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Cristhian Ruiz / Azúa Aguirre

CO R R UP CIÓ N

Piratas sobre el Caribe...

La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…

JENARO VILLAMIL

I

SLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011. Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.

De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años. Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.

En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo. La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras. En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.

Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México. Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.


Enríquez. Accionista del Grupo Martinón

Desalojo de pescadores Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca. En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Pro-

tegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto. Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie. Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca NueIsla Blanca. Playa privada

Proyecto depredador El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena. En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.

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Ubicación del Edén

Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011. Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda: –“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas. –De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades. La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables. El Cemda rebate esta valoración y

señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”. –El MIA también afirma que para la

Benjamín Flores

va, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz. El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún. “La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso. En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo. “Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.

Cristhian Ruiz / Azúa Aguirre

Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores. En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

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CORR UPCIÓN

Villanueva. Exsocio

construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”. El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha con-


Cristhian Ruiz / Azúa Aguirre

tribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”. –El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”. –Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada. “Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso

Félix Reyes Matías

C O R R U P C IÓ N

Borge. Complacencia

de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.

Red de ambiciones La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y em-

presariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional. Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños. En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002. En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la

Tierras vírgenes, turismo de lujo

Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”. Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez. La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón. Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003. A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”. Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”. La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local. El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única. El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmue-

bles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera. El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.

Vínculo con Felipe Enríquez La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez. El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V. En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo. Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla. El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”. El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León: “Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”. GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.


NA R COT R Á FICO

Calderón dejará un Estado hecho

pedacitos J

Benjamín Flores

Quien haga la crónica del gobierno de Felipe Calderón, cuya gestión termina en menos de 11 meses, tendrá que decir que su publicitada guerra contra la delincuencia organizada resultó un fracaso, pues careció de estrategia, causó decenas de miles de muertes y dejó al país inmerso en una orgía de violencia. El juicio es implacable y proviene del exconsultor de la ONU Edgardo Buscaglia, quien asegura que hoy los grupos criminales se disputan como pirañas los pedacitos del Estado mexicano. E insiste: el problema del narcotráfico sólo se solucionará con un pacto histórico entre las diversas fuerzas del país.

usto cuando la administración del presidente Felipe Calderón se aproxima a su final –sólo le quedan 11 meses– el balance de la lucha contra el narcotráfico “es muy negativo”, pues él mismo se convirtió “en prisionero de su propia guerra”. Hoy, no sólo no existe ningún viso de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada, sino que ésta galopa impune aun más allá del territorio nacional. Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada, sostiene que la mal llamada guerra contra el narcotráfico se traduce en una guerra del gobierno contra la sociedad y contra las propias instituciones del Estado. Para el investigador de la Universidad de Columbia, la gente está muy agraviada y seguramente cobrará la factura en las elecciones presidenciales de este 2012. “En México –dice– ya hay condiciones para que organismos internacionales actúen y declaren al país en clara emergencia, por las serias violaciones al derecho humanitario; además, en el futuro inmediato veo que Calderón entregará un país plagado de muertos, descabezados y con instituciones fragmentadas por los propios grupos criminales.” –¿Fracasó Calderón con su estrategia de guerra? –se le pregunta. –¿Cuál estrategia? Nunca hubo una estrategia. Lo que implementó el presidente fue una acción de fuerza con el Ejército. Creo que el presidente debió leer historia antes de implementar sus acciones. En Italia y en Colombia, por ejemplo, el ejército actuó quirúrgicamente, pero acompañado de otras estrategias. En México, Calderón y el Ejército fracasaron y jamás aprendieron de la experiencia de otras naciones. Desde un país de Asia en el cual se encuentra comisionado, Buscaglia señala a Proceso que le extraña que algunas voces, como la del exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, actual asesor de Calderón en materia de seguridad, difundan con soltura (revista Nexos, edición de enero) la idea de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada. Hasta ahora, arguye el entrevistado, “no existe ningún sentido científico” ni de política pública para aseverar que la estrategia del presidente contra la delincuencia haya sido exitosa. Y se explaya: “El balance es muy negativo porque en los países donde estamos evaluando la política de seguridad humana, como en el caso de Malasia, lo que medimos es la forma en que suben y bajan los indicadores de delincuencia organizada. “En México la delincuencia actúa con 22 tipologías delictivas y no hay vuelta de

hoja: cuando llueve, llueve; cuando hay sol, hay sol. Y si los indicadores siguen aumentando, como en México, donde hay extorsión, piratería, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, no hay manera de decir que la estrategia del presidente Calderón ha tenido éxito. “Los que argumenten eso están en un error. Puedo entender que lo dicen porque están bien pagados por la Secretaría de Seguridad Pública o por Los Pinos. “No dudo que haya buenas intenciones del presidente (Calderón) y de su equipo, pero con buenas intenciones todos vamos al infierno. La delincuencia organizada ha venido fragmentando al Estado cada vez más y esos indicadores de fragmentación son muy altos: el crimen organizado se alimenta de esos pedazos del Estado y así puede seguir hasta el colapso mismo.” Según el investigador de la Universidad de Columbia, 71.5% de los municipios del país están controlados por la delincuencia organizada; hay alcaldes, síndicos y regidores que están alineados con algún grupo criminal. “Y no me refiero –dice– a autoridades de un partido, pues en todos hay casos en que los ayuntamientos que gobiernan sus representantes sirven a los intereses de la criminalidad.” Y otro elocuente indicador del fracaso del gobierno, insiste Buscaglia, es que actualmente los líderes del narcotráfico mexicano, como Joaquín El Chapo Guzmán, están clasificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como los personajes más influyentes del narco en el mundo. “(Recientemente) El Chapo Guzmán fue considerado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como el narcotraficante más poderoso del planeta. Ante este dato tan contundente, no hay vuelta que darle: Calderón es un fracasado y con su ‘estrategia’ sólo logró elevar al Chapo Guzmán al rango de personaje mundial en el mercado de las drogas.” Ello se debe, según el entrevistado, a que el poder patrimonial de los grupos criminales mexicanos, entre ellos el cártel de Sinaloa, se ha extendido a 53 países y su presencia es cada vez más frecuente en Asia, África y Europa. Por lo tanto, de ninguna manera puedo estar de acuerdo con la aseveración de que las políticas (calderonistas), mal implementadas, han tenido algún éxito. “Esto no es una cuestión de interpretación subjetiva en donde, como por ejemplo, a uno le gusta un movimiento artístico y a otras personas no. Lo subjetivo acá no vale. Los 22 tipos de indicadores delictivos siguen aumentando en México y en la región centroamericana, que está tan negativamente afectada por México.

“Por lo tanto, no sólo están aumentando los índices delictivos en México, es evidente que estamos exportando inseguridad humana a países de la región. Y no veo otra salida para el país más que el replanteamiento de la estrategia a través de un acuerdo político más allá del gobierno en turno, que por fortuna ya se acaba.”

La guerra es contra la sociedad Periodistas, académicos y analistas políticos sostienen que durante muchos años los gobiernos sólo administraron el problema del crimen organizado, sin atacar sus causas. ¿Usted cree que la violencia actual sea consecuencia de esas fallas o existen otras causas, o cree que este señalamiento es un mito más?, se le pregunta a Buscaglia. –Ésta mal llamada guerra contra el narcotráfico debería ser llamada guerra contra la sociedad y contra el Estado mismo, porque la delincuencia organizada mexicana tiene porciones del Estado y porciones de la sociedad civil trabajando para ella. “No se le puede llamar guerra a un programa de prevención y combate a la delincuencia organizada porque es como si el Estado tuviese una guerra contra sí mismo y contra la propia sociedad. Lo que sucede en México es justamente lo que ocurrió en Rusia en los años noventa: “En México se comenzó una transición política desordenada desde hace dos décadas hacia una democracia que nunca llegó a ser participativa, a lo sumo fue electoralista, pues se avanzó hacia una competencia electoral sin instituciones adecuadas. “La pirámide de comando y control que ejercía el PRI en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta permitía gestionar a los grupos criminales desde abajo, y

desde arriba simplemente dejó de existir; además, de manera poco competente el presidente Fox desarticuló a los órganos de inteligencia durante la fallida gestión de Eduardo Medina Mora y de otros funcionarios que pasaron por el Cisen. “Los gobernadores comenzaron a volverse más autónomos y dejaron de estar sujetos a los controles judiciales, administrativos y a los controles políticos que se ejercían cuando el PRI poseía una pirámide de comando y control autoritario. Por lo tanto, una transición política hacia una democracia que nunca terminó de consolidarse en México generó una fragmentación institucional. “Como consecuencia, hubo y hay falta de controles judiciales, administrativos y políticos que permitieron a los grupos criminales que existían hacía décadas –y que eran gestionados por el Estado a grado tal que les repartía hasta territorios y mercados– que se toparan con un Estado débil como producto de esa transición política desordenada.” Buscaglia sostiene que ahora México está peor, pues no existe un sistema judicial que controle la situación; tampoco hay controles políticos. Por lo tanto, la delincuencia organizada pasó de ser gestionada por el Estado autoritario a ser la que gestiona a pequeños fragmentos del Estado que están divididos como un rompecabezas. Abunda: “En ese ámbito, lo que encontramos es a grupos del crimen organizado que están compitiendo entre sí para capturar a esos pedazos del rompecabezas. Así vemos que el cártel de Sinaloa captura a una fiscalía; Los Zetas se apropian de una corporación policiaca, y los uniformados comienzan a asesinarse y a matar a funcionarios que trabajan para otros cárteles. “Es claro que México se está debatiendo en una orgía de violencia organizada Hugo Cruz

RICARDO RAVELO

Buscaglia. Calderón, prisionero de Los Pinos


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Yahir Ceballos

creciente que alimenta lo que estamos viendo: actos de terrorismo, actos de paramilitarismo, y hasta que esta transición política fallida no se dirima en un pacto histórico entre las fuerzas del país seguiremos viendo que los grupos criminales continuarán capturando, como pirañas, los pedacitos del Estado.” Para el entrevistado, el fracaso de Calderón tiene ya un alto costo social, económico y político, pues el país se precipita al colapso por los caprichos de un mandatario ciego, cuyas acciones han derivado en una guerra entre cárteles por esos trozos del Estado, lo que potencia la violencia. –Desde su punto de vista, ¿había razones para utilizar al Ejército en esta lucha contra el crimen organizado? ¿Fue atinada la decisión presidencial? –se le pregunta a Buscaglia. –Es la decisión más absurda del mundo. Insisto: al presidente le faltó y le falta leer historia. Su ignorancia tiene un alto costo para el país y para la sociedad. El Ejército es un insumo, un ingrediente de la receta. Pero tiene que actuar acompañado de otros ingredientes que hoy están ausentes. “En Italia, en los años ochenta, se recurrió al ejército en Sicilia; en Colombia también se le utilizó, pero de manera quirúrgica, para controlar una región. Las tropas entraban arropadas con todo un andamiaje de instituciones funcionales: fiscalías, órganos de inteligencia, jueces. Esas instancias no funcionan adecuadamente en México. “Usar sólo el Ejército como ingrediente de una estrategia es como pretender interpretar la Novena sinfonía de Beethoven con un solo violín: no puede llegar a dar frutos una estrategia donde se solidifica la represión a través de un ejército que corre el riesgo de ser infiltrado por todo tipo de grupos criminales y mientras los patrimonios del crimen organizado sigan intactos y se expandan a otros países. “Cuando reprimes a los grupos criminales sin quitarles el dinero, lo que hacen

es aumentar los niveles de corrupción y de violencia para contrarrestar una posible reacción del Estado; a eso se le llama ‘la paradoja de la represión’, pues genera más represión, más violencia y más corrupción.” Buscaglia afirma que esta trampa surge cuando no se ataca el andamiaje patrimonial de esos grupos, que va más allá del lavado de dinero que tanto se caricaturiza en la prensa; ellos manejan cientos de empresas y activos físicos que requieren una logística operativa diaria para transportarse y que en México sigue intocada. Mientras eso permanezca intocado, insiste, el Ejército simplemente se halla en una situación de impotencia aplicando más represión al crimen organizado, que se sigue expandiendo y sigue corrompiendo a las instituciones del Estado. En esto consiste la política fallida del presidente Calderón, por más buenas intenciones que tenga frente a este complejo problema.

Paz pactada Exasesor de la ONU en materia de crimen organizado, negociador de conflictos entre países en crisis de seguridad, Edgardo Buscaglia afirma que el hecho de que en algunas regiones del país haya bajado la violencia no es indicador de éxito en la estrategia calderonista contra el crimen organizado. Y advierte: “¡Cuidado! Nos pueden decir que hay eficacia, pero el fondo es ominoso y preocupante. “México es una sociedad enferma de violencia que, a diferencia de lo que afirman los voceros del presidente, está más allá de los grupos criminales. La violencia se ha transformado en un mecanismo de comunicación entre las organizaciones delincuenciales. “Diría incluso que no hay que tomar a los homicidios y a la violencia organizada como un indicador de éxito o de fracaso de una política pública de seguridad.” Militarización. Estrategia fallida

Según Buscaglia, en México se está dando el caso similar al de Rusia, donde se ha consolidado una alianza nacional mafiosa alrededor del Estado; allá, dice, la violencia organizada baja porque se consolida una alianza criminal. Y eso es justamente lo que ha comenzado a suceder en algunas regiones de México donde cárteles como el de Sinaloa tienen un fuerte control: “Ese cártel se está consolidando a través de alianzas criminales y locales, como ha sucedido en Tijuana y Ciudad Juárez, donde la violencia ha bajado drásticamente. La violencia es una tragedia social, una enfermedad social, pero no un indicador de que la delincuencia organizada esté expandiéndose o no. En una región pueden bajar la violencia y los homicidios, pero de manera paralela se consolida un grupo criminal y sus aliados. “Este es uno de los grandes problemas que no comprenden los círculos cercanos al presidente Calderón. Ellos toman la violencia y los homicidios como un indicio mediático para medir si estamos bien o mal, incluso suelen presentar sus estadísticas como el medidor de éxito o fracaso del presidente.” Y remata: “No se olvide que hay un alto nivel de paramilitarismo en México. Se trata de grupos pagados por los gobiernos o los empresarios para limpiar las plazas. Y en los países donde se consolidan las alianzas criminales, la violencia desciende de manera automática. “Por lo tanto, en las regiones donde estamos viendo descenso de la violencia es claro que se está dando la consolidación de un grupo criminal y que tiene capacidad de controlar regiones, territorios completos, pedazos del Estado. Esto también es una mala noticia para la política de Calderón, pues tampoco ha rendido frutos.” –Entonces, ¿qué fue lo que Calderón combatió en cinco años? Si hay más narco que hace cinco años y estos grupos están mejor consolidados, ¿dónde está la lucha contra el crimen organizado? –se le pregunta. –No hay lucha ni estrategia ni nada. La guerra se desató contra la sociedad y contra el propio Estado. Cuando han transcurrido cinco años de batalla lo único que veo es a un presidente prisionero de su propia guerra, acotado en su actuar y en medio de un país que se precipita al colapso. –¿Qué país entregará Calderón a su sucesor en diciembre próximo? –Un país agotado, una sociedad hastiada de sangre y de desatinos políticos. El prisionero de Los Pinos entregará un territorio plagado de cruces, luto, muertos, descabezados y de nuevos ricos, porque la guerra también fue un gran negocio; no sólo para el crimen organizado, también para los hombres del poder. O

Michoacán

bárbaro JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y FRANCISCO CASTELLANOS J.

M

ORELIA, MICH.- Los habitantes de Zitácuaro sufrieron una gran conmoción cuando vieron los cuerpos apilados de 13 jóvenes, con huellas de tortura y el tiro de gracia, que fueron arrojados en las calles de esta ciudad la madrugada del lunes 9. En esta población del oriente michoacano no se recuerda un hecho de tal magnitud, aunque hace más de un año fue escenario de una emboscada contra la Policía Federal (PF) que dejó 12 efectivos muertos e igual número de heridos. Esta vez la población experimenta temor e incertidumbre ante lo que significa el macabro mensaje: no sabe si fue un aviso de los grupos delictivos establecidos en la zona o de aquellos que anuncian su llegada. Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pudieron dar una respuesta. Fueron los propios grupos de la delincuencia organizada quienes aclararon los hechos. El miércoles 11 la organización delictiva conocida como Los Caballeros Templarios se deslindó de los hechos.

A lo largo de los meses y los años, el estado de Michoacán, emblema de la “guerra” calderonista contra el narco, cobró la forma de una caprichosa e inacabable síncopa de violencia, concomitante a los fracasos del gobierno federal en esta y otras entidades. La semana pasada, los cadáveres de 13 jóvenes que fueron arrojados a las afueras de Apatzingán constituyen el recordatorio de la incapacidad gubernamental para frenar esta sucesión de horrores... En un alarde de despliegue simultáneo, la madrugada de ese día colocó 25 mantas en puentes vehiculares del territorio michoacano, incluida la capital, en las que criticaron las acciones de fuerza del gobierno federal en Michoacán. Al día siguiente decapitaron a una persona en Tuzantla, a 20 kilómetros de Zitácuaro. La víctima fue Alfredo López Arellano, de 41 años, hermano del director de Obras Públicas del vecino municipio de Tiquicheo. A un lado de la cabeza dejaron un mensaje: “Este sí es de ustedes, no como

la propia gente que ustedes tiran Pony, Perro y Tinaco. Saludos de Los Caballeros Templarios. Aprendan a respetar”. El mensaje iba dirigido a La Familia Michoacana, sus antiguos aliados, cuyo supuesto fin anunció a mediados del año pasado el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y hoy secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Zitácuaro forma parte de un preciado corredor para el tráfico de drogas hacia el Pacífico mexicano y el centro del país, pues se ubica dentro del espacio que for-


Enrique Castro Sánchez

NA R COT R Á FICO

Morelia. Narcomensaje para Sicilia

man las fronteras de Michoacán, el Estado de México y Guerrero. El propio presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, declaró el mismo lunes 9 que esta localidad es uno de los “focos rojos”, por la disputa de grupos de delincuencia organizada a lo largo de la carretera federal 51, que también pasa por Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. La zona comprende la cuenca del río Balsas. Durante el estiaje en este lugar pueden aterrizar avionetas en las márgenes de arena de la presa El Infiernillo. En tiempo de lluvias las aeronaves arrojan paquetes de droga procedentes de Sudamérica, mismos que son recogidos por lancheros de la zona. Esa región ha sido estratégica para los narcotraficantes establecidos en Apatzingán, de donde surgieron los principales grupos de delincuencia organizada en Michoacán. Hasta finales de 2010 estuvo bajo el control de La Familia Michoacana, cuando esa organización se mantenía unida. En diciembre de 2010 las autoridades anunciaron que Nazario Moreno González, El Chayo, cayó en un enfrentamiento con la Policía Federal. A partir de este hecho el grupo se dividió en lo que ahora se sigue haciendo llamar La Familia Michoacana (FM) y Los Caballeros Templarios, encabezados por Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, La Chiva o El Kike (Proceso 1808 y 1814).

Alianzas Los Caballeros Templarios se dieron a conocer en marzo de 2011 mediante la colocación de 40 mantas en puentes peatonales de distintas ciudades, incluido Zitácuaro. En junio de ese mismo año, Jesús El Chango Méndez, quien estaba al frente de la FM, fue detenido por la Policía Federal en Aguascalientes,

cuando establecía alianzas con sus otrora enemigos Los Zetas. En sus declaraciones ante la Policía Federal, Méndez aseguró que la zona comprendida entre Zitácuaro y Huetamo estuvo bajo el control de El Chayo, además de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan. Para enfrentar a Los Caballeros Templarios, la facción de la FM no sólo sumó a Los Zetas, sino también a lo que quedaba del cártel del Milenio, que en los años noventa del siglo pasado tuvo el control de las drogas sintéticas en el país y que en su momento también se confrontó con Los Zetas, el cártel formado por desertores de élite del Ejército. La FM ahora está encabezada por Chuy Méndez, hermano del Chango Méndez, de quien heredó la idea de los “12 apóstoles” como cuerpo de seguridad. También estableció alianzas con los Beltrán Leyva, en Guerrero, grupo que se fragmentó luego de la ejecución de su jefe Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) considera que detrás de la matanza de los 13 jóvenes, uno de ellos menor de edad y casi todos originarios de Uruapan, podría estar la alianza entre La Familia y Los Zetas. Los cadáveres fueron arrojados en la colonia La Mangana, en los terrenos de una gasolinera, frente a una tienda Oxxo y cerca de una zona escolar donde hay dos jardines de niños. Este sitio se encuentra en las orillas de Zitácuaro, a un costado de la carretera hacia Huetamo. Los cuerpos estaban apilados y mostraban evidentes signos de tortura e impactos de bala. Por el olor que despedían, la Policía Ministerial de Michoacán determinó que los jóvenes fueron asesinados en otro lugar y por lo menos 24 horas antes de que se conocieran los hechos, hacia las dos y media de la mañana del lunes 9.

Junto a la pila de muertos había dos cartulinas firmadas por FM-Z. Proceso supo que se trató de un mensaje para el jefe de Los Caballeros Templarios en la zona, identificado como Gregorio Abeja Linares, El Güero. Según su ficha policial este sujeto es originario del vecino municipio de San Lucas. Trabajó bajo las órdenes de Susano Sánchez Sánchez, vinculado al cártel del Golfo (CDG), organización que a principio de la década pasada cobijó a quienes años después integraron La Familia Michoacana. La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 3 millones de pesos por su captura. En 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que tres policías de Huetamo detenidos por el Ejército protegían a una célula encabezada por Guillermo Abeja Santibáñez, primo de Gregorio. En esa ocasión también fueron detenidos tres integrantes de Los Zetas, el brazo armado del CDG. Con los 13 cadáveres se elevaron a más de medio centenar las muertes provocadas por la violencia en el último mes. Por ello, el Ejército y la Policía Federal desplegaron operativos por tierra y aire en el oriente del estado y en la zona de Tierra Caliente. Entre las poblaciones patrulladas se encuentran Tuzantla, Purungueo, Benito Juárez, San Lucas, Rivapalacio, Huetamo y Tiquicheo. Estos lugares han sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Los cuerpos de los jóvenes que tenían entre 17 y 22 años –sólo uno de ellos tenía 36– fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en Morelia. Hasta el cierre de esta edición los familiares habían identificado a 11. Las víctimas fueron: Nabor Mendoza Rosas, de 36 años; Ricardo Pablo Gutiérrez Armas, de 22 años; Ricardo Montaño Hernández, de 21; José de Jesús Linares Muñoz, de 21 años; José Guadalupe Farías, de 21; Azael Ramírez Soto, de 18; Jesús Alberto Rodríguez Armas, de 18; Óscar Daniel de la Cruz Figueroa, de 18, y Juan René Villegas Gómez, de 17. Todos originarios de Uruapan, Michoacán. También fueron identificados Guillermo Jiménez Cortés, de 18 años y habitante de San Juan Nuevo Parangaricutiro, y José Raúl Cruz Ávalos, de 19 años, nacido en Guadalajara, Jalisco. Los cadáveres fueron escoltados al Servicio Médico Forense por elementos del Ejército. Ni la Policía Federal ni la PGR estuvieron en el lugar. No fue sino hasta el martes 10 cuando elementos de ambas dependencias se presentaron en la alcaldía de Zitácuaro, cuyo anterior presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, fue uno de los alcaldes detenidos en el

llamado michoacanazo, en mayo de 2009, acusados por el gobierno de Felipe Calderón de colaboración con el narcotráfico.

La cuenta del carnicero La Policía Federal ha tenido en Zitácuaro una de sus peores experiencias en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico. El 14 de junio de 2010, un convoy de esta corporación fue emboscado por sicarios de La Familia Michoacana que provocaron la muerte de 12 uniformados e igual número de heridos. Aunque la PF reportó que fueron 10 sus bajas mortales, dos elementos más murieron cuando eran trasladados a diferentes hospitales en Zitácuaro, Morelia y el Estado de México. Los federales fueron atacados hacia las ocho de la mañana de ese día cuando se dirigían al Distrito Federal, procedentes de Ciudad Hidalgo. Al pasar por la caseta Zitácuaro-Toluca fueron atacados desde un puente peatonal ubicado en el kilómetro 2+200. Los sicarios, que según la PF fueron 35 y utilizaron 12 vehículos, atacaron con armas largas, entre ellas un rifle antiaéreo tipo Barret, fusiles de asalto AK47 y granadas de fragmentación. Los federales respondieron y también causaron bajas entre los atacantes, pero éstos recogieron a sus heridos y muertos. Al tiempo del ataque, otro grupo interceptó un camión de transporte público. Bajó a los pasajeros y lo colocó sobre la vía que comunica al Centro de Protección Ciudadana con la caseta de la autopista que va hacia el Estado de México para luego incendiarlo. De esta manera los criminales bloquearon el camino para impedir la llegada de refuerzos. Tres días después, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño, aseguró que el ataque fue ordenado por Nazario Moreno, El Chayo, líder de La Familia Michoacana, en respuesta a las detenciones de miembros de esa organización delictiva realizadas por la corporación policial. Un año antes, en junio de 2009, la PF había sufrido otro revés a manos de La Familia Michoacana, cuando los cadáveres de 12 de sus elementos –con huellas de tortura– fueron apilados en el entronque carretero de la autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-Morelia. La Policía Federal cobró facturas en la segunda semana de diciembre de ese mismo año, cuando en violentos enfrentamientos que duraron tres días en varias comunidades de Apatzingán, abatió a El Chayo, considerado el líder espiritual de la organización (Proceso 1780). Su cuerpo no fue mostrado por la autoridad. Medio año después, las fuerzas federales detuvieron a El Chango Méndez.

Tanto Poiré como la Policía Federal celebraron el aniquilamiento del grupo delictivo. El mismo día de la detención de Méndez, Poiré manifestó: “El golpe dado este día a La Familia pone a disposición de la justicia a la cabeza principal que quedaba de la estructura delincuencial responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, corrupción e, incluso, ataques arteros contra la autoridad y la población”. Sin embargo, a seis meses de esa declaración, la violencia y las extorsiones se mantienen en el estado. Un recuento realizado por este semanario entre diciembre pasado y lo que va de enero indica que se han registrado por lo menos 61 muertos en choques entre sicarios, la milicia y cuerpos policiales. La acción gubernamental atomizó a La Familia Michoacana, pero los dos grupos en que se escindió han realizado alianzas con otras organizaciones que han extendido a Michoacán la confrontación que mantienen en otras entidades. El pasado 13 de diciembre, por ejemplo, en el municipio de Ecuandureo, en los límites de Michoacán con Jalisco, hubo un enfrentamiento entre La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo de fuerza del

cártel de Sinaloa. Esta organización, encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, se disputa con Los Zetas el control del narcotráfico en la mayor parte del país. El CJNG cuenta a su vez con un grupo que se hace llamar Los Matazetas, que en septiembre pasado se adjudicó el asesinato de 35 personas en Veracruz (Proceso 1821). Es el caso también del grupo delictivo identificado como La Resistencia, que mantiene un enfrentamiento con el CJNG. En Michoacán, opera en alianza con La Familia, Los Zetas y el cártel del Milenio. Los enfrentamientos más fuertes por el control de Michoacán han ocurrido en las fronteras con Guerrero y el Estado de México, así como en los límites con Guanajuato y Jalisco. En el primer caso, en la zona conocida como Paso de Tierra Caliente, que va desde Zitácuaro hasta Huetamo. Incluye a los municipios de Tuzantla, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Benito Juárez, en la zona identificada como Cuenca del Balsas. En la cuenca Lerma-Chapala, en las colindancias con Jalisco y Guanajuato, los municipios más afectados han sido Ecuandureo, Tanhuato, Yurécuaro, Vista Hermosa, Briseñas y La Piedad.


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José Luis de la Cruz

contra la impunidad... EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

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HILPANCINGO, GRO.- El dictamen preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa –presentado el lunes 9 en la Ciudad de México por su presidente Raúl Plascencia Villanueva– no sólo puso en evidencia la falta de preparación de los policías ministeriales para enfrentar manifestaciones; también provocó reacciones encontradas entre las autoridades estatales, sobre todo por los testimonios de tres de los normalistas que resultaron heridos. “Existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”, expuso el ómbudsman nacional. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero reaccionó de inmediato y emitió un boletín en el que expuso que separará de su cargo a los servidores que “hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley”. A su vez, Alberto López Rosas –quien dimitió como procurador de Justicia del estado el 13 de diciembre, al día siguiente de la

Los testimonios de los tres normalistas de Ayotzinapa heridos el 12 de diciembre último en la Autopista del Sol, en Guerrero –que sirvieron de base al ómbudsman nacional Raúl Plascencia para elaborar su informe preliminar sobre el caso– evidencian la falta de pericia de las corporaciones policiacas estatales y federales; y algo más: apuntan hacia los uniformados ministeriales como los agresores. Aun cuando no es definitivo, el documento ya causó reacciones en la entidad. Con todo, los visitadores de la CNDH continúan con sus indagatorias para presentar su dictamen final en dos meses más. muerte de los normalistas Jorge Alexis Herrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– sostiene que la CNDH intenta proteger a los agentes federales y descalifica el informe porque, a su juicio, “no profundiza en la verdad histórica” y sólo se basa en supuestos. El exfuncionario insiste en que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública

federal fueron los que dispararon contra Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años, respectivamente.

Los testimonios Para la elaboración del documento, la CNDH recurrió a los testimonios de Édgar

estando de frente –viendo hacia el centro comercial Galerías Chilpancingo–, volvió a escuchar disparos y vio que nuevamente les arrojaban granadas de gas lacrimógeno, lo que lo obligó a agacharse, y al tratar de incorporarse “sintió algo en el pecho, como si le dieran descargas eléctricas”. Refirió que “al tocarse y levantarse la playera vio mucha sangre”, subraya el informe. Aunque solicitó auxilio a los policías federales, que se encontraban atrás de otros autobuses ubicados de frente sobre la carretera y les mostró la herida, uno de ellos le gritó que se largara. De lo contrario, le dijo, “le iba a ir peor”. Espíritu Olmedo optó por alejarse del lugar y abordó un autobús que se dirigía hacia el sur. El conductor se detuvo junto a una ambulancia, que finalmente lo trasladó al hospital del ISSSTE en esta capital, donde estuvo internado durante una semana. Hoy se encuentra con sus padres. Según su declaración, él estaba frente al centro comercial ubicado al poniente del punto donde se realizó el desalojo. Desde ahí pudo observar a los policías estatales –“a los que ubicó por el uniforme”, indica el informe– cuando estaban disparando contra sus compañeros; también observó a los federales que, dijo, se apostaron en una loma ubicada al oriente. El normalista aclaró que los agentes federales que estaban frente a él, sobre la autopista, no estaban disparando contra los manifestantes; incluso argumentó que fue a ellos a los que pidió apoyo. En el testimonio que rindió ante el personal de la CNDH que lo entrevistó el 14 de diciembre en las instalaciones de un hospital privado de esta capital, Álvarez Adame, quien fue herido en el muslo derecho, dijo que al principio los agentes federales y estatales comenzaron a disparar al aire y enPlascencia. Dictamen preliminar

seguida apuntaron de frente a la multitud. Recordó que al correr sintió un impacto en su pierna. Sus compañeros lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, al sur de esta capital, donde fue internado en una clínica particular. De ahí lo trasladaron a un hospital privado de esta capital.

La tortura Durante la presentación del informe preliminar, el ómbusman nacional señaló que en el desalojo de los normalistas del plantel “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hubo uso indebido de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza pública, lo que derivó en el homicidio de dos alumnos de esa institución y cuatro lesionados a tiros. Tras la refriega, expuso, 24 personas fueron arrestadas en forma arbitraria y sometidas a “tratos crueles”; mientras permanecieron en los separos de la Policía Ministerial una de ellas –el normalista Gerardo Torres Pérez– fue torturada y los agentes le imputaron delitos falsos. De los detenidos, 14 eran estudiantes: nueve de la normal de Ayotzinapa; cinco de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech), entre ellos una mujer, que no tenían ninguna relación con la protesta; el resto eran campesinos de la región Costa Grande que habían acudido a respaldar el movimiento de Ayotzinapa, así como ciudadanos que se encontraban en el lugar a causa del bloqueo carretero. En el caso de Torres Pérez, de acuerdo con el informe, el comandante regional de la Zona Centro de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo Molina, lo acusó de disparar contra los policías federales con Benjamín Flores

Los testimonios

David Espíritu Olmedo, Juan Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Coctololo, los normalistas que resultaron heridos durante la manifestación del 12 de diciembre, luego de que los policías comenzaron a disparar al aire para dispersarlos. Y aun cuando arguyen que les dispararon policías federales y estatales, ninguno de los tres pudo especificar el origen de los impactos que los hirieron ese día. En el caso de Eduviges Coctololo, según el documento del ómbudsman nacional, los médicos de la clínica particular que lo atendieron le extrajeron un fragmento de proyectil de arma de fuego que se encontraba alojado en su pie izquierdo. Entrevistado por personal de la CNDH mientras convalecía en el Centro Médico Integral Santa Fe de esta capital, Eduviges Coctocolo dijo que “durante los hechos diferentes agentes armados (federales, estatales y ministeriales) que se encontraban apostados a bordo de patrullas comenzaron a disparar, en un principio al aire y luego contra los manifestantes”. También comentó que cuando vio a dos de sus compañeros caídos –Herrera Pino y Echeverría de Jesús–, observó que aunque algunos de los manifestantes intentaron ayudarlos, no pudieron porque los policías seguían disparando. Según el informe, Eduviges Coctololo intentó ayudar a un compañero “herido en el estómago”, pero un impacto en el pie izquierdo lo obligó a refugiarse detrás de un autobús que sus compañeros habían atravesado sobre la Autopista del Sol. Los policías federales, estatales y ministeriales nunca intentaron auxiliar a los heridos, lo que evidenció no solamente su desinterés “sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellos”, indica el texto de la CNDH; en el caso de Espíritu Olmedo, quien pidió ayuda a los agentes federales, el estudiante insiste en que no quisieron atenderlo. Espíritu Olmedo tenía una “herida de bala puntiforme en región axilar anterior, así como otro orificio en la parte anterior del tórax a nivel del esternón, de tres centímetros de diámetro”, de acuerdo al dictamen de la comisión. En su testimonio, el normalista relató a los visitadores de la CNDH que lo interrogaron durante su convalecencia que los policías estatales que estaban del lado poniente y agentes federales que se apostaron al oriente estaban disparando a mansalva contra los manifestantes. Luego de que empezaron los primeros disparos, continuó, se escondió detrás del citado autobús junto con otros de sus compañeros. Dijo que cuando la balacera cesó caminó hacia el punto donde se concentraba el resto de los normalistas. Espíritu Olmedo también narró que,


Óscar Alvarado

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Ayotzinapa. Visitadores de la CNDH

un fusil AK-47, a pesar de que los hechos demostraron que él fue torturado y el arma le fue sembrada. Pese a ello, Urquizo Molina sigue en activo. El mismo día de la balacera, el aún procurador Alberto López Rosas dijo en conferencia de prensa que los policías estatales habían llegado desarmados al desalojo. Su versión contrasta con la del informe preliminar de la CNDH. En su testimonio, Torres Pérez, quien aparece en varios videos y fotografías con piedras en las manos enfrentándose a los policías armados, dijo a los visitadores de la comisión que fueron los uniformados estatales los que le sembraron el arma para inculparlo. Expuso que tras detenerlo y golpearlo, ellos lo llevaron a una casa abandonada donde le hicieron disparar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos percutidos. Tras realizarle las pruebas médicas y psicológicas, la CNDH concluyó: “Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se concluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.” Y añade: Todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”; también quedó demostrado que “ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego”.

Galimatías policiaco El documento preliminar –el definitivo estará listo dentro de dos meses más, según el ómbudsman nacional– también alude a los obstáculos que tuvieron que sortear los investigadores de la CNDH, en particular las versiones contradictorias de las di-

versas corporaciones policiacas en su afán por deslindarse de los hechos violentos. Mintió Antonio Valenzuela, quien incluso renunció como director de la Policía Ministerial de Guerrero, al decir que sus subordinados acudieron desarmados; también lo hizo el vocero de la Policía Federal, quien aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni establecieron diálogo con los manifestantes, “lo que no concuerda con la realidad”, según la CNDH. Las contradicciones afloraron un día después de la refriega –el 13 de diciembre–, cuando, por separado, los gobiernos estatal y federal exhibieron videos editados en un intento por deslindarse e imputar al otro los asesinatos de los normalistas. No obstante, de acuerdo con la CNDH, la falta de respuesta oportuna de la SSP federal a las solicitudes de información constituyó uno de los obstáculos a su investigación; además, sólo envió “información parcial y de manera tardía” a la comisión. Y aun cuando la dependencia federal insiste en que fueron agentes de las corporaciones locales los que llegaron primero, los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la carretera demuestran que los federales estuvieron ahí desde el principio. Lo que aun no se define es quiénes fueron los uniformados que “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos”. De los policías ministeriales que participaron, el informe de la CNDH señala al coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, Rey David Cortés Flores, quien, a pesar de que estaba de descanso el día del desalojo, aparece en múltiples fotografías y videos apuntando al grupo de manifestantes con un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.

Cortés Flores es uno de los 12 agentes estatales que permanecen arraigados desde el 18 de diciembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de los dos estudiantes. Y aun cuando la Ley Orgánica de la procuraduría estatal establece que los agentes ministeriales deben usar vehículos, armamento y demás equipo a su cargo con el “debido cuidado” y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, eso “no se observó en el caso del mencionado coordinador de la Policía Ministerial”, expuso el ómbudsman nacional el lunes 9. En resumen, según él, “existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad y una es mujer”. Además, no hubo justificación para el empleo de armas de fuego en el desalojo de los normalistas; tampoco en el caso de las conductas delictivas por parte de particulares o manifestantes, por lo que en ambos casos, según la CNDH, “deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados”. Respecto de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el empleado de la gasolinera que murió a causa de las quemaduras provocadas por la explosión de una de las bombas de la estación, el documento indica que corresponderá al agente del Ministerio Público federal investigar quiénes son los responsables del incendio. Por los hechos narrados, el organismo “turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas”; además, presentará las quejas y denuncias ante los Órganos Internos de Control respectivos y ante la PGR. El jueves 12 por la noche, personal de la CNDH arribó a esta capital para realizar un peritaje de trayectoria de balística en el lugar donde fueron desalojados los normalistas. El propósito: determinar desde qué sitio se hicieron los disparos contra los estudiantes. Los visitadores del organismo también acudieron a la sede de la normal de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera municipal de Tixtla, donde recogieron testimonios entre la comunidad, que, según la matrícula, es de 520 estudiantes, la mayoría provenientes de las regiones más pobres del estado.

...Y la batalla

por la impunidad J. JESÚS ESQUIVEL

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ASHINGTON.- Barack Obama se inscribe en la estrategia legal concebida para anular la demanda interpuesta en contra de Ernesto Zedillo por 10 presuntos sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estadunidense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente mexicano. “La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido. El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno. “Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal. Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:

Octavio Gómez

La semana pasada el gobierno mexicano pidió a Washington que se le otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, acusado en una corte de Estados Unidos de delitos de lesa humanidad por la matanza de Acteal. Los demandantes –de quienes se desconoce la identidad pero que supuestamente vivieron la tragedia de 1997– usan los servicios de uno de los más costosos despachos legales de la Unión Americana; este hecho causa extrañeza en Chiapas, donde los sobrevivientes de la masacre se deslindan de esa demanda y sospechan de la existencia de una perversa estrategia gubernamental para brindarle al exmandatario mexicano impunidad en vez de inmunidad.


Elizabeth Dalziel

JUS T ICIA

gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales. Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.

Un despacho muy caro

Acteal. Matanza impune

Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo. Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora. “La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.

El precedente Filártiga Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros. El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión fi-

nal fue adversa al argumento de inmunidad. Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas. La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay. En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal. A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares. Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el

Los 10 sobrevivientes de la matanza de Acteal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está suscrito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles. Los demandantes exigen al expresidente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho numerosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judicial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos. “Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque consideran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy pobres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza. –¿Entonces quién les paga? –se le pregunta. –Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una porción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo. En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del

pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes. El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”. El despacho con sede en Miami tiene un amplio historial de aplicación de leyes internacionales... pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto interesante y que se puede ganar”, añade. –¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los representaran? –se le pregunta. –Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayudar a las víctimas de esta masacre. –¿Quiénes son esos abogados? –No podemos dar a conocer su identidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéramos en el anonimato. –¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas? –Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos. Kobert sostiene que fue en la primavera o el verano de 2010 cuando fueron contactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situación antes de demandar a Zedillo: “Hicimos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de documentos. Nuestra firma envió representantes muchas veces a la región (de Acteal)”. Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el propósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos. “En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en riesgo. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara. La Corte Federal en New Haven aceptó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero

Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata. El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://acteal97.com. Una vez que el juez Thompson solicite la opinión del Departamento de Estado sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo notificará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.

Desconfianza en Chiapas En Chiapas la demanda de los 10 sobrevivientes contra Ernesto Zedillo y la posterior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han generado dudas y desconfianza. La asociación civil Las Abejas de Acteal –formada por sobrevivientes reconocidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslindaron de la demanda; afirman que ninguno de ellos contrató despacho legal alguno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso. Consideran que es una cortina de humo para obstaculizar la vía que ellos eligieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsables del gobierno encabezados por el entonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsurgencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997. En 2010, 13 años después de la matanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abierto el expediente número 146/10. La admisibilidad fue dictaminada en el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviembre de ese año. En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.

A raíz de ello, dice el titular del Frayba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda interpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos. Sin embargo Las Abejas y el Frayba consideran que la solicitud de inmunidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impunidad. Dice Víctor Hugo López que el hecho de que el gobierno mexicano haya solicitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servidores públicos. “A nosotros nos sorprende que en lugar de que el gobierno mexicano dé información para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar inmunidad para el expresidente Zedillo. “Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uribe), a quien sí le dieron inmunidad durante el gobierno de George Bush”, agrega. Afirma que el sexenio de Zedillo estuvo marcado por la estrategia contrainsurgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa estrategia ofensiva, como una segunda etapa se sentó a dialogar y negociar. Se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer elemento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente concluyó con la matanza de Acteal. “Con esos tres elementos vemos claramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala. Si se exime de responsabilidad a Zedillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro. Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este intento de solicitar inmunidad “para cubrirse la espalda viéndose él como expresidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)


ESTA DO S / CH IA PA S Miguel Dimayuga

Otro

“perseguido” del gobernador Sabines

“Set” publicitario

Buscado por la justicia mexicana y por la Interpol, el priista José Antonio Aguilar Bodegas –exsenador y aspirante a gobernador de Chiapas– niega los cargos que le imputa el mandatario estatal Juan Sabines: operaciones con dinero ilícito y delincuencia organizada. El exlegislador se considera uno más de los “perseguidos políticos” del gobernador, a quien acusa de corrupto, autoritario y represor.

JOSÉ GIL OLMOS

D

esde el 20 de noviembre de 2011 el político priista José Antonio Aguilar Bodegas huye de la justicia luego de que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, lo acusara de operar con recursos de procedencia ilícita y de pertenecer a la delincuencia organizada. Aunque ya obtuvo un amparo, sigue prófugo pues asegura que en el fondo se trata de una persecución política; dice que la intención de Sabines es anular cualquier intento suyo de ser candidato a gobernador para las elecciones de este año, imponer a su favorito y que la corrupción en que ha incurrido su gobierno permanezca impune. Desde ese 20 de noviembre está escondido, evitando la orden de aprehensión que le dictó el juez tercero en Materia Penal de Tuxtla y de la cual se enteró cuando un desconocido le avisó por teléfono que iban a detenerlo. Javier Coello Trejo –el “fiscal de hierro” del salinismo– es su abogado y él es quien ofrece un lugar para el encuentro con el también excandidato a gobernador, quien

Aguilar Bodegas. En la mira del gobernador

de entrada se declara perseguido político de Sabines al que acusa de corrupción y de haber hecho de Chiapas un estado más pobre y olvidado. Coello asegura que Aguilar Bodegas es inocente y califica de absurda la persecución política en su contra. Confiado, espera que el amparo concedido el martes 3 por el juez Segundo de Distrito de Chiapas, Juan Manuel Vázquez Fernández, cauce ejecutoria el miércoles 18 para actuar con libertad y demostrar que las dos acusaciones que pesan sobre su defendido son prefabricadas.

Cacería política Durante el par de horas que dura la entrevista, Aguilar Bodegas no duda en calificar a Sabines de autoritario, represor y corrupto. Sostiene que en Chiapas nada ocurre si él no lo autoriza, y si alguien se atreve a contrariarlo es perseguido, como es su caso y el del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, encarcelado bajo la acusación de un desvío de 2 mil millones

de pesos y la muerte de un grupo de niños en el hospital de Comitán. Coello acota que Sabines tiene listas 300 órdenes de aprehensión contra sus enemigos, listas para ser liberadas cuando él lo considere necesario. –¿Es usted un perseguido político? –se le pregunta a Aguilar Bodegas. –Sí. Todo es una persecución política. Incluso mi familia ha recibido amenazas vía telefónica. Después de que el martes 3 se ganó el amparo, hubo un violento cateo en mi domicilio en la Ciudad de México y la página en internet de la Interpol me colocó entre los buscados por la justicia. Además en todos los medios chiapanecos hay una campaña contra el juez que me otorgó el amparo, diciendo que está al servicio de los mafiosos. Asegura que el control político de Sabines en Chiapas es absoluto y que la persecución en contra suya y de Salazar Mendiguchía es ejemplo de que no quiere tener a nadie que entorpezca sus planes de permanecer impune a partir de diciembre, cuando acabe su administración.

que recibió la mayor cantidad de observaciones y se le detectaron irregularidades por 2 mil 400 millones de pesos. Esta cifra la mencionó también el exgobernador Salazar Mendiguchía en la entrevista que publicó Reforma el miércoles 11, en la que aseguró que 900 millones de pesos fueron entregados a constructoras fantasma. Lo grave de las irregularidades en el manejo de las finanzas públicas, dice el priista, va más allá pues se tiene detectado que la deuda de Sabines con constructoras o proveedoras del gobierno es de 10 mil millones de pesos.

De la supuesta corrupción de Sabines, Aguilar Bodegas dice que no está claro el uso que ha hecho de los recursos que le da la federación: “Ningún gobierno en Chiapas había recibido tanto dinero; del gasto corriente ha tenido 90 mil millones de pesos y por la vía del Ramo 23 las asignaciones van de 25 mil a 30 mil millones. Pero el estado tiene una deuda de 20 mil millones”. Señala que recientemente el Congreso estatal autorizó 5 mil millones de pesos para el pago de adeudos, pese a que constitucionalmente la deuda pública sólo la puede contratar el gobernador y únicamente para programas de infraestructura que tengan resultados productivos. “No hay obras importantes en el estado, sólo las que se hicieron el sexenio pasado; hay engaños grotescos, como decir que hay cobertura total de salud porque se repartieron credenciales de seguro popular, pero lo que no hay son clínicas, médicos o medicinas”, asegura. Respecto a las seis ciudades rurales sustentables que desde 2009 comenzaron

a levantarse en diversos puntos de Chiapas –su objetivo era combatir el rezago y la alta dispersión poblacional, pues el estado tiene 19 mil 386 localidades de las cuales 14 mil 346 (74%) son de menos de 100 habitantes– afirma que son un gran fracaso: La primera, “Nuevo Juan del Grijalva”, ya está deshabitada y la gente rechaza las otras. Otro caso es la Torre Chiapas, afirma. Se construyó en Tuxtla Gutiérrez como expresión de modernidad, pero en realidad fue un gasto excesivo porque costó 2 mil 500 millones de pesos: a 150,000 pesos el metro cuadrado de construcción. “¿Dónde está el dinero del presupuesto, del gasto público, de los empréstitos que se han otorgado? Los informes de gobierno son palabras, carentes de hechos concretos, porque en Chiapas se vive una realidad muy triste: el estado es un set publicitario, hay una población famélica, no hay obra, nada.” Recuerda que en los resultados del año pasado de la Auditoría Superior de la Federación el gobierno de Chiapas fue el

Después del alzamiento zapatista en 1994, Chiapas no había tenido tanta difusión en la televisión como ahora, pero no por las obras que se han realizado, sino por las telenovelas que ahí se han grabado, los concursos deportivos y hasta de belleza. Por eso Aguilar Bodegas sostiene que en Chiapas se vive una realidad ficticia, de set publicitario, porque detrás del escenario televisivo y del manejo mediático del gobernador “hay una población famélica, no hay obra, nada, y quienes han ganado son los medios de comunicación, los artistas y los promotores de los eventos deportivos y artísticos y de las telenovelas”. Que se revele esa realidad y la corrupción de su gobierno es a lo que le teme Sabines y por eso, afirma el político priista, es que no quiere a nadie que se le interponga para imponer las candidaturas que él quiere y mantenerse en la impunidad. “Esa es la triste realidad del estado. Quien se opone a su voluntad tiene que enfrentar la persecución o procesos judiciales”, advierte. A lo largo de la entrevista señala que el problema con Sabines comenzó en la Semana Santa del año pasado, cuando al asistir a la reunión de un amigo en San Cristóbal de Las Casas un grupo de sus excolaboradores en la campaña de 2006 le planteó la posibilidad de que se lanzara de nuevo como candidato. Recuerda que ese mismo día recibió la llamada de un asistente del gobernador quien lo invitó a reunirse con él en Tuxtla Gutiérrez. “En esa reunión se volvió a tocar el tema de mis intenciones políticas y la supuesta relación con Pablo Salazar. Le dije que yo no tenía ninguna relación con el exgobernador porque lejos de recibir un beneficio, lo que tuve con él fueron enfrentamientos y que no lo había visto desde octubre de 2005, que ni telefónicamente habíamos tenido una relación. “Sabines planteó condiciones para que yo me desarrollara políticamente, pero que él las iba a conducir. Yo le dije que mi partido era el PRI y que él no pertenecía al partido, le dije que las cosas con el par-


Janet Schwartz

Deuda estilo Coahuila

plazo pone en riesgo la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros. “La comparación del endeudamiento neto (o variación de saldo de deuda) con los balances financiero y primario revela que es suficiente para cubrir estos conceptos en el corto plazo, pero esta situación cambiará a mediano plazo, debido a las restricciones que significa para las finanzas públicas el servicio de la deuda en los años futuros.” La semana pasada, la firma Fitch Ratings bajó la calificación a la calidad crediticia o riesgo emisor de Chiapas y modificó la perspectiva crediticia de “estable” a “negativa” por el creciente nivel de endeudamiento.

ISAÍN MANDUJANO

Sabines. Venganza

do endeudamiento público antes de repartirse entre ellos los 5 millones 408 mil 178 pesos con dos centavos del aguinaldo. Según el economista e investigador chiapaneco Jorge Alberto López Arévalo, ésta es la deuda más alta de la historia de Chiapas, estado que “oficialmente” hasta septiembre de 2011 tenía un débito de 9 mil 978.7 millones de pesos. Con lo aprobado en diciembre el monto asciende a 15 mil 457.7 millones de pesos. “Es la deuda de largo plazo que tiene registrada en Hacienda. Faltaría la deuda de corto plazo que será de 35% de la registrada, más la de proveedores diversos; fácilmente llega a 20 mil millones”, apunta el experto en temas de pobreza, migración y remesas, sobre los que ha escrito una decena de libros. López Arévalo se basa en el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 20 de marzo de 2011, el informe de junio de 2011 de la Auditoría Superior de la Federación y del que cita: “En conclusión, el estado de Chiapas presenta finanzas públicas con balances (financiero y primario) inestables en los últimos cinco años, debido al comportamiento del gasto operacional, con un crecimiento medio de 10.4%, mayor que el ingreso (5.5%). Existe una excesiva dependencia de los ingresos federales (94.8%) respecto del ingreso total; además, el ahorro interno tiende a deteriorarse por el comportamiento ya indicado del gasto operacional, lo que en el mediano

Ponente en universidades de Europa y Sudamérica, López Arévalo, también docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, señala que la deuda es algo relativamente nuevo para los estados y municipios en México y que hace un poco más de una década era muy difícil para un gobierno estatal o municipal endeudarse pues había restricciones del gobierno federal. Dice que actualmente la situación es diferente, que un gobierno estatal o municipal puede acercarse a cualquier banco o bursatilizar activos para hacerse de recursos: “La deuda es la anticipación de los ingresos futuros. Al igual que en el caso de las finanzas personales, cuando se pide un crédito lo que en realidad se está haciendo es privilegiar el consumo presente a cambio de sacrificar el consumo en el futuro. En el caso de los gobiernos, la deuda tiene una función similar”.

En los últimos seis años la deuda de Chiapas ha evolucionado sin control. Cuando Pablo Salazar Mendiguchía entregó el gobierno estatal a Sabines, el 8 de diciembre de 2006, su gran anuncio fue que la deuda pública ya estaba en ceros. En el sitio en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de la evolución histórica de la deuda chiapaneca revelan que en 2006 era de 881.7 millones de pesos; en 2007 –pese a lo afirmado por Salazar Mendiguchía– ya era de 6 mil 5.4 millones; en 2008, 7 mil 69.9 millones; en 2009, 9 mil 215 millones; en 2010, 8 mil 236.2 millones, y hasta junio de 2011, 7 mil 830.5 millones. En medio de esta polémica, otro actor político alzó la mano desde prisión: el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, capturado el pasado 7 de junio. Agotadas sus vías jurídicas de defensa y con varios procesos encima, empezó a hacer declaraciones políticas durante las audiencias penales. En una de las primeras, el 8 de diciembre, dijo que, además de ser un “preso polí-

tico”, su caso era una cortina de humo para distraer la atención sobre los problemas de los chiapanecos: “Entre ellos la escandalosa deuda pública de más de 15 mil millones de pesos, la más grande de nuestra historia, la número uno en todo el país bajo el criterio de producto interno bruto. “Todo el pueblo de Chiapas sabe que al concluir mi gobierno pagué toda la deuda pública; en menos de cinco años hoy padecemos el pesado lastre de una deuda impagable”, agregó. Los días 11 y 12 de diciembre, el precandidato presidencial panista Ernesto Cordero estuvo en Chiapas y animó a Sabines a endeudarse más con el respaldo que dio a su gobierno y al manejo de sus finanzas públicas: “El endeudamiento en el estado de Chiapas ha sido para generar prosperidad, para generar desarrollo; para sacar a muchos municipios de condiciones de pobreza, para construir infraestructura. Chiapas es un estado bien administrado”, aseveró. Sin embargo el gobierno de Chiapas mi-

nimiza su deuda pública y en un informe de junio pasado menciona que “al 30 de junio de 2011 la amortización de la deuda directa ascendió a la cantidad de 462.8 millones de pesos, reflejando un saldo neto de 3 mil 475.1 millones de pesos” y que “al 30 de junio de 2011 el saldo de la deuda indirecta es de 280.8 millones de pesos”. Para López Arévalo “Chiapas ya es de los estados más endeudados del país, considerando la deuda en relación con el PIB, y no se ve obra pública importante por ningún lado”. Agrega que la pobreza en la entidad ha crecido y el primer objetivo de la deuda debió ser disminuirla. “El endeudamiento creció y la pobreza también”. Basado en el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dado a conocer a principios de este año, López Arévalo señala que en Chiapas hay 3 millones 784 mil 968 pobres, de los cuales 1 millón 846 mil 87 son pobres extremos, que 79.05% de la población chiapaneca es pobre y en pobreza extrema está 38.56%. Afirma que de cada 10 chiapanecos sólo dos no son pobres y de cada 10 casi cuatro son pobres extremos: “Es como si viviéramos en el África Subsahariana combinada con la Sudáfrica del apartheid, pues si analizas por etnia, los que están peor son los de mayoría indígena y eso significa un apartheid, no de jure pero si de facto”. Asegura que Tuxtla Gutiérrez tiene el menor porcentaje de pobreza en Chiapas, con 43.3% de su población en la pobreza, pero en todo México ocuparía el lugar 2 mil 151 de 2 mil 456. O

tido yo las definiría bajo la idea de que no soy propiedad de nadie. A partir de entonces comenzaron este tipo de agobios que han llegado hasta la represión.” Meses antes, en diciembre de 2010, ya se había reunido con Sabines con la idea de aclarar algunos problemas que tenía el gobierno estatal con el despacho Álvarez y Puga, una firma especializada en cuestiones fiscales donde Aguilar trabaja desde 2007. Este despacho, con oficinas en siete estados, Centroamérica y Estados Unidos, fue denunciado el año pasado por Gabriel Reyes Orona por presunto fraude al IMSS. Según el exprocurador fiscal de la Federación, la empresa tiene como socios a Ernesto Zedillo, Marcelo de los Santos y Santiago Creel y sus actividades van más allá del manejo de cuentas financieras: presuntamente está implicada en actividades políticas y campañas electorales. En ese encuentro, dice Aguilar Bodegas, el gobernador lo acusó de tener

vínculos financieros y políticos con Salazar Mendiguchía e incluso de estar operando juntos desde el despacho para denostar con panfletos a su gobierno. “Le aclaré que Salazar Mendiguchía no era parte del despacho y que no hablaría con él de mis planes políticos. Después de que nos reunimos a solas entró Alejandro Álvarez Puga, socio del despacho, quien aclaró también la situación y que no había ninguna alianza política. Fue una reunión aparentemente cordial pero las cosas no mejoraron, comenzaron los acosos hasta llegar a esta situación”, advierte el priista. Según la demanda interpuesta por el gobierno de Sabines, durante tres años (2008-2011), Aguilar Bodegas recibió transferencias y depósitos bancarios por 494 millones 16 mil 667 pesos, dinero cuya procedencia es “ilícita”. “Estos cargos son infundados y eso ha sido demostrado, por eso nos dieron el amparo”, sostiene el exsenador del PRI. “En primer lugar quiero remarcar que

la averiguación previa dice ‘inyecta dinero del cual hasta el momento se desconoce su origen’. Es decir que el Ministerio Público no sabe si es lícito o ilícito, lo cual es una aberración porque el acusador dice que me consigna por recursos de procedencia ilícita y luego dice que desconoce el origen de esos recursos. “Ya se demostró que los recursos no son de procedencia ilícita, que yo no deposité ni transferí esos recursos, que todo deriva de un préstamo que me hizo una empresa con la que hice un contrato en 2008 para un proyecto forestal que estoy desarrollando en Chiapas.” –¿Cuánto le prestaron? –Dos millones y medio de pesos en diversas exhibiciones. Ese es el origen de todo. El cargo de delincuencia organizada es porque dicen que yo estoy vinculado a Pablo Salazar y a Alejandro Álvarez Puga. Yo a Pablo no lo veo ni le hablo desde 2007 y a Álvarez Puga lo trato porque es fundador del despacho donde doy mis servicios. –¿Entonces de qué se trata?

–Es una persecución política, lo que le preocupa al gobernador es mi presencia en Chiapas y mi participación política hacia algún cargo de elección, sea gobernador o regidor de Tapachula. –¿Por qué? –Por su propios temores de haber hecho un gobierno de fantasías y porque ha de pensar que si sigo en la actividad política, seguiría con una actitud de venganza que no tengo y no comparto. “La realidad termina imponiéndose. El gobierno en Chiapas ha sido represor, corrupto, de acciones fallidas y evidentemente el gobernador debe tener miedo de que la justicia lo alcance. Por eso quiere tener a todos bajo su control y que le rindan pleitesía.” El priista adelanta que seguirá el proceso legal hasta el fin, que no abandona sus aspiraciones de ser candidato a gobernador –pese a que ya se percibe el apoyo del PRI al senador Manuel Velasco– y fundamentalmente se dedicará a demostrar su inocencia. O

El caso Salazar

Octavio Gómez

T

UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Chiapas rompe marcas: ahora el estado gobernado por Juan Sabines Guerrero tiene el endeudamiento público más alto de su historia. Pese al escándalo y la polémica por la multimillonaria deuda pública que dejó en Coahuila el exgobernador Humberto Moreira, el 15 de diciembre del año pasado, Sabines envió al Congreso local una iniciativa de decreto para que se le autorice un mayor endeudamiento. Por unanimidad el Congreso le autorizó al gobernador Juan Sabines solicitar un préstamo de 5 mil 479 millones de pesos al Banco Nacional de Obras –para financiar inversiones públicas productivas– a pagar en 20 años. Fue el segundo préstamo que le autorizaron los diputados al gobernador chiapaneco el año pasado. El anterior fue el 31 de mayo, cuando le permitieron endeudarse por 4 mil 863 millones 774 mil 37 pesos con 26 centavos, según publicó el Periódico Oficial el 1 de junio de 2011. El decreto publicado establecía que 2 mil 863 millones 774 mil 37 pesos con 26 centavos serían para los municipios afectados por “lluvias severas” durante 2010 y que los otros 2 mil millones se usarían para reparar los daños causados por el huracán Stan en 2005. Aun sin haberse comprobado cuánto se le prestó y cómo distribuyó los recursos de ese primer endeudamiento, los 40 diputados locales le aprobaron al gobernador el segun-

ESTA DO S / CH IA PA S

“Realidad famélica”


Miguel Dimayuga

POLÍTICA / PRI RI

L

os reacomodos en la cúpula del PRI tras el remplazo de Humberto Moreira por Pedro Joaquín Coldwell, así como el descontento de militantes en varias entidades por las negociaciones con el Partido Verde y Nueva Alianza para cederles candidaturas para el Senado, diputaciones federales y gubernaturas en 2012, comienzan a afectar al equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. El domingo 8, el mismo día que el periódico Los Angeles Times lo calificó de “bello pero superficial”, Peña Nieto dio a conocer el nombramiento de “un primer equipo de coordinadores” para su campaña presidencial. Precisó que no se trata de una “estructura paralela” a la del PRI, sino “complementaria”, y que su integración “recoge distintas expresiones” dentro del priismo. Los nombramientos reforzaron la influencia del coordinador general de la campaña, el exdiputado federal Luis Videgaray, quien logró colocar como coordina-

El nuevo equipo de campaña

Tras sus dislates de diciembre, que lo convirtieron en objeto de mofa en los medios y en las redes sociales, Enrique Peña Nieto –el candidato priista “bello pero superficial”, según lo definió Los Angeles Times el domingo 8– reforzó su equipo de campaña al incorporar a militantes cercanos al senador Manlio Fabio Beltrones y a la diputada Beatriz Paredes, no sin pugnas internas. Como resultado de estos reacomodos el coordinador de Comunicación Social de la campaña, David López, fue desplazado, mientras que Luis Videgaray reposicionó a su amigo Aurelio Nuño Mayer, uno de los golden boys peñistas.

Sacrificios y reacomodos en el equipo peñista


Germán Canseco

P O LÍT ICA / PRI PRI

Beltrones y Paredes. Para todos alcanza

dor de Difusión a Aurelio Nuño Mayer, un joven politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana que le escribe los discursos al candidato, e incluso redactó y coordinó el libro México, la gran esperanza, publicado con la firma del exmandatario mexiquense. Dentro del equipo de campaña las diferencias entre Videgaray y su coordinador de Comunicación Social, David López, se han agudizado a raíz de las críticas que ha recibido Peña Nieto en medios internacionales, en las redes sociales y en los medios impresos y electrónicos que tradicionalmente le eran afines. Los llamados “errores de diciembre” que se iniciaron el día 3, cuando Peña Nieto cometió una pifia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agravaron las contradicciones en el equipo y en la respuesta frente a los medios. López, quien fue jefe de Comunicación Social de Arturo Montiel y de Peña Nieto en el gobierno mexiquense, aconsejó que había que minimizar los ataques y no sobrerreaccionar, mientras que Videgaray insistió en que debían contrarrestarlos en las redes sociales. El “cuarto de guerra” de Peña Nieto entró en crisis esos días. Nuño Mayer y Videgaray jugaron un papel clave en el evento de la FIL. Ambos desplazaron al equipo de comunicación de la editorial Grijalbo y al propio David López. Ni siquiera prepararon una mesa para divulgar el contenido del libro Méxi-

co, la gran esperanza que se presentó en Guadalajara. Cuando le preguntaron a Peña Nieto sobre los tres libros que influyeron en su vida él no pudo responder correctamente, lo que motivó las burlas de los periodistas y los comentarios mordaces en las redes sociales. Comenzaron también las fricciones en el equipo de campaña. Videgaray logró colocar en el cargo de coordinador de Difusión a Nuño Mayer, expresidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. De esa manera David López ya no tendrá a su cargo la contratación y producción de spots y la estrategia de las redes sociales. Nuño fue coordinador de asesores de Videgaray en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados; asimismo, como coordinador general de la campaña de Eruviel Ávila para gobernador en el Estado de México, designó a Nuño “coordinador de mensajes”.

Cuotas de consolación Los nuevos nombramientos incluyeron como vicecoordinadores de campaña a los diputados federales Carlos Ramírez Marín, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de 2010 a 2011, y a Felipe Solís Acero, exsecretario general del IFE. Ramírez Marín forma parte del equipo de Beatriz Paredes, expresidenta

nacional del PRI, y fue aspirante a la gubernatura de Yucatán. Rolando Zapata Bello, secretario de Gobierno en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, fue designado por el PRI como su “candidato de unidad” en Yucatán, lo que deja a Ramírez Marín fuera de sus aspiraciones en esa entidad y sin la posibilidad de ser candidato a senador en 2012. En el caso de Solís Acero, uno de los cuadros electorales más importantes del partido y cercano al senador Manlio Fabio Beltrones, su nueva encomienda lo aleja de su aspiración a una curul en el Senado. Durante el periodo de José Woldenberg como presidente del Consejo General del IFE, Solís Acero fue un poderoso secretario ejecutivo en el instituto así como representante del PRI en el mismo consejo durante los comicios de 2006. Su influencia en la estructura administrativa del organismo electoral sigue siendo clave para el priismo. En la polémica aprobación de la reforma al artículo 24, Solís Acero jugó un papel importante. Subió a tribuna para incorporarle un párrafo al dictamen a fin de eliminar la posibilidad de que la ley reglamentaria de Asociaciones Religiosas y Culto Público fuera ignorada en la reforma. Otros exprecandidatos incorporados a las coordinaciones del equipo de Peña Nieto son: la diputada federal María Esther Sherman Leaño, de filiación beltronista, y el senador Ramiro Hernández García. Ambos aspiraron a la gubernatura de Jalisco, que finalmente ganó Aristóteles Sandoval, representante del peñismo en esa entidad gobernada por el PAN. Sherman Leaño ha sido diputada local, diputada federal en cuatro ocasiones y senadora. Fue titular de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y ha sido delegada del CEN del PRI en Yucatán y Baja California. Hoy es coordinadora de “evaluación y seguimiento” de la campaña peñista. Otro aspirante a senador para 2012, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez, fue incorporado a la lista de coordinadores de la campaña por la circunscripción 5. Es diputado federal y fue secretario técnico del Poder Ejecutivo durante el polémico gobierno de Ulises Ruiz (2004-2009). Fue uno de los artífices de la rebelión de los diputados oaxaqueños que defenestraron a Elba Esther Gordillo, actual aliada de Peña Nieto, como coordinadora de la bancada del PRI en noviembre de 2003. También fue uno de los 17 priistas que el 15 de diciembre de 2011 votaron contra las reformas al artículo 24 constitucional que favorecen a la jerarquía católica. Benito Neme Sastre, compadre y amigo de Peña Nieto, hijo de Salvador Neme Castillo, quien gobernó Tabasco entre

1989 y 1991, dejó sus aspiraciones como candidato a senador y a gobernador de su entidad natal para tener la coordinación política de la campaña del mexiquense. Neme Sastre ha sido el estratega jurídico en la defensa de 10 gubernaturas priistas. Es licenciado en derecho por la UNAM y con maestría en derecho internacional por la Universidad de Houston, Texas. Baltazar Hinojosa, diputado federal por Tamaulipas, fue designado coordinador de la circunscripción 1 a cambio de ceder sus aspiraciones al Senado. Fue funcionario en el gobierno de Tomás Yarrington, presidente municipal de Matamoros y aspiró a la candidatura a gobernador. También de Tamaulipas es la diputada federal Paloma Guillén Vicente, presunta hermana del subcomandante Marcos y aspirante al Senado para 2012. Ahora será la coordinadora de la circunscripción 3 y se le considera otra cuota a favor de Beatriz Paredes. En su entidad Guillén Vicente se ha desempeñado como secretaria general de Gobierno y procuradora general de Justicia; también fue delegada general del CEN del PRI en Puebla y coordinadora general de la campaña al gobierno de Nayarit. Como coordinadores de Vinculación Política y de Vinculación Empresarial fueron nombrados Salomón Rosas Ramírez e Ildefonso Guajardo Villarreal, ambos diputados federales y aspirantes a una nominación en el Senado. Rosas Ramírez fue asesor del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, uno de los primeros en sumarse al peñismo. También trabajó para el exgobernador de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, y fue subdelegado Jurídico y de Gobierno en Coyoacán y Milpa Alta cuando Manuel Camacho Solís fue regente capitalino. Oriundo de Monterrey, Guajardo Villarreal fue jefe de la Oficina de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América Latina en Washington durante el gobierno de Carlos Salinas, y oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha tenido distintas responsabilidades en la estructura del PRI, donde fue secretario de Asuntos Internacionales y secretario adjunto de la Secretaría General del CEN del PRI. Mantiene una relación cercana con Emilio Gamboa Patrón, actual dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Los “golden boys” En paralelo con los políticos vinculados a Beltrones, a Paredes y a grupos políticos estatales, Videgaray impulsó también al grupo de jóvenes treintañeros que forman parte de la segunda generación de

golden boys que acompañan al exgobernador mexiquense. Entre ellos destacan el propio Aurelio Nuño, nuevo coordinador de Difusión; también están Emilio Lozoya Austin, coordinador de Vinculación Internacional; Ernesto de Lucas Hopkins, coordinador de la “campaña permanente”; Héctor Velasco Monroy, coordinador de Giras; Paula Hernández Olmos, coordinadora de Invitados Especiales, y Edwin Manuel Lino Zárate, quien se mantiene como secretario particular de Peña Nieto. Lozoya es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien perteneció al primer “grupo compacto” de Carlos Salinas de Gortari cuando éste ocupó Los Pinos, al lado de Camacho Solís, quien es el actual operador de la coalición que postula a Andrés Manuel López Obrador. Lozoya Austin es licenciado en economía por el ITAM y en derecho por la UNAM. Fue director general para América Latina del Foro Económico Mundial. De Lucas Hopkins, actual diputado federal, es coordinador de la campaña permanente. Fue director general de Gobierno, coordinador estatal y secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Eduardo Bours en Sonora. Oriundo de Magdale-

na de Kino, Sonora, la tierra de Luis Donaldo Colosio, De Lucas Hopkins nació en 1976, es licenciado en derecho por la Universidad del Noreste y estudió una maestría en leyes y gobierno en el Washington Collage of Law. Paula Hernández Olmos, diputada federal y gente del exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, será la coordinadora de Invitados Especiales. Fue una de las pocas piezas que pudo colocar Osorio Chong frente al creciente poder de Luis Videgaray en el equipo peñista. De su antiguo equipo de gobierno de Toluca, Peña Nieto incorporó a Héctor Velasco Monroy, quien será el coordinador de Giras, y a Edwin Manuel Lino Zárate. El vínculo de Monroy, emparentado con las familias del Grupo Atlacomulco, con el candidato priista viene desde 2003 cuando se desempeñó como su coordinador de campaña para diputado local. En 2005 fue su secretario particular adjunto y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado de México. En el caso de Lino Zárate, ha sido secretario particular de Peña Nieto desde 2005, cuando ganó la gubernatura, y se le considera una de las personas de su mayor confianza. O


P O LÍT ICA / PRI PRI

En la Tarahumara,

operación cinismo Con el joven precandidato y de “ideas nuevas” Enrique Peña Nieto se reeditó puntual una de las prácticas más viejas y deleznables del priismo: el acarreo. En la Sierra Tarahumara, este recurso cobra dimensiones todavía más abyectas porque carga con los indígenas de la zona, atribulados hoy por la sequía y las muertes por desnutrición, engañados con desparpajo y condicionados con el cuento de la entrega de despensas y de “ayudas” que casi nunca llegan… MARCELA TURATI

C

HIHUAHUA, CHIH.- El rarámuri Alberto Ramos se lamenta porque durante el ciclo pasado no se logró la cosecha y el gobierno estatal no ha enviado despensas a Carichí, su municipio. No obstante, el sábado 7 el mismo gobierno sí se acordó de sus habitantes y les mandó unos autobuses para llevarlos de paseo. Él tomó un asiento, al igual que una treintena más de vecinos de su comunidad. Creyó que los traerían a esta ciudad para recoger comida, pero cuando se bajó del camión encontró que ríos de personas bajaban de otros autobuses y eran concentrados en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. “Nosotros nomás nos venimos, la coordinadora estatal nos trajo, no sabemos ni a qué. Despensa no dieron”, dijo el indígena de Chinéachi el domingo 8, al salir de entre el gentío, cuando estaba esperando a que el chofer del autobús de Transportes Ballezanos arrancara para llevarlo de regreso a su poblado. Sin despensa ni nada, pese a que en su comunidad –dice– dos personas han muerto por desnutrición, no sabe si provocada por la sequía. Al pie de otro de los más de 130 autobuses estacionados alrededor del gimnasio más grande de Chihuahua, el ciríame (gobernador rarámuri) de Cieneguita de la Sinforosa, municipio de Guachochi, Fran-

Marcela Turati

cisco Mariano González, tampoco entiende a honras de qué les extendieron la invitación para viajar a Chihuahua –más de seis horas de camino– y se pregunta: “¿Pos por qué nos traerían? No han explicado nada. Nos traerían a oír esas pláticas que nos echaron ahorita”. Las “pláticas” a las que se refiere Francisco son los discursos cargados de loas que se lanzaron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el presidente estatal de ese partido, Leonel De la Rosa; el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Esto ocurrió en el acto de toma de protesta a los comités municipales y seccionales de su partido, que más parecía acto de arranque de campaña donde salieron a relucir las viejas mañas del acarreo. Al gimnasio, en donde se realizan conciertos y partidos de basquetbol, llegaron al menos 12 camiones cargados de rarámuris traídos de la sierra que, como Francisco o Alberto, no sabían de qué trataba ese acto partidista. En éste participaron funcionarios públicos, políticos en funciones y jubilados, diputados, senadores, exgobernadores y alcaldes uniformados de rojo, donde Duarte destacaba con su chaqueta verde que combinaba con la roja del precandidato. “Viene la gente a ver qué dan. Agarra-

mos camión. Lo mandó Arturo; el miércoles fue a avisar que juntara a la gente y vinimos”, explicó José Albino, otro ciríame de Carichí, vestido a la usanza tradicional con su paliacate como banda en la cabeza y su camisa de manta. –¿Y les dieron algo? –No…. nada. Los oradores del acto se cuidaron de referirse al exgobernador mexiquense como el precandidato. La excusa para su visita fue la invitación como “testigo de honor” a la toma de protesta de la estructura que operará su campaña. En los discursos, siempre rematados con abrazos entre los halagados, se escucharon varias menciones del respeto del partido y del mismo Peña Nieto a la legalidad, a las reglas del juego, al dictamen del IFE que les impidió hacer actos de campaña prematuros hasta ser nombrado oficialmente “el candidato”. En el gimnasio se mostraba el músculo del partido ordenado por sectores corporativos: la CTM, el Frente Juvenil, las estructuras seccionales, la CNC, la CNOP y los indígenas serranos. Estos últimos, como pudo constatar Proceso, acarreados por la Coordinación Estatal de la Tarahumara (conocida como la coordinadora), el órgano de gobierno encargado de repartir despensas para paliar la hambruna que comienza a presentarse por las heladas y

la sequía que acabaron con toda la cosecha (Proceso 1836). Otra vez operó el aparato de Estado, ahora al servicio del precandidato. A la vista quedó el descarado uso del hambre con fines electorales. “Siempre aquí andamos, siempre; a veces dan cobija, a veces dan dinero, ahora no han dicho”, dijo al final del acto el rarámuri Valentín Jiménez García, traído desde Chinatú, en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo (donde Chihuahua colinda con Sinaloa y Durango). La plana mayor priista ya estaba en La Casona agasajando al candidato. Al llegar a la céntrica casa colonial resguardada por hombres armados, Peña Nieto intentó saludar a los ciudadanos que paseaban en el bazar dominical de antigüedades ubicado en la acera de enfrente, hasta que una brava mujer le gritó: “No lo queremos aquí, mejor póngase a leer libros”. El abanderado sólo atinó a responder: “No me diga eso, señora”.

Al servicio del candidato El miércoles 4, en sus oficinas en Creel, Jesús Escárcega –encargado de operaciones de la Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET) en los municipios de Creel, Bocoyna, Maguarichi, y en parte de Urique y Guachochi– comentó a Proceso acerca de

las despensas que por la crisis alimentaria eran repartidas en la sierra; también se refirió a las becas para los niños de los albergues escolares. A media entrevista realizó una llamada a su colega de Carichí, Manuel Raúl González, para saber si el gobernador Duarte repartiría despensas en ese municipio al día siguiente. Charlaron un rato y el funcionario le preguntó a su colega: “¿Tú cuántos camiones llevas?... Yo dos... ¿Cómo le vas a hacer con el dinero?... Hay posibilidades de que se vayan el sábado ¿verdad?, porque ya sabes cómo se llena, cómo se pone, no hay lugar, cada quien por su lado… Bueno, pues ahí estamos en contacto, Manuel”. Se referían a la operación acarreo para el mitin camuflado del siguiente domingo. En cuanto Escárcega colgó le dijo a esta reportera, como consta en la grabación: “Dice que el gobernador estos días ya no sale porque tiene que organizar la visita del candidato Peña Nieto”. –¿Y los camiones que van a llevar son para eso? –se le preguntó. –Vamos a llevar una poquita de gente para que acudan, que vea la presencia del indígena y le suelten más (dinero) para la sierra porque ya ve la situación. –Pero todavía ni es candidato… –se le recordó. Con una risa nerviosa dijo: “Así es”. Trató entonces de disimular. Mencionó que el comité estatal del PRI pondría los camiones pero que seguramente no llegarían hasta la sierra, porque, quiso justificar, “ya ve que está muy lejos”. Pese a su dicho, los camiones sí llegaron y los rarámuris que esperaban despensas fueron subidos a ellos y acarreados al acto con el precandidato. En algunos pueblos, como en Chinatú, mucha gente quiso subir pero no tuvo asiento; pensaban que el viaje sería para recoger despensas, según relató la gente llegada de Chinéachi. Afuera del gimnasio diversos funcionarios de la Coordinadora Estatal estuvieron el domingo supervisando el acarreo. Proceso constató que uno de los 12 autobuses Ballezanos llenos de indígenas era liderado por el funcionario Arturo Mendoza, empleado de la CET con base en el municipio de Cuauhtémoc. Cuando la reportera le preguntó qué hacía, explicó que a él le tocó conseguir 52 personas para llevar al acto, pero no supo o no quiso decir quién pagó el transporte. “Yo no supe ni qué rollo ni nada, yo sólo los invité. A mí me dijeron que debía invitar a unos indígenas, no sé quién me habló, imagino que sería alguien del partido. Quería que los viera (Peña Nieto) porque son indígenas que no han perdido sus tradiciones, su vestimenta indígena”, explicó. El ciríame José Albino dijo que la invitación corrió por parte de la coordinadora. Su colega Francisco Mariano de Sinforosa

dijo que un empleado de la coordinadora llegó hasta su casa a pedirle que juntara a su gente. La única indígena entrevistada que sí entendió que viajarían para ver al candidato, bajo el patrocinio del PRI estatal, fue Luz Elena Villalobos, gobernadora de la comunidad La Cañada, municipio de Bocoyna, quien dijo: “Nos invitó un señor de Bocoyna, del partido, y pues nosotros aprovechamos que nos invitan a conocer al candidato. Pero hasta que sea algo vamos a decirle que nos apoye con herramienta porque mucha gente no tiene, ahorita nada más es candidato”. La mujer dijo que por el hambre tienen prometido recibir despensas a fin de mes. Pero la crisis es tal que ya convocó a su comunidad a tocar violín y tambores, bailar y cantar, a la usanza de sus ancestros, para que Onorúame (Dios-Padre) se contente. “Onorúame se enoja porque ya no cantamos en nuestra comunidad, por las faltas de respeto, tal vez por eso nos falta la lluvia, la nieve, las enfermedades del bosque, se acaba el alimento, porque no cumplimos con lo que él nos encargó de danzar, tocar, hacer la ceremonia que hacían los antepasados porque es el DiosPadre que nos dio la tierra, la naturaleza.


Marcela Turati

POLÍTICA / PRI

Sábado 7 en Chihuahua. El acarreo

Él dice ‘ustedes se están alejando, yo también’. Por eso en la fiesta le platicamos a Onorúame nuestras necesidades”, explica desde el primer asiento del autobús la mujer de cabellos largos canosos. El camión hacía fila entre decenas que, amontonados, esperaban su turno de salida del estacionamiento. El embudo se hizo porque cada uno tenía que estacionarse unos minutos para recibir comida dispuesta en platos desechables y sus respectivas latas de coca para que los pasajeros aguantaran el camino de regreso. Al acto de presentación del precandidato también acudieron rarámuris encargados de entregar despensas por la sierra con el logotipo del gobierno del estado “Chihuahua Vive”. Ante esta situación, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), dice a este semanario: “Si eso gastan sin ser la campaña, cuando todavía es ilegal, ya imagino lo que van a gastar durante la campaña: puro dinero del pueblo. Y así quieren lavarse la conciencia trayéndole comida a los indígenas”. En su pasada edición, Proceso publicó que este año azota una crisis alimentaria sin precedente en la Sierra Tarahumara, a causa de las condiciones climatológicas atípicas que mataron toda cosecha de maíz y frijol de temporal, las matas de mariguana, y acabaron con los pastizales para la alimentación del ganado. El gobierno del estado y las organizaciones sociales que atienden la emergencia calculan que 250 mil personas tendrán que ser alimentadas desde ahora y hasta octubre próximo porque se quedaron sin comida. En algunas comunidades ya se han registrado decesos por la desnutrición.

Recortes La CET es una dependencia creada durante la administración de Fernando Baeza (en la década de los noventa) para coor-

dinar las acciones de gobierno dedicadas a mejorar la vida de los serranos y atender a los pueblos indígenas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez, cuando terminó envuelta en escándalos de corrupción, comenzó su desmantelamiento hasta quedar en lo que es hoy: la repartidora oficial de despensas y cobijas, según la calificó el exdiputado perredista Víctor Quintana. “La coordinadora este sexenio sobre todo está muy por debajo de las exigencias y muy politizada. Reparte despensas y ahora construye viviendas de dos cuartitos. No integra la política social, y de repartidora de despensas ahora será promotora del voto”, opinó. Según el analista político Alejandro Salmón, de 2011 a 2012 se le redujo el presupuesto en 24%. Una fundación donataria que otorga apoyos a las organizaciones serranas informó a Proceso que recortó las becas de alimentación que recibían los albergues infantiles a pesar de que, en esa región, son indispensables ya que muchos indígenas comen únicamente en la escuela; cuando salen de vacaciones se desnutren. El vocal ejecutivo de la CET es Jesús Velázquez, un polémico amigo del gobernador, conocido nacionalmente como “el alcalde actor”, a raíz de su participación en películas sobre narcotraficantes, como La Ram blanca, La manzana de la discordia y Plomo en la sierra, financiadas con el erario cuando él era alcalde del municipio de Guadalupe y Calvo –municipio famoso por el turismo, la madera, la agricultura y las narcosiembras. En Plomo en la sierra protagonizó a un campesino que pierde a su familia por culpa del Ejército; progresa hasta convertirse en cultivador y transportador de droga, hasta que llega a vengarse (con armas largas) de sus opresores. Durante su administración fue sancionado por tener familiares en la nómina. Posteriormente se hizo diputado local y destacó por ser el priista que menos veces

subió a la tribuna. Aun así, este empresario maderero del sur del estado fue elegido para formar parte del gabinete duartista. Una de sus primeras y más polémicas acciones fue trasladar la sede de la coordinadora a Guachochi, al sur del estado, que a pesar de estar en la Sierra Tarahumara no es de fácil acceso para todos los serranos, como lo eran las oficinas en Chihuahua. Con el cambio se redujo el número de empleados y se acortó más el presupuesto. “La coordinación perdió sus orígenes que eran prestar servicio a las comunidades y coordinar a todos los que trabajan en la sierra. Este sexenio, como el anterior, el papel que juega la coordinación es de apoyo político y manejo de votos en la sierra. De la noche a la mañana corrieron a gente cercana a los indígenas y empezaron a poner a gente cercana a los procesos políticos y partidistas”, señaló el jesuita Ávila, con 37 años de trabajo en la sierra y cofundador de la coordinadora. La explicación que el gobierno dio para justificar el cambio de sede es que se trata de acercarse a la gente. Para Salmón es obvio que desde ahí se operará electoralmente para recuperar el voto serrano hacia el PRI, debido a que por primera vez los municipios serranos fueron ganados por el PAN. “El PAN ganó 24 municipios (de 67), la mayoría en zona rural, lo que es inédito. Hubo mucha operación del gobierno federal a través de Diconsa, Sagarpa y Oportunidades para arrebatarle al PRI el voto verde. El traslado de la coordinadora a Guachochi, aunque el gobernador dice que es para estar cerca de los indígenas, es para pasar a la sierra esta oficina que ya no tiene razón de ser porque se quedó sin funciones y se convirtió en el centro político-electoral. Estando allá (a dos horas en vuelo desde la capital) los periodistas difícilmente podremos vigilarla”, dijo Salmón. El exvocal ejecutivo de la CET y actual gerente regional de Diconsa Norte-Centro, Pedro Pérez Mata, lamentó que en los últimos años esa dependencia perdió presencia en las comunidades y abandonó algunos programas. Sobre el posible uso electoral de este organismo opinó que el voto indígena es relativamente pequeño en el estado, por lo que la coordinadora no puede ser factor decisivo para ganar unas elecciones; sin embargo, considera que puede intentar manipular a los líderes indígenas porque ha habido críticas de que “los trae de arriba pa’ bajo” en sus actos. Si quisiera su voto, apunta, podría obtenerlo condicionándoles el apoyo. Aunque se intentó entrevistar a Velázquez sobre los señalamientos y las evidencias del acarreo de la coordinación al acto del precandidato, hasta el cierre de la edición no se había reportado a las llamadas de la reportera. O


POLÍTICA EXTERIOR

México,

a la deriva

graves riesgos, entre ellos “la influencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden” en el país. Tales señalamientos aparecen en el libro Los retos internacionales de México, urgencia de una nueva mirada (Siglo XXI, 2011), que reúne ensayos de expertos en política exterior coordinados por Guadalupe González, investigadora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y por Olga Pellicer, diplomática de larga carrera, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y colaboradora de Proceso. Las observaciones de los expertos contrastan con lo expresado por Felipe Calderón el pasado jueves 5 durante una comida con embajadores y cónsules mexicanos que celebraron su XXIII reunión anual. “Me siento contento porque México está mostrando un rol de responsabilidad y también de liderazgo a escala mundial”, declaró.

Incertidumbre

HOMERO CAMPA

México no atina a enfrentar los nuevos retos internacionales ni se muestra capaz de recomponer su relación más importante, ya contaminada por la desconfianza mutua: la que tiene con Estados Unidos. Tales son algunas de las conclusiones del libro Los retos internacionales de México, urgencia de una nueva mirada, coordinado por Guadalupe González, investigadora del CIDE, y Olga Pellicer, diplomática, investigadora del ITAM y colaboradora de este semanario.

M

éxico perdió el rumbo: va a la deriva en momentos en que el orden internacional es particularmente incierto debido a las crisis que lo sacuden y a los cambios en las coordenadas mundiales, cuyo eje se movió hacia China. Además la política exterior de Felipe Calderón carece de un proyecto integral –que identifique prioridades y fije metas y estrategias para alcanzarlas– en la relación bilateral más importante para el país: Estados Unidos. En los hechos dicha relación bilateral está “orientada” por la “inercia de los problemas de seguridad en México”. De continuar esta tendencia el país se expone a

En la introducción del libro, González y Pellicer recuerdan que ya en 2005 diversos académicos advertían que “más que en otros momentos de su historia reciente, México parece haber perdido el rumbo, de suerte que en momentos de transición y redefinición del orden internacional se encuentra a la deriva comparado con otros países con peso económico y político similar”. Más de un lustro después, señalan, “las consecuencias de la falta de rumbo y asertividad resultan más evidentes y alarmantes debido a la necesidad que enfrenta el país de responder a un entorno internacional particularmente incierto y apremiante”. Enumeran algunos aspectos: la crisis económica en Estados Unidos y en Europa y la falta de definición en las reformas a la estructura financiera internacional que otorguen estabilidad a la economía del mundo; las revueltas en los países árabes que han hecho caer a los regímenes autoritarios, lo que puede derivar en inestabilidad en una región que concentra las mayores reservas de petróleo; el cambio en las coordenadas del poder internacional, cuyo eje se movió de Occidente a Oriente, principalmente a China “donde se encuentra ahora el punto de mayor influencia para el comportamiento de las finanzas y el comercio internacionales”. Advierten que “Estados Unidos sigue siendo el país de mayor peso en los asuntos mundiales” debido sobre todo a su poderío militar, pero tiene flancos vulnerables: “su enorme déficit externo,

la incertidumbre sobre el alcance de su recuperación económica iniciada en 2010 y lo difícil o imposible de ganar la guerra que emprendió en Afganistán”. Afirman que “en ese panorama de rápidas y en ocasiones inesperadas transformaciones, algunas potencias emergentes –como Brasil– han mejorado su posición internacional”. Subrayan que ello no ha ocurrido en el caso de México. Por el contrario, “debido a su estrecha vinculación con la economía de Estados Unidos, resultó el país de América Latina más golpeado por la crisis económica (…) Por los mismos motivos, ha sido muy difícil empujar la diversificación de sus relaciones económicas externas”. Dicen que si bien “la fuerza de los lazos económicos de México con Estados Unidos se ha hecho más visible”, al mismo tiempo “se ha puesto en evidencia el debilitamiento de esa relación económica cuyos rasgos esenciales no han cambiado desde la firma del TLCAN (...) y cuyo potencial para animar el desarrollo del país es cada vez menor”. Afirman que “más allá de las relaciones externas, el problema sobresaliente del país es de orden político”. Explican: “México inicia una nueva década bajo la sombra del desprestigio de sus instituciones políticas y de la centralidad adquirida por las acciones del crimen organizado. Existe la percepción generalizada de una transición democrática que perdió el rumbo, cuyo rasgo más vulnerable es la amenaza del narcotráfico que penetra todas las capas del sistema político y provoca niveles alarmantes de violencia e inseguridad. La capacidad de las instituciones (...) está rebasada para hacer frente a esta situación”. Llaman la atención sobre “el descuido de la élite mexicana, empresarios y medios de comunicación ante los problemas que enfrentan las relaciones” exteriores del país. Apuntan que “México es un país ensimismado, desinteresado sobre lo que ocurre allende sus fronteras”. Subrayan otra circunstancia: “La convicción de que existen riesgos muy serios si no se asume una posición más comprometida con las relaciones exteriores de México, dado los cambios que ocurren a nivel internacional y la gravedad de problemas internos carentes de solución si se prescinde de cooperación y alianzas internacionales”. “Es imposible llevar a cabo un Plan Nacional de Desarrollo sin incorporar la lectura atinada de la evolución que seguirá la economía de Estados Unidos, cuyos vaivenes se reflejan de inmediato en las exportaciones, las remesas de los trabajadores migrantes o en la inversión extranjera directa; es imposible diseñar los planes para combatir el crimen organizado sin

considerar la forma y las condiciones que tendrá la cooperación con los servicios de inteligencia estadunidenses; es imposible mejorar el control de la frontera sur sin haber puesto en pie acuerdos con Guatemala y Belice.”

La desconfianza En el libro aparece el ensayo México y Estados Unidos: de socios entusiastas a vecinos incómodos, escrito por la propia Pellicer y por Hazel Blackmore, directora ejecutiva del Centro de Estudios y Programas Interamericanos del ITAM. Las autoras recuerdan que en los noventa se amplió y fortaleció la Comisión Binacional para las relaciones MéxicoEstados Unidos. Esta comisión se reunía anualmente y en ella llegaron a participar hasta 20 secretarios de Estado de ambos países para abordar los diversos temas de la agenda bilateral. “Diez años después, la situación ha cambiado”, apuntan Pellicer y Blackmore. Y sostienen que “la cooperación y el diálogo entre los gobiernos de ambos países se ha estrechado para concentrarse, casi exclusivamente, en el tema de la seguridad”. Además, detrás de la cordialidad que se dispensan los presidentes Barack Obama y Calderón, priva la desconfianza. “Por el lado mexicano –explican– ésta se manifiesta en el discurso defensivo y en las reclamaciones, sea por el escaso control sobre la demanda de drogas de aquel país, la falta de control en el tráfico de armas hacia México o el maltrato a los trabajadores indocumentados. “Por el lado estadunidense (...) surge por el temor a situaciones de ingobernabilidad al sur de su frontera. Este peligro afecta lo que ha sido uno de los objetivos centrales del gobierno estadunidense respecto a México: el mantenimiento de la estabilidad que asegure el control sobre un territorio vital para la seguridad de la Unión Americana. El fantasma de México como ‘Estado fallido’ recorre los pasillos de la Casa Blanca y de Capitol Hill despertando inquietudes y provocando declaraciones contradictorias, como las vertidas en torno al carácter ‘insurgente’ de la acción del crimen organizado”. Las internacionalistas afirman que el gobierno de Felipe Calderón “no corrigió” la “ausencia de objetivos y estrategias claros de política exterior” que caracterizaron al sexenio de Vicente Fox. Así, señalan, “la relación con Estados Unidos se ha conducido a partir de situaciones coyunturales”. Cuando en 2009 Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos enfrentó una coyuntura particularmente difícil: una “gravísima” recesión económica y dos guerras: Irak y Afganistán.


POLÍTICA EXTERIOR

Confusión estratégica LUIS HERRERA-LASSO Y JORGE TELLO PEÓN*

M

tir de los ochenta se intensifica el paso de la cocaína por México, después de que una exitosa campaña de Estados Unidos en el Caribe logró bloquear el flujo de drogas por esa ruta. La semilla del mayor problema de seguridad de México en las siguientes dos décadas estaba plantada. El primer evento delicado en la relación bilateral con Estados Unidos sobre este tema apareció en 1985, con el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en México. Este hecho contaminó la relación bilateral hasta principios de los noventa, cuando el marco de la relación empezó a cambiar a raíz de la recreación de la Comisión Binacional entre México y Estados Unidos en 1992 y con la firma, un año después, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Eduardo Miranda

éxico inició el siglo XXI con la gran oportunidad de dar un importante golpe de timón al proyecto nacional. La transición le otorgó al país el llamado “bono democrático”, producto de la alternancia en el poder. Éste era de uso dual: en México y en el exterior. Sin embargo los resultados de esta transición quedaron por debajo de las expectativas; en opinión de muchos mexicanos el bono democrático se desvaneció prácticamente sin haberse utilizado. La globalización, que para los noventa era más que evidente en lo económico, pronto se extendió a otros ámbitos. El crimen organizado se convirtió en el lado oscuro de la globalización. En este contexto el tema del narcotráfico en México le imprime un nuevo tono a la naturaleza de las amenazas externas. A par-

Wayne y García Luna. Mutua desconfianza

En esa circunstancia “era comprensible que las relaciones con México no fueran una prioridad –anotan las expertas–. Tocaba al gobierno de Calderón conducir una diplomacia agresiva para llamar la atención (de Washington) sobre la necesidad de hacer de las relaciones con el vecino del sur –territorio estratégico para la seguridad de América del Norte– una parte esencial de los proyectos para la recuperación económica y la estabilidad a largo plazo de esta parte del mundo”. Pellicer y Blackmore anotan que las relaciones bilaterales “transcurren ahora por una doble vía. Por una parte se afinan los canales para la cooperación en ma-

teria de seguridad”, en la que participan nuevos actores, como los ejércitos de ambos países, y nuevas dependencias –como la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida, otrora “inaceptable por la parte mexicana”– que “institucionalizan dichas relaciones y dan mayor densidad a las mismas“.

Los riesgos Pellicer y Blackmore sostienen que México conduce su relación con Estados Unidos “utilizando un discurso nacionalista y defensivo, el cual es compartido por toda la élite política del país”.

Un tema a destacar en este nuevo entorno es el hecho de que el papel estelar que tuvo Estados Unidos en el manejo del conflicto Este-Oeste –del que resultó ganador virtual– no se ha visto en su actuación contra el narcotráfico, pues en más de cinco décadas no ha logrado detener el ingreso y consumo masivo de drogas en su territorio. Las razones no están claras, pero los resultados así lo indican. Se argumenta que se trata de un negocio multimillonario –más de 70% de los beneficios de este negocio ilegal se queda en Estados Unidos–, lo que reduce los incentivos para una lucha frontal. Se argumenta también que mientras los estadunidenses mantengan el nivel de ingreso que les permita adquirir drogas, las decisiones de los usuarios estarán por encima de las políticas gubernamentales, pues son ellos quienes mandan en el mercado, a pesar de que la compra y el consumo de drogas sean ilícitos. Durante años el discurso estadunidense se centró en culpar a los actores externos, esto es, los países productores y los de tránsito, entre los que se encuentra México. La realidad indica que a pesar de los esfuerzos realizados, esto no ha evitado que a partir del negocio de las drogas ilícitas se haya generado la red de crimen organizado más importante en la historia del continente, en la que México desempeña un papel crucial. Está claro que mientras la estrategia estadunidense ha sido poco eficaz para evitar el ingreso y el consumo de drogas en su territorio, México, por su geografía, estaba destinado a convertirse en el lugar ideal para la expansión del negocio de las drogas y del crimen organizado, que incluye otros de-

litos, como tráfico de armas, lavado de dinero, asociación delictuosa y, con ello, una industria de la violencia que ha derivado en la multiplicación de delitos del fuero común, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos a mano armada. Dos factores han contribuido a esta evolución. El primero, que las instituciones mexicanas de aplicación de la ley y persecución del delito no estaban preparadas para enfrentar el fenómeno en la magnitud con la que entró al nuevo siglo. El segundo, el “vacío de poder”, consecuencia de la transición democrática, lo que provocó la desarticulación de los sistemas de control del antiguo régimen sin haberlos sustituido por otros. Un problema de esos sistemas de control que ha permanecido es la corrupción, arraigada desde hace tiempo en las instituciones y en la sociedad mexicanas. Lo que es claro es que ni la estrategia estadunidense ni la mexicana, juntas ni separadas, han podido evitar la expansión del crimen organizado vinculado con el negocio de las drogas, que ahora se extiende prácticamente a todo el continente. También es claro que el gobierno de Estados Unidos no ha encontrado la solución o no ha querido encontrarla. Esto significa, para todos los efectos prácticos, que México ha debido trabajar en su propia solución. Este hecho es significativo pues implica, a diferencia del pasado, que la estrategia de seguridad frente a amenazas externas ya no se puede resolver acogiéndose a la sombrilla de Estados Unidos, como pasó durante la Guerra Fría. Ahora la amenaza es multinacional e interna. Está en México, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países del

continente. No hay solución regional liderada por Estados Unidos ni por ningún otro actor para acabar con este mal, ni existe un esquema multinacional sólido y eficiente para hacerle frente. Hasta ahora las redes criminales han sido más exitosas y han logrado avanzar más en sus objetivos que los gobiernos. En este contexto el crimen organizado es una amenaza que ha puesto de manifiesto las fortalezas y las debilidades del Estado mexicano, de sus instituciones y de sus limitaciones para contar con un andamiaje institucional adecuado para instrumentar una solución de la que los mexicanos estén convencidos y a la que estén dispuestos a apoyar. Desde 1988 el gobierno de la república había etiquetado el narcotráfico como la amenaza más seria a la seguridad nacional. Para el año 2000 era evidente que el fenómeno había trascendido el ámbito de la seguridad pública para ubicarse en el ámbito de la nacional. Las fuerzas armadas, diseñadas para defender el territorio nacional de los enemigos externos, ahora debían hacerlo de los enemigos en el interior, ante la incapacidad de las policías para enfrentar el problema. México entró así a un periodo de confusión estratégica en el que las amenazas a la seguridad nacional ya no estaban fuera, sino dentro, o en ambos lados. Estados Unidos podía verse como un aliado en la lucha o como el causante de todo el problema, al no controlar el ingreso y consumo de drogas en su territorio. Centroamérica se convierte en lugar de paso y termina por culpar a México de sus problemas de seguridad que, en su perspectiva, se originan en la presencia de bandas mexicanas de narcotraficantes.

*Luis Herrera-Lasso es director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Jorge Tello Peón fue director del Cisen, comisionado para el combate a las drogas de la PGR, subsecretario de Seguridad Pública y asesor de Felipe Calderón en materia de seguridad. Los párrafos del texto anterior fueron tomados del ensayo Pasado y presente de las amenazas externas a la seguridad nacional de México, del libro Los retos internacionales de México, urgencia de una mirada nueva, publicado por la editorial siglo XXI.

En ese contexto, afirman, las relaciones políticas con el vecino del norte “no están orientadas por un proyecto integral, sino por la inercia de los problemas de seguridad en México. Éstos son el eje en torno al cual ha girado la política del presidente Calderón y en torno al cual se está construyendo una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos”. Las expertas exponen que las condiciones internas en Estados Unidos también dificultan la buena relación bilateral: un ambiente político polarizado en el que persiste la oposición del Partido Republicano a las iniciativas de Obama, cuyo capital político parece agotado para impulsar iniciativas en el Congreso que beneficien a los mexicanos, como la reforma migratoria o la renovación de la prohibición para la venta de armas de asalto. “En resumen –apuntan las autoras–, las condiciones internas son difíciles tanto en México como en Estados Unidos para una mejor relación política entre los dos países. Sin embargo, es urgente que la parte más débil (México) tome conciencia de los ries-

gos que se corren si no se altera la inercia que hoy domina dichas relaciones”. Y enumeran dichos riesgos: El primero: “Un incremento de los sentimientos antimexicanos que hoy recorren diversos sectores de la sociedad estadunidense”, lo que podría provocar que la vida de los millones de compatriotas que residen en Estados Unidos “sea cada día más difícil” y que en México se afinque “un resentimiento permanente” contra Estados Unidos. El segundo: “La influencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden en México. Establecida esta influencia, será difícil acotarla o moldearla de acuerdo con las directivas” del nuevo gobierno que surja de las elecciones de 2012.

El tercero: “El incremento de la preocupación en Estados Unidos por las condiciones de seguridad en México, tanto por lo poco convincente de los logros alcanzados como por la incertidumbre respecto al cambio político que vendrá con las elecciones presidenciales de 2012. Dada la polarización que reina en aquel país, las decisiones sobre cómo estimular la estabilidad política en México pueden ser muy erráticas y crear precedentes que susciten numerosas tensiones entre los dos países”. El cuarto: “Quedar fuera de los proyectos de recuperación económica que Estados Unidos esta poniendo en marcha (…) Para México es fundamental identificar las acciones conjuntas que pueden favorecer a ambos países y hacer de tales políticas el leitmotiv de su diálogo con los dirigentes estadunidenses. El crecimiento

económico de México es condición indispensable para la seguridad y estabilidad a largo plazo de América del Norte. El quinto: “Perder el momento para definir cuál es el papel que México desea ocupar en la recomposición de las relaciones de poder internacionales” pues el mundo “verá nuevas alianzas y entendimientos entre las potencias emergentes y entre éstas y los poderes hegemónicos. Es difícil para México imaginar su papel sin tener un claro entendimiento de los límites y alcances de su relación con Estados Unidos”. Las expertas proponen que el presidente que surja de las elecciones de 2012 dé un “verdadero golpe de timón” en la política hacia Estados Unidos. “No se trata –advierten– que la relación con ese país sea coto exclusivo del jefe del Ejecutivo. Por el contrario, es una relación en la que urge una presencia de los empresarios, el Congreso, los académicos, las ONG, los medios de comunicación. Sin embargo, la fuerza del impulso para dar un nuevo cauce exige que éste provenga del más alto nivel político”.

A esto se añade el problema de la corrupción en las instituciones. Ahora el enemigo está dentro. Son los mexicanos que conforman los cárteles con extensas redes delictivas por todo el país y los mexicanos que se hacen cómplices, frente a instituciones que no cuentan con la experiencia y fuerza necesaria y que además están vulneradas por la corrupción. El problema ha adquirido dimensiones sin precedente. La realidad de los últimos años induce a pensar que México se ha metido en varios callejones, aparentemente sin salida. El primero es el del crimen organizado, la corrupción, el debilitamiento de sus instituciones y la pérdida de legitimidad gubernamental. Es claro que México no contaba ni cuenta con los esquemas de respuesta suficientes para hacer frente a estas amenazas. Mientras tanto, sus instituciones y su sociedad se debilitan. La amenaza se originó en el exterior pero el problema se volvió interno. México ha reorientado el quehacer de sus fuerzas armadas y de sus fuerzas policiales a pelear una guerra para la cual no estaban entrenados ni preparados. O


ANÁLISIS NARANJO

JAVIER SICILIA

Beato Ernesto

Las grietas del Estado

V

ivimos un profundo parteaguas civilizatorio, comparable, para hablar de los referentes occidentales, a lo que fue la caída del Imperio Romano. Las instituciones –el Estado hobbesiano y la economía moderna–, esas construcciones históricas que desde hace algunos siglos administraban a los seres humanos, entraron en crisis a nivel mundial y tendrán que morir, como algún día murieron el Imperio Romano, el mundo feudal y, para hablar de nuestra época, otras formas del Estado hobbesiano –el fascista, el soviético y el militarista. Podríamos quizá, para no ser tan radicales, hablar no de muerte, sino de transformación; hablar, como lo define Tomás Calvillo, de un Estado en mutación. Sin embargo, se encuentre en una fase terminal o en una fase mutante, lo cierto es que el Estado y las instituciones económicas, tal y como salieron de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, se desmoronan y, al igual que sucedió con las fracturas del Imperio Romano que terminaron con su caída, de sus grietas comienzan a emerger diversos movimientos que delinean lo nuevo. Desde los zapatistas –el más profundo de todos– hasta el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), pasando por la llamada Primavera Árabe, los Indignados y los Ocupas, los movimientos sociales hablan de la necesidad de una transformación, de la necesidad de crear un mundo nuevo y distinto,

lleno de diversidades o, para decirlo con esa hermosa frase acuñada por el zapatismo, de “un mundo donde quepan muchos mundos, todos los mundos”. Por desgracia, al igual que sucedió con el Imperio Romano, el Estado hobbesiano y la economía moderna se resisten. En México, esa resistencia ha llegado a grados absurdos: El Estado casi no existe, está completamente fracturado. Junto a sus movimientos sociales, que apuntan hacia lo nuevo y a los cuales se desprecia, lo que hay es un Estado paralelo y delincuencial que lentamente se adueña del país. La economía, por su parte, está devastada. Arropada por ese mismo Estado, la vida económica de la nación sólo beneficia a unos cuantos, entre los que se encuentra el crimen organizado –una forma extrema de la economía moderna–. En medio de ellos, una población sufriente, aterrada, devastada en sus tejidos sociales, instrumentalizada y explotada para beneficio de esos cuantos. Lo terrible es que frente a la necesidad de una transformación hacia lo nuevo, que los movimientos sociales muestran y demandan, la clase política continúe creyendo que se puede seguir administrando ese estado de cosas. Las próximas elecciones son la muestra más clara y contundente de ello. Ajena a la emergencia nacional, despreciativa de las demandas ciudadanas y de las propuestas de los movimientos sociales, a los cuales crimina-

liza –es el caso del zapatismo– o simula atender –es el caso del MPJD–, la clase política, a través de sus partidos y candidatos, se lanza a una contienda electoral. En esas condiciones uno se pregunta: ¿Qué van a administrar? ¿La violencia, la corrupción, la impunidad, el mercado de las drogas? Por más que sus discursos políticos estén llenos de buenas intenciones, la realidad es que ahondarán las grietas de un Estado fracturado y de un modelo económico que –ya sea administrado por capitalistas o por socialistas– destruye la vida y alienta el crimen. La noción de desarrollo y de producción de riquezas en un mundo limitado que se autosustenta es una de las grandes falacias de la economía moderna, cuyas evidencias son el despojo, la miseria y la destrucción del planeta. Lo único que podrían hacer, si realmente entendieran el parteaguas civilizatorio en el que nos encontramos, si realmente entendieran la emergencia nacional por la que atravesamos, si realmente atendieran lo nuevo que emerge de los movimientos sociales –en particular de lo que el zapatismo no ha dejado de decir–, es generar un gobierno de unidad nacional, con una agenda común que pacifique al país mediante la justicia y no con la militarización y la violencia, y que reformule el concepto de Estado a partir de lo que los movimientos sociales muestran. Esto permitiría no sólo replantear el orden constitucional, sino, a partir de él,

abrir el país a diversas formas de la democracia y de la economía que pongan un límite al poder unívoco del Estado y a una economía basada en lo que Pascal Bruckner ha llamado “la seducción de lo efímero”, es decir, a una economía dirigida hacia la producción y el consumo infinitos –una economía que de una manera distributiva está también en el pensamiento de la izquierda perredista y su noción de desarrollo–. Sólo así la clase política podría tomar el camino del cambio civilizatorio y dejar surgir lenta y pacíficamente lo nuevo. Lo otro, la obstinación en creer que los partidos continúan siendo una solución, que en ellos hay hombres y mujeres providenciales, y que se puede seguir administrando un Estado casi inexistente y una economía inoperante y destructiva que fomenta la corrupción, la impunidad, la violencia y el crimen, es ahondar las grietas del desmoronamiento del Estado y de la economía, y hacer que su irremediable caída sea más atroz, más destructiva, más espantosa, más criminal y violenta. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón. O


ANÁLISIS JESÚS CANTÚ

JOHN M. ACKERMAN

La preocupación de Morelia

Michoacán: elección en riesgo L

a resolución que emitió la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, mediante la cual anula la elección de presidente municipal de Morelia, siembra dudas fundadas sobre la posibilidad de que la elección de gobernador de Michoacán corra la misma suerte, pese a que la autoridad que juzgará será distinta y las condiciones, diferentes. La sentencia formulada por el magistrado Santiago Nieto Castillo establece precedentes que los diversos actores políticos tomarán en cuenta al momento de interponer sus recursos ante la Sala Superior del mismo Tribunal, entre ellos destaca el criterio de interpretación de los alcances de la disposición establecida en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 99 de la Constitución: “Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente establezcan las leyes”. Al respecto la resolución establece: “… puede acontecer que las inconsistencias o irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral federal o local, constituyan la conculcación directa a una disposición Constitucional…” Y apunta que en estos casos: “…es válido concluir que los actos o resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de la Constitución política e impacten en los procesos comiciales, constituyen causa de invalidez de éstos, porque al vulnerar esas disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello conduce a que, mediante la declaración correspondiente, se determine su ineficacia.” Así aunque no está previsto expresamente ni en la Constitución de Michoacán ni en su legislación electoral que la contratación directa de espacio en radio y/o televisión o la difusión de propaganda política en los periodos de veda es causal de nulidad de la elección, dado que viola disposiciones y principios fundamentales establecidos expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “…basta con justificar fehacientemente que se han contravenido dichas normas de manera generalizada y grave, y que ello es determinante

en la elección, para declarar su invalidez.” Será imposible conocer, al menos en este caso, si los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal comparten dicho criterio, pues la resolución de la sala regional no fue impugnada por el actor político afectado y, por lo tanto, en este caso la sentencia está firme. En cuestiones más precisas hay dos precedentes que también abren interrogantes respecto a la elección de gobernador, pues los dos actos que se consideran violatorios de las normas constitucionales también afectan directamente la elección a nivel estatal. Todavía más, el evento que se transmitió por televisión de paga (cable) fue el cierre de campaña del candidato a gobernador y la participación del candidato a alcalde de Morelia fue marginal. Esta violación específica llevó a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su sesión del 21 de diciembre de 2011, impusiera multas al candidato priista a la gubernatura de Michoacán, a los partidos políticos que lo postularon (PRI y PVEM) y a la empresa Medio Entertainment SA de CV, por la transmisión de un evento político-electoral fuera de los tiempos oficiales a los que los partidos políticos tienen derecho conforme a la Constitución. Es difícil que la Sala Superior se separe de los argumentos que utilizó la regional para establecer la gravedad de la falta, pues señala que al cometer las violaciones el actor “…confronta de manera directa a la norma fundamental, así como a los principios de equidad, certeza y legalidad, que al ser rectores del proceso electoral ponen en evidencia una falta de entidad grande que resulta contraria al interés público en un ánimo de obtener una ventaja indebida, respecto de los demás contendientes en el proceso electoral local”. Argumenta que la afectación de las infracciones es mayor por el momento en que se realizaron, ya que dada la inmediatez de la jornada electoral impidieron que los afectados tomaran medidas “…que disminuyeran en su caso las consecuencias adversas o inmediatas del actuar ilícito…” Todavía refuerza que las conductas son sistemáticas, pues no se producen de manera

aislada “…sino que se advierte una preparación y clara dirección a utilizar los medios de comunicación masivos, en el caso televisión, para posicionarse frente a los demás contendientes de manera irregular”. Sin embargo, aunque la Sala Superior del Tribunal comparta los criterios de la sala regional antes referidos, puede optar por no anular la elección de gobernador con el argumento de que dichas violaciones no son determinantes para el resultado electoral. En este punto es quizá donde prevalece más arbitrariedad y discrecionalidad de las autoridades jurisdiccionales. La sala regional concluyó que las violaciones sí eran determinantes en virtud de que “…en el caso bastaba con que dos punto cinco ciudadanos por casilla hubieren variado el sentido de su voto, con motivo de la vulneración a la libertad de su sufragio, para revertir los resultados en la elección, en ese tenor, es dable tener por acreditada la determinancia de las violaciones ya precisadas, toda vez que, como ya se apuntó, el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a un punto porcentual, por lo que al haberse desplegado las conductas en mención, a través de medios de comunicación masivos que se encuentran al alcance de la ciudadanía, es evidente que cualquier variación por mínima que se presente en el electorado pudo ser determinante para revertir los resultados”. Y en este punto hay disparidades respecto a la elección de gobernador, dado que la diferencia es de más de 40 mil votos y más de 2.5 puntos porcentuales con lo cual, de acuerdo con la argumentación de la sala regional, se tenía que cambiar el sentido del voto de casi siete ciudadanos por cada una de las casi 6 mil 247 casillas instaladas en la entidad. Aunque es muy difícil precisar el límite que vuelve determinante o no una acción, el margen de diferencia casi tres veces mayor que el de la elección municipal le abre una puerta a la Sala Superior para negarse a anular dicha elección. Sin importar el sentido final de la resolución de la Sala Superior, el que dicha instancia compartiera los otros criterios sustentados por la sala regional sería un precedente importante y trascedente. O

L

a renovación tanto del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de las elecciones de 2006 representó una oportunidad de oro para revertir el legado de impunidad y simulación de los comicios de aquel año. Lamentablemente, la mayor parte de las decisiones clave tomadas por los nuevos integrantes de ambas instancias ha reforzado la idea de que todo se vale en materia electoral. Hoy nos encontramos inmersos en una verdadera “ley de la selva” en donde la violación de la equidad, la certeza y la legalidad de los procesos democráticos es más la norma que la excepción. El escenario está puesto para que en 2012 ocurra otra implosión similar, o quizás aún más grave, que la de hace seis años. En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elecciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalidades electorales este año. Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nulidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electoral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los partidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los grandes retrocesos contenidos en la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión,

en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias. Tales esfuerzos por blindar la “partidocracia” contra la intervención de los magistrados electorales deben tener límites. Si bien tiene sentido que los juzgadores no fabriquen de la nada nuevas causales “concretas” con tal de declarar inválida una elección, los magistrados nunca pueden abdicar de su responsabilidad de defender y hacer valer la Constitución. Específicamente, los principios de equidad, legalidad y certeza en materia electoral plasmados en el artículo 41 de la Carta Magna son simplemente irrenunciables. Como bien señala Nieto en la sentencia, que también fue apoyada por el magistrado Carlos Morales Paulín, sería absurdo afirmar que un juez constitucional solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita. Esto es sobre todo el caso en el que las propias violaciones no son de alguna ley o reglamento secundario, sino de la Constitución misma. Fue evidente para todos que durante los días previos a la elección el PRI violó flagrantemente la prohibición absoluta y expresa del artículo 41 constitucional respecto a la “adquisición” de espacios en radio y televisión por los partidos políticos. El cierre de campaña de su candidato a gobernador, Fausto Vallejo, fue transmitido íntegramente por la televisión, incluyendo una intervención de cinco minutos de parte del candidato para la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro. Asimismo, la noche anterior a los comicios el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su calzoncillo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao, que fue difundida ampliamente en toda la República. Estas irregularidades sin duda ponen en cuestión la certeza de una victoria que fue de menos de 2 mil sufragios, o 1% de la votación total. Si el TEPJF hubiera dejado pasar sin más esta abierta burla a la institucionalidad democrática, se habría colocado una

alfombra roja para el abuso más descarado tanto de la televisión como de la industria del deporte para fines electorales durante 2012. Ya de por sí existen bastantes precedentes sumamente peligrosos en la materia, incluyendo el aval a la “entrevista” de Demetrio Sodi en medio del juego PumasPuebla, la falta de sanciones para el PVEM tanto por sus “informes” en el periodo de intercampañas como por su propaganda en telenovelas de Televisa, y las declaraciones de validez de elecciones sumamente cuestionables y competidas, como las de Acapulco, Veracruz y Durango. Enrique Peña Nieto tiene razón al ponerse nervioso por la sentencia de Morelia: “Preocupa que (desde el mismo estado de Michoacán) se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden, (…) como el que viviremos a nivel nacional”. Pero en este caso las preocupaciones de los políticos no son más que satisfacciones para los ciudadanos. Ya basta de políticos soberbios que, seguros de su impunidad y de la pasividad de los órganos de justicia, atropellan sin remordimiento las leyes y la cultura del país. Precisamente lo que la nación requiere son políticos auténticamente “preocupados”, tanto por el bienestar general como por su propio futuro personal y profesional. Solamente así podemos tomar pasos definitivos para combatir la impunidad que tanto corroe nuestro sistema democrático. A finales del siglo XIX, José María Iglesias, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso su vanguardista tesis de la “incompetencia de origen” para combatir a aquellos políticos que, entonces como hoy, buscaban “convertir en farsa” las elecciones. Hoy, una nueva generación de juristas jóvenes recupera este legado de valentía y, con sentencias como la de Morelia, empujan a las instituciones electorales a despertar de su prolongado letargo para finalmente defender con firmeza la vigencia de los principios democráticos. O www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman


ANÁLISIS OLGA PELLICER

Cambiar la imagen de México N

o es mucho lo que puede cambiar en las líneas de la política exterior en el 2012. Los tiempos son cortos y Felipe Calderón ha entrado al periodo que se conoce como de “pato cojo”. No se van a remediar, entonces, los grandes problemas existentes en las relaciones internacionales de México, de los que ya hemos hablado en estas páginas: situaciones conflictivas con los vecinos al norte y al sur, descuido de las relaciones con Asia, falta de definición de socios estratégicos en América Latina, entre otros. Lo anterior no significa que este año carecerá de importancia para dichas relaciones; por el contrario, 2012 será un año que por diversos motivos dejará huella en las mismas. El primer motivo es que será un año de profundización, o mejoría, de los graves problemas económicos que afectan principalmente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Pocos países son tan sensibles a los altibajos de la economía internacional –sobre todo de la de Estados Unidos– como México. Si allá cae la producción industrial, aquí también se va hacia abajo; si allá disminuye la demanda de importaciones, nuestras exportaciones se desploman; si allá se tambalea la confianza de inversionistas y consumidores, en México se resiente. El año que inicia será recordado como uno en que se afianzó la recuperación económica en Estados Unidos, o como aquel en que se confirmaron los peores vaticinios sobre la vuelta a una recesión. De ocurrir lo primero, ello podría asegurar un buen desempeño de la economía mexicana y podría contribuir a la reelección de Obama. Si ocurre lo segundo, la economía mexicana tendrá un crecimiento muy lento y, muy probablemente, llegará otro inquilino a la Casa Blanca con el que habrá que aprender a dialogar. El segundo motivo por el que se recordará el 2012 será la celebración de los eventos que ya estaban programados. En ese sentido, la reunión del G-20 es el acontecimiento del año. No es mucho lo que México puede influir en lo tocante a la estabilización financiera mundial; no somos jugadores de primera línea. Sin embargo, hay buenas

experiencias y prestigio internacional en figuras como el director del Banco de México, Carstens, cuyas propuestas pueden tener peso en las discusiones previas a la reunión. Ahora bien, el papel más importante que puede cumplir será desempeñarse como un buen gestor que logre encaminar la reunión hacia un documento final sustantivo, mejor del que se obtuvo en Cannes. Para esa tarea, destinada a promover consensos y producir documentos que satisfagan a todos, los diplomáticos mexicanos son muy buenos. Obtener un éxito similar al logrado en la Cop 16 es lo mejor que puede esperarse de la reunión que se avecina. El tercer motivo y el más importante para recordar el 2012 será lo que ocurra en las elecciones, tanto durante las campañas como durante la transición entre los resultados del mes de julio y la toma de posesión. Durante las campañas, los candidatos deberán definir sus posiciones sobre la política exterior y el manejo de los factores externos para orientar la vida del país. Hasta ahora, no ha sido un factor muy atendido en la política mexicana y es posible que no se aborde ni seria ni profesionalmente. Sería un grave error que así fuera. No se puede ignorar que el futuro del país, sus

posibilidades de crecimiento, el avance hacia el desarrollo sustentable, la estabilidad política interna, el combate más eficiente al crimen organizado, entre otros puntos, están íntimamente vinculados a la conducción de las relaciones exteriores. Más que en otras épocas, el futuro del país no se puede concebir sin mejorar su ubicación en el contexto internacional. Al llegar la transición, habrá dos aspectos a tomar en cuenta: las personalidades que adquieran mayor responsabilidad para las relaciones con el exterior y la agenda que se vaya a manejar. Es mucho lo que se puede reflexionar sobre la agenda, pero hay un reto que salta a la vista por encima de otros: mejorar la imagen del país en el exterior. Actualmente, México es percibido, esencialmente, a través de los horrores que cometen las bandas delictivas. A pesar de la captura de varios capos, no hay historias de éxito en la lucha contra el crimen organizado en México. El número de muertes y la persistencia y generalización de la violencia son los datos más contundentes. Quienquiera que gane la contienda electoral deberá dar señales de la voluntad de cambiar el rumbo de la política en materia de seguridad. Esto, y los resultados que se obtengan, serán el camino insoslayable para empezar a recomponer la imagen de México en el exterior. Cierto que hay otras tareas. Por ejemplo, una política de comunicación que transmita nuevos mensajes, más positivos y mejor logrados que las conferencias de prensa improvisadas y un tanto pueblerinas con las que Felipe Calderón ha querido convencer a los medios de comunicación internacionales. Tener profesionales en el terreno de las comunicaciones es un reto que deberán abordar los políticos mexicanos; no haberlos tenido es una de las fallas sobresalientes del gobierno actual. El 2012 es esperado como el año en que habrá señales de cambio. Desde luego, ellas se referirán a diversos aspectos de la vida nacional; las que pueden contribuir a mejorar la imagen de México en el exterior se encuentran entre las que tienen un carácter prioritario. O

Proceso 1837 El Nuevo Megafraude del Caribe-Mitos y Falacias de la Guerra de Calderón  

Proceso 1837 El Nuevo Megafraude del Caribe-Mitos y Falacias de la Guerra de Calderón