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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO

EL ROBO

DEL SIGLO Ricardo Monreal Ávila


Privatización del petróleo. El robo del siglo Ricardo Monreal Ávila © Ricardo Monreal Ávila Diseño de portada e interiores: León García Dávila Cuidado de la edición: Patricia Nares Sotelo Impresión y encuadernado: D3 Ediciones S.A. de C.V.

Super Avenida Lomas Verdes 2560-306, Lomas Verdes, Primera Sección Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120 Tel.: 5343-8089

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Impreso en México/ Printed in Mexico


A todos aquellos ciudadanos mexicanos, esos hombres y mujeres conscientes, informados, que con dignidad y firmeza se han opuesto a este régimen de oprobio, corrupción e injusticia. A ustedes, que mantienen viva la esperanza de dar marcha atrás a esta regresión histórica, que es también un acto de traición a nuestra patria entrañable. Comparto con ustedes este trabajo, al igual que el anhelo de transformar por la vía pacífica las instituciones de nuestro país.


Contenido Introducción

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I. Comprar la presidencia, vender el petróleo

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II. Cambios constitucionales aprobados con la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía

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III. Posición política del diputado Ricardo Monreal Ávila, respecto a las reformas constitucionales aprobadas en materia de energía

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Adefesio constitucional 51 Reforma que deforma la Constitución 53 Una traición de lesa patria 56 De Lázaro Cárdenas a Porfirio Díaz 57 La yemenización de México 64 Cláusula Calvo, renuncia de la soberanía nacional y 73 judicialización internacional de las controversias petroleras Saldrá el sindicato de la administración de Pemex…, 74 pero también los trabajadores se irán a la calle El Fondo Mexicano del Petróleo 76

IV. Irracionalidad económica de la privatización de la renta petrolera

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V. Orgía privatizadora

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VI. Inconsistencias y abusos parlamentarios en el proceso de aprobación de la reforma energética

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El reparto del pastel petrolero

Traición a la patria

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Anexo 1. Sentido de los votos de legisladores federales y locales respecto a la reforma energética

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Anexo 2. Sentido de los votos de las dos legislaturas locales que rechazaron la reforma energética

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Anexo 3. Denuncia interpuesta por traición a la patria

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INTRODUCCIÓN

C

omo todos sabemos, el Gobierno quiso convencer a la ciudadanía de las bondades de la reforma energética con promesas de un futuro mejor. Más crecimiento, más empleo, menores precios de la energía. Poco tiempo duró la publicidad engañosa sobre la “reforma energética” que ofrecía reducir el precio de la luz y el gas a los mexicanos, como beneficio concreto e inmediato de la privatización del petróleo y la electricidad. Los energéticos aumentaron desde los primeros minutos del año 2014. La Magna subió 19 centavos por litro, la Premium 21 y el diesel 24; mientras el gas doméstico 17 centavos por litro. La tarifa eléctrica subió 1.8% en el horario base (de las 00:00 a las 6:00 horas), 0.67% en el horario punta (20 a 22 horas), mientras la tarifa doméstica de alto consumo subió 0.39%. Es decir, seguirá la tendencia observada en 2013, con un promedio al alza anual de 10% en el sector eléctrico, 2.5 veces la inflación anual. En la frontera norte y sureste, donde se asientan 25 millones de mexicanos, el aumento en el precio de alimentos y servicios es mayor que en el resto del país. Refrescos, pan dulce, los alimentos en general, gasolinas, gas, luz y todo lo que se grava con IVA reporta un incremento promedio de 15%. Hay decepción y rabia.


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Las principales cadenas de supermercados al detalle anuncian la actualización de sus precios, “en función del contenido calórico” de sus productos, y en razón de la nueva ley hacendaria, cuyos costos económicos son trasladados a la población, es decir, vendrán más aumentos en cascada y en tropel por todo el país. Si la experiencia de las privatizaciones anteriores se repite, lo más probable es que, conforme las actividades de producción, distribución y comercialización de hidrocarburos pasen a manos privadas, los precios a los consumidores suban, debido a las prácticas monopólicas u oligopólicas que han caracterizado a las industrias privatizadas, las cuales acaban concentradas en pocas manos, que usualmente tienen poder político considerable. Los reguladores de las industrias privatizadas terminan capturados y permiten todo tipo de abusos de los empresarios monopólicos. Sólo por esto, la privatización de las actividades de Pemex y CFE debería ser motivo de preocupación. Sin embargo, hay motivos adicionales a considerar. En primer lugar, la privatización de Pemex, a diferencia de las anteriores, pone en riesgo entre el 35% y el 40% de los impuestos que cobra el Gobierno federal, y que equivalen a las utilidades de Pemex. Ya pasada la reforma energética, no dudemos de que el gobierno insista en su plan de cobrar IVA en alimentos y medicinas, pues lo van a requerir para poder traspasar las utilidades de Pemex a terceros y cubrir el hueco que esto dejaría en el presupuesto. Las utilidades de Pemex provienen principalmente de la explotación de los yacimientos convencionales (aguas someras y tierra). Según la reforma, estos yacimientos, a discreción de la Secretaría de Energía, pueden ser transferidos a empresas privadas. Pero, aun si el Gobierno fuera prudente y esto no pasara en el corto plazo, lo más probable es que la mayor parte de lo que Pemex no esté explotando lo “licencien” o entreguen a empresas privadas de acuerdo con alguna de las múltiples modalidades contempladas en la reforma. En ese caso, conforme vayan agotándose los yacimientos que actualmente explota Pemex, las utilidades de dicha empresa se reducirán. Las compañías que exploten los yacimientos seguramente pagarán una tasa de impuestos mucho menor de la que hoy paga Pemex, por lo que la diferencia la tendrán que costear los demás contribuyentes.


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Este aumento de impuestos se daría de forma gradual; probablemente el Gobierno calcula que, por ser paulatino, la ciudadanía lo aceptará o no se dará cuenta. Si no fuera por la magnitud del despojo, podrían tener razón. En la reforma que finalmente pasó existe un riesgo mucho mayor que en la original. En la original, con contratos de utilidad compartida, la pérdida de utilidades de Pemex (y, por lo tanto, de impuestos para la Secretaría de Hacienda) sería gradual. Sin embargo, con los cambios introducidos por el PAN, se puede presentar un escenario mucho peor en el que, literalmente, se estaría “vendiendo” el futuro; tal vez hipotecando el futuro sería una mejor descripción. Efectivamente, la figura de las licencias es mucho más peligrosa, ya que permite adelantar los ingresos que reciba hoy el Estado Mexicano, a costa de sacrificar los que recibirá en el futuro. Las licencias le darían el derecho al licenciatario a explotar una porción del territorio nacional a cambio de un pago inicial. Mientras mejores sean las condiciones de esa licencia, mayor será el pago inicial, pero menor lo que recibiría a futuro el Gobierno, vía regalías o impuestos. Se corre el riesgo de que con la venta de licencias de explotación petrolera se repita lo ocurrido con las privatizaciones en el sexenio de Salinas: ingresos importantes para el Gobierno que creen una sensación de bonanza, de finanzas públicas sanas, pero que no son recurrentes y que se esfuman en el gasto corriente, derroche y corrupción. Igualmente, se corre el riesgo, como en aquel sexenio, de una entrada de divisas que mantendría sobrevaluado al peso, pero que, cuando se acabara, conduciría a devaluaciones violentas. Lo que quedaría al final, también como entonces, sería como la resaca que le sigue a una borrachera: la crisis y la decepción generalizada de la ciudadanía cuando ya no se pudiera hacer nada para evitar las consecuencias de la irresponsabilidad. Es importante vigilar con mucho cuidado el otorgamiento de estas licencias. Si el gobierno busca maximizar sus ingresos inmediatos, otorgando condiciones muy favorables a los licenciatarios (bajas regalías, bajos impuestos), estaría actuando de forma muy irresponsable, ya que


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la recaudación que se recibiría en el futuro por la explotación de esos hidrocarburos sería mucho menor que la que se obtendría si Pemex los explotara. Tendríamos el caso de que el Gobierno, que vendió la promesa de un futuro mejor, simplemente habría, literalmente, vendido el futuro ingreso del país, disminuyendo las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Y si vende muchas licencias, ese futuro hipotecado podría llegar muy pronto, a fines del sexenio, ya que Pemex sólo tiene reservas probadas para menos de 10 años. Las nuevas reservas, si se licencia todo el territorio que Pemex no está explotando ya no serían de la petrolera, sino de terceros. Los partidos de oposición deben vigilar muy atentamente la forma como se instrumentará la reforma energética, ya que se estará comprometiendo el patrimonio nacional en contratos de muchos años de vigencia. En particular, habrá que estar muy pendientes de las licencias, que es la modalidad que podría resultar más dañina. La responsabilidad es vigilar y denunciar, tratando de que la ciudadanía esté consciente de lo que se está gestando, para que si el desenlace es similar al del sexenio de Salinas, no se pueda decir que fue un “error de diciembre”, sino que sería el resultado de un sexenio de errores y malas decisiones.


I Comprar la presidencia, vender el petróleo

Tendría que declararse el 12 de diciembre como el día del saqueo del patrimonio nacional. Hace quince años, el 12 de diciembre de 1998, se aprobó el Fobaproa, un gran saqueo de recursos nacionales. Y ahora, el 12 de diciembre de 2013 ha sido aprobada en la Cámara de Diputados la venta y privatización del petróleo mexicano. Con el antecedente de un cuarto de siglo de privatizaciones fallidas: ¿qué nos garantiza que ahora sí ésta, la madre de todas las privatizaciones, va a funcionar muy bien y, ahora sí, vamos a llegar al paraíso prometido, donde habrá luz, gas y gasolinas baratas? ¿El aval es la honorable, incuestionada y siempre honrada “palabra de legislador”? Una creencia muy arraigada entre muchos ciudadanos sobre los motivos reales, profundos, que han motivado al PRI y al PAN a consumar de manera mancomunada y concertada este despojo a la nación es que quien compra la presidencia, termina vendiendo y traicionando a la patria.


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Eso es lo que dice la gente allá afuera y eso es lo que parece ser. Vox Populi, Vox Dei. No hay crimen perfecto, y ya empiezan a surgir las pruebas de esa compra. En diciembre de 2013, un diario de circulación nacional, Reforma, difundió datos duros, pruebas concretas y evidencias documentales de los recursos de procedencia ilícita que se utilizaron en las campañas presidenciales del PRI y del PAN. Se documentó y se habló de una red de lavado y defraudación fiscal implementada en esas campañas, de acuerdo con una averiguación abierta por la PGR. Reforma publicó: Los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero, señala una investigación federal. Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña del partido tricolor en 2012 provenientes de un entramado de empresas virtuales vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas. Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza, revelan documentos1.

Esta pesquisa se inició un mes antes de la elección presidencial de 2012, pero se dio la instrucción de cancelarla “después de descubrirse que Edicom estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada administración2”. 1 Reforma/Redacción, “Investigan red de lavado utilizada por PRI y PAN en campañas del 2012”, Reforma, 11 de diciembre de 2013, disponible en: http://goo.gl/nrRmkQ Consultado el 11 de diciembre de 2013 2 Ibídem.


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PRI y PAN lavaron dinero de procedencia desconocida, por lo tanto, ilícita, en sus campañas presidenciales. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma energética privatizadora? Que PRI y PAN están pagando con petróleo los favores económicos recibidos en sus campañas. Ésta es la verdadera explicación de por qué se quiere imponer esta reforma, que viene a sacar de cauce el desarrollo independiente, soberano y justo de la nación mexicana. Hoy hay que pagarle al diablo su factura petrolera. Ésta es la verdadera justificación de la reforma energética. Lo demás, es lo de menos.  


II Cambios constitucionales aprobados con la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía

Artículo 25 Texto anterior

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Texto modificado

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.


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… …

… …

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control, del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de los dispuesto por lo párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar la eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en la mejores prácticas, y determinara la demás actividades que podrán realizar. … Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la

… Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán-


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dolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. … La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

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economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. … La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 27 Texto anterior

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. … … … … En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el

Texto modificado

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. … … … … En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el


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aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.


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a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. … … …

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Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. … …

Artículo 28 Texto anterior

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos

Texto modificado

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos


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y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria. … … No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

… El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo

y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria. … … No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los parráfos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. … El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con


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con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

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ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. … El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. … … … … … … … … … … … … … … … …


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TRANSITORIOS Transitorio Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Transitorio Tercero. Las leyes establecerán la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que reforma por virtud de este Decreto. Transitorio Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación.


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La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. La Nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago a favor de la Nación por los productos extraídos que se les transfieran. Transitorio Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante el periodo de transición a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto. Transitorio Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.


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El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La soicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un periodo máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva.


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Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área, pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación. En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía. Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su autorización, la migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la licitación en los términos que disponga la Ley. La Ley preverá, al menos, que la Secretaría del ramo en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán a los contratos suscritos por el Estado.


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Transitorio Séptimo. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá, dentro del plazo previsto en el Transitorio Cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. Además de que la ley establecerá los mecanismos necesarios para fomentar la industria nacional en dichas materias. Transitorio Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquéllos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o lo particulares. Transitorio Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos,


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líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas y públicamente consultables. Asimismo, la ley preverá y regulará: a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. Transitorio Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de establecer las atribuciones correspondientes a las siguientes dependencias y órganos de la Administración Pública Federal. a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía… b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos… c) A la Comisión Reguladora de Energía… d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda… Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les corresponden a dichas autoridades en virtud de lo dispuesto en las leyes. En materia de electricidad, en el plazo señalado en el transitorio cuarto del presente Decreto, las leyes determinarán las distintas competencias, con sujeción a lo previsto en el presente Decreto. Transitorio Décimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio Cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las


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adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto. Transitorio Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para cada una de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplicación de los recursos de estos fideicomisos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujetos a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos


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de roca, obtenidos de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comisión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán sujetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme a la ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y destino de dichos recursos y demás información que sea de interés público. La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a las comisiones, con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones. Transitorio Décimo Tercero: En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión reguladora de Energía sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente por única ocasión para cubrir un segundo período, y que su renovación se llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. Los actuales comisionados terminarán los períodos para los que fueron nombrados sujetándose a lo dispuesto en el párrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de hidrocarburos y de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual,


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previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Senado, rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República, someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión de manera relacionada, en los términos de los dos párrafos anteriores. Transitorio Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio Cuarto del presente Decreto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el Desarrollo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la ley para: 1.- Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 2.- Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los ingresos petroleros y de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los ingresos petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinarán


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al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. 3.- Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera. 4.- Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el cuarto punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: Derecho Ordinario sobre hidrocarburos, Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, Derecho Extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, Derecho para la fiscalización petrolera, Derecho sobre extracción de hidrocarburos, Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre hidrocarburos.

Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3.

5.- Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno


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Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado al año anterior en el saldo anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley; b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y energías renovables; c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional y d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente. La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener como consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles destinos mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el


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desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos asociada a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación, aun cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos recursos al Presupuesto de Egresos de la Federación se considerarán incluidos en la transferencia acorde con el numeral 4 del presente transitorio. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado Mexicano conforme a los párrafos anteriores. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se constituirá durante 2014 y comenzará sus operaciones en el 2015. Transitorio Décimo Quinto: El Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilización y el desarrollo contará con un comité Técnico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los miembros representantes del Estado serán los titulares de las Secretarías de los ramos en materia de Hacienda y de Energía, así como el gobernador del Banco de México. Los miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes


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del Senado de la República. El Titular de la Secretaría del ramo en materia de hacienda fungirá como Presidente del Comité Técnico. El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: a) Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. b) Instruir a la Institución Fiduciaria para que realice las transferencias a la Tesorería de la Federación de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año, la asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en el inciso a), b), c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputados aprobará, con las modificaciones que estime convenientes, la asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de Diputados no podrá asignar recursos a proyectos y programas específicos. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie acerca de la recomendación del Comité Técnico a más tardar el treinta de abril del mismo año, se considerará aprobada. Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el ejecutivo Federal determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán recursos en cada rubro, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año que se trate. En el proceso de aprobación de dicho proyecto, la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de recursos en rubros generales que ya se hayan aprobado. Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el presupuesto de Egresos de la federación para proyectos y programas de inversión.


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Transitorio Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos: a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran de forma inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre. El Centro Nacional de Control de Gas Natural dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que le brinde servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se


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determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades. El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. Transitorio Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, aja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. Transitorio Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.


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Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión emitirá una ley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. Transitorio Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. La agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad operativa y de protección del medio ambiente, las instalaciones del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la agencia, se deberá prever al menos: a) Que si al final del ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la secretaria del ramo del medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. b) Que la agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado.


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El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de existan recursos adicionales, estos serán transferidos a la tesorería de la federación. El fideicomiso que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos. Transitorio Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y establecerá al menos que: I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. II. Cuenten con un régimen presupuestario especial y estén sujetas al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución. III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional; IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley.


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V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, con objeto de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del resto del sector púbico o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, deuda pública, responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización de su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate. Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de conformidad con las leyes que se expida para tal efecto en términos del transitorio tercero de este Decreto, no les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las fracciones anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus consejos de administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueron nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa pública productiva y sea nombrado el nuevo Consejo de Administración. Los citados consejeros podrán ser considerados para formar parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa pública productiva, conforme al procedimiento que establezca la ley. Transitorio Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional


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o extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público o de los consejeros independiente de las empresas productivas del estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto.


III Posición política del diputado Ricardo Monreal Ávila, respecto a las reformas constitucionales aprobadas en materia de energía3 Hoy es un día negro en la historia de México. Un puñado de legisladores procederá a deformar, no a reformar, tres artículos fundamentales de la Constitución: 25, 27 y 28, con el fin de despojar a la nación mexicana del manejo de la energía petrolera y eléctrica, y transferir a manos privadas la renta de una riqueza nacional que reporta 86 mil millones de dólares al año, a través de concesiones 3 Parte del texto del presente capítulo integró el posicionamiento del Grupo Parlamentario

de Movimiento Ciudadano, expuesto en tribuna por el diputado Ricardo Monreal Ávila, en la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados, durante la discusión de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Para conocer el posicionamiento y las reservas presentadas por el diputado Monreal en dicha sesión, consúltese: http://www.youtube.com/watch?v=rftZD6RIvsY http://www.youtube.com/watch?v=OlXATbJUJcw http://www.youtube.com/watch?v=AuTyL-X7AIE http://www.youtube.com/watch?v=sJOT727pLdY


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disfrazadas de licencias, contratos de producción compartida, contratos de utilidad compartida y contratos de servicio. La presentan como la reforma del siglo. En realidad es el atraco del milenio a todo un pueblo. Este puñado de legisladores que se disponen a vender lo que no es de ellos, sino de todos los mexicanos, lo hará escudado en la fuerza de una mayoría numérica, pero no en la legitimidad de una mayoría de razón. La aritmética podrá estar de su lado, pero no la arquitectura constitucional, ni la ciencia económica, ni mucho menos la maestra de la vida, que es la historia. Es decir, por su actitud y aptitud, lo que hará esta mayoría mecánica de diputados y senadores es una llana, simple y lisa imposición. La forma como esta mayoría cuantitativa trata de manejar el destino y la herencia de más de 100 millones de mexicanos, evidencia que en realidad se trata de una minoría calificada…, pero calificada de oligárquica, depredadora y rapaz. No sólo votarán a espaldas de sus representados, sino en contra de la voluntad de los electores, porque afuera de estas paredes la mayoría de los ciudadanos rechaza esto que ustedes van a aprobar en su nombre. La reforma energética no pasa ninguna de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para dirimir los asuntos torales de una nación. Sería rechazada por igual en un plebiscito, si la pusiéramos a consideración de la ciudadanía antes de su aprobación parlamentaria; o en un referéndum, si se solicitara el aval de la ciudadanía después de aprobada. Por ello es que de esta imposición legislativa podrá salir un adefesio legal, pero nunca una reforma legítima.


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Adefesio constitucional El adefesio que hoy estamos recibiendo del Senado no pasa siquiera la prueba de la técnica jurídica. Para modificar tres artículos constitucionales, la iniciativa de ley viene acompañada de 21 artículos transitorios. En las más de 500 modificaciones y adiciones que la Constitución ha experimentado en 96 años de vigencia, éste es un caso único de desaseo e informalidad jurídica. Pero al analizar el contenido de los 21 transitorios, el asombro se transforma en estupefacción. En el mejor de los casos, este articulado transitorio es en sí toda una ley reglamentaria, lo cual no está permitido en el proceso legislativo. En el peor de los casos, este conjunto de transitorios contradicen a la Constitución misma, son disposiciones inconstitucionales o representan otra Constitución paralela. Un ejemplo. Se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de otorgar concesiones, pero en el cuarto transitorio se admite como modalidad de contrato la figura de “licencias”, que según el diccionario es sinónimo de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, donación y entrega. Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad es la introducción del término “asignaciones”, que es como una bolsa de mandado donde cabe de todo. El diccionario registra 13 sinónimos y 16 antónimos, con lo que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre jurídica. Y para rematar, para incrementar la incertidumbre y confusión de lo que se puede hacer con el petróleo y la electricidad, todavía en el Senado, en el último minuto, a espaldas de los integrantes de las comisiones que conocieron esta iniciativa, añadieron el término “entre otros”. Es decir, que habrá “ene” modalidades de contratos para asignar y adjudicarse el petróleo.


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En el 27 constitucional se deja asentado que habrá contratos con particulares para exploración y extracción. Pero en los transitorios se reglamenta desde ahora que habrá cuatro tipos de contrato: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias. De esta forma, mientras la Constitución niega las concesiones, los transitorios las reintroducen de contrabando, disfrazadas, por la puerta trasera. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y en el derecho administrativo, las concesiones, por un lado, y licencias o permisos por el otro, son figuras diametralmente diferentes y yuxtapuestas. Como los son los conceptos de nacionalización y privatización. La “concesión” es el acto jurídico a través del cual la autoridad administrativa otorga a los particulares el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público, durante un periodo determinado. Por su parte, la “licencia” es un permiso de la autoridad para la prestación de un servicio mercantil, comercial, industrial, productivo o de construcción. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, es el reconocimiento —a cargo de la autoridad competente— de un derecho preexistente del particular, que se allana a la vía administrativa para el ejercicio de una actividad especial reglamentada por el Estado, o la realización de actos que ensanchan la esfera jurídica de su circunstancia. La licencia, sinónimo de permiso en la legislación mexicana, presupone el derecho de propiedad del solicitante, sobre el cual la licencia no puede prejuzgar, modificar o limitar. En otras palabras, una licencia petrolera presupone la propiedad como derecho preexistente del solicitante sobre el yacimiento a explotar, mientras que la concesión parte del supuesto de que la propiedad es estatal, nacional o de dominio público, pero no de un particular. De esta forma, la contradicción entre “concesiones” y “licencias” es flagrante porque alude a dos actos administrativos diferentes, sobre dos distintos derechos de propiedad preexistentes. Una de dos: o los que redactaron esta iniciativa son unos imbéciles, porque confunden las licencias petroleras con la licencia para abrir un


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restaurante bar en la Zona Rosa o construir un hotel de paso en la Calzada de Tlalpan, o es una “chicanada” de abogados y legisladores marrulleros que intentan pasarse de listos modificando la Constitución desde un conjunto de artículos transitorios. Si esta disposición pasa desde ahora, o se retoma más adelante en la ley reglamentaria, será tanto como elevar la imbecilidad o la marrullería a rango constitucional. Yo propongo que le demos un destino más útil a esta iniciativa: que la enviemos a todas las escuelas, facultades e institutos jurídicos del país como un ejemplo avanzado de lo que es legislar al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito; como un referente magistral de cómo NO se debe legislar ni elaborar una iniciativa. Allí haría menos daño que incorporándola a la Constitución o a una ley reglamentaria.

Reforma que deforma la Constitución Pero dejemos la técnica y el contenido jurídico de la reforma y vayamos al fondo. La propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo no es cualquier disposición constitucional. Está entre los fundamentos originales y originarios de la nación mexicana, aún antes desde su independencia, y ha sobrevivido hasta nuestros días. La propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, junto con las formas de propiedad privada y comunitaria previstas en todas las constituciones liberales, forma parte de los irreductibles fundamentales de nuestra Carta Magna, junto con el cuerpo de las libertades individuales y garantías sociales, plasmados, conjuntados y amalgamados desde 1917. Estos irreductibles fundamentales sólo pueden ser reformados y modificados por alguno de dos procedimientos: por el surgimiento de un nuevo Poder Constituyente, que derive en una nueva Constitución Política, o mediante una consulta popular, como lo mandata el artículo 35 constitucional vigente.


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Ni lo uno ni lo otro ha ocurrido en esta reforma. Ni la suma de legisladores del PRI y el PAN, junto con sus congresos locales, representan un Poder Constituyente; ni la reforma energética es producto de una consulta popular donde haya participado el 40% de los ciudadanos mexicanos, para hacerla obligatoria al conjunto de los 108 millones de connacionales. El PRIAN y sus aliados podrán configurar un órgano reformador permanente de la Constitución, pero no pueden deformar ésta permanentemente. En 15 meses, esta legislatura ha promovido 19 reformas constitucionales. Es una marca histórica parlamentaria, ciertamente, pero también es síntoma de una neurosis política: creer ilusamente que modificando la Constitución se transforma la realidad. Hasta la anterior legislatura, nuestra Carta Magna sumaba 543 reformas constitucionales. Ahora habrá que añadir 19 del actual Legislativo…, más lo que se acumule la próxima semana, como en los pronósticos deportivos. ¿Somos una nación más próspera, más igualitaria, más educada, más productiva, más democrática, más transparente y con menos corrupción, más justa y con mayor crecimiento económico después de medio millar de reformas constitucionales? Por supuesto que no. ¿Y saben por qué no? Porque la mayor parte de las reformas constitucionales en este país están diseñadas para el reparto del poder político y económico entre las mismas élites y oligarquías dominantes, no para la distribución masiva de la riqueza nacional y de la representación ciudadana. La mayor parte de nuestras reformas constitucionales son instrumentos de dominación y concentración del poder, no de distribución, inclusión y democratización del mismo.


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Están diseñadas para que el grupo que llega al poder —generalmente integrado por socios, amigos, compadres o acreedores políticos— se imponga al resto de las élites o partidos en competencia y al conjunto de la sociedad. 562 reformas constitucionales en 96 años, cuyos beneficios no se ven en el bolsillo, en la mesa ni en la casa de los mexicanos, sino sólo en una oligarquía económica y política, han generado anticuerpos sociales y ciudadanos en todos lados. La sociedad mexicana se ha vuelto inmune a este tipo de reformas estructurales que se hacen al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito, es decir, a espaldas de la ciudadanía y con exclusión de los electores. Sabe muy bien que de ellas no obtendrá algún beneficio, y en cambio sí recibirá muchos agravios. El ciudadano de a pie sabe también que no por mucho reformar la Constitución, el país amanece más cambiado o mejorado. Y es que no es lo mismo reformar que deformar; como no es igual reformismo que reformitis. El primero es manifestación de un pensamiento democrático virtuoso; el segundo es expresión de una desesperación política, de una ilusión tecnocrática y de un criterio eficientista de gobernar, que mide y evalúa a la democracia por el número de reformas alcanzadas, no por la calidad ni la orientación de las mismas. Tan deleznable es la inercia legislativa que vivó el país los últimos 15 años, desde la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el último año de Felipe Calderón, con reformitas para salir al paso, como la reformitis que hoy busca mover y dirigir al país a los límites del despeñadero. Por eso, reformas van y reformas vienen, y el país no se mueve más allá de lo que dicta la dura realidad o, incluso, puede llegar a retroceder si la reforma es regresiva, no progresista, como es el caso innegable de la reforma energética.


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Una traición de lesa patria Esta impronta energética no pasa ninguno de los estándares deseables para una reforma de gran calado: ni la valoración del derecho constitucional moderno, ni la prueba de la justificación histórica, ni el examen de la sustentabilidad económica. Cuando una simple mayoría numérica en el Congreso Federal y en los congresos locales modifica alguno de los irreductibles fundamentales de la Constitución, no se produce una reforma constitucional de gran calado…, se produce un agandalle legislativo de gran agravio, típico de una forma de gobierno conocida como “dictadura legislativa”. Las dictaduras legislativas funcionan precisamente como lo está haciendo esta legislatura. Reforman disposiciones fundamentales de la Constitución sin consultar a sus representados; actúan como dueños absolutos y plenipotenciarios de la voluntad popular; expropian la facultad fundamental de los ciudadanos de decidir directamente en las urnas asuntos fundamentales para la nación; y en cambio, obedecen sin chistar consignas de instancias metaconstitucionales o extraparlamentarias; legislan al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito; y para cerrar con broche de oro, quieren que se les trate y se les pague como héroes de la patria…, olvidando en todo momento que antes de hacer patria hay que tener matria. Es tan grave y delicado el precedente parlamentario asentado por esta reforma energética en términos de la dictadura legislativa, que con el argumento de que aún no está reglamentada la consulta ciudadana, y por ello no es viable someter al escrutinio popular reformas constitucionales fundamentales, el día de mañana una mayoría numérica, mecánica y miope de legisladores podría derogar las garantías individuales y los derechos sociales consagrados en la Constitución, y hacer todo ello a nombre de la Constitución. Les recuerdo que los ejemplos más acabados de una dictadura legislativa estuvieron en la Alemania de Adolfo Hitler y en la Italia de Benito Mussolini, donde una mayoría parlamentaria fascista derogó las constituciones liberales y republicanas vigentes.


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Y en México las padecimos en la época de Porfirio Díaz, cuando el Congreso le aprobó la reelección presidencial consecutiva; y durante el gobierno de Victoriano Huerta, cuando legalizaron el golpe de Estado y el magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Ciertamente, esta LXII Legislatura que se apresta a concesionar el petróleo mexicano y la energía eléctrica no es fascista ni genocida; pero sí es algo igualmente lesivo y agraviante para los mexicanos…, es una dictadura legislativa vendepatrias, entreguista y traidora a los intereses de la nación. Sólo les recuerdo que más temprano que tarde, las dictaduras legislativas se convierten en el paseo empedrado sobre el cual caminará e impondrá su voluntad un Ejecutivo autoritario.

De Lázaro Cárdenas a Porfirio Díaz El desconocimiento, la ignorancia y la perversión de la historia de un país se cobra y se paga muy caro. Si ustedes conocieran la historia del petróleo mexicano y su legislación, seguramente no votarían lo que ahora van a aprobar por consigna y disciplina, atendiendo instrucciones que no son las de los electores, sino las de sus jefes políticos… y las de los dueños de sus jefes políticos, que es lo peor. Hay un compendio de la legislación petrolera mexicana que si ustedes se hubieran molestado en revisar, por lo menos se sonrojarían antes de votar a favor de esta reforma petrolera y energética. Se llama Legislación petrolera: leyes, decretos y disposiciones, 17831921, editado en 1922 por la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, en los Talleres Gráficos de la Nación. En la publicación se muestra cómo la legislación petrolera ha seguido pautas de la minera, y según el trato jurídico que los regímenes concedan a los recursos del subsuelo es como se define el carácter colonial o independiente de la economía mexicana.


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Regístrenlo bien, por favor. Desde 1783, con las “Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España”, decretadas por Carlos III, “la propiedad de los bitúmenes o jugos de la tierra” estaban reservadas para la Real Corona Española. Ciertamente, el Rey podía dar concesiones a particulares para la explotación del subsuelo, pero sujetas a caducidad y a condiciones expresas como el pago de regalías al Tesoro Real, que iban del 10% al 20% de lo extraído; brindar seguridad y “sobrevivencia digna” a los trabajadores de las minas, y explotación continua de los yacimientos concesionados. Cualquier incumplimiento de estas condiciones era motivo de revocación de la concesión. Ojo, no se emocionen mucho, legisladores vendepatrias: todas estas concesiones estaban limitadas única y exclusivamente “a los españoles y nativos de la Nueva España, incluyendo a los indígenas”, no así a los originarios de otros pueblos4. La revolución de independencia dejó suspendidas las Reales Ordenanzas y será hasta el 28 de diciembre de 1838, con la firma del Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre México y España, conocido también como el Tratado de Santa María-Calatrava, cuando España reconoce oficialmente la emancipación de México y renuncia a toda pretensión de derecho y propiedad sobre el territorio y la riqueza del subsuelo de su anterior colonia. ¿Saben ustedes qué disponía ese tratado sobre la propiedad del subsuelo? Donde antes decía que pertenecía a la Real Corona Española, quedó el término “Nación Mexicana”. La Constitución liberal de 1857 concede a los estados la facultad de legislar y explotar la minería y el comercio. Surgen así las primeras autoridades estatales y locales en materia de minería. Y por vez primera se menciona al petróleo y al carbón dentro de las reglas generales de todos los minerales. Hay una estrecha vinculación del Federalismo original con la explotación petrolera, que el presidencialismo centralista se encargaría después de expropiar y expoliar. 4

Ríos de la Torre, Guadalupe, “La industria petrolera y el imperio de las leyes (1738-1938)”, Revista Tiempo y Escritura, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 16, junio de 2009.


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Será Maximiliano de Habsburgo (1862-1867) quien regresa al sistema borbónico de concesiones mineras particulares para explotar la propiedad nacional del subsuelo. No tuvo tiempo de consolidar el Segundo Imperio mexicano, pero sí de otorgar las primeras 39 concesiones petroleras en la historia nacional. La mayor parte fueron para mexicanos, pero también introdujo los primeros concesionarios particulares extranjeros. Estas primeras concesiones se otorgaron para Tabasco y los municipios del norte de Veracruz, los del sur de Tamaulipas, la región de Tenancingo en el Estado de México, la región del Istmo, y algunos municipios de Puebla colindantes con la Huasteca5. Al triunfo de la segunda República Liberal, Benito Juárez respetaría esas concesiones, pero tampoco otorgó nuevas. Su atención se concentró en el desarrollo de la minas carbón y de los primeros minerales ferrosos. Porfirio Díaz asumió por vez primera la presidencia de la República en 1880. Cuatro años después se expedía el “Código de Minería Nacional” que derogaba los códigos mineros estatales y establecía de manera inédita en la historia de México la declaración de que “los propietarios de la superficie eran dueños del carbón de piedra y del petróleo y podían explotarlo fuera del régimen de denuncios y concesiones”, es decir, de manera directa y sin autorización alguna de la autoridad. Era la primera privatización absoluta del petróleo, realizada no a través de la Constitución, sino de una ley secundaria. Después, en 1892, Díaz expidió la Ley Minera en la que “se reconocía explícitamente al superficiario como propietario, y se refrendaba que la propiedad podía ser explotada sin necesidad de obtener concesiones.”6 Porfirio Díaz procuró el equilibrio entre las concesiones otorgadas al capital inglés y al norteamericano, aunque privilegió al primero. En 1887 se inició en nuestro país la explotación en grande al conceder a la Waters-Pierce Oil los permisos necesarios para la explotación del subsuelo mexicano.

5 Ibídem. 6 Ibídem.


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¿Cuál fue la justificación porfirista para otorgar estas concesiones petroleras a inversionistas extranjeros?, que no había ni capital ni tecnología suficiente en México, y que sólo de esta forma el país se desarrollaría y se generaría prosperidad para todos los mexicanos. ¿Les suena familiar esta argumentación? El diseño de las concesiones petroleras porfiristas no fue siquiera obra de algún mexicano. Su contenido y alcances fueron definidos por dos inversionistas de aquella época: uno inglés y otro norteamericano. Así describe la historiadora Guadalupe Ríos esta intervención: Figuraron en aquellas actividades dos hombres que empezaban a influir sobre los destinos de la industria petrolera mexicana: el inglés Weetman Dickinson Pearson, y Edward L. Doheny, de nacionalidad norteamericana. Los dos, contratistas de las obras de ferrocarriles mexicanos, se dieron cuenta de la riqueza petrolera de México durante sus actividades constructoras. Pearson trabajó en el ferrocarril del Istmo, conoció las riquezas petroleras de la región y las de Tabasco. En 1905, el sacerdote Manuel Gil Sáenz da noticia de que Pearson “anda explorando su antigua mina.” Doheny trabajó en el ferrocarril de Tampico o San Luis Potosí, se entusiasmó con los afloramientos de caliza en El Abra y con las chapopoteras del Cerro del Pez. Los dos, Pearson y Doheny, eran grandes amigos de políticos mexicanos y empezaron a interesarlos en el asunto del petróleo.

La inversión de Doheny consistió principalmente en comprar algunas propiedades en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. En consecuencia, su interés estaba en que se mantuviera la legislación que establecía la propiedad del petróleo a favor del superficiario; además hacía contratos de explotación con otros propietarios, pero sus principales adquisiciones las hacía en firme, por compra. De cualquier modo lo que le interesaba era que los dueños de la superficie tuvieran la libre disposición del petróleo. En cuanto al inglés Pearson, incuestionablemente con mayores apoyos políticos, deseaba modificaciones legislativas para que el petróleo volviera al dominio nacional y se explotara mediante el régimen de concesiones, de las que él podía sacar con menos dinero, más partido.


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Así, puede explicarse que el 24 de diciembre se expidiera la Ley de petróleo de 1901, en la que se hizo evidente la franca lucha entre los dos principios: el que le convenía al inglés y el que deseaba el norteamericano. Esta Ley facultaba al Gobierno para dar concesiones petroleras en los terrenos nacionales y en las zonas federales, como eran las de las costas, los ríos y las lagunas. “Las concesiones se otorgarían mediante ciertas obligaciones de inversión, estableciendo una renta de cinco centavos por hectárea y además la obligación de pagar el 7% de las utilidades, cuando las hubiera, al Gobierno Federal, y 3% a los gobiernos de los Estados, donde se encontraran las zonas federales concesionadas” (Ley del Petróleo, 24 de diciembre de 1901). Posteriormente, en noviembre de 1909, la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos declaró “propiedad exclusiva del dueño del subsuelo los criaderos o depósitos de materia bituminosas” (Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 1909). Dicha ley permaneció en vigor hasta 1926, cuando se reglamentó el artículo 27 constitucional”7. De esta forma, la Ley Minera de 1909 quitó a la nación el dominio, el manejo y el destino de los yacimientos petrolíferos. Un año después estallaba la Revolución Mexicana, con una demanda política central: la no reelección, que después derivaría en una serie de reivindicaciones nacionalistas, entre otras, la recuperación de la riqueza mineral del subsuelo —señaladamente, el petróleo—, para la nación. Desde entonces, ha sido una mala idea combinar medidas políticas reeleccionistas con reformas energéticas privatizadoras, en un entorno de crecientes desigualdades sociales. Son un coctel molotov que tarde o temprano genera decepción ciudadana y revueltas sociales. La historia de la legislación petrolera a partir del triunfo de la Revolución Mexicana es bastante conocida. El Constituyente de 1917 rescata el petróleo como riqueza nacional, en el artículo 27, y desde entonces se define a este recurso como la columna vertebral del desarrollo del país. Las sucesivas leyes reglamentarias sí permitieron la participación 7 Ibídem.


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privada, pero siempre en condiciones de complementariedad, subordinación, regulación y fiscalización por parte del Estado, nunca como la participación vertebral, vertical, dominante y con una regulación difusa o mínima como hoy lo pretende la reforma energética. Precisamente con base en el artículo 27 constitucional, con fundamento en las violaciones sistemáticas a la ley reglamentaria reguladora por parte de las petroleras británicas y norteamericanas (incumplimiento fiscal, extracción destructiva del entorno petrolero), pero de manera especial por el desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a favor de los trabajadores, es que el General Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Hago este recuento somero de la legislación petrolera porque dicen que el hombre es el único animal de la creación que se tropieza dos veces con la misma historia. O como dice un clásico: cuando la historia se repite, la primera vez se presenta en forma de tragedia, y la segunda en forma de farsa. Y esto es lo que tenemos enfrente el día de hoy: una farsa de reforma energética, que reedita la aventura privatizadora de Porfirio Díaz y la de la Casa Española Imperial de los Borbón. Esta farsa la inició el PRI al presentar un proyecto de reforma presuntamente inspirada en Lázaro Cárdenas, proponiendo los contratos de utilidad compartida. Pero al aliarse con el PAN y aceptar los contratos de servicios, los contratos de producción compartida y las licencias petroleras, tanto de compañías nacionales como extranjeras, el PRIAN abandonó a Cárdenas y se echó a los brazos de Porfirio Díaz. Es falso que esta reforma vaya a lanzar a México hacia el futuro; lo está regresando un siglo atrás. Es falso que sea una reforma fundacionalmente histórica; es una reforma íntegramente privatizadora.


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Es falso que vaya a traer riqueza y prosperidad a los mexicanos; se va a traducir en mayor riqueza para algunos y mayor pobreza para todos, como ha sido la regla de las privatizaciones mexicanas. Es falso que esta reforma responda a los grandes intereses nacionales; desde su diseño, hasta el contenido y la difusión informativa, ha respondido puntualmente a los grandes intereses de gobiernos y capitales extranjeros. Es falso que esta reforma sea la única que pueda transformar al sector energético del país y lo rescate del atraso tecnológico, de la descapitalización, de la incompetencia y de la corrupción que hoy lo ahogan. Tengo aquí en mis manos un termo, al que vamos a convertir en una cápsula del tiempo, por su capacidad aislante y refrigerante. Vamos a depositar en ella dos tipos de documentos: por un lado, tres recibos, de luz, gas y gasolina del día de hoy, ya que uno de los argumentos para imponer estas reformas es que habrá energía barata para los mexicanos. Y la otra es la lista de los senadores, diputados federales y diputados locales que aprobarán esta reforma energética, a espaldas y en contra de la mayoría de los mexicanos. Esta cápsula del tiempo viajará a París. Su destino: el número 3 del Boulevard Edgar Quinet. Es el cementerio de Montparnasse. Allí será depositada, a un costado de la tumba 25 mil 346, donde descansan los restos de Porfirio Díaz. Antes pediremos permiso a las autoridades sanitarias y migratorias de la República Francesa, porque su contenido podría ser altamente tóxico para el subsuelo y la democracia de esa gran nación. La cápsula no tendrá que esperar un siglo para ser abierta. Será repatriada en junio de 2018, un mes antes de las elecciones federales de ese año, en el que habrá de estrenarse la reelección legislativa (otra de las añoranzas porfiristas resucitadas en esta legislatura).


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Con esos dos documentos en la mano, vamos a solicitar a los mexicanos que hagan el juicio histórico de lo que hoy se está aprobando, no para las calendas griegas, sino al pie de la urna electoral. Vamos a preguntarle a los ciudadanos mexicanos si estos legisladores y los partidos políticos que aprobaron la reforma energética para supuestamente tener luz, gas y gasolina baratas cumplieron su promesa; y también vamos a pedirle a los ciudadanos que digan si quieren reelegir a legisladores vendepatrias y a partidos traidores a México, o si prefieren regresarlos a sus casas y oficinas, de las que nunca debieron haber salido. Vamos a hacer de facto la consulta popular, el plebiscito y el referéndum que la Constitución reconoce, pero que la alianza neoporfirista del PRIAN boicotea, bloquea y escamotea en los hechos. Vamos a recordarles día tras día, casa por casa, y elección tras elección que la patria no se vende…, la patria se defiende.

La yemenización de México Desde su concepción hasta su diseño, justificación, instrumentación y la difusión de su contenido, esta reforma energética privatizadora ha estado moldeada por las prioridades, los apremios y los intereses extranjeros, no por los nacionales. En concreto, por los intereses del gran capital financiero internacional, vinculado al desarrollo energético. La globalización se está moviendo de la unipolaridad norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado hacia un nuevo orden económico multipolar, con potencias emergentes como la región China-India, la Unión Europea y la de Asia-Pacífico. Para que Estados Unidos mantenga su hegemonía y competitividad económica en el próximo cuarto de siglo, requiere tener garantizado y asegurado un insumo fundamental: la energía. Tiene tecnología, tiene mano de obra calificada, tiene capital, tiene democracia, tiene un Estado de Derecho fuerte…, tiene también ahora un gestor involuntario,


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ciego, sordo e irresponsable, que es la mayoría de la LXII legislatura mexicana…, pero le hace falta garantizar la energía. Y no cualquier tipo de energía, sino energía barata. En ese camino está nuestro vecino, enfocado a la tarea de remanufacturar sus procesos industriales a partir de energía barata plenamente asegurada. Y no solamente es su prioridad económica, también es su prioridad en materia de seguridad y soberanía política. Si algo debemos tener claro después de la divulgación de documentos sobre espionaje realizada por WikiLeaks y Edward Snowden es que la prioridad de nuestros socios comerciales no es precisamente el comercio, sino las posibles actividades terroristas y las políticas energéticas de las naciones espiadas. En efecto, hay una revolución energética en el mundo basada en el uso intensivo de gas shale y de extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras. Estados Unidos está incrementando aceleradamente sus reservas y la producción de energéticos, especialmente de gas natural, de tal forma que a inicios de la próxima década podría pasar de importador a exportador neto. Esta sobreoferta de hidrocarburos tiene el objetivo de bajar el precio de la energía y depender menos del inestable mundo petrolero de Medio Oriente. Estados Unidos está promoviendo esta transición energética de manera rápida, a tal grado que la región de América del Norte podría ser al final de la década la nueva Arabia Saudita, y el Golfo de México el nuevo Golfo Pérsico. De esta manera se garantizaría la hegemonía y viabilidad económica de la América del Norte en un mundo multipolar. ¿Qué le hace falta a esta política energética integracionista, continental y trasnacional? Un petróleo y gas mexicanos abiertos y privatizados; libres de “dogmas nacionalistas”, de “paradigmas soberanistas” o de constituciones que avalen monopolios públicos, como lo hacen los artículos 27 y 28 constitucionales que hoy se modifican. Así lo demuestra un informe elaborado por el Senado estadounidense8, el cual envió a un equipo de trabajo a la Ciudad de México, en octubre 8 Oil, Mexico, and the Transboundary Agreement. A Minority Staff Report Prepared for the Use

of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, December 21, 2012, U.S. Government Printing Office, Washington, 2012, pp. v y 1-7.


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de 2012, para “revisar las oportunidades de aumentar el compromiso entre EE.UU. y México en temas de petróleo y gas, incluyendo el Acuerdo Transfronterizo México-Estados Unidos, que requiere la acción del Congreso para tener efecto.” De esta manera, acudieron para “reunirse con el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y los líderes del Congreso de México, PEMEX, el regulador energético mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, industria de los EE.UU., los especialistas académicos, y funcionarios de Estados Unidos en la Embajada en México.” El informe que da cuenta de dicha reunión revela la importancia que nuestros recursos energéticos representan para la llamada “seguridad energética” de los Estados Unidos, y en consecuencia, lo urgente que le resultaba a aquella nación una reforma constitucional: La política de seguridad energética a fondo en Washington requiere una evaluación constante de la industria petrolera mexicana. Si México no reforma su situación interna de producción de energía, los EE.UU. no pueden basarse en los niveles actuales de las importaciones. [El estudio] era oportuno debido a las recientes elecciones mexicanas para presidente y Congreso. El presidente mexicano recién electo, Enrique Peña Nieto, hizo campaña con la promesa de instituir reformas energéticas y ha seguido este tema desde que asumió el cargo. La reforma, o la falta de la misma, negociada entre el presidente de México, y el Congreso tendrá consecuencias para la cartera de energía de EE.UU. y los intereses comerciales.

Y continúa: Los recursos de hidrocarburos de México pertenecen a los mexicanos. El entusiasmo popular y el orgullo nacional se unen a esos recursos, y muchos mexicanos dependen directamente de la industria del petróleo existente para su subsistencia y los intereses empresariales. Cruzar el territorio de la reforma del sector energético requiere el coraje político de parte de políticos mexicanos. El gobierno de Estados Unidos reconoce enfáticamente la posición privilegiada del petróleo en la política mexicana.


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Sin embargo, Estados Unidos tiene intereses directos en el futuro del petróleo y el gas natural en México. […] Con fuertes lazos culturales y una frontera común, los EE.UU. se benefician cuando México crece. Petróleos Mexicanos […] no ha sido capaz de aumentar significativamente la producción fuera de su zona de confort en aguas poco profundas. Sin una reforma, los recursos petroleros de México no se desarrollarán de un modo que se traduzca en una mejor calidad de vida para los mexicanos. México es un proveedor confiable de petróleo a Estados Unidos. La cuestión para los políticos estadounidenses son los volúmenes que México será capaz de exportar en el futuro. La producción mexicana se redujo más de un cuarto en la última década […]. Es necesario comprender la posible trayectoria de la reforma en México para planificar adecuadamente los futuros volúmenes y tipos de petróleo crudo negociados con los Estados Unidos, lo cual también tendrá implicaciones más amplias para la seguridad de EE.UU. y el crecimiento económico. Las reformas energéticas mexicanas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de EE.UU. y América del Norte.

Y aunque los estadounidenses “reconocían” la soberanía de los mexicanos sobre sus recursos energéticos, no se mostraban convencidos de que PEMEX fuera capaz de encargarse sola de su procesamiento: La mayoría de los interlocutores se muestran escépticos de que PEMEX cuente con el capital o los conocimientos necesarios para desarrollar campos marinos profundos […]. Por otra parte, en aguas profundas se requieren inversiones masivas durante muchos años, e incluso que las más grandes compañías petroleras internacionales del mundo (CPI) se asocien con otras para generar capital y diversificar el riesgo de este tipo de inversiones. Las limitaciones de capital de PEMEX se complican aún más por la gran carga de deuda de la compañía. […] Probablemente, PEMEX podría desarrollar un proyecto en aguas profundas mediante la compra de tecnología y experiencia a través de contratos de servicios muy generosos con muchas de las mismas empresas con las cuales contratan las CPI. Sin embargo, bajo las restricciones de capital y de gestión actuales, es extremadamente poco probable que PEMEX por sí mismo tenga los recursos necesarios para


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emprender múltiples desarrollos en aguas profundas, y al mismo tiempo invertir en la producción de petróleo convencional. Por otra parte, mientras que alguna tecnología puede ser adquirida a través de contratos de servicios, la experiencia de gestión de proyectos para ejecutar este tipo de proyecto no se adquiere fácilmente. Por lo tanto, la decisión sobre si el acceso a las CPI debe concederse de forma individual o en asociación con PEMEX para desarrollar el petróleo en México, depende de la cantidad de petróleo que el Gobierno mexicano quiera producir y durante qué periodo de tiempo. Otro importante tema de interés abordado desde aquel entonces fue el del gas shale, sobre el que ya tenían previsiones: El gobierno de Estados Unidos estima que México tiene una de las mayores reservas de gas de esquisto [shale] en el mundo en más de 680 billones de pies cúbicos (bpc) de reservas técnicamente recuperables. […] La mayoría de los interlocutores se mostraron optimistas de que las reformas de gas para permitir la inversión privada se llevarán a término, ya que en general el gas natural se considera políticamente menos sensible que el petróleo. El temor más común de dicha reforma expresado por los interlocutores fue que si la reforma de gas pasara separadamente de la reforma petrolera, podría atrofiar el impulso para esta última.

En resumen, la preocupación norteamericana por las posibles reformas que el actual gobierno pudiera emprender en materia energética quedó expuesta de manera muy clara: […] el interés de EE.UU. radica fundamentalmente en evaluar si las reformas serán significativas y si las empresas estadounidenses seguirán teniendo acceso a la provisión de bienes, servicios e inversiones para el sector mexicano, independientemente de la naturaleza de la reforma. El marcador clave para cualquier reforma capaz de mejorar significativamente el horizonte de producción de petróleo de México es si esa reforma producirá la voluntad de las CPI a invertir su capital y conocimientos.


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[…] Muchos interlocutores expresaron que otra reforma gradual no valdría la pena el esfuerzo político; como un observador declaró: “Si hay algo que hemos aprendido sobre la reforma energética en México, es que si las reformas son paulatinas, no funcionan”. […] La necesidad que tiene México para la reforma de petróleo y gas natural es ampliamente reconocido entre los líderes en México. La cuestión principal sigue siendo si las condiciones políticas nacionales permitirán la reforma para avanzar. […] El recientemente electo presidente Enrique Peña Nieto hizo campaña sobre la reforma del sector energético mexicano, y su nuevo gobierno parece decidido a cumplir esa promesa. La voluntad política de reformar es evidente.

Y el resultado fue una reforma energética a modo, que incluso superó las expectativas del Gobierno estadounidense. Quiero recordarles que desde 1939, un año después de la expropiación petrolera, cuando representantes del Gobierno mexicano negociaban con las petroleras nacionalizadas el monto y los plazos de la indemnización correspondiente, las compañías plantearon la posibilidad de su regreso a México, con una sola condición: que se reformara el artículo 27 constitucional que establecía la preeminencia de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos. 74 años después, gracias a la LXII legislatura, se está cumpliendo esta exigencia. Desde su diseño hasta su difusión, esta reforma energética ha tenido coordenadas, perspectivas y padrinazgos trasnacionales. Durante la campaña presidencial, el candidato del PRI fue a Nueva York a anunciar su compromiso de abrir y privatizar el petróleo y el gas. Intercambió petróleo por votos y un reconocimiento anticipado del gran capital. Al regresar a México lo negó todo.


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Como presidente electo, en Londres, anunció que el petróleo mexicano se abriría a las trasnacionales. Y al llegar aquí, lo volvió a negar. Después, en el Pacto por México, suscribió compromisos en materia petrolera que hoy esta reforma nulifica e invalida. Por ejemplo, el compromiso 54 dice: “Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos”. Con los “contratos de producción compartida” la Nación recibirá sólo un parte de la producción y con las licencias petroleras no recibirá más que regalías. El compromiso 56 establece: “Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano”. Esta reforma hace exactamente lo contrario: minimiza la renta petrolera y la maximiza a los inversionistas privados. El compromiso 57 advierte: “Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX”. La asociación de Pemex con inversionistas privados implica compartir, entregar o dar en garantía las actuales refinerías e instalaciones petroleras. Pudo más el Pacto de Nueva York, Washington y Londres, que el Pacto por México. Allá afuera, la verdad. Aquí dentro, la mentira, la manipulación y el doble discurso. Con esa ruta entreguista preestablecida, no debe extrañarnos que la prensa extranjera estuviera más informada y actualizada del contenido de la reforma energética, que esta soberanía nacional. Una vez más, se confirmó la función de ventanilla de trámite, de resumidero de acuerdos, de lavamanos político que el Poder Ejecutivo y la partidocracia dominante del Pacto por México le han conferido a esta Legislatura.


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Suponiendo, sin conceder, que dentro de una década América del Norte se convirtiera en la nueva Arabia Saudita del mundo, ¿qué papel jugaría México? El mismo que actualmente tiene Yemen en la cuenca petrolera arábiga, al sur de Arabia Saudita: un depósito natural de petróleo y gas natural de los sauditas, no de los yemenitas, administrado por una cleptocracia política, con una de las sociedades más desiguales del mundo árabe, y con una historia política marcada por la violencia, el autoritarismo, las protestas sociales y las revueltas guerrilleras. Esta reforma energética no está diseñada para la independencia ni para la revolución energética de México, sino para ahondar su dependencia y su condición de maquilador y exportador de energéticos. Se los voy a demostrar de una manera muy sencilla. En las casi 7 mil palabras que contiene la iniciativa, no se menciona una sola vez el término clave que utiliza cualquier política energética independiente y soberana: seguridad energética nacional. Los 10 conceptos que más se mencionan son contratación, asignación, producción, propiedad, particulares, exploración, extracción, subsuelo, fondo y fideicomiso. Esto evidencia que la iniciativa está diseñada con una visión de comerciantes, de mercaderes y de abogados corporativos, no con la perspectiva de un estratega, de un estadista o de un líder nacional. Es una iniciativa pensada en cómo hacer del petróleo un buen negocio, y no en cómo hacer del petróleo una buena oportunidad para el desarrollo. Se les olvidó que la “seguridad estratégica nacional” es el concepto clave de la política energética de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Argentina y todos los países productores de petróleo. La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros contemporáneos y es lo que ustedes, señores legisladores del PRIAN, han abandonado a su suerte, y con ello han puesto en peligro inminente la soberanía nacional. Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando sus economías domésticas para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden mundial multipolar.


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Seguridad energética nacional es el detonador con el que China e India están creciendo a tasas superiores al 8% anual. Seguridad energética nacional es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión. Desde Arabia Saudita hasta Brasil. Seguridad energética nacional es lo que argumentó Argentina el año pasado para revocar a Repsol las concesiones petroleras, porque no cumplió ninguno de los requisitos de ley; es decir, no cumplió su programa de inversiones, no pagó los impuestos que debía, no le cumplió a los trabajadores argentinos las obligaciones contractuales, y dejaba un desastre ecológico en las áreas de explotación. ¿Así o más contundente? Seguridad energética nacional es lo menos que trae esta reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica. Lo que a ustedes les preocupa y ocupa es extraer lo más rápido posible el petróleo y el gas del subsuelo, y monetarizarlo. Es decir, venderlo al mejor postor, y que el fisco reciba algunos pesos por ello. No les preocupa transformarlo ni agregarle valor a través de su transformación en productos petroquímicos o en insumos básicos para la industria nacional. Con esta visión de extraer y vender el mayor crudo y gas posibles en el menor tiempo probable, ustedes están contribuyendo a la seguridad energética de otras naciones, pero están condenando al neocolonialismo y al subdesarrollo a la nación mexicana. Esto es precisamente hacer de México la Yemen de América del Norte en esa presunta nueva Arabia Saudita que está por emerger en esta región del planeta. Esta reforma no va a revolucionar los hidrocarburos en el país, en cambio sí va a revolucionar la doctrina constitucional: los hidrocarburos ya no serán de la nación que los posee bajo la forma de propiedad ori-


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ginal, sino de la trasnacional que los trabaje bajo la forma de licencias petroleras.

Cláusula Calvo, renuncia de la soberanía nacional y judicialización internacional de las controversias petroleras Otro ejemplo de cómo esta iniciativa ha descuidado la seguridad energética nacional es la forma como deja abierta la puerta a la judicialización internacional de las controversias petroleras. No hay una sola línea para prevenir que las controversias internacionales por la exploración y extracción de hidrocarburos de la nación se resuelvan de manera preeminente conforme al derecho, los tribunales y la jurisprudencia nacional. La cláusula Calvo quedó totalmente desplazada. Se las recuerdo: “Solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo”. Conforme a esta doctrina legal aplicable en México y en casi toda Latinoamérica, son cinco los puntos que deben incorporarse al celebrarse un contrato con personas físicas o morales de nacionalidad extranjera: 1) someterse a la jurisdicción legal local, 2) en caso de controversia, aplicación de la legislación local, 3) someterse a los acuerdos contractuales locales, 4) renunciar a solicitar la protección diplomática de su gobierno, 5) perder los bienes adquiridos en caso de incumplimiento del convenio.


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

La excepción a la incorporación y aplicación de la cláusula Calvo es en el caso de los acuerdos e intercambios mercantiles al amparo del Tratado de Libre Comercio. Al renunciar a la aplicación de la misma en la reforma constitucional del 27, los hidrocarburos se estarían incorporando de facto a los lineamientos del TLC en cualquiera de las modalidades de contrato o asignaciones que se realicen con compañías extranjeras, especialmente norteamericanas. Sin la cláusula Calvo, las controversias petroleras deberán resolverse en paneles y tribunales internacionales de ahora en adelante, dejando en desventaja a la representación nacional. ¿Saben ustedes cuántos millones de dólares ha sido condenado a pagar Pemex por laudos internacionales en su contra? ¿Saben ustedes cuántos juicios internacionales ha perdido o ha dejado perder por presuntos incumplimientos de contratos en los últimos años? Se los dejo de tarea, para que por lo menos sirvan de algo. Tan sólo en el más reciente juicio que perdió frente a Siemens y la coreana SK Engineering & Construction, fue condenado a pagar 550 millones de dólares, lo que cuesta un pozo en aguas profundas. Por supuesto que jamás una legislatura entreguista y vendepatrias será capaz de incluir una cláusula de preeminencia y prioridad de la Constitución mexicana sobre las controversias internacionales petroleras, porque eso sería romper con el espíritu globalizador de los tratados comerciales internacionales, especialmente del Tratado de Libre Comercio, y también porque el siguiente paso será precisamente ese: que el petróleo mexicano se rija como una materia prima más de las que se comercian en América del Norte, Europa o Asia, a nivel de los jitomates, los plátanos y los cacahuates.

Saldrá el sindicato de la administración de Pemex…, pero también los trabajadores se irán a la calle Quiero referirme a dos supuestos grandes logros de la reforma energética: la salida del Consejo de Administración del sindicato petrolero y el Fondo Mexicano del Petróleo.


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El despido de Romero Deschamps y cuatro representantes sindicales más en el Consejo de Administración de Pemex es sólo el inicio de un proceso de despido mayor de trabajadores transitorios y de planta. Hacer de Pemex y de la CFE unas “empresas productivas del Estado” implica una acción muy sencilla: en dos años, echar a la calle a una tercera parte de su personal. Así lo dicen todos los estudios de productividad que se han hecho sobre el tema. Empezarán con los trabajadores transitorios, que no serán contratados más, y luego se irán sobre los trabajadores de planta que tengan menor antigüedad laboral, porque es donde las liquidaciones salen menos costosas. También incluye desaparecer divisiones corporativas enteras de las actuales empresas. De hecho, así se hizo con Petrobras, cuando decidieron transformarla en empresa pública modelo. Hablamos de echar a la calle a 60 mil trabajadores en dos años, entre las dos empresas. Pero también hablamos de que las futuras corporaciones privadas que resulten beneficiadas con licencias y contratos petroleros no van a contratar a los trabajadores mexicanos con el régimen de prestaciones laborales y sociales que actualmente tienen los trabajadores del sindicato. Los presuntos cientos de miles de nuevos empleos que supuestamente traerá la reforma energética serán contratados con el régimen jurídico precario que prevé la nueva Ley Federal del Trabajo. Es decir, van a ser trabajadores pelones o rasurados, en términos de prestaciones y seguridad social. De hecho, actualmente, con el mote de “trabajadores pelones” se les conoce a los casi 60 mil empleados que laboran externamente para Pemex en empresas contratistas privadas que trabajan bajo el régimen de outsourcing y que tienen la vana ilusión de ser algún día trabajadores transitorios o de planta de la paraestatal. Quienes crean que los nuevos trabajadores del sector energético van a ser atendidos en el sistema hospitalario de Pemex, o van a tener el


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pago de horas extra, o van a poder acceder a préstamos hipotecarios o personales muy atractivos, se van a llevar el fiasco de su vida. En el mejor de los escenarios, esta reforma energética va a traer miles de empleos: pero van a ser empleos precarios, de trabajadores pelones o rasurados de prestaciones, más cercanos a los trabajadores de la informalidad que a la aristocracia obrera petrolera. Qué bueno que se van Romero Deschamps y sus secuaces del Consejo de Administración de Pemex…, que malo que detrás de ellos se irán a la calle miles de trabajadores del sector energético durante los próximos dos años.

El Fondo Mexicano del Petróleo El Fondo Mexicano del Petróleo es otro de los presuntos logros de esta reforma. Su objeto es “recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, con excepción de los impuestos”. La idea es buena, pero la operación es bastante engañosa. De entrada, no es un fondo para administrar la renta petrolera, sino las sobras de lo que quede de la renta petrolera. No administrará propiamente los excedentes, sino los residuos de los excedentes. De entrada, por efecto de la privatización, la renta petrolera ya no va a ser lo que fue: el principal sostén de las finanzas públicas. Si el año pasado ingresaron 85 mil millones de dólares, el próximo año si el precio del crudo se mantiene como ahora y se exporta la misma cantidad, el ingreso podría reducirse a la mitad. De eso que queda, conforme al artículo transitorio décimo cuarto, Hacienda llevará la mano para cobrar los impuestos correspondientes a las petroleras privadas. De este segundo remanente, el Fondo Mexicano del Petróleo deberá cubrir el “fondo de estabilización de los ingresos petroleros” y el “fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas”.


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De lo que quede, es decir, de un tercer remanente, tendrá prioridad el presupuesto de egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos de 2013, después un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo; y si todavía sobra algo, podrá destinar hasta el 0.15% del PIB a financiar sistemas de pensiones; otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología y en energías renovables, y hasta otro 0.15% del PIB en becas para la formación de capital humano, en proyectos de mejora a la colectividad y en el desarrollo regional de la industria. Es decir, es un fondo para administrar las sobras de lo que un día fue una gran renta petrolera estatal y que ahora se irá a las tesorerías de empresas privadas nacional y trasnacionales. Si algún día el ex presidente López Portillo habló de un fondo petrolero para administrar la abundancia, esta reforma trae bajo el brazo un fondo para administrar los residuos del ingreso petrolero. La única reserva que presento en esta ocasión, y ojalá sí la tomen muy en serio y por lo menos sea la única que voten a favor, es que el cargo de directora de este Fondo Petrolero de México se lo reserven a doña Bartola, para que de los dos pesos que le va a dejar la Secretaría de Hacienda pague el teléfono, el agua y la luz, y si todavía le queda algo, que les invite a todos un alipús. En síntesis, este Fondo Mexicano del Petróleo es una tomadura de pelo; es una réplica tardía de aquel fondo petrolero lopezportillesco para administrar una abundancia que nunca llegó, o mejor dicho, que al final de aquel sexenio estalló en forma de crisis devaluatoria y de un crac económico sin precedente.


IV Irracionalidad económica de la privatización de la renta petrolera

Se dice que la reforma energética no se basa en dogmas ideológicos, sino en racionalidades puramente económicas. Que ya es tiempo de abandonar la política-ficción y gobernar con el realismo económico. El objetivo del presente análisis es demostrar que el vehículo más eficiente para que el Estado obtenga la mayor participación posible de la renta petrolera es modernizar y fortalecer a Pemex, no desmantelarlo ni privatizarlo. Existen otras razones adicionales, importantes, para preservar la explotación de los hidrocarburos en manos del Estado mexicano, que se tocarán brevemente más adelante, pero el énfasis de este estudio estará en lo estrictamente económico; en particular en lo que se refiere a maximizar la renta petrolera que captura el fisco de la nación.


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Las reformas impulsadas por el Gobierno del PRI y sus aliados del PAN, el PVEM y el PANAL, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución tendrán dos efectos importantes:

1.

Abrir la producción de crudo a la iniciativa privada, vía contratos de utilidad compartida (o, alternativamente, de producción compartida, licencias y asignaciones).

2.

Abrir la industrialización del crudo a la iniciativa privada, al reclasificar la refinación, petroquímica básica y transporte de crudo, considerándolos “prioritarios” y ya no “estratégicos”.

Analizaremos el impacto económico de estos cambios y, en particular, su impacto en las utilidades y patrimonio de Pemex. Dichas utilidades, que son entregadas prácticamente en su totalidad a la Secretaría de Hacienda, han contribuido en el pasado reciente a financiar aproximadamente el 35% del presupuesto federal. Prácticamente el 100% de la utilidad antes de impuestos de Pemex está en la producción de crudo. A los precios actuales del crudo, esta utilidad es del orden de 75 mil a 85 mil millones de dólares, y proviene de los llamados “yacimientos convencionales”, localizados en tierra y aguas someras. En este tipo de yacimientos, Pemex domina la tecnología y tiene uno de los costos de producción más bajos del mundo: si se incluye el gasto de la inversión, el costo por barril es de aproximadamente 15 dólares; por lo tanto, a los precios actuales cercanos a los 100 dólares por barril, la utilidad de Pemex es de 85 dólares (85% del precio de venta). De hecho, si se multiplican esos 85 dólares por la producción de Pemex de 2.5 millones de barriles diarios y por 365 días del año, se obtiene una cantidad de 78 mil millones de dólares, muy similar a la utilidad antes de impuestos que reporta Pemex en sus estados financieros.


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Las razones que se dan para abrir esta actividad a la iniciativa privada son muy conocidas: “Pemex no tiene recursos”, “Pemex es ineficiente y corrupto”, “Pemex no tiene ‘capacidad de ejecución’”, “Pemex no tiene tecnología”. Desgraciadamente, las reformas que impulsó el Gobierno no atacan estos problemas. El problema de la falta de recursos se resolvería otorgándole independencia presupuestal a Pemex. Esto quiere decir, no tratar más a Petróleos Mexicanos como una entidad que ejerce “gasto público”, y sí en cambio como una empresa que invierte para aumentar sus utilidades y patrimonio. La lógica fundamental en una administración sana del gasto público estriba en que éste no debe exceder en forma significativa los ingresos públicos, para no incurrir en déficits y endeudamiento que desemboquen en crisis financieras como las que hemos vivido en México. Esto es prudente y correcto. Pero la lógica con que se administra una empresa es totalmente distinta. Las compañías privadas invierten en todos los proyectos para los que pueden obtener recursos en los mercados financieros, sujetos básicamente a que la rentabilidad de los proyectos sea mayor que el costo de los recursos obtenidos. De este modo, una empresa puede incurrir en altos déficits financieros temporales, si los beneficios esperados en el futuro de las inversiones realizadas superan el costo de las deudas adquiridas para efectuarlas. En la actualidad, Pemex se puede financiar a tasas de interés muy bajas, menores a 5%. La rentabilidad de sus proyectos de producción de crudo es altísima, pudiendo ser de tasas superiores a 100%. Inclusive, los proyectos de industrialización de crudo (refinación, petroquímica) tienen tasas de retorno de 15% o 20%. Pemex debiera estar acometiendo todos estos proyectos, con lo que su capacidad de aportar al fisco aumentaría en el futuro, ya que tendría más utilidades. El dilema que se plantea frecuentemente sobre que “si Pemex invirtiera más, habría menos dinero para educación o salud” es totalmente falso. Si Pemex invirtiera hoy, habría más dinero para educación y salud mañana, sin afectar los niveles actuales, ya que las inversiones de Pemex no


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afectarían al déficit fiscal ni a los techos de endeudamiento del sector público, siempre y cuando se le otorgara a Pemex la independencia presupuestal. Éste no es un planteamiento teórico; de hecho, así operan prácticamente todas las empresas estatales de energía del mundo. Petrobras, por ejemplo, puede invertir en cinco refinerías, e inclusive en otros países, sin afectar el presupuesto de gasto en educación o salud de Brasil, porque está fuera del presupuesto. En la misma situación están Statoil (Noruega), Sinopec (China), Electricité de France (Francia), etc. Pemex es la única excepción. Sin embargo, en esta reforma “de gran calado” concebida por el Ejecutivo no se plantea la solución a la falta de recursos de Pemex (la independencia presupuestal). Lo que se planea, aduciendo esta “falta de recursos” es que la inversión la hagan terceros, y que éstos se lleven una parte de la renta petrolera. Con una escasez de recursos generada artificialmente, mañosamente, al no darle a Pemex el tratamiento presupuestal que tienen todas sus empresas pares en el mundo, se abre la puerta para compartir la renta petrolera. El otro argumento que se esgrime para privatizar la producción es la corrupción e ineficiencia de Pemex. No hay duda de que éstas existen; sin embargo, en las reformas aprobadas no se atacan, prácticamente ni se mencionan. De hecho, al no estar definidas las leyes secundarias para otorgar los contratos de utilidad compartida (o producción compartida, o licencias) se da paso a una corrupción aún mayor, ya que los funcionarios tendrían a su discreción los términos en que se compartiría la renta petrolera de ¡80 mil millones de dólares al año! Sin embargo, a pesar de la ineficiencia y corrupción imperante en Pemex, que habría que tomar medidas para corregir, esta empresa sigue siendo la forma más eficiente para que el Gobierno maximice su participación en la renta petrolera. Para entender esto, basta hacer un simple ejercicio aritmético (y existen pocas cosas menos ideológicas que la aritmética): El costo por barril de petróleo en yacimientos convencionales es de 15 dólares, con una utilidad de 85 dólares por cada uno. En los contra-


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tos de utilidad compartida, el operador privado recuperaría su costo y compartiría la utilidad por encima de ese costo. Supongamos que el operador privado, eficiente e incorruptible, tiene un costo de 10 dólares por barril, contra los 15 de Pemex. O sea, una utilidad de 90. Para que Pemex obtuviera los mismos 85 dólares por barril de utilidad que obtiene operando directamente, al operador privado le tendrían que corresponder un máximo de 5 dólares por barril, que equivalen al 5.55% (5/90) de la utilidad. ¿Es ése el porcentaje de utilidad que se va a ofrecer a los participantes privados? Obviamente, no. E incluso con ese porcentaje Pemex no aumentaría sus utilidades, sólo quedaría igual. Pero con un problema adicional: si la empresa privada infla sus costos para obtener un mejor rendimiento, Pemex y el fisco mexicano perderían. Éste no es un caso teórico tampoco. Sabemos de la incapacidad recaudatoria del Estado mexicano, y que las empresas tienen múltiples mecanismos para inflar costos y reducir sus utilidades fiscales. ¿Creemos que este fenómeno no se va a dar en la explotación de crudo? De hecho, la fiscalización de las utilidades sería otra fuente de corrupción en Pemex, Hacienda o la entidad que las vaya a fiscalizar. El caso de Brasil es ilustrativo a este respecto: el Estado brasileño, que es mucho mejor recaudador que el mexicano (recauda más de 30% del PIB contra nuestro 10%), no pudo fiscalizar adecuadamente cuando los yacimientos eran operados por empresas privadas, perdiendo parte de su renta petrolera, por lo que decidió que en todos los nuevos yacimientos el operador sería Petrobras, aunque hubiera inversionistas privados. Tal fue la solución que encontraron para evitar las trampas en la determinación de las utilidades que realizaban las empresas privadas. Deberíamos aprender de esta experiencia. Con el ejercicio aritmético anterior, y las consideraciones sobre la fiscalización de utilidades, debiera quedar claro que, por lo menos en yacimientos convencionales, es prácticamente imposible que la renta petrolera que llega al fisco aumente con participación privada. Por lo tanto, hubiera sido importantísimo que la presente legislatura del Congreso de la Unión hubiera excluido de las modificaciones constitucionales, explícitamente, la posibilidad de que los yacimientos de tierra y aguas someras fueran sujetos de modali-


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dades de participación privada. Reiteramos estar en contra de los cambios a la Constitución, pero no haber incluido por lo menos una salvaguarda para los yacimientos convencionales es de una negligencia criminal. Los temas de falta de capacidad de ejecución y tecnología están relacionados con la política de desmantelamiento de cuadros técnicos y de desarrollo tecnológico que han venido desarrollando los últimos gobiernos. La “tercerización” de actividades o outsourcing ha tenido como consecuencia lógica que los empleados de Pemex que realizaban estas actividades hayan sido jubilados, despedidos o relegados, y que la empresa y el Instituto Mexicano del Petróleo hayan perdido capacidades de ejecución y desarrollo tecnológico que tenían. La propuesta de reforma acentuaría esta tendencia, pues Pemex ya ni siquiera tendría que contratar los servicios: la operación sería totalmente privada. Las nuevas tecnologías no serían conocidas ni asimiladas por empleados de Pemex; es difícil entender cómo mejoraría la capacidad de ejecución de Pemex si los operadores fueran empresas privadas. Es tan obvio que los problemas de falta de capacidad de ejecución y de dependencia tecnológica se agravarían, que no vale la pena extenderse más en este tema. Los cambios que reclasificarían la industrialización y el transporte del crudo de “estratégico” a “prioritario” encierran un riesgo muy alto al patrimonio de Pemex: que estos activos puedan ser rematados a una fracción de su valor o entregados en “asociación”, como el caso reciente de Pajaritos o el anterior de Mexlub. En lo relativo a refinación y petroquímica, los argumentos para la privatización son principalmente la falta de recursos para inversión, y la baja rentabilidad o la rentabilidad negativa (pérdidas) de estas actividades. El tema de falta de recursos ya lo discutimos en lo relacionado con la producción de crudo, y aplica exactamente igual a la industrialización del mismo. De hecho, para el caso concreto de la refinería de Tula, los cálculos del propio Pemex indican una rentabilidad de más de 15%. Si Pemex puede obtener recursos al 5%, no hay razón para no ejecutar el proyecto. Si otros proyectos son más rentables, también habría que hacerlos, sin dejar de construir la refinería. En los mercados de


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capitales internacionales no existe un racionamiento de recursos para Pemex; no tendría por qué serle impuesto artificialmente. El tema de las pérdidas, en particular de refinación, se debe principalmente a que no obtienen el crudo en la cantidad y calidad que requieren, no le dan mantenimiento adecuado a las instalaciones y no invierten lo mínimo indispensable para actualizarse y romper cuellos de botella. Lo anterior tiene como resultado que las refinerías operen al 60% de su capacidad y no al 90%, que sería un estándar razonable de la industria, y que, por lo tanto, tengan pérdidas. La razón de esto, una vez más, es que no hay recursos para mantenimiento e inversión. La solución propuesta por el Gobierno, también una vez más, no es que obtengan los recursos a través de la independencia presupuestal, sino que los aporten privados, que se quedarían con una participación (seguramente mayoritaria) de las refinerías, complejos petroquímicos, etc. Esta hipótesis tampoco es teórica: Pemex lo acaba de hacer con Pajaritos. Aduciendo que el complejo tenía pérdidas, se decidió que se “asociara” con Mexichem, perdiendo Pemex la mayoría accionaria y la administración, a cambio de lo cual no recibió efectivo, y tampoco hubo transparencia en el proceso por el que se valuaron las dos empresas para determinar los porcentajes accionarios; mucho menos existió competencia o una licitación. Esta asociación se pudo llevar a cabo porque Pajaritos es petroquímica secundaria (no estratégica). Con el nuevo cambio en la legislación, lo mismo podrá pasar con todas las refinerías. Así, pasarán a manos del sector privado activos valiosísimos de Pemex sin que la empresa ni siquiera reciba efectivo a cambio. Simplemente, la promesa de que los participantes privados van a operar mejor. El caso de Mexlub tiene particular relevancia, porque se privatizó con la misma lógica. En más de 20 años de operación privada, Pemex no recibió un peso de dividendos y ni siquiera tuvo acceso a las cuentas de la empresa. ¿Queremos repetir esta historia con las refinerías? Los activos de refinación tienen un valor de decenas de miles de millones de dólares. Esto es lo que está en riesgo con los cambios a la legislación. Venderlos a remate porque “no son rentables”. En todo caso, lo primero que habría que hacer, si se quisiera privatizar, sería operar las refinerías correctamente, darles valor y después venderlas en una licitación pública y


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

transparente. Esto no sería una buena idea, pero sería mejor que rematarlas o “asociarlas” con privados a valuaciones ridículas y opacas. La idea de traspasar al sector privado la industrialización del crudo porque “Pemex no puede hacerlo todo” es absurda. La mayoría de las grandes empresas petroleras del mundo sí “lo hacen todo”, y no se nos debe olvidar que Pemex está entre esas grandes petroleras. Incluso, muchas son dueñas de sus propias gasolineras. Los principales beneficios de ello son: 1) agregar valor a la materia prima, incrementando las utilidades, y 2) estar menos expuestas a las variaciones de precio y margen de utilidad de cada uno de los componentes de la cadena de valor. Es decir, en momentos en que el crudo baje de precio, ganan con refinación o petroquímica y viceversa. Con esta reforma, Pemex pasará a ser otra anomalía mundial: la única gran petrolera mundial que no industrializa su crudo. En resumen, las reformas, que pregonan “modernizar” a Pemex, permitirán que el Gobierno: Le quite la operación de todos sus yacimientos y con ello, la posibilidad de adquirir mayor capacidad de ejecución y tecnológica.

Traspase una parte importante de la renta a privados, legalmente, mediante contratos o concesiones disfrazadas de licencias; e ilegalmente, mediante una fiscalización deficiente o corrupta de las utilidades.

Remate o entregue en “asociación” los activos de industrialización de crudo a privados a precios o valuaciones irrisorias.

Todo esto se asemeja más a desmantelamiento y remate, que a modernización. Esto es lo que está en juego con las reformas constitucionales, y la sospecha de que con ellas el Gobierno pretende favorecer intereses privados sobre el interés público, se refuerza con las acciones descritas y con el hecho de que en la reforma estructural más importante, en


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la que está en juego el 35% de los ingresos fiscales, no haya ningún planteamiento de leyes secundarias, como lo ha habido en otras leyes menos trascendentales. Y ahora que las reformas constitucionales han sido aprobadas, los partidos de oposición no tendrán ninguna oportunidad de influir en las leyes secundarias, ya que el PRI con sus partidos “asociados” puede aprobarlas por mayoría simple. El problema de fondo no estriba solamente en los cambios legislativos o en las figuras legales que se puedan adoptar para permitir la participación privada en exploración y explotación, sino en la filosofía con la que se aplique dicha legislación o figuras legales. Por ejemplo, en la tabla que se presenta a continuación se puede observar cómo la misma figura legal (licencia, en este caso) se puede utilizar privilegiando el interés privado (Australia) o el público (Noruega). Legislación PETROLERA DE Australia vs. Noruega

factores

PRINCIPIOS Y NORMAS POLÍTICOS • Desarrollo controlado de los recursos

australia noruega

No Sí

Declarado objetivo político de maximizar la riqueza para el beneficio de generaciones presentes y futuras

No Sí

Participación del Estado en la explotación petrolera

No Sí

Gobierno políticamente estable

Los privados son dueños de los recursos y de sus beneficios

Papel del Estado como administrador y participante

No Sí

Papel del Estado mínimo

No

Sí Sí

Principios y normas regulatorias • Instituciones legales consolidadas •

Sistema de Concesiones y Licencias (LCS)

Marco regulatorio para capturar la renta petrolera

No Sí

Habilidad para controlar la tasa de disminución de los recursos

Marco regulatorio contractual

Transparencia y rendición de cuentas

Principios y normas fiscales • Apropiado nivel económico de renta petrolera

Sí/No

No

Sí/No

Régimen fiscal con alto ingreso para el Estado, y atractivo para las empresas petroleras

No Sí

Régimen fiscal con bajo ingreso para el Estado, y atractivo para las empresas petroleras

Revisión periódica de las políticas para mantenerse competitivo

No Sí

No


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Diversificación económica para evitar la dependencia de las ganancias petroleras

No Sí

Inversión de las ganancias petroleras

No Sí

Inversión en infraestructura y capital humano

No Sí

Otras áreas de principios y normas • Alto desarrollo de investigación y tecnología

No Sí

Papel de las empresas controlado para asegurar el retorno balanceado de ganancias al Estado y particulares

No Sí

Fuente: Hunter, Tina, “Comparative Law as an Instrument in Transnational Law: the Example of Petroleum Regulation”, Bond Law Review: Vol. 21: Iss. 3, Article 2, 2009. Disponible en: http://epublications.bond.edu. au/blr/vol21/iss3/2

En el caso noruego, el Estado retiene una proporción mucho mayor de la renta petrolera, controla mejor el ritmo de desarrollo de los yacimientos, privilegia la proveeduría y el empleo nacionales, etc. En el caso de Australia, típico de la legislación anglosajona, se privilegian los derechos de los inversionistas sobre el interés público. Si nos guiamos por la mentalidad y trayectoria de nuestros gobernantes y sus declaraciones en el extranjero, es de esperar que esta última filosofía será la que se imponga en México, desgraciadamente. La filosofía de Noruega se entiende mejor cuando se observa que los yacimientos de esa nación son explotados mayoritariamente por la compañía estatal (Statoil), aun cuando la inversión en ellos sea mayoritariamente privada (ver tabla siguiente). Esto se debe a que los noruegos han comprobado los beneficios de operar por cuenta propia: mejor fiscalización y captura de la renta petrolera, asimilación de tecnología, impulso a la proveeduría local, preferencia hacia los técnicos y trabajadores noruegos, etcétera. Producción de Statoil en Noruega operada por la paraestatal Tercer trimestre de 2013 Desarrollo y producción noruega operada por Statoil

Participación de Statoil

Volumen producido participación de Statoil

Líquidos

Gas

Total

85.00%

3.2

4.2

7.4

Brage

0.00%

1.3

0.1

1.3

Fram

45.00%

19.8

5.1

24.9

Gimle

65.13%

2.1

3.8

5.9

Alve


ricardo MONREAL ÁVILA

89

Glitne

58.90%

0.0

0.0

0.0

Grane

36.66%

36.7

0.0

36.7

Gullfaks

70.00%

72.2

34.5

106.7

Heidrun

13.04%

7.8

2.3

10.1

Heimdal

19.87%

0.0

0.0

0.0

Huldra

19.88%

0.2

1.6

1.9

Kristin

55.30%

10.4

10.3

20.7

Kvitebjørn

39.55%

13.2

40.8

54.0

Mikkel

43.97%

5.0

8.5

13.4

Morvin

64.00%

14.6

9.2

23.8

Njord

20.00%

0.8

0.8

1.5

Norne

55.66%

14.9

1.6

16.4

Hyme

35.00%

1.6

0.3

1.9

Oseberg

49.65%

64.4

31.0

95.4

Sleipner

59.98%

19.0

58.3

77.3

Snorre

33.31%

30.1

0.0

30.2

Snøhvit

36.79%

6.2

38.9

45.1

Statfjord

32.125%

24.0

11.0

35.0

Tordis

41.50%

1.5

0.1

1.6

Troll Gass

30.58%

6.8

88.3

95.1

Troll Olje

30.58%

38.1

0.0

38.1

Tyrihans

58.84%

37.6

8.5

46.0

Vega

24.00%

11.4

9.3

20.7

Veslefrikk

18.00%

2.0

0.7

2.7

Vigdis

41.50%

14.0

0.9

14.9

Visund

53.20%

16.9

13.3

30.2

Volve

59.60%

6.2

0.5

6.8

Åsgard

34.57%

32.7

43.5

76.2

Yttergryta

45.75%

Total operado por Statoil

1.6

3.0

4.6

516.3

430.4

946.7


90

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Producción de Statoil en Noruega operada en conjunto con terceros Tercer trimestre de 2013 Desarrollo y producción noruega operada con terceros

Participación de Statoil

Volumen producido participación de Statoil

Líquidos

Gas

Total

28.85%

5.6

0.0

5.6

Ekofisk

7.60%

12.7

1.7

14.4

Enoch

11.78%

0.0

0.0

0.0

5.00%

10.2

6.9

17.1

Ormen Lange

12.67%

6.2

77.2

83.4

Ringhorne Øst

14.82%

2.2

0.0

2.2

Sigyn

60.00%

3.4

3.2

6.5

Skarv

36.17%

27.0

21.3

48.3

Marulk

50.00%

Vilje

Gjøa

Total operado con terceros

0.0

0.0

0.0

67.3

110.2

177.5

Gas

Total

541

1124

Producción de Statoil en Noruega total Tercer trimestre de 2013 Desarrollo y producción noruega Desarrollo y producción total

Líquidos

584

Fuente: http://www.statoil.com/AnnualReport2011/en/AboutTheReport/Pages/TermsAndDefinitions.aspx http://www.statoil.com/en/InvestorCentre/AnalyticalInformation/roductionHistory/Pages/default.aspx

No hay modernización en lo que se aprobó, sino un retroceso histórico que va a contracorriente de lo que está sucediendo en el resto del mundo: la autosuficiencia de las petroleras estatales es creciente, y las compañías privadas trasnacionales van perdiendo peso relativo en el mundo. La razón es obvia: las empresas estatales tienen la sofisticación, la tecnología y los recursos para no compartir con las compañías privadas la renta petrolera que es propiedad de sus ciudadanos. La única excepción en el mundo es México, donde a esas empresas se les va a dar entrada para compartir dicha renta.


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La reflexión que esto nos motiva es muy sencilla: ¿Quién es más moderno, el que tiene todas las capacidades (tecnológicas, financieras, administrativas) para desarrollar un negocio y capturar toda la utilidad inherente al mismo, o el que se lo tiene que entregar a terceros, por su incapacidad? Adicionalmente a todo lo ya expuesto, existen otras razones para no privatizar activos ni actividades de Pemex. Citamos algunas:

1

Soberanía energética (no depender de las decisiones de otros países para el manejo de un insumo clave como es la energía)

2

Rectoría en el desarrollo de las energías sustentables

3

Desarrollo de proveeduría nacional (prácticamente imposible si los que operan son privados, ya que no se les pueden pedir porcentajes de integración nacional, por regla del TLC)

4

Soberanía energética (no depender de las decisiones de otros países para el manejo de un insumo clave como es la energía)

Nos hemos limitado a enumerarlos, pero cada uno de estos temas requeriría de un análisis profundo. Todos, sin embargo, apuntan a una misma dirección: las reformas aprobadas no están alineadas con el interés nacional. Otro tema importante es el caso de la CFE, que demandaría un amplio estudio. Baste decir que en la CFE se ha venido dando un proceso de privatización, mediante el cual operadores privados ya son dueños de la cuarta parte de la capacidad de generación de electricidad, y generan casi el 40% de la misma. En su momento se dijo, como se dice hoy, que con la participación privada los precios iban a bajar. Igual que se afirmó con la telefonía, los bancos, etc. Los resultados son contundentes: los precios de todos estos servicios están entre los más caros del mundo. En el colmo de la hipocresía, no existe en toda la reforma energética, ni un párrafo, ni un artículo transitorio que protejan al consumidor o al


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usuario industrial. Ni directamente, garantizando una disminución de precios de la energía; ni indirectamente, con reglamentos o medidas que impidan la formación de monopolios u oligopolios privados en las actividades que se van a privatizar. Ni siquiera existe el compromiso de que los precios no aumenten, que es lo mínimo que se debería de garantizar, sobre todo considerando las enormes cantidades de dinero público que se gastaron en propaganda para convencer a la población de que la reforma la iba a beneficiar por la vía de menores precios de la energía. Esta omisión prueba que el interés en aprobar la reforma nunca tuvo la intención de beneficiar al consumidor, ni de mejorar la competitividad de la industria, sino simplemente la de favorecer intereses privados a costa del interés publico; no es sorprendente... ésa ha sido la motivación de todas las privatizaciones de los gobiernos neoliberales. La hipocresía y el cinismo con que la propaganda oficial las intenta justificar, tampoco nos debe sorprender. ¿Debemos los mexicanos seguir creyendo las mismas mentiras de, esencialmente, los mismos gobiernos?

Las reformas a la Carta Magna aprobadas son lesivas para el interés nacional y deben ser revertidas por un nuevo Constituyente. Los intereses que las respaldan NO coinciden con el interés nacional.


V Orgía privatizadora Presume el PAN que la reforma energética privatizadora tiene “ADN panista”. En efecto, hay algunos cromosomas ideológicos y políticos de este partido, pero el genoma completo de la reformas de 2013 es de naturaleza predominantemente neopriista, de una subespecie política que podríamos llamar neoliberal salvaje, porque ha hecho de las fuerzas libres del mercado el nuevo dogma del Estado; de hecho, ha sustituido al capitalismo monopolista de Estado por el capitalismo monopolista privado (cambiar al Leviatán por el Behemot es su visión), y después de un cuarto de siglo de gobernar bajo este fundamentalismo economicista tan nocivo y perjudicial como su gemelo opuesto, el dogma estatizador, se ha colocado al país en el centro de una crisis sistémica, caracterizada por un crecimiento económico mediocre de 1.6% anual promedio; un desempleo endémico del 4.5% de la población económicamente activa; un crecimiento de la población con diversos grados de pobreza que abarca ya a la mitad de la estructura social, y una crisis de inseguridad creciente que tiene por motores de ignición la desigualdad social y la impunidad.


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Un cuarto de siglo de privatizaciones y de medidas proteccionistas para el pequeño grupo de particulares beneficiados ha dado al país un perfil socioeconómico definido: un archipiélago de un grupo de 30 superricos dueños del país, rodeados de islotes de clases medias emergentes, enmarcados ambos en un océano de pobreza, miseria y desigualdad. No obstante este balance negativo, las políticas privatizadoras ahora se aplicarán al último bastión de la economía nacional que estaba protegido por la Constitución: el sector energético nacional. Y de ello son corresponsables tanto los gobiernos del PRI como los del PAN, que en los últimos 25 años se han alternado la conducción del país. La reforma energética promovida por el PRI resultó más panista que la del PAN. Por lo que está en duda que la autoría sea realmente de este partido. Más bien estamos frente a la evidencia de una mutación del PRI, un partido más cargado a la derecha que el PAN. Una especie de transformers o depredadores, más que reformadores o constructores. Hace cinco años, en abril de 2008, Felipe Calderón y su partido presentaron una reforma energética distribuida en cinco iniciativas de ley. El paquete fue conocido como la reforma del tesorito, porque la publicidad oficial revelaba un tesoro escondido en el fondo del mar que la reforma sacaría a flote para beneficio de todos los mexicanos. Al igual que ahora, el diagnóstico no dejaba duda sobre la urgencia de reformar Pemex: las reservas de hidrocarburos solamente durarían nueve años; la paraestatal no tiene ni el capital ni la tecnología suficientes para perforar en aguas profundas; la inviabilidad financiera y la corrupción sindical le impiden responder al reto de su modernización. También, igual que ahora, el diagnóstico apocalíptico estuvo acompañado de una campaña mediática, mentirosa y manipuladora, enfatizando que no era privatizadora, y que sería la gran oportunidad para detonar el crecimiento económico, mediante un boom de empleos y la erradicación de la pobreza en el país. Hoy esa campaña trae un saborizante gaseoso para la población: habrá luz y gas baratos.


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Sin embargo, lo que se aprobó en diciembre pasado va mucho más allá de lo que pedía el PAN hace cinco años. Por ejemplo, la reforma de Calderón no tocaba un solo artículo de la Constitución; la actual, en cambio, se despachó tres: 25, 27 y 28. Calderón seguía considerando “estratégica” la explotación del petróleo, es decir, una actividad reservada a Pemex, en tanto que abría el resto del proceso a inversionistas privados, mediante la figura de “permisos”: transporte, distribución, comercialización y petroquímica en general. La reforma de Peña Nieto en cambio incluye exploración, perforación y explotación, todo. Calderón solo contemplaba la figura de “contratos incentivados”, que se deberían cubrir con dinero en efectivo. Prohibía expresamente pagar en especie. La reforma de hoy, en cambio, contempla también el pago en especie y las famosas licencias petroleras, que permitirán a las empresas privadas extranjeras contabilizar y registrar las reservas como parte de sus activos, es decir, de su propiedad. La iniciativa de Calderón introducía también los “bonos ciudadanos” y la modalidad de “propiedad social” (es decir, sindicato o cooperativas de trabajadores) en las diversas fases del proceso petrolero, hoy, en cambio, solo se habla de inversionistas privados y se echa de la administración a Romero Deschamps (aplausos), pero se elimina de paso cualquier otro tipo de representación de los trabajadores (silbidos). Por último, Calderón no contemplaba a la CFE, mientras que hoy es la totalidad del sector energético, agregándose a la definición constitucional de empresa pública el adjetivo de “empresa pública productiva”, sin definir a qué productividad se refiere: productividad en sentido público o productividad en sentido privado, que son dos parámetros muy diferentes. Esto nos muestra que los priistas de ahora o transformers neopriistas salieron más privatizadores que el propio PAN. Este neopriismo emprendió la reforma energética inspirado presuntamente en el ideario de Lázaro Cárdenas, pero terminó en los brazos de Porfirio Díaz. En nombre del futuro de México, transitó del pretérito al


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pospretérito, cuando se expidieron las primeras licencias petroleras a empresas británicas y norteamericanas. De la visión bucólica del tesorito en aguas profundas se transitó a un verdadero burlesque constitucional, emprendiendo una orgía privatizadora de consecuencias negativas todavía mayores a las experiencias conocidas hasta ahora en el país (“orgía: festín en que se come y bebe inmoderadamente, y se cometen otros excesos; satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas”), que solo han servido para transferir y concentrar la riqueza nacional en unas pocas manos, sin que el país crezca y reduzca la desigualdad. Un ejemplo de cómo neopriistas y neopanistas se disponen a participar en la orgía privatizadora del petróleo y la electricidad, lo dio recientemente el mismo Vicente Fox. El ex presidente declaró que ha establecido vínculos con círculos financieros de Estados Unidos, Canadá y Medio Oriente exclusivamente para financiar empresas mexicanas o extranjeras que quieran participar en esta “gran oportunidad”. “Vamos por 500 millones de dólares”.9 Fox va por las migajas del negocio petrolero, porque las grandes inversiones llegarán vía las intermediarias financieras y administradoras de fondos internacionales manejadas en México por ex funcionarios del salinismo y del zedillismo. El ex mandatario Fox le entra lo mismo al negocio de la marihuana legalizada que al petróleo privatizado. Para él tienen el mismo rango mercantil: son materias primas monetarizables, enajenables, vendibles. Es una muestra viviente del tipo de panismo que gobernó al país durante 12 años. Llegaron a servirse del gobierno, al bisne, a cobrar “moches” por la asignación de partidas presupuestales, al tráfico de influencias, a expandir la alta burocracia con sueldos que no ganarían en el sector privado, a hacer del negocio privado una virtud pública, a desplazar al “PRI corrupto” para ser una versión pirata del PRI de siempre. 9 Álvarez, Xóchitla, “Anuncia Fox fondo por 500 mdd para invertir en Petróleo”, El Universal, 5

de enero de 2013, disponible en: http://goo.gl/aVmF6P. Consultado el 6 de enero de 2013.


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Lo de Fox es la punta del iceberg. Al igual que él, ex secretarios de Hacienda, Economía, Energía; ex directores de Pemex y la CFE, del PRI y del PAN, están listos para entrar a la rapiña energética, como fondistas o representantes de empresas extranjeras. Pedro Aspe, con su consultora financiera Protego, lleva la mano. El 18 de septiembre de 2012, justo cuando en Washington y Nueva York se hablaba de la “inminente” apertura del sector energético mexicano, se autorizó la sociedad entre Evercore Mexico Capital Partners —cuyo co-presidente de consejo es el propio ex secretario de Hacienda— y la compañía Diavaz, del empresario Luis Vázquez Sentíes, “cuyo objeto social principal es ser controladora de acciones de empresas dedicadas a la exploración y explotación de energéticos, principalmente petróleo”10. Además de poseer el 20% de las acciones de Diavaz, Evercore tiene participación accionaria en Davis Petroleum Corp.; Velvet Energy Ltd. y TLP Energy, las cuales realizan operaciones en los Estados Unidos de América y Canadá en los mercados de servicios integrales de compresión a la industria petrolera; servicios integrales de exploración y producción, y prestación de servicios de servicios de mantenimiento y rehabilitación a la industria petrolera11. Los despachos de Jaime Serra (SAI Derecho & Economía) y Herminio Blanco, están también apuntados. José María Córdoba Montoya, propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, cabildea lo mismo en Pemex que en CFE. Jordy Herrera, y Georgina Kessel, subsecretario y secretaria de Energía, respectivamente, del gobierno calderonista, asesoran a empresas del ramo petrolero norteamericano, latinoamericano y español, especialmente Iberdrola y Repsol, empresas consentidas durante la administración anterior. Juan José Suárez Coppel es consejero de Jacobs Engineering Group, proveedor de servicios de Pemex, mientras que Jesús Reyes-Heroles González-Garza (secretario de Energía con Ernesto Zedillo, y director de Pemex con Felipe Calderón), formalizó, en junio de 2012, una sociedad con el fondo de inversiones Morgan Stanley Private Equity para realizar inversiones en el sector energético mexicano. “Debido a su labor como secretario de energía de México y como director de Pemex, 10 Villamil, Jenaro, “Los mercenarios de las trasnacionales”, Proceso, 18 de agosto de 2013, p .8. 11 Ibídem.


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el doctor Reyes Heroles cuenta con una inigualable red de relaciones en la industria energética en América del Norte y del Sur, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas oportunidades de inversión”12, destacó en un comunicado Morgan. Reyes-Heroles Jr. también es consejero en OHL México. Otro caso representativo es la empresa Oro Negro (Black Gold), prestadora de servicios petroleros, cuyo presidente del comité ejecutivo es otro ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo; mientras que Gonzalo Gil White (hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz), es el CEO de la misma compañía, que es una sociedad empresarial formada por Axis, Ares Management —ambas de EE.UU.— y Temasak, de Singapur. Otros ejemplos son Carlos Ruiz Sacristán, director general ejecutivo de Sempra Energy México, ahora IEnova, empresa que está lo mismo en el negocio del gas que en la generación de electricidad, y de cuyo consejo de administración forma parte Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Estado y actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Alfredo Elías Ayub, quien asesora de manera independiente e informal a un grupo de inversionistas privados interesados en la generación de electricidad, y Adrián Lajous Vargas, director de Pemex en el gobierno de Ernesto Zedillo, y quien hoy es consejero de Schlumberger, otro proveedor de servicios petroleros de la paraestatal. Pero el caso más representativo de la conexión entre empresas y funcionarios del sector energético es el del actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Hasta julio de 2012 fue directivo de la empresa española OHL México, que lo mismo construye segundo pisos de cuota que explota yacimientos de gas. Lozoya otorgó a esta empresa extranjera una de las primeras adjudicaciones directas de su gestión, para construir una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta. De la misma manera, en enero de 2013, Lozoya adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones, a Sempra México, cuyo director es el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, consejero también, al igual que Jesús Reyes Heroles y José Andrés de Oteyza, de OHL México. Debe destacarse que las asociaciones emprendidas por Pedro Aspe, Jesús Reyes Heroles y Luis Ramírez Corzo se realizaron a lo largo del 12 Ibíd., 10.


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año electoral de 2012, dando por descontado dos sucesos: el regreso del PRI a la presidencia de la República, y la privatización del sector energético. Una típica apuesta económica al mercado de futuros políticos. Éstos son los principales ejemplos de ex funcionarios del sector energético de los gobiernos del PRI y del PAN que están listos para usufructuar el segmento de la renta petrolera que pasará de manos del Estado al sector privado.

BIEN CONECTADAS

VARIAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO Y DE INFRAESTRUCTURA QUE OPERAN EN MÉXICO TIENEN EN SUS CONSEJOS A ANTIGUOS DIRECTORES DE PEMEX Y EX SECRETARIOS DE GOBIERNO. OTROS EX POLÍTICOS FUNDARON SUS PROPIAS EMPRESAS Y FONDOS.

CARGOS OFICIALES OTROS CARGOS (IP)

FAMILIA

OHL MÉXICO

(constructora que realizó proyectos para Pemex)

José Andrés de Oteyza) (presidente del consejo)

Ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial (1976-1982) Ex secretario de Energía (1995-1997)

Carlos Ruiz Sacristán (consejero)

Jesús Reyes-Heroles (consejero)

Ex director de Pemex (1994) Ex secretario de Comunicaciones y Transportes (1994-2000) Es director general de IEnova (operadora de infraestructura de energía)

Ex director de Pemex (2006-2009) Preside EnergeA (empresa desarrolladora de proyectos de energía) Es socio de Morgan Stanley Private Equity

Emilio Lozoya (ex consejero)

Es director de Pemex

(fondo de inversión con proyectos energéticos)

Hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex secretario de Energía (1993-1994)


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO Ex secretario de Hacienda (1988-1994)

GRUPO DIAVAZ

(prestadora de servicios al sector petrolero)

Pedro Aspe

(dirige el fondo Evercore Mexico Capital Partners, que posee 20% de la empresa)

JACOBS ENGINEERING GROUP

Trabajó con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en el fondo Protego hasta 2005 (Protego forma parte de Evercore Partners.) Ex director de Pemex (2009-2012)

(empresa de ingeniería que operó para Pemex)

Juan José Suárez Coppel (consejero independiente)

SCHLUMBERGER

Ex director de Pemex (1994-1999)

(proveedor de servicios petroleros)

Adrián Lajous Vargas (consejero)

SAI Derecho & Economía

Ex secretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1994)

(asesoría en derecho, economía y banca de inversión)

Jaime Serra Puche (Presidente)

Soluciones Estratégicas

(asesoría para corporaciones internacionales interesadas en invertir en México)

Ex secretario de Hacienda (1994) Ex secretario de Comercio y Fomento Industrial (1994-2000)

Herminio Blanco

(Socio fundador y presidente)

Ex jefe de la negociación del TLCAN Ex jefe de la oficina de la presidencia de México (1988-1994)

Proveedora de Servicios de Energía

(empresa que cabildea en Pemex y en CFE)

Consejero de Ternium (productor de acero)

José María Córdoba Montoya (Propietario)

Asesor de Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores


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Iberdrola

(empresa de energía y construcción)

Ex secretaria de Energía (2006-2011)

Repsol

Georgina Kessel

(empresa española del ramo petrolero)

ORO NEGRO

(prestadora de servicios petroleros). Fundada por las empresas de inversión Axis, Ares y Temasek

(consejera independiente)

Jordy Herrera

Ex secretario de Energía (2011-2012)

(asesor)

Luis Ramírez Corzo

(preside el comité ejecutivo de Oro Negro)

José Antonio Cañedo White

(es socio fundador de Axis y presidente de Oro Negro) Ex director de Mercados de Capital y Banca de Inversión de Nacional Financiera (Nafinsa)

Gonzalo Gil White

(es CEO de Oro Negro y socio de Axis)

Ex jefe de la oficina de la presidencia de México (1994-1997)

Parientes de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda (2000-2006)

Ex secretario de Energía (1997-2000)

IENOVA (antes SEMPRA ENERGY MÉXICO)

(operadora de infraestructura de energía)

Ex director de Pemex (2004-2006)

Ex secretario de Comunicaciones y Transportes (2006-2009)

Luis Téllez Kuenzler

(integrante del consejo de administración)

Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores

Ex director de Luz y Fuerza del Centro, y de la Comisión Federal de Electricidad (1999-2011)

Alfredo Elías Ayub (consejero)

Asesora de manera independiente e informal a un grupo de inversionistas privados interesados en la generación de electricidad

Adaptación de: “Bien conectadas”, revista Expansión, núm. 1133, 1 de febrero de 2014, p. 99.


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No sólo ex funcionarios mexicanos están listos para entrar al negocio energético. También ex embajadores de Estados Unidos en México se preparan para ingresar al negocio. El senador Manuel Bartlett Díaz reveló recientemente la existencia del proyecto Connect America, presentado a la Cámara de Representantes norteamericana el 11 de abril de 2013 por el jefe de energía del Departamento de Estado, y ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en el que se detalla que el gobierno de su país está impulsando un sistema eléctrico hemisférico, “desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego”, y que las empresas norteamericanas están listas para entrar a este negocio que representa 1.4 billones de dólares al año. Como es del dominio público, el ex embajador Pascual fue relevado de su cargo a petición del gobierno de Felipe Calderón esencialmente por dos motivos: el tipo de reportes oficiales que enviaba a Washington sobre la incompetencia del Gobierno mexicano en la lucha contra las drogas, y por los lazos familiares que había establecido con el entonces líder de los diputados del PRI en San Lázaro, Francisco Rojas, ex director general de la CFE. De acuerdo con una conocida figura del argot popular, todos estos personajes transitarán ahora de la condición de cantineros a la de borrachos. O dicho de una manera más elegante: de administradores de bienes públicos a negociantes de los mismos. Y si bien no están violando ninguna ley de servidores públicos, sí están violentando la moral republicana, como lo hacen aquellos policías o militares que después de combatir a las mafias de la delincuencia se colocan a la cabeza o al servicio de ellas. Para eso hicieron la reforma energética: para convertir un bien público nacional en un rentable negocio privado. De esta orgía privatizadora o rapiña energética, los transformers o demoledores neopriistas habrán de rendir cuentas mediante una consulta popular o en las urnas, como lo prefieran. Pero este atraco a la nación y el atropello a la ciudadanía al no tomar en cuenta su opinión no quedarán impunes.


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El reparto del pastel petrolero La revista de negocios Expansión13 dedicó una edición a “Las nuevas petroleras mexicanas”. En su editorial se pregunta: “¿Quién está en primera fila para aprovechar este nuevo escenario (de la reforma energética)?”. El objetivo es presentar “las empresas que se dedicarán a una de las actividades fundamentales del mundo energético, la exploración y producción de hidrocarburos. Lisa y llanamente serán las nuevas petroleras mexicanas, título que le pertenecía en exclusiva a Pemex, casi desde su mismo nombre”. De acuerdo con la investigación de la revista: los yacimientos en aguas profundas, donde la inversión es más costosa y la tecnología más compleja, quedarán en manos de los gigantes internacionales, como la estadounidense Chevron y la estatal noruega Statoil, que pueden establecer asociaciones con Pemex para explotarlos. A las pequeñas y medianas compañías mexicanas, por tanto, les quedarían los campos maduros. Y también el gas shale que abunda en el subsuelo de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Coahuila.

Los campos maduros “son aquellos yacimientos, tanto en mar como en tierra, que Pemex explotó hasta que le dejaron de ser tan rentables, pues el costo y la complejidad de extracción aumentan con el tiempo”. Muchos de estos campos “contienen entre 40 y 45% de sus reservas. Siguen siendo atractivos, sobre todo para operadoras más pequeñas, ya que representan un menor riesgo al no necesitar exploración, porque ya se sabe que contienen crudo”. En un periodo de ocho años, estos campos maduros podrían aumentar la producción de petróleo en 300 mil barriles diarios. Lo que se necesitaría para concretar este escenario es que las leyes reglamentarias de la reforma energética (entre 25 y 28 leyes secundarias) les permitan a los que hoy son proveedores de servicios de Pemex, convertirse en “operadores independientes”. En otras palabras, transitar de contratistas de Pemex a competidores de la misma paraestatal. 13 Núm. 1133, 1 de febrero de 2014.


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¿Cuáles son estas empresas? Se han identificado 11 posibles nuevas petroleras, entre medianas y pequeñas. Las mejores posicionadas para convertirse en operadoras independientes son: Carso Energy, de la familia Slim: “tienen el conocimiento y el equipo para buscar, extraer, transportar y transformar petróleo y gas en México”. Con inversiones petroleras en EE.UU., Colombia y Argentina, la división energética del grupo Carso puede convertirse en una de las principales nuevas petroleras privadas mexicanas. Diavaz, actualmente da mantenimiento a ductos, produce y distribuye gas, y construye infraestructura para plataformas. Ya explota campos maduros de Pemex, como el Ébano-Pánuco-Cacalilao, con más de 100 años de operación. En opinión de Pedro Aspe, “[La firma] tiene un enorme potencial para México”, por eso, el fondo Evercore le compró el 20% de sus acciones. Alfa, a través de Alfasid del Norte, desde 2009 se asoció con la operadora Pioneer Natural Resources para explotar yacimientos de gas y petróleo shale en el sur de Texas, además de adquirir dos empresas con campos en Colorado, Kansas y Oklahoma. Es la única compañía mexicana que va de la exploración y producción a los derivados químicos. ICA, a través de ICA Flúor, construye plataformas e infraestructura petrolera a Pemex. Actualmente tiene a su cargo el diseño de la nueva refinería de Tula y participa en la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI. Podría ser otra operadora independiente relevante. Grupo México, a través de su subsidiaria Perforadora México, es otra candidata natural para convertirse en petrolera independiente. Su flujo de efectivo al año representa el 15% de lo que invierte en exploración y producción. Actualmente, le renta plataformas marítimas y le ayuda a perforar pozos de petróleo y gas. Altos Hornos, que busca concentrarse en la explotación de gas shale en Coahuila, en donde tiene sus principales minas de hierro y carbón. Actualmente, busca socios para invertir en la frontera con Texas, donde ya se extrae gas en cantidades importantes14. 14 Ibídem.


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Otros grupos que actualmente son proveedores o contratistas de Pemex y que podrían convertirse en petroleras independientes son: Grupo R, de Ramiro Garza Cantú, uno de los principales arrendadores de plataformas marítimas a Pemex. Constructora y Perforadora Latina (CP Latina). Demar, que en mayo de 2013 ganó un contrato por 211 millones de dólares para instalar infraestructura eléctrica submarina en Campeche. Monclova Pirineos Gas, en sociedad con Iberoamericana de Hidrocarburos, que actualmente extrae gas y condensados en Coahuila y Tamaulipas. Respecto a empresas extranjeras que ya están en México prestando servicios a Pemex, destacan Halliburton, Schlumberger, Weatherford y Baker Hughes. Algunas de ellas podrían ser también operadoras independientes. Junto a estas empresas vinculadas directamente con la exploración y explotación de gas y petróleo, se han desarrollado otras compañías proveedoras de servicios colaterales de la industria petrolera, como Cotemar, Protexa, Oceanografía y Oro Negro. Ellas también saldrán beneficiadas con la aparición de nuevas empresas petroleras. Pero el pastel petrolero mayor no está en pozos maduros, sino en aguas profundas. Aquí llevan mano los gigantes trasnacionales petroleros como Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, British Petroleum, y algunas petroleras estatales como la noruega Statoil y la brasileña Petrobras. La lista de empresas petroleras en el mundo que pueden perforar a 3 kilómetros de profundidad es menor a 10, por lo que buscarán asociarse con Pemex. Todas ellas vienen por petróleo mexicano, y las norteamericanas en especial vienen además por el gas shale. Si todas las empresas que hoy buscan convertirse en las nuevas petroleras mexicanas han surgido de los contratos de Petróleos


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Mexicanos, o se han capitalizado con el presupuesto de ésta, ¿cuál es la lógica económica para que Pemex ahora las convierta en competidoras de sí misma? La respuesta es una: privatizar la renta petrolera, desplazar a la paraestatal del mercado petrolero, y transferir la riqueza de la nación, que es de todos, a unas pocas manos. Ésta y no otra, es la esencia económica de la reforma energética.


VI Inconsistencias y abusos parlamentarios en el proceso de aprobación de la reforma energética El sexenio de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por llevar a cabo reformas estructurales cuya naturaleza y objetivos van en detrimento de los sectores sociales más desprotegidos y pobres de nuestra nación, y más aún: están orientadas a beneficiar principalmente a la clase empresarial y política más favorecida de nuestro país. Todas y cada una de estas reformas han sido aprobadas por las mayorías mecánicas e irreflexivas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República y de las legislaturas locales. Así también, han avanzado desatando toda clase de inconformidad y descontento en un importante sector de la población. Ejemplo de ello es la recién promulgada “reforma energética”, la cual además de haber violado flagrantemente la reglamentación por


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medio de múltiples inconsistencias, fue votada y aprobada en las Cámaras de Diputados (federal y estatales) y en la de Senadores, de manera irresponsable, tal y como ha sucedido con todas las reformas propuestas por el Ejecutivo federal, las cuales se han legislado por la vía fast track. El 8 de diciembre de 2013, las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, aproximadamente a las 11:30 horas, iniciaron la sesión extraordinaria en la que se discutiría el proyecto de dictamen de la reforma energética. Sin embargo a las 23:00 horas del mismo día, con total arbitrariedad y en contravención del proceso legal, se dio por suspendida la discusión y se clausuraron los trabajos, pasando al Pleno el debate de las reservas faltantes. El 11 de diciembre de 2013 fue recibida por la Cámara de Diputados, para el trámite de aprobación, la minuta que contenía la reforma energética y que fuera enviada por el Senado; sin embargo, no fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, conforme a los artículos 68 y 95 del Reglamento de la Cámara baja, con lo que se violó indiscutiblemente el derecho de los grupos parlamentarios a presentar votos particulares. Y es que de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, cualquier minuta o iniciativa debe ser turnada a Comisión o Comisiones para que se elabore su dictamen correspondiente, y únicamente cuando ocurran las causales de excepción contenidas en el artículo 82 de dicho Reglamento se le puede dispensar de ese procedimiento, teniéndose que cumplir con los siguientes requisitos: n

Que se trate de asuntos de urgente y obvia resolución (sólo aplica a las proposiciones).

n Que

se trate de una minuta o iniciativa que no haya sido dictaminada por la Comisión correspondiente en el periodo comprendido para ello.

n Que

se trate de una iniciativa preferente que no haya sido dictaminada en el lapso comprendido para ello. (En el caso


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concreto de la minuta que incluía la reforma energética, esto no ocurrió, por el simple hecho de que fue enviada directamente al Pleno.) No obstante, nada de lo anterior se cumplió y aun así la minuta no recibió el turno correspondiente, debido a una decisión unilateral de parte del partido en el poder. Por otra parte, es de suma gravedad que en ningún momento existió publicidad respecto a la minuta en cuestión, ya que en el salón de plenos no se dispuso de alguna copia para los diputados, y dado que la sesión fue efectuada en un sede alterna, el documento tampoco estuvo disponible en formato electrónico en las curules. En resumidas cuentas, la minuta se votó sin que los legisladores conocieran su contenido. Ya durante la discusión de la reforma fueron presentadas un millar de reservas a la minuta, lo que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados provocaba que a cada uno de los proponentes se le permitiera el uso de la voz hasta por cinco minutos para su presentación, sin embargo, por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política se dispuso ignorar la reglamentación a ese respecto y se decidió que en un lapso no mayor a 10 minutos se expondrían todas y cada una de ellas, lo cual evidenciaba claramente la voluntad de no aprobar ninguna, pues resultaba en una votación incomprensible y sin sentido. La discusión de la minuta en la Cámara de Diputados concluyó el jueves 12 de diciembre de 2013, a las 15:00 horas, por lo que correspondió remitirla a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus facultades de Constituyente Permanente, aprobaran o rechazaran el contenido de la reforma. De esta manera y con una celeridad inusitada, el viernes 13 de diciembre de 2013 las legislaturas de los estados de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango y Baja California, aprobaron la reforma, a la que dispensaron todos los trámites, por ejemplo, en el Congreso de Querétaro el proceso se concluyó en 10 minutos.


110

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

En 83 horas, la reforma obtuvo el aval de 17 legislaturas de las entidades federativas, en las que claramente no existió la menor discusión de un tema tan relevante para el desarrollo nacional, y con ello el Constituyente Permanente se ha hecho sumiso de un Ejecutivo superlativo, evidenciando la inexistencia de contrapesos. A mediados de enero de 2014, eran ya 24 las legislaturas locales que habían aprobado la reforma, y sólo se conocen los casos de los congresos de Guerrero y de Tabasco que votaron en contra de dicho atropello. Los atropellos y abusos cometidos durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma energética (tanto en el Congreso federal como en los poderes legislativos locales) motivaron dos demandas de amparo. La primera fue promovida por un grupo de 23 académicos, intelectuales y escritores que tienen en común haber sido ganadores en diversos momentos del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Se trata de los escritores José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Sergio Pitol, Luis Villoro, Vicente Rojo, Fernando del Paso, Margo Glantz, Hugo Hiriart, José Agustín; los escultores Manuel Felguérez y Federico Silva; los cineastas Felipe Cazals, Paul Leduc y Jorge Fons; la fotógrafa Graciela Iturbide; los músicos Óscar Chávez y Javier Álvarez; los investigadores Jorge Alberto Manrique y Soledad Loaeza; el historiador Lorenzo Meyer; el astrónomo Manuel Peimbert; la filóloga Margit Frenk, y el catedrático Hugo Gutiérrez Vega, todos ganadores entre 1981 y 2013. ¿Qué argumentaron en su demanda? Entre otros puntos cuestionables, dichos cambios adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia, y en algunos casos ni siquiera para leerlos, llegando a constituir un contrasentido de tener parlamentos sin parlamento y sin, por otra parte, proporcionar información clara y veraz a los ciudadanos que somos los principales afectados.


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También señalaron que el decreto de la reforma constitucional energética viola las bases previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. Por ello, acudimos a un amparo de doble instancia, con el objeto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza la facultad de atracción que le concede el artículo 40 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en el que subyace una cuestión de constitucionalidad, a fin de que se pronuncie, con plena jurisdicción, en torno a la sustancia de nuestro recurso de amparo. Más allá de su contenido y de sus efectos en la soberanía nacional, la economía, la vida política y la cultura de nuestro país, sostenemos que con procedimientos como los realizados para asegurar la irreflexiva aprobación de la reforma energética, se prefiguran formas de ejercicio del poder público que dañan a la sociedad y hacen retroceder, peligrosamente, a México a los tiempos del autoritarismo que dábamos por superados.

Luego, justificaron la decisión de proceder a un amparo, con base en el siguiente ejemplo: Procede recordar, por ser un precedente ineludible, que la Corte a quien hoy nos dirigimos, declaró inválidos en noviembre de 2008 varios decretos legislativos promulgados en el estado de Colima por “no cumplir con los principios democráticos que sustentan la forma de gobierno, al ser resultado de un proceso sumario en el que los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis”, como es el caso para la reforma que hoy impugnamos.

Y finalizaron con una frase de José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”15. La segunda demanda de amparo fue interpuesta por un grupo de legisladores del Partido del Trabajo, encabezados por los senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila. En ella, argumentaron cuatro violaciones al procedimiento y 11 de fondo, entre éstas últimas que, bajo el nuevo régimen de contratos, México pierde el control de sus recursos energéticos y tiene que compartir la renta petrolera con trasnacionales. 15 Apro, Agencia Proceso, 16 de enero de 2014.


112

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Asimismo, señalaron que la reforma “violenta la soberanía nacional, porque los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano —especialmente el de América del Norte— protegen las inversiones extranjeras e impiden que las normas nacionales puedan regularlas, y todas las controversias con las petroleras multinacionales serán dirimidas fuera del país” 16. La argumentación de los legisladores fue distinta de la que esgrimió el grupo de 23 intelectuales, centrada en las violaciones al procedimiento legislativo llevado a cabo con toda celeridad, que impidieron la discusión de una reforma de esa magnitud, lo cual abre la puerta a la privatización total del petróleo y la electricidad. Y mientras el recurso de los intelectuales fue desechado en primera instancia “por ser notoriamente improcedente”, ya que la primera causa de improcedencia es que no se puede solicitar amparo contra una reforma constitucional que completó el proceso de aprobación del órgano reformador permanente, los legisladores impugnaron de entrada la constitucionalidad de esa causal. En este sentido, la demanda de los congresistas remarca que la aprobación de una reforma de tal relevancia debió corresponderle a un Constituyente originario, toda vez que el Constituyente Permanente —las cámaras del Congreso, las legislaturas locales y el Ejecutivo federal— no tiene la competencia para hacerlo. Asimismo, destacaron que el PRI y el PAN cambiaron en la madrugada del 10 de diciembre el dictamen, sin haberlo discutido en comisiones, y que lo enviaron directamente al Pleno. “Se trató de un texto, al que llamaron adendum, donde se vio la mano de los intereses extranjeros y sus abogados, para ir a fondo en la privatización”. Resaltaron también la “celeridad inusitada en los congresos locales”, pues en la mayoría de ellos se obvió la discusión en comisiones, y el dictamen pasó directamente a su votación en el Pleno. Además, en 16 Todas las citas de la demanda interpuesta por los legisladores fueron tomadas de: Becerril,

Andrea, “Legisladores del PT interpondrán demanda de amparo contra la reforma energética”, La Jornada, 25 de enero de 2014, p. 13.


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algunos casos fue aprobado en “tan sólo tres, siete o 10 minutos, pese a que se trató de un documento de 300 páginas.” Argumentaron que una violación más al procedimiento legislativo fue que la iniciativa no contó con el impacto presupuestal que tendrá, además de que la Comisión Permanente no formuló la declaratoria de la reforma. Para los demandantes, debido a todas esas “barbaridades”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería considerar “nula de pleno derecho” esa reforma, cuya aprobación consideró “un escándalo y una vergüenza”. Con este recurso de amparo, que fue aceptado en primera instancia, los legisladores agraviados buscan demostrar que, tal como se aprobó, la reforma energética “es un virtual golpe de Estado, ya que un grupito de dirigentes se reunió con Peña Nieto y acordaron cambios que van en contra del espíritu de la Constitución”. A juicio de ellos, se violenta el artículo 27 de nuestra Carta Magna, pues se prevé un régimen de contratos, asignaciones y licencias contrario al contenido del mismo, y debido al cual nuestro país perderá el control de sus recursos energéticos, toda vez que éste pasará a manos extranjeras.

Traición a la patria Por su parte, el 5 de febrero de 2014, Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), así como ciudadanos de distinta filiación política, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal en contra de Enrique Peña Nieto por traición a la patria (ver texto íntegro en el anexo 3), con la correspondiente solicitud de juicio de responsabilidad ante el Senado.


114

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Consideraron que el Presidente de la República puede ser acusado de traición a la patria, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece lo siguiente: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; […] XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;

La denuncia está acompañada de un anexo con los documentos que probarían esta acusación, como los encuentros sostenidos por Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos tanto en Washington, Nueva York y Londres, en su calidad de presidente electo, con legisladores y empresarios extranjeros, donde se habría comprometido a modificar la Constitución a fin de permitir la entrada de inversionistas y capital extranjero a la explotación, producción y comercialización del petróleo y la electricidad, reservados en exclusiva al Estado mexicano. En el documento también se contemplan las diversas fallas en las que incurrió el órgano reformador de la Constitución al modificar un principio fundamental de la misma —de rango igual al de los derechos humanos y las garantías individuales—, como es la propiedad exclusiva de la nación sobre los hidrocarburos y la generación de electricidad, consideradas áreas estratégicas del Estado. La denuncia se presentó ante la PGR por ser la instancia de procuración de justicia competente para conocer de presuntos delitos federales, pero con la certeza absoluta de que no será atendida ni desahogada conforme a derecho, por ser una dependencia que está diseñada institucional y políticamente para proteger y atender indicaciones directas del jefe del Ejecutivo federal, no para investigarlo y someterlo a juicio, en caso de presuntas conductas ilícitas.


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Sin embargo, una vez agotada la instancia nacional correspondiente, se procederá a continuar con esta denuncia ante las instancias internacionales conducentes, donde se ventilan casos de denegación de justicia. Con esta reforma transitamos como nación del pretérito al pospretérito, del cardenismo al porfirismo. Tal es “la visión de futuro” de la reforma constitucional energética, que privatiza por igual el petróleo y la generación de energía eléctrica. Uno de los recursos naturales más importantes de nuestro país ha sido puesto a la venta. Hoy seguimos sufriendo las consecuencias del regreso del viejo régimen al poder, no cabe duda de que Enrique Peña Nieto será el presidente de la ignominia, y de la instauración del retroceso. Se confirma que será el hombre que compró la presidencia y vendió la patria.


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO


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PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO


ANEXO 1

Sentido de los votos de legisladores federales y locales respecto a la reforma energética SENADO DE LA REPÚBLICA SENADOR Roberto Armando Albores Daniel Amador Gaxiola

ENTIDAD

PARTIDO

VOTO

Chiapas

PRI

A favor

Sinaloa

PRI

A favor

Lista nacional

PRI

Inasistencia

Tabasco

PRI

A favor

Baja California Sur

PRI

A favor

Enrique Burgos García

Querétaro

PRI

A favor

Jesús Casillas Romero

Jalisco

PRI

A favor

Manuel Cavazos Lerma

Tamaulipas

PRI

A favor

Raúl Cervantes Andrade

Lista nacional

PRI

A favor

Guanajuato

PRI

A favor

Manuel Humberto Cota Jiménez

Nayarit

PRI

A favor

Omar Fayad Meneses

Hidalgo

PRI

A favor

Braulio Manuel Fernández Aguirre

Coahuila

PRI

A favor

Lista nacional

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Quintana Roo

PRI

A favor

Joel Ayala Almeida Humberto Domingo Mayans Canabal Ricardo Barroso Agramont

Miguel Ángel Chico Herrera

Emilio Gamboa Patrón Ernesto Gándara Camou Félix Arturo González Canto Isaías González Cuevas

Baja California Sur

PRI

A favor

Ismael Hernández Deras

Durango

PRI

A favor

Sinaloa

PRI

A favor

Aarón Irizar López René Juárez Cisneros

Guerrero

PRI

A favor

Patricio Martínez García

Chihuahua

PRI

A favor

Armando Neyra Chávez

Lista nacional

PRI

A favor

José Ascención Orihuela Bárcenas

Michoacán

PRI

A favor

Hidalgo

PRI

A favor

David Penchyna Grub


120 Eviel Pérez Magaña Raúl Aarón Pozos Lanz Carlos Romero Deschamps Miguel Romo Medina

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO Oaxaca

PRI

A favor

Campeche

PRI

A favor

Lista nacional

PRI

A favor

Aguascalientes

PRI

A favor

Campeche

PRI

A favor

Gerardo Sánchez García

Lista nacional

PRI

A favor

Alejandro Tello Cristerna

Zacatecas

PRI

A favor

Teófilo Torres Corzo

San Luis Potosí

PRI

A favor

Héctor Yunes Landa

Veracruz

PRI

A favor

José Francisco Yunes Zorrilla

Veracruz

PRI

A favor

Puebla

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Óscar Román Rosas González

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz Ivonne Liliana Álvarez García Angélica del Rosario Araujo Lara

Yucatán

PRI

A favor

María Cristina Díaz Salazar

Lista nacional

PRI

A favor

Hilda Esthela Flores Escalera

Lista nacional

PRI

A favor

Margarita Flores Sánchez

Nayarit

PRI

A favor

Norma Alicia Galindo Matías

Colima

PRI

A favor

Diva Hadamira Gastelum Bajo

Lista nacional

PRI

A favor

Arely Gómez González

Lista nacional

PRI

A favor

Marcela Guerra Castillo

Nuevo León

PRI

A favor

Lisbeth Hernández Lecona

Morelos

PRI

A favor

Juana Leticia Herrera Ale

Durango

PRI

A favor

Ana Lilia Herrera Anzaldo

México

PRI

A favor

María Verónica Martínez Espinoza

Jalisco

PRI

A favor

Lilia Guadalupe Merodio Reza

Chihuahua

PRI

A favor

Lista nacional

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Mely Romero Celis

Colima

PRI

A favor

María Lucero Saldaña Pérez

Puebla

PRI

A favor

Graciela Ortiz González Claudia Artemiza Pavlovich Arellano María del Rocío Pineda Gochi

José Rosas Aispuro Torres

Durango

PAN

A favor

Daniel Gabriel Ávila Ruiz

Yucatán

PAN

A favor

Baja California

PAN

A favor

Colima

PAN

A favor

Víctor Hermosillo y Celada Jorge Luis Preciado Rodríguez


ricardo MONREAL ÁVILA José María Martínez Martínez Fernando Herrera Ávila Luisa María Calderón Hinojosa Luis Fernando Salazar Fernández Fernando Torres Graciano Sonia Mendoza Díaz Silvia Guadalupe Garza Galván Salvador Vega Casillas Francisco Búrquez Valenzuela

121 Jalisco

PAN

A favor

Aguascalientes

PAN

A favor

Lista nacional

PAN

A favor

Coahuila

PAN

A favor

Guanajuato

PAN

A favor

San Luis Potosí

PAN

A favor

Coahuila

PAN

A favor

Lista nacional

PAN

A favor

Sonora

PAN

A favor

Querétaro

PAN

A favor

María del Pilar Ortega Martínez

Lista nacional

PAN

A favor

Ernesto Cordero Arroyo

Lista nacional

PAN

A favor

Marcela Torres Peimbert

Juan Carlos Romero Hicks

Guanajuato

PAN

A favor

Francisco Domínguez Servién

Querétaro

PAN

A favor

Francisco García Cabeza de Vaca

Tamaulipas

PAN

A favor

Martha Elena García Gómez

Nayarit

PAN

Inasistencia

Roberto Gil Zuarth

Lista nacional

PAN

A favor

Héctor Larios Córdova

Lista nacional

PAN

A favor

Campeche

PAN

A favor

Francisco Salvador López Brito

Sinaloa

PAN

A favor

Javier Lozano Alarcón

Puebla

PAN

A favor

Carlos Mendoza Davis

Jorge Luis Lavalle Maury

Baja California Sur

PAN

A favor

Martín Orozco Sandoval

Aguascalientes

PAN

A favor

César Octavio Pedroza Gaitán

San Luis Potosí

PAN

A favor

Lista nacional

PAN

A favor

Veracruz

PAN

A favor

Laura Angélica Rojas Hernández Fernando Yunes Márquez

Tamaulipas

PAN

A favor

Adriana Dávila Fernández

Maki Esther Ortiz Domínguez

Tlaxcala

PAN

A favor

Rosa Adriana Díaz Lizama

Yucatán

PAN

A favor

Mariana Gómez del Campo Gurza

Lista nacional

PAN

A favor

Gabriela Cuevas Barrón

Lista nacional

PAN

A favor

Raúl Gracia Guzmán

Nuevo León

PAN

A favor

Javier Corral Jurado

Chihuahua

PAN

En contra

Ernesto Ruffo Appel

Baja California

PAN

En contra


122 Pablo Escudero Morales

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO Distrito Federal

PVEM

A favor

Juan Gerardo Flores Ramírez

Lista nacional

PVEM

A favor

Jorge Emilio González Martínez

Quintana Roo

PVEM

A favor

Luis Armando Melgar Bravo

Chiapas

PVEM

A favor

Carlos Alberto Puente Salas

Zacatecas

PVEM

A favor

Ninfa Salinas Sada

Lista nacional

PVEM

A favor

María Elena Barrera Tapia

Estado de México

PVEM

A favor

María Alejandra Barrales Magdaleno

Distrito Federal

PRD

En contra

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Lista nacional

PRD

Inasistencia

Luz María Beristain Navarrete

Quintana Roo

PRD

En contra

Víctor Manuel Camacho Solís

Lista nacional

PRD

En contra

Tlaxcala

PRD

En contra

Lista nacional

PRD

En contra

Lorena Cuéllar Cisneros Angélica de la Peña Gómez Fidel Demédicis Hidalgo

Morelos

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Estado de México

PRD

En contra

Adán Augusto López Hernández

Tabasco

PRD

En contra

Fernando Enrique Mayans Canabal

Tabasco

PRD

En contra

Iris Vianey Mendoza Mendoza

Lista nacional

PRD

En contra

Dolores Padierna Luna

Lista nacional

PRD

En contra

Michoacán

PRD

En contra

Hidalgo

PRD

En contra

Mario Delgado Carrillo Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

Raúl Morón Orozco Isidro Pedraza Chávez Sofío Ramírez Hernández

Guerrero

PRD

En contra

Armando Ríos Piter

Guerrero

PRD

En contra

Zoé Robledo Aburto

Chiapas

PRD

En contra

Adolfo Romero Lainas

Oaxaca

PRD

Inasistencia

Ángel Benjamín Robles Montoya

Oaxaca

PRD

En contra

Rabindranath Salazar Solorio

Morelos

PRD

En contra

Luis Sánchez Jiménez

Lista Nacional

PRD

En contra

Manuel Bartlett Díaz

Lista Nacional

PT

En contra

David Monreal Ávila

Zacatecas

PT

En contra

Baja California

PT

En contra

Tlaxcala

PT

En contra

Marco Antonio Blásquez Salinas Martha Palafox Gutiérrez


ricardo MONREAL ÁVILA

123

Ana Gabriela Guevara Espinoza

Lista nacional

PT

En contra

Layda Sansores San Román

Lista nacional

S/G

En contra

Mónica Tzasna Arriola Gordillo

Lista nacional

S/G

Inasistencia

Fuente: http://www.senado.gob.mx/?ver=sen&mn=8&sm=2&ano=2&tp=O&np=1&lg=62&id=1949

CÁMARA DE DIPUTADOS DIPUTADO Rocío Adriana Abreu Artiñano Carlos Humberto Aceves y del Olmo

ENTIDAD

PARTIDO

VOTO

Campeche

PRI

A favor

Distrito Federal

PRI

A favor

Brasil Alberto Acosta Peña

México

PRI

A favor

Miguel Ángel Aguayo López

Colima

PRI

A favor

Leobardo Alcalá Padilla

Jalisco

PRI

A favor

Luis Ricardo Aldana Prieto

Veracruz

PRI

A favor

Ana Isabel Allende Cano

Puebla

PRI

A favor

México

PRI

A favor

Alfredo Anaya Gudiño

Brenda María Izontli Alvarado Sánchez

Michoacán

PRI

A favor

Elsa Patricia Araujo de la Torre

Tamaulipas

PRI

A favor

Jalisco

PRI

A favor

Veracruz

PRI

A favor

Guanajuato

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Chihuahua

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Manuel Añorve Baños

Guerrero

PRI

A favor

Darío Badillo Ramírez

Hidalgo

PRI

A favor

Salvador Barajas del Toro

Jalisco

PRI

A favor

Marco Antonio Barba Mariscal

Jalisco

PRI

A favor

Salvador Arellano Guzmán Alma Jeanny Arroyo Ruiz Francisco Agustín Arroyo Vieyra Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez Kamel Athie Flores Flor Ayala Robles Linares

Delvim Fabiola Barcenas Nieves

Querétaro

PRI

A favor

Petra Barrera Barrera

Guanajuato

PRI

A favor

Rodimiro Barrera Estrada

Michoacán

PRI

A favor

Laura Barrera Fortoul

México

PRI

A favor

Noé Barrueta Barón

México

PRI

A favor

San Luis Potosí

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Oscar Bautista Villegas Manlio Fabio Beltrones Rivera


124

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Sue Ellen Bernal Bolnik

México

PRI

A favor

Marco Antonio Bernal Gutiérrez

Tamaulipas

PRI

A favor

Landy Margarita Berzunza Novelo

Campeche

PRI

A favor

Adolfo Bonilla Gómez Benito Caballero Garza María Elia Cabañas Aparicio

Zacatecas

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Baja California

PRI

A favor

Leticia Calderón Ramírez

México

PRI

A favor

Marco Antonio Calzada Arroyo

México

PRI

A favor

Lisandro Arístides Campos Córdova

Puebla

PRI

A favor

María Elena Cano Ayala

Guanajuato

PRI

A favor

Eloy Cantú Segovia

Nuevo León

PRI

A favor

México

PRI

A favor

Juan Manuel Carbajal Hernández Miriam Cárdenas Cantú Enrique Cárdenas del Avellano Verónica Carreón Cervantes Angelina Carreño Mijares Minerva Castillo Rodríguez

Coahuila

PRI

A favor

Tamaulipas

PRI

A favor

Veracruz

PRI

A favor

México

PRI

A favor

Chihuahua

PRI

A favor

Baja California

PRI

A favor

Sergio Armando Chávez Dávalos

Jalisco

PRI

A favor

Luis Armando Córdova Díaz

Jalisco

PRI

A favor

Frine Soraya Córdova Morán

Puebla

PRI

A favor

María del Rocío Corona Nakamura

Jalisco

PRI

A favor

Francisca Elena Corrales Corrales

Sinaloa

PRI

A favor

Maricruz Cruz Morales

México

PRI

A favor

Alberto Curi Naime

México

PRI

A favor

Benjamín Castillo Valdez

Rosalba de la Cruz Requena

Tamaulipas

PRI

A favor

Fernando Donato de las Fuentes Hernández

Coahuila

PRI

A favor

Jorge del Ángel Acosta

Veracruz

PRI

A favor

Juan Isidro del Bosque Márquez

Veracruz

PRI

A favor

Paulina Alejandra del Moral Vela

México

PRI

A favor

Claudia Delgadillo González

Jalisco

PRI

A favor

Antonio de Jesús Díaz Athié

Chiapas

PRI

A favor

Víctor Emanuel Díaz Palacios

Puebla

PRI

A favor

José Enrique Doger Guerrero

Puebla

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

125

Pedro Ignacio Domínguez Zepeda

Chihuahua

PRI

A favor

José Ignacio Duarte Murillo

Chihuahua

PRI

A favor

Irma Elizondo Ramírez

Coahuila

PRI

A favor

José Rubén Escajeda Jiménez

Durango

PRI

A favor

Sonora

PRI

A favor

Faustino Félix Chávez

México

PRI

A favor

Julio César Flemate Ramírez

Francisco Javier Fernández Clamont

Zacatecas

PRI

A favor

José Luis Cruz Flores Gómez

México

PRI

A favor

José Luis Flores Méndez

Coahuila

PRI

A favor

Patricio Flores Sandoval

Jalisco

PRI

A favor

Adriana Fuentes Téllez

Chihuahua

PRI

A favor

Erika Yolanda Funes Velázquez

México

PRI

A favor

Heriberto Manuel Galindo Quiñones

Sinaloa

PRI

A favor

Raúl Santos Galván Villanueva

Sinaloa

PRI

A favor

Quintana Roo

PRI

A favor

Veracruz

PRI

A favor

Lizbeth Loy Gamboa Song Marina Garay Cabada María de las Nieves García Fernández

Oaxaca

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Josefina García Hernández

Puebla

PRI

A favor

María del Rocío García Olmedo

Puebla

PRI

A favor

María del Carmen García de la Cadena Romero

Puebla

PRI

A favor

Guanajuato

PRI

A favor

Jalisco

PRI

A favor

Blanca Estela Gómez Carmona

México

PRI

A favor

Luis Gómez Gómez

Chiapas

PRI

A favor

Pedro Gómez Gómez

Chiapas

PRI

A favor

Gabriel Gómez Michel

Jalisco

PRI

A favor

Roy Argel Gómez Olguín

Nayarit

PRI

A favor

Tamaulipas

PRI

A favor

México

PRI

A favor

Héctor García García

María Esther Garza Moreno Celia Isabel Gauna Ruiz de León

Amira Gricelda Gómez Tueme Cristina González Cruz Isela González Domínguez

Veracruz

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Cecilia González Gómez

Jalisco

PRI

A favor

Rafael González Reséndiz

Jalisco

PRI

A favor

Eligio Cuitláhuac González Farias


126

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Marco Antonio González Valdez

Nuevo León

PRI

A favor

Francisco González Vargas

Hidalgo

PRI

A favor

Irazema González Martínez Olivares

México

PRI

A favor

Francisco Grajales Palacios

Chiapas

PRI

A favor

Rosalba Gualito Castañeda

México

PRI

A favor

Abel Guerra Garza

Nuevo León

PRI

A favor

Javier Filiberto Guevara González

Puebla

PRI

A favor

Samuel Gurrión Matías

Oaxaca

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Hidalgo

PRI

A favor

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza Martha Gutiérrez Manrique Harvey Gutiérrez Álvarez

Chiapas

PRI

Inasistencia

Gaudencio Hernández Burgos

Veracruz

PRI

A favor

Veracruz

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Noé Hernández González Adriana Hernández Iñiguez Mirna Esmeralda Hernández Morales

Hidalgo

PRI

A favor

Gerardo Xavier Hernández Tapia

México

PRI

A favor

Jorge Herrera Delgado María de Jesús Huerta Rea Alfonso Inzunza Montoya

Durango

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Sinaloa

PRI

A favor

Issa Salomón Juan Marcos

Coahuila

PRI

A favor

Raymundo King de la Rosa

Quintana Roo

PRI

A favor

Gerardo Francisco Liceaga Arteaga Jaime Chris López Alvarado Tomás López Landero

México

PRI

A favor

Baja California

PRI

A favor

Veracruz

PRI

A favor

Baja California

PRI

A favor

Javier López Zavala

Puebla

PRI

A favor

Raúl Macías Sandoval

México

PRI

A favor

Areli Madrid Tovilla

María Carmen López Segura

Chiapas

PRI

A favor

María Angélica Magaña Zepeda

Jalisco

PRI

Inasistencia

Fernando Alfredo Maldonado Hernández

México

PRI

A favor

José Sergio Manzur Quiroga

México

PRI

A favor

José Luis Márquez Martínez

Puebla

PRI

A favor

México

PRI

A favor

San Luis Potosí

PRI

A favor

Silvia Márquez Velasco Esther Angélica Martínez Cárdenas


ricardo MONREAL ÁVILA

127

Ángel Abel Mavil Soto

Veracruz

PRI

A favor

Ricardo Medina Fierro

Baja California

PRI

A favor

Jalisco

PRI

A favor

Nuevo León

PRI

A favor

Durango

PRI

A favor

Emilse Miranda Munive

Hidalgo

PRI

A favor

José Alejandro Montano Guzmán

Veracruz

PRI

A favor

Chihuahua

PRI

A favor

María Leticia Mendoza Curiel Jorge Mendoza Garza Sonia Catalina Mercado Gallegos

Abraham Montes Alvarado Jesús Morales Flores

Puebla

PRI

A favor

Campeche

PRI

A favor

José Pilar Moreno Montoya

Aguascalientes

PRI

A favor

José Isidro Moreno Árcega

México

PRI

A favor

Chihuahua

PRI

A favor

Hidalgo

PRI

A favor

Felipe de Jesús Muñoz Kapamas

Distrito Federal

PRI

A favor

José Everardo Nava Gómez

San Luis Potosí

PRI

A favor

María Concepción Navarrete Vital

Guanajuato

PRI

A favor

César Reynaldo Navarro de Alba

México

PRI

A favor

Ossiel Omar Niaves López

Jalisco

PRI

A favor

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez

Nayarit

PRI

A favor

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos

Chiapas

PRI

A favor

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas

Luis Alfredo Murguía Lardizabal Dulce María Muñiz Martínez

Arnoldo Ochoa González

Colima

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

María del Carmen Ordaz Martínez

Yucatán

PRI

A favor

Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco

Yucatán

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Durango

PRI

A favor

Luis Olvera Correa

Salvador Ortiz García Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez Román Alfredo Padilla Fierro

Sinaloa

PRI

A favor

Cesario Padilla Navarro

Jalisco

PRI

A favor

Zita Beatriz Pazzi Maza

Veracruz

PRI

A favor

Hugo Mauricio Pérez Anzueto Elvia María Pérez Escalante José Noel Pérez de Alba Patricia Guadalupe Peña Recio Norma Ponce Orozco

Chiapas

PRI

A favor

Campeche

PRI

A favor

Jalisco

PRI

A favor

Veracruz

PRI

En contra

México

PRI

A favor


128

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Eduardo Román Quian Alcocer Socorro de la Luz Quintana León Lourdes Eulalia Quiñones Canales José Rangel Espinosa Alejandro Rangel Segovia

Quintana Roo

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Durango

PRI

A favor

México

PRI

A favor

Guanajuato

PRI

A favor

Tanya Rellstab Carreto

México

PRI

A favor

Patricia Elena Retamoza Vega

Jalisco

PRI

A favor

Mayra Karina Robles Aguirre

Baja California

PRI

A favor

Juan Manuel Rocha Piedra

Nayarit

PRI

A favor

José Alberto Rodríguez Calderón

Hidalgo

PRI

A favor

José Antonio Rojo García de Alba

Hidalgo

PRI

A favor

Jesús Tolentino Román Bojórquez

México

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Sinaloa

PRI

A favor

Salvador Romero Valencia Blas Ramón Rubio Lara Genaro Ruiz Arriaga

Veracruz

PRI

A favor

Baja California

PRI

A favor

Roberto Ruiz Moronatti

México

PRI

A favor

Cristina Ruiz Sandoval

México

PRI

A favor

Mauricio Sahui Rivero

Yucatán

PRI

A favor

Fernando Salgado Delgado

México

PRI

A favor

Abel Octavio Salgado Peña

Jalisco

PRI

A favor

Adán David Ruiz Gutiérrez

Miguel Sámano Peralta

México

PRI

A favor

Leopoldo Sánchez Cruz

Veracruz

PRI

A favor

Carlos Sánchez Romero

Puebla

PRI

A favor

María Guadalupe Sánchez Santiago

Tlaxcala

PRI

A favor

María Fernanda Schroeder Verdugo

Baja California

PRI

A favor

William Renan Sosa Altamira

Yucatán

PRI

A favor

María Rebeca Terán Guevara

San Luis Potosí

PRI

A favor

Jorge Terán Juárez

San Luis Potosí

PRI

Inasistencia

Javier Treviño Cantú

Nuevo León

PRI

A favor

Pedro Pablo Treviño Villarreal

Nuevo León

PRI

A favor

Aurora Denisse Ugalde Alegría

México

PRI

A favor

Simón Valanci Buzali

Chiapas

PRI

A favor

Jesús Antonio Valdés Palazuelos

Sinaloa

PRI

A favor

Laura Guadalupe Vargas Vargas

Puebla

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

129

Martín de Jesús Vásquez Villanueva

Oaxaca

PRI

A favor

Regina Vázquez Saut

Veracruz

PRI

A favor

Marco Alonso Vela Reyes

Yucatán

PRI

A favor

Víctor Hugo Velasco Orozco María Guadalupe Velázquez Díaz Mirna Velázquez López Diana Karina Velázquez Ramírez Maricela Velázquez Sánchez Blanca María Villaseñor Gudiño Paloma Villaseñor Vargas Alma Marina Vitela Rodríguez

Hidalgo

PRI

A favor

Guanajuato

PRI

A favor

Sinaloa

PRI

A favor

Chihuahua

PRI

A favor

Morelos

PRI

A favor

Michoacán

PRI

A favor

Distrito Federal

PRI

A favor

Durango

PRI

A favor

Darío Zacarías Capuchino

México

PRI

A favor

Fernando Zamora Morales

México

PRI

A favor

Francisco Alberto Zepeda González

Colima

PRI

A favor

Rafael Acosta Croda

Veracruz

PAN

A favor

Juan Pablo Adame Alemán

Morelos

PAN

A favor

Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez Marcos Aguilar Vega Felipe de Jesús Almaguer Torres

Tlaxcala

PAN

A favor

Querétaro

PAN

A favor

San Luis Potosí

PAN

A favor

Veracruz

PAN

A favor

Martha Berenice Álvarez Tovar

Michoacán

PAN

A favor

Humberto Alonso Morelli Ricardo Anaya Cortés

Querétaro

PAN

A favor

José Guillermo Anaya Llamas

Coahuila

PAN

A favor

Carlos Fernando Angulo Parra

Chihuahua

PAN

A favor

Chiapas

PAN

A favor

Juan Jesús Aquino Calvo Consuelo Argüelles Loya Xavier Azuara Zúñiga Omar Antonio Borboa Becerra

Nuevo León

PAN

A favor

San Luis Potosí

PAN

A favor

Jalisco

PAN

A favor

José Alfredo Botello Montes

Querétaro

PAN

A favor

Juan Bueno Torio

Veracruz

PAN

A favor

Juan Francisco Cáceres de la Fuente

Tabasco

PAN

A favor

Aguascalientes

PAN

A favor

Veracruz

PAN

A favor

Rubén Camarillo Ortega Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar


130

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Genaro Carreño Muro

Guanajuato

PAN

A favor

Carlos Humberto Castaños Valenzuela

Sinaloa

PAN

A favor

Sergio Augusto Chan Lugo

Yucatán

PAN

A favor

Alberto Coronado Quintanilla Gerardo Maximiliano Cortázar Lara

Nuevo León

PAN

A favor

Distrito Federal

PAN

A favor

Isaías Cortés Berumen

Jalisco

PAN

A favor

Eufrosina Cruz Mendoza

Oaxaca

PAN

Inasistencia

Mario Alberto Dávila Delgado

Coahuila

PAN

A favor

Baja California

PAN

A favor

Baja California Sur

PAN

A favor

Andrés de la Rosa Anaya Arturo de la Rosa Escalante María Eugenia de León Pérez Alberto Díaz Trujillo

Tamaulipas

PAN

A favor

México

PAN

A favor

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán

Durango

PAN

A favor

Enrique Alejandro Flores Flores

San Luis Potosí

PAN

A favor

Víctor Oswaldo Fuentes Solís David Cuauhtémoc Galindo Delgado

Nuevo León

PAN

A favor

Sonora

PAN

A favor

Carlos Alberto García González

Tamaulipas

PAN

A favor

José Guadalupe García Ramírez

Querétaro

PAN

A favor

Mariana Dunyaska García Rojas

Veracruz

PAN

A favor

Juan Manuel Gastélum Buenrostro Raúl Gómez Ramírez

Baja California

PAN

A favor

Guanajuato

PAN

A favor

Adriana González Carrillo

México

PAN

A favor

Víctor Rafael González Manríquez

Oaxaca

PAN

A favor

José González Morfín José Ángel González Serna

Michoacán

PAN

A favor

Aguascalientes

PAN

A favor

Néstor Octavio Gordillo Castillo

Puebla

PAN

A favor

Martín Alonso Heredia Lizárraga

Sinaloa

PAN

A favor

Blanca Jiménez Castillo

Puebla

PAN

A favor

Raquel Jiménez Cerrillo

Querétaro

PAN

A favor

Aguascalientes

PAN

A favor

María Teresa Jiménez Esquivel Karina Labastida Sotelo Fernando Alejandro Larrazabal Bretón Margarita Licea González

México

PAN

A favor

Nuevo León

PAN

A favor

Jalisco

PAN

A favor

José Alejandro Llanas Alba

Tamaulipas

PAN

A favor

José Martín López Cisneros

Nuevo León

PAN

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA Leticia López Landero Raudel López López

131 Veracruz

PAN

A favor

Aguascalientes

PAN

A favor

Sonora

PAN

A favor

Julio César Lorenzini Rangel

Puebla

PAN

A favor

Patricia Lugo Barriga

Colima

PAN

En contra

Alejandra López Noriega

Rafael Alejandro Micalco Méndez

Puebla

PAN

A favor

María Guadalupe Mondragón González

México

PAN

A favor

Tania Margarita Morgan Navarrete

Sinaloa

PAN

A favor

Juan Carlos Muñoz Márquez Heberto Neblina Vega

Guanajuato

PAN

A favor

Sonora

PAN

A favor

Homero Ricardo Niño de Rivera Vela

Nuevo León

PAN

A favor

José Luis Oliveros Usabiaga

Guanajuato

PAN

A favor

Marcelina Orta Coronado

Tamaulipas

PAN

A favor

María Isabel Ortiz Mantilla

Puebla

PAN

A favor

Sonora

PAN

A favor

J. Jesús Oviedo Herrera

Máximo Othón Zayas

Guanajuato

PAN

A favor

Germán Pacheco Díaz

Tamaulipas

PAN

A favor

Leslie Pantoja Hernández

Sonora

PAN

A favor

Raúl Paz Alonzo

Yucatán

PAN

A favor

Flor de María Pedraza Aguilera

Distrito Federal

PAN

A favor

Francisco Pelayo Covarrubias

Baja California Sur

PAN

A favor

Carmen Lucía Pérez Camarena

Jalisco

PAN

A favor

Gerardo Peña Avilés

Sinaloa

PAN

Inasistencia

Tamaulipas

PAN

A favor

Coahuila

PAN

A favor

San Luis Potosí

PAN

A favor

Luis Miguel Ramírez Romero

Morelos

PAN

A favor

José Enrique Reina Lizárraga

Sonora

PAN

A favor

Humberto Armando Prieto Herrera Esther Quintana Salinas María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez

Rocío Esmeralda Reza Gallegos Alicia Concepción Ricalde Magaña

Chihuahua

PAN

A favor

Quintana Roo

PAN

A favor

Alfredo Rivadeneyra Hernández

México

PAN

A favor

Erick Marte Rivera Villanueva

Hidalgo

PAN

A favor

Ernesto Alfonso Robledo Leal Fernando Rodríguez Doval

Nuevo León

PAN

A favor

Distrito Federal

PAN

A favor


132

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo Leonor Romero Sevilla Jorge Rosiñol Abreu Verónica Sada Pérez Margarita Saldaña Hernández

Guanajuato

PAN

Inasistencia

Tlaxcala

PAN

A favor

Campeche

PAN

A favor

Nuevo León

PAN

En contra

Distrito Federal

PAN

A favor

José Arturo Salinas Garza

Nuevo León

PAN

A favor

Glafiro Salinas Mendiola

Tamaulipas

PAN

A favor

Ramón Antonio Sampayo Ortiz

Tamaulipas

PAN

A favor

Mario Sánchez Ruiz Víctor Serralde Martínez Martha Leticia Sosa Govea Jorge Francisco Sotomayor Chávez Marcelo de Jesús Torres Cofiño José Isabel Trejo Reyes

Sonora

PAN

A favor

Veracruz

PAN

Inasistencia

Colima

PAN

A favor

Distrito Federal

PAN

A favor

Coahuila

PAN

A favor

Zacatecas

PAN

A favor

María Celia Urciel Castañeda

Nayarit

PAN

A favor

Juan Carlos Uribe Padilla

México

PAN

A favor

Cinthya Noemí Valladares Couoh Elizabeth Vargas Martín del Campo Jorge Iván Villalobos Seáñez

Yucatán

PAN

A favor

Guanajuato

PAN

A favor

Sinaloa

PAN

A favor

Luis Alberto Villarreal García

Guanajuato

PAN

A favor

Ricardo Villarreal García

Guanajuato

PAN

A favor

Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares

Guanajuato

PAN

A favor

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles

Guanajuato

PAN

A favor

Alfredo Zamora García

Baja California Sur

PAN

En contra

María Beatriz Zavala Peniche

Yucatán

PAN

A favor

Damián Zepeda Vidales

Sonora

PAN

A favor

Rubén Acosta Montoya

Chihuahua

PVEM

A favor

Ricardo Astudillo Suárez

Querétaro

PVEM

A favor

Jalisco

PVEM

A favor

Guanajuato

PVEM

A favor

Chiapas

PVEM

A favor

Antonio Cuéllar Steffan

Aguascalientes

PVEM

A favor

Arturo Escobar y Vega

Distrito Federal

PVEM

A favor

Enrique Aubry De Castro Palomino Felipe Arturo Camarena García Carlos Octavio Castellanos Mijares


ricardo MONREAL ÁVILA

133

Mónica García de la Fuente

Aguascalientes

PVEM

A favor

Ana Lilia Garza Cadena

Baja California

PVEM

A favor

Veracruz

PVEM

A favor

Zacatecas

PVEM

A favor

Chiapas

PVEM

A favor

Federico José González Luna Bueno Judit Magdalena Guerrero López Mario Francisco Guillén Guillén Lourdes Adriana López Moreno

Chiapas

PVEM

A favor

Laura Ximena Martel Cantú

Distrito Federal

PVEM

A favor

Gabriela Medrano Galindo

Quintana Roo

PVEM

A favor

Héctor Narcia Alvarez

Chiapas

PVEM

A favor

Ernesto Núñez Aguilar

Michoacán

PVEM

A favor

Nabor Ochoa López

Colima

PVEM

A favor

Javier Orozco Gómez

México

PVEM

A favor

Carla Alicia Padilla Ramos

México

PVEM

A favor

María del Rosario de Fátima Pariente Gavito

Chiapas

PVEM

A favor

Guanajuato

PVEM

A favor

Rosa Elba Pérez Hernández David Pérez Tejada Padilla

Baja California

PVEM

A favor

Bárbara Gabriela Romo Fonseca

Zacatecas

PVEM

A favor

Tomás Torres Mercado

Zacatecas

PVEM

A favor

Chiapas

PVEM

A favor

Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo Martha Edith Vital Vera

Chiapas

PVEM

A favor

Ruth Zavaleta Salgado

Distrito Federal

PVEM

A favor

Fernando Bribiesca Sahagún

Guanajuato

PANAL

A favor

José Angelino Caamal Mena

Campeche

PANAL

A favor

María Sanjuana Cerda Franco

Nuevo León

PANAL

A favor

Sinaloa

PANAL

A favor

Distrito Federal

PANAL

A favor

México

PANAL

A favor

Rubén Benjamín Félix Hays René Ricardo Fujiwara Montelongo Lucila Garfias Gutiérrez Luis Antonio González Roldán

México

PANAL

A favor

Cristina Olvera Barrios

Distrito Federal

PANAL

A favor

Sonia Rincón Chanona

Chiapas

PANAL

A favor

Dora María Guadalupe Talamante Lemas

Sonora

PANAL

A favor


134

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Claudia Elena Águila Torres

Distrito Federal

PRD

En contra

Aleida Alavez Ruiz

Distrito Federal

PRD

En contra

Edilberto Algredo Jaramillo

Tlaxcala

PRD

Inasistencia

Agustín Miguel Alonso Raya

Guanajuato

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Oaxaca

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Michoacán

PRD

En contra

José Ángel Ávila Pérez

Distrito Federal

PRD

En contra

Agustín Barrios Gómez Segués

Distrito Federal

PRD

Inasistencia

Mariana Bautista Bravo Alliet

México

PRD

En contra

Gloria Bautista Cuevas

Oaxaca

PRD

En contra

Víctor Manuel Bautista López

México

PRD

En contra

María de Lourdes Amaya Reyes Carol Antonio Altamirano Luis Manuel Arias Pallares Silvano Aureoles Conejo

Fernando Belaunzarán Méndez

Distrito Federal

PRD

En contra

Silvano Blanco Deaquino

Guerrero

PRD

En contra

Claudia Elizabeth Bojórquez Javier

Tabasco

PRD

En contra

Juana Bonilla Jaime

México

PRD

En contra

Teresita de Jesús Borges Pasos

Yucatán

PRD

En contra

Tomás Brito Lara

Tabasco

PRD

En contra

Alejandro Carbajal González

Distrito Federal

PRD

En contra

Purificación Carpinteyro Calderón

Distrito Federal

PRD

En contra

Mario Miguel Carrillo Huerta

Distrito Federal

PRD

En contra

Ángel Cedillo Hernández

México

PRD

En contra

María del Socorro Ceseñas Chapa

Nuevo León

PRD

En contra

Armando Contreras Ceballos

Michoacán

PRD

En contra

Veracruz

PRD

En contra

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot Arturo Cruz Ramírez

México

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Mario Alejandro Cuevas Mena

Yucatán

PRD

En contra

Carlos de Jesús Alejandro

Guerrero

PRD

En contra

Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez

Guerrero

PRD

En contra

Jorge Federico de la Vega Membrillo

México

PRD

En contra

Eva Diego Cruz

Oaxaca

PRD

En contra

Catalino Duarte Ortuño

Guerrero

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Fernando Cuéllar Reyes

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro


ricardo MONREAL ÁVILA José Luis Esquivel Zalpa Uriel Flores Aguayo Guadalupe Socorro Flores Salazar Juan Manuel Fócil Pérez Antonio García Conejo Amalia Dolores García Medina

135 Michoacán

PRD

En contra

Veracruz

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Tabasco

PRD

En contra

Michoacán

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Verónica García Reyes

Michoacán

PRD

En contra

Marcelo Garza Ruvalcaba

Nuevo León

PRD

En contra

Tabasco

PRD

En contra

Nayarit

PRD

En contra

Gerardo Gaudiano Rovirosa Rodrigo González Barrios Valentín González Bautista Alfa Eliana González Magallanes Delfina Elizabeth Guzmán Díaz

México

PRD

En contra

Coahuila

PRD

En contra

Oaxaca

PRD

Inasistencia

Distrito Federal

PRD

En contra

Hugo Jarquín

Oaxaca

PRD

En contra

Verónica Beatriz Juárez Piña

Jalisco

PRD

En contra

José Antonio León Mendívil

Jhonatan Jardines Fraire

Veracruz

PRD

En contra

Roberto López González

Jalisco

PRD

En contra

Roberto López Rosado

Oaxaca

PRD

En contra

Roberto López Suárez

Zacatecas

PRD

En contra

Roxana Luna Porquillo

Puebla

PRD

En contra

José Valentín Maldonado Salgado

Distrito Federal

PRD

En contra

Víctor Manuel Manriquez González

Michoacán

PRD

En contra

Andrés Eloy Martínez Rojas

Morelos

PRD

En contra

Marcos Rosendo Medina Filigrana

Tabasco

PRD

En contra

Julisa Mejía Guardado

México

PRD

En contra

Angélica Rocío Melchor Vásquez

Oaxaca

PRD

En contra

Mario Rafael Méndez Martínez

Oaxaca

PRD

En contra

María del Rosario Merlín García

Guerrero

PRD

Inasistencia

Martha Lucía Mícher Camarena

Distrito Federal

PRD

En contra

Marino Miranda Salgado

Guerrero

PRD

En contra

María Guadalupe Moctezuma Oviedo

Veracruz

PRD

En contra

Teresa de Jesús Mojica Morga

Guerrero

PRD

En contra

México

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Ramón Montalvo Hernández Carlos Augusto Morales López


136

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Trinidad Secundino Morales Vargas

Distrito Federal

PRD

En contra

Israel Moreno Rivera

Distrito Federal

PRD

En contra

Julio César Moreno Rivera

Distrito Federal

PRD

En contra

Gisela Raquel Mota Ocampo

Morelos

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Víctor Reymundo Nájera Medina

Morelos

PRD

En contra

Joaquina Navarrete Contreras

México

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Javier Orihuela García

Morelos

PRD

En contra

Pedro Porras Pérez

Hidalgo

PRD

En contra

Vicario Portillo Martínez

Guerrero

PRD

En contra

México

PRD

En contra

Karen Quiroga Anguiano

Distrito Federal

PRD

En contra

Roberto Carlos Reyes Gámiz

Distrito Federal

PRD

En contra

José Luis Muñoz Soria

Yesenia Nolasco Ramírez

Domitilo Posadas Hernández

Carla Guadalupe Reyes Montiel

México

PRD

En contra

Francisco Tomás Rodríguez Montero

Morelos

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

México

PRD

En contra

Quintana Roo

PRD

En contra

Guerrero

PRD

En contra

México

PRD

En contra

Lizbeth Eugenia Rosas Montero Jessica Salazar Trejo Graciela Saldaña Fraire Jorge Salgado Parra Javier Salinas Narváez Josefina Salinas Pérez

México

PRD

En contra

Alejandro Sánchez Camacho

Distrito Federal

PRD

En contra

Guillermo Sánchez Torres

Distrito Federal

PRD

En contra

Antonio Sansores Sastré

Tabasco

PRD

En contra

Rosendo Serrano Toledo Margarita Elena Tapia Fonllem Crystal Tovar Aragón Lorenia Iveth Valles Sampedro José Humberto Vega Vázquez Fernando Zárate Salgado

Oaxaca

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra

Chihuahua

PRD

En contra

Sonora

PRD

Inasistencia

Tlaxcala

PRD

En contra

Distrito Federal

PRD

En contra


ricardo MONREAL ÁVILA

137

Luisa María Alcalde Luján

Distrito Federal

Movimiento Ciudadano

En contra

Rodrigo Chávez Contreras

Distrito Federal

Movimiento Ciudadano

En contra

Chihuahua

Movimiento Ciudadano

En contra

José Francisco Coronato Rodríguez

Morelos

Movimiento Ciudadano

En contra

Francisco Alfonso Durazo Montaño

Sonora

Movimiento Ciudadano

En contra

Merilyn Gómez Pozos

Jalisco

Movimiento Ciudadano

En contra

Martha Beatriz Córdova Bernal

Zuleyma Huidobro González

Puebla

Movimiento Ciudadano

En contra

Distrito Federal

Movimiento Ciudadano

En contra

Guerrero

Movimiento Ciudadano

En contra

Juan Luis Martínez Martínez

Oaxaca

Movimiento Ciudadano

En contra

Ricardo Mejía Berdeja

Guerrero

Movimiento Ciudadano

En contra

Lorena Méndez Denis

Tabasco

Movimiento Ciudadano

En contra

Ricardo Monreal Ávila

En contra

José Antonio Hurtado Gallegos Víctor Manuel Jorrín Lozano

Distrito Federal

Movimiento Ciudadano

María Fernanda Romero Lozano

Tabasco

Movimiento Ciudadano

En contra

Juan Ignacio Samperio Montaño

México

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

José Soto Martínez

Oaxaca

Movimiento Ciudadano

En contra

Aída Fabiola Valencia Ramírez

Oaxaca

Movimiento Ciudadano

En contra

José Luis Valle Magaña

Jalisco

Movimiento Ciudadano

En contra

Tabasco

Movimiento Ciudadano

En contra

Distrito Federal

Movimiento Ciudadano

En contra

Nelly del Carmen Vargas Pérez Gerardo Villanueva Albarrán

Lilia Aguilar Gil

Chihuahua

PT

En contra

Alberto Anaya Gutiérrez

Nuevo León

PT

En contra

José Alberto Benavides Castañeda

Distrito Federal

PT

En contra

Jaime Bonilla Valdez

Baja California

PT

En contra

Ricardo Cantú Garza

México

PT

En contra

M. Rafael Huerta Ladrón de Guevara

Distrito Federal

PT

En contra

José Arturo López Cándido

Distrito Federal

PT

Inasistencia

Michoacán

PT

En contra

María del Carmen Martínez Santillán Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Zacatecas

PT

En contra

Adolfo Orive Bellinger

Distrito Federal

PT

En contra

Loretta Ortíz Ahlf

Distrito Federal

PT

En contra

Chiapas

PT

En contra

Héctor Hugo Roblero Gordillo Rosa Elia Romero Guzmán

Oaxaca

PT

En contra

Araceli Torres Flores

Veracruz

PT

En contra

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm


138

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

LEGISLATURAS LOCALES QUE HAN APROBADO LA REFORMA ENERGÉTICA OAXACA DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Martha Alicia Escamilla León

PRI

A favor

Manuel Andrés García Díaz

PRI

A favor

Adolfo García Morales

PRI

A favor

Armando Demetrio Bohorquez Reyes

PRI

A favor

Fredy Gil Pineda Gopar

PRI

A favor

Carlos Alberto Ramos Aragón

PRI

A favor

Rosalía Palma López

PRI

A favor

Emilia García Guzmán

PRI

A favor

Arsenio Lorenzo Mejía García

PRI

A favor

María Luisa Matus Fuentes

PRI

A favor

Gustavo Díaz Sánchez

PRI

A favor

Juan José Moreno Sada

PRI

A favor

María Lilia Arcelia Mendoza Cruz

PRI

A favor

Alejandro Aviles Álvarez

PRI

A favor

Edith Yolanda López Velasco

PRI

A favor

Adolfo Toledo Infanzón

PRI

A favor

María del Carmen Ricardez Vela

PRI

A favor

Remedios Zonia López Cruz

PAN

A favor

Gerardo García Henestroza

PAN

A favor

Víctor Cruz Vásquez

PAN

A favor

Antonia Natividad Díaz Jiménez

PAN

A favor

Javier César Barroso Sánchez

PAN

A favor

Leslie Jiménez Valencia

PAN

A favor

Sergio Andrés Bello Guerra

PAN

A favor

Dulce Alejandra García Morlan

PAN

A favor

Alejandro Martínez Ramírez

PAN

Inasistencia

Carlos Alberto Vera Vidal

PVEM

A favor

Jefte Méndez Hernández

PANAL

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

139

Manuel Pérez Morales

PSD

A favor

Félix Antonio Serrano Toledo

PRD

En contra

Iraís Francisca González Melo

PRD

En contra

Sergio López Sánchez

PRD

En contra

Juanita Arcelia Cruz Cruz

PRD

En contra

Jesús López Rodríguez

PRD

En contra

Zoila José Juan

PRD

En contra

Vilma Martínez Cortéz

PRD

En contra

Anselmo Ortiz García

PRD

En contra

Itaisa López Galván

PRD

En contra

Jaime Bolaños Cacho Guzmán

PRD

Inasistencia

Rafael Armando Arellanes Caballero

PT

En contra

Ericel Gómez Nucamendi

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Santiago García Sandoval

Unidad Popular

En contra

Fuentes: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/17/aprueba-congreso-de-bc-reforma-energetica suman-22-765.html http://www.oaxacain.com/noticias/legislativo/9797-aprueba-reforma-energetica.html

YUCATÁN DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Francisco Alberto Torres Rivas

PRI

A favor

Flor Isabel Díaz Castillo

PRI

A favor

Alvar Iván Rubio Rodríguez

PRI

A favor

Jorge Augusto Sobrino Argáez

PRI

A favor

José Javier Castillo Ruz

PRI

A favor

Luis Ernesto Martínez Ordaz

PRI

A favor

Leandra Moguel Lizama

PRI

A favor

Gonzalo José Escalante Alcocer

PRI

A favor

Fernando Romero Ávila

PRI

A favor

Rafael Chan Magaña

PRI

A favor

Dafne David López Martínez

PRI

A favor

Elsa Virginia Sarabia Cruz

PRI

A favor

Luis Antonio Hevia Jiménez

PRI

A favor

Pedro Oxté Conrado

PRI

A favor

Luis Alberto Echeverría Navarro

PRI

A favor


140

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Judith Virginia Malta y Monforte

PAN

A favor

Mauricio Vila Dosal

PAN

A favor

María Yolanda Valencia Vales

PAN

A favor

María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero

PAN

A favor

Edgardo Gilberto Medina Rodríguez

PAN

A favor

Víctor Hugo Lozano Poveda

PAN

A favor

Francisco Javier Chimal Kuk

PAN

A favor

PVEM

A favor

Bayardo Ojeda Marrufo

PRD

En contra

Luis Jesús Manzanero Villanueva

PRD

En contra

Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro

Fuente: información proporcionada por el Congreso de Yucatán

AGUASCALIENTES DIPUTADO Juan Manuel Méndez Noriega

PARTIDO

VOTO

PRI

A favor

Fernando Díaz de León González

PRI

A favor

Juan Antonio Esparza Alonso

PRI

A favor

María de los Ángeles Aguilera Ramírez

PRI

A favor

Jesús Eduardo Rocha Álvarez

PRI

A favor

J. Luis Fernando Muñoz López

PRI

A favor

José Enrique Juárez Ramírez

PRI

A favor

Verónica Sánchez Alejandre

PRI

A favor

Norma Adela Guel Saldívar

PRI

A favor

Juan Francisco Ovalle García

PRI

A favor

Jorge Varona Rodríguez

PRI

A favor

María de Lourdes Dávila Castañeda

PRI

A favor

Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba

PAN

A favor

Adolfo Suárez Ramírez

PAN

A favor

Leonardo Montañez Castro

PAN

A favor

Sylvia Violeta Garfias Cedillo

PAN

A favor

José Israel Sandoval Macías

PAN

A favor

Mario Alberto Álvarez Michaus

PAN

A favor

PAN

A favor

PVEM

A favor

Martha Cecilia Márquez Alvarado Anayeli Muñoz Moreno


ricardo MONREAL ÁVILA

141

José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez

PVEM

A favor

Salvador Dávila Montoya

PANAL

A favor

Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz

PANAL

A favor

Marco Arturo Delgado Martín del Campo

PRD

En contra

Cuauhtémoc Escobedo Tejada

PRD

En contra

J. Jesús Rangel de Lira Oswaldo Rodríguez García

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

En contra

Fuentes: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/803649.html http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/aguascalientes-reforma-energetica-973419.html http://www.lja.mx/2013/12/reforma-energetica-en-aguascalientes-23-a-favor-y-4-en-contra enterate-quienes-votaron/ http://www.hidrocalidodigital.com/local/articulo.php?idnota=59135

BAJA CALIFORNIA DIPUTADO Miriam Josefina Ayón Castro

PARTIDO

VOTO

PRI

A favor

Marco Antonio Novelo Osuna

PRI

A favor

René Adrián Mendívil Acosta

PRI

A favor

María del Carmen Frías

PRI

A favor

David Ruvalcaba Flores

PRI

A favor

Nereida Fuentes González

PRI

A favor

Laura Torres Ramírez

PRI

Inasistencia

Rosa Isela Peralta Casillas

PAN

A favor

Rosalba López Regalado

PAN

A favor

Gustavo Sánchez Vásquez

PAN

A favor

Cuauhtémoc Cardona Benavides

PAN

A favor

Mónica Bedoya Serna

PAN

Abstención

Mario Osuna Jiménez

PAN

Inasistencia

Gerardo Álvarez Hernández

PAN

Inasistencia

José Alberto Martínez Carrillo

PANAL

A favor

Irma Martínez Manríquez

PANAL

Inasistencia

Fausto Gallardo García

PVEM

A favor

Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez

PES

A favor

Felipe de Jesús Mayoral Mayoral

BC

En contra

José Francisco Barraza Chiquete

BC

En contra

Julio César Vázquez Castillo

PT

En contra


142

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Armando Reyes Ledesma

PT

En contra

Juan Manuel Molina García

Movimiento Ciudadano

En contra

Francisco Alcibíades García Lizardi

Movimiento Ciudadano

En contra

PRD

En contra

José Roberto Dávalos Flores

Fuente: http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Version/ve161213r1.pdf

SINALOA DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Renata Cota Álvarez

PRI

A favor

Nubia Xiclali Ramos Carbajal

PRI

A favor

Roque de Jesús Chávez López

PRI

A favor

Flor Esther Gastélum Vértiz

PRI

A favor

Ramón Barajas López

PRI

A favor

César Fredy Montoya Sánchez

PRI

A favor

Marco Antonio Irizar Cárdenas

PRI

A favor

María Lorena Pérez Olivas

PRI

A favor

Óscar Javier Valdez López

PRI

A favor

José Manuel Osuna Lizárraga

PRI

A favor

Óscar Félix Ochoa

PRI

A favor

Rigoberto Valenzuela Medina

PRI

A favor

Luis Fernando Sandoval Morales

PRI

A favor

Ángel Geovani Escobar Manjarrez

PRI

A favor

Fernando Pucheta Sánchez

PRI

A favor

José Felipe Garzón López

PRI

A favor

Claudia Liliana Valdez Aguilar

PRI

A favor

Víctor Manuel Díaz Simental

PRI

A favor

Gómer Monárrez Lara

PRI

A favor

Jesús Enrique Hernández Chávez

PRI

A favor

Sandra Yudith Lara Díaz

PRI

A favor

Jesús Burgos Pinto

PRI

A favor

Miguel Ángel Camacho Sánchez

PAN

A favor

Osbaldo Ávila Atondo

PAN

A favor

Lucero Guadalupe Sánchez López

PAN

A favor

Martín Pérez Torres

PAN

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

143

Adolfo Rojo Montoya

PAN

A favor

Francisco Solano Urías

PAN

A favor

Laura Galván Uzeta

PAN

A favor

Yudit del Rincón Castro

PAN

A favor

Guadalupe Carrizoza Chaídez

PAN

A favor

María de la Luz Ramírez Rodríguez

PAN

A favor

Sylvia Myriam Chávez López

PANAL

A favor

Héctor Melesio Cuén Ojeda

PAS

En contra

María del Rosario Sánchez Zatarain

PAS

En contra

Robespierre Lizárraga Otero

PAS

En contra

Imelda Castro Castro

PRD

En contra

Ramón Lucas Lizárraga

PRD

En contra

Leobardo Alcántara Martínez Mario Imaz López

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

En contra

Fuente: información proporcionada por asesores, y el diputado Mario Imaz López

TAMAULIPAS DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Juan Baez Rodríguez

PRI

A favor

Griselda Dávila Beaz

PRI

A favor

Laura Felícitas García Dávila

PRI

A favor

Juan Rigoberto Garza Faz

PRI

A favor

Erasmo González Robledo

PRI

A favor

Carlos Javier González Toral

PRI

A favor

Juan Diego Guajardo Anzaldúa

PRI

A favor

Eduardo Hernández Chavarría

PRI

A favor

Ana María Herrera Guevara

PRI

A favor

Adela Manrique Balderas

PRI

A favor

Ramiro Ramos Salinas

PRI

A favor

Homero Reséndiz Ramos

PRI

A favor

Ernesto Gabriel Robinson Terán

PRI

A favor

José Ricardo Rodríguez Martínez

PRI

A favor

Heriberto Ruiz Tijerina

PRI

A favor

Marco Antonio Silva Hermosillo

PRI

A favor


144

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Olga Patricia Sosa Ruiz

PRI

A favor

Aida Zulema Flores Peña

PRI

Inasistencia

Blanca Guadalupe Valles Rodríguez

PRI

Inasistencia

Álvaro Humberto Barrientos Barrón

PAN

A favor

Francisco Elizondo Salazar

PAN

A favor

Juan Patiño Cruz

PAN

A favor

Juan Martín Reyna García

PAN

A favor

Oscar Enrique Rivas Cuéllar

PAN

A favor

Patricia Guillermina Rivera Velázquez

PAN

A favor

Laura Teresa Zárate Quezada

PAN

A favor

Belén Rosales Puente

PAN

En contra

José Salvador Rosas Quintanilla

PAN

Inasistencia

PAN

Inasistencia

Erika Crespo Castillo

Francisco Javier Garza de Coss

PANAL

A favor

Rogelio Ortiz Mar

PANAL

A favor

Irma Leticia Torres Silva

PANAL

A favor

Patricio Edgar King López

PVEM

A favor

PRD

En contra

Arcenio Ortega Lozano

PT

En contra

Alfonso de León Perales

Movimiento Ciudadano

En contra

Jorge Osvaldo Valdéz Vargas

Fuente: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/TrabajoParlamentario/Votaciones/Votacion.asp?IdVotacion= 369&dia=15&mes=12&ona=2013

QUINTANA ROO DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

José Luis Toledo Medina

PRI

A favor

Pedro José Flota Alcocer

PRI

A favor

Arlet Molgora Glover

PRI

A favor

Maritza Aracelly Medina Díaz

PRI

A favor

Juan Manuel Herrera

PRI

A favor

José Ángel Chacón Arcos

PRI

A favor

Filiberto Martínez Méndez

PRI

A favor

Mario Machuca Sánchez

PRI

A favor

Jesús de Los Ángeles Pool Moo

PRI

A favor

Berenice Penélope Polanco Córdova

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

145

Susana Hurtado Vallejo

PRI

A favor

Juan Luis Carrillo Soberanis

PRI

A favor

Freyda Marybel Villegas Canche

PRI

A favor

Cora Amalia Castilla Madrid

PRI

A favor

Martín de la Cruz Gómez

PRI

Inasistencia

Sergio Bolio Rosado

PAN

A favor

María Trinidad García Arguelles

PAN

A favor

PAN

En contra

PVEM

A favor

Perla Cecilia Tun Pech Remberto Estrada Barba Marcia Alicia Fernández Piña

PVEM

A favor

Pablo Fernández Lemmen Meyer

PVEM

A favor

Emilio Jiménez Ancona

PANAL

A favor

PRD

En contra

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

En contra

Jorge Carlos Aguilar Osorio Hernán Villatoro Barrios Luis Fernando Roldán Carrillo

Fuentes: http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/diarios_debates/1anio/1PO/ AL142013121430.pdf http://www.milenio.com/estados/reforma_energetica-Quintana_Roo-PAN_0_208179449.html

DIPUTADO

PUEBLA

PARTIDO

VOTO

Edgar Jesús Salomón Escorza

PRI

A favor

Felipe David Espinoza Rodríguez

PRI

A favor

Ernesto Leyva Córdova

PRI

A favor

Eleofermes Palacios Reyes

PRI

A favor

Jesús Vázquez Viveros

PRI

A favor

Elvia Suárez Ramírez

PRI

A favor

José Lauro Sánchez López

PRI

A favor

Jorge Luis Coriche Avilés

PRI

A favor

Ricardo Urzúa Rivera

PRI

A favor

Zenorina González Ortega

PRI

A favor

Juan Manuel Jiménez García

PRI

A favor

Gerardo Mejía Ramírez

PRI

A favor

Ramón Felipe López Campos

PRI

Inasistencia

Iván Conrado Camacho Moreno

PRI

Inasistencia

Jesús Salvador Zaldívar Benavides

PAN

A favor


146

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Rafael von Raesfeld Porras

PAN

A favor

Jorge Gómez Carranco

PAN

A favor

Myriam Galindo Petriz

PAN

A favor

Josefina Buxadé Castelán

PAN

A favor

Mario Gerardo Riestra Piña

PAN

A favor

Lucio Rangel Mendoza

PAN

A favor

Gregorio Pablo Jiménez Carrillo

PAN

A favor

Blas Jorge Garcilazo Alcántara

PAN

A favor

Alfredo de la Rosa Martínez

PAN

A favor

María Fernanda Huerta López

PAN

Inasistencia

Ana María Jiménez Ortiz

PAN

Inasistencia

Denisse Ortiz Pérez

PAN

Inasistencia

Héctor Eduardo Alonso Granados

PANAL

A favor

Benedicto Cortés Díaz

PANAL

A favor

Hugo Alejo Domínguez

PANAL

A favor

José Guillermo Aréchiga Santamaría

PANAL

A favor

Enrique Nacer Hernández

PANAL

A favor

Adrián Víctor Hugo Islas Hernández

PANAL

Inasistencia

Elías Abaid Kuri

PVEM

A favor

José Venancio Ojeda Hoyos

PVEM

A favor

Oswaldo Avendaño López

PVEM

A favor

Dora Luz Cigarroa Martínez

PRD

Inasistencia

Eric Cotoñeto Carmona

PRD

Inasistencia

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Félix Santos Bacilio

PT

En contra

Alejandro Oaxaca Carreón

SP

En contra

Jorge Luis Blancarte Morales

Fuente: http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_congreso&controller=votacion&task= detailsr&cid[0]=2587&Itemid=459

BAJA CALIFORNIA SUR

DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Pablo Sergio Barrón Pinto

PAN

A favor

Jisela Paes Martínez

PAN

A favor

Adela González Moreno

PAN

A favor

Dora Elda Oropeza Villalejo

PAN

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

147

Luis Martín Pérez Murrieta

PAN

En contra

Víctor Ernesto Ibarra Montoya

PAN

Inasistencia

Gil Cueva Tabardillo

PAN

Inasistencia

Omar Antonio Zavala Agúndez

PRI

A favor

Axxel Gonzalo Sotelo Espinosa de los Monteros

PRI

A favor

Marisela Ayala Elizalde

PRI

A favor

Ramón Alvarado Higuera

PRI

A favor

Sandra Luz Elizarrarás Cardoso

PRI

A favor

Juan Alberto Federico Valdivia Alvarado

PRI

A favor

Alberto Treviño Angulo

Independiente

Inasistencia

Carlos Castro Ceseña

Independiente

Inasistencia

Arturo Torres Ledesma

Independiente

Inasistencia

Edith Aguilar Villavicencio

Independiente

En contra

PANAL

En contra

Guadalupe Olay Dávis

Movimiento Ciudadano

En contra

Jesús Salvador Verdugo Ojeda

PRD

En contra

Juan Domingo Carballo Ruiz

PRS

Inasistencia

Santos Rivas García

Fuentes: http://www.radarpolitico.com.mx/2013/12/13/aprueba-congreso-de-baja-california-sur-minuta-de reforma-energetica/ http://noticabos.com/politica/2013/12/reforma-energetica-bcs.html http://huellas.mx/14/12/2013/en-medio-de-protestas-baja-california-sur-avala-reforma-energetica/

CAMPECHE DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Miguel Ángel García Escalante

PRI

A favor

José Manuel Manrique Mendoza

PRI

A favor

Marcos Alberto Pinzón Charles

PRI

A favor

José Bravo Negrin

PRI

A favor

Pablo Hernán Sánchez Silva

PRI

A favor

Edgar Román Hernández Hernández

PRI

A favor

María Rafaela Santamaría Blum

PRI

A favor

María Dinorah Hurtado Sansores

PRI

A favor

Adda Luz Ferrer González

PRI

A favor

Adolfo Sebastián Magaña Vadillo

PRI

A favor

Humberto Manuel Cauich Jesús

PRI

A favor

Rigoberto Figueroa Ortiz

PRI

A favor


148

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Raúl Armando Uribe Haydar

PRI

A favor

José Adalberto Canto Sosa

PRI

A favor

Noel Juárez Castellanos

PRI

A favor

Jesús Antonio Quiñones Loeza

PRI

A favor

Carlos Martín Ruiz Ortega

PRI

A favor

Ramón Gabriel Ochoa Peña

PRI

A favor

Luis Humberto Castillo Valenzuela

PRI

A favor

Jorge José Sáenz de Miera Lara

PRI

A favor

Facundo Aguilar López

PAN

A favor

Gloria Aguilar de Ita

PAN

A favor

Yolanda Guadalupe Valladares Valle

PAN

A favor

Juan Carlos Lavalle Pinzón

PAN

A favor

Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

PAN

A favor

Ana Paola Ávila Ávila

PAN

A favor

Yolanda del Carmen Montalvo López

PAN

A favor

Francisco Elías Romellóne Herrera

PAN

A favor

Javier Ortega Vila

PAN

A favor

Mario Trinidad Tun Santoyo

PANAL

A favor

Oscar Eduardo Uc Dzul

PANAL

A favor

José Ismael Enrique Canul Canul

PRD

En contra

Teida García Córdova

PRD

En contra

Manuel Jesús Zavala Salazar

Independiente

En contra

Ana María López Hernández

PT

En contra

Fuentes: http://www.campeche.com.mx/noticias/campeche_noticias/aprueban-reforma-energetica-llaman a-diputados-priistas-vende-patrias/101630 http://www.congresocam.gob.mx/LXI/index.php?option=com_content&view=category&id=20:primer periodo-ordinario-primer-ano&Itemid=13&layout=default http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/14/congreso-campeche-ratifica-reforma-energetica

COAHUILA DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Jorge Alanís Canales

PRI

A favor

Indalecio Rodríguez López

PRI

A favor

Florestela Rentería Medina

PRI

A favor

Antonio Juan Marcos Villarreal

PRI

A favor

María del Rosario Bustos Buitrón

PRI

A favor

José Francisco Rodríguez Herrera

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

149

Fernando de la Fuente Villarreal

PRI

A favor

Ricardo López Campos

PRI

A favor

Ana María Boone Godoy

PRI

A favor

Cuauhtémoc Arzola Hernández

PRI

A favor

Juan Alfredo Botello Nájera

PRI

A favor

Eliseo Francisco Mendoza Berrueto

PRI

A favor

Lucía Azucena Ramos Ramos

PRI

A favor

Manolo Jiménez Salinas

PRI

Inasistencia

José Luis Moreno Aguirre

PRI

Inasistencia

Fernando Simón Gutiérrez Pérez

PAN

A favor

PAN

A favor

PVEM

A favor

Edmundo Gómez Garza Víctor Manuel Zamora Rodríguez José Refugio Sandoval Rodríguez

PVEM

A favor

Simón Hiram Vargas Hernández

PANAL

A favor

María Guadalupe Rodríguez Hernández

PANAL

A favor

PPC

A favor

Norberto Ríos Pérez Francisco José Dávila Rodríguez Norma Alicia Delgado Ortiz Samuel Acevedo Flores

PPC

A favor

PUDC

A favor

PSD

A favor

Fuente: http://www.congresocoahuila.gob.mx/modulos/transparencia/articulo19/diarioLIX/eje2013/20132po/ 20132po21.pdf

DIPUTADO Neftalí Armando del Toro Guzmán

CHIAPAS

PARTIDO

VOTO

PRI

A favor

Flor Ángel Jiménez Jiménez

PRI

A favor

Alma Rosa Simán Estefan

PRI

A favor

María Soledad Sandoval Martínez

PRI

A favor

Blanca Ruth Esponda Espinosa

PRI

A favor

José Antonio Albores Trujillo

PRI

A favor

Noé Fernando Castañón Ramírez

PRI

A favor

Marco Antonio Cancino González

PRI

A favor

Roberto Aquiles Aguilar Hernández

PRI

A favor

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

PRI

A favor

Jesús Alejo Orantes Ruiz

PRI

A favor

Claudia Guadalupe Trujillo Rincón

PRI

A favor


150

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

David García Urbina

PRI

A favor

Domingo Gómez López

PRI

A favor

Jorge Enrique Hernández Bielma

PRI

A favor

Roberto Pérez Rodríguez Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor

PRI

A favor

PVEM

A favor

Obdulia Magdalena Torres Abarca

PVEM

A favor

María del Rosario Vázquez Hernández

PVEM

A favor

Ana del Carmen Valdiviezo Hidalgo

PVEM

A favor

Emilio Enrique Salazar Farías

PVEM

A favor

Miguel Arturo Ramírez López

PVEM

A favor

Jorge Alberto Clemente Magdaleno

PVEM

A favor

Renán Galán Gómez

PVEM

A favor

Carlos Enrique Álvarez Morales

PVEM

A favor

José Guillermo Toledo Moguel

PVEM

A favor

Alfredo Santíz Jiménez

PVEM

A favor

José Agustín López Lara

PVEM

Inasistencia

José Ángel Córdova Toledo

PVEM

Inasistencia

Mirna Lucrecia Camacho Pedrero

PAN

A favor

Gloria Trinidad Luna Ruiz

PAN

A favor

Francisco Javier Morales Hernández

PAN

A favor

Itzel de León Villard

PAN

Inasistencia

Isabel Ancheita Palacios

POCH

A favor

Saín Cruz Trinidad

POCH

A favor

Rhosbita López Aquino

POCH

Inasistencia

Alejandra Soriano Ruiz

PRD

En contra

PRD

En contra

Roxana Magdalena Gordillo Burguete

Hortencia Zúñiga Torres

Movimiento Ciudadano

En contra

Vladimir Balboa Damas

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Sonia Catalina Álvarez

PT

En contra

Fuente: información proporcionada por asesores y diputados del Grupo Parlamentario del PRD del Congreso de Chiapas

ZACATECAS DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Hector Zirahuén Pastor Alvarado

PRI

A favor

Claudia Edith Anaya Mota

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

151

Rafael Gutiérrez Martínez

PRI

A favor

Araceli Guerrero Esquivel

PRI

A favor

Cliserio del Real Hernández

PRI

A favor

Ismael Solís Mares

PRI

A favor

José Haro de la Torre

PRI

A favor

Javier Torres Rodríguez

PRI

A favor

Luz Margarita Chávez García

PRI

A favor

Irene Buendía Balderas

PRI

A favor

María Hilda Ramos Martínez

PRI

A favor

Érica del Carmen Velázquez Vacio

PRI

A favor

Rafael Hurtado Bueno

PRI

A favor

Luis Acosta Jaime

PAN

A favor

María Guadalupe Medina Padilla

PAN

A favor

Mario Cervantes González

PAN

Inasistencia

Cuauhtémoc Calderón Galván

PVEM

A favor

Susana Rodríguez Márquez

PVEM

A favor

Carlos Alberto Pedroza Morales

PANAL

A favor

María Elena Nava Martínez

PANAL

A favor

PRD

En contra

Iván de Santiago Beltrán Juan Carlos Regis Adame

PRD

En contra

Rafael Flores Mendoza

PRD

En contra

Eugenia Flores Hernández

PRD

Inasistencia

Gilberto Zamora Salas

PRD

Inasistencia

José Luis Figueroa Rangel

PT

En contra

Alfredo Femat Bañuelos

PT

En contra

J. Guadalupe Hernández Ríos

PT

Inasistencia

María Soledad Luévano Cantú

Movimiento Ciudadano

En contra

Cesar Augusto Deras Almodova

Movimiento Ciudadano

En contra

Fuente: http://porticoonline.mx/2013/12/16/en-hora-y-media-aprueba-el-congreso-de-zacatecas-reforma-energetica/

HIDALGO DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Ma. del Carmen Rocío Tello Zamorano

PRI

A favor

Humberto Alejandro Lugo Herrero

PRI

A favor


152

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Alfredo Bejos Nicolás

PRI

A favor

Rosa Guadalupe Chávez Acosta

PRI

A favor

Jorge Rosas Ruiz

PRI

A favor

Miguel Ángel Romero Olivares

PRI

A favor

Ismael Gadoth Tapia Benítez

PRI

A favor

Ruperto Ramírez Vargas

PRI

A favor

Rosalío Santana Velázquez

PRI

A favor

Dora Luz Castelán Neri

PRI

A favor

María Gloria Hernández Madrid

PRI

A favor

José Juan Viggiano Austria

PRI

A favor

Mabel Gutiérrez Chávez

PRI

A favor

Héctor Pedraza Olguín

PRI

A favor

Omar Daladier Zerón Flores

PRI

A favor

Javier Amador de La Fuente

PRI

A favor

Edith Avilés Cano

PRI

A favor

Leonardo Pérez Calva

PRI

A favor

José Ernesto Gil Elorduy

PRI

A favor

Ramiro Mendoza Cano

PRI

A favor

Juan Carlos Robles Acosta

PAN

A favor

PAN

Inasistencia

Antonio Chávez Barraza

Guillermo Bernardo Galland Guerrero

PVEM

A favor

Ma. Eugenia C. Muñoz Espinoza

PANAL

En contra

J. Dolores López Guzmán

PANAL

En contra

Sandra Hernández Barrera

PANAL

En contra

Víctor Trejo Carpio

PANAL

En contra

Imelda Cúellar Cano

PRD

En contra

Celestino Abrego Escalante

PRD

En contra

Luciano Cornejo Barrera

PRD

En contra

Fuentes: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/hidalgo-reforma-energetica-972927.html http://www.jornada.unam.mx/2013/12/14/politica/009n1pol

SAN LUIS POTOSÍ DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Juan Manuel Segovia Hernández

PRI

A favor

J. Ramón Guardiola Martínez

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

153

José Eduardo Chávez Aguilar

PRI

A favor

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

PRI

A favor

Federico Ángel Badillo Anguiano

PRI

A favor

Luis Enrique Acosta Páramo

PRI

A favor

Rosa María Huerta Valdez

PRI

A favor

Delia Guerrero Coronado

PRI

A favor

Fernando Pérez Espinosa

PRI

A favor

Miguel de Jesús Maza Hernández

PAN

Inasistencia

Alejandro Lozano González

PAN

Inasistencia

Rubén Guajardo Barrera

PAN

Inasistencia

Manuel Aguilar Acuña

PAN

Inasistencia

Juan Pablo Escobar Martínez

PAN

Inasistencia

María del Socorro Herrera Orta

PAN

Inasistencia

Marianela Villanueva Ponce

PVEM

A favor

Alfonso Díaz de León Guillén

PVEM

A favor

Christian Joaquín Sánchez Sánchez

PVEM

A favor

Jorge Aurelio Álvarez Cruz

PVEM

A favor

Martin Álvarez Martínez

PVEM

A favor

Crisogono Sánchez Lara

PANAL

A favor

Jaén Castilla Jonguitud

PANAL

Inasistencia

José Francisco Martínez Ibarra

PRD

Inasistencia

Filemón Hilario Flores

PRD

Inasistencia

PT

Inasistencia

Juan José Jover Navarro Jorge Alejandro Vera Noyola Eugenio Guadalupe Govea Arcos

PCP

Inasistencia

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Fuentes: http://www.jornada.unam.mx/2013/12/17/opinion/005n1pol http://perriodismo.com.mx/2013/12/13/asi-han-votado-los-estados-la-reforma-energetica/

DIPUTADO

NAYARIT

PARTIDO

VOTO

Armando García Jiménez

PRI

A favor

Carlos Alberto Saldate Castillón

PRI

A favor

Jocelyn Patricia Fernández Molina

PRI

A favor

Alejandro Galván Araiza

PRI

A favor

Pedro Tello García

PRI

A favor


154

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Javier Ernesto Ulloa Joya

PRI

A favor

Antonio González Huizar

PRI

A favor

Fátima del Sol Gómez Montero

PRI

A favor

Fernando Ornelas Salas

PRI

A favor

Omar Reynozo Gallegos

PRI

A favor

Alejandro Tapia Flores

PRI

A favor

Víctor Eloy Jiménez Partida

PRI

A favor

Bertha Rodríguez Reynaga

PRI

A favor

Edgar Saúl Paredes Flores

PRI

A favor

Águeda Galicia Jiménez

PRI

Inasistencia

Luis Emilio González Macías

PRI

Inasistencia

Rafael Valenzuela Armas

PAN

A favor

Leopoldo Domínguez González

PAN

Inasistencia

Gerardo Palomino Meraz

PAN

A favor

Graciela de la Luz Domínguez Camarena

PAN

Inasistencia

Erika de la Paz Castañeda Contreras

PAN

Inasistencia

J. Carlos Octavio Carrillo Santana

SP

A favor

José Antonio Serrano Guzmán

SP

A favor

J. Santos Rentería de la Cruz

SP

A favor

Carlos Amador Jaime Nolasco

SP

Inasistencia

Miguel Ángel Mú Rivera

PANAL

A favor

Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda

PANAL

A favor

PRD

A favor

PRD

En contra

PVEM

A favor

María Dolores Porras Domínguez Miguel Ángel Arce Montiel Leonor Naya Mercado

Fuente: http://congresonayarit.mx/Quéhacemos/LasSesionesdelCongreso.aspx

DIPUTADO

DURANGO

PARTIDO

VOTO

Carlos Emilio Contreras Galindo

PRI

A favor

Manuel Herrera Ruiz

PRI

A favor

Luis Iván Gurrola Vega

PRI

A favor

Octavio Carrete Carrete

PRI

A favor

José Ángel Beltrán Félix

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

155

María Luisa González Achem

PRI

A favor

Julio Ramírez Fernández

PRI

A favor

Juan Cuitláhuac Avalos Méndez

PRI

A favor

Anavel Fernández Martínez

PRI

A favor

Pablo César Aguilar Palacio

PRI

A favor

Raúl Vargas Martínez

PRI

A favor

Marco Aurelio Rosales Saracco

PRI

A favor

Fernando Barragán Gutiérrez

PRI

A favor

Carlos Matuk López de Nava

PRI

A favor

Eusebio Cepeda Solís

PRI

A favor

Rosauro Meza Sifuentes

PRI

A favor

Alicia Guadalupe Gamboa Martínez

PRI

Inasistencia

Alicia García Valenzuela

PD

A favor

Eduardo Solís Nogueira

PD

A favor

PD

A favor

José Alfredo Martínez Nuñez

Felipe Meraz Silva

PVEM

A favor

Arturo Kampfner Díaz

PVEM

A favor

Héctor Eduardo Vela Valenzuela

PVEM

A favor

Agustín Bernardo Bonilla Saucedo

PANAL

A favor

Julián Salvador Reyes

PANAL

A favor

PAN

A favor

Ricardo del Rivero Martínez Juan Quiñonez Ruiz

PAN

A favor

Israel Soto Peña

PRD

En contra

María Trinidad Cardiel Sánchez Felipe de Jesús Enríquez Herrera

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Fuente: http://congresodurango.gob.mx/LXVI/ACTAS/1312133.pdf

CHIHUAHUA DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Jesús José Díaz Monárrez

PRI

A favor

Antonio Andreu Rodríguez

PRI

A favor

Laura Enriqueta Domínguez Esquivel

PRI

A favor

Gloria Porras Valles

PRI

A favor

Mayra Guadalupe Chávez Jiménez

PRI

A favor


156

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Daniel Murguía Lardizábal

PRI

A favor

Luis Fernando Rodríguez Giner

PRI

A favor

César Augusto Pacheco Hernández

PRI

A favor

María Ana Pérez Enríquez

PRI

A favor

Francisco Caro Velo

PRI

A favor

Tania Teporaca Romero del Hierro

PRI

A favor

Mayra Díaz Guerra

PRI

A favor

Pedro Adalberto Villalobos Fragoso

PRI

A favor

María Elvira González Anchondo

PRI

A favor

Águeda Torres Varela

PRI

A favor

Rodrigo de la Rosa Ramírez

PRI

A favor

Eloy García Tarín

PRI

A favor

Elías Humberto Pérez Mendoza

PAN

A favor

María Eugenia Campos Galván

PAN

A favor

Ana Lilia Gómez Licón

PAN

A favor

Eliseo Compeán Fernández

PAN

A favor

César Gustavo Jáuregui Moreno

PAN

A favor

Daniela Soraya Álvarez Hernández

PAN

A favor

Rogelio Loya Luna

PAN

En contra

Rosemberg Loera Chaparro

PANAL

A favor

Gustavo Martínez Aguirre

PANAL

A favor

María Ávila Serna

PVEM

A favor

Enrique Licón Chávez

PVEM

A favor

América Victoria Aguilar Gil

PT

En contra

Héctor Hugo Avitia Corral

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

En contra

Luis Javier Mendoza Valdez

PRD

En contra

Hortensia Aragón Castillo

PRD

En contra

Fernando Mariano Reyes Ramírez

Fuente: información proporcionada por asesores, y el diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez

QUERÉTARO DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Diego Foyo López

PRI

A favor

Ricardo Carreño Frausto

PRI

A favor


ricardo MONREAL ÁVILA

157

Gerardo Sánchez Vázquez

PRI

A favor

Alejandro Bocanegra Montes

PRI

A favor

Juan Guevara Moreno

PRI

A favor

Martín Vega Vega

PRI

A favor

Gilberto Pedraza Nuñez

PRI

A favor

Braulio Guerra Urbiola

PRI

A favor

Eunice Arias Arias

PRI

A favor

David Dorantes Resendiz

PRI

A favor

Enrique Correa Sada

PAN

A favor

Alejandro Delgado Oscoy

PAN

A favor

Alejandro Cano Alcalá

PAN

A favor

J. Apolinar Casillas Gutiérrez

PAN

A favor

German Borja García

PAN

A favor

Rosendo Anaya Aguilar

PAN

A favor

Jorge Arturo Lomelí Noriega

PAN

A favor

Guillermo Vega Guerrero

PAN

A favor

Beatriz Marmolejo Rojas

PAN

A favor

Luis Bernardo Nava Guerrero

PAN

A favor

Juan Alvarado Navarrete

PANAL

A favor

Jesús Galván Méndez

PANAL

A favor

Yairo Marina Alcocer

PVEM

A favor

Marco Antonio León Hernández

Movimiento Ciudadano

En contra

PRD

En contra

Gerardo Ríos Ríos

Fuentes: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/803108.html http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/13/chiapas-queretaro-aprueban-reforma energetica http://www.legislaturaqueretaro.gob.mx/

GUANAJUATO DIPUTADO Francisco Arreola Sánchez

PARTIDO

VOTO

PAN

A favor

Óscar Arroyo Delgado

PAN

A favor

Sergio Carlo Bernal Cárdenas

PAN

A favor

René Carmona Gómez

PAN

A favor

Galo Carrillo Villalpando

PAN

A favor


158

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Francisco Flores Solano

PAN

A favor

Juan José García López

PAN

A favor

Javier González Saavedra

PAN

A favor

Juan Carlos Guillén Hernández

PAN

A favor

Fernando Hurtado Cárdenas

PAN

A favor

Karla Alejandrina Lanuza Hernández

PAN

A favor

José Juventino López Ayala

PAN

A favor

Martín López Camacho

PAN

A favor

Luis Manuel Mejía Barreñada

PAN

A favor

Juan Rendón López

PAN

A favor

Alfonso Guadalupe Ruiz Chico

PAN

A favor

Luz Daniel Campos Lango

PAN

Inasistencia

Karina Padilla Ávila

PAN

Inasistencia

Érika Lorena Arroyo Bello

PRI

A favor

Adrián Camacho Trejo Luna

PRI

A favor

Pedro Chávez Arredondo

PRI

A favor

Francisco Javier Contreras Ramírez

PRI

A favor

Luis Felipe Luna Obregón

PRI

A favor

Felipe de Jesús Orozco García

PRI

A favor

Yulma Rocha Aguilar

PRI

A favor

Guillermo Romo Méndez

PRI

A favor

Roberto Mauricio Vallejo Rábago

PRI

A favor

Jorge Enrique Videgaray Verdad

PRI

A favor

PRI

A favor

Jorge Arena Elizondo

José Gerardo Zavala Procell

PVEM

A favor

Sergio Alejandro Contreras Guerrero

PVEM

A favor

María Guadalupe Sánchez Centeno

PVEM

A favor

J. Marco Antonio Miranda Mazcorro

PANAL

A favor

José Luis Martínez Bocanegra

PRD

En contra

María Juana Georgina Miranda Arroyo

PRD

En contra

Ma. Guadalupe Torres Rea

PRD

En contra

Fuente: http://www.congresogto.gob.mx/uploads/sesion/transcripcion/270/64._Ordinaria_17_Dic._2013.pdf


ricardo MONREAL ÁVILA

159

JALISCO DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Avelina Martínez Juárez

PRI

A favor

Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez

PRI

A favor

Clara Gómez Caro

PRI

A favor

Gustavo González Villaseñor

PRI

A favor

Héctor Pizano Ramos

PRI

A favor

Hugo Daniel Gaeta Esparza

PRI

A favor

Idolina Cosío Gaona

PRI

A favor

Jaime Prieto Pérez

PRI

A favor

José Trinidad Padilla Lopez

PRI

A favor

Juan Manuel Alatorre Franco

PRI

A favor

Martín López Cedillo

PRI

A favor

Miguel Castro Reynoso

PRI

A favor

Miguel Hernández Anaya

PRI

A favor

Nicolás Maestro Landeros

PRI

A favor

Roberto Mendoza Cárdenas

PRI

A favor

Joaquín Antonio Portilla Wolff

PRI

Inasistencia

Rafael González Pimienta

PRI

Inasistencia

Elías Octavio Íñiguez Mejía

PAN

A favor

Jaime Ismael Díaz Brambila

PAN

A favor

José Gildardo Guerrero Torres

PAN

A favor

José Hernán Cortés Berumen

PAN

A favor

José Luis Munguía Cardona

PAN

A favor

Juan Carlos Márquez Rosas

PAN

A favor

Luis Guillermo Martínez Mora

PAN

A favor

Gabriela Andalón Becerra

PAN

A favor

Alberto Esquer Gutiérrez

PAN

En contra

Juan José Cuevas García

PAN

En contra

Víctor Manuel Sánchez Orozco

PAN

En contra

Mariana Arámbula Meléndez

PAN

Inasistencia

Norma Angélica Cordero Prado

PAN

Inasistencia

J. Jesús Palos Vaca José Clemente Castañeda Hoeflich

PVEM

A favor

Movimiento Ciudadano

En contra


160

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Julio Nelson García Sánchez

Movimiento Ciudadano

En contra

Salvador Zamora Zamora

Movimiento Ciudadano

En contra

Verónica Delgadillo García

Movimiento Ciudadano

En contra

Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

PRD

En contra

Celia Fausto Lizaola Edgar Enrique Velázquez González Ricardo Rodríguez Jiménez

PRD

En contra

Independiente

En contra

Fuente: información proporcionada por asesores y diputados de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco

VERACRUZ DIPUTADO

PARTIDO

VOTO

Juan Nicolás Callejas Arroyo

PRI

A favor

Ana Guadalupe Ingram Vallines

PRI

A favor

Adolfo Jesús Ramírez Arana

PRI

A favor

Antonio Baxzi Mata

PRI

A favor

Carlos Ernesto Hernández Hernández

PRI

A favor

David Velasco Chedraui

PRI

A favor

Edgar Díaz Fuentes

PRI

A favor

Gabriela Arango Gibb

PRI

A favor

Gladys Merlín Castro

PRI

A favor

Gustavo Gudiño Corro

PRI

A favor

Heber Alan Carballo Salazar

PRI

A favor

Ignacio Enrique Valencia Morales

PRI

A favor

José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos

PRI

A favor

Juan Alfredo Gándara Andrade

PRI

A favor

Juan Manuel Velázquez Yunes

PRI

A favor

Marcela Aguilera Landeta

PRI

A favor

Minerva Salcedo Baca

PRI

A favor

Octavia Ortega Arteaga

PRI

A favor

Octavio Pérez Garay

PRI

A favor

Raúl Zarrabal Ferat

PRI

A favor

Tonatiuh Pola Estrada

PRI

A favor

Ricardo Ahued Bardahuil

PRI

Abstención

Ciro Gonzalo Félix Porras

PRI

Inasistencia


ricardo MONREAL ÁVILA

161

Leandro Rafael García Bringas

PRI

Inasistencia

Marco Antonio del Ángel Arroyo

PRI

Inasistencia

Mariela Tovar Lorenzo

PRI

Inasistencia

Julen Rementería del Puerto

PAN

A favor

Domingo Bahena Corbalá

PAN

A favor

Alejandro Zairick Morante

PAN

A favor

Carlos Gabriel Fuentes Urrutia

PAN

A favor

Edgar Hugo Fernández Bernal

PAN

A favor

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés

PAN

A favor

Jorge Vera Hernández

PAN

A favor

María del Carmen Pontón Villa

PAN

A favor

Víctor Román Jiménez Rodríguez

PAN

A favor

Ana Cristina Ledezma López

PAN

Inasistencia

Juan Eduardo Robles Castellanos

PVEM

A favor

Jesús Vázquez González

PVEM

A favor

Juan Cruz Elvira

PVEM

A favor

Renato Tronco Gómez

PVEM

A favor

Mónica Robles Barajas

PVEM

Inasistencia

Eduardo Sánchez Macías

PANAL

A favor

Juan René Chiunti Hernández

PANAL

A favor

Miguel Ángel Sedas Castro

PANAL

A favor

Jaqueline García Hernández

PANAL

A favor

Francisco Garrido Sánchez

AVE

A favor

Ana María Condado Escamilla

PRD

Inasistencia

Jesús Alberto Velázquez Flores

PRD

Inasistencia

Cuauhtémoc Pola Estrada

Movimiento Ciudadano

Inasistencia

Fidel Robles Guadarrama

PT

Inasistencia

Fuente: http://www.legisver.gob.mx/VersionEstenografica/versionLXIII/VerEst_5Dic13.pdf

Nota: el voto de algunos legisladores de oposición fue consignado en los registros oficiales como inasistencia, palabra que no refleja fielmente la realidad. En el momento de la aprobación de la reforma, esos congresistas se encontraban ejerciendo acciones de resistencia, dentro o fuera de los recintos parlamentarios.


ANEXO 2

Sentido de los votos de las dos legislaturas locales que rechazaron la reforma energética TABASCO PARTIDO

VOTO

Rafael Acosta León

PRD

En contra

Rafael Abner Balboa Sánchez

PRD

En contra

Francisco Javier Cabrera Sandoval

PRD

En contra

Tito Campos Piedra

PRD

En contra

Verónica Castillo Reyes

PRD

En contra

Mario Córdova Leyva

PRD

En contra

Neyda Beatriz García Martínez

PRD

En contra

José Sabino Herrera Dagdug

PRD

En contra

Noé Daniel Herrera Torruco

PRD

En contra

Rosalinda López Hernández

PRD

En contra

Araceli Madrigal Sánchez

PRD

En contra

Ana Karen Mollinedo Zurita

PRD

En contra

Olegario Montalvo Navarrete

PRD

En contra

Alipio Ovando Magaña

PRD

En contra

Verónica Pérez Rojas

PRD

En contra

Uriel Rivera Ramón

PRD

En contra

Casilda Ruiz Agustín

PRD

En contra

Leticia Taracena Gordillo

PRD

En contra

Ana Bertha Vidal Fócil

PRD

En contra

Rogers Arias García

PT

En contra

Andrés Cáceres Álvarez

PT

En contra

Movimiento Ciudadano

En contra

PAN

En contra

DIPUTADO

Gaspar Córdoba Hernández Francisco Castillo Ramírez


ricardo MONREAL ÁVILA Jovita Segovia Vázquez

163 Independiente

En contra

Esther Alicia Dagdug Lutzow

PRI

A favor

José del Carmen Herrera Sánchez

PRI

A favor

Luis Rodrigo Marín Figueroa

PRI

A favor

Baltazar Sánchez Fuentes

PRI

A favor

José del Pilar Córdova Hernández

PRI

Inasistencia

Liliana Ivette Madrigal Méndez

PRI

Inasistencia

María Elena Silván Arellano

PRI

Inasistencia

Carlos Mario de la Cruz Alejandro

PRI

Inasistencia

Mirella Zapata Hernández

PRI

Inasistencia

Patricio Bosch Hernández

PVEM

A favor

Mileidy Aracely Quevedo Custodio

PANAL

A favor

Fuente: información proporcionada por asesores, y el diputado Gaspar Córdoba Hernández

GUERRERO PARTIDO

VOTO

Alejandro Arcos Catalán

PRD

En contra

Antonio Gaspar Beltrán

PRD

En contra

Abelina López Rodríguez

PRD

En contra

Germán Farías Silvestre

PRD

En contra

Víctor Salinas Salas

PRD

En contra

Amador Campos Aburto

PRD

En contra

Ana Lilia Jiménez Rumbo

PRD

En contra

Tomás Hernández Palma

PRD

En contra

Valentín Rafaela Solís

PRD

En contra

Jesús Marcial Liborio

PRD

En contra

Elí Camacho Goicochea

PRD

En contra

Nicanor Adame Serrano

PRD

En contra

Roger Arellano Sotelo

PRD

En contra

Oscar Díaz Bello

PRD

En contra

Bernardo Ortega Jiménez

PRD

En contra

Miguel Ángel Cantorán Gatica

PRD

En contra

Luisa Ayala Mondragón

PRD

En contra

Daniel Esteban González

PRD

En contra

DIPUTADO


164

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Ángel Aguirre Herrera Ricardo Ángel Barrientos Ríos

PRD

Inasistencia

PRD

Inasistencia

Oliver Quiroz Vélez

Movimiento Ciudadano

En contra

Emilio Ortega Antonio

Movimiento Ciudadano

En contra

Laura Arizmendi Campos

Movimiento Ciudadano

En contra

Mario Ramos del Carmen

Movimiento Ciudadano

En contra

Cristino Evencio Romero Sotelo

Movimiento Ciudadano

En contra

Jorge Salazar Marchán

PT

En contra

Eduardo Montaño Salinas

PRI

A favor

Arturo Bonilla Morales

PRI

A favor

Omar Jalil Flores Majul

PRI

A favor

José Luis Ávila López

PRI

A favor

Alicia Elizabeth Zamora Villalva

PRI

A favor

Héctor Apreza Patrón

PRI

A favor

José Rubén Figueroa Smutny

PRI

A favor

Julieta Fernández Márquez

PRI

A favor

María Verónica Muñoz Parra

PRI

A favor

Rodolfo Escobar Ávila

PRI

A favor

Héctor Antonio Astudillo Flores

PRI

A favor

Ricardo Taja Ramírez

PRI

Inasistencia

Olaguer Hernández Flores

PRI

Inasistencia

Jorge Camacho Peñaloza

PAN

A favor

Marcos Efrén Parra Gómez

PAN

A favor

Delfina Concepción Oliva Hernández Karen Castrejón Trujillo

PAN

A favor

PVEM

A favor

Arturo Álvarez Angli

PVEM

A favor

Alejandro Carabias Icaza

PVEM

Inasistencia

Emiliano Díaz Román

PANAL

Inasistencia

Fuente: Información proporcionada por asesores y diputados de Movimiento Ciudadano del Congreso de Guerrero

Nota: el voto de algunos legisladores de oposición fue consignado en los registros oficiales como inasistencia, palabra que no refleja fielmente la realidad. En el momento de la aprobación de la reforma, esos congresistas se encontraban ejerciendo acciones de resistencia, dentro o fuera de los recintos parlamentarios.


ANEXO 3

Denuncia interpuesta por traición a la patria C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Presente

Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres Guadarrama, Bertha Elena Luján Uranga, Tomás Pliego Calvo, David Ricardo Cervantes Peredo, Concepción Cruz Vázquez, Alfonso Escobar Mateos, Jesús Emiliano Álvarez López, Froylan Yescas Cedillo, Marco Antonio Medina Pérez, Ignacio Vázquez Memije, Bernardo Bátiz Vázquez, Armando Barreiro Pérez, Irma Sáenz Lara, Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Benito Bahena y Lome, Claudia Garza del Toro, Jorge Luis Andrade Torres, Luis Daniel Serrano Palacios, Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, Mauricio Hernández Núñez, Pedro Mario Zenteno Santaella, Luis Enrique Cadena García, Baldemar Villarreal Alvarado, Carlos Andrés Morales Mar, Jesús Martín del Campo, Luis Fernando Jara Vargas, Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, César Arnulfo Medina Pérez, Selene Colindres Nájera, Mario Magno Díaz, Antonio Helguera Jiménez, José Luis Zavaleta Gaitán, Tanech Sánchez Ángeles, Isaac Martín Montoya Márquez, Javier Aguilar Soto, Gerardo Galicia Juárez, Demetrio Manuel Gómez Martínez, Salomón Jara Cruz, Ernesto Gutiérrez Nataren, Indira Zurita Lara, Luisa Cortés García, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Pablo Moctezuma Barragán, Ramón Jiménez López, Quintín Barrera Miranda, Sarahí Ortega Guzmán, Cristobal, Vargas Morales, María del Carmen Moreno Galicia, Gabino Morales Mendoza, Paulo César Martínez López, Ubaldo Oropeza Meneses, Lenia Batres Guadarrama, María Eugenia González Caballero, Homero Meneses Hernández, René Ramírez Rojas, Omar Cuatianquiz Ávila, Joel Flores Bonilla, Patricia Jimena Ortiz Couturier, Raquel Dávila Salas, Cesar Nuñez Ramos, Rubén Cayetano García, Clara Marina Brugada Molina y Raquel de la Luz Sosa Elízaga, ciudadanos mexicanos en goce de nuestros derechos y garantías constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, correlacionado con el tercer párrafo del 111, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 del Código Penal Federal y 2, 10, 113, 116 y 118 del Código de Procedimientos Penales, presentamos mediante este escrito formal denuncia de hechos en contra del ciudadano ENRIQUE PEÑA NIETO, titular del Poder Ejecutivo Federal, por la comisión de actos que pudieran ser constitutivos del delito de Traición a la Patria, tipificado en el Artículo 123 del Código Penal Federal.


166

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

Señalamos como domicilio para oír y recibir cualquier clase de notificaciones el ubicado en Santa Anita No. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200, México, Distrito Federal, autorizando para que las oigan en nuestro nombre a los abogados patronos, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Jesús Porfirio González Schmal, Bernardo Bátiz Vázquez, Marcos Alejandro Gil González, Jaime Genaro López Vela, René Sánchez Galindo, Lenia Batres Guadarrama y Pasante de Derecho Paola Cecilia Gutiérrez Zornoza, autorizándolos así mismo para que en nuestro nombre actúen en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 141 del Código Federal de Procedimientos Penales. Fundamos la presente denuncia en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: HECHOS PRIMERO.- El ciudadano Enrique Peña Nieto, cuando fue candidato a la Presidencia de la República, declaró, ratificando con firma ante notario público, en diversas ocasiones, doscientos sesenta y seis compromisos políticos que ofreció cumplir al pueblo de México en caso de resultar electo en el correspondiente proceso electoral. En ninguno de tales compromisos plantea la privatización de PEMEX ni de la industria eléctrica o que las paraestatales fuesen a perder su carácter jurídico original con intervención de capital privado nacional y extranjero. SEGUNDO.- El ciudadano Enrique Peña Nieto al momento de tomar posesión de su actual cargo público, al que accedió en medio de acusaciones graves de violaciones a la democracia y compra de votos, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- En diversas ocasiones el ciudadano Enrique Peña Nieto expresó cual es su intención al promover la llamada Reforma Energética; el 18 de Junio del 2013, en una entrevista concedida en la Ciudad de Londres, expresó al “Financial Times” del Reino Unido, textualmente al referirse a la futura propuesta de Reforma Energética, que “los cambios constitucionales (serían) necesarios para darle certeza a los inversionistas privados”. Por su importancia probatoria anexamos una traducción literal de dicha entrevista dada a conocer por el diario “El Financiero”, que se presenta como anexo 1. En una rueda de prensa también en la Ciudad de Londres, el ciudadano ENRIQUE PEÑA NIETO afirmó que presentaría una iniciativa de reforma energética para modernizar a PEMEX, a través de la participación de capital privado, tal y como lo recoge una nota sobre dicho evento en el medio de comunicación denominado “Televisa” y que anexamos a este escrito como el anexo 2. En estas afirmaciones se revelan los propósitos de la denominada REFORMA ENERGÉTICA, que no eran otros desde esos anuncios anticipados, que renunciar a la protección que la Constitución da a los energéticos, al considerarlos como áreas estratégicas de la economía. CUARTO.- El 12 de Agosto de 2013, el Senado de la República recibió formalmente la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para cambiar


ricardo MONREAL ÁVILA

167

el estatuto jurídico del sector energético del país. Como anexo 3 acompañamos publicación del periódico Excélsior que se refiere a esta información. El documento, recibido en la Oficialía de Partes fue turnado a la Comisión Permanente, para que a su vez lo canalice a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera, explica en su exposición de motivo los pretendidos beneficios de este cambio constitucional. La nota No. 3888 emitida el día 14 de Agosto de 2013 por el área de comunicación social de la H. Cámara de Diputados Federal, que se incluye como anexo 4, explica lo siguiente: “La Comisión Permanente turnó la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo federal a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Energía...La propuesta del Ejecutivo reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución y establece los contratos de utilidad compartida con empresas nacionales o extranjeras, para la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica.” La iniciativa referida en ambas notas de prensa, es a la que el presunto ENRIQUE PEÑA NIETO aludió en la entrevista concedida en el extranjero, señalada en el HECHO TERCERO; con la intención que él mismo adelantó, lo coloca como activo de la conducta prohibida en el supuesto del artículo 123 fracción I del Código Penal Federal, pues está realizando actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. QUINTO.- El día 11 de Diciembre el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, como consta publicado en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha. La aprobación se dio sin escuchar a los ciudadanos que cercaban la sede del Senado y en un ambiente tenso, rodeado el edificio por una muralla metálica y custodiado el recinto por cientos de policías locales y federales. SEXTO.- El día 13 de diciembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó por lo que a ella respecta, la reforma constitucional en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna más 21 artículos transitorios, como consta publicado en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, sin admitir argumentación alguna de los diputados de oposición, sin debate y dada la premura de la aprobación, sin que la mayoría de los votantes hayan podido tener siquiera la oportunidad de leer la minuta. SÉPTIMO. Inmediatamente, apenas el 18 de diciembre inmediato el Presidente de la Comisión Permanente, pero no la Comisión Permanente, como debió de haber sido en términos constitucionales, emitió la declaratoria que prevé el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución y señaló que se había cumplido el procedimiento de reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, sin embargo, contraviniendo el texto de la Constitución –párrafo


168

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

segundo del artículo 135 de la Constitución, la Comisión Permanente, como era lo procedente, no hizo el cómputo de las legislaturas locales ni la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El Presidente de la Comisión Permanente en sustitución de la Comisión Permanente, se arrogó facultades que se confieren al pleno de la Comisión, es decir, a todos sus integrantes. Lo anterior significa que el procedimiento de reforma constitucional regulado en el artículo 135 de la Constitución no se verificó válidamente Por lo que se refiere a la parte final del procedimiento; sucedió una sustitución de un órgano competente, la Comisión Permanente, por una instancia a todas luces sin competencia para realizar esa función, el Presidente de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente debió constatar y no lo hizo, que las legislaturas locales, al aprobar la reforma energética, cumplieran con los extremos del ordenamiento local, por ejemplo, si las legislaturas reunían el quórum legal o si las reformas se aprobaron conforme a las mayorías que exigen las respectivas constituciones estatales y leyes de los congresos locales, tal y como se muestra en el anexo 5 al presente escrito. OCTAVO.- El titular del Poder Ejecutivo promulgó la reforma el día 20 de Diciembre de 2013 y ese mismo día por la tarde, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tal y como consta el anexo 6 que se acompaña. La llamada REFORMA ENERGÉTICA que se tradujo hasta este momento en una veloz reforma constitucional totalmente contraria al texto y al espíritu de la Ley Fundamental de la República, tuvo lugar con la finalidad de privar el exclusivo dominio del estado mexicano sobre los recursos petroleros del subsuelo y su correspondiente transformación industrial para usos energéticos y entregar estos a la iniciativa privada nacional y extranjera. Bienes naturales que son propiedad y de dominio directo, inalienables e imprescriptibles de la Nación, así como abandonar áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado, además de otorgar a naciones e intereses extranjeros la facultad de intervenir en decisiones y disposiciones sobre los mismos que sólo debe corresponder y resolver a los mexicanos. CONSIDERACIONES DE DERECHO 1. El pueblo de México, parte integrante y originaria del Estado es la esencia y elemento sustancial de la Nación mexicana, ha luchado históricamente, con el sacrificio incluso de vidas de millones de mexicanos por el respeto a la propiedad nacional de lo que le corresponde en razón de su territorio. El pueblo de México, en diversas etapas de su historia se ha enfrentado a malos mexicanos y a potencias extranjeras en defensa de lo suyo. Las victorias obtenidas en tales gestas están insertas en los documentos políticos que fundan y dan razón de ser al Estado mexicano: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo Federal haya presentado la iniciativa de reformas a la Constitución con el fin medular de permitir que capital privado nacional y extranjero, contra lo que prescribe la Constitución, constituye la maquinación de una conducta antijurídica, realizada con plena conciencia de su


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169

autor y por consiguiente, con manifiesto dolo e intenciones de atacar los intereses de la Nación mexicana, dando participación a terceros en actividades reservadas exclusivamente, en razón de la propiedad, adquirida históricamente, por la Nación mexicana. En la mecánica del delito se implementaron los hechos programados con los que fueron aprobadas tales reformas en la mayoría de las legislaturas locales. En conjunto se conforma una flagrante violación de la Constitución y se configuran los elementos, objetivos y subjetivos constitutivos del delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, incisos I y XII que disponen textualmente: Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; XII.-Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración; La violación constitucional, que puede configurar un delito de carácter político “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”, constituye también el medio utilizado por el presunto y coautores en los Poderes Legislativo Federal y Locales para la comisión del ilícito contra la Seguridad de la Nación tipificado en el artículo 123 del Ordenamiento Penal Federal y se encuentra materializada en el hecho de que el procedimiento de reforma de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Carta Magna no faculta al llamado Constituyente Permanente a realizar cualquier cambio constitucional. Las modificaciones o adiciones a la Carta Magna deben respetar siempre el núcleo básico de la Constitución sin que se alteren o menoscaben sus principios para destruirlos. Debe tenerse en cuenta que por la trascendencia de las reformas constitucionales llevadas a cabo, se trastocan gravemente la independencia y soberanía de nuestro país y lo colocan a merced de intereses económicos extranjeros ajenos a los intereses de la Nación mexicana. En primer lugar, se deja de lado al pueblo de México, al no consultársele sobre un tema tan grave, a pesar de existir disposición constitucional expresa. Este hecho vulnera la soberanía en su acepción de ser el pueblo el depositario de ésta y a quien, en exclusiva, corresponde decidir informada y responsablemente sobre el destino de los bienes que le son propios y en los que se sustenta su futuro como Nación. En segundo lugar, se atenta en contra de la soberanía nacional en relación con poderes del exterior, porque se ha abierto a la participación de capitales extranjeros la industria petrolera nacional. Los principios democráticos de los artículos 39, 40, 41, 72 y 135 de la Constitución y los derechos fundamentales previstos en nuestro ordenamiento supremo antes de la inconstitucional aprobación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, deben estar presentes y vivos en todas las instituciones del Estado para poder asegurar que vivimos en un Estado de Derecho. Cuando el Constituyente Permanente se aleja de los principios y derechos fundamentales que constituyen decisiones políticas fundamentales de la Constitución, se rompe el contrato social que establece nuestra Carta Magna y en la práctica desaparece la autoridad del Estado.


170

PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO. EL ROBO DEL SIGLO

3. La reforma constitucional que se ha concretado, violenta los intereses del pueblo de México, es claramente privatizadora y atenta contra nuestra independencia y soberanía nacional, entre otras razones, porque: a. Se entregará a inversionistas privados, preferentemente extranjeros, sectores de las industrias petrolera y eléctrica que constitucionalmente estaban confiadas en exclusiva al sector público; b. Se privatizan bienes nacionales porque las decisiones en materia del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, no las adoptará exclusivamente el Estado sino que las compartirá con poderosas empresas privadas; c. Se renuncia a la soberanía, porque sin las reformas, el estado mexicano, a través de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, podía tomar libremente decisiones sobre sus energéticos, se trataba de actos de gobierno soberanos, regidos por el derecho público, con la reforma el manejo de los energéticos queda dentro del régimen del derecho privado y las decisiones y actos jurídicos salen del ámbito público y entran al campo de los contratos privados, en los que el estado mexicano no mantendrá el papel de una autoridad con mando y soberanía, sino que será únicamente una de las partes en los convenios mercantiles sujetos a decisiones de tribunales que con las reglas del TLC, bien pueden ser extranjeros; d. Se privatiza porque jurídicamente las relaciones entre Pemex y los empresarios podrán regirse por el derecho privado y no sólo por el derecho público, además de que las controversias que eventualmente surjan se podrán ventilar ante árbitros y tribunales extranjeros, los que interpretarán y aplicarán el derecho extranjero y no el nacional, aun tratándose de nuestros propios recursos; e. Se privatiza porque los empresarios podrán ser propietarios de instalaciones, almacenes, equipos, ductos y refinerías; f. Se privatiza porque Pemex, empresa paraestatal, queda bajo un régimen de excepción en el derecho público mexicano para adquirir las características de una corporación privada; g. Se privatiza porque los poderes legislativo y judicial mexicanos perderán competencia frente a los intereses de los particulares. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS INFRINGIDOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA REFORMA Todo el proceso de reformas a la Constitución impulsadas por el ciudadano Enrique Peña Nieto en su calidad de Presidente de la República, viola los artículos 1, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 72 y 135 de la Constitución y las decisiones políticas fundamentales establecidas en la Constitución de Querétaro en 1917 en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como en las reformas constitucionales de 1940, 1960 y 1983 a esos artículos.


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171

INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN En este punto es importante destacar las violaciones procedimentales de los diversos actos que culminaron con el Decreto por el que se pretende la entrada en vigor de las reformas constitucionales. Éstas las podemos agrupar en cuatro: 1) El Constituyente permanente no es competente para aprobar esta reforma sino el Constituyente originario; 2) El Constituyente Permanente no observó el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3) Existieron diversas violaciones durante la aprobación de las reformas por parte de las Cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales; y, 4) Al realizarse el procedimiento contemplado en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución, la Comisión Permanente, no hizo el cómputo de los votos de las legislaturas locales ni la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sino que lo hizo sin facultades para ello el Presidente de la Comisión Permanente. PRIMERO. Sobre la primera cuestión y dada la trascendencia de la reforma que implica la afectación de principios políticos fundamentales, insistimos en que este tipo de reformas corresponden al Constituyente originario; se violenta el principio establecido en la Constitución desde 1917, que determina que la Nación es la propietaria originaria y le corresponde la explotación exclusiva de los hidrocarburos. Al permitirse, que extranjeros reciban como pago, en los contratos de producción compartida y en otras figuras jurídicas, una parte de la producción o del crudo extraído, se violenta el principio de que los hidrocarburos son de la Nación, esto es, una parte de los mismos serán propiedad abiertamente o en forma encubierta de particulares nacionales o extranjeros. Igualmente se infringe el principio de que la Nación es la que debe explotar esos recursos, pues las empresas trasnacionales participarán en todas las fases de la industria de los hidrocarburos, desde la exploración, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y hasta las ventas de primera mano. Las empresas trasnacionales tendrán todo o parte del control y administración de estos procesos. SEGUNDO. En cuanto a la segunda cuestión, el llamado Constituyente permanente no observó lo previsto en los dos últimos párrafos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El Ejecutivo Federal al formular y presentar su iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética, no acompañó a su propuesta la evaluación sobre el impacto presupuestario. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos Primera del Senado, ni las correspondientes de la Cámara de Diputados, al elaborar los Dictámenes realizaron una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas respectivas con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Tanto el penúltimo párrafo como el último del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen lo siguiente: “Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de


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ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente”. “El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión”. Las normas citadas con anterioridad, son obligatorias y no potestativas. La evaluación del impacto presupuestal de una iniciativa o de un dictamen constituye un requisito de procedibilidad. La evaluación presupuestal del Dictamen es de previo y especial pronunciamiento. Si no se cumple con la obligación citada, las iniciativas y el dictamen correspondiente no pueden discutirse y, mucho menos votarse y aprobarse. Al aprobarse los dictámenes sin cumplir con esas obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se violó el procedimiento parlamentario y sus fundamentos contemplados en los artículos 72 y 135 de la Constitución. TERCERO. Las violaciones reglamentarias se sucedieron durante todo el proceso de aprobación de la reforma constitucional energética. El procedimiento parlamentario de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética la reforma más importante a la Constitución desde la promulgación de la Constitución de 1917 estuvo plagado de violaciones al procedimiento previsto en nuestro ordenamiento. Sólo como ejemplo mencionamos que el dictamen de la reforma energética no fue elaborado por las comisiones del Senado, sino que en sedes extraparlamentarias fue redactado por legisladores del PAN y del PRI y supervisado y vigilado, rompiendo el principio de división de poderes, por funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía, dependientes éstas del Poder Ejecutivo Federal, tal como dieron cuenta de ello los medios de comunicación. En la Cámara de Diputados, en unas cuantas horas, sin que el dictamen se discutiera en Comisiones y con dispensa de trámites, se aprobó la reforma constitucional en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Por los medios de comunicación tuvimos noticia de conflictos y protestas en las legislaturas locales al momento de la discusión y aprobación de la reforma energética a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución. Entre otras cosas se discutió la inusitada celeridad en el trámite parlamentario, además de los alcances contrarios a la Nación de la reforma constitucional en trámite. De acuerdo a lo publicado en el periódico “El Informador” de fecha 17 de diciembre de 2013, anexo 7 a la presente, se da cuenta de la vía rápida, sin estudio ni debate, que siguieron los Congresos Locales para aprobar la reforma energética. Veamos: Nuevo León la aprobó en 3 minutos. Sonora la aprobó en 7 minutos. Querétaro la aprobó en 10 minutos. San Luis Potosí en 20 minutos.


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Veracruz en 25 minutos. Chihuahua la aprobó en 30 minutos. Campeche en 40 minutos. Yucatán en 48 minutos. Puebla en 1 hora. Aguascalientes en 1 hora con 25 minutos. Baja California Sur en 1 hora con 30 minutos. Zacatecas en una 1 hora con 45 minutos. Chiapas e Hidalgo en 2 horas. Nayarit en 2 horas con 40 minutos. Coahuila, Quintana Roo y Durango en 3 horas. Tamaulipas en 3 horas con 20 minutos. Jalisco en 4 horas. Estado de México en 5 horas. En los Congresos Locales no se siguió el proceso parlamentario con todas las formalidades exigidas por las leyes y las constituciones estatales; se violaron los procedimientos parlamentarios de turno a comisión para su análisis, discusión y en su caso aprobación en las comisiones. En varias entidades los congresos locales se reunieron en lugares distintos a su sede y en algunos, como en el caso de Michoacán, se impugnó la validez de la sesión por haberse efectuado con la policía dentro del recinto legislativo. CUARTO. Finalmente, en la sesión del día 18 de diciembre de 2013, en contra del texto de la Constitución párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución, la Comisión Permanente no hizo el cómputo de las legislaturas locales ni la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El Presidente de la Comisión Permanente realizó en sustitución de la Comisión Permanente esas actividades que corresponden al pleno de la Comisión, es decir, a todos sus integrantes. Lo anterior significa que el procedimiento constitucional de reforma constitucional regulado en el artículo 135 de la Constitución no se verificó cabalmente. En la parte final del procedimiento, hubo una sustitución de un órgano competente la Comisión Permanente por una instancia a todas luces sin competencia para realizar esas tareas el Presidente de la Comisión Permanente. Evidentemente la razón que será esgrimida para justificar ésta ilegalidad en el proceder del Presidente de la Comisión Permanente, será la de que el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, dispone que el Presidente, en este caso del Senado, es el que realiza el cómputo y formula la declaratoria de una reforma constitucional. La disposición reglamentaria es distinta al párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución, que de manera expresa señala que es la Comisión Permanente la que efectúa estas tareas. En el caso en cuestión, la Comisión Permanente fue suplantada y por lo mismo, el procedimiento de reforma constitucional es inconstitucional. La Comisión Permanente debió constatar y no lo hizo, el que las legislaturas locales, al aprobar la reforma energética, cumpliera con los extremos de


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los ordenamientos locales, sí las legislaturas que votaron esas reformas reunieron el quórum en las sesiones de discusión y aprobación y si las reformas se aprobaron conforme a los procedimientos y contaron con las mayorías que exigen las respectivas Constituciones Estatales y Leyes de los Congresos Locales. QUINTO.- La reforma asociará a los poderes fácticos nacionales por poderes fácticos trasnacionales que violentarán la soberanía nacional que deviene de los artículos 39, 40, 41 y 89 fracción X de la Constitución. Hoy en día en México, los poderes fácticos nacionales –medios de comunicación electrónica, grandes empresarios nacionales, organismos empresariales, el crimen organizado, partidos políticos, sindicatos, iglesias– han colonizado y se han apropiado del Estado Mexicano al grado que sus instituciones formales son cajas de resonancia de los intereses de esos poderes reales. En ese proceso de colonización de las instituciones, entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, también juegan un papel fundamental influyendo en el diseño de las políticas públicas nacionales y en la conformación de la agenda nacional. Igualmente el gobierno de los Estados Unidos influye y determina la política económica y de seguridad de nuestro país. SEXTO.- Las consecuencias jurídicas del régimen de contratos, licencias y permisos previstas en el nuevo artículo 27 de la Constitución y en el artículo cuarto transitorio de la reforma, violentan el principio de áreas estratégicas que anteriormente contemplaba el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución. Las consecuencias de adopción de un régimen de contratos, de licencias o de permisos implica la pérdida de centralidad de PEMEX y de CFE en la industria energética del país. PEMEX y CFE respecto a las empresas petroleras y eléctricas no serán autoridad, actuarán como operadores en plano de igualdad jurídica con el resto de las empresas bajo condiciones de libre mercado y no necesariamente bajo el esquema constitucional de área prioritaria en donde el Estado conserva la rectoría económica –en todo caso y para rebatir esta afirmación es necesario contar con las leyes secundarias de la reforma constitucional para conocer cuál será la posición jurídica de PEMEX y CFE frente a las empresas petroleras y eléctricas-. Es decir, existirá bilateralidad o igualdad de trato entre PEMEX, CFE y el resto de las empresas petroleras y eléctricas, aunque se argumenté la existencia de una ronda cero a favor de ellas. Se perderá la potestad, el imperium que debe ejercer un Estado soberano respecto a sus recursos naturales. En otras palabras, el régimen jurídico que regirá en estas áreas, será el del derecho privado interno e internacional y no como ha sido hasta hoy, el del derecho público nacional. Este simple cambio, no significa otra cosa que la cesión de soberanía en materia energética. En un importante documento consignado en el informe”Oil, Mexico, and The Transboundary Agreement” del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, presentado al Senado de ese país por el entonces Senador John Kerry el día 21 de diciembre de 2012, se comunican los resultados de una serie de estudios y entrevistas sostenidas por expertos de dicho Comité, durante el mes de octubre de 2012, con el entonces Presidente electo Peña Nieto, su equipo de transición,


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líderes del Congreso mexicano, funcionarios de Pemex y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y representantes de la industria estadounidense y la Embajada de ese país, con el objetivo de “revisar las oportunidades para mejorar el compromiso entre Estados Unidos y México sobre los asuntos de petróleo y gas, incluyendo el Acuerdo Transfronterizo”. El informe citado consigna los compromisos del Presidente electo Enrique Peña Nieto y de los líderes del PRI para reformar la Constitución mexicana, de acuerdo a los intereses y criterios del gobierno estadounidense. En sus partes conducentes el Informe indica: “La seguridad energética es un asunto vital para la política exterior y crecimiento económico de los Estados Unidos. Los aumentos en la producción doméstica de petróleo están ayudando a mitigar nuestra dependencia de las importaciones, sin embargo, nuestra nación dependerá de la importación de petróleo en las décadas por venir. Fortalecer el comercio con vecinos confiables y amistosos como Canadá y México haría una valiosa contribución a nuestro futuro. Si México no reforma su situación de producción de energía doméstica, los Estados Unidos no pueden apoyarse en los actuales niveles de importación. El recientemente elegido Presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo campaña con la promesa de instituir reformas en el sector energético y ha continuado este tema desde que tomó posesión. La reforma o su ausencia negociada entre el Presidente mexicano y el Congreso, tendrá consecuencias para el conjunto de los intereses comerciales y energéticos de los Estados Unidos. Una exhaustiva política de seguridad energética en Washington requiere una constante evaluación de la industria petrolera mexicana. Si México no reforma la situación de su producción energética, los Estados Unidos no pueden confiar en los actuales niveles de importación.…Los Estados Unidos tienen intereses directos en el futuro del petróleo y del gas natural en México…es probable que la inversión en gran escala de las IOCs llegue a a México si a tales compañías se les permite “registrar” reservas con la SEC (United States Securities and Exchange Comission)” lo anterior se desprende del documento: KERRY, John, “Oil, Mexico, and The Transboundry Agreement”, A Minority Staff Report. Prepared for the use of The Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, Printed for the use of The Committee on Foreign Relations, Washington, D.C., December 21, 2012, misma que se anexa a la presente como anexo 9. SÉPTIMO. La reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna violenta el principio del artículo 27 de la Constitución que señala que los recursos energéticos son de la nación y deben ser explotados por ella (a propósito de la renta petrolera). Uno de los elementos que sirven para juzgar que la reforma energética es privatizadora e inconstitucional, tiene que ver con la renta petrolera. ¿Qué es la renta petrolera? Podemos dar al menos dos definiciones aproximadas. La primera lato sensu entiende por renta petrolera el beneficio que el Estado obtiene al restar del precio del barril de petróleo en el mercado internacional, que es aproximadamente y en este momento de cien dólares, el costo por su extracción, que es de aproximadamente diez dólares. Es decir, en términos gruesos, la renta petrolera equivale a noventa dólares que el Estado mexicano recibe por cada barril de petróleo y que destina al gasto público (de cada cien pesos del presupuesto de la federación cuarenta pesos tienen origen en la renta petrolera).


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La segunda definición es de carácter fiscal y señala que la renta petrolera se integra con la totalidad de las contribuciones fiscales que el Estado recauda por la explotación de los hidrocarburos. Ya dijimos que casi 4 de cada 10 pesos del presupuesto de la federación provienen de esa renta petrolera. La cuestión pertinente consiste en preguntarse si a consecuencia de la reforma constitucional energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución se mantendrán los actuales niveles de renta petrolera que obtiene la nación mexicana vía la hacienda pública. Esto es, si las empresas trasnacionales pagarán al Estado mexicano las mismas contribuciones fiscales que PEMEX, pues PEMEX es el principal contribuyente del país. Aporta más de un billón de pesos al año al fisco. Es obvio que si se obliga a las grandes empresas trasnacionales a pagar al fisco mexicano lo mismo que PEMEX, su margen de ganancia sería menor al que esperan obtener y, seguramente por ello, en esas condiciones no participarían con sus inversiones para extraer el crudo mexicano. Lo expuesto entraña que para que sea atractiva la inversión extranjera o nacional en materia petrolera, la carga impositiva de las empresas petroleras o de servicios debe ser menor a la de PEMEX, para que el negocio privado se produzca. Lo anterior significa que el Estado mexicano reducirá, merced a la reforma energética, el ingreso fiscal derivado de la renta petrolera, misma que es constitucionalmente de la nación, que es de todos, de las presentes generaciones y de las futuras. Y no sólo eso, sino que la reforma va a propiciar que compartamos como mexicanos la renta petrolera, que es de la nación, con las compañías trasnacionales. Además, como habrá una reducción de recursos fiscales, el gobierno promoverá reformas fiscales para compensar lo que ya no obtendrá a consecuencia de la reforma energética. Es decir, por una parte compartiremos la renta petrolera que es de la nación con las grandes empresas privadas al compartir utilidades y producción y, por otra, los mexicanos pagaremos nuevos impuestos para completar lo que la hacienda pública ya no recibirá de PEMEX. Es este, un esquema injusto que privatiza los beneficios de la nación a favor de las empresas trasnacionales que invertirán en el sector energético y, que socializa la carga fiscal entre los mexicanos para incrementar los beneficios de los grandes intereses económicos. La determinación del destino de la renta petrolera debe tomar en cuenta la perspectiva integral de su máxima explotación tecnológico-industrial, tanto para las generaciones presentes como para las futuras y, nunca estimar que los recursos naturales de la nación son simples materias primas o insumos primarios sino elementos para el desarrollo a mediano y largo plazo de la República. Nuestra visión es totalmente diferente a la del gobierno, pues éste está más interesado en los negocios y beneficios de las grandes empresas trasnacionales que en el beneficio para la Nación. Los gobiernos mexicanos, principalmente los tres últimos, el de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto, emplearon la renta petrolera para gastarla en sueldos,


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burocracia y prestaciones a servidores públicos, lo que se llama gasto corriente. No ha existido una visión patriótica para destinar esa renta petrolera a la inversión productiva del país. El gobierno mexicano de Peña Nieto debiera estar pensando y proponiendo, en lugar de privatizar la industria petrolera nacional, cómo orientar esos recursos, cómo emplearlos en el desarrollo de una industria nacional vigorosa en donde los promotores de la misma sean, por un lado, el gobierno mexicano y, por otro, los empresarios de nuestro país. La renta petrolera debiera destinarse al impulso de la infraestructura, la ciencia y la tecnología nacionales. El nuevo párrafo sexto del Artículo 28 de la Constitución indica: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”. La finalidad de la reforma es crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, señalar las principales características de su diseño jurídico: a) Fideicomiso público; b) La institución fiduciaria será el Banco de México; y, c) Recibirá los ingresos que resulten de las asignaciones y contratos por la exploración y extracción de los hidrocarburos con excepción de los impuestos. Esta modificación constitucional debe entenderse tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos décimo cuarto y décimo quinto transitorios de la reforma constitucional que precisan las características jurídicas del Fondo, su naturaleza jurídica, sus objetivos, así como el tipo de ingresos que éste recibirá y que no podrán ser impuestos porque éstos los seguirá administrando y ejerciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el Fondo podrá recibir de PEMEX como empresa productiva del Estado y de las empresas particulares los derechos y otro tipo de contribuciones que no constituyan impuestos y que se deriven de las asignaciones, contratos y licencias. OCTAVO.- La reforma constitucional energética la pagaremos los mexicanos en contravención al artículo 31 fracción IV de la Constitución, pues los nuevos impuestos que se aprobarán serán para privatizar los beneficios de las industrias petrolera y eléctrica a favor de las trasnacionales. La reforma energética tendrá consecuencias de carácter fiscal. PEMEX es el principal contribuyente del país. Cada año aporta al fisco alrededor de un billón de pesos y, sus aportaciones representan casi el 40% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Compartir las utilidades y la producción de la renta petrolera con empresas trasnacionales traerá como consecuencia la disminución de las aportaciones


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de PEMEX a la hacienda pública. El resto de las empresas petroleras no pagarán en contribuciones lo mismo que hoy en día paga PEMEX al fisco. Para que las inversiones privadas sean rentables, la contribución fiscal de las empresas privadas debe ser menor a la que aporta actualmente PEMEX a las finanzas públicas. La consecuencia de ello implicará el incremento de los impuestos a los mexicanos. En un artículo reciente, publicado en el Diario Reforma el día 15 de Agosto de 2013, anexo 8, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuyo nombramiento como Secretario de Estado y acciones se ligan íntimamente al Titular del Ejecutivo Federal, señalaba las características que tendría el régimen fiscal de PEMEX de ser aprobada la reforma constitucional energética: “PEMEX mantendrá los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Segundo, se mantendría un esquema de regalías y derechos pero estos serían más moderados que los que PEMEX paga en la actualidad. Tercero, y reforzando el concepto de tratar a PEMEX como una empresa, las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos ahora estarán sujetas al impuesto sobre la renta. Finalmente, se tomaría una decisión sobre si los mayores recursos remanentes se reinvierten en la empresa o si una parte se transfiere al fisco a través de un dividendo”. Como claramente se ve, una importante finalidad de la reforma energética es su variable fiscal para reducir la carga impositiva de PEMEX y también de las empresas petroleras trasnacionales. De concretarse ese objetivo, el vacío fiscal resultante se cubrirá con nuevos impuestos a los mexicanos. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL La reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética constituye traición a la patria y actualiza el supuesto del artículo 108 de la Constitución. Aunque el marco jurídico nacional promueve la inmunidad de los mandatarios mexicanos, para ser sometidos a la competencia de los Tribunales de Justicia respecto de determinados delitos durante el tiempo de su encargo, es irrebatible que dicho privilegio que puede ser incluso de antirrepublicano, no alcanza como lo señala el artículo 108 de la Constitución a inmunizarlos respecto de la comisión del delito de Traición a la Patria, como tampoco puede eximírseles en el juicio político competencia del Poder Legislativo para responder de sus obligaciones para con sus responsabilidades como servidor público. En consecuencia, dada la probable comisión del ilícito previsto en el artículo 123 del Ordenamiento Penal Federal y la competencia del Ministerio Público Federal para conocer e investigar en la función exclusiva de la Procuración de Justicia, conociéndose como presunto responsable de los actos constitutivos de dicho delito a ENRIQUE PEÑA NIETO en su carácter oficial de Presidente de la República, será materia de investigación e integración de la averiguación previa que se abra a partir de ésta denuncia, la que a su vez sea consignada con el carácter de Acusación ante el Senado de la República, para su


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correspondiente desahogo y determinación conforme lo manda el tercer párrafo del artículo 111 del máximo ordenamiento de la República. Por otra parte, el Código Penal Federal define la traición a la patria en los siguientes términos: Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; ... XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración En nuestra opinión, todos los que impulsaron, aprobaron y consintieron estas reformas, incluyendo por supuesto a su promotor principal el ciudadano Enrique Peña Nieto, caen en el supuesto de las fracciones I y XII del Artículo 123 citado. La fracción I es la más importante, el núcleo el tipo penal es la conducta que van en contra de la soberanía, independencia e integridad de la Nación; la soberanía es el valor o bien protegido por el precepto y como es bien sabido la soberanía radica en el pueblo que integra al Estado; soberanía significa que hacia el interior el pueblo soberano tiene el mando supremo, la autoridad sobre personas e instituciones, autoridad que el pueblo ejerce por medio de los poderes públicos que él mismo elige y establece y hacia el exterior, la soberanía se manifiesta en la independencia del estado mexicano frente a otros estados, corporaciones o poderes externos. Ambas caras de la soberanía se ponen en riesgo y se comprometen con los actos encaminados a la modificación constitucional a que nos referimos en el capítulo anterior; actualmente, la autoridad máxima sobre estos recursos, hidrocarburos y electricidad la tiene el estado mexicano, a partir de las reformas la autoridad se entregará a las empresas privadas que dispondrán de esos recursos para sus propios fines y utilidades y no en beneficio de los intereses del pueblo soberano. Actualmente, en el Estado bien o mal, pero siempre con posibilidades de hacer correcciones, es el que decide montos de extracción, políticas de exportación, estrategias para manejar con criterios beneficios a la economía nacional los recursos, con respeto a la ecología y a los pueblos originarios; de ahora en adelante, las decisiones sobre estos asuntos de interés interno, pasan como ya se dijo, del ámbito del derecho público en el que se ejerce la soberanía al del derecho privado, se regirán por contratos en los que el estado no actuará como gobernante sino como un ente más sujeto a los contratos y convenios que se celebren; esto es, se renuncia a la supremacía y se rebaja al Estado al nivel de una entidad particular.


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Sí hasta hoy, la nación mexicana, tiene la facultad suprema de tomar decisiones en estas áreas de la economía de la que es titular, a partir de las reformas, por voluntad de algunos pocos, perderá esta posibilidad y dependerá para manejar su propio futuro económico, social y ecológico de voluntades extrañas de dentro y fuera del país. En esto esencialmente, radica el delito que imputamos al ciudadano Enrique Peña Nieto y a quienes con él promovieron y lograron la aprobación de las reformas con las que se pretende despojar a la Nación de soberanía en áreas importantísimas de la economía nacional que quedarán en manos totalmente ajenas al interés del pueblo; vienen por esa es su naturaleza, por ganancias, por la seguridad y los intereses de los Estados Unidos como lo dijo el senador norteamericano John Kerry. Esto es cometer actos contrarios a la soberanía y los que en nuestra opinión los cometen, son los que propusieron, aprobaron y tratan de imponer contra la opinión del pueblo soberano y del texto constitucional, así como de sus decisiones políticas fundamentales las reformas a los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales. En el caso de la reforma energética no solo se viola el núcleo axiológico de la Constitución, sino que se propone que la renta petrolera y otros beneficios derivados de la explotación del petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica, y electricidad, se compartan con personas, grupos e intereses extranjeros, cuando esos recursos son exclusivos de la nación y solamente pueden ser administrados y controlados por el Estado a través del sector público. PEÑA NIETO y quienes impulsan con él las reformas, pretenden que las grandes empresas petroleras del extranjero realicen funciones exclusivas del Estado. Al hacerlo, someten a las industrias petrolera y eléctrica nacionales a las decisiones e intereses económicos y políticos del exterior, se compromete nuestra independencia, soberanía y hasta la integridad de nuestro territorio. Todas esas conductas, constituyen actos de traición a la patria porque hacen de México un país cada día más dependiente y sometido al exterior. Así entonces la infracción flagrante del presunto ENRIQUE PEÑA NIETO a la fracción I del artículo 123 ha quedado materializada y consumada con los actos relacionados en ésta denuncia con los que en forma inequívoca ha trasladado las decisiones exclusivas del Estado mexicano en materia de energéticos, a factores y agentes de negocios privados, nacionales y extranjeros para que de acuerdo con las licencias que se les otorguen sean ellos los que tomen las decisiones respecto de estos recursos naturales de la Nación y en caso de desobediencia a las disposiciones acordadas, las determinaciones últimas sean sometidas a tribunales internacionales en los que el Estado mexicano es sólo parte en la contienda. Con ello se vulnera directamente el principio de la independencia al exterior, la soberanía al interior y por lo tanto la integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Por cuanto a la enajenación, gravamen o desmembración del territorio nacional, como conducta prohibida contra la seguridad de la Nación la fracción XII del mismo artículo 123, es incuestionable que la cesión bajo la forma que se quiera del subsuelo del territorio nacional continental y en sus litorales y límites marítimos, gravándolo bajo contratos a favor de terceros y sometiéndolo a litigios internacionales


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renunciando el Estado mexicano a su carácter independiente y soberano en los mismos, constituye una franca agresión a todo nuestro régimen jurídico y al futuro de la Nación y de todos los mexicanos de ésta y futuras generaciones. En cuanto a la responsabilidad del presunto ENRIQUE PEÑA NIETO no hay duda que su conducta es manifiestamente dolosa y antijurídica por no estar apoyada por ninguna de las causas de exclusión previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal, que su protesta en cumplir y hacer cumplir la Constitución al tomar el cargo de Presidente de la República, lo obligaba irremisiblemente a sujetarse a su supremo mandato y jamás podría entenderse en sentido inverso, es decir abrogar a través de un procedimiento legislativo viciado y anticonstitucional los principios rectores originarios que sustentan la soberanía con la que el mismo pueblo se dio la forma de Estado de Derecho frente a las ambiciones de poderes personalizados a los que tuvo que derrocar. PRUEBAS

Ofrecemos como anexos, desde este momento las siguientes:

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la versión estenográfica de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 18 de diciembre de 2013. 2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013, en donde consta la publicación de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y, 28 de la Carta Magna en materia energética. 3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la nota No. 3888 emitida por el Área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados Federal. 4.

LA DOCUMENTAL, consistente en la versión en línea del Periódico “El Financiero” consultada el día 9 de Enero de 2014, traducción a la entrevista que el medio inglés Financial Times realiza al C. Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, dada a conocer el 18 de junio de 2013.

5.

LA DOCUMENTAL, consistente en la versión en línea del medio de comunicación “TELEVISA”, consultada el día 9 de enero de 2014, respecto a la conferencia de prensa que el Titular del Ejecutivo Federal ofreció a diversos medios de comunicación el día 18 de junio en la Ciudad de Londres, Reino Unido.

6. LA DOCUMENTAL, consistente en la versión en línea del Periódico “Excélsior” consultada el día 9 de Enero de 2014, respecto a la nota publicada el 12 de agosto de 2013 que da cuenta de el recibimiento por parte del Poder Legislativo de la Iniciativa Presidencial que modifica los Artículos 27 y 28 Constitucional. 7. LA DOCUMENTAL, consistente en la versión en línea del Periódico “Reforma” consultada el día 9 de Enero de 2014, donde el Secretario de Hacienda y Crédito


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Público, Luis Videgaray Caso, da cuenta del nuevo régimen fiscal que se pretende para la empresa PEMEX. 8.

LA DOCUMENTAL, consistente en el reporte, y su traducción al español, emitido para ser usado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos autoría de John Kerry: “Oil, Mexico, and The Transboundry Agreement”, A Minority Staff Report. Prepared for the use of The Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, Printed for the use of The Committee on Foreign Relations, Washington, D.C., December 21, 2012

9. LA DOCUMENTAL, consistente en la versión en línea del Periódico “El Informador” , consultada el día 9 de enero de 2014, respecto a la nota de fecha 17 de diciembre de 2013, donde se da cuenta de la vía rápida que siguieron los Congresos Locales para aprobar la reforma energética.

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos:

PRIMERO.- Tenernos por presentados en los términos de éste escrito y con la calidad con que nos ostentamos. Ello en ejercicio no solamente de un derecho constitucional de evidente interés colectivo, sino también, en cumplimiento de la obligación preescrita en el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Civiles que impone “a toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio... a denunciarlo”. SEGUNDO.- Por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; así como por autorizadas para tales efectos a las personas mencionadas. TERCERO.- Integrar debidamente la Averiguación Previa con los elementos probatorios aportados y los que en su propia investigación requiera agregar, para llegar a la determinación procesal de responsabilidad de los presuntos señalados y, en su oportunidad, cumplir la obligación de presentar la acusación ante el Senado de la República. Dar el curso legal correspondiente a esta denuncia de hechos. Protestamos lo necesario. México, D. F. a 5 de Febrero de 2014. Andrés Manuel López Obrador

_______________________

Martí Batres Guadarrama

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Bertha Elena Luján Uranga

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Tomás Pliego Calvo

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MOVIMIENTO CIUDADANO COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL

Coordinador 
 Lic. Dante Alfonso Delgado Rannauro Integrantes Dip. Jaime Álvarez Cisneros Lic. Jesús Armando López Velarde
 Campa Dr. Alejandro Chanona Burguete Dip. Ricardo Mejía Berdeja Dip. José Juan Espinosa Torres Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez Secretaria de Acuerdos 
 Lic. María Elena Orantes López

GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO CÁMARA DE DIPUTADOS LXII LEGISLATURA Luisa María Alcalde Luján Rodrigo Chávez Contreras Martha Beatriz Córdova Bernal José Francisco Coronato Rodríguez Francisco Alfonso Durazo Montaño Merilyn Gómez Pozos Zuleyma Huidobro González José Antonio Hurtado Gallegos Víctor Manuel Jorrín Lozano Juan Luis Martínez Martínez Ricardo Mejía Berdeja Lorena Méndez Denis Ricardo Monreal Ávila María Fernanda Romero Lozano Juan Ignacio Samperio Montaño José Soto Martínez Aída Fabiola Valencia Ramírez José Luis Valle Magaña Nelly del Carmen Vargas Pérez Gerardo Villanueva Albarrán


Privatización del petróleo. El robo del siglo, de Ricardo Monreal Ávila, se terminó de imprimir en el mes de enero de 2014 en los talleres de D3 Ediciones, S.A de C.V, Av. Lomas Verdes 2560-306, Naucalpan Estado de México, C.P. 53120. Se tiraron 1,000 ejemplares en papel couché mate de 115 grs.

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LIBRO PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO EL ROBO DEL SIGLO: Ricardo Monreal Ávila  

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