene posibilidades de derrotarlo”, cita Herrero en su libro. El periodista estadunidense Seymour M. Hersh afirmó en su libro El precio del poder que “el principal contacto de la CIA, así como las corporaciones americanas en Chile, era la organización de Agustín Edwards, (…) la CIA y el Business Group dependían fuertemente de él” en sus tareas conspirativas. En sus conclusiones, la Comisión Church del Senado de Estados Unidos, que en 1975 investigó las acciones encubiertas que ese país realizó en Chile entre 1963 y 1973, aseguró que la operación de 1964 “fue una campaña del terror, que se apoyó fuertemente en imágenes de tanques soviéticos y de pelotones de fusila-

miento cubanos y que se dirigió en especial a las mujeres”. En su texto, Herrero detalla cómo El Mercurio apoyó el citado esfuerzo conspirativo: “Periodistas pagados por la CIA fabricaban cierto tipo de noticias, que eran divulgadas a través de contactos en agencias de prensa o por la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA). El diario recogía y publicaba esa información, lo que llevaba a otras agencias de noticias a recoger el artículo de El Mercurio y difundirlo en un despacho a todos sus clientes en Chile y América Latina. Lo elegante de este método era que el diario podía alegar inocencia, por cuanto sólo había tomado informaciones de otras fuentes”. Finalmente Frei se impondría con 56% de los votos contra 39% de Allende. “Los estadunidenses se sentían partícipes de la resonante victoria. Tanto así, que hasta el día de hoy la CIA considera la campaña realizada en Chile en 1964 como una de sus grandes historias de éxito”, expresa Herrero.

El complot eterno La noche del 4 de septiembre de 1970 la pesadilla de los Edwards y de la Casa Blanca se hizo realidad. Allende venció en los comicios presidenciales al candidato del Partido Nacional, Jorge Alessandri. Un día después Edwards convocó a sus principales colaboradores a una reuniónalmuerzo en su hogar. Según señala el libro de Herrero, “en un momento, Edwards pidió la palabra para hacer un anuncio:


I NTERNAC I ONAL /CH IL E tar y renunciaría el mismo día de su asunción (4 de noviembre), momento en que convocaría a nuevas elecciones. A éstas se presentaría Frei con apoyo de la derecha. Este plan, que fue originalmente apoyado por Washington, se denominó Track I. La información de este plan fue entregada mediante un extenso reporte poselectoral dirigido al Consejo de Seguridad Nacional –fechado el 7 de septiembre de 1970– por el embajador de Washington en Santiago, Edward Korry. “Pocas horas después de recibir el reporte del embajador, Viron Vaky, principal asesor de Kissinger en el Consejo de Seguridad Nacional, le envió un memorándum a su jefe resumiendo la información respecto de Chile, incluyendo varios despachos de la CIA”, relata Herrero. Vaky estimaba que las probabilidades de conseguir que el Congreso chileno no ratificara a Allende eran escasas y que para tener un “juicio certero” sobre lo que podría ocurrir Washington requería “más información acerca del parecer y de las intenciones de gente como Frei, Alessandri y Augustin (sic) Edwards”. El 10 de septiembre Edwards escapaba del país. Salió en su avión particular con destino a Buenos Aires. Tres días después aterrizó en Nueva York. Kendall lo esperaba en el aeropuerto. En la noche éste telefoneó a Nixon: “Ambos eran viejos amigos y correligionarios políticos. (…) Le confirmó al mandatario que Agustín Edwards ya se encontraba en el país y que al día siguiente irían a Washington a reunirse con Kissinger”, narra el libro. “Lunes 14 de septiembre: De madrugada, Kendall y Edwards tomaron un avión privado a Washington. (…) En la terminal los esperaba el director de la CIA, Richard Helms, quien los trasladó al Washington Hilton, un hotel en el barrio diplomático de

Dupont Circle, a unos tres kilómetros de la Casa Blanca. “A las ocho de la mañana Henry Kissinger llegó a la suite. (…) La conversación entre Edwards, Kissinger y Kendall duró poco más de una hora. Doonie hizo un rápido repaso de la situación política de Chile y de cómo él veía las cosas. Los tres estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para impedir que Allende entrara a La Moneda (el despacho presidencial) el 4 de noviembre.” Herrero destaca que lo tratado en esta reunión “revela hasta qué punto Edwards maniobró con altos funcionarios de Washington para detener a Allende a fines de 1970”. Al día siguiente de este encuentro, Kissinger, Helms y el fiscal general John Mitchell acudieron a la Casa Blanca, convocados por Nixon. Esta cita “dio origen al plan secreto de la CIA conocido como Track II: Se trataba de un curso de acción paralelo a los intentos por impedir constitucionalmente la ratificación de Allende en el Congreso. Es decir, contemplaba algún tipo de intervención militar”. Aunque finalmente dicha intervención se abortó, nada pudo detener parte de su desarrollo. Con armas y apoyo financiero provisto por la CIA, el 22 de octubre de 1970 un grupo de militares y ultraderechistas chilenos atentó contra la vida del entonces comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, quien murió tres días después. Aunque el objetivo de esta operación era impedir que Allende asumiera el poder, éste ingresó con la banda presidencial a La Moneda el 4 de noviembre de 1970. Sin embargo, la conspiración de Washington, que incluyó la entrega de 1 millón de dólares a El Mercurio, continuaría hasta conseguir el derrocamiento de Allende, el 11 de septiembre de 1973. AP

“–Señores, como ustedes saben, yo he apoyado a Alessandri. Pienso que el triunfo de Allende es irreversible y he tomado la determinación de irme a Estados Unidos lo antes posible. “Se produjo un largo silencio. Doonie –como le dicen a Edwards sus cercanos– prosiguió: “–Quiero dejarlos encargados de mantener a flote las empresas.” En los meses previos Washington se había empeñado en una dura campaña anticomunista, pero –según opinión de Edwards– había descuidado el respaldo a Alessandri, lo que provocó su molestia. En el libro se aborda este aspecto: “En el verano chileno de 1970, Edwards perdió la paciencia con lo que le parecía una política errada que, posiblemente, le entregaría en bandeja el poder a Allende. Y no estaba solo: Henry Hecksher, el jefe de la CIA en Chile, con el cual solía conversar con frecuencia, pensaba lo mismo. Y también sus buenos y poderosos amigos estadunidenses David Rockefeller y Donald Kendall (dueño de Pepsi). Así, en marzo de 1970, Doonie se embarcó rumbo a Estados Unidos”. A poco de llegar, Edwards se reunió con Rockefeller, quien lo puso inmediatamente en contacto con el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Rockefeller recordó este episodio en sus memorias: “En marzo de 1970, mucho antes de la elección, mi amigo Agustín Doonie Edwards (…) me dijo que si Allende ganaba (…) Chile se convertiría en otra Cuba (…). Insistió en que Estados Unidos debía impedir su elección (…). Más tarde me enteré que los informes de Doonie confirmaron los datos de inteligencia ya recibidos de fuentes de inteligencia oficiales, lo que llevó a que el gobierno de Nixon aumentara sus subsidios financieros clandestinos a los grupos opositores a Allende.” Poco tiempo después de la visita de Edwards comenzaría a canalizarse el dinero para la campaña anticomunista contra Allende. Pero los recursos no pudieron evitar esta vez que el proyecto socialista alcanzara la victoria. Sin embargo, pese a que el candidato de la Unidad Popular obtuvo la primera mayoría, a la derecha le quedaba una opción. Su triunfo debía ser ratificado por el pleno del Congreso Nacional –en la sesión especial del 24 de agosto de 1970– dado que no había obtenido mayoría absoluta. Aunque por tradición el Poder Legislativo apoyaba al ganador, no era obligatorio que lo hiciera. Entonces, altos mandos del Ejército y de la Democracia Cristiana diseñaron un plan que consistía en que la DC apoyaría en el Congreso a Alessandri. Éste aceptaría la nominación, formaría un gabinete mili-

Kissinger. Conspiración

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

51


JESÚS CANTÚ

Insulto gubernamental, empresarial y militar

L

a semana pasada fue pródiga en declaraciones de autoridades, líderes empresariales y hasta intelectuales que buscan “cerrar esa página”: las protestas sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la denuncia pública por la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente–, sin costo alguno para el gobierno federal y Enrique Peña Nieto. Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: “Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad”. Abunda: “Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto”. Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro. La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto

52

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa. Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso. Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de “los intereses ocultos” que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: “Más coraje me da” que a “esta gente” que supuestamente “manipula” a los padres de familia, “no le interesan ni los padres ni estos muchachos…”. Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables. El Estado no quiere reconocer que el país vive la “peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años”, según denunció el director ejecutivo de Amnistía

Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la desaparición de uno de sus miembros; son seres humanos que protestan y se manifiestan por el dolor que les provoca la desaparición de un ser querido, no por la manipulación de nadie. También son irritantes las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, quien en rueda de prensa manifestó que se debe dar vuelta a la página de las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ya que “es injustificado” que el “pequeño número de personas” que las realizan estén provocando un “daño terrible” a los “3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 mil familias. No hay proporción”. Y concluyó, de acuerdo con los medios de comunicación: “Para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (…) Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”. Más allá de los sentimientos de ira que generan sus expresiones, éstas muestran los dobles discursos y las auténticas preocupaciones de un sector de los em-


AN ÁLI S I S NARANJO

Página heroica

presarios mexicanos: promueven la cultura de la legalidad y reclaman la vigencia del estado de derecho mientras no toquen sus intereses particulares, y están dispuestos a sumarse a las marchas contra la inseguridad cuando afecta a las familias de sus agremiados si tales manifestaciones no perjudican sus negocios o rendimientos económicos. Ante la desbordada indignación de la ciudadanía, que sin duda trastorna la vida cotidiana, afecta el clima de negocios y muestra la ingobernabilidad, las voces de los beneficiarios del statu quo se unen para tratar de “cerrar esa página”, sin importar que ello implique tolerar los atropellos y abusos de autoridad de los cuerpos armados mexicanos, aceptar la corrupción del presidente de la República y los más altos funcionarios gubernamentales, permitir la violación de los derechos humanos, el incremento de la incidencia delictiva y la creciente inseguridad; en síntesis, decretar la inexistencia del estado de derecho en beneficio de una minoría poderosa política y/o económicamente. Mientras unos demandan hacer justicia y recuperar con vida a sus familiares desaparecidos, los personeros de la clase gobernante, un sector del empresariado y un grupo de la intelectualidad pretenden que todo termine simplemente con un “usted disculpe” para que el país recupere la paz que ellos requieren con el fin de seguir enriqueciéndose. O 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

53


JOHN M. ACKERMAN

La batalla por México Vicente Leñero, Anayeli Bautista, Érika Kassandra, semillas de la segunda revolución mexicana, in memoriam.

E

l movimiento que ha surgido a raíz de la desaparición y masacre de los estudiantes de Ayotzinapa tiene enormes implicaciones globales e históricas. La batalla por los recursos naturales, la cultura milenaria y el sistema político mexicanos constituye una prueba de fuerza tanto para la oligarquía global y sus aparatos represores como para la movilización ciudadana mundial por la paz, el medio ambiente y la justicia. Es responsabilidad de todos los mexicanos dentro y fuera del país, así como de los ciudadanos conscientes en todo el mundo, poner su granito de arena para asegurar que el desenlace de la crisis actual no abra la puerta al renacimiento del fascismo global y que, por el contrario, pavimente el camino para la liberación humana. México juega hoy un papel similar al de España durante la Guerra Civil de 19361939. El trágico resultado de aquel conflicto preparó el terreno para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Apenas cinco meses después de que el general Francisco Franco declarara su victoria sobre las fuerzas republicanas en 1939, alcanzada con el apoyo decidido de la Alemania nazi, Adolfo Hitler invadiría Polonia. Posteriormente se multiplicaría exponencialmente la cantidad de personas exterminadas diariamente en los “campos de concentración” del Tercer Reich. Durante aquella Guerra Civil, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña observaron pasivos y fueron cómplices de la destrucción de la democracia en España y después en toda Europa. Hoy, de manera similar, estas mismas potencias facilitan la destrucción de la democracia mexicana al encubrir y avalar ciegamente a una clase política que ha perdido totalmente la confianza de su pueblo. Esto ocurre porque la llegada de una democracia popular y participativa en México pondría en riesgo importantes negocios de las grandes potencias. Más allá del evidente interés de Washington en el petróleo, los recursos naturales y las drogas, México es hoy uno de los nudos críticos para la articulación del crimen organizado y de los flujos financieros, lícitos e ilícitos, a nivel internacional. Fuentes oficiales estiman que se blanquean por lo menos 50 mil millones de dólares (aproximadamente 700 mil millones de pesos mexicanos) anualmente en México, aunque probablemente el monto es mucho mayor ya que por la naturaleza del delito

54

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

se esconde de la vista de las autoridades. Y la mayor parte de este dinero no se queda en México, sino que una vez “limpiado” es transferido de regreso a Estados Unidos con el apoyo de las grandes instituciones financieras de Wall Street. De acuerdo con Antonio María Costa, anterior jefe de la oficina de combate a las drogas y el crimen organizado de las Naciones Unidas, fue precisamente por medio de un aumento en los flujos del dinero del narco que el sistema financiero de Estados Unidos pudo recuperarse de la enorme crisis de 2008. En su importante reporte sobre el tema para The Guardian (véase: http:// ow.ly/FIKtm), Ed Vulliamy ha expuesto todos los detalles sobre la sangrienta complicidad entre el sector bancario formal y los peores criminales del mundo. Por otro lado, un estudio de la Universidad de San Diego estima que un promedio de 252 mil armas estadunidenses cruzan la frontera hacia México cada año, lo cual implica ganancias de aproximadamente 127 millones de dólares anuales para fabricantes de armas en el país del norte. Asimismo, el endurecimiento militar de la frontera de Estados Unidos con México ha generado enormes ganancias para los traficantes de personas. Sus servicios delincuenciales son ahora más cotizados que nunca para quienes quieran cruzar el río Bravo. Y la limpia parcial que se ha hecho del

sistema político colombiano, erróneamente considerado por algunos como ejemplo para nuestro país, ha empeorado la situación en México. El resultado ha sido la mudanza y la concentración en territorio mexicano de cada vez más nudos de comunicación y mandos del crimen organizado internacional. Una limpia profunda en México inevitablemente obligaría a los principales mandos del crimen organizado a trasladarse a otros países, o incluso a Estados Unidos, lo cual pondría en riesgo la “seguridad nacional” de Washington. Lo anterior explica las constantes amenazas de parte del secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, a los normalistas de Ayotzinapa, al pueblo de Guerrero y a todos los estudiantes y activistas del país. Los cables oficiales difundidos por Wikileaks han demostrado que la Marina es la institución de “seguridad” mexicana más cercana a Washington. La inédita agresividad y protagonismo del secretario solamente se explica porque se siente protegido por el gobierno de Barack Obama, o incluso está recibiendo órdenes de él. De acuerdo con el INEGI, los ciudadanos denuncian solamente 3 millones de los 33 millones de delitos que se cometen al año en el país. En consecuencia, el único camino para acabar con la impunidad será generar un contexto en el que los ciudadanos se sientan suficientemente empoderados para que puedan denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos, su vida y su patrimonio. Pero este resultado solamente se podría alcanzar a partir de una transformación radical en la orientación del gobierno. En lugar de ser adversarios y obstáculos para el libre desarrollo del pueblo, las autoridades tendrían que fungir como sus aliados. Así pues, la raíz de los problemas actuales en el país no es el disfuncionamiento institucional ni siquiera la corrupción, sino la total falta de legitimidad del sistema político y de la clase política que lo controla. Solamente un nuevo gobierno participativo y popular podría empezar a resolver los graves problemas actuales. Trabajemos todos para hacerlo realidad y de paso ponerle un alto histórico al proceso de expansión mundial de represión, exclusión e injusticia. O www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman


ANÁ L IS IS OLGA PELLICER

Las rutas divergentes de América Latina D

el 3 al 5 de diciembre se realizó en Puerto Vallarta la reunión anual del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL), un foro de diálogo entre académicos latinoamericanos que, después de una larga historia el siglo pasado, ha recuperado bríos bajo la dirección del expresidente de Chile, Ricardo Lagos. El objetivo del encuentro era reflexionar sobre el posicionamiento de Latinoamérica en el contexto internacional del tercer lustro del siglo XXI. Se concedió atención especial al papel de China, así como al debilitamiento del liderazgo, otrora tan definitivo, de Estados Unidos en la región. Las conclusiones fueron heterogéneas por lo que toca a lo novedoso de los hallazgos o a lo atinado de las propuestas. No hay duda de que se atraviesa por un momento de grandes cambios en el panorama político y económico internacional, una de cuyas manifestaciones más importantes es el desplazamiento del poder económico de Occidente a Oriente. Esto último ha tenido un gran impacto en América Latina (AL); en efecto, sería difícil entender la situación actual y el futuro de la región sin tomar en cuenta el hecho de que China es ahora el socio comercial más importante de países como Brasil, Chile o Perú. Sin embargo, tal circunstancia no ha propiciado una relación política más intensa y bien articulada de AL con el gigante asiático. Hay un desconocimiento generalizado de su historia, costumbres y formas de operar. No está a la vista ningún intento de actuar coordinadamente hacia él para mejorar la posición negociadora de un grupo de exportadores de materias primas. Así, en la relación con China sale a la luz la incapacidad de América Latina de ser un actor que fortalece su posición negociadora sumando esfuerzos y hablando con una sola voz. Lo cierto es que ante una situación internacional que se transforma aceleradamente, el papel de Latinoamérica es secundario. Mantiene los elementos comunes que hermanan a sus integrantes, algunos de signo positivo, como la cultura; otros de signo negativo, como la desigualdad y la violencia (más que en África). Pero la posibilidad de afianzar modelos de desarrollo exitosos se le escapa, mientras camina con dificultades sobre los numerosos proyectos

de integración que no llegan a consolidarse. América Latina ha sido muy prolífica en imaginar y establecer proyectos de integración, algunos subregionales y otros destinados a unificar a la región entera, incluyendo el Caribe inglés. A pesar de tales antecedentes, se encuentra dividida sin acercase a la unidad dentro de la diversidad que tanto promueve, con buenos argumentos, la Cepal. La división proviene de diversas circunstancias. Algunas de corte ideológico, como es el socialismo del siglo XXI que persiguen las naciones del Alba encabezadas por Venezuela, al que pertenece toda la izquierda radical formada por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. La división también está marcada por ejes geográficos Norte-Sur y Este-Oeste. La línea Norte-Sur se trazó desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando, bajo el liderazgo de Brasil, se le catalogó como “país perteneciente al Norte”; 10 años después, en el 2004, esa división se ahondó al crearse, también bajo la influencia de Brasil, la Unasur, foro de concertación limitado a Sudamérica. El surgimiento de la Celac en 2010 representó un esfuerzo por volver a un proyecto incluyente de toda América Latina. Carece, sin embargo, de institucionalidad, agenda y mecanismos de seguimiento, lo cual debilita sus posibilidades de acción. Un ejemplo lo ilustra: En la reunión de La Habana a comienzos del 2014 se decidió

un encuentro Celac-China. Todavía no se efectúa pero, de ocurrir, la parte latinoamericana carece de los lineamientos comunes para establecer el diálogo. En cuanto a la división Este-Oeste, la fragmentación ha cobrado mayor fuerza a partir de la creación de la Alianza del Pacífico en el 2012, la cual comprende a Chile, Perú, Colombia y México, los cuales han firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y cuya filosofía liberal contrasta con la de los miembros del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, al que posiblemente se unirá Bolivia. Estos antecedentes permiten valorar mejor y colocar en su justa dimensión los resultados de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Veracruz, pocos días después de la reunión del RIAL. Los esfuerzos diplomáticos de México no evitaron la ausencia significativa de los presidentes de naciones del Alba, así como de Brasil y Argentina. Aunque se pueden alegar motivos distintos para cada caso, el hecho es que el mensaje de fragmentación y diferencias respecto al reconocimiento que se desea otorgar a España fue claro. No extraña, entonces, que los resultados fueran muy parcos, acotados a temas de educación, innovación y cultura. Las rutas divergentes de América Latina dejan abierta la pregunta de hasta dónde es posible trascender las diferencias actuales y dar mayor peso a dos hechos innegables: por una parte, la profundidad de las fuerzas que unen a la región, la cultura, bajo todas sus manifestaciones, es la más evidente; por la otra, los retos comunes que invitan a una acción conjunta o la exigen, como la desigualdad, el narcotráfico, los cambios bruscos del precio de materias primas, el cambio climático, la violencia. La cooperación latinoamericana es una necesidad, aunque quizá no conduzca a hacer de la región un actor de peso en el ámbito internacional. Una meta más modesta sería utilizar dicha cooperación para incrementar su capacidad de operación conjunta en los diversos ámbitos donde la suma de los países de una región es siempre más importante que la voz aislada de cada uno. Identificar esos ámbitos y trabajar en consecuencia es una de las tareas pendientes para grupos de pensamiento como el RIAL. O 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

55


ARIEL DORFMAN*

¿Por siempre jamás o nunca más? H

ace cinco años atrás, en julio del 2009, le escribí una carta abierta al presidente Barack Obama. El tema era, desafortunadamente, la tortura. Había compuesto aquellas palabras a instancias de la sección norteamericana de Amnistía Internacional, como parte de una campaña para convencer al primer mandatario de los Estados Unidos de que ordenara la investigación y, de haber causa suficiente, el enjuiciamiento de aquellos responsables en el gobierno anterior de cometer crímenes contra la humanidad. Transcribo ahora, con pesar y perplejidad, esa carta que publiqué originalmente en estas páginas: Estimado Presidente Obama:

Por siempre jamás. Esas son las palabras que quiero ofrecerle, las palabras que comparten tanto el hombre que tortura como su víctima, las palabras que definen el destino de ambos. Puesto que para la víctima el momento del dolor y de la degradación, estos múltiples momentos, jamás se terminan. La tortura no ocurre tan sólo una vez sino que se repite en la mente y la memoria del cuerpo, más allá del agua en los pulmones o el puño contingente en la cara. Sucede y continúa una y otra y otra vez. Y por siempre jamás es también el credo del victimario. La mano no va a descargar la corriente eléctrica, no va a llenar una boca con excrementos, los orejas no van a atreverse a registrar los alaridos, al menos que haya una promesa y certidumbre de que nadie cobrará cuentas, al menos que el causante de aquellos padecimientos se sienta a salvo de la justicia y presuma que podrá vivir, sí, por siempre jamás, en el tiempo eterno de la impunidad. En los cuarenta años que llevo luchando, como escritor y como ciudadano, contra la plaga de la tortura, éste es el secreto más sucio que he descubierto acerca de tales actos viles, Sr. Presidente. Que nadie tortura

56

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

si cree que lo habrán de atrapar, si cree que será expuesto al escrutinio público. Nadie tortura si piensa que se lo va a desnudar y exhibir ante ojos ajenos y enjuiciadores, si sabe que va a tener que enfrentar en un tribunal a los hombres y mujeres que él mismo dejó sin ropa ni defensa en alguna habitación escondida y lejana. Por siempre jamás es su horizonte, su coartada, su demonio guardián, el prerrequisito básico que asegura que no se conocerá la violencia que esos ejecutores han infligido o están a punto de infligir, esas son las palabras que les permiten, siempre, siempre, dormir de noche, acariciar a sus hijos, mirarse en el espejo de mañana y pasado mañana. Es por eso que la respuesta a ese por siempre jamás, tanto para la víctima en busca de consuelo y reparación como para el criminal que rompió la ley de su país y la ley más implícita y callada que proclama que todos pertenecemos a la misma solidaria especie humana, es por eso que debemos responder con las palabras purificadoras, quizá celestiales: Nunca Más. Son palabras que los Estados Unidos hoy necesita en forma desesperada. Pero Ud. bien sabe que aquellas palabras, Nunca Más, son fáciles de pronunciar y difíciles de materializar. Esas palabras precisan, ante todo, como lo ha solicitado Amnistía Internacional, una investigación completa, imparcial y bien financiada de la verdad, para que se comprenda cómo este país aceptó torturar a sus cautivos y cómo terminó convirtiéndose en un paria internacional. Y enseguida aquellas palabras, Nunca Más, requieren que se someta a juicio a todos los que cometieron esos crímenes contra la humanidad, especialmente de los más poderosos que emitieron las órdenes y permitieron estas infamias. Aceptar algo menos que un procesamiento cabal e íntegro es someterse a la misma política del miedo que Ud. ha identificado, con tanta elocuencia, como la condición primordial que ha facilitado este asalto desastroso contra los derechos humanos. Aceptar algo menos es invitar una posible repetición de tales vesanias que corrompen el alma de

un pueblo, si nuevos actos de terror llegaran a estas orillas en un futuro cercano. Es una bendición, Sr. Presidente, que sea Ud. el que puede responder a esta exigencia de que es necesario purificar el mundo, una bendición ser una de las personas privilegiadas que puede ayudarnos a cambiar la historia. De todas las personas existentes en este mundo Ud. es el único, debido a su especial posición de poder, que puede proclamarle a su país y al resto de la humanidad que la tortura no tiene para qué ser, después de todo, algo que habrá de perdurar por siempre jamás. De un poeta a otro poeta, y con gran respeto y esperanza y admiración. Cuando firmé esas líneas, ¿esperaba acaso que el Presidente respondiera a mi carta o a la de otros que participaron en la misma campaña, como Stephen King, Martin Sheen y Alice Walker? De hecho, no. Aquellas palabras buscaban educar a la opinión pública más que persuadir al hombre más poderoso del mundo. Y, sin embargo, abrigaba yo, en la sombra de mi corazón, un leve resplandor de esperanza de que Obama modificaría su política de darle la espalda al pasado, enfrentando la necesidad de hacer justicia. Estados Unidos se precia de ser la tierra donde siempre existe una segunda oportunidad. Tal vez, entonces, ha llegado el momento crucial de un cambio de actitud hacia la tortura. Tal vez el presidente Obama, forzado ahora por la terrible luz de la verdad, la terrible oscuridad del dolor ajeno, habrá de encontrar la sabiduría y el coraje para purgar a su país de esta mancha que contamina su historia, su imagen, su alma. ¿O será ya demasiado tarde? O *Ariel Dorfman es el autor de La Muerte y la Doncella y Más allá del Miedo. Vive con su esposa Angélica en los Estados Unidos y, cuando pueden, en Chile.


Lila Downs

Las voces de la

Ayotzi

Germán Canseco

Desde el 26 de septiembre pasado, como nunca, las comunidades cultural, académica, artística y del entretenimiento han sido fuertes, severas y determinantes, no sólo a nivel nacional sino internacional, por la protesta en torno a los tres normalistas asesinados en Ayotzinapa, Guerrero (Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo), y los 43 desaparecidos de esa misma escuela. En estas páginas se hace un recuento de estas manifestaciones indignadas. 58

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014


C U LT U R A

cultura por

napa COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

A

unque peritos de Austria determinaron, tras examinar un tejido óseo, que corresponde a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, escritores, profesores, investigadores, pintores, músicos, cantantes y actores, en fin, han manifestado de diversas formas su indignación y dolor por esos jóvenes. También han criticado la violencia que ejerció la policía en la marcha del 20 de noviembre en el Distrito Federal, donde fueron apresadas 11 personas. Desde el 27 de septiembre circula una carta, firmada por varios académicos de centros de estudios y universidades iberoamericanas, en solidaridad con las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (desaparecidos por policías municipales de Iguala); y con los universitarios golpeados y aprehendidos ilegalmente por granaderos. Se trata de académicos e investigadores de Argentina (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad de Buenos Aires), Bolivia (Universidad Mayor de San Andrés); Brasil (seis universidades: São Paulo, Estado da Bahia, Brasília, Acre, Rio Grande do Norte, y Rio de Janeiro); Chile (Universidad de Santiago de Chile y Cristina Luz García Gutiérrez); Colombia (Universidad Nacional de Colombia); Costa Rica (Departamento Ecuménico de Investigaciones); Cuba (Casa de las Américas, Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Filosofía, Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes y Universidad de La Habana); Ecuador (Instituto Altos Estudios Nacionales, Universidad de las Américas y Fundación de Estudios, Acción y Participación Social). España (Complutense de Madrid, Conservatorio Superior de Música de Na-

varra, universidades de Castilla-La Mancha, Granada, Pablo de Olavide de Sevilla, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra y de Valladolid); Guatemala (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales); Haití (Centre de Recherche Economique et Sociale Pour le Developpement); Honduras (Universidad Nacional Autónoma de Honduras ); México (UNAM, UAM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de Puebla, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Zacatecas, Autónoma del Estado de México, Casa Lamm y Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica); Venezuela (Universidad de Los Andes), y docentes de otras regiones: University of the Pacific (Estados Unidos de Norteamérica), European University Institute (Italia), Johannes Kepler Universität (Austria), Versailles Saint-Quentinen-Yvelines University y Université Grenoble (Francia). Y pueden agregarse firmas en academicos.por.mexico@gmail.com y ver la carta por Facebook. Una propuesta que llegó a Proceso y se publicó el 16 de noviembre fue aquella donde el antropólogo Bolfy Cottom fungió como responsable de una carta firmada por investigadores adscritos a 14 instituciones, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Proponen un Frente Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad, que sea independiente del Estado y de los partidos políticos. Que se sustente en principios democráticos. Que tenga carácter nacional y que esté anclado sólidamente en escuelas, asociaciones campesinas, de trabajadores, profesionales, estudiantiles, vecinales y demás organizaciones sociales que surjan con este fin o ya estén luchando por sus propias demandas.

Pintores de Guerrero Una fuerte condena se levantó cuando un grupo de pintores de diversas partes del estado de Guerrero se unió para plasmar los retratos de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en acrílico, óleo y gis pastel; cada cuadro, de 1 metro 25 centímetros de altura por 90 centímetros de ancho, fue expuesto en la explanada del Palacio de Bellas Artes el 17 de noviembre, ante unas 800 personas. Allí actuó la banda de guerra Halcones Dorados del mismo plantel y otras escuelas normales de Guerrero ofrecieron bailes folclóricos, entre otras actividades. El proyecto lo coordinaron Joel Amateco, maestro de artes plásticas en la Normal de Ayotzinapa, con Javier Lara Díaz e Ian Malaj, egresados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (Proceso, 1986).

Actores y directores de cine Antes de la presentación de Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, largometraje con el que se inauguró la 12 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), efectuado del 17 al 26 de octubre, su realizador Alejandro González Iñárritu destacó que la violencia en México es un “descuido brutal” de varios organismos políticos que no han cuidado las raíces del problema. En el mismo encuentro cinematográfico, actores, directores, productores, escritores e investigadores protestaron y prendieron 43 velas en las escalinatas del Teatro José Rubén Romero. Participaron los actores Daniel Giménez Cacho, en representación de ElGritoMásFuerte, Cassandra Ciangherotti, Sofía Espinoza, Tenoch Huerta, Verónica Langer, Ilse Salas y Harold Torres, así como Alonso Ruizpalacios, director de la película Güeros, ganadora en el Festival de San Sebastián, España, entre otros. Por separado, el cineasta Alfonso Cuarón sorprendió al hacer pública su preocupación. El 11 de noviembre, al ser homenajeado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el ganador del Óscar por Gravedad dedicó su discurso a la situación de México. En la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, realizado del 12 al 16 de noviembre, Diego Luna, como jurado de la sección oficial, dio lectura a una carta redactada por sus colegas donde se solidarizaron con las familias de los 43.

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

59


La danza,, los libros, la música… NIZA RIVERA

D

e manera reciente compañías y escuelas de danza se unieron para dar dos funciones el 8 y 9 de diciembre en el Teatro de la Danza y la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, respectivamente, en lo que denominaron Danzando por Ayotzinapa, con el lema Danzar no es un acto inútil. Los donativos fueron entregados a estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos. A decir del coreógrafo Saúl Maya, todo surgió de una organización entre él y sus colegas Jesús Laredo, Laura Rocha, Javier Contreras y Rosana Filomarino, quienes buscaron a la asociación civil Red Nacional de Defensoras México para contactar a los normalistas. Los grupos que se unieron al llamado fueron: Arsenti, Asalto Diario A.C., Athosoc, Apoc Apoc, Barro Rojo, Ceprodac, Compañía Silvia Sanjines, Colectivo Espiral, Cuerpo Mutable, Drama Danza, Eterno Caracol, Foramen M Ballet, Foco al Aire, Producciones, La Manga, Las Bestias, Momentos Corpóreos, Nemian, Proyecto Bara, Tandem, Tránsitos Sutiles, así como alumnos de las escuelas profesionales de danza del ENDCC, CICO, ADM, Nellie y Gloria Campobello, La Cantera y Ollin Yoliztli. Maya, coreógrafo del grupo La Bestia, explicó que el donativo constó de 100 pesos por persona, y fueron recolectados en botes, y en-

tregados de la misma forma a normalistas presentes en las jornadas. Por su parte, el Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por Gloria Contreras, también se sumó a la solidaridad de Ayotzinapa en una función de clausura de temporada llamada Unidos por Ayotzinapa, anunciada por internet en la página principal de http://www.tcunam.org/ fechada para el 11 de diciembre a las 12:30 horas en el Teatro Arq. Carlos Lazo del Centro Cultural del Bosque, con entrada gratuita para el público.

Surgió la inconformidad en los encuentros de libros y escritores. Durante la Feria Internacional del Libro en el Zócalo en su XIV edición efectuada del 10 al 19 de octubre, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Distrito Federal, anunció una colecta de libros, mismos que serían donados a la biblioteca de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos; sin embargo, a dos meses de concluida la feria, aún no se cierra la colecta. La Dirección de Divulgación Cultural del DF es el área encargada de la recepción de libros, ubicada en Avenida de la Paz 26, colonia Chimalistac. A la Feria Internacional del Libro de Acapulco, que se efectuó del 15 al 19 de octubre,

no asistieron los escritores Mónica Maristáin, Laura Martínez Belli y Javier Sicilia. En la Feria Internacional del Libro Oaxaca (FILO), previo a la presentación de su volumen El apocalipsis (todo incluido), Juan Villoro externó: “Con el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se condensó el horror en México.” Y los organizadores de la FILO, realizada del 2 al 10 de noviembre, redactaron una carta donde exigieron “que se esclarezcan los hechos”. Durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, del 28 de noviembre al 7 de diciembre, aunque el tema de Ayotzinapa, no tuvo espacio en su programación oficial, según el área de Comunicación, sin embargo sí se desarrollaron actividades tanto dentro como fuera del recinto desde el primer día, cuando su director Raúl Padilla dijo: “Nos sumamos al llamado urgente de que se instituya el estado de derecho.” Unos días después, el 1de diciembre, los escritores Paco Ignacio Taibo II y Juan Villoro se manifestaron junto a decenas de personas frente a Expo Guadalajara, con pancartas y consignas, en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Ahí Taibo II, dijo a los medios: “No podemos dejar que la FIL sea un espacio de silencio cuando tienes un país en grito”.

El 20 de noviembre, Layda Negrete, El El 20 de noviembre, Layda Negrete, productora del documental Presunto culpable, participó en la marcha en la Ciudad de México y al final, ante el desalojo del Zócalo capitalino, un grupo de policías –al parecer del DF– la agredieron con golpes, así como a sus acompañantes. “Y  nos dijeron: ‘Pinches putas, ¿pero querían venir a marchar, no?’.” Por ello presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, así como en la CNDH, y en el Ministerio Público; incluso planteó que irá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el 21 de noviembre, directores y guionistas reconocidos, además de los estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, se reunieron en la Cineteca Nacional, donde exhibieron al

aire libre cortos sobre Ayotzinapa que han reunido de diversas partes del país. Miguel Ángel Sánchez, estudiante del CUEC, informó en entrevista que ya son 30 las cintas recopiladas “y de muy buena calidad”, y se pueden ver en el canal de YouTube bajo el título Imágenes en rebeldía. Enseguida actuaron “Los tres amigos del cine”, como muchos les llaman a Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. El 28 de noviembre, junto con otro grupo de cineastas y actores mexicanos, le exigieron en una carta al presidente Enrique Peña Nieto la liberación de los 11 detenidos. En el documento, dirigido al Ejecutivo federal, con copia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, los reconocidos directores mostraron su rechazo “a la represión llevada a cabo

por parte del gobierno de México durante las legítimas protestas por la desaparición de los 43 normalistas”. Otro reconocido actor se unió a la lucha. En su cuenta de Twitter, Damián Alcázar, protagonista de La Ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta, todas de Luis Estrada, incitó al mandatario capitalino a que diga si sabe que las filtraciones de presuntos anarquistas son en realidad agitadores profesionales, pagados y entrenados por el Ejército para criminalizar la protesta social pacífica. Al instante brotó un video titulado #YaMeCansé1 publicado por el canal de ElGritoMásFuerte, donde actrices y productores de cine participan; por ejemplo, la cineasta Natalia Beristaín expresa: “Señor Murillo Karam, yo también ya me cansé, me cansé de los mexicanos desaparecidos, de los feminicidios, de los muertos, de los decapitados, de los cuer-

60

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Las ferias del libro


C U LT U R A de ese tipo es muy distinto, es más bien una rola para dejar registro para las nuevas generaciones”, concluyó. En el caso del rapero Akil Ammar, cuyo nombre real es Jhonatan Rojas, creador del rap “43”, comentó que el tema que estrenó el 20 de noviembre también se puede descargar gratuitamente, que lo hizo a título personal y como reflejo de lo que piensa es un sentimiento general en el país. “Es una letra violenta, llena de enojo, no estoy seguro si se debe contrarrestar violencia con violencia, pero considero que hay un punto en donde has tratado, has gritado, has pedido de manera pacífica y de la manera más civil posible, y al no tener respuesta la frustración se convierte en rabia, me queda muy claro que lo que hice es una metáfora violenta, no la justifico, pero tampoco me arrepiento.” Y a diferencia de los 7 Lobos Rojos, Akil explicó que sí interpretará el tema en sus próximos conciertos en diciembre.

Y en el transcurso de los días diversas actividades llamaron la atención, como el flashmobs (baile coreografiado que sorprende a personas en un espacio público) en donde se contaban en voz alta desde el número uno hasta el cuarenta y tres concluyendo con un “¡justicia!”. En otros performances con letreros colgados con la frase “No están solos”, gente con pins en playeras, blusas, solapas de los trajes con el número 43. También los retratos de los estudiantes desaparecidos se colocaron en las rejas de la entrada del centro Expo Guadalajara, así como los mismos comentarios de escritores, editores, e invitados a la FIL en las mesas de presentaciones que tuvieron eco en los medios hasta el día de cierre.

Rap y rock Las consignas y la impotencia ante la injusticia por los normalistas desaparecidos también fueron plasmadas en la música, se trata del rap “43” y el tema “Los 43”, el primero de Akil Ammar, y el segundo de Roby Calavera integrante del grupo de rock 7 Lobos Rojos. Entrevistados de manera independiente, ambos coincidieron en decir que no lucran con los temas que crearon, mismos que se pueden descargar de manera gratuita, y que sobre todo lo hicieron para dejar registro y memoria de la desaparición de los 43 estudiantes. En el caso de Roby Calavera, líder de la banda 7 Lobos Rojos, explicó que el tema es de su autoría y que nació al recoger diversas

Fuera de México

consignas escuchadas en las marchas a las que ha asistido en el Distrito Federal. La calificó como una canción de protesta moderna. “No pienso tocarla en vivo, porque entendemos que no podemos jactarnos ni colgarnos de una tragedia porque eso no sería honorable. Creo que los artistas estamos para hacer arte y cuando surgió la idea de hacerla pensé que si sólo sé hacer rolas pues eso es lo que puedo aportar como artista, es una canción que habla de una tragedia que si se canta en el calor de una marcha o una acción

Ivonne del Valle es profesora de estudios coloniales en español y portugués de la Universidad de Berkeley, y Alejandro Sánchez un estudiante colombiano de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Ambos coincidieron en formar parte del grupo “Ayotzinapa somos todos”, formado principalmente por estudiantes mexicanos y latinoamericanos en el extranjero. Del Valle comentó que coedita con Estelle Tarica (UC Berkeley) la revista Política Común, cuyo próximo número saldrá a principios de 2015 y lleva como tema central “México: Políticas Radicales y/o Estado de derecho” http:// quod.lib.umich.edu/p/pc/?page=about O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

61


pos que cuelgan de los puentes, de las familias rotas, de las madres sin hijos, de los hijos sin padres.” También ElGritoMásFuerte creó #PorEsoPropongo, que documentará propuestas en formas de tarjetas postales que serán remitidas a la sociedad civil organizada y a funcionarios por medio del sitio www.postcard.com/join-a-movement o la aplicación Postcard.com. La dinámica es crear una imagen, añadir el #YaMeCansé, Por Eso Propongo, y subir la propuesta (en caso de no querer registrarse puede usar el correo propio: poresopropongo@gmail.com). La cuenta de Twitter de esta iniciativa es @poresopropongo,  y su Facebook Ya me cansé, por eso propongo. Según Gimémez Cacho, esta idea va muy bien. Por su parte, los artistas Erik Hayser, Francesca Guillén, Eréndira Ibarra, Claudia Lizaldi, Luis Gerardo Méndez y Tiaré Scanda aparecen en otro video, donde se expresan en inglés, subido al canal de YouTube de yamecanse.mx. El Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, el francés Ludovic Bonleux proyectó su documental El crimen de Zacarías Barrientos (2008), sobre los desaparecidos en Guerrero, en CinEspacio2, ubicado en Álvaro Obregón 185, colonia Roma. Comentaron la película el activista Daniel Gershenson y la actriz Tiaré Scanda, quien señaló que no se quiere acostumbrar a vivir en un país “donde sea normal que le arranquen la cara a una señorita en Uruapan, Michoacán, y que desaparezcan a las personas”.

Los cantantes y músicos Asombró que en la entrega de la 15 edición de los Grammy Latino, efectuada el 20 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se hablara de los 43 normalistas. La famosa agrupación puertorriqueña Calle 13 se solidarizó con México y su vocalista, Residente, portó una camiseta en la que se leía “Ayotzinapa faltan 43”. Allí, dijo: “Ayotzinapa somos todos, no podemos dejar que esto siga sucediendo en estos tiempos. ¡Qué viva México!” La cantante Lila Downs ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Folclórico, el cual dedicó a México por el momento que atraviesa. En entrevista con este semanario, la intérprete y compositora opinó de la mala situación del país: “Siento mucho lo que está pasando profundamente. Molesta mucho ver cómo los líderes no tienen la grandeza que deberían poseer ante este problema, y lo digo ahora sí que mirando a todas partes, en todas las representaciones en los gobiernos.” Por su parte, Saúl Hernández, líder de las bandas mexicanas Caifanes y Jaguares, creó un video-tema-homenaje, titulado Fuerte, donde no sólo habla de Ayotzinapa, también de Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, los Femicidios de Ciudad Juárez, Atenco y la Guardería ABC. Se puede ver en YouTube. O

62

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Los Grupos Artísticos del INBA y el sindicato del INAH se han manifestado y se siguen manifestando sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para este domingo 14 y los restantes del mes, los trabajadores anuncian nuevas protestas en el Museo Nacional de Antropología, con las expresiones “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Dos historiadores del INAH, Felipe Echenique y Carlos San Juan Victoria, señalan que la comunidad cultural, artística y académica no podía mantenerse fuera del repudio a este crimen. JUDITH AMADOR TELLO

S

i en 1968 el miedo alcanzó todas las expresiones culturales, la indignación por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres de sus compañeros, ha inundado prácticamente todas las manifestaciones del arte y la cultura: Desde el dibujo anónimo en una cartulina callejera hasta las exposiciones, desde la consigna hasta el bel canto, las funciones de danza y los conciertos en el Palacio de Bellas Artes, la presentación de una edición o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Artistas, trabajadores e investigadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes, su sumaron desde los primeros días a la protesta nacional de la exigencia de justicia por los atroces hechos, se pasó a demandar la renuncia de Enrique Peña Nieto, no sólo por su actitud ante las víctimas, sino porque en el clima de crispación por la violencia, Noticias Aristegui y Proceso dieron a conocer el tema de la “casa blanca” de su esposa, la actriz Angélica Rivera. Para el historiador Felipe Echenique March, autor del libro Miguel Hidalgo y Costilla. Documentos de su vida (17501813) y quien ha sido representante sindical de los investigadores del INAH, Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg de las “decenas de miles de muertes y desapariciones forzadas” ocurridas en todo el país que claman justicia. Y sin embargo hay en respuesta “la más cruel de las impunidades”. Y recuerda que los académicos del INAH, y de otras instituciones de educación e investigación científica, han alzado la voz para denunciar el autori-

tarismo y la represión, sin obtener respuesta. Han apoyado el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las demandas de justicia por las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco y Atenco, y la liberación de Nestora Salgado: “¿Qué clase de antropólogos o historiadores seríamos si sólo fuéramos espectadores? Para contribuir a la solución de los problemas del país, necesariamente tenemos –como millones de mexicanos– que reclamar la prevalencia del Estado de Derecho y la aplicación de la justicia en todos los casos. La crueldad cometida con los normalistas de Ayotzinapa hizo ver a millones de mexicanos que destino semejante puede ser el nuestro, que o paramos esto o la rueda de esa historia de abuso, autoritarismo y desprecio por la vida no se detendrá en quién sabe cuánto tiempo. Ésa es la importancia de Ayotzinapa.” Junto con el Colectivo La Rueka, el historiador ha lanzado una propuesta para mostrar la necesidad de no participar en las elecciones de 2015, pero con un abstencionismo “políticamente activo y militante”, que tenga como base “la organización política”. Espera que esta propuesta sea discutida y han decidido realizar algunos foros en enero. Por lo pronto anuncia que este domingo 14 y los que restan de diciembre tendrán una instalación en el Museo Nacional de Antropología, con las expresiones “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Crimen de Estado!”, que se reproducirán en otros centros de trabajo del INAH y zonas arqueológicas como Teotihuacán. Se le pregunta qué aportan el arte y la cultura en esta lucha y qué distingue su discurso del utilizado por el Consejo Na-


Octavio Gómez

C U LT U R A

Los sindicatos del INAH y el INBA

cional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en su programa para Michoacán con el cual busca “reconstituir el tejido social”. Dice que la atrocidad de Ayotzinapa ha tocado a toda la sociedad, y los artistas, creadores y académicos no podían quedar fuera de la indignación y exigencia del esclarecimiento de ese crimen. Agrega que el Conaculta “ni siquiera tiene un discurso” sino “algunas ocurrencias” con intervenciones de artistas de Televisa o TV Azteca en plazas públicas, pero en realidad no hace nada para recuperar el tejido social.

La estética en la red Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, el historiador Carlos San Juan Victoria cuenta que se ha constituido una red en apoyo en torno a Ayotzinapa junto con varias universidades públicas. Él ha participado en varios foros de reflexión sobre el tema “con la convicción de que es un punto de inflexión cultural para el país”. El más reciente fue en el INAH el pasado jueves 11 de diciembre. Considera que la ira despertada por el asesinato y desaparición de los jóvenes normalistas es “una recuperación de la dignidad en muchas ocasiones cargada de una fuerza estética”. Y ha ido creciendo a escala nacional y global, con ayuda de las redes cibernéticas y la participación en ellas de miles de ciudadanos: “Por eso es decisivo que las grandes cajas de resonancia, que son los centros que forman y difunden el arte, y espa-

cios tan disímbolos como los estadios de futbol y los festivales del libro, recojan y difundan, en retroalimentaciones infinitas, esas radiaciones de dignidad y arte entrelazadas.” Opina que lo ocurrido en Iguala, “en una noche sin luna” escaló en pocos días a la nación y al mundo por tres factores: “Los errores continuos de los gobiernos, que alimentaron la indignación; la acumulación de agravios donde las personas nos convertimos en cajas de resonancia emocional, dispuestas a hacer algo; y las redes sociales que han madurado y crearon el primer núcleo (padres de familia, normalistas, derechos humanos), luego se expandieron hacia los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las universidades, las organizaciones sociales, las redes de información y opinión cibernéticas (Twitter, Facebook, You Tube) con el periodismo alternativo presente en internet.” Y es en esos espacios donde a decir del historiador se da una expresión “con lenguajes actuales, cargados de imágenes, frases cortas que aspiran al haiku, la oportunidad de su emisión digamos que en caliente. Hay en red una inmensa cantidad de información-imagen-audio, con una carga estética que tiene que ver con una nueva cultura de los jóvenes, presente también en las marchas”. Varios investigadores del INAH, agrega, están involucrados de diversas maneras. Por ejemplo, se organizó una exposición de una red de pintores.

El historiador también se distancia de la idea de “reconstituir el tejido social” del programa oficial del Conaculta.

Arte y cultura contra la dictadura La participación de la comunidad de artistas, estudiantes y trabajadores del INBA en el caso de Ayotzinapa ha sido también activa. Desde los primeros paros estudiantiles se sumaron escuelas como las de Artesanías y Diseño, y el Centro de Investigación Coreográfica. El pasado 28 de noviembre, con lemas como “arte y cultura contra la dictadura”, estudiantes de las escuelas de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, nacionales de Danza Clásica y Contemporánea, de Danza Folclórica, de Arte Teatral, Superior de Música y del Conservatorio Nacional de Música, con apoyo de trabajadores y artistas del INBA, realizaron una manifestación artística y cultural. En el evento se exigió también la liberación de los once detenidos en la manifestación del 20 de noviembre (ya libres ahora). Hubo espectáculos de danza, teatro, música y arte circense en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Como parte de esta acción durante el 28 y 29 la entrada a las actividades del Palacio fue libre. El violinista Gamaliel Flores, representante sindical de los Grupos Artísticos de Bellas Artes, resume que estas agrupaciones se han manifestado constantemente, en los diferentes espacios del instituto, y han recibido el apoyo del público asistente: 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

63


“Todos los grupos artísticos lo hemos hecho: El Coro de Madrigalistas, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Ópera de Bellas Artes, incluso la Compañía Nacional de Danza se ha estado manifestando de esa manera. Lo hizo en su reciente presentación en Mazatlán, por ejemplo.” Su solidaridad y protesta se ha expresado en espacios como el Museo Nacional

de Arte, las salas Manuel M. Ponce y Principal, y el vestíbulo del PBA. E indica que lograron abrir ese sitio gracias a que con otros grupos de trabajadores del INBA y del INAH conforman el Colectivo de Cultura. Al día siguiente del cierre de esta edición, el músico Julio Rosales ofrecería una conferencia de prensa en nombre de los grupos:

“Queremos decir –adelantó Flores– que los Grupos Artísticos somos parte de esta sociedad, somos servidores públicos y nuestro interés es llevar la música y el arte para sensibilizar a la gente… Seguiremos luchando por las necesidades sociales y estaremos señalando que la autoridad debe cumplir con su obligación de ejercer justicia y sobre todo de servir al pueblo.” O

Movimiento

“#Yonovoyalaguerra”, de Iris Bringas

ROBERTO PONCE

I

ris Bringas (México, D.F., 1978), cantautora y productora quien con su pareja musical Jehová Villa fundara La Prodigiosa Maquinita de Soñar un Poco, lanzó una exitosa convocatoria abierta en redes sociales al movimiento #Yonovoyalaguerra para realizar videos y conciertos por la paz, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y contra la represión estudiantil, a partir de un son grabado por ambos con el grupo Ensamble Brujo: “Zúmbala”, que suena: Anoche estuve soñando, caray, una que otra pesadilla…

La idea original de Bringas y Villa fue planear una serie de apariciones sorpresa en compañía del Ensamble Brujo “en lugares donde nadie tiene idea de que habría música”, para en una suerte de happening político tocar “Zúmbala” y entonar el coro “Yo no voy a la guerra” (evocando una frase que hizo famosa en los años 80 el cómico Andrés Bustamante El Güiri Güiri). “Tuvimos tan buena respuesta en lugares como la Escuela Nacional Preparatoria Número 1 de Xochimilco donde los estudiantes hicieron su flashmob (acción relámpago) y secundarias, que ya nos empezamos a organizar para hacerlo en otras ciudades, empezando en el Estado de México; del interior de la República nos llovieron mensajes de instituciones educativas y organizaciones ciudadanas inquietas por participar.” Desde el pasado martes 2, esas acciones convocadas en internet se convirtieron en movimiento con su propio grupo vía Facebook (ver https://www.facebook.com/groups/yonovoyalaguerra/) . La convocatoria de Iris Bringas fue publicada por la revista El Cantor de Oaxaca como

(ver https://www.youtube.com/ watch?v=VqB7w6qtql4). “Nos surgió inquietud por manifestarnos en contra de la guerra con un movimiento que tiene que ver con la grave realidad que vivimos en nuestro país, como ha sido el despertarnos con la pesadilla de Ayotzinapa y así arrancamos el movimiento #Yonovoyalaguerra, comenzando con acciones públicas Bailamos Zúmbala por la Paz y Cantemos Zúmbala. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente pues ha tomado la canción como algo muy propio, con la cual manifestarse en contra de la violencia.” Los primeros artistas en acudir al llamado de ellos y del Ensamble Brujo fueron bailarines del Ballet Folclórico Nacional, como Donají Portillo y Raúl Bedolla; luego se unieron músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería; Jonathan Villafuerte del Eclectic String Duo y el compositor, arreglista e instrumentista Ernesto Anaya o miembros del Grupo Folclórico El Wateke del maestro Fernando González, “y ahora cualquier persona puede hacer un video cantando, bailando ‘Zúmbala’ o generando algún acto creativo manifestando un deseo de paz”.

64

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Marco Antonio Cruz

Los reyes sabios deberían gobernar, pero nada sucedía. Zúmbala, zúmbala, zúmbala, ¡qué experiencia!

Iris. Convocatoria en redes sociales

“Los invito a participar y sumarse al reto #YONOVOYALAGUERRA POR ESO BAILO ZÚMBALA POR LA PAZ” (http://www.elcantor.com/yonovoyalaguerra-manifestarse-bailando/) . “Toda respuesta debe ser una manifestación creativa y no violenta, tener esta canción como un emblema y expresarse a través de You Tube con el hashtag (#) Yonovoyalaguerra. Hemos recibido un centenar de videos…” De las invitaciones personales que ha extendido Iris Bringas se cuenta la de Rubén Albarrán, de Café Tacvba, quien no ha respondido aún a su convocatoria. Ésta culmina con las recomendaciones de la artista productora: “Recuerda que de tu video nosotros vamos a tomar un fragmento para integrarlo en un video donde se editarán todos los movimientos, incluyendo el mío, y que daremos una fecha de lanzamiento multitudinario. Así que deberás esperar fecha y horario exacto para hacer público tu video y que nuestro movimiento tenga más fuerza e impacto. Después del 30 de diciembre, fecha del lanzamiento de los videos, debes difundir la acción en todas tus redes, dejar comentarios y buscar una idea más para hacer otras acciones en poco tiempo.” Finaliza la autora de “Marte en Cero” (https://www.youtube.com/ watch?v=zcaqhPJGlO4) pregonando: “Acabo de tener un encuentro con altos mandos de la Policía Federal, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano para unirse en mi cruzada por la paz, ya que ahí también existen agrupaciones musicales muy importantes para nuestro país y que no simpatizan con la represión. Ellos también son pueblo. “¿Por qué? Porque creo en la vida, en la magia del ser humano, en su destrucción y en la conciencia que puede generar para salvarse. Creo en esas rebeliones internas que producen el propio cambio y proliferan en mejores acciones más allá de la catarsis. Creo en el ser humano hecho a imagen y semejanza de la buena voluntad.” O


www.artbasel.com/

C U LT U R A

Galería OMR en Art Bassel

Arte Conaculta en el mercado del arte BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

L

a venta que hizo la galería mexicana OMR de una pieza del estadunidense James Turrel por 900 mil dólares –13 millones 105 mil 305 pesos–, en la edición 2014 de la Feria Art Basel Miami Beach que se realizó del 4 al 7 de diciembre pasados, confirma la urgencia de varias medidas a tomar por Rafael Tovar, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entre ellas tanto la de cancelar el programa de Promoción Internacional de Artistas Visuales Mexicanos que opera el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), como de diseñar un programa eficaz, plural y transparente de construcción y promoción del mercado mexicano del arte contemporáneo. (La información de la venta del Turrel se reportó en el portal Artnet el 5 de diciembre (http:// news.artnet.com/market/art-basel-in-miami-beach-the-definitive-sales-report-189592.) Impulsado en 2012 por la entonces presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar y continuado por Tovar, el programa de Promoción Internacional de Artistas Visuales simula promover artistas mexicanos cuando en realidad lo que hace es subvencionar a galeristas con financiamiento proveniente del erario.

Carente de procedimientos de evaluación transparentes en lo que respecta al nombramiento de los miembros de la Comisión de Selección, al posicionamiento internacional legitimatorio y comercial de artistas mexicanos y, muy especialmente, a la participación de los galeristas en el Programa de Retribución Social exigido por el Fonca, Promoción Internacional de Artistas Visuales es un ejemplo del dominio que ejerce el mercado mexicano de circulación internacional en el ámbito gubernamental. Indiferente ante la necesidad de definir un concepto de arte socialmente responsable que transcienda los valores feriales, el titular de Conaculta fortalece cada año el carácter clánico que caracteriza el escenario mexicano del arte contemporáneo. Beneficiada desde 2012 con el monto total que otorga el Fonca para asistir a ferias internacionales, la OMR ha recibido dos millones de pesos, Labor apoyada con 1 millón 993 mil 979 pesos, Proyectos Monclova con 1 millón 971 mil 500, Enrique Guerrero con 1 millón 515 mil 535, Kurimanzutto con 1 millón 500 mil, Patricia Conde con 1 millón 485 mil 77, Arroniz con 1 millón 430 mil 386 y Gaga con 996 mil 120. Con una lista de aproximadamente 18 galerías, entre las beneficiadas sobresalen también dos de origen español: Luis Adelantado, que ha recibido 1 millón 8 mil 271 pesos, y Proyecto Paralelo que se integra en 2014 con 500 mil pesos. En el diagnóstico del sub-

sector cultural que aparece en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 –publicado en el Diario oficial el 28 de abril de 2014, 16 meses después de que Tovar tomó posesión como presidente de Conaculta–, se señala acertadamente la necesidad de diseñar políticas intersectoriales adecuadas e innovadoras para el mercado y las industrias culturales. El programa de Promoción Internacional de Artistas Visuales Mexicanos es inadecuado en su concepto, operación e impacto social: ¿cuántos creadores mexicanos se han integrado al circuito del mercado internacional después de 2012? Y por último, ¿es socialmente responsable que el Fonca subvencione a la galería OMR cuando vende obra de artistas extranjeros en más de 13 millones de pesos? O

Música “La paloma y el ruiseñor” MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

M

AZATLÁN, SIN.Pudimos asistir al estreno mundial de La paloma y el ruiseñor, ópera en dos actos del estadunidense Roger Bourland (1952), libreto original en inglés de Mitchell Morris y adaptado al español por Plácido Domingo Jr. en el Teatro Ángela Peralta. Y precisamente trata de los últimos días de Ángela Peralta en su mítico viaje con su com-

pañía de ópera a Mazatlán; su llegada al puerto, donde cantó El trovador y Aída, pero se topa con la fiebre amarilla que en esa época ocasionó decenas de miles de muertes, incluida la de ella misma. Ópera dramática, romántica y llena de lirismo. Se agradece al autor que utilice melodías y que su música sea tonal. Muchos autores contemporáneos escriben sin recurrir a las melodías ni a la tonalidad y se hace muy difícil para el público digerir esa música que además, en muchos casos, no busca tampoco la belleza y experimenta con otros recursos. Ángela Peralta (1845-1883), El ruiseñor mexicano, proviene de una familia de clase media y tuvo una buena educación; antes de los veinte años ya había conquistado los principales teatros de ópera del mundo, cantó en Alla Scala de Milán en 1862. Compositora y pianista, publicó un volumen con 15 canciones suyas. Murió en Mazatlán y sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres (sic). Los dos protagónicos estuvieron soberbios en sus actuaciones y en su canto: Jéssica Loaiza y Armando Piña. Hay que destacar que en este montaje se utilizó solamente talento sinaloense, “no necesitamos que nos manden cantantes del INBA, nosotros tenemos mejores”: De 18 solistas se compone esta obra además de coro, ballet y coro infantil. Un esfuerzo titánico. El resultado: nada malo. Se nota en seguida que la obra no fue escrita originalmente en español. A pesar del excelente trabajo del señor

Sobre Ángela Peralta

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

65


Plácido Domingo tercero, algo pasa con las óperas e incluso las canciones cuando se las traduce, las notas y las sílabas ya no casan de manera perfecta como en el original. Necesariamente La paloma y el ruiseñor será objeto de

algunas revisiones; contiene escenas que si se eliminan no afectaría en nada al todo y sí agilizara la obra, que está muy larga, poco más de tres horas sin contar intermedios; y otras escenas excelentes, logradísimas, muy emotivas pero que

luego se pierden en un mar de melodías y situaciones totalmente olvidables. El buen nivel obtenido a veces no se conserva. La paloma y el ruiseñor, un logro artístico de muy altos vuelos. O

Teatro “Obra Reunida de José Revueltas” ESTELA LEÑERO FRANCO

Cuatro pequeñas grandes ediciones de la NIZA RIVERA

Colección Círculo de Arte

L

as nuevas cuatro ediciones de la colección Círculo de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), son el mejor ejemplo de que lo mejor no siempre viene en empaque grande. Se trata de libros de pequeño formato que, a diferencia de sus predecesores que solían ser antologías de un artista, ahora se enfocan en una temática. En esta ocasión presenta a destacados pintores y fotógrafos mexicanos: Francisco Toledo y Joy Laville, Rafael Doniz y Marco Antonio Cruz, cuyos ejemplares de bolsillo ya se encuentran en las librerías Educal en todo el país a un costo de 120 pesos cada uno. El fotógrafo Pablo Ortiz Monasterio, quien coordina la edición con Corinna Koch, dijo a Proceso sobre al trabajo: “Después de que hice el volumen de los 10 años de Manuel Álvarez Bravo (Una tarde de 1989), y Los pájaros sobre Graciela Iturbide, me invitaron a seguir con el proyecto de estos libros. Lo novedoso es que respetando su esencia –el formato pequeño, la pasta dura y las sesenta y cuatro páginas rigurosas–, pensamos en que su temática no fuera de antología de un artista, sino sobre un tema de su obra.” De ahí que en el caso de Toledo aborde la temática de la pornografía; en el de Laville juegue con los paisajes y los tonos azules de su pintura; el de Rafael Doníz contemple su trabajo de hace 40 años sobre el pueblo cora de Nayarit, y el de Marco Antonio Cruz se incline a la fotografía popular mexicana. –¿Cómo fue la selección de estos artistas, cuál fue la regla? –La idea es que sea una colección que permita desde el arte popular hasta la arquitectura, la pintura, pero sin tener un área estricta. El de Laville, por ejemplo, era un proyecto que ya se venía trabajando, y cuando llegué lo retomé e hicimos esta versión, quisimos comenzar con los artistas clásicos vivos, y ahí está Toledo, cuya obra es tan prolífica, y Laville y dos fotógrafos súper consolidados en nuestro país con

66

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

una trayectoria muy larga. Quisimos iniciar con ellos para después tocar otras perspectivas y nuevas generaciones. –¿Hubo algún punto de partida para seleccionar el tema? –Hay varios factores, es interesante que pudiera ser inédito, como es el caso de Marco Antonio Cruz, con quien también he trabajado en varios proyectos, y en esta ocasión presenta fotos que ha venido haciendo a lo largo de su vida y muchas de ellas inéditas, eso sin duda es importante. Otro de los factores es que el formato es pequeño y no cualquier obra funciona bien, tienen que ser piezas legibles, novedosas, con un cierto impacto, como lo de Toledo, que es bestial. “Esto es producto de un trabajo de los noventas de Toledo, de recortes de revistas por-

nografías danesas que intervino con mucho humor, porque de alguna forma nos invita, nos obliga a mirar aquello no desde un punto de vista político, sino como algo que existe, que es masivo, y con el que se puede ampliar la tolerancia y las libertades. Cabe destacar que a cada pequeño y bien facturado libro lo acompaña un texto de presentación por especialistas: el crítico Naief Yehya con “Un porno bestiario del maestro Francisco Toledo”; el poeta Alberto Blanco con “Una promesa de felicidad” en el caso de Laville; “Apropiación. Impresiones al vuelo sobre la obra de Marco Antonio Cruz”, de Guillermo Fadanelli; y Fernando Benítez con “Los coras náayarite”. Con excepción de este último, el resto son inéditos. Expuso Ortiz Monasterio: “La idea es que los presentadores sean novelistas, críticos de arte, poetas, también en eso encontrar nuevas voces y no las de siempre, y ahí vamos en la búsqueda.” Y explicó que a diferencia de otras ediciones en las que ha trabajado en gran formato, con mucha calidad y caros para el público, estos volúmenes acercan a la gente a adquirir algo de bajo costo, que no hace ninguna editorial, e igualmente de gran calidad. “Me tiene muy entusiasmado con la colección, se acerca a mi corazón, me gusta, me parece pertinente y me parece que es algo que ninguna otra editorial está haciendo, es como llenar huecos. Y más una colección como ésta que tiene más de doscientos títulos en su haber.” Informó que para 2015 se contemplan ocho libros con artistas nuevos: “Por ejemplo, de pintores populares de la sierra de Guerrero, ese lugar que está en llamas y que se va propagando poco a poco por el país, son unos pintores de varias generaciones. Queremos que al final de tres, cuatro años, exista un conjunto de treinta a cuarenta libros que hablen de la riqueza y diversidad de la producción plástica en México.” O


C U LT U R A

E

n la conmemoración del centenario del natalicio de José Revueltas (1914-1976) se han llevado a cabo diferentes reconocimientos y publicaciones; entre ellas se editaron siete tomos de su obra, donde se incluyen sus novelas y ensayos más conocidos, así como obras de teatro, guiones para cine, crónicas y una autobiografía. En el cuarto tomo, los compiladores, Andrea Revueltas y Philippe Cherón, recogen su obra de teatro más conocida, El cuadrante de la soledad, así como Israel, editada por la Sociedad General de Escritores de México hace muchos años, y dos inéditas: Nos esperan en abril y Pico Pérez en la hoguera (cuyo nombre original era Pito Pérez en la hoguera, pero que los herederos de José Rubén Romero, creador del personaje, no autorizaron su uso). José Revueltas, cuyo nombre completo era José Maximiliano Sánchez Revueltas, conserva en sus obras de teatro su posición combativa y de denuncia –al igual que toda su obra literaria–, mostrando a los desheredados del país, sus conflictos y sus luchas por sobrevivir y reclamar sus derechos. Como comenta Ignacio Hernández, encargado del prólogo de las obras de teatro en este tomo, El cuadrante de la soledad, con sus prostitutas callejeras, el café de chinos, el hotel de paso y el gimnasio, fue un antecedente fundamental para obras como El aria de la locura de Ignacio Retes, Los signos del zodiaco de Sergio Magaña y Olímpica de Héctor Azar, entre muchas otras, donde fragmentos de ciudad se trasladan al escenario para reproducir la vida cotidiana. Recuérdese también la obra de Vicente Leñero Nadie sabe nada, censurada en 1988, donde llevó al extremo la propuesta de escenarios y escenas simultáneas.

respecto de que no pudieron localizar el original de El cuadrante de la soledad y que a la obra le faltan algunas escenas, pero que ella recuerda los parlamentos finales que reflejan el espíritu del autor: Parches: ¿Ya amaneció? Piedad: No. Las puertas están cerradas. Y detrás de las puertas los hombres están muertos. Revueltas y su teatro No hay refugio ni abrigo. No amanecerá nunca. -----------------------------El cuadrante de la soledad Apostillas.- Recuerdo la fue puesta en escena por Iganécdota que mi padre contanacio Retes en 1950, con la ba respecto a su breve relación que hizo su debut como direcprofesional que tuvo con José tor profesional con la CompaRevueltas, cuando éste hizo ñía Mexicana de Comedia en la adaptación cinematográfica el Teatro Arbeu. José Revuelde su novela Los albañiles, sin tas formó parte de la compañía antes resaltar del autor su valor de teatro fundada por Retes literario, su espíritu crítico ante La linterna mágica y con él se la izquierda y el sistema polítiinició en el teatro. El cuadrante co y social en México y lo injusde la soledad tuvo una inusitatamente que fue tratada su gran da temporada de cien funcioobra Los errores. nes por su éxito rotundo. En Cuenta que Rubén Broido, ella mostraba la corrupción, la productor cinematográfico, promiseria material y espiritual que puso a Revueltas para la adapviven los personajes en un batación y él aceptó encantado rrio mexicano cualquiera. Entre por la admiración que le tenía. las actrices se encontraban su Broido hizo un contrato leonino hermana Rosaura Revueltas, con él, donde la única ventaja Silvia Pinal, Prudencia Grifell era el previo visto bueno de su y José Solé, entre otros. José parte para la adaptación. José Revueltas invitó a Diego RiveRevueltas le habló por teléfono ra a diseñar la escenografía y fascinado y le comentó que ya el resultado fue espectacular. A había escrito el guión y que espesar de que el autor y el directaría muy contento porque, él sí tor se quejaron profundamen(dado que en la novela nunca se te de las dificultades técnicas sabe quién es el asesino de don que contenía la propuesta de Jesús, ya que todos tienen sus Rivera por su total desconocirazones para matarlo), él sí sabía miento escénico, otros críticos quién era el asesino y que por de teatro como Armando de eso su guión develaba finalmenMaría y Campos la elogiaron te que el culpable había sido definitivamente. Sergio García, el plomero de la Israel fue estrenada en 1948 construcción. en el teatro del Sindicato MexiMi padre, escandalizado, cano de Electricistas dirigida no aceptó tal resolución a pepor Retes y Pico Pérez en la sar de que admiró, dice, en el hoguera la dirigió Ignacio Herguión de Revueltas, el trazo de nández en 1975 en el Teatro don Jesús y su propuesta de Orientación. desdoblamientos de personaObra Reunida de José Rejes. Así que en 1966 no se filmó vueltas (1914-1976) es editada la película y fue hasta que en por el Conaculta y Editorial Era, 1975 él y Jorge Fons hicieron con la colaboración de varias la adaptación cinematográfica instituciones del estado de protagonizada por Ignacio LóCoahuila. En el anexo del tomo pez Tarso. IV, comenta Rosaura Revueltas

El libro que se publicó en 1983 del guion cinematográfico de Revueltas a la novela Los albañiles, que conozco gracias a Víctor Ugalde, fue publicado por Premiá, la red de Jonás, y no está contenido en la Obra Reunida que ahora se edita. O

Cine “Navajazo” JAVIER BETANCOURT

A

poyado en su formación de sociólogo, Ricardo Silva califica su largometraje como una “etnoficción”, neologismo necesario para designar este tipo de documental donde los entrevistados se interpretan a sí mismos. Situaciones ficticias que, no obstante, ilustran la realidad de los sujetos de manera más natural que las entrevistas convencionales. Navajazo (MéxicoFrancia; 2013), la herida que no cierra, en palabras del realizador, obliga a sentir el dolor y el ímpetu vital de una serie de personajes de la sociedad postapocalíptica de Tijuana (otra Tijuana en la ficción). Ganadora del Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, Navajazo reúne una serie de personajes, que nombrados resuenan como lotería de la feria más insólita que pueda imaginarse. El Muerto de Tijuana, músico satánico, un director de películas pornográficas, o el Alacrán, actor de video-home, pareja de junkies en la canalización del río Tijuana, coleccionista de juguetes, prostitutas, migrantes de acá para allá y de allá para acá, entre otros. Todos tienen en común dos temas, que son reales, y que luchan por sobrevivir en condiciones extremas. En el fondo, dentro de este grupo de personajes, realidad y sobrevivencia vienen a significar lo mismo; la dramatización de sí mismos, inventarse una situación y representarla, funciona gracias a esta identidad entre ser y mostrarse. Actuar

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

67


“Etnoficción”

bajo una máscara inventada es lo que cada uno hace a diario; Ricardo Silva y su coguionista intuyeron la poesía que emanaba de cada representación. No cabrá duda que se trata de una explotación del narcisismo de estos sujetos, pero sólo el respeto por parte del director y su frontalidad (golpes, sexo explícito, lenguaje directo) permite que florezcan ante la cámara. Los roles estaban ahí, flotando en el río de desechos que la frontera entre México y Estados Unidos produce, con su explotación de seres humanos, su consumo de drogas y sus narcos; alguien tenía que ponerse el traje del Muerto de Tijuana y rescatarlo para la poesía urbana, y ponerlo a actuar más allá del bien y del mal. Había que inventarle un sentido al sin sentido, como el coleccionista que construye una casa con monos y muñecos de deshecho, o el pornógrafo que intenta hacer pornografía con amor. A diferencia de otros directores que emplean actores no profesionales para manipular la realidad de manera artificial (el modelo lo estableció De Sica con su Ladrón de bicicletas), la propuesta de Navajazo le permite a cada quien que manipule su propia realidad sin enajenarla. Claro, la secuencia de esta película tendría que ser otra “etnoficción” que explorara cómo el haber tomado conciencia de su propio juego impactaría el estado de cada personaje. Una consecuencia, supongo, sería que el haber actuado aquí refuerza el mito de cada uno, o en otros casos pudo haberlo destruido; pero no cabe duda de que la herida seguirá sangrando.

68

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Al igual que Narco Cultura, el documental de Shaul Schwarz, Navajazo confronta la mirada hacia una realidad fascinante, por dolorosa que sea, que se extiende de la frontera hacia el corazón, como los inter títulos que estampa Ricardo Silva en su producto y que describen el proceso terminal del cáncer. O

Televisión Sistema público de radiodifusión del Estado FLORENCE TOUSSAINT

E

n vista del arribo de la televisión digital terrestre y del apagón analógico, el gobierno de Calderón estableció el Organismo Público de Medios Audiovisuales (OPMA), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), con el objetivo de preparación técnica como en materia de realizaciones para darle cabida a una nueva señal pública bajo control del gobierno. En esos años se puso al aire el Canal 30 y se le reservaron 16 canales adicionales repartidos en la República. A partir de las reformas a la Constitución en 2013 y sus reglamentos en 2014, apareció el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), nombre largo y repetitivo. Si es público tiene que ser del Estado, al parecer los burócratas de la SG no son muy avispados en el uso del lenguaje. Surge así al conjuro del bautizo a la nueva

cadena estatal prometida en la legislación. El próximo año se dará a conocer a los ganadores de la licitación para dar paso a dos más, éstas a cargo de los industriales. En el tiempo que duró OPMA, se produjeron series de temática cultural, algunas recogían tradiciones populares de las regiones, de los estados de la República y otras estaban destinadas a reflejar lo sucedido en la capital o las grandes ciudades. Una pequeña parte promovía el turismo. Se produjeron también ficciones orientadas al propósito de aludir a hechos de la historia de México. El propio Canal 30 es cabeza de la cadena y está estableciendo sus repetidoras por todo el país. Éste tenía y tiene una audiencia reducida a los aún escasos receptores capaces de captar la señal digital. Se supone que tal posibilidad se ampliará en el momento del apagón analógico en 2015, si es que la fecha no se modifica una vez más. Las producciones actuales manifestadas en la página web son 40. De entre ellas sobresalen algunas que vimos ya en años pasados en

TVUNAM, en Canal Once y también en Canal 22. Por ejemplo Los Gastronautas, una ficción de asuntos gastronómicos y turísticos que reseñamos aquí. También Maestros olvidados, acerca de oficios que han caído en desuso por las transformaciones en la producción de artículos. Otra realizada en 2013 que se titula Coleccionista, al aire en estas semanas. Constituye un thriller cuyos misterios a develar resultan ser historias sobre la revolución de 1910, acerca de personajes inventados y de situaciones no siempre verídicas. Su estructura es de una serie con tres protagonistas: un anciano dueño de una tienda de antigüedades, un joven que se dedica a buscar en internet las características de las piezas que se pondrán a la venta, y una joven restauradora, Clío, quien se dedica a adquirir muebles, adornos, libros y los reacondiciona para revenderlos. La serie muestra en su entretela datos curiosos, relatos poco conocidos y descripciones de objetos valiosos. Resulta divertida aunque los diálogos no están muy pulidos y eso le resta verosimilitud a la relación de los personajes. O


LI B R O S

Censura de

Planeta

en España

Portada de la edición que no circu

Un libro, 11 de cuyas 800 páginas fueron consideradas irreverentes por Crítica/Planeta de España, obligaron a su autor, Gregorio Morán, a enviarlo a Ediciones Akal. La parte controvertida objeto de la censura que el autor denuncia a Proceso, se refiere al cuestionamiento demoledor hacia la Real Academia de la Lengua y su exdirector, Víctor García de la Concha, a quien califica de “mediocre”. Asimismo, arremete contra las figuras críticas de la cultura hispana de los sesenta, que se tornaron cada vez más institucionales. ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M

ADRID.- El escritor Gregorio Morán asegura que “los libros son como las armas de fuego: Las carga el diablo”; que cuando se disparan hieren “en su vanidad y honor (que a veces son lo mismo)” a quienes suponían que estaban “blindados frente a los efectos de la letra impresa”. El periodista asturiano, de 67 años, tiene su nueva arma de fuego bajo el brazo, El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los Letrados. Cultura y Política en España 1962-1996, su “libro maldito” que la editorial Crítica del Grupo Planeta se negó a publicar. En el que hace un repaso crítico sobre la relación del mundo de la cultura y la política en España.

1989 1989/ /14 7 DE DICIEMBRE DE 2014

69


70

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

nunca y no tengo edad para cambiar. Permíteme la crueldad del comentario: hace 35 años podíamos echarle un pulso al poder en su más alto grado, ahora tus subalternos se acojonan ante Víctor García de la Concha…” La respuesta de Lara fue escueta: “No es miedo al Sr. Víctor García de la Concha, sino respeto a una persona vinculada a esta casa en muchos proyectos editoriales.” El problema estaba, cita, en sus “malditas once páginas”. El referido capítulo alude a “la pasión académica que le entró a la inteligencia española en las últimas décadas”. La obra nace de una pregunta que perturbaba al autor: “¿Qué fue sucediendo para que los mandarines, las figuras críticas de nuestra cultura de los años sesenta, se fueran haciendo cada vez más conservadoras, hasta convertirse en institucionales?” Responder a esta pregunta, dice Morán, le llevó 10 años de investigación y escritura del libro, y le dedica al menos 100 páginas para hablar de la involución de la comunidad cultural. Lo resume así: “Fueron progres en los sesenta, moderados en los setenta, conservadores en los ochenta y reaccionarios en los noventa.” Indagó durante más de un año pensando que el hilo conductor de su obra sería el filósofo José Ortega y Gasset, pero lo descartó. Y optó porque el eje de su libro fuera la figura de Jesús Aguirre, un exsacerdote que fue protagonista en los

momentos culturales y políticos más importantes de España. Este personaje de contrastes y matices, según lo explica en entrevista, “tenía una capacidad de fascinación infinita”. Lo describe: “Jesús Aguirre no era jesuita, era un cura de aldea. Llegó a la dirección general de Taurus por ser el confesor de la señora de Urquijo, entonces la familia dueña del sello, fue miembro de la RAE y se casó con la duquesa de Alba.” Morán relata: “Me llamaba la atención que todos me hablaban mal del personaje, pero que no hubiera acontecimiento desde 1962 en el cual Aguirre no estuviera presente: Desde las huelgas mineras de Asturias en el 62; en el contubernio de Münich contra el franquismo; encabezó la única misa que se celebró a Julián Grimau en la iglesia de la ciudad universitaria; formó parte del grupo político de Felipe González, incluso no olvidemos que Felipe era partidario de la lucha armada. Y de eso pasó a ser Duque de Alba, eso es un paso enorme. Desde 1962 a 1996.”

RAE, atada al poder En el capítulo “¡Todos académicos!” narra la travesía de la Academia por el desértico panorama cultural durante la dictadura de Francisco Franco quien, dice, tuvo a la RAE “sujeta y bien atada” con sus presidentes Ramón Menéndez Pidal y Dámaso Alonso, donde había una “mayoría afecta de académicos, casi absoluta”. No es hasta la muerte de Franco y la llegada de la democracia, que la RAE logró incrementar su prestigio cultural al amparo del gobierno de Felipe González, profundizando así sus estrechas relaciones con los poderes públicos y privados. “Con la llegada del PSOE, compraron todo”, dice. Sostiene que “los pactos académicos de familia hicieron a Pedro Laín Entralgo director de la Real a comienzos de diciembre de 1982, siguiendo el espíritu de la victoria socialista de octubre del 82”. Y con esa transición, apunta, “los hijos de los vencedores habían vencido también, tras disculpar, entender, amnistiar, justificar… a sus padres”. En el período de González, Morán sostiene que la RAE “no sólo no se fue soltando de los viejos poderes del Estado y del gobierno, para cuya financiación les era imprescindibles, sino que se ató con mayor vigor a los nuevos”. Esos nuevos poderes son los que se involucraron en el mecenazgo de la Fundación Pro-RAE, como Telefóes.wikipedia.org

El motivo de dicha censura fueron 11 de las 800 páginas que componen la obra, en las que hace un relato demoledor de la Real Academia de la Lengua (RAE), y en particular del papel de uno de sus exdirectores, Víctor García de la Concha –actual director del Instituto Cervantes–, a quien tilda de “aldeano” y “mediocre”. “No me canso de decirlo, la censura no es un tema político sino un asunto económico”, dice en entrevista Morán, que no accedió a la petición de Crítica/Planeta y hoy presenta su libro con otra editorial, Ediciones Akal. Relata que en Planeta su libro estaba listo para impresión, ya había sido corregido, tenían las galeras listas, el índice onomástico y una “portada brillante”. Incluso, ésta llegó a estar en el portal del grupo editorial. Añade: “Sólo faltaba tocar el botón para la impresión. Pienso que, desde que entregué el original, no habían leído el penúltimo capítulo, pero se dieron cuenta del contenido y saltaron las alarmas. Está claro que el motivo de la censura fue que la salida programada del libro coincidía con la publicación (de la edición 23) del diccionario de la RAE, que son 450 mil ejemplares de salida. Y no se atrevieron. “El 16 de septiembre pasado, los responsables editoriales de Crítica/Planeta le comunicaron que o se retiraban las páginas que formaban el penúltimo capítulo –“¡Todos académicos!”– o veían imposible su publicación”, se plantea en el prefacio del libro. Morán afirma que “las grandes empresas editoriales se parecen a los elefantes; sólo son sensibles hacia los que amamantan, no les afectan los tábanos. Les importa un carajo lo que puedan decir; lo importante es la cuenta de resultados, y en este caso era tan evidente la desproporción entre un libro, el mío, y los negocios, múltiples, que el reproche resultaba fuera de lugar”. Fue por ello que escribió una carta a José Manuel Lara, presidente del grupo Planeta, editorial que hace 35 años publicó su primer libro, una biografía muy crítica del presidente Adolfo Suárez a sólo unos meses de haber ganado las elecciones de 1979. “Amigo José Manuel –escribió–. Hace exactamente 35 años nos atrevimos nada menos que a publicar una biografía sobre el presidente Adolfo Suárez… ahora me encuentro con que tus subalternos retienen desde el 13 de noviembre del año pasado un texto –El cura y los mandarines…– que se niegan a publicar, demora tras demora, mientras yo no retire un capítulo de 11 páginas. No lo voy a hacer, entre otras cosas porque no lo hice

García de la Concha. Cuestionado


LI B R O S nica, Endesa, BBVA, Grupo Santander, Prisa y Planeta. Recuerda que para Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez (y toda la generación de la República) consideraba a la Academia “como variantes diversas de los ‘putrefactos’ y ahora resultaba que el mandarinato que se codeaba con el poder y hasta hacía como si lo detentara, se volcaba por entrar en el club de la RAE”, que para ser admitidos llegaban “hasta a la humillación”. Morán evoca una anécdota de Valle-Inclán: “Siempre que pasaba por el edificio de la Academia, orinaba en la fachada por sistema.” En el libro alude a Camilo José Cela, el Premio Nobel y hombre fuerte entre los mandarines de la RAE, que vetó a la filóloga y lexicóloga María Moliner para beneficiar a uno de sus protegidos. Eso impidió que ella se convirtiera en la primera mujer en entrar en la RAE a principios de los años setenta. Cela escribió en 1970 al filólogo Rafael Lapesa, que no quería a Moliner en la RAE: “La ocasión de María Moliner, mejor dicho la ocasión de la primera mujer académica creo que es mejor producirla en tiempos de menos barullo.” Dos años después, Lapesa lo intentó de nuevo, pero Cela, que era el “muñidor principal de la RAE desde que entrara en 1957”, se volvió a oponer: “A María Moliner, no: en ningún caso.” Luego Moliner los rechazó. Después vino la dirección de Víctor García de la Concha, de quien describe su origen en un pueblo asturiano, como “cura” y “responsable de prensa con aires y responsabilidades propias de magistral de la Catedral de Oviedo”, desde donde “trepó” en el abrevadero político y cultural de España. En la entrevista, el autor sostiene que “tipos como Víctor García de la Concha (son) los que sí tienen un verdadero interés por la Academia, porque es lo único que les concede una página de aristocrasismo cultural”. García de la Concha –explica Morán– en apenas cinco años pasará de recién ingresado a la RAE (1992), a convertirse “primero en su secretario y luego en jefe de la banda (1998), un profesional de la cucaña y de las relaciones públicas con el poder, cualquiera que sea”. Sostiene que fue Fernando Lázaro Carreter quien detectó “el talento servicial, adaptable y desvergonzado de ese antiguo curilla”, dice de García de la Concha, a quien califica de “ignorante, taimado y sumiso, pero siempre que no le dieran una oportunidad para desquitarse”.

Morán narra en su libro que en sus currículos García de la Concha sostiene que realizó “estudios de teología y filología en la universidad”, pero “como estudiante fue una completa mediocridad, el estudio y la escritura no eran lo suyo, consiguió a duras penas aprobar Filología gracias a los apuntes de una alumna que aún está esperando que se los devuelva”. Escribe que este “pícaro clerical que había leído apenas y estudiaba muy poco”, arribó a la dirección de la revista Ínsula en su momento de decadencia, pero que era “el puente hacia los hispanistas de todo el mundo y lo departamentos de literatura de sus universidades”, y lo hizo cuando la publicación recibió el patronazgo del Banco de Bilbao-Vizcaya (antecedente del BBVA). El autor le critica unas declaraciones: El 16 de abril de 1978, con los triunfantes Suárez y Martín Villa –ministro de Gobernación en el gobierno de UCD, hoy reclamado por la justicia argentina con orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad por la matanza de obreros del 3 de marzo de 1976, en Vitoria–, García de la Concha “que conmueve como un esperpento: ‘Yo tengo que asegurar que la censura en la posguerra apenas existió, salvo la eclesiástica’”. También advierte que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien cambió los estatutos de la RAE, “y así De la Concha pudo permanecer varios mandatos como director y conseguir el Toisón de Oro del Rey, la mayor distinción que otorga la Corona española”. Incluso, dice, entonces le dio por anular su etapa de “humildísimo seminarista aldeano”, para asegurar que descendía de José Caveda y Nava, un académico de “las tres Reales: Lengua, Historia y Bellas Artes”. Apunta: “Un caballero de la Orden del Toisón de Oro no podía venir de las regalías del marqués de Villaviciosa,su pueblo de origen, en las miserias de un seminarista en Valdediós.”

Max Aub: La cultura del exilio Gregorio Morán precisa que su ensayo no es demoledor con todos los personajes de la cultura española, porque reivindica a algunos como el escritor hispano-mexicano Max Aub, quien se exilió en México como consecuencia de la Guerra Civil y regresó por primera vez a España pasados 30 años de su exilio. “Hay personajes a los que en el libro les rindo auténticos homenajes, me refiero al caso del olvidadísimo Max Aub, le dedico un capítulo como un homenaje que se merece. Hay un momento en que Juan Goytisolo, con quien mantengo una relación cordial, me dijo, ‘qué mal nos porta-

mos nosotros con Max Aub, porque él nos leía a nosotros y nosotros nunca le leíamos a él’.” En la entrevista señala que pese a la dureza del exilio para muchos intelectuales y científicos, “México fue para ellos un paraíso”, como en el caso de Aub, quien encontró trabajo, allí nacieron sus hijas y el país “le dio una cultura popular extraordinaria que lo entronca con la Valencia popular de su adolescencia”: “El trato que dio México al exilio intelectual español fue muy importante, y esto se nota en su vuelta a España, 30 años después, porque ninguno de ellos pensó que el exilio iba a durar y a pesar tanto.” Morán sostiene que su libro “es muy duro con la actitud de la inteligencia española contra la inteligencia española en el exilio, porque nunca se produjo una integración durante la Transición, como lo quisieron hacer ver, eso es falso, es como se quiso vender. “La separación entre el exilio y la España real del franquismo es absoluta. En el capítulo que dedico a Max Aub planteo que los que ganaron la guerra civil dejan sentir ese menoscabo a los escritores del exilio.” El escritor y periodista dice que hubo dos tipos de exiliados españoles en América: “Los que sobreviven al dictador Franco y los que no le sobreviven. Los que sobreviven como Paco Ayala o Jorge Guillén, sienten su regreso como un triunfo. Pero para los que no sobrevivieron al dictador significó una doble derrota, primero la de la guerra civil y luego la muerte en el exilio.” También relata que Aub escribió uno de los libros más maravillosos, que es su cuento genial del hombre que mató a Francisco Franco, el camarero mexicano que se cansa de escuchar a diario a los exiliados españoles hablar del dictador y decide viajar a Madrid para matar a Franco. Pero cuando regresa, los exiliados siguen en lo mismo, algunos reprochando que ellos no lo hubieran matado de esa forma. Morán ofrece en la entrevista con Proceso un descubrimiento suyo: “Las cintas de las conversaciones entre Max y Luis Buñuel –que la editorial granadina Cuadernos de Vigía publicó, Luis Buñuel, novela, que Aub dejó inconclusa a su muerte– que yo vi, porque las conserva su entonces yerno, eran una ‘pantalla’ para que España le concediera el visado, porque la dictadura estuvo fascinada con Buñuel pues su cine tenía una proyección mundial. Sin embargo, la visa le fue negada porque él había tenido una participación en la guerra civil y, aún en México, siguió siendo un fiel seguidor de Juan Negrín, el jefe de gobierno de la Segunda República. O

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

71


Entre sonrisas y parabienes, Miguel Ángel Mancera y el empresario jo incluso que todavía falAlfredo Harp Helú anunciaron la construcción del nuevo estadio de tan por anunciarse “ocho o nueve proyectos más que los Diablos Rojos del México. Pero la obra se va a edificar en la Ciutienen que ver con la Ciudad dad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, lo que significará quitar Deportiva”. Los afectados presagian lo espacio comunal en beneficio de la iniciativa privada. No es la peor. Aseguran que esos proyectos primera vez que ocurre algo así. En lo que va de la presente quedarán en manos de particulares, como ha ocurrido durante el actual goadministración capitalina se han multiplicado las “privatizabierno. Advierten incluso que Televisa ciones” de sitios deportivos. pretende instalar un domo en la CDMM. RAÚL OCHOA

L

news.urban360.com.mx

uego de meses de sistemática reducción de espacios en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca (CDMM), construida para que las clases populares realizaran actividades deportivas, un grupo de usuarios y vecinos de este recinto prepara una serie de plantones y reclamos por la privatización de estas instalaciones fomentada desde el gobierno capitalino. El detonante fue el anuncio del proyecto de construcción de un nuevo estadio exclusivo para el equipo de beisbol Diablos Rojos del México, que costará 60 millones de dólares (900 millones de pesos). El inmueble será edificado en siete hectáreas de la CDMM, lo que dañará 10 canchas de futbol al menos. Además, decenas de árboles y palmeras serán talados. Esto se traducirá en afectaciones a 5 mil jugadores de los 250 equipos que integran las siete ligas afiliadas a la Asociación de Ligas de Futbol de Usuarios de la CDMM.

El terreno elegido por la autoridad capitalina y Harp Helú como el “punto ideal” para fincar el más ambicioso plan deportivo del acaudalado empresario está muy cerca de la Línea 9 del Metro y de la recta final del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, cuya concesión fue otorgada a Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA), que de igual manera impone su ley, pues cada vez que programa un evento artístico o privado cierra las áreas destinadas a la práctica deportiva por días o semanas. El martes 2, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), y Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración de los Diablos Rojos, anunciaron la edificación de la nueva sede del equipo, que contará con tiendas de recuerdos, áreas de alimentos y bebidas, explanada y una zona infantil. El director del Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte), Horacio de la Vega, confirmó ese día una inversión de 200 millones de dólares para la transformación de la CDMM entre 2015 y 2017. Di-

A la izquierda, Harp y Mancera. Devueltos La presentación a México

72

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Así, los usuarios, vecinos y presidentes de las ligas de futbol se dicen engañados por Mancera, a quien responsabilizan de entregar el inmueble para uso y lucro de la clase empresarial, en contra de su objetivo originario. Los agraviados adelantan su abierto rechazo al proyecto. Con los lemas “No a la construcción de un nuevo estadio en Ciudad Deportiva”, “No más construcciones en Ciudad Deportiva” y “No a la privatización de nuestro único pulmón en el oriente de la ciudad”, anuncian que expresarán su malestar con denuncias públicas, marchas, movilizaciones, protestas pacíficas, desplegados en los medios de comunicación, juegos de futbol en calles y avenidas, y cartas al presidente Enrique Peña Nieto. Los inconformes plantean que, al igual que el procurador Jesús Murillo Karam, ellos también se cansaron. Por esta razón realizarán plantones frente al ayuntamiento capitalino y la sede del Indeporte. Anuncian que, de ser necesario, llevarán sus movilizaciones ante la “Casa blanca”, la suntuosa propiedad de Angélica Rivera que dañó la credibilidad e imagen de su esposo, el presidente de la República. De este modo, Manuel Vázquez (presidente de la Liga de Futbol Equipos Unidos), Ricardo Alcaraz (Liga de Futbol Santacruz Aviación y presidente de las Ligas de Futbol de Usuarios de la Magdalena Mixhuca), Juventino Ortiz Vázquez (responsable de la Liga Guadalupe Victoria), Zenón Rodríguez Flores (titular de la Liga Coalición y Agrupación de Taxistas), Manuel Yáñez Sánchez (presidente de la Liga de Futbol Chivas Álamos) y Lorenzo Pérez Jardón (quien encabeza la Liga de Futbol Adeci), vecinos, usuarios y deportistas en general de la Ciudad Deportiva piden al mandatario federal su “inmediata intervención” para evitar la construcción del estadio. En entrevista, los quejosos explican que ya escribieron una misiva al gobierno federal. Esperan que su mensaje logre el mismo efecto que el girado en agosto de 1996 al entonces presidente Ernesto Zedillo para impedir que el club Cruz Azul construyera su estadio en la Ciudad Deportiva.


D E PORT E S /ADM I NI S TRA C IÓ N Eduardo Miranda

Siete hectáreas menos

Un pedazo

menos

a la Ciudad Deportiva de la Mixhuca “El inmueble no se hizo por la presión que ejercimos”, refiere Juventino Ortiz. Paralelamente, los inconformes advierten que, si no se frena el proyecto, “se perderán miles de árboles”. Al respecto, recuerdan que apenas el miércoles 10 Peña Nieto anunció 10 millones de dólares para el Fondo Verde y 20 millones de dólares al Fondo para el Medio Ambiente Mundial durante la XX Cumbre sobre el Cambio Climático convocada por la ONU en Lima, Perú. Ahí, los presidentes de la Alianza del Pacífico –integrada por Perú, Colombia, Chile y México– firmaron una declaración de apoyo a los esfuerzos de la ONU para afrontar los retos que impone el calentamiento global. “No queremos ni pensar lo que dirán sus homólogos si usted permite la destrucción de las áreas verdes de Ciudad Deportiva, porque tal parece que a Miguel Ángel Mancera, sólo le interesa privatizar las instalaciones para beneficio de la clase empresarial y así engrosar sus arcas”, se lee en la carta. Los usuarios afirman que el jefe de Gobierno ha sido omiso e indolente a sus inquietudes planteadas desde noviembre. El Indeporte, responsable de administrar “lo que queda disponible” del inmueble, de

hecho triplicó los precios de las rentas para las canchas de futbol. El 10 de noviembre pasado se publicó en la Gaceta del Distrito Federal una “propuesta de actualización de cuotas” para el uso de las instalaciones y para la celebración de convenios de estacionamiento a tiempo completo –algo que ya fue privatizado el mes pasado: actualmente, la empresa encargada cobra 23 pesos diarios por unidad. En el caso de las canchas de futbol, el Indeporte incrementó los precios de forma considerable: de 107 pesos por cada hora y media, los interesados ahora deberán pagar 325 pesos. Los usuarios acusan que, pese a tratarse de una propuesta, la administración de la CDMM ya les exige pagar las nuevas tarifas. Se han negado a hacerlo, pues no fueron notificados formalmente y los responsables del recinto únicamente les dieron una copia de la Gaceta Oficial referente a dichas sugerencias y un oficio que el subdirector jurídico del Indeporte, Francisco Javier Torres Cisneros, envió al director de Deporte de Alto Rendimiento y actual coordinador de la Ciudad Deportiva, Pedro Martínez Balderas. “Los aumentos son desmedidos. Las

autoridades quedaron de analizar caso por caso y hacer una oferta que nos convenga. Ya empezaron a citarnos y la oferta la hacen con base en el número de horarios contratados. Nos han propuesto que, por cada cinco horarios de canchas con pasto paguemos cuatro. Sin embargo, el acuerdo no está por escrito; todo ha sido de palabra con Yuri Herrera, jefe de la Unidad Departamental de Renta y Control de Espacios”, expone Ricardo Alcaraz. Zenón Rodríguez, otro de los afectados y con más de 30 años dedicado a las ligas en la CDMM, vaticina que, de continuar la privatización, será el fin de Ciudad Deportiva. Alcaraz plantea además que de no obtener respuesta de Enrique Peña Nieto, la comunidad se verá forzada a integrar un Comité Prodefensa de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Por lo pronto, los inconformes disputarán partidos de futbol en las arterias del complejo deportivo y del Indeporte, “como una forma de señalar que nos están mandando a jugar a la calle. Es una injusticia que el GDF siga cediendo la Ciudad Deportiva a personas con poder económico. ¿Dónde quedará la clase más necesitada? Mancera ha olvidado que esta instalación se

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

73


de los Deportes, explicó que las reformas al circuito afectarían una parte del Foro Sol. El GDF concesionó estas instalaciones a la empresa de espectáculos el 28 de marzo de 2003, a pesar de que el recinto fue concebido para el bienestar de la ciudadanía, según se lee en el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El pasado jueves 2, un jubiloso Alfredo Harp agradeció la colaboración del gobierno capitalino: “(Cumplí) otro de los sueños que tenía pendiente en mi vida: construir un estadio para los Diablos Rojos en la Ciudad de México”. En su turno, Horacio de la Vega informó que el inmueble será donado por el empresario, pero no dijo cuándo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular del GDF se adhirió a la causa: “Pareciera que la vocación de la Ciudad de México solamente estaba dirigida al futbol, y aquí se tiene que demostrar que no es así. Con este proyecto se está señalando que también hay una afición muy grande al beisbol”.

logró por mediación del comediante Jesús Martínez, Palillo, para la gente de escasos recursos. Carecemos de dinero suficiente para pagar el acceso a instalaciones de élite, como el gobierno capitalino pretende”. Encima, dice Alcaraz, instalarán campos de beisbol alrededor del estadio. “Pero esas áreas serán exclusivas para las ligas elitistas. Están acabando además con los árboles”.

Anhelos y realidades En octubre de 2005, Proceso (1509) detalló que, en 2004, Harp Helú planteó sin éxito al entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, construir un estadio de beisbol profesional, un campo semiprofesional y otro amateur en Ciudad Universitaria. Propuso edificarlo en el predio ubicado en avenida del Imán y la calle Delfín Madrigal, cerca de la estación Universidad del Metro. “Ya tenemos el anteproyecto, que salió en la Gaceta de la UNAM. El proyecto lo está haciendo la empresa HOK con puros arquitectos mexicanos que son socios de esa firma de Estados Unidos, especialistas en estadios Triple A, de Ligas Mayores y otros deportes. Será el estadio más bonito y moderno para un equipo de la liga mexicana; no tendrá acabados de lujo, pero estará al mismo nivel de cualquiera de Triple A”, dijo entonces Harp Helú. El inmueble sería construido y donado por la Fundación Harp Helú. En agosto pasado, los Diablos Rojos se quedaron sin sede (el Foro Sol, de la Ciudad Deportiva), después de que se anunciara la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez por el inminente regreso al país de la Fórmula Uno, el próximo año. Ocesa, la empresa encargada del autódromo, el Foro Sol e incluso el Palacio Miguel Dimayuga

La puntilla ambiental

De la Vega. “Regalar” ajeno

74

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

El 10 de junio pasado, el gobierno capitalino retiró a la CDMM la categoría de “Bosque urbano” y la cambió por la de “Área de valor ambiental”. A la par, De la Vega anunció el plan con el que se pretende modernizar dicho recinto a partir de este año, que incluye la edificación de una sala de armas, canchas y la pista de karts. El pasado 16 de junio, El Financiero publicó que activistas de la Ciudad Deportiva ven con desconfianza el anuncio del GDF sobre la desclasificación de esa área verde, ya que “aseguran que en los últimos años ha presentado un deterioro ocasionado presuntamente por las propias autoridades para justificar la entrada de la iniciativa privada”. El representante de la asociación civil Ecoactivistas, Elías García, expresó que “eso no es de gobiernos ambientalistas. Qué importa si hay uno o 100 árboles. Se debe procurar que sigan existiendo así”. También asentó que los afectados ya comenzaron a repartir volantes para informar a los usuarios sobre el anuncio gubernamental. El lunes 8, Proceso solicitó al área de Comunicación Social del GDF una entrevista con el director del Indeporte. El exatleta rechazó la petición al argumentar que tenía su agenda “demasiada saturada”, mientras la gerencia de medios de los Diablos Rojos del México dejó abierta la posibilidad de calendarizar “en los próximos días” una charla con Harp Helú, ya que se encontraba en estos momentos en San Diego, California. O

BEATRIZ PEREYRA

A

10 meses de que en Ciudad Universitaria fuera inaugurado el Complejo Deportivo bautizado “Alfredo Harp Helú”, el empresario mexicano, uno de los hombres más ricos de México, no ha aportado un solo peso para el mantenimiento, operación o ampliación de este centro, que fue construido con recursos públicos proporcionados por la UNAM y por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El recinto, cuya primera etapa fue edificada sobre 43 mil metros cuadrados de un terreno que en total mide 120 mil, se erigió en un espacio que hasta hace poco formaba parte de la reserva territorial de Ciudad Universitaria, en la zona suroriente, donde en 2005 el entonces rector, Juan Ramón de la Fuente, y el propio Harp Helú proyectaron construir un estadio de beisbol que fuera la casa de los Diablos Rojos del México, equipo profesional del cual Harp es dueño. Sin embargo, como De la Fuente no consultó a la comunidad universitaria se generó un clima de animadversión. Los universitarios se enteraron en la Gaceta de la UNAM que el proyecto ya había sido aprobado sin realizar los estudios correspondientes de impacto ambiental ni del tráfico que generaría la edificación de un estadio para 13 mil personas. El rector tampoco priorizó otras necesidades académicas ni se consideró que esa reserva territorial –localizada en avenida del Imán y Delfín Madrigal– protege una reserva ecológica. La obra fue cancelada. (Proceso 1513). Años después, el rector José Narro Robles determinó que ese terreno se utilizara para construir instalaciones deportivas. Le pidió a Severino Rubio, director general de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR), que presentara un proyecto que les permitiera buscar recursos económicos. Con el diseño en mano, lograron que la Cámara de Diputados, a través del programa Infraestructura Deportiva de la Conade les diera 15 millones de pesos para ejercer en 2012. La UNAM aportó otros 24 millones de pesos. Con ese dinero se construyó un andador-trotapista y un área de canchas deportivas al aire libre: cuatro multifuncionales que sirven para basquetbol, volibol, handball y bádminton, así como una para futbol 7 y una de soccer, ambas de pasto sintético. También se estableció un edificio administrativo, baños, vestidores (sin regaderas), una subestación eléctrica, caseta de vigilancia y un estacionamiento para alrededor de 250 vehículos. En entrevista, Rubio reconoce que no hay fecha para ejecutar la segunda etapa


DEP ORTES /ADM I NI S TRA C IÓ N

El regalo

de la UNAM a Harp Helú del proyecto –que consiste en un gimnasio de usos múltiples con duela– y mucho menos para la tercera, debido a que la UNAM no tiene dinero. Añade que ya solicitó a la Cámara de Diputados otros 15 millones de pesos. Si se los otorgan para 2015, la Universidad tendrá que aportar 35 millones más para completar los 50 millones que cuesta el gimnasio, donde se tiene contemplado que se impartan clases de gimnasia, judo y taekwondo, entre otras disciplinas. Aclara además que en tanto no cuente con un sistema para tratar el agua, no habrá regaderas en los baños, puesto que existe el compromiso de no utilizar agua potable en esas instalaciones. “Confiamos en que nos puedan asignar algún recurso, pero lo veo muy complicado dada la situación de la economía nacional”, asienta Rubio. –¿Qué le ha dado Alfredo Harp a la UNAM como para merecer que una instalación deportiva lleve su nombre? –se le pregunta. –Aporta al sistema de becas académicas de la UNAM. No se qué cantidad. No tengo cifras ni datos. Son becas que van de 600 a mil pesos mensuales por aprovechamiento académico. Salen de los fondos de beca de diversas aportaciones que la UNAM gestiona. En junio pasado, con base en datos de la solicitud de transparencia número F9840 hecha a la UNAM, la revista Contralínea pu-

La Universidad Nacional Autónoma de México consiguió dinero público para construir un complejo deportivo y lo bautizó “Alfredo Harp Helú”, en homenaje a uno de los empresarios más ricos de México –beneficiado por el Fobaproa y quien supuestamente evadió el pago de más de 35 mil millones de pesos en impuestos. Pero la UNAM no obtuvo nada por esa deferencia: a los responsables universitarios les pareció de mal gusto pedirle al multimillonario que, mediante donaciones, retribuyera la atención… blicó una investigación en la que incluyó la lista de donaciones de Alfredo Harp Helú o de la Fundación Alfredo Harp Helú a la Universidad. “La institución informa que ‘en 2013 se recibió un donativo en especie de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C., consistente en 25 teclados Bluetooth Samsung y 25 Samsung Galaxy Tab, con valor total de 169 mil 109 pesos’”. Eso es todo. Rubio afirma: “Yo creo que, con el tiempo, va a haber una relación natural con la fundación de Harp Helú. La expectativa es que sea para el desarrollo del deporte en la UNAM. Cuando le hicimos la invitación para saber si aceptaba que la instalación llevara su nombre, él aceptó. Se le consultó si quería que se le pusiera su nombre”. –¿Al aceptar adquirió un compromiso? –se le inquiere. –Pues debería haber algo implícito con una persona como él, que esté al tanto de

que la instalación que lleva su nombre sea digna y sirva bien a la comunidad. Cuando consulté con el secretario de Servicios a la Comunidad (Enrique Balp) la propuesta de ponerle al complejo el nombre de Harp Helú, me dijo que no anduviera yendo a pedir (dinero) porque se vería muy mal. Me vería muy oficioso diciéndole (a Harp) que para la segunda etapa se necesita dinero. “La fundación tiene una vocación muy clara de apoyar educación, salud, cultura y deporte. Bueno, creo que está abierta la posibilidad. He entendido que hay que tocar puertas porque nadie va a venir a darnos. Así lo hemos hecho con Puma, con Nike, ahora. Hay una normatividad muy clara en Patrimonio Universitario para pedir donativos y dar recibos deducibles de impuestos. Estamos gestionando con la Fundación Telmex y también con Santander, que ya da becas académicas. Los recursos hacen mu1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

75


DE P ORT E S /ADMINISTRA CI ÓN cha falta. El deporte no puede funcionar en la UNAM sólo con el presupuesto asignado. –¿Está diciendo que Alfredo Harp o su fundación nunca han dado recursos para el deporte universitario? –No, ni hemos pedido. Le decía que con Santander estamos gestionando unas becas para nuestros alumnos que ganaron medallas en la Universiada. Ya vimos que a los 50 atletas que becamos con mil pesos mensuales, que se les ayuda con algo esencial para el camión o alimentos, sí dieron resultados. Hemos tratado de dignificar nuestras instalaciones arreglándolas un poco, comprar el equipamiento mínimo que necesitan los atletas, sus uniformes. Eso ha repercutido. No tenemos para más. Hace cuatro años éramos el lugar 12, luego el nueve. Este 2014 terminamos en tercer lugar, detrás del Tec y de la UANL.

La expectativa y la realidad

Octavio Gómez

La reportera acompañó a un estudiante universitario que pretendía inscribirse para hacer uso de las instalaciones. La persona encargada del área administrativa le dijo que, por el momento, solamente los equipos representativos de nivel bachillerato pueden hacer uso de las canchas de basquetbol, mientras que las de futbol las usan los niños y jóvenes que integran los distintos equipos de los llamados Pumitas. El alumno preguntó cuándo estará abierto a la comunidad universitaria en general, es decir, a estudiantes como él que no forman parte de ningún equipo competitivo. El empleado universitario le dijo que “es posible” que en enero o febrero se abra un grupo del programa Puma Fit, es decir, de acondicionamiento físico general. Lo invitó a dejar sus datos para avisarle si arrancará el proyecto o no. En caso positivo deberá acudir a la DGADyR a pa-

Narro. Proyecto cojo

76

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

gar 250 pesos que le darán derecho a tomar dos clases de una hora a la semana. Los padres de familia de los deportistas que hacen uso de este complejo ven desde el estacionamiento, detrás de una reja, entrenar a sus hijos. Cuando se les pregunta acerca del servicio son más que optimistas. Aseguran que en muy poco tiempo el lugar será ampliado, habrá un gran gimnasio y una alberca olímpica. “No tarda en crecer. Ya tienen el dinero para hacerlo porque se los va a dar el señor Harp”, afirma el papá de una basquetbolista. Cuando se les pregunta quién les proporcionó esa información, no tardan en contestar que “eso todo mundo lo sabe”: “¿Por qué cree que el deportivo se llama Alfredo Harp? Ahí está la placa que dice que él ha ayudado mucho al deporte de la Universidad”, suelta otro de los padres. En la chapa, que fue develada el 6 de febrero de este año por Narro Robles y por Harp, se lee que el deportivo se inauguró “para promover la activación física y dar servicio a los estudiantes de la UNAM en honor a un destacado universitario que se ha caracterizado por su apoyo al deporte en México y a la Universidad Nacional, de la que es un egresado distinguido”. –¿Quién decidió ponerle el nombre de Alfredo Harp a la instalación deportiva? –se le pregunta a Rubio. –En un primer momento, en un Comité Técnico se estaba identificando quiénes han sido los 10 mejores jugadores de futbol americano para elegir de ahí el nombre, pero fue un problema enorme que nos rebasó. Aparecían detractores que llegaban a contar la historia triste y desafortunada de algunos de los jugadores. No se pudo llegar a un acuerdo. Determiné que no llevaría el nombre de ningún jugador. La UNAM ha tenido atletas destacados, pero siempre aparece quien dice: “Es que tú no sabes que éste hizo esto o lo otro”. Pensé en Harp porque es un egresado de calidad, por su trayectoria, está metido en el deporte y sí, debo decir, también con la expectativa de establecer una relación con la fundación para el desarrollo futuro de este deportivo. Espero que algún día tengamos ese apoyo. Si no se puede, ni modo. –Si hubo muchas voces que cuestionaron a los deportistas, me llama la atención que nadie en la UNAM haya cuestionado a Harp, quien, por ejemplo, dejó de pagar 3 mil 500 millones de dólares de impuestos por la venta de Banamex a Citigroup… –Si hubiéramos hecho una consulta sí se nos hubiera complicado. El Consejo Asesor de la DGADyR lo aceptó por unanimidad. Lo demás fue administrativamente sencillo. El día de la inauguración Harp Helú declaró: “Me siento honrado de que mi nombre sea inscrito en un complejo deportivo y agradezco la distinción que se me otorga. Llevo a la Universidad grabada dentro de mí”.

Contralínea publicó en su sitio en internet las palabras que el rector pronunció ese día: “Hoy, este complejo deportivo lleva su nombre, pero podría ser una biblioteca, una sala de cultura, un edificio de aulas; podrían ser muchas cosas, porque son muchas las áreas donde Alfredo Harp, su convicción y su fundación lo han llevado a apoyar a nuestro país’, dijo Narro Robles sobre uno de los mayores beneficiados por el rescate bancario llevado a cabo por el gobierno de Ernesto Zedillo: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fobaproa. “En aquella ocasión, la cantidad involucrada fue de 60 mil millones de pesos, la cual fue transformada en deuda pública. Una vez saneado el entonces Grupo Financiero Banamex-Accival, en 2001, sus dueños –Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y Alejandro Betancourt– decidieron venderlo, en 2002, a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares, en una transacción en la que se ahorraron un pago de impuestos estimado en 3.5 mil millones de dólares, unos 35 mil millones de pesos. En ese entonces, Gabriel Reyes, exprocurador fiscal de la Federación, consideró que la operación había causado el mayor quebranto fiscal en la historia del país, ‘al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares’.” Actualmente, la DGADyR ha establecido convenios de colaboración con seis marcas que aportan ayuda en especie para los deportistas universitarios: AyM Sport (transmisión de juegos de futbol americano de la liga mayor y categoría intermedia), GNC (suplementos alimenticios para deportistas de halterofilia que participan en la olimpiada y universiada nacional), Ciel y Powerade (hidratación, accesorios e implementos para actividades deportivas y recreativas), NewEra (pago de regalías por la venta de productos. No se precisó la cifra), Nike (donación de ropa deportiva para los equipos representativos) y el restaurante Papa John’s (becas deportivas a través de la recaudación de fondos en la venta y comercialización de pizzas dentro de las instalaciones deportivas universitarias). Finalmente, Severino Rubio adelantó que la UNAM también participará en el relanzamiento del beisbol en la Ciudad de México, proyecto encabezado por la administración de Miguel Mancera y Harp Helú para construir el nuevo estadio de los Diablos Rojos y rehabilitar campos en distintas delegaciones. El proyecto costará más de 200 millones de dólares. “El rector nos auxilió para transformar nuestro campo de beisbol en un parque que tendrá las medidas oficiales, con dugout, vestidores, tribunas para 400 personas. Va a estar listo para poder participar con un equipo de la selección de la UNAM en un torneo juvenil o de la Liga Mexicana de Beisbol con un equipo amateur.”


Más en torno al “boicot electoral” De Martí Batres Guadarrama Señor director:

L

e ruego incluir en la sección Palabra de Lector las siguientes líneas en relación con lo publicado en Proceso 1988. Señor Javier Sicilia: Usted menciona un par de atrocidades cometidas por el PRD. Pero se queda corto. Le faltó mencionar que el PRD votó en el Senado a favor de la reforma indígena de Fernández de Cevallos; que sus dirigentes transaron con el Trife para quedarse con el partido; que llevaron a los represores Aguirre y Moreno Valle a las gubernaturas de Guerrero y Puebla; que reconocieron a los espurios Calderón y Peña Nieto; que recientemente votaron en el Congreso a favor de las reformas fiscal, educativa, política, financiera y de telecomunicaciones; que se han autoasignado bonos millonarios en los Congresos. En fin, pues por lo que usted dice, por lo que aquí menciono y mucho más, es que nosotros renunciamos al PRD. ¿Por qué reconoce el gesto de la renuncia del ingeniero Cárdenas, como yo también lo hago, y no el nuestro? Sí. Cierto. La cuestión es de estructura, no de personas. Pero en su discurso no aparece ningún cuestionamiento al tema estructural más relevante: la entrega del petróleo, de los recursos naturales y de los bienes de la nación a particulares nacionales y, sobre todo, extranjeros. ¿Cómo quiere entonces terminar con la violencia si no se plantea acabar con las causas que la generan? ¿Cómo se puede terminar con el extendido crimen si se mantiene la misma política económica que destruye empleos y empresas y provoca el crecimiento de la economía del narcotráfico? ¿Dejando de votar? ¡No! ¡Votando por una alternativa que cambie radicalmente la política económica! Por eso hay que votar, y por eso hay que hacerlo por Morena. Veo una contradicción constante en su planteamiento: Llama a no votar, pero propone convocar a un Constituyente. ¿Y cómo se conforma un Constituyente si no es con diputados votados por el pueblo? Veo dos equivocaciones en su discurso: Ideológicamente usted nos dibuja una utopía autoritaria, una sociedad sin partidos; políticamente, enfoca sus energías a combatir la única opción partidaria independiente del gobierno y opositora al dogma neoliberal. ¿Por qué se aferra en denostar a la fuerza política con la que más coinciden sus propias propuestas?

78

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Casi para terminar, le pido amablemente que no desespere y no caiga en el recurso de la mentira. No es cierto que AMLO sabía desde el 2011 qué clase de personaje era José Luis Abarca. No es cierto que AMLO haya intervenido para que este señor fuera candidato. Y no es cierto que lo haya apoyado en su campaña. Finalmente, le pregunto: ¿De verdad cree que Morena es lo mismo que el PRI? ¿De verdad piensa que Peña Nieto es lo mismo que AMLO? No me decepcione. Le envío un cordial abrazo. Atentamente Martí Batres Guadarrama Presidente del CEN de Morena

parece debiera ser mucho más abierto que el que mencionas en cuanto a los actores. Estos temas son de los que quedan para ser pensados, aunque sean utópicos, porque la utopía hace caminar. Además, es imprescindible que en la agenda de salvación nacional se incluya el desmantelamiento de un emporio que ha destruido y manipulado al pueblo de México: el consorcio Televisa. Por el momento, Javier, por mi parte, el debate se detiene aquí. Agradezco tus respuestas anteriores. Patricia Gutiérrez-Otero pgutierrez_otero@hotmail.com

De Gabriel Suárez Pacheco Señor director:

De Patricia Gutiérrez-Otero Señor director:

L

e agradecería publicar esta carta en su sección Palabra de Lector. Estimado Javier Sicilia: Ya vamos avanzando en esta búsqueda sobre cómo refundar una convivencia, que puede iniciar por un “boicot electoral”. Estoy de acuerdo en que el Estado moderno no ha funcionado en México y en que no es capaz de abarcar a todas las comunidades que viven en este territorio. Sin embargo, disiento en dos aspectos contigo: No creo que sea sólo el Estado lo que está podrido; está echada a perder también buena parte de la sociedad mexicana: es clasista, racista, acomodaticia, consumista, egoísta, individualista. Igualmente disiento de la postura en el sentido de que quienes votamos en 2012 seamos responsables de la muerte de los compañeros de Ayotzinapa y de Tlatlaya, y lamento que quieran hacernos cargar con esa mala conciencia. En cualquier caso, todos aquellos que no han gritado por la injusticia en este país tienen parte de responsabilidad. Que cada quien se analice a sí mismo. No me extenderé en esta respuesta, porque creo que ahora es el momento de seguir pensando en el quién y en los cómos. Las respuestas deben permitir llegar no sólo a un “boicot electoral”, sino a lo que llamaste, Javier, una refundación o una Constituyente. Por cierto, anoto que don Raúl Vera y otros hemos ya formado una Constituyente Ciudadana para pensar desde abajo lo que podría ser una Constitución con carácter incluyente, que es lo que necesitamos (http://constituyenteciudadana.org/). Incluso, estoy convencida, deberíamos estar abiertos a conformar verdaderas agrupaciones locales y no un gran Estado. En tu respuesta hay un hueco en cuanto al convocante a las acciones que propones. ¿Quién lo hará? ¿A quién le toca hacerlo? ¿Quién tiene la capacidad para ello? ¿Tú, el rector Alejandro Vera, que son quienes públicamente han propuesto el “boicot electoral”? Creo que ese es un tema que queda abierto, tanto para el “boicot electoral” de 2015 –ya sea que se tache la boleta o que se vaya a las casillas para invitar a no votar– como para consensuar exigencias medibles para 2018, o para organizar un Comité Ciudadano de Salvación Nacional, el que por cierto me

L

eyendo el mensaje de Patricia Gutiérrez Otero dirigido a Javier Sicilia en Proceso 1984, me atrevo a plantear lo siguiente a ambos. Estimados Patricia y Javier: Estoy convencido de que la democracia no ha llegado a México, pues desde hace tiempo ha habido ganadores de elecciones que se han quedado con las ganas de gobernar, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, la monstruosa maquinaria gubernamental llamada Televisa entretiene a la gente con sus cuentos electorales y su denigrante programación de melodramas refritos y quemados. ¡Necesitamos hacer algo concreto y efectivo! Necesitamos ser revolucionarios como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como el Che Guevara, como el único ser perfecto que ha pisado este planeta… como Jesús. Analicen la propuesta y vean que, si los integrantes de la prole nos unimos, nuestros hijos y nuestros abuelos tendrán un mejor trato. Fuimos niños y seremos abuelos que necesitamos un trato digno. Un abrazo fuerte a Rafael Rodríguez Castañeda, a Patricia Gutiérrez Otero y a Javier Sicilia. Atentamente Gabriel Suárez Pacheco egabriel75@icloud.com

Respuestas de Javier Sicilia Señor director:

M

e gustaría dedicar las siguientes contrarréplicas a las cartas precedentes. Querido Martí Batres: El PRD que ahora critica, pero del que formó parte y del que lleva su huella, tiene su origen, al igual que Morena, en una amplia coalición de gente muy honesta y con una larga trayectoria en las luchas políticas de la izquierda –usted, como le digo, y Andrés Manuel vienen de allí; yo, de alguna manera, también; soy de aquellos ciudadanos que se volcaron a las calles para apoyarlo y defenderlo. Mire, sin embargo, en lo que se convirtió. En este sentido, cuando usted completa “el par de atrocidades cometidas por el PRD” que mencioné en mi respuesta anterior, me da la razón de que Morena seguirá, por desgracia, el mismo camino. El PRI –hemos tenido que aprenderlo con mucho sufrimiento en estos largos años de la


PALABRA DE LE C T O R mal llamada “transición democrática”– no es un partido, es una cultura delincuencial que permeó todo el Estado, incluyendo a los partidos y a una buena parte de la sociedad. La causa es tan simple como compleja: Quien administra un Estado es maestro de la vida política y civil. Los resultados de esa enseñanza están allí: un pudrimiento estructural y una degradación moral de los que Morena, como partido político, no está exento, porque el problema se encuentra en la base misma del Estado y de los partidos que lo administran y lo han conformado a imagen y semejanza de esa enseñanza delincuencial. Por ello celebro el gesto de Cuauhtémoc Cárdenas y no el suyo (por cierto, querido Martí Batres, jamás he dicho que AMLO “sabía qué clase de persona era José Luis Abarca” ni que interviniera “para que fuera candidato”; dije simplemente que él, como usted, formaban parte del PRD cuando Abarca llegó mediante elecciones a la Presidencia Municipal de Iguala; esto lo señalé para ilustrar el pudrimiento de los partidos y del propio Estado). El ingeniero Cárdenas tuvo la claridad de renunciar al PRD y no formar un partido. Eso, para mí, es un gesto moral inequívoco en las condiciones en que se encuentra el sistema político. Lo único que le reprocho es que no haya renunciado aún a su cargo de coordinador de Asuntos Internacionales en el Gobierno del Distrito Federal. Necesita hacerlo para que su gesto moral sea completo. En este orden de cosas, por supuesto que juega un papel el tema de “la entrega del petróleo…” (no “el tema estructural más importante” –cuando dice eso se parece, en sentido inverso y en su atroz reduccionismo, a Peña Nieto, quien lo coloca en el “desarrollo”–; el tema estructural más importante, permítame recordarle, son las víctimas, esas por las que ustedes sólo se han preocupado recientemente, y sólo por cuestiones electorales, y la violación de sus derechos humanos, que existen desde antes de las reformas estructurales del peñismo y son la dolorosa consecuencia de la corrupción del Estado). Sobre ese orden (el petrolero), no sólo he hablado en un sentido más amplio –desde hace mucho no he dejado de analizar y señalar las relaciones profundas que hay entre el modelo neoliberal (la economía moderna, la llamo yo) y el crimen organizado–, sino que también he participado en las protestas contra la reforma energética, la de telecomunicaciones y la educativa. Pero para llegar a buenas políticas en esos rubros es necesario antes encontrar la paz y la justicia para las víctimas. Eso nada más puede hacerse mediante una refundación nacional que, insisto, no debe pasar ya por los canales consabidos. Quienes nos han representado –los sucesos de Iguala, las atrocidades del PRD que usted menciona y la manera en que ustedes se desempeñaron cuando tuvieron cargos de representación son inequívocos– “se aislaron de los ciudadanos –cito un artículo de Tomás Clavillo (“¿Qué hacer?.. estamos de pie”, Sin embargo, 10 de diciembre de 2014), perdieron su tiempo y su lugar, se volvieron ajenos y hostiles y extraviaron el camino (…) dejando que la paz se resquebrajara y el horror amenazara regiones enteras del país. Esto ha sido posible porque convirtieron la fuente de legitimación del sistema electoral en una máquina de reciclamiento de los partidos políticos que han expropiado la representación nacional a los habitantes de México. Por ello es necesario boicotear el proceso electoral, no con el voto en blanco –eso legitima las urnas y el sistema que produce la violencia y el sufrimiento de las víctimas–, sino con la abs-

tención y la disuasión en las urnas a quienes aún viven de esa ilusión democrática; es necesario también, como una continuación del boicot, el llamado a un nuevo Constituyente cuya representación –vuelvo a Calvillo– “deberá tener raíces en las comunidades y células sociales básicas y en un entramado político-jurídico que refleje la complejidad y diversidad de los pueblos, comunidades y habitantes de la nación entera”. Un entramado, como no han dejado de decirlo los zapatistas, “donde quepan muchos mundos”. Para ello, querido Martí Batres, se necesita simplemente la democracia, que es el poder de la gente, y no las instituciones que las partidocracias han degradado. En este sentido, cuando Tomás Calvillo o yo hacemos un llamado a la creación de una nueva Constitución, no estamos pensando, como usted cree –de allí su pregunta: “¿Y cómo se conforma un Constituyente si no es con diputados votados por el pueblo?”–, en el Constituyente Permanente, sino en uno originario como el de 1917. Ese Constituyente originario, le recuerdo, no nació de las urnas, sino de los jefes revolucionarios, y dio origen al Constituyente Permanente, cuya función es –no ha dejado de serlo– reformar esa Constitución que se ha vuelto inoperante. En el que pensamos ahora no debe nacer esta vez de los jefes revolucionarios –ya no existen; están, como los partidos, superados por la realidad de la historia y su crisis civilizatoria–, sino de las organizaciones y de los pueblos que den la espalda a las elecciones. Morena, tiene razón, no se parece al PRI, pero, al igual que le sucedió al PRD, no tardará en parecérsele. AMLO viene de allí de origen. Baste una anécdota para reconocerlo: En los momentos más altos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad me ofreció, sin entender nada de lo que hacíamos y en el más puro estilo priista –es su impronta– la senaduría de Morelos, ¿Qué más puedo decirle? XXX Querida Patricia Gutiérrez-Otero y querido Gabriel Suárez Pacheco: Me parece que algunas de sus preguntas están contestadas en la respuesta a Martí Batres. Respondo a las otras. Lo hago en la misma misiva por falta de espacio: Aunque te duela, querida Paty, quienes fuimos a las urnas en 2012 –me incluyo entre ellos porque acudí a depositar mi voto en blanco; debí desde entonces llamar al boicot– somos, por ceguera política, responsables, junto con “aquellos que no han gritado por la injusticia”, de la masacre de Iguala. Te guste o no, con ese gesto legitimamos las urnas que llevaron a Abarca y a otros imbéciles como él –no olvides Tlatlaya– al poder. Es una responsabilidad atenuada, pero una responsabilidad. Repetir ese acto en 2015, cuando ahora todo está claro como el horror que vivimos, sería ser un cómplice absoluto de las muertes y las desapariciones que sucedan. Estoy muy cerca de don Raúl Vera y de sus tareas para la construcción de ese nuevo Constituyente. De hecho, Magdiel Sánchez, miembro fundamental del Movimiento por la Paz, es uno de sus más activos colaboradores. En cuanto a la pregunta por “el convocante a las acciones que propones”, estamos trabajando en eso. Estas cosas requieren de un trabajo político con muchas organizaciones que no se hace de la noche a la mañana. Lo estamos desarrollando desde hace tiempo. Si logramos un consenso, lo haremos saber. Todo eso, querido Gabriel, busca,

a partir de lo que hemos aprendido de los seres humanos a quienes usted nombra, unir a “los integrantes de la prole” para recuperar el suelo y la dignidad de las manos de quienes han despojado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Atentamente Javier Sicilia Paz, Fuerza y Gozo a los tres

Afirma el ISSSTE que un quejoso barrendero enfermo ya es atendido Señor director:

E

n relación con la carta donde el C. Miguel Ángel Valencia Arroyo solicita apoyo para tratamiento médico quirúrgico, publicada el 7 de diciembre en la sección Palabra de Lector de Proceso 1988 le comento que el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general del ISSSTE, giró instrucciones para la atención inmediata del caso. Al respecto, el doctor José Luis García López, director del Hospital José María Morelos y Pavón, nos informa: “El señor Valencia fue atendido en este hospital el 8 de diciembre, y se tiene programado realizarle una biopsia el próximo 13 de diciembre para continuar con el tratamiento necesario”. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Atentamente Maestra Marta Cabrera García Directora de Comunicación Social del ISSSTE

Expresa su “desdén hacia Carlos Marín” por sus ataques a Proceso Señor director:

L

a noche del pasado 3 de diciembre, Milenio Noticias transmitió un programa en vivo con motivo del lamentable fallecimiento de Vicente Leñero donde el señor Carlos Marín y dos de sus colaboradores comentaban sobre la vida y obra del escritor. Llamó mucho mi atención el hecho de que Marín se dijo amigo de Vicente Leñero, pero posteriormente cayó en algunas contradicciones: señaló que no se veían muy seguido, que fue sólo una vez a su casa. En fin, eso dista un poco de lo que puede ser esa “amistad” cacareada. Lo que yo sentí, más bien, es que Marín aprovechó su comentario para lanzar una vez más su veneno contra la revista Proceso calificándola de “calumniadora” en dos ocasiones y preguntándose por que “su amigo” colaboró con el semanario hasta el final de sus días… Eso me pareció muy absurdo como cuestionamiento porque dudo mucho que el señor Marín no sepa que en Proceso han colaborado una gran pléyade de plumas importantes de la intelectualidad nacional e internacional –me faltaría demasiado espacio para enumerarlos a todos, puesto que soy lectora de la revista desde 1976, año en que para nuestra fortuna don Julio Scherer tuvo a bien fundarla. Únicamente quería dejar de manifiesto mi desdén hacia Carlos Marín por sus reiterados y 1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

79


molestos ataques a Proceso, los cuales, si no surten efecto, cuando menos sí enfadan. Recuerdo que hace algunos años Enrique Krauze escribió que leer Proceso cada semana era como ir a misa cada domingo porque allí se comulga con la verdad pública, la cual el señor Marín trueca y manipula constantemente. Mi sentido pésame a la revista y a Estela Leñero. Atentamente Alicia Mariscal Ortega

Acusa a coordinador del IFAI de violar sus derechos humanos Señor director:

N

o distraería su atención si mi caso no desbordara mi pequeño viacrucis personal y si su significación no trascendiera el funcionamiento de la estructura institucional del país. Explicaré por qué. Después de casi seis años de trabajar en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), al que ingresé bajo el Estatuto del Servicio Profesional, el pasado mes de octubre el coordinador ejecutivo del organismo, José de Jesús Ramírez Sánchez, exigió mi renuncia y al mismo tiempo me informó que no se me daría ninguna liquidación, pues era un acuerdo del Pleno del Instituto. El argumento, además de provocar un profundo disgusto moral, es hilarante. Los comisionados se erigen en poder constituyente y corrigen la reforma constitucional, pues la nueva autonomía del IFAI implicaba el respeto de los derechos laborales, y este fue un compromiso ratificado por el presidente de la República. Al negarme a firmar la renuncia, la respuesta no se dejó esperar: el cese inmediato. Señores senadores: Los órganos constitucionales autónomos, que ahora han proliferado en nuestra estructura constitucional, pueden pervertir la autonomía organizando cotos de poder y cacicazgos al margen del orden constitucional. El riesgo es crear Frankensteins que, bajo el manto de esa autonomía –que asumen como extraterritorialidad–, persigan a quienes se atreven a reclamarles que respeten sus derechos, de los que paradójicamente son tutelares, y que se repartan entre los dirigentes las plazas, como lo hacen en el IFAI en lo que llaman “áreas de influencia” (eufemismo que se traduce como “reparto de botín”). ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién controla a los controladores? ¿Qué hacemos con instituciones que son juez y parte? En otras palabras: ¿Quién exige a los responsables de salvaguardar los derechos humanos fundamentales que respeten el estado de derecho? Ustedes, señores senadores. Ustedes. Con base en lo anterior, les solicito respetuosamente que exijan al Pleno del instituto transparentar los procesos de liquidación de más de 100 trabajadores y exponer las razones para bajar el sueldo de otros; e igualmente, que evalúen si los nuevos comisionados en el desempeño de sus funciones cumplen con los principios jurídicos y éticos que rigen la función pública: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En caso de no ser así, actuar en consecuencia. Atentamente Edmundo González Llaca

80

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

Denuncia “abuso” por parte del Patronato de la Feria de Durango Señor director:

E

l año pasado, durante la segunda semana de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, llegó a las oficinas de la plaza de toros Rodrigo García Ibarra, director general del organismo público descentralizado denominado Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, para ofrecer la concesión del palenque en la feria de la capital duranguense correspondiente a 2014. Le hicimos saber que nuestra experiencia era en el ramo taurino, a lo que García Ibarra expresó que confiaba en nuestro prestigio y profesionalismo; 10 días después se tomó la decisión de firmar el contrato con el Patronato de Feria para la concesión del palenque de Durango 2014. La concesión sería por 1 millón 500 mil pesos, de los cuales adelantamos 500 mil, y se empezó la contratación de artistas, peleas de gallos, casino, permisos y publicidad. Tres meses antes del inicio de la Feria de Durango, nuestro socio capitalista falleció. Faltaban sólo dos meses para el evento e hicimos saber al licenciado García que teníamos una situación delicada pues estábamos en busca de otro socio, pero que la feria ya estaba prácticamente hecha. Sin embargo, él dio por cancelado el contrato otorgando la concesión a otra empresa. Comprendimos su posición y le solicitamos la devolución del anticipo, en el entendido de que si teníamos que descontar alguna cantidad por esta situación, estábamos en la mejor disposición de negociarla, a lo cual García Ibarra respondió que no tenía por qué regresar nada. Sin resultado, en varias ocasiones hemos hecho la misma petición, ya que esta situación no perjudicó en absoluto la realización del palenque, el cual fue un éxito, amén de que 80% del cartel que se presentó fue en base a la propuesta y gestiones hechas por nosotros. Quisiera mencionar que nuestra empresa es familiar y que el Patronato de la Feria de Durango nunca se vio afectado, mientras que éste afectó drásticamente la economía de nuestra empresa. Es seguro que el gobierno estatal de Durango maneja de otra forma el resto de sus operaciones y no permitirá tamaño abuso. Atentamente Marco Antonio Castilla Salazar Texcoco, Estado de México

“Injustamente recluido”, pide a Peña Nieto lograr su libertad Señor director:

L

e agradeceré difundir la siguiente carta, dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Señor presidente: El suscrito, Filiberto Luis Rodríguez Pérez, preso político desde hace seis años y tres meses, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla, respetuosamente le pide su intervención ante el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para lograr mi libertad. Fui acusado por dos delitos de fraude que

no cometí. Respecto a la causa penal 354/08, se me absolvió mediante un amparo directo. En lo tocante a la 404/08, interpuse amparo directo el 10 de abril de 2013 ante el Cuarto Tribunal de Circuito, con sede en Xalapa. En su resolución, dicha instancia señaló graves irregularidades cometidas durante el proceso, así como violación de derechos humanos por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y del juez que me dictó sentencia (el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Coatzacoalcos), y ordenó que se dicte nueva sentencia, la cual espero sea absolutoria, toda vez que el delito de fraude no se comprobó. Desde el 22 de octubre de 2013 recibí la notificación de la resolución del amparo 104/2013 por parte del Cuarto Tribunal de Circuito; en marzo de 2014 me enviaron un exhorto donde me notificaban que se dictaría sentencia. Sin embargo, hasta hoy sólo he tenido respuestas mentirosas de la abogada defensora de oficio, en el sentido de que la sentencia ya la enviaron vía exhorto. Sé de antemano que intereses políticos y económicos están retrasando la solución que ordenó el tribunal federal. Señor presidente: Si le pido su intervención es porque los derechos humanos han sido prioritarios en su administración, en tanto que la violación a mis garantías individuales ha sido una constante, pues los ministerios públicos y jueces han convertido el Código Penal del estado en una cloaca. Además, tenemos defensores de oficio que no defienden. Somos centenas los internos que nos hallamos injustamente presos, porque el peor delito es no tener dinero para comprar al “señor juez” y obtener la boleta de libertad. Esperamos que los juicios orales sean una solución a la corrupción que impera en nuestro sistema de administración de justicia. Atentamente Filiberto Luis Rodríguez Pérez Interno del Cereso de San Andrés Tuxtla, Veracruz

Maestro de Edomex reclama salarios devengados Señor director:

P

ara los maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa la hora de la sociedad civil debe iniciar con la cultura de la legalidad y la denuncia, que constituiría la verdadera revolución de nuestro tiempo para defendernos como sociedad. Por esta razón solicito publicar que el gobierno del Edomex, el cual violentó los derechos humanos de los fundadores del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México en 2007, los sigue violentando hasta la fecha, como ocurre, entre otros, con el principio de legalidad. Lo anterior consta en la recomendación 45/2008, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Edomex, que determinó actos y omisiones atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad que vulneraron los derechos fundamentales de audiencia, defensa y legalidad en perjuicio de los profesores agraviados con un despido por el solo hecho de haber fundado el sindicato en comento, que obtuvo su registro R.S. 2/2007 en 2009 y su toma de nota en 2012. Agotados los procesos jurisdiccionales, y por mandato de diversos amparos directos, la Secretaría de Educación reinstaló y pagó salarios


PALABRA DE LE C T O R a los trabajadores, exceptuando al que suscribe, a quien pretendió quitarle su plaza sin lograrlo, pues la instancia educativa se vio obligada a reinstalarlo el pasado 21 de marzo. Sin embargo, hasta ahora no ha cubierto los salarios correspondientes. En diferentes momentos he requerido los salarios devengados a los titulares de diversas instancias gubernativas, quienes han sido omisos en cumplir la ley. Incluso he solicitado la intervención del gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien no ha ejercido las facultades que le confiere la Constitución local para ordenar el pago, colocando en riesgo la subsistencia del trabajador. En tal virtud, y reconociendo la violación al estado de derecho, se ingresó el 15 de noviembre de 2014 la queja 1382/2014 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México (CEDHEM), y al tratarse de una violación al artículo 5 y 123 constitucionales, fue presentada la queja 121154/2014 en la CNDH, para combatir la impunidad y la ilegalidad que ocurre en el caso, en espera de no tener que recurrir al amparo por dilaciones en los términos. Considero indispensable que los ciudadanos, ahora más que nunca, ejerzamos el derecho de la denuncia para lograr que el “poder público” sea en beneficio del pueblo, requiriendo necesariamente de la participación informada, para cumplir como ciudadanos de la República y combatir los vicios e ilegalidades que se cometen en contra de los ciudadanos en detrimento de nuestro país, que cada día presenta escenarios terribles ocasionados por los funcionarios impuestos. (Carta resumida.) Atentamente Luis Zamora Calzada

gan de adquirir equipos “gratis”, que no se dejen engañar, pues aunque ofrecen equipos de alta calidad es pésimo el resultado de estas promociones. Las fallas de toda índole son constantes: interrupciones del servicio, baterías que no retienen carga, llamadas que se cortan, mensajes no enviados, etcétera. La “solución” que siempre me han recomendado es adquirir un equipo nuevo con el fin de continuar mi plazo forzoso adherido a ellos. Cuando intenté hacerlo, me indicaron que era un moroso con pésimas referencias, buscando que lo pagara al contado para no darme la opción de saldarlo de manera diferida. La contradicción es que de Nextel recibo, para adicionar líneas a mi cuenta, frecuentes llamadas afirmando que soy un cliente distinguido. La gota que derramó el vaso fue el cobro de una banda ancha que jamás solicité, y al hacer la aclaración personalmente se tardaron más de dos meses en resolver este problema provocado por ellos. Pero mientras lo remediaban me vi obligado a llamar diariamente solicitando la reconexión de mi equipo para tener servicio por más de dos meses, aun cuando estaba al corriente en mis pagos y la reclamación fue hecha en tiempo y forma. Así pues, a pesar de que como cliente me apego a su contrato, me restringen derechos y no me dan ningún respaldo. (Carta resumida.)

Recomienda no caer “en el juego de Nextel”

Señor director:

Señor director:

P

or este conducto deseo alertar a los asiduos y nuevos clientes de Nextel que se absten-

Atentamente Licenciado Sergio Alejandro Camacho Rey

Propone un pliego petitorio para las marchas y protestas

L

os acontecimientos de Iguala con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no es un hecho aislado; todo lo contrario, tienen una concatenación lógica que el gobierno procura no ventilar. México es un país que posiblemente se ubique a la cabeza de los integrantes del Tercer

Mundo con aspiraciones a escalar al último peldaño de los miembros del Primer Mundo cuando España lo abandone. Con ese fin, el esfuerzo del gobierno mexicano se enfoca en la estabilidad macroeconómica. La filosofía económica vigente en el mundo actual, donde el comercio lo es todo y está en manos de grandes empresas globales y corporativos trasnacionales, con representantes locales que son varones del dinero o políticos encumbrados, no permite el cabal cumplimiento del contrato social, trae de la mano obligaciones privatizadoras de las riquezas nacionales, concesiones territoriales para explotaciones mineras y de energía, promulgación de leyes contrarias al bien común y, en el mejor de los casos, con muy poco o nulo beneficio popular. Este marco contextual pone a flote correlaciones que puede ser interesante explorar para conseguir una mejora cualitativa y cuantitativa del país. Se trataría así de que el enojo popular fundiera en un solo pliego petitorio cinco grandes temas que le den cuerpo a la protesta. A) Solución al conflicto del IPN con un estatus que no arrase con su nivel académico, sino que lo fortalezca creando vínculos con universidades de prestigio mundial, desplegando un esfuerzo vigoroso y sostenido para la investigación y generación de tecnología propia. B) Solución al caso Ayotzinapa, con acciones judiciales contra los autores intelectuales en los tres órdenes de gobierno, y fortalecimiento de la educación rural y de las normales rurales enfáticamente. C) Liberación del doctor Mireles, sin condiciones ni exilio. D) Realización de una consulta sobre la reforma energética, y E) Salir a votar masivamente en las próximas elecciones anulando el voto con un NO. Se trata, pues, de un pliego petitorio que vincule estos cinco puntos con la presencia pacífica del pueblo y las marchas para lograr un México mejor, digno y educado con proyección al futuro. (Carta resumida.) Atentamente Renato Arroyo Porras

1989 / 14 DE DICIEMBRE DE 2014

81


5ec9d6b2feca2945c0f5a56d37298847295316cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2


Revista Proceso N.1989: LA VERDADERA NOCHE DE IGUAL  

Revista Proceso N.1989: LA VERDADERA NOCHE DE IGUAL

Revista Proceso N.1989: LA VERDADERA NOCHE DE IGUAL  

Revista Proceso N.1989: LA VERDADERA NOCHE DE IGUAL

Advertisement