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N A R C OTR Á F IC O El gobernador Mario López Valdez decía que en materia de seguridad él podía solo... El hallazgo de 16 cuerpos calcinados el miércoles 23 en Sinaloa lo obligó a retractarse: tuvo que enviar al grupo estatal de élite adonde no quería, Culiacán, y dejar que las fuerzas federales le invadieran el territorio, pues hay indicios de que la masacre sólo es el principio de una batalla mayor. La información acerca del “calentamiento” de esa entidad a raíz de la presunta incursión de grupos de zetas es publicada en la edición de este domingo 27 de Ríodoce. Proceso la reproduce con autorización del semanario sinaloense.

La

Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.

Reuters / Fidel Durán

ofensiva “zeta”

ALEJANDRO SICAIROS /RÍODOCE

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ULIACÁN, SIN.- Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23, y hubo de llegarle información al gobierno de Sinaloa de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado –antes fortaleza del cártel de Sinaloa–, para que el gobernador, Mario López Valdez, decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite. Este municipio, gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la poli-

Sacuden la fortaleza de “El Chapo”


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N A R C OT R Á F I C O na Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, el casco urbano de la capital no fue cubierto. El jueves 24, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre éstos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa… Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.

Sinaloa en alerta Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres –12 en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos– para que el

mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán. En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán. El gabinete de seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos. En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles 23 patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan

Eduardo Miranda

cía estatal especial creada para combatir al crimen organizado. Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con la información que tiene el gobierno estatal, se trata del grupo Los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operaran parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado. Algunas células de Los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de palacio de gobierno. La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex. Aunque no especifica cuántos son ni en qué zonas de Culiacán operan, la Nove-

Se veía venir...

MARTÍN DURÁN /RÍODOCE

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ULIACÁN, SIN.- Empezaba el gobierno de Malova a presumir la detención de otro miembro clave en la estructura de Los Mazatlecos, clan de los Beltrán Leyva en alianza con Los Zetas vinculados con la compra de protección policial que llevó a la procuraduría estatal a arraigar a 32 agentes municipales de Ahome, cuando los ríos de sangre se dejaron venir a Culiacán, Mocorito y Guamúchil, en un franco reto de parte de las organizaciones criminales contra el estado y sus rivales históricos: el cártel de Sinaloa. La jornada del miércoles 23 fue funesta en la zona centro del estado: en total fueron contabilizados 25 muertos, 16 de los cuales fueron calcinados en dos camionetas abandonadas en calles poco transitadas y alejadas de cámaras de vigilancia policial. La primera unidad incendiada fue en la calle Culiacancito de la colonia Antonio Rosales, a una cuadra del Hospital General, y

Malova. Se acabó el blindaje

la segunda, sobre el bulevar Isidro Salas Barrón, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a espaldas de Wal-Mart. De acuerdo con fuentes militares, los cuerpos encontrados en la camioneta Nissan tipo estaquitas, localizada en el sector Rosales, tenían huellas de tortura y a algunos de los hombres asesinados les aplicaron el método del torniquete. Cuando esto sucede, detalla la fuente, es que los ejecutores buscan información de parte de las víctimas; información que podría desencadenar más ejecuciones al descubrirse delaciones, complicidades y traiciones al interior de las organizaciones criminales.

La Procuraduría General de Justicia del estado informó el viernes 25 que 12 de los cuerpos calcinados fueron identificados y entregados a sus deudos, originarios de Angostura, faltando por reconocer cuatro cuerpos más. La PGJE confirmó que tres víctimas eran de Sonora: una de Nogales y padre e hijo de Caborca. Otro de los identificados era de Juan José Ríos, de Guasave. De las otras víctimas acribilladas en el poblado de Calomato, en Mocorito, también se informó que se trataba de cuatro vecinos de Navolato. Por último, los dos hombres y la mujer cuyos cuerpos fueron arrojados en las inmediaciones del poblado La Escalera, en

puntos de control en lugares estratégicos. En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche. Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas. La sacudida violenta de ese día puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al gobierno porque el martes 22, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable. Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien im-

Angostura, fueron identificados como un matrimonio y un hermano de la fémina, oriundos de Sinaloa de Leyva. Habían sido levantados en dos hechos, el primero ocurrido el viernes 18 en la noche, en una carreta de hot dogs, y la pareja, el martes 22 cerca de su domicilio. “Es la lucha por la plaza”, declaró Mario López Valdez horas después del hallazgo esa mañana en la capital. “Es lo que está pasando, un enfrentamiento entre grupos con mensajes que se mandan de que nadie es suficientemente fuerte o blindado para no sufrir penetraciones, y esos son los desplazamientos que luchan por las plazas”. “Todo mundo lo sabe”, dijo Malova. Se refería a que la capital sinaloense y sus alrededores son el principal baluarte del cártel de Sinaloa comandado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La plaza anteriormente “blindada” por los equipos de seguridad de sicarios fue vulnerada, prácticamente “incendiada” por los grupos contrarios.

La plaza es de quien la trabaja Desde marzo pasado, el grupo criminal que encabeza Fausto Isidro Meza Flores,

portante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”. Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra: “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”. En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de or-

ganismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror. En el mismo ambiente de miedo, el jueves 24 se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar


Gilberto Meza / “Primera Hora”

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N A R C OT R Á F I C O

El Chapo Isidro, junto con sus socios, el clan de Los Mazatlecos y las células de Los Zetas del puerto de Mazatlán, comenzaron el reto frontal contra el gobierno de Malova y sus cuerpos de seguridad. La reacción de este grupo vinculado con los hermanos Beltrán Leyva fue desde distintos flancos: 1) emboscadas sangrientas contra policías de los grupos especiales de la Policía Ministerial y Estatal Preventiva, que arrojaron más de una veintena de agentes muertos entre marzo y julio de 2011 en los municipios de Guasave, Ahome y Mazatlán. 2) El inicio de una campaña mediática a través de narcomantas a lo largo y ancho del estado, acusando al gobierno del estado de proteger a El Chapo y a su gente, así como de supuestas reuniones del gobernador con el capo. 3) El asedio cuasi terrorista al palacio de gobierno cuando apareció una cabeza y manos cercenadas de un narcodistribuidor de la contra en El Fuerte, además del “bombazo” a una plaza comercial frente a dicho recinto gubernamental. En medio de este asedio a las fuerzas gubernamentales, el grupo criminal también usó internet al subir a un blog el video del interrogatorio forzado a un policía ministerial secuestrado, en un set armado en cuyo fon-

do se observaba una manta de la campaña política de Malova. Todo esto ocurrió tras la detención del primer jefe de Los Mazatlecos, Geovany Lizárraga Ontiveros, quien en declaraciones ministeriales a las que tuvo acceso Ríodoce en julio pasado (edición 440), dejó asentado que “la guerra y tiroteos que se libra en la entidad es entre Héctor Beltrán Leyva, El H, y el cártel de Sinaloa, encabezado por El Chapo y El Mayo, quienes mantienen el asedio a las plazas del norte de la entidad, parcialmente el centro y el sur del estado”. Según los informes de la Policía Ministerial, después de que La Limpia Mazatleca abriera plaza en el norte de Sinaloa a finales de 2009 y parte de 2010, esporádicamente los comandos del cártel de Sinaloa intentaron penetrar en esa zona. En El Burrión, Guasave, se dio un fuerte tiroteo con el convoy de las “equis”, que aparentemente fijó una frontera entre los cárteles locales. Pero este 2011, a partir de abril pasado, el grupo de El Chapo Isidro ha tenido al menos cuatro enfrentamientos con el que comanda el jefe de sicarios de El Chapo Guzmán que opera en Guamúchil y la región del Évora, el exreo Orso Iván Gastélum, El Cholo. Los informes de la Policía Ministerial

señalan que estos choques han ocurrido cuando los de Guasave entran a Guamúchil. En algunos de estos ingresos rafaguearon la comandancia de la Policía Municipal, contigua al edificio de palacio donde despacha el alcalde Gonzalo Camacho, y sobre las calles dejaron regados varios cuerpos. Los últimos dos enfrentamientos registrados ocurrieron el 27 de octubre y el domingo 6 de noviembre sobre las carreteras estatales de la región. En el primero tres civiles que venían con la familia de Tijuana a Culiacán murieron en el fuego cruzado. De acuerdo con datos de las corporaciones, dos grupos rivales comenzaron la balacera en las últimas colonias de Guamúchil, rumbo a la salida a Guasave, envolviéndose en una persecución que terminó en el poblado de Tamazula Segundo, donde también fallecieron tres sicarios. En el segundo hecho aparentemente no hubo bajas en el enfrentamiento que concluyó en El Burrión, pero a las horas fue arrojado un hombre con un balazo en la cabeza a la puerta del Seguro Social de Guasave. Resultó ser El Güero McGyver, lugarteniente de El Chapo Isidro. Esa misma madrugada, la familia Caro Haro originaria de Caborca, Sonora, padre,

madre y dos hijos, desapareció en el fuego cruzado, luego de pasar por la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en Guasave (Ríodoce 460). Dos semanas después aparecieron los cuerpos de los cuatro miembros de la familia, en avanzado estado de putrefacción, en los límites de Sonora y Sinaloa. El vehículo en el que viajaban no fue localizado.

ron a Francisco El Pancho Arce, del grupo de sicarios Los Ántrax, en el deportivo de la colonia Emiliano Zapata. A ese crimen le siguió la matanza de ocho personas en las canchas de la colonia Pemex, el viernes 4. La información de estos hechos fue difusa. El clima violento se crispó en la capital una semana después, la noche del viernes 11, cuando reportes de balaceras cimbraron la ciudad y las redes sociales se convirtieron en la mejor defensa de la población civil, al advertir de las zonas de tiroteo. En la colonia Felipe Ángeles, un comando cercó y ejecutó a cinco hombres y minutos después por el bulevar Emiliano Zapata comenzó una persecución entre grupos rivales que concluyó cerca del Aeropuerto Internacional, a la altura del fraccionamiento Santa Rocío, sobre la carretera Culiacán-Navolato. Los saldos fueron de tres vehículos destrozados a balazos, una persona herida y granadas, armas y municiones aseguradas. Versiones extraoficiales no confirmadas por la procuraduría indican que un comando de los Carrillo Fuentes ingresó a la ciudad y protagonizó tales hechos en su retirada al municipio de Navolato. Las alertas del gobierno sobre este gru-

Culiacán. Jornada funesta

a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.

Capital vulnerada

Penetran el cerco Fue Malova quien apuntaló las primeras hipótesis del hallazgo de los 16 calcinados en la capital: “Son mensajes de que nadie es suficientemente fuerte o blindado para no sufrir penetraciones”. Aunque la procuraduría no destacó ningún móvil de la masacre “todo mundo” advirtió que se trataba de una afrenta a las autoridades, primero al privar de la libertad a nueve personas, incluidos el comandante de Palmitas, Angostura, y dos agentes que en ese momento estaban en servicio, y luego en depositarlos en sendos vehículos que con toda calma fueron incinerados. Ya la ciudad se había convertido en un polvorín, desde que el 31 de octubre ejecuta-

mento, encuentran muertos acá, se arrancan para allá…”, remató Córdova. Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante 10 meses no ameritó la atención del gobierno. El gobierno de Mario López Valdez ya no pudo solo. O Juan Carlos Cruz / Procesofoto

Pese a ser la ciudad que tiene mayor índice delictivo en Sinaloa –aquí se ha cometido 40% de los mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del 1 de enero al 24 de noviembre de 2011–, la presencia de agentes estatales y federa-

rebasados por la delincuencia –respondió. En el seno de la LX Legislatura local también el gobierno del estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos? ¿En realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”. Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la federación actúe… en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo de decir, sabes qué, vamos esperando a que llegue la federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea, la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están

hartos, como lo estamos todos, yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y gobierno. “Aquí hay de dos sopas: seguir lamentándonos, diciendo estamos superados y es problema de la federación, o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la federación no lo va hacer, la federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del mo-

les reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, la Policía Federal y el Ejército. De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacado desde su creación, el robo de vehículo bajó 40% de 2010 a 2011, el homi-

cidio doloso se abatió 21%, el robo a casa habitación se redujo 31% y el robo bancario descendió 83%. En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP resalta que el índice delictivo ha bajado 26%. En cambio en Culiacán, adonde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado 44%, el robo en comercios creció 138% y el robo de vehículos subió 38%. Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema. –Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? –se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce). –Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado, y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos

Los refuerzos federales

po se habían encendido desde que a finales de septiembre mataron en La Palma, Navolato, a Francisco Vicente Castillo Carrillo, sobrino del jefe del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes. En Mazatlán la alerta roja dentro de los grupos especiales cundió desde que a mediados de octubre descubrieron que tres de los cinco muertos en la balacera de Lomas del Mar eran oriundos de Zacatecas y pertenecían al cártel de Los Zetas, afincados en ese estado del centro de la República. Uno de los occisos, identificado como Pedro Alvarado Sandoval, era uno de los 53 reos fugados del penal de Cieneguillas en la primavera de 2009 y reclutados por este grupo criminal tras el escape espectacular del Cereso. Dentro de su historial, según la fiscalía zacatecana, había delitos de secuestro, asociación delictuosa, robo y lesiones. También hubo tres detenidos en los hechos en el puerto. Uno de ellos, Juan Carlos Álvarez Alvarado, El Negro, era de nacionalidad hondureña. En los interrogatorios a los detenidos salió a relucir que Los Zetas están reclutando a centroamericanos para formar células y enviarlas a Mazatlán vía Zacatecas. O


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N A R C OT R Á F I C O

Y el paraíso tapatío 12

se derrumbó 1830 / 27 DE NOVIEMBRE DE 2011

ALBERTO OSORIO M. Y FELIPE COBIÁN R.

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UADALAJARA, JAL.- En menos de 72 horas, y cuando la Policía Federal se retiraba, se acabó el “blindaje” en esta capital luego de que, entre el lunes 21 y el miércoles 23, comandos del cártel Zeta-Milenio hicieron varios levantones. El desenlace se conoció el jueves 24 al amanecer: 26 cadáveres aparecieron en tres camionetas abandonadas en la zona de los Arcos del Milenio. Más grande fue la indignación de los tapatíos cuando se enteraron de que los responsables de la multiejecución obraron sin contratiempo alguno; más aún porque la acción ocurrió en las confluencias más saturadas y vigiladas de la zona metropolitana, a unos 400 metros de Expo Guadalajara, donde dos días después se inauguró la 25 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL). La aparición de los cuerpos puso al desnudo la vulnerabilidad de la metrópoli, aun cuando las autoridades pregonaban que el entorno estaba bien protegido contra ataques de la delincuencia organizada desde mucho antes de la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Peor: ni siquiera la decena de denuncias presentadas entre el lunes 21 y el miércoles 23 por la desaparición forzada de un importante número de jóvenes de distintas colonias de la zona metropolitana motivó a las autoridades para desplegar a los uniformados y diseñar una estrategia que protegiera a los habitantes; tampoco el atentado del viernes 18 contra el director operativo de la Policía Municipal tapatía, Marco Antonio Castañeda, en el que falleció un sicario. Las numerosas ejecuciones previas en Sinaloa y los 26 cuerpos encontrados en esta ciudad parecen estar relacionadas con la guerra entre los sicarios del cártel ZetasMilenio y los del cártel del Pacífico, según se desprende de los mensajes colocados junto a los cadáveres que aparecieron a un costado de los Arcos del Milenio, obra monumental inconclusa de Sebastián. Las autoridades federales, estatales y municipales reaccionaron con retraso. Diez horas después del hallazgo de los 26 cuerpos, la Procuraduría de Justicia de Jalisco ofreció la versión oficial en torno el multiasesinato que no tiene precedentes en la historia de Jalisco. Sólo entonces la dependencia tuvo señales claras e inequívocas de que algo muy grave sucedía en la ciudad tras los levantones del lunes 21 y del miércoles 23. Los gatilleros tuvieron 45 segundos para “sembrar” los tres vehículos con los 26 cadáveres justo cuando miles de per-

sonas atiborran el Mercado de Abastos, situado a dos cuadras del lugar. La operación, perfectamente planificada y sincronizada, se realizó a partir de las 6:11 horas, de acuerdo con el video de una cámara de vigilancia, según informó el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez. A las 16:00 horas del viernes 25, el procurador Tomás Coronado Olmos admitió ante los medios locales que entre el lunes 21 y el miércoles 23 la dependencia recibió 10 denuncias sobre personas desaparecidas en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara. Después se supo que varios de los plagiados estaban entre los ejecutados. Coronado comentó que entre los fallecidos había un panadero, un conductor de transporte de carga, un repartidor de una empresa de agua purificada, un repartidor de pizzas, un pintor, un mecánico, un electricista, dos empleados de comercios, un vendedor de autos y otro de chatarra, este último originario de San Francisco de Ramos, Aguascalientes. También expuso que algunos quizá no tenían nada que ver con el crimen organizado, aunque identificó a seis que sí tenían antecedentes penales por robo de autos e incluso delitos contra la salud.

La identificación de los cuerpos De acuerdo con la procuraduría, en una de las camionetas –una Dodge Caravan azul con número de placa JJC 44427 del estado de Jalisco que había sido reportada como robada–, se recuperaron los cadáveres de Arcos del Milenio. Depósito de cadáveres

Saúl Mendoza Jaso, de 21 años, quien vivía en la colonia El Sáuz y trabajaba como vendedor en una tienda departamental, y Ramón Mora Alonso, quien contaba con orden de aprehensión por robo de vehículos. A la lista se sumaron los hermanos Juan Pablo y Ramón Celis Velasco, residentes de la colonia Miravalle; el primero era chofer. También fue identificado Andrés Jaime Rivera, quien vivía en la colonia Ayuntamiento y se dedicaba a la venta de videojuegos en la colonia Constitución, así como José Martínez Guzmán, de 23 años y de oficio electricista. En la lista se hallan asimismo Luis Sánchez Quesada, a quien los peritos identificaron por sus huellas dactilares; José Guadalupe Amatón Ávila, de 23 años, habitante de la colonia Constitución y pintor de casas, levantado el miércoles 23; José Guadalupe Buenrostro Calzada, de 29 años, trabajador de una tienda de autoservicio y vecino de Tlaquepaque; Juan Carlos Andrade Esquivel, de 40 años, vendedor de hamburguesas y residente de Jardines del Valle, en Zapopan. En otra camioneta –una Dodge Van blanca, con placas MFK 1496 del Estado de México– las autoridades reconocieron a Alejandro Robles Vidal, de 22 años, y a Édgar Ramón Chávez Martínez, ambos residentes de San Juan de Ocotán. También estaba el cuerpo de José Antonio Parga Guareño, de 23 años, de la colonia López Portillo y chofer de camión de carga, quien desapreció el martes 22. La lista sigue: Óscar Octavio Gutiérrez Rodríguez, un panadero de 36 años que había desaparecido el lunes 21; Horacio Rafael del Río

El paraíso jalisciense que el gobernador Emilio González Márquez no se ha cansado de pregonar se le convirtió en infierno el jueves 24 con el hallazgo de 26 ejecutados en plena zona metropolitana de Guadalajara. Su estado a prueba de narcos se desmoronó cuando el mandatario aún se sentía envalentonado por la presencia de miles de efectivos federales que “blindaron” los pasados XVI Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos.


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Rafael del Río

El

Notimex

N A R C OT R Á F I C O

mensaje narco

Guadalajara. 26 cuerpos

Oceguera López, de 31 años, se dedicaba a la venta de autos usados y tenía antecedentes penales por delitos contra la salud. Los dos últimos vivían en Santa Margarita, en Zapopan; Salvador Zuno, acusado de robo calificado, según la ficha de la procuraduría. En el tercer vehículo –una Nissan de caja seca con placas KX 976 777– se localizaron nueve cuerpos. Entre ellos el de Carlos Celis Coronado, de 34 años, plagiado el lunes 21 cuando circulaba en la camioneta en la cual fue abandonado. En el momento del levantón iba con un amigo a vender chatarra. Hasta el cierre de edición aún no habían sido identificados los otros ocho cuerpos. Sólo se sabe que uno de ellos era el del aguascalentense Juan Cázares Guzmán, quien estuvo preso por fraude. El procurador Cornado Olmos declaró el viernes 25 que nueve de las 26 víctimas murieron por contusión de cráneo, 17 por asfixia derivada de una estrangulación indirecta. E insistió en que se investiga la posible conexión de los hechos registrados en Guadalajara con los 25 cuerpos encontrados en Sinaloa (16 de ellos calcinados) el miércoles 23 y con los 35 abandonados el Boca del Río, Veracruz, el 20 septiembre. Según el funcionario, en los videos que analiza la procuraduría se observa cuando menos a tres individuos en el momento en que abandonan las camionetas con los cuerpos. Los medios locales informaron que entre los ejecutados se encontraban tres jóvenes que habían desaparecido de Lomas del Colli, Zapopan, luego de una fies-

Metrópoli vulnerada

ta particular en el extremo surponiente del municipio.

Los reportes En el primer reporte del jueves 24, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que se investigaba la relación del levantamiento de siete personas ocurrido los días previos en la zona metropolitana con los hombres encontrados en Los Arcos del Milenio. En realidad fueron 10 los plagiados. Apenas descubiertos los 26 ejecutados, la noticia dio la vuelta al mundo. La masacre, decían los mensajes de las redes soRafael del Río

«ESTAMOS EN JALISCO Y NO NOS VAMOS, EL PLEITO NO ES CON LA POBLACION CIVIL. ES CON EL CHAPO, MAYO ZAMBADA, QUE ANDAN QUERIENDO PELEAR Y NO DEFIENDEN NI SU TIERRA, IGUAL QUE LOS DE JALISCO CON SU NUEVA GENERACIÓN, ES LO MISMO QUE EL CHAPO Y EL MAYO, QUE SON UNA BOLA DE INFORMANTES DEL GOBIERNO AMERICANO Y NO DE NOSOTROS, LO DICE EL MISMO VICENTE ZAMBADA, EL HIJO DE MARIO ZAMBADA, QUE ELLOS SON INFORMANTES DE LOS GRINGOS PARA TODA LA GENTE QUE TRABAJA CON EL CHAPO Y EL MAYO, Y LOS DE JALISCO, QUE NO CONTROLAN NI SU TIERRA, LES VA PASAR LO MISMO QUE AL FLACO «SALGIERO» Y A TODOS LOS QUE HAN ENTREGADO EL CHAPO Y EL MAYO. Y LOS DE JALISCO, QUÍTENSE LA VENDA DE LOS OJOS, ESE CARTEL DE SINALOA ES PURA HISTORIA, IGUAL QUE EL DE JALISCO, NO CONTROLA NI SU TIERRA. LES TRAEMOS UN COCHINERO Y NO SABEN NI POR DONDE LES ESTA CAYENDO LA VOLADORA, ASÍ EL GOBERNADOR DE JALISCO Y EL DE SINALOA SON ÍNTIMOS AMIGOS DEL MAYO ZAMBADA. X ESO ESTABAN BIEN TRANQUILOS JALISCO Y SINALOA, Y AHORA CON SUS ARREGLOS NO SABEN NI QUE HACER, MIREN AQUÍ LES DEJAMOS ESTOS MUERTITOS, SÍ LOS LEVANTAMOS NOSOTROS PARA QUE MIREN QUE SIN LA AYUDA DE NINGÚN CABRON ESTAMOS METIDOS HASTA LA COCINA, LES ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE SIN EL APOYO DEL EJERCITO MEX. MARINO, P.F.P. Y ALGUNA OTRA AUTORIDAD FEDERAL NI ESTATAL Y ÉSTA ES UNA PRUEBA QUE ESTAMOS HASTA LA COCINA» ATTE: GRUPO «Z», EL CARTEL FUERTE A NIVEL NACIONAL, EL ÚNICO CARTEL NO INFORMANTE DE LOS GRINGOS. ESTE GRUPO EXISTE, LA LEALTAD, HONOR, GRUPO Z, SIEMPRE LEALES.

González Márquez. Quimera perdida

ciales, ocurrió una semana después de la clausura de la IV edición de los Juegos Parapanamericanos, a menos de un mes del término de los controvertidos XVI Juegos Panamericanos y unos días antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro 2011, uno de los magnos eventos al que asisten cientos de extranjeros y este año tiene como invitado de honor a Alemania Al día siguiente, el viernes 25, el procurador Coronado Olmos informó que de 19 de los 26 cuerpos habían sido identificados; también expuso que los familiares de 15 de ellos ya los habían reclamado. Miguel Muñoz, coordinador de eventos especiales de la estación de radio W Guadalajara, comenta a Proceso que fue uno de los primeros que llegaron a la zona donde los sicarios abandonaron las tres camionetas. Dice que tenían las puertas abiertas y las luces encendidas, lo que le permitió observar los cadáveres apilados: “Algunos de los muertitos estaban enterregados y semidesnudos, en trusa o short; otros tenían el torso desnudo, casi ninguno traía zapatos”. Muñoz relata que junto a la Nissan, sobre la banqueta había una narcomanta con un mensaje “al parecer dirigido a las autoridades”. Estaba en una lona cuadrada, “pero los policías de Guadalajara la quitaron cuando se dieron cuenta que trabajaba en un medio de comunicación”, dice. Otras personas consultadas por los reporteros aseguran haber visto cosas raras en el lugar, entre ellas “un narcomensaje que estaba a punto de caerse de una de las camionetas”. “No alcancé a leer todo lo que decía,

pero al parecer advertía algo así como ‘y lo que viene’. En la primera parte mencionaba al gobernador (Emilio González Márquez) o al gobierno de Jalisco; no lo pude leer todo porque estaba un poco doblada”, afirma uno de los testigos. Y aunque Guzmán Pérez Peláez habló del narcomensaje, omitió hablar sobre su contenido. En la conferencia de prensa que ofreció el jueves 24 por la tarde en el salón principal de Casa Jalisco, se limitó a declarar: “No somos difusores de estos mensajes (pero) están a su disposición para que puedan ver literalmente lo que contenía”. El mensaje estaba escrito en una hoja tamaño carta y fue colocado de manera discreta en algunas mesas del lugar en la cual las autoridades estatales se pronunciaron sobre esa masacre. Al día siguiente, algunos medios locales lograron obtener una imagen completa de la narcomanta y difundieron su contenido. El mismo viernes 25, el sector industrial y los alcaldes de la zona metropolitana demandaron la intervención directa de las fuerzas federales y pidieron que el Ejército colocara retenes. El procurador Coronado Olmos llamó a la población a “autoprotegerse” ante posibles “condiciones de riesgo”. Dante Haro, investigador de la Universidad de Guadalajara, asegura que el abandono de 26 cadáveres en plena zona metropolitana es una muestra del recrudecimiento de la guerra entre el grupo que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán y Los Zetas y el cártel del Milenio. Asegura también que las masacres de Sinaloa y Veracruz tienen conexión directa con la de Guadalajara.


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Miguel Dimayuga

N A R C OT R Á F I C O

C

HICAGO.– Arrinconado por los argumentos de Jesús Vicente Zambada Niebla según los cuales la DEA protege al cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El miércoles 16, la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago, recibió del Departamento de Justicia la siguiente notificación: “Se entregarán por escrito declaraciones juramentadas de Humberto Loya Castro, quien bajo este compromiso podría ser justificado para no presentarse como testigo durante el juicio de Zambada Niebla”. Técnicamente, el documento firmado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald es una aceptación indirecta de que Loya Castro es el representante legal del Chapo (Proceso 1826), enlace entre el cártel de Sinaloa y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como un presunto criminal que colabora con el gobierno de Estados Unidos. El juez federal Rubén Castillo, quien a partir del 13 febrero del próximo año presidirá el juicio contra El Vicentillo por delitos relacionados con el narcotráfico, aceptó parcialmente la propuesta de Fitzgerald: “Tienen hasta el 1 de diciembre de este año para presentar las declaraciones juramentadas y por escrito de Loya Castro”, respondió a los fiscales. En la sesión de la Corte de la semana antepasada, el juez Castillo aclaró que, con base en el contenido de las declaraciones por escrito de Loya Castro, podrá determinar si éste

“El Vicentillo”,

asunto de seguridad nacional

en Estados Unidos 16

1830 / 27 DE NOVIEMBRE DE 2011

será requerido o se le excusará como testigo en el juicio. Castillo aún tiene en su mano la prerrogativa de pedir la desclasificación de los documentos que el gobierno insiste en mantener en secreto y se niega a entregar a la defensa del Vicentillo, quien es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, lugarteniente del Chapo y número dos en el mando del cártel de Sinaloa. En la audiencia preparatoria realizada en Chicago para el juicio formal, el juez dio a la defensa del Vicentillo hasta el 6 de enero del próximo año para que presente más información que sustente su pedido de que el gobierno de Estados Unidos abra sus archivos para explicar y detallar su presunta relación con el cártel de Sinaloa y sus principales capos. Para evitar exhibir sus presuntos nexos con El Chapo, el gobierno de Barack Obama apeló a la “seguridad nacional” y rechazó desclasificar documentos sobre la relación entre El Vicentillo y la DEA que le solicitó la defensa del hijo del Mayo. “El gobierno tiene un interés y una legítima obligación en proteger la seguridad de la nación, lo cual está por encima de los derechos de la defensa (del Vicentillo) y del público a tener acceso a los documentos clasificados en este asunto”, dice el documento enviado por el Departamento de Justicia al juez Rubén Castillo. En su solicitud, los abogados del Vicentillo pedían al Departamento de Justicia el acceso a los expedientes de todas las agencias federales involucradas en la lucha contra las drogas en los que se mencionara el nombre de su cliente. “Es impracticable la entrega o el significado redactado en los materiales para darle a la defensa una explicación coherente de las implicaciones para la seguri-

dad nacional”, anota el fiscal Fitzgerald en la respuesta de siete cuartillas entregada a la Corte de Chicago. Los abogados del Vicentillo, George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola, encabezados por Edward Panzer, solicitaban a la Corte federal que obligara al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos que tiene en su poder para cimentar su estrategia durante el juicio. Y ante el juez Castillo han pedido para su cliente la inmunidad total de los cargos que le imputan. El argumento de la defensa es que la DEA está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes por medio de un acuerdo firmado (cuyas evidencias –arguyen– están en la Corte) con Loya Castro, a nombre del Chapo y de la organización mencionada. La respuesta de Fitzgerald dejó satisfechos a los abogados del Vicentillo. Panzer y Michaelson aseguran que las declaraciones por escrito de Loya Castro abrirán una caja de Pandora, la cual eventualmente obligará al Departamento de Justicia a proveer la información que evidencie la relación con El Chapo y la protección que ha dado la DEA al cártel de Sinaloa.

Los documentos En los documentos entregados a Castillo y en los argumentos orales de las audiencias preparatorias al juicio, los defensores han insistido en que por intermediación de Loya Castro El Vicentillo trabajó como informante de la DEA, a cuyos agentes proporcionó información sobre las actividades delictivas de las organizaciones rivales del cártel de Sinaloa. Asimismo, Panzer y sus colegas afirman que, a cambio de la información que Loya Castro dio a la DEA durante más

El caso del Vicentillo, cuyo juicio se inicia el 13 de febrero de 2012 en Estados Unidos, se le complica cada vez más al Departamento de Justicia. Su respuesta a la solicitud de la defensa de que esa instancia entregue toda la información en que se aluda a la presunta protección del gobierno de Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales capos –El Chapo y El Mayo, padre del inculpado– no satisfizo al juez Rubén Castillo, quien preside las diligencias preparatorias en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois. En el juicio está de por medio información sensible que compromete al gobierno de Estados Unidos.

de 15 años, y la que les proporcionó El Vicentillo, los agentes antidrogas permitían al cártel de Sinaloa realizar el trasiego de cargamentos de droga en territorio estadunidense sin contratiempos. Hasta el momento, el gobierno de Obama no ha desmentido el argumento de la defensa de que El Vicentillo era informante de la DEA, pero niega que haya alcanzado un acuerdo con el hijo del Mayo Zambada tendiente a librarlo del proceso judicial y anularle los cargos que le atribuyen. Fitzgerald y los fiscales Thomas D. Shakeshaft, Andrew C. Porter, Michael Ferrara y Marc Krickbaum, involucrados en el caso del Vicentillo, afirman en su respuesta al juez Castillo que “un funcionario” del Departamento de Justicia “con conocimiento suficiente y probado” sobre materiales clasificados hizo ya una revisión minuciosa a todos los expedientes del gobierno federal relacionados con Zambada Niebla. En la página número cinco de la respuesta que entregó a la Corte de Chicago, el fiscal Fitzgerald subraya: “Con base en esta revisión se concluyó que no hay materiales clasificados que respalden el pedido de inmunidad que hace el acusado”. La negativa del Departamento de Justicia a que se hiciera una presentación “ex parte” reservada de materiales secretos o clasificados en los que se mencionara el nombre del acusado abre más dudas respecto a la presunta protección y relación que pudiera tener el gobierno de Obama con la organización del narcotráfico que comanda El Chapo, a quien se considera en Estados Unidos como el criminal más poderoso del planeta. La negativa de la fiscalía no evita que sus integrantes tengan que entregar a la Corte

Benjamín Flores

J. JESÚS ESQUIVEL

“El Chapo”. Escollo de

Washington


material secreto y clasificado. Bajo los estatutos de la llamada Acta de Procedimientos sobre Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en ingles), el juez Castillo podrá revisar a su gusto cualquier documento en poder del Departamento de Justicia. Castillo también tiene la prerrogativa de obligar al Departamento de Justicia a desclasificar documentos, aun por encima del argumento de que se pone en riesgo a la seguridad nacional, para garantizar que bajo su tutela se haga un juicio justo al Vicentillo. En estos momentos tanto la defensa como los representantes del gobierno de Obama preparan su estrategia jurídica para enfrentarse en el juicio al Vicentillo. Aun con la entrega de declaraciones por escrito y juramentadas, se mantiene latente la expectativa de que Loya Castro pueda ser solicitado como testigo por el juez o la defensa. Lo que está claro hasta el momento es que, para evitar exhibir los nexos de la DEA con el cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia hará todo lo necesario para impedir que el abogado del Chapo acuda a la Corte; incluso podrá recurrir al argumento de “riesgos a la seguridad nacional”. Como parte de las órdenes que dio Castillo a la defensa y a la fiscalía el pasado 27 de octubre (Proceso 1826), el próximo lunes 28, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito a la Corte la lista de expertos y testigos para el juicio. El miércoles 16, el juez Castillo le exigió al Departamento de Justicia que a más tardar el próximo 6 de enero entregue los nombres de los 10 testigos que pretende presentar en el juicio para invalidar el pedido de inmunidad del Vicentillo respecto de los cargos que le imputan. El 1 de diciembre es la fecha límite para que el gobierno de Obama entregue a la Corte un expediente de 3 mil 500 páginas que presuntamente tiene en su poder para sustentar sus acusaciones contra El Vicentillo. A su vez, el Departamento de Justicia tiene hasta el próximo 12 de diciembre para exhibir ante la Corte información adicional que considere pertinente para la realización del proceso. El 3 de enero del próximo año el Departamento de Justicia debe presentar ante Castillo cualquier documento o material en poder de las agencias federales estadunidenses que tienen agentes operando en México y en los cuales se mencione el nombre del Vicentillo. Finalmente, el 17 de enero de 2012 se deben entregar las respuestas a las peticiones de la defensa y la fiscalía. La próxima sesión de preparación para el juicio será el 13 de diciembre en Chicago. Como ya es costumbre, y por cuestiones de seguridad, El Vicentillo participará en la audiencia vía-teleconferencia, ya que se encuentra confinado en una prisión de la ciudad de Milán, en el estado de Michigan. O

AP photo / Matt York

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Rápido y furioso:

Armas para “El Chapo”

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán. ANDREW KENNIS Y JASON MCGAHAN *

E

l 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado

su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado. Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos anti-

balas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez. La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos. Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre. Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información

N A R C OTR Á F IC O Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso. La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”. Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo. Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso. Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control” Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Da-

Mario Ángel González. Grabado antes de su ejecución

rrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado. Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI. El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona. Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”. Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como eTrace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación. Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investi-


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gación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas. Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos. El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa. Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF. En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF: Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en… Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí. Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa). Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto. El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman,

AP photo / Reed Saxon

N A RC OT RÁ F I C O

Issa. Destapó la cloaca

especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa. Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso. Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”. El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de

las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”. Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF. Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera. En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”. Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate. O *Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.

SIGUE...


Abogado regiomontano que acaba de recobrar su militancia en el PAN tras 15 años de haber sido expulsado de esa organización, Javier Livas Cantú se dice la “cuarta opción” panista en busca de la candidatura presidencial una vez que hizo el anuncio correspondiente el domingo 20. Nadie se salva de la crítica de este personaje –ni Fox ni Calderón ni López Obrador…– cuyo estilo se asemeja al de varios panistas altisonantes: bronco, desafiante, de propuestas políticas facilonas…

¡

Livas Cantú. “Yo soy líder”

ÁLVARO DELGADO

Yo soy líder de líderes! ¡De líderes, no de la raza de mero abajo!”, se autodefine, con énfasis, Javier Livas Cantú, el abogado regiomontano que hace 10 meses recobró la militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) tras 15 años de haber sido expulsado y que ahora irrumpe, en otra de sus audacias, para proponerse como candidato a la Presidencia de la República. “México está en la rayita, al borde de un barranco profundo y oscuro”, alerta Livas, quien se proclama “el plan V” del PAN –verdad, valentía, valores, victoria– para un tercer periodo de gobierno de ese partido, pese a que, juzga, los de Vicente Fox y Felipe Calderón claudicaron en el objetivo de cambiar el sistema priista. Bronco, claridoso y desafiante, quien hace 18 años disputó a Diego Fernández de Cevallos la candidatura presidencial –a quien luego criticó por dejar de hacer campaña–, que se deslindó de Fox por incumplir el cambio y que en 2006 pidió a Calderón no aceptar la Presidencia por ser una “designación formalmente válida, pero percibida como ilegítima”, Livas afirma: “¡Me da vergüenza el país que tenemos!”. Revela a Proceso que, inclusive, el propio Fox le confesó que fue omiso ante el

crimen organizado por ser “un problema muy difícil” y por la corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, que entonces se llamaba PFP, y la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. “Ahi te la vas llevando”, le dijo coloquialmente Fox a Livas en una reunión celebrada hace un par de años, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, en la que descalificó a Calderón: “Está haciendo muy mal en usar al Ejército así”, censuró el expresidente. “Yo le dije: ¿Y tú qué (hiciste)? Y me dice Vicente: ‘No, mira, es un problema muy difícil. Le preguntas a la PGR dónde está el problema y te dicen que en la PFP, le preguntas a la PFP y te dice que la PGR está corrupta, le preguntas a la DEA y te dicen que las dos están corruptas, y le preguntas a éstos y te dicen que la DEA también está corrupta. Total, no sabes ya ni qué está pasando. Entonces –fíjate lo que me contestó–, ahi te la vas llevando, te la vas llevando’. ¡Te la vas llevando!” –¿Eso textualmente le dijo Fox? –Así: “Te la vas llevando”. O sea, todos acusan a los demás de corruptos y tú te la vas llevando. –¿Y usted qué le respondió? –Le dije: “Oye, ¿entonces no hay nadie en qué confiar?”. “No, te digo, todos acusan

a todos los demás”. Y ya no supe qué fregados. ¡Con razón se hizo el despiporre que se hizo! Pero la indolencia de Fox no fue sólo en materia de seguridad, sino en todo, dice Livas, porque delegaba el gobierno en Ramón Muñoz Gutiérrez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, actual senador. “Hizo confesiones de que cuando él se iba le encargaba a Ramón el changarro”. –¿Claudicó de su deber? –Vicente llegó y fue impactado por el tamaño del monstruo que él estaba heredando, y dijo: “aquí me la voy llevando”.

N A R C OT R Á F I C O –De resignación, de que no queda de otra, de seguirle aquí, darle para adelante. Entonces yo tengo la teoría de que Vicente se encontró un monstruo que lo rebasaba por mucho y que se la fue llevando a ver qué. Aunque Livas no era militante del PAN, apoyó a Fox radicalmente y, tras el triunfo de éste, reabrió su despacho en Monterrey, hasta que en la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2000, se dio cuenta de que el futuro no sería halagüeño. “Se transformó y no hizo lo que creí que iba a hacer. ¿Sabes cuándo me di cuenta? El día que improvisó la protesta constitucional y pensé: ‘Esto ya valió madres’. Es un acto solemne y las palabras tienen que ser exactas.” Todavía, a la mitad del sexenio, Livas evoca otra reunión con Fox, gestionada con El Negro Elizondo, para decirle “que no estaba jalando su gobierno” y se ofreció a apoyarlo: “Oyó, nos dijo que no sabíamos lo que estaba pasando, que todo estaba magnífico y adiós, se acabó. Y se acabó”. Por eso el 2 de julio de 2005, cuando el PAN encabezado por Manuel Espino organizó un acto en el Ángel de la Independencia para conmemorar el quinto aniversario del triunfo, un grupo de promotores de Fox, algunos de ellos aún en el gobierno, publicaron un desplegado cuyo título era rotundo: “¿Hay algo que celebrar?”.

El desplegado expresaba la insatisfacción por los logros alcanzados, pero pedía evitar el desánimo y el conformismo. “La verdadera tarea sigue siendo combatir la corrupción, la impunidad, la pobreza y la indiferencia social”. En ese entonces, en su calidad de vocero del grupo, Livas dijo al reportero: “Es pintar nuestra raya de manera muy clara. Es un deslinde: Decir que lo que queríamos, lo que habíamos visualizado, no se ha cumplido”. (Proceso 1496). Activista por los derechos ciudadanos desde que renunció al PRI, en 1985, en el Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (Adese), el Grupo San Ángel, y luego promotor de leyes de transparencia y juicios orales, Livas se atribuye haber contribuido a la concertacesión, como se conoce al arreglo de la cúpula del PAN con Carlos Salinas para hacer gobernador interino de Guanajuato a Carlos Medina Plascencia. Tras la debacle del PAN en las elecciones de julio de 1991, y la derrota de Fox en las de Guanajuato, en agosto de ese año, el presidente del PAN, Luis Álvarez, rompió relaciones con Salinas, como se lo comunicó José Luis Salas Cacho, entonces influyente panista, a Livas. Livas revela que Salas Cacho le dijo que el gobierno de Salinas y el presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio, proponían darle

al PAN 16 diputados más para sumar 101. “No, le dije, no pidas eso, pide territorio, pide Guanajuato. A los gringos no les importa si tienes control constitucional o no, lo que les interesa es que el PRI consiga que el PAN vote junto con el PRI, no importa si tienes 85 o tienes 40. Tú pide territorio, porque es control electoral”. Agrega: “Entonces van con Colosio y le dicen que no quieren diputados, sino Guanajuato. Y se ponen tan perros que dicen que sí, pero no a Vicente. Y se lo dan a Medina Plascencia. Yo influí para la concertacesión esa. Yo fui el que dije qué hacer”. –Y ahí se engendró Fox. –Exactamente, porque Vicente se queda de víctima y luego regresa y nada más entra y va por la grande, y ya nadie lo pudo parar.

Calderón no entiende La irrupción de Livas Cantú como aspirante a la candidatura presidencial del PAN se produce cuando parecía que sólo la disputarían Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero, aunque las reglas de la convocatoria lo colocan en desventaja: Debe acreditar que cuenta con el respaldo de por lo menos 30 mil firmas de todos los estados. “Es una circunstancia muy difícil, no me hago”, reconoce Livas y, aunque dice

Arriando vacas En entrevista con el reportero, la noche del miércoles 23, el abogado regiomontano de 65 años de edad revela otra estampa de Fox en el ejercicio del poder, cuando, con dos años en el gobierno, lo encontró en Los Pinos, tras reunirse con Rodolfo Elizondo, entonces vocero presidencial: “¿Cómo te está yendo, Vicente?”, le preguntó Livas. “¿Sabes qué gesto me hizo? Me hizo el gesto de vamos arriando vacas. ‘Ahi vamos’. Ese fue el gesto que me hizo. Fue incapaz de verbalizar una situación y me dijo: ‘ahi vamos’, como arriando vacas.” –¿En qué sentido lo dijo?

Fox ante el narco:

“Ahi te la vas llevando...”

José Manuel Jiménez

Agencia El Universal

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N A R C OTR Á F IC O que “sería una proeza” conseguir las firmas antes del 7 de diciembre, cuando se cierra el registro de candidaturas, confía en obtenerlas, no sólo mediante la red de líderes que ha conocido en más de 25 años de activismo político en el PAN, aun cuando tuvo 16 años sin militancia. A pregunta expresa, acepta que una de sus opciones es persuadir a Espino, el expulsado expresidente del PAN, de cederle las firmas de los panistas que forman parte del movimiento Volver a Empezar (VAE). “Puede ser”, dice.

Administrador de empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, experto en cibernética, Livas lanzó su candidatura, vía su cuenta de Twitter, el 20 de noviembre, después de que hizo un sondeo entre panistas prominentes que no quisieron hacerlo, entre ellos a Francisco Barrio, embajador en Canadá, el senador Ricardo García Cervantes y Fernando Canales Clariond. Se define como “una cuarta opción” y “la esperanza para mucha gente”, por lo

que se propone “no atacar sino proponer” en la contienda interna. “Voy a tratar de apoyar al PAN para que gane en 2012. Hay muchos cambios pendientes, eso sí.” Y es que, dice Livas, con Calderón tampoco se han hecho cambios relevantes: “Tiene puntos ciegos muy importantes, como los tuvo Vicente”. Él mismo había anticipado el futuro de Calderón cuando, en 2006, antes del fallo del TEPJF, publicó un desplegado titulado “Felipe” para pedirle, como “prueba de lealtad a México”, renunciar a cualquier designación de ese órgano, porque “ningún tribunal podrá restaurar un resultado electoral que nació asfixiado, evidentemente manoseado y turbio”. Y luego de pedirle reconocer que “el deplorable proceso electoral jamás dará buenos frutos”, se pronunció por la nulidad de la elección; “Si la falta de claridad del Cofipe, sin embargo, lleva a que seas declarado presidente electo, caeríamos en una designación formalmente válida, pero percibida como ilegítima”. Ese año, Federico Arreola publicó en su libro 2006 La lucha de la gente contra el poder del dinero una entrevista con Livas antes de las elecciones, en la que advertía de lo funesto de Calderón: “Fatal error de México sería caer en sus manos”. –Pareciera que avizoras un mal futuro si Calderón ganara –le preguntó Arreola. –Mucho más malo de lo que imaginas. Los panistas como él hablan de libertad, pero son los campeones de la intolerancia. Hablan de castidad, pero en la oscuridad del closet panista practican lo contrario. Hablan de honestidad, pero han refinado los métodos para encubrir delincuentes… Al margen de esas expresiones, Livas atribuye los resultados de Calderón también al sistema vigente: “En un sistema que es presidencialista, el peso del estilo de la persona tiene mucho que ver en el resultado. Le pasó a Vicente, le ha pasado a Felipe. El sistema es un auto que no funciona. No importa a quién pongas de chofer, no va a caminar el carro. ¿Por qué? Porque está desbielado, porque no trae llantas, por lo que quieras.” Con Fox, dice siguiendo la metáfora, el auto caminó despacito, casi inmóvil en el sexenio, y con Calderón paso algo análogo, aunque convulso: “Se sube, le mete primera, le mete todo el acelerador y ahí vamos, sin llantas, con los rines, sacando chispas. Pura primera. Y se le dice: ‘Oye, Felipe, hay segunda, hay tercera, hay quinta. O párate, arregla el motor y luego le sigues’. Su carácter lo está reflejando en la forma en que está conduciendo”. En el caso de la guerra contra el narcotráfico, Calderón ha sido omiso en lo fundamental: “Ha dejado de hacer las cosas importantes –meter segunda, meter tercera–, no solamente contener con la pre-

sencia militar, sino ir a las causas, al fondo de la inseguridad”. Y eso no se resuelve con la “obsesión por las pruebas de confianza” ni con multiplicar el número de policías, que no se sabe qué hacen y que cuando trabajan para el narco es peor, valora. –Pero Felipe Calderón dice apostar a la depuración. –No, señor, no es eso. Lo que hay que hacer es poner sistemas de control en toda la estructura. Es un sistema. Si no entendemos qué es un sistema entonces no podemos arreglar el problema. No entienden, pero no entienden ni él ni los gobernadores ni nadie. No entiende nadie. “Toda la estrategia está mal. Me dio lástima cuando el presidente estaba casi implorando a los gobernadores que cumplieran con las metas de los controles de confianza.”

tema complejísimo”, expone y reitera que el sistema que opera en México está atrofiado. Su propuesta es, una vez conquistada la candidatura del PAN, “activar el potencial de las redes sociales” para ciudadanizar el gobierno, combatir la pobreza, asegurar igualdad de oportunidades y reformar la justicia para desterrar corrupción e impunidad. Para Livas no hay duda: “El sistema no ha cambiado. Vivimos el mismo que el PRI confeccionó para mantenerse en el poder y que se basa en simulaciones abundantes, como nuestra Constitución”.

–¿Con qué argumentos el PAN pide otra oportunidad? –Vamos en un tronco principal: El PRI es un retoño caracterizado por pura corrupción y un desorden administrativo bestial, y francamente yo creo que el socialismo es una rama seca, el socialismo nunca generó un Ipod ni un Ipad o un Iphone, nunca. –¿Y quién habla de socialismo? –¡Andrés Manuel López Obrador sigue con sus ideas de izquierda! ¡La izquierda no existe, no hay tal cosa ya! Es un concepto que no tiene justificación.

Yo sí sé cómo hacerlo Hijo de Eduardo Livas Villarreal, gobernador priista de Nuevo León, priista él mismo hasta 1985, Livas fue precandidato a la gubernatura de ese estado en 1991 y fue precandidato a esa misma posición por Convergencia, en 2009, y sólo hasta marzo fue readmitido como militante del PAN. Su reingreso tampoco fue fácil: En septiembre del año pasado, después de dos solicitudes en siete años y dos litigios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el comité estatal en Nuevo León lo aceptó. Miembro de un grupo de intelectuales, que se reúnen al menos una vez al año en Suiza, Livas analiza no sólo lo que pasa en México, sino en el mundo y en el caso del país sostiene que el problema viene de los gobiernos del PRI, que creó un sistema diseñado para la corrupción. “Es el carro que no funciona. Y ese es mi temor. No importa qué chofer le pongas ahora, si no cambias el automóvil, si no contratas a un chofer que sepa de mecánica y que se meta a arreglar el motor que está desbielado, no va a funcionar esto. Si andas en rines, con las llantas ponchadas, no vas a agarrar velocidad, te vas a salir en la primera curva. Tenemos que arreglarlo primero antes de ponerle piloto.” –Siguiendo la metáfora, ¿usted sí sabe de mecánica? –Yo sé. ¿Cuál es la ciencia del gobierno? La palabra gobierno viene de la ciencia cibernética, la que nos dio computadoras, satélites, láser, Iphone y todo eso, esa es la ciencia que yo he estudiado, esa es la verdadera ciencia de gobierno, la ciencia de cómo se obtienen resultados. “La política es una insignificancia dentro de las ciencias, la política se ocupa únicamente de cómo escoges a los que toman decisiones, pero no te dice nada de cómo están conectadas todas las piezas de un sis-

SIGUE...


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D ER E R EC H O S H U M A N O S

La

“fiesta punitiva” GLORIA LETICIA DÍAZ

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as detenciones masivas de ciudadanos presuntamente implicados en delitos federales durante la guerra emprendida por las autoridades federales contra el narcotráfico han derivado en una “fiesta punitiva”, una muestra de que el gobierno de Felipe Calderón recurre más a “la restricción de libertades y al uso desproporcionado de la fuerza” que al aparato de inteligencia e investigación, considera Silvano Cantú Martínez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Director de Incidencia e Investigación de la organización, Cantú es responsable de la redacción de un informe financiado por la Unión Europea en el cual aborda, entre otros temas, esa “desproporcionada práctica” de arrestos por delitos federales durante la actual administración por parte de las Fuerzas Armadas. Con base en solicitudes de acceso a la información, durante los primeros ocho meses de 2011 la CMDPDH documentó los casos de 64 mil 820 personas que fueron privadas de su libertad. Además, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y septiembre último efectivos de las secretarías de la Marina-Armada de México

de Calderón

Con las detenciones, legales, ilegales y hasta arbitrarias, perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas –en los primeros ocho meses de 2011 fueron privadas de su libertad 64 mil 820 personas–, el país parece inmerso en una “fiesta punitiva”, dice a Proceso Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Las cifras desusadas indican que en el país prevalece, en los hechos, un estado de excepción… Yahir Ceballos

(Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 8 mil 675 detenciones. Y aun cuando las peticiones de la CMDPDH tuvieron que ver con las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público durante ese periodo por efectivos de la Semar y la Sedena (folios 000700172811 y 000700172711, respectivamente), el pasado 20 de octubre, por separado, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR emitió una sola respuesta para ambos casos: “En relación a la solicitud de información en comento, y una vez analizada la información que posee esta Unidad Administrativa me permito informar que en el periodo enero-agosto de 2011, se contabiliza un total de 64 mil 820 personas detenidas a nivel nacional por los delitos contemplados en el Código Penal Federal.” Además, por separado, las respuestas incluyen información de las 32 delegaciones de la PGR acerca del número de personas puestas a disposición del Ministerio Público federal por parte de soldados y marinos en el periodo de enero a septiembre de 2011. De acuerdo con los documentos, la Semar entregó a la PGR mil 84 personas en 18 entidades: 207 en Veracruz, 193 en Ta-

maulipas, 141 en Nuevo León y 91 en Guerrero. La Sedena, a su vez, puso a disposición del MP a 7 mil 591 personas: 583 en Baja California, 601 en Guerrero, 645 en Nuevo León y mil 141 en Tamaulipas. No obstante, los datos entregados por la PGR a la organización difieren de los que maneja la Sedena en su sitio en internet, en el que reporta 39 mil 120 capturas durante el sexenio calderonista. De éstas, 10 mil 363 fueron arrestos efectuados entre enero y octubre de este año, lo que significa que entre septiembre y octubre la Sedena detuvo a 2 mil 772 personas, o bien que no proporciona la información completa a la PGR. Aun así, la cifra de 64 mil 820 detenciones proporcionada a la CMDPDH es impresionante, sobre todo si se toma en cuenta que en 2008 la PGR informó que del 1 de diciembre de 2000 al 30 de septiembre de 2006 se capturó a 79 mil 595 miembros de siete organizaciones delictivas, según los datos entregados por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que a su vez puso a disposición de la comisión. En otras palabras: los arrestos efectuados durante los primeros ocho meses de 2011 equivalen a 81.43% de los que se hicieron a lo largo del sexenio de Vicente Fox.

Abusos castrenses Silvano Cantú Martínez comenta que su organización solicitó un desglose más detallado de las aprehensiones por delitos federales. Y apunta: “La cifra desproporcionada implica que hay un uso privilegiado de la restricción de libertades a través del uso de la fuerza pública y militar sin estándares establecidos”. Cantú insiste en que la información proporcionada por la PGR es una clara muestra de que en México “hay un estado de excepción institucionalizada en el que las Fuerzas Armadas realizan detenciones sin tener atribuciones para estar al frente de persecuciones o acciones penales. Ese es el botón de muestra más claro de la militarización de la justicia penal; ya se rebasó la militarización de la seguridad pública, que de por sí era preocupante”. Hasta ahora, dice, en el desarrollo de su investigación la comisión no ha obtenido datos en torno al número de personas detenidas por las Fuerzas Armadas que fueron consignadas ante un juez; tampoco se sabe a cuántas de ellas se imputó algún delito específico. La proporción de mil detenciones cada mes por miembros de la Marina y la

Defensa en lo que va de 2011 “es alarmante –insiste el activista–, sobre todo porque las efectúan personas que carecen de capacitación y atribuciones legales. A ello se debe también que se hayan presentado más de 5 mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las tropas de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio”. Preocupa aún más, según el abogado de la CMDPDH, que al lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle con carta abierta para realizar detenciones “no se haya tomado en cuenta el nivel de letalidad del Ejército, que en los últimos tres años y medio aumentó 465%”. Cita al respecto el estudio Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales, realizado con base en la información proporcionada por las dependencias federales a partir de solicitudes interpuestas ante el IFAI por Carlos Silva, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La investigación indica que entre enero de 2008 y mayo de 2011 la participación del Ejército en la guerra contra el narcotráfico ha causado mil 598 muertes y 253 heridos; la relación es de 12 muertos por cada herido.

“Estamos hablando de un nivel de letalidad que no debería deambular por las calles. Esas cifras confirman los exhortos de diferentes organismos internacionales, entre ellos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, cuyos integrantes pidieron a Calderón regresar a los soldados a los cuarteles”, resalta Cantú.

El informe de HRW La estrategia de Calderón ha dejado un saldo de violaciones a derechos humanos alarmante. En su más reciente informe titulado Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico de México”, presentado el miércoles 9 por su director para América, José Miguel Vivanco, Human Rights Watch (HRW) incluye expedientes de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de fuerzas de seguridad y castrenses en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Con base en información proporcionada por la Sedena, el documento confirma que las aprehensiones que la dependencia reporta en su sitio en internet


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D ER EC H O S H U M A N O S

HRW: Obama solapa a Calderón J. JESÚS ESQUIVEL

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HICAGO.- Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Barack Obama solapa al de Felipe Calderón al no hacerle ningún reclamo cuando el Ejército, la Marina y la Policía Federal cometen violaciones a los derechos humanos y gozan de impunidad, denuncia la organización internacional Human Rights Watch (HRW). “El gobierno de Obama ha tenido un papel muy decepcionante en su política bilateral con México y en el contexto de la lucha contra los narcóticos”, dice en entrevista con Proceso José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de HRW. “Hasta ahora (Obama) ha querido poner oídos sordos al récord de impunidad y de abusos cometidos en nombre de la lucha contra los cárteles, teniendo a su alcance instrumentos como las condiciones en materia de derechos humanos para suspender el apoyo o ejercer una presión eficaz sobre el gobierno de Calderón”, explica. Una semana después de que HRW presentó su informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, el activista señala que desde 2007, cuando en el Congreso federal estadunidense se debatía la aprobación de la Iniciativa Mérida, la organización advirtió al Capitolio que con esta medida se daría “un cheque en blanco” al gobierno de México en materia de violaciones de derechos humanos. “En nuestro primer pronunciamiento oficial sobre la Iniciativa Mérida (octubre de 2007), dijimos que nos oponíamos a cual-

quier tipo de ayuda a México en el combate al narcotráfico”, subraya Vivanco. Creada por Calderón y el entonces presidente George W. Bush, e impulsada por Arturo Sarukhán, embajador de México en Washington y quien aseguraba que con esta medida Estados Unidos se haría corresponsable del problema, la Iniciativa Mérida fue utilizada por Los Pinos para restarle importancia a la muerte de decenas de miles de personas desde que Calderón declaró la guerra a los cárteles. “Nos opusimos a la Iniciativa Mérida tomando en cuenta los antecedentes de impunidad y abusos del Ejército mexicano contra los derechos humanos”, dice Vivanco. Recuerda que cuando el instrumento bilateral se discutía en Estados Unidos, HRW y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos convencieron al Capitolio de que condicionara el paquete de ayuda a que México sometiera al fuero civil los casos de violación a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas involucradas en los objetivos del convenio. Inicialmente el Capitolio accedió, pero Vivanco opina que el cabildeo del gobierno mexicano, posiblemente del propio Sarukhán, impidió que se preservaran adecuadamente las garantías individuales de los mexicanos en la lucha contra las drogas. “Finalmente se aprobó el paquete de la Iniciativa Mérida con un lenguaje que era menos de lo que hubiéramos querido en materia de derechos humanos”, lamenta el activista. El Congreso estadunidense únicamente condicionó la entrega de 15% de los fondos

a que cada año el Departamento de Estado le “notificara” que el gobierno y las Fuerzas Armadas de México respetaban los derechos humanos. Hasta la fecha el Departamento de Estado no ha interpuesto objeción a la entrega de apoyo antinarco al gobierno de Calderón, pese a los aproximadamente 50 mil muertos que le han valido a esta administración el apelativo de “el sexenio de la muerte” por parte de varios analistas y columnistas mexicanos. “Por lo que ha ocurrido en México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico que lanzó Calderón, un Congreso estadunidense congruente nunca hubiera entregado ni un solo recurso, dentro de la Iniciativa Mérida, al gobierno mexicano –sostiene Vivanco–. Calderón ha permitido un incremento notable e impune por parte del Ejercito en términos de las violaciones de derechos humanos”. Añade que el gobierno federal minimiza las denuncias constantes y “bien fundadas” de delitos cometidos por militares y policías.

Escepticismo Con el gobierno de Obama la Iniciativa Mérida sólo cambió un poco de rumbo. En vez de proveer de equipo militar a la Marina y al Ejército mexicanos como en tiempos de Bush, los fondos que aprobará el Capitolio (unos 350 millones de dólares) se destinarán a fortalecer a la sociedad civil, la reforma judicial y el intercambio de información de inteligencia. Este nuevo enfoque no es suficiente para convencer a HRW de que cambiará la si-

parencia” del Ejército, no se sabe cuántas denuncias recibe ni cuáles son los criterios para actuar en consecuencia, pero “sí es evidente que el Ejército no solicita autorización judicial”. Además, mediante entrevistas con autoridades civiles los investigadores del organismo confirmaron que “son muy pocas las ocasiones que el Ejército las consulta antes de poner en marcha este tipo de operativos, que suelen tener como resultado detenciones en flagrancia”. Y llama la atención que “el Ejército esté solicitando por su cuenta este tipo de avisos y respondiendo a ellos sin supervisión civil ni autorización judicial (lo que) supone una ampliación significativa, y en gran medida encubierta, de su rol en los operativos de seguridad pública”. Para ilustrar la forma en que actúa el Ejército, la organización incluye dos casos en los que estuvieron implicadas cuatro personas detenidas “en flagrancia” en

Ciudad Juárez, Chihuahua, por tropas de la Sedena. El primero sucedió el 20 de febrero de 2010 y se refiere a la incursión de soldados en un bar de la ciudad fronteriza. En el operativo los soldados detuvieron a tres personas, a las que golpearon, vendaron los ojos y subieron a vehículos militares: “Luego fueron trasladados a un lugar donde, tras desnudarlos, recibieron distintos tipos de tortura, como asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpizas y amenazas de muerte, hasta que aceptaran confesar que trabajaban para un cártel.” En la audiencia de garantía, los soldados declararon que habían recibido una llamada anónima según la cual en el bar mencionado había dos sicarios de La Línea. Al llegar al sitio, agregaron, vieron a dos hombres “cuyas características coincidían con la descripción del informan-

te” que intentaron escapar, pero “fueron aprehendidos en flagrancia”. No obstante, cinco testigos respaldaron la versión de las víctimas y desmintieron la versión de los soldados; además, los certificados médicos confirmaron que los detenidos presentaron huellas de tortura, por lo que las autoridades castrenses tuvieron que liberarlos. El otro caso incluido en el informe de HRW es el de Jesús Torrijos Barrón, cuya casa fue allanada por soldados la madrugada del 11 de junio de 2008. Y a pesar de que fue sacado de su domicilio con violencia por elementos del Ejército, éstos lo presentaron tres días después y expusieron en su reporte que lo habían detenido en flagrancia. Torrijos Barrón estuvo preso hasta septiembre de 2008. Recuperó su libertad luego de que se comprobó que el informe de sus captores carecía de veracidad. O

tuación de los derechos humanos en México. En estas semanas Vivanco se ha reunido con funcionarios del Pentágono, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, igual que con legisladores federales, para solicitar que se bloqueen los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano someta a juicio, bajo el fuero civil, a todos los militares acusados de violación a los derechos humanos en el contexto del combate al narco. De acuerdo con Vivanco, Calderón no está haciendo nada para procesar a los militares que violan derechos humanos y el gobierno de Estados Unidos tendrá pruebas irrefutables de ello. –¿Cambiarán las cosas? –se le pregunta. –Tengo escepticismo porque se avecina una etapa electoral tanto en México como en Estados Unidos, y estos temas son de fácil distorsión y manipulación en un contexto donde se juegan las decisiones presidenciales en ambos países. El lunes 14 visitó Washington Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México y precandidato a la Presidencia por el PRI, al que Vivanco le preguntó qué haría distinto en materia de derechos humanos en el marco del combate al narcotráfico si ganara la elección de 2012. El mexiquense, que asistió a un foro organizado por el Centro Woodrow Wilson, se limitó a decir que él “gradualmente” ordenaría el regreso del Ejército a sus cuarteles. –¿Confía usted en los políticos mexicanos y en sus promesas de defender los derechos humanos? –se le plantea. Se le escapa una larga carcajada. Cuando logra contenerse, respira y, nuevamente entre risas pero menos intensas, responde: “Nosotros tenemos la responsabilidad de se-

guir trabajando con el que esté al frente, del color político que sea, tratando de reflejar en los términos más objetivos la realidad de los derechos humanos y formulando recomendaciones; buscando en lo posible una relación constructiva y eficaz. Pero no puedo hacer un juicio genérico sobre el establishment político en México o en cualquier país”. –¿Es México el país de América Latina con el peor récord en derechos humanos durante los últimos cinco años? –No hacemos comparaciones como esa entre los países, pero México se convirtió lamentablemente en una de nuestras prioridades en América Latina. Abunda que para HRW la situación de los derechos humanos en México no tiene remedio en lo que resta del sexenio de Cal-

derón, quien no mejorará su desempeño mientras no enfrente el problema de fondo: la falta de rendición de cuentas del Ejército y la Marina frente a sus víctimas. “Si no hay una reforma, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Rosendo Radilla Pacheco y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se deje de incluir a la violación de derechos humanos en el fuero militar, este problema va a continuar latente. “El retorno de los militares a los cuarteles de aquí a un año, de forma gradual, no va a esclarecer las causas de derechos humanos ni va a reparar los daños a las personas que han sido víctimas de hechos atroces por parte del Ejército, la Marina y la policía en México”, advierte Vivanco. O

Complicidad

Benjamín Flores

Detenciones arbitrarias. Impunidad Juan Carlos Cruz

fueron realizadas en “condición de flagrancia”. HRW aclara que “el Ejército no pudo proporcionar registros de cuántos de estos detenidos finalmente fueron acusados de la comisión de delitos o fueron condenados”. En el momento en que la organización con sede en Estados Unidos solicitó la información, la suma de detenciones en el gobierno calderonista era de 31 mil 252 personas. Al terminar octubre la cifra sobrepasaba los 39 mil. “En la mayoría de los casos documentados, los informes militares justificaban las detenciones en flagrancia, alegando que los soldados estaban respondiendo a denuncias y avisos civiles, que llegaban a ellos a través de números telefónicos y direcciones de correo electrónico creadas por el Ejército”, apunta el documento. HRW agrega que “dada la escasa trans-

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DERECHOS HUMANOS JUAN ALBERTO CEDILLO

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AN FERNANDO, TAMPS.- En agosto de 2010 el nombre de este pueblo saltó a los principales medios del mundo al conocerse la matanza de 72 migrantes centroamericanos perpetrada por el crimen organizado. Pero ese asesinato múltiple no fue el único que cometieron Los Zetas: aún falta revelar muchas de sus atrocidades. La importancia de San Fernando para los cárteles del narcotráfico la resume el general Miguel Ángel González, comandante de la VIII Zona Militar con sede en Reynosa: “Es un nudo donde confluyen varias carreteras” estratégicas para el trasiego de drogas que ahora se realiza desde Centroamérica. “Hay una que viene por el Golfo desde Chiapas y Veracruz y pasa por Tampico y Soto la Marina. Es una ruta muy importante hacia la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Son casi 400 kilómetros de una porosa línea fronteriza que ellos quieren controlar para el trasiego de la droga, el tráfico de personas y, a la inversa, el contrabando de armas hacia México, así como una gran cantidad de mercancías”, precisa el general González. A pesar de su ubicación privilegiada, la de San Fernando es una región en crisis y desatendida: está afectada por continuas sequías que han mermado su actividad agropecuaria, no tiene empresas que generen empleos y, para colmo, su comercio ha sido afectado por la violencia, al grado de que los negocios se han ido del pueblo. “La falta de oportunidades obligó a los jóvenes de la región a involucrase con la delincuencia organizada”, enfatiza un hombre maduro, uno de los pocos que aceptan hablar con Proceso bajo la condición del anonimato. Los cárteles representaron la única opción para decenas de hombres y mujeres jóvenes, incluso para muchas adolescentes, a quienes ofrecieron trabajo como “guardias”, en sus “maquilas” –donde confeccionan sus uniformes– o en las “fábricas” donde modifican vehículos para blindarlos artesanalmente y convertirlos en los “monstruos” que vigilan el traslado de narcóticos en las carreteras, brechas y caminos vecinales. Hasta el pasado octubre, el Ejército había asegurado en este municipio 543 piezas de uniforme y seis “monstruos” blindados, pocos para el total de los que se modifican en Tamaulipas. “En San Fernando era mínima la elaboración de los ‘monstruos’. Donde se detectaron más fue en los municipios de Miguel Alemán y Camargo. Ahí se han decomisado 33, y los más importantes son seis. Unos verdaderos monstruos con capacidad para transportar a 12 tiradores. Usan esos vehículos para cuidar sus rutas del trasiego de drogas: las de China, Méndez, Miguel Alemán y hacia Matamoros, que es una ciudad controlada por el cártel del Golfo”, precisa González. Hans-Maximo Musielik

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Extorsión masiva La precaria situación económica de San Fernando ayudó a que los cárteles reclutaran a población de todos los niveles, especialmente a las mujeres. Fuentes de la alcaldía calculan que unos 6 mil habitantes

del pueblo tienen un familiar relacionado o involucrado con alguno de los dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza: El cártel del Golfo y Los Zetas. “Eso fue lo que hizo que en la región se recrudecieran los enfrentamientos y se viera afectada la población… los cárteles cobraban piso y se vieron afectadas áreas de la producción y cerraron negocios. En San Fernando hay producción pesquera por la zona de La Carbonera y a los pescadores también les cobraban piso. También se vio afectada la producción de sorgo, del que Tamaulipas es uno de los principales productores en el país”, enfatiza el general González. “En esa época (cuando se dio el rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas) todos conocimos, escuchamos o sabíamos de personas levantadas”, señala una joven mujer después de vencer su miedo a hablar. “En una semana desaparecían siete u ocho”. La narcoguerra provocó que el pueblo se dividiera. Los vecinos, amigos e incluso familiares se denunciaban mutuamente... pero las acusaciones no se hacían ante las autoridades, sino ante el cártel rival, aseguran habitantes del pueblo. Los grupos marcaban su territorio e imponían controles. En las principales carreteras que pasan por San Fernando se colocaron retenes. “Incluso clonaban uniformes militares”, así que no se podía confiar ni en los tradicionales puestos de revisión del Ejército. “Las autoridades nunca se preocuparon por el crimen organizado”, dice una mujer que voltea para asegurarse de que nadie más la escucha, pese a que habla en su propia casa. Agrega que varios funcionarios estaban implicados con alguno de los grupos criminales. Al final Los Zetas tomaron el control del pueblo e impusieron sus reglas. Los jefes del grupo, Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, el Z-40, nombraron a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, jefe de la región. La Ardilla designó al exmilitar Édgar Huerta Montiel, El Wache, lugarteniente para San Fernando junto con Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, pistolero formado en las pandillas de Estados Unidos y quien en los hechos era el verdadero jefe de la plaza. El Kilo se dejaba ver armado en todos los rincones del pueblo. Se bajaba de su vehículo con su arma a comprar en las tiendas de la plaza principal, donde está la Presidencia Municipal. Tenía en su nómina a 20 de los 34 policías municipales de San Fernando. Entre otras medidas impuso un toque de queda que obligaba a la población a meterse a sus casas a la nueve de la noche. También formó un ejército de jovencitas que se desempeñaban como “guardias”, como se llama aquí a quienes espían para la delincuencia organizada. En otras localidades se conocen como “halcones”, excepto

en Miguel Alemán, donde también son mujeres jóvenes las que vigilan los movimientos militares y ahí les dicen “panteras”. “Se podían ver jovencitas paradas frente a la Presidencia con su celular. Estaban por todos lados y reportaban todo lo que escuchaban”, comenta la mujer en voz baja. La estricta vigilancia y los controles eran para que los golfos no retomaran la plaza. Los Zetas sabían que desde marzo de 2010 el cártel del Golfo había acordado una alianza con La Familia Michoacana y con los de Sinaloa para eliminarlos. El estricto control impuesto por El Kilo incluyó que todos los autobuses que llegaran desde el sur fueran revisados, principalmente los de ADO, Ómnibus de México, Transpaís y Futura. Tenía reportes de que sicarios de los grupos rivales estaban llegando a la región para matar zetas y arrebatarles sus dos principales bastiones: Tamaulipas y Nuevo León. “Todos los días llegaba un autobús (del sur) y los investigaban por el lugar de procedencia. Se les revisaban los mensajes de los celulares. A la gente que no estaba relacionada se le dejaba ir. A los otros los matábamos”, contó El Wache durante su interrogatorio ante la Policía Federal. Desde su paranoica visión, todos los jóvenes que se dirigían a la frontera podrían ser reclutados por el cártel rival. Huerta Montiel confesó que mataron a los 72 migrantes centroamericanos porque “iban para el Metro 3”, el jefe del cártel del Golfo en Reynosa. Después de revisar durante semanas una decena de autobuses ya tenían capturados a 193 jóvenes de varios estados. Los que venían de Michoacán o Sinaloa eran asesinados de inmediato, estuvieran o no relacionados con la delincuencia organizada. A mediados de 2010 mataron a los 193. Con una retroexcavadora abrieron los pozos para enterrarlos, cerca del ejido La Joya. Los 72 migrantes que asesinaron fueron abandonados en el rancho San Fernando, en las afueras del municipio. “Los que tenían el control de San Fernando eran Los Zetas cuando ocurrió la masacre de los migrantes y luego cuando aparecieron las fosas clandestinas”, recuerda el comandante de la VIII Zona Militar.

En agosto de ese año la Marina descubrió los 72 cuerpos de los migrantes, la mayoría centroamericanos, y se lanzaron a la captura de La Ardilla, El Wache y El Kilo. Este último fue ubicado por la DEA en Ciudad Victoria. José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, anunció en abril de 2011 la captura de Estrada Luna junto con 11 jóvenes, cinco mujeres y seis hombres, cuyas edades iban de 18 a 25 años. “Intercambio de información de agencias nacionales y extranjeras llevaron a la ubicación y aseguramiento de El Kilo en la capital de dicho estado”, precisó en la conferencia de prensa. Después capturaron a más de sus cómplices y comenzaron a llegar a San Fernando alrededor de mil 500 efectivos del Ejército. Veinte policías municipales fueron detenidos por colaborar con la delincuencia organizada; sólo quedaron 14, que luego renunciaron. El secretario de Seguridad Pública estatal firmó un convenio con las fuerzas federales para integrar una policía que está formada por 100 militares quienes patrullan la ciudad desde junio pasado; incluso hacen el papel de agentes de tránsito. Durante el periodo de la narcoguerra (es decir, el enfrentamiento entre zetas y el cártel del Golfo), afirma el alcalde Tomás Gloria, 10% de la población de San Fernando emigró además de que se cerraron muchos negocios, especialmente las agencias automotrices. “También huyeron muchos empresarios”. Las grandes líneas de autobuses suspendieron sus corridas; unas cuantas siguieron funcionando, pero sólo durante el día. Los hombres y mujeres que hablaron con Proceso aseguran que los narcos no se han ido, “sólo se replegaron”. Ahora operan en los pueblos de las zonas aledañas. Un soldado originario de Veracruz comenta que recientemente han tenido tres enfrentamientos con jóvenes armados que llegan en camionetas. Lo que aún falta por saber, dicen los entrevistados, es dónde quedaron los cuerpos de decenas de personas levantadas durante la narcoguerra. Quizá no estén todos en una fosa común pues, como confesó El Wache, “fueron enterrados en todos lados”. O

La “nueva” autoridad

Hans-Maximo Musielik

En pocos meses el pueblo tamaulipeco de San Fernando pasó de ser gobernado por Los Zetas a estar completamente militarizado; tanto que los soldados dirigen hasta el tránsito. Pese a ello sus habitantes no se sienten seguros: siguen viviendo con mucho miedo, no salen de sus casas y no quieren hablar. Sólo susurran: “Aún faltan fosas clandestinas por descubrir; pero si uno habla, todo se escucha”.

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Ricardo Ruiz

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La cauda de víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado arrastra innegables responsabilidades. La decisión unilateral de iniciar una espiral de violencia tiene consecuencias para quien la tomó y para quienes la ejecutaron. En el ordenamiento jurídico nacional están claramente identificadas las de carácter administrativo, civil y penal. Esta es, en resumen, la tesis que expone Julio Scherer Ibarra en su libro de reciente aparición El dolor de los inocentes (Grijalbo, 2011), obra de la que –con autorización del autor y de la editorial– se reproducen aquí fragmentos de la Introducción y del Capítulo 4: “Las responsabilidades”.

El

enjuiciamiento que JULIO SCHERER IBARRA

L

viene

os inocentes (sobre todo las madres, las embarazadas y los niños) ya hacen sentir su presencia en el trasfondo de la guerra iniciada por Felipe Calderón hace cuatro años y medio. A decir de algunos, murieron a consecuencia del azar; pero ocurre que el azar es un presente cargado de historia. Ciertamente no fueron casuales la presencia de las Fuerzas Armadas de México en la batida contra el crimen organizado ni la respuesta de los delincuentes a la movilización en su contra. Las personas que han muerto o desaparecido desde el comienzo del conflicto son la cifra incierta de una guerra que ha traído zozobra e incertidumbre al país. Hoy nadie es capaz de predecir si la guerra se prolongará en el fragor de la refriega terrible o si se apaciguará, poco a poco o de manera súbita. Este libro, en su simple descripción de los hechos, lleva, sin embargo, a una conclusión: la de que tarde o temprano, antes o después, la voz acusadora de los muertos del “azar” y los desaparecidos que no reaparecen habrá de resonar en la República con el clamor de que se haga justicia y se actúe contra los responsables de su tragedia. Los antecedentes los conocemos todos: después de los comicios del año 2006 y la llamada “guerra sucia” que los caracterizó, plagada de abusos y francos desacatos a las leyes electorales,1 Felipe Calderón Hinojosa se lanzó contra el crimen organizado y,

especialmente, contra el narcotráfico. En esta guerra vio la oportunidad de acreditarse como un patriota que, desde la Presidencia de la República, velaría como nadie por la seguridad del país. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, recurrió al Ejército y la Marina para luchar contra los cárteles de la droga. Sin embargo, el tiempo demostraría que el presidente, al comenzar su mandato, no tenía noción del conflicto descomunal que desataría en la República. De los cárteles nada sabía; del narcotráfico enquistado en las altas y bajas esferas del país tampoco tenía noticia. Pronto ofrecería el espectáculo lamentable del hombre que camina entre la bruma y regiría su actuación como gobernante en principios distantes de la descarnada política. En los hechos, afirmaría que la violencia se combate con la violencia y que a la postre habría de ganar el más fuerte, en este caso el Estado. Las consecuencias que siguieron a esta conducta pública implican una alta responsabilidad por parte de la cabeza del Ejecutivo. Si el Estado es el titular exclusivo y legítimo de la fuerza, es inevitable, como corolario, que el uso de la desmesurada capacidad bélica de la autoridad debe contemplarse con prudencia. El recurso de las Fuerzas Armadas, el gran aval del gobierno, subraya el fracaso de una política capaz de ofrecer los niveles mínimos de seguridad y bienestar a los que el pueblo tiene cabal derecho. El Estado, sin más,

JUSTICIA apostó a su mejor carta y así, automáticamente, devaluó el resto de la baraja. Si bien es formalmente legítima, la utilización de la fuerza pública puede convertirse, en los hechos, en otra forma extrema de violencia. El poder no debe ir más allá de los parámetros éticos y jurídicos que distinguen a un Estado de derecho, de suerte que violentar o menospreciar estos límites daría origen a un quiebre paulatino de las instituciones, fundamento real y visible del Estado de derecho.

La condena (…)

Felipe Calderón hizo valer su cargo eminente y tomó decisiones sin sustento legal. A la vuelta de su historia, escucha ya los más serios cuestionamientos acerca de su quehacer. ¿Cuál es su responsabilidad? Para establecerla, debemos examinar distintas clases de responsabilidad. La responsabilidad política, en primer lugar, “es aquella que tienen los funcionarios federales cuando con su conducta violen los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, y también la que tienen los funcionarios estatales cuando con su conducta incurran en violación a las leyes federales y a las leyes que de ellas emanen, o por el manejo indebido de fondos o recursos federales”.2 Las responsabilidades jurídicas, por su parte, pueden ser administrativas, civiles y penales. Por lo que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos, la jurisprudencia de nuestro país establece lo siguiente: De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: a) la responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; b) la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; c) la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y d) la responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.3 Han sido múltiples las consecuencias derivadas de la guerra, más allá de la flagrante violación cometida en su origen. Entre esas consecuencias destacó la forma como se hicieron llegar a las Fuerzas Armadas caudales inmensos. El asunto es particularmente grave para una sociedad con las enormes carencias de nuestra cartera, insuficiente para atender los rezagos seculares que padecemos. Paralelamente a tales cuestiones habría que esclarecer el soporte legal con el que actuó Calderón y precisar el uso que las Fuerzas Armadas dieron a la riqueza confiada a sus manos. Todos deberíamos saber de qué manera y conforme a qué criterios fueron utilizados los recursos públicos para emprender y sos-

tener durante tan largo tiempo la guerra sin el cabal sentido de la coherencia. Resulta válido vaticinar que estas tareas, apenas esbozadas aquí, en su momento habrán de ser tomadas en sus manos por grupos e instituciones que ya han expresado su malestar por el comportamiento del Ejecutivo. En el tema se impone la ilegalidad en la que ha incurrido el Ejecutivo, comportamiento del que pueden derivar responsabilidades administrativas, civiles y penales, todas por dilucidar. Desde el punto de vista administrativo, no podrían pasarse por alto o minimizarse las faltas u omisiones del poder federal en cuestiones internas que atañen a entidades estatales, como ocurre con los bienes patrimoniales de éstas: La responsabilidad administrativa es aquella en la que incurren los servidores públicos cuando, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, su conducta contraviene las obligaciones contenidas en el Código de Conducta Administrativo que previenen las 24 fracciones del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.4 Desde el punto de vista civil, la responsabilidad se da en aquellos casos en los que se afectan intereses de terceros. Como mero ejemplo, llama la atención por su complicada sencillez el caso siguiente: en el supuesto de que una mansión de narcos hubiera sido vendida a precios irrisorios a una familia común y corriente que sabía con quién negociaba, ¿qué destino tiene el inmueble? El inmueble habría sido punto de partida de un escándalo entre las familias enteradas del caso. ¿Debe el gobierno o no hacerse del suntuoso bien? ¿Debe la familia pagar impuestos mínimos o sumas mayores? ¿Debe la familia pagar deudas acumuladas y exigidas por la hacienda pública? ¿O sencillamente nada ocurrió y el caso se archiva sin más? Como quiera que sea, el juego sucio aparece por doquier. ¿Tiene el Estado derecho de intervenir en problemas que él mismo complicó? ¿Qué papel habría de tener el Estado, visto que la autoridad desató la contienda y se comprometió a asumir el costo de los daños colaterales? La cita siguiente da luz sobre el tema: Se entiende como responsabilidad patrimonial del Estado la obligación que tiene éste, como ente jurídico, de reparar a los particulares los daños causados con motivo de su actuación […]. Es evidente que existe una estrecha vinculación entre la responsabilidad patrimonial del Estado y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que la primera se genera por la actuación de los servidores públicos en su calidad de autoridades o representantes del Estado […]. Esta actuación de los servidores públicos puede ser dolosa o por negligencia, pero en ambos casos el Estado está obligado a reparar el daño causado a los particulares por la conducta de sus servidores públicos.5 Habría que agregar: es inexcusable la responsabilidad objetiva civil de los servidores públicos en aquellos casos en que su conducta afecta a terceros. En este capítulo, dicha responsabilidad es regulada particularmente por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Finalmente, es factible la intervención penal en los casos de acción u omisión del servidor público que incurre en delitos que sobrepasan los límites administrativos. No puede pasar inadvertido que, desde el punto de vista penal, al presidente de la República, durante el tiempo en que funja como tal, no se lo puede enjuiciar por traición a la patria y delitos graves del orden común, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 108 constitucional. Sin embargo, al término de su ejercicio sexenal podría comparecer ante la jus-


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JUSTICIA ticia, a fin de que respondiera por delitos graves acaecidos en sus años de gobernante. Durante esta guerra han sucedido innumerables hechos que podrían constituir delitos. Los integrantes de la delincuencia organizada, obviamente, son responsables plenos de sus acciones. Simultáneamente, y como en toda guerra, existe la posibilidad de que los agentes del Estado (los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas públicas de seguridad) también hayan incurrido en hechos delictivos. Los delitos que podrían haber cometido los agentes del Estado se enmarcan, por ejemplo, en el ámbito de ilícitos perpetrados contra el patrimonio de la Federación. Si los funcionarios no hicieron nada para detener el despojo más allá de las facultades de que estuvieran investidos para actuar, estamos frente al ejemplo típico de la complicidad, moneda de uso en las instituciones corruptas. Se da en los casos del servidor público que ejerce violencia sobre terceros a los que pretende someter a sus intereses, con lo que abre un espacio enorme a la vejación y a la humillación. En un sistema como el nuestro, la lacra del abuso de autoridad es parte ya de nuestra viscosa cultura política. Por el homicidio tendrían que responder las personas que durante la guerra hubieran dado muerte a algún sujeto sin que concurrieran en el hecho los argumentos del crimen per se, esto es, la alevosía, la ventaja y la traición. La tortura, por su parte, es en sí misma la expresión nítida del mal, la complacencia, el

gusto nefando en el sufrimiento del otro, y como tal debe ser perseguida, no importa quién la haya ejercido. Perogrullo diría que una guerra trae consigo, inevitablemente, legiones de muertos, lesionados, desaparecidos y torturados, entre ellos, muchos inocentes. Sin entrar en la miseria cuantitativa, ese dolor podría adjudicarse a las partes en pugna. Al solo enunciado de estas líneas se agrega, obvia, la consideración siguiente: ¿quién paga por los inocentes, quién reivindica su muerte, quién los vela, quién debe quererlos para siempre por la sola y contundente razón de que nada debían, de que tenían la conciencia en paz y aun así cayeron abatidos? ¿Habrá manera de evitar un llamado a cuentas a la autoridad que engendró tanto dolor? ¿Quién podría detener el grito del infortunio y de qué manera habría que proceder para encarar un futuro huérfano? Sólo queda un camino a la vista: el alivio del hambre y la sed de justicia que padece la República, entrañable y dolida. Véase Julio Scherer Ibarra y Jenaro Villamil, La guerra sucia de 2006, México, Grijalbo, 2007. 2 Sergio Monserrit Ortiz Soltero, Responsabilidades legales de los servidores públicos, México, Porrúa, 2007, pp. 90-91. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. III (abril de 1996), p. 128. 4 Ibid., p. 127. 5 Alberto Gándara Ruiz Esparza, Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, México, Porrúa, 2007, pp. 107-108. 1

Calderón, acusado formalmente por crímenes de lesa humanidad GLORIA LETICIA DÍAZ

C

uando se cumplen casi cinco años de que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, con un saldo que bordea los 50 mil muertos y miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, abogados de diversas instituciones demandaron al presidente mexicano por crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda. Con la coordinación de Netzai Sandoval Ballesteros, abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto de Ciencias Penales de la PGR, así como de organizaciones de derechos humanos e incluso consultores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentaron la demanda el viernes 25. El recurso pretende sentar en el banquillo de los acusados a Calderón y también al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera; a los secretarios de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván “y demás autoridades, militares y narcotraficantes” a quienes acusan de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La demanda tiene sustento en 470 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, expuestos en más de 700 fojas y avalados por 23 mil mexicanos que firmaron la querella internacional. Como reacción a la demanda, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió un comunicado el viernes 25 para rechazar la respon-

sabilidad del gobierno federal en el contexto de la violencia generalizada. En seis puntos la Segob negó que la violencia que viven día a día los mexicanos se apegue a “un conflicto armado no internacional de carácter permanente”, una de las condiciones que establece el Estatuto de Roma para que sea objeto de revisión de la CPI; la dependencia argumentó que lanzar a miles de militares a la calle no es violatorio de los derechos humanos y dijo que “sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y a proteger a todas y a todos sus ciudadanos”. En cuanto a los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, Gobernación califica las actividades de aquéllas como “una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales” y para desmantelar sus “estructuras logísticas, financieras y administrativas”. Tras esgrimir la reforma constitucional en la materia y las visitas de relatores de la ONU y de la OEA como pruebas de la disposición y apertura del gobierno para respetar los derechos humanos, la Segob sostiene que “el Estado mexicano no está en guerra” y “no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en ese sentido”. En entrevista con Proceso antes de presentar la demanda, Sandoval Ballesteros señaló que la inclusión de Joaquín Guzmán Loera como parte de la denuncia se explica porque para cumplir algunos de los compromisos que Calderón hizo con el gobierno de George W. Bush, sobre todo el combate al narcotráfico y el control de la frontera, “el gobierno federal ha recurrido a una alianza, un poco de facto pero

también pactada con algunos cárteles del narco y particularmente con el de Sinaloa”. Esta afirmación se sostiene “en información dada por el investigador Edgardo Buscaglia y otros analistas que han planteado que el gobierno de Calderón está llevando a cabo una guerra sesgada que favorece al cártel de Sinaloa”. La decisión de recurrir a la CPI, explicó Sandoval, surgió ante la “imposibilidad constitucional de juzgar a Calderón y la ausencia de un marco legal que tipifique los crímenes de guerra y lesa humanidad”. La CPI ha juzgado a jefes de Estado como Slobodan Milosevic, de la extinta Yugoslavia, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad y quien murió en 2006 durante su proceso. La intervención de dicho tribunal internacional es factible en el caso de Calderón, ya que México reconoció en 2005 la competencia de la CPI y del Estatuto de Roma que le da origen, apunta el abogado. Más aún, para el abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y especializado en administración de justicia, los hechos de violencia desatados por el combate al crimen organizado, así como las agresiones contra migrantes, se encuadran en los tipos penales en los que la CPI tiene competencia. La solicitud de intervención del tribunal internacional señala en la exposición de motivos: “Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para i) combatir al narcotráfico y ii) restringir al máximo el tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos. Ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 7, párrafo 1, inciso a, c, d, e, f, i, k así como el artículo 8, párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, inciso e, numerales I, IV y VIII todos del Estatuto de Roma , debe ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.” O


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E S TA D O S / D U R A N G O

Una

Especial

mafia estatalmente

amparada

Parece el guión de una película de terror. No lo es. Es la historia de José Morales, quien fue secuestrado, amenazado y chantajeado por funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel en el estado de Durango, uno de los cuales ahora forma parte del equipo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto. Morales narra a Proceso la pesadilla que vivió pese a saber que aún corre riesgos. “Tengo que denunciarlo”, afirma. PATRICIA DÁVILA

A

las seis de la tarde del 1 de junio de 2011 José Morales y su hijo –del mismo nombre– daban un paseo a pie cerca de su casa en la colonia La Herradura, Estado de México, cuando una camioneta doble cabina color gris plata, sin placas, los interceptó. Cuatro hombres armados bajaron de ella. El más alto y fornido preguntó por José Morales. Éste respondió: “Soy yo”. El hombre fornido lo sujetó con un brazo por el cuello, le dijo que era comandante y lo subió a la camioneta. “Supe que era un secuestro. Mi hijo intentó rescatarme. Lo contuve. Quise evitar mayores males. Circulaban en sentido contrario. Aunque me llevaron con la cabeza gacha, noté que tomamos hacia Querétaro. Iba nervioso. Me quitaron el celular. Les pedí que me permitieran llamar a mi familia y se negaron. De pronto nos desviamos hacia un paraje antes o después de Querétaro, no sé. Me dejaron en una construcción rodeada con barrotes.” Cuenta la historia don José Morales, quien –por conducto de su sobrino, el abogado Germán Cruz– solicitó una entrevista con Proceso. Lleva en las manos una carpeta de piel color azul marino. Lo

El secuestrador Marco A. de Haro y el Ministerio Público Martín Hernández. Cómplices

acompaña Cruz. En la carpeta está el cúmulo de hojas y fotografías que componen el expediente judicial 69/2010. Mientras José Morales era trasladado a Querétaro, su hijo daba a su primo Germán los detalles del secuestro. “Por la descripción le dije que era un secuestro, pero me recordó que el plagiario se identificó como comandante. Hablé con un abogado amigo de la familia y empezamos a buscar a mi tío en las procuradurías del Estado de México y del Distrito Federal, en la Cruz Roja y en hospitales. No estaba”. Hacia las 20:30 el hijo recibió una llamada a su celular: Escuchó la voz de un hombre: “O nos pagas 13 millones de pesos o vas a encontrar a tu papá en pedacitos”. Colgó. A las 23:30, otra llamada: “Junta 13 millones en efectivo. Te indicaremos en dónde será la entrega”. A las 0:30 horas otra llamada: “Ve a Durango”. “¿A la calle de Durango?”, preguntó José hijo. “No, pendejo. No es una broma. Al estado de Durango. Cuando llegues te hablo para decirte en dónde entregues el dinero”. Amaneció el 2 junio. José Morales sigue el relato de su secuestro. Insaciable, una y otra vez bebe el agua del vaso que tiene frente a él, sobre la mesa de la sala de lectura del semanario.

Su boca seca le obliga a hacer pausas continuas. Reanuda el relato: “La mañana del jueves 2 un hombre rapado llegó por mí a la construcción. Me ordenó que subiera a la camioneta. Poco después se unieron dos de los hombres que me secuestraron. Tomaron rumbo a Durango”. Una vez en la capital del estado, para su sorpresa lo llevaron a las oficinas de la Fiscalía General. Ahí permaneció largo rato. Cuando fueron por él, sin explicación alguna lo condujeron nuevamente a la camioneta y en ella lo sacaron de la fiscalía. Durante un tiempo dieron vueltas en las cercanías del penal y finalmente lo llevaron a la cárcel: “Me fotografiaron y tomaron huellas de toda mi mano. Me alegré. Pensé que al menos quedó un registro de dónde estaba”, dice. Lo llevaron al área de reos de nuevo ingreso. Sus compañeros le prestaron cobijas, le regalaron un jabón y le dijeron que después de las 21:00 horas los dejaban usar el teléfono; le facilitaron una tarjeta. Mientras tanto, ese mismo 2 de junio su hijo y su sobrino, acompañados por un abogado, iniciaban otro vía crucis: Tomaron el primer vuelo que encontraron a Durango. Llegaron a esa ciudad a las 11:30 de la mañana y se hospedaron en el hotel Milenio.

Los plagiaros no hablaban. Los tres salieron a buscarlo a la cárcel municipal, la fiscalía y el penal estatal. No lo encontraron. Después del mediodía sonó el celular de José hijo. La misma voz quería saber si traía el dinero. José le pidió una prueba de vida de su padre. Fue una osadía: “Nosotros no tenemos que darte nada. ¿Pagas o lo quieres muerto? Te lo voy a decir muy claro. Si pudimos traernos a tu papá, ¡imagínate lo que podemos hacer! El fiscal general Ramiro Ortiz Aguirre está enterado de este asunto”. No lo podían creer. Recordaron que el pasado 31 de enero Ortiz Aguirre y un agente del Ministerio Público fueron acusados por el señor Polo Valenzuela de proteger a los secuestradores de su hijo Leo, a quienes él logró identificar plenamente. Polo Valenzuela fue asesinado la mañana del 4 de febrero. A casi un año de su homicidio, su caso sigue archivado. Estupefactos, José, Germán y el abogado que los acompañaba regresaron al hotel. A las 18:30 recibieron otra llamada. José puso el altavoz: “Te esperamos a las nueve de la noche en el bar del hotel Gobernador. Ven solo”, le ordenaron. No fue solo. A la cita acudieron los tres. En el lugar no sabían a quién dirigirse. De pronto José reconoció a uno de los secues-

tradores; éste se le acercó. Igual que hizo cuando plagió a su padre, con el brazo le rodeó el cuello y lo llevó a una mesa en la que lo esperaban varios hombres: seis tatuados, uno con cachucha roja y otro de baja estatura. Le reclamaron haber llegado acompañado: “¿Quieres que hable para que lo maten?”, amenazó. Respondió el hijo: “¡Espera! No tienes por qué ponerte así. Dijiste que eres comandante, ¿por qué pides un rescate? ¿Por qué lo trajiste a Durango?”. El hombre contestó: “Siéntate cabrón, te lo vamos a decir…”. Los acompañantes del secuestrador se pusieron de pie, los rodearon y los despojaron de celulares, radios y cámaras fotográficas. Portaban armas a la cintura. En el bar del hotel los clientes observaban impactados pero nadie intervino. Ni el personal de seguridad. El llamado comandante se presentó: “Soy Marco Antonio de Haro Rosales, primo hermano de Hugo Rosales Badillo, exsecretario de gobierno del estado, que tiene el despacho de abogados más poderoso de aquí. Te dije que de esto está enterado el fiscal y también el gobernador. Si no colaboran y nos dan los 13 millones, le damos en la madre a tu papá”. Germán sigue el relato: “Se puso de pie el chaparrito. De Haro nos dijo que era su colaborador. Él asintió y se identificó: ‘Soy Phillip Brubeck. Mira cabrón, pagas o tu papá se muere. Queremos negociar con ustedes, pero tanto Marco de Haro como yo tenemos la facultad para hacer una llamada y matarlo’”. “De Haro aclaró: ‘En 2006 tu papá no entregó unos equipos para la fabricación de mezcal y el Consejo Estatal de Mezcaleros –con quien se firmó el contrato– quiere su dinero’. Mi primo le dijo que sí estaban instalados, que todavía en mayo vino mi tío y que un ingeniero de la empresa asesoró a los ejidatarios para que manejaran el equipo. Alfredo Conde y Valente Salas, representantes de las empresas, firmaron de recibido. Intervine: ‘De acuerdo, regresamos los 13 millones y nos entregan el equipo’. Marco Antonio respondió: ‘No, cabrón, esos equipos se quedan como pago de daños y perjuicios’. Lo interrumpí: ‘¿Ves? Reconoces que sí existe el equipo’.” Brubeck se dirigió a mi primo: “Eres un chamaco pendejo. Para nosotros no existe el equipo. Nos vas a pagar a la buena o a la mala”. Todos se pusieron de pie. Los hombres tatuados hicieron amago de sacar las armas. El bajito añadió: “Hijos de la chingada, o pagan o se mueren ustedes también. Rosales Badillo y el fiscal apoyan esta causa”. Se jactó de ser quien proporcionó el domicilio del señor Morales. Más tarde, al investigar los antecedentes de los plagiarios, se enteraron de que Brubeck es director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía del estado y

que por su cargo tiene acceso a información confidencial de proveedores y beneficiarios. Los primos y el abogado se encaminaron al acceso del hotel para retirarse: “Al abrir la puerta de cristal nos alcanzaron. Marco sujetó a mi primo y le dijo: ‘Ven hijo de la chingada’. Brubeck lo increpó: ‘Te voy a dar una muestra de que nosotros sí tenemos poder’. Tomó su celular, marcó un número, puso el altavoz y preguntó: ‘¿Tienen a ese cabrón con ustedes todavía?’. ‘Sí’, le contestaron. ‘Si en tres minutos no te hablo, lo matas’, agregó. Mi primo no pudo más: soltó el llanto”, narra Germán. José Morales se aprieta las manos y se esfuerza por no llorar mientras sigue atento el relato de su sobrino: “De Haro le preguntó cuánto dinero traía. Mi primo le dijo que 200 mil pesos. Se los pidió y, benevolente, le concedió un día más para reunir los 13 millones. Además le ordenó pagar los 9 mil pesos que consumieron en el bar. Los hampones nos rodearon. Nos mostraban sus armas. Se acercó el tipo que siempre permaneció callado, el de la gorra roja. Se dirigió a mi primo: ‘Es muy sencillo, si me da el 35% de lo que le exigen los compadres, puedo ayudar a su papá para que no le pase nada’. ‘¡¿Cómo?! No los tengo’, le respondió.” De regreso al hotel notaron que eran vigilados por una persona que conducía un Grand Marquís oscuro, sin placas. Los vigiló toda la semana que permanecieron en Durango. Ya en la habitación, pasadas las 21:00 horas José recibió otra llamada telefónica. Con sorpresa escuchó la voz de su papá. Cuando menos ahora sabía que estaba vivo y bien, aunque preso. Don José les habló de una amenaza de muerte que recibió al entrar al penal. Se preocuparon pues recordaron que dos semanas antes ahí mataron a 20 reos.

Complicidad del juez El 3 de junio muy temprano fueron a buscar a don José al Cereso de Durango. Recorrieron todos los juzgados. No estaba registrado. Por fin una abogada les comunicó que estaba en el Juzgado Segundo de lo Penal y que estaban por tomarle declaración preparatoria. Encontraron a don José tras la rejilla de prácticas y ahí fue cuando escucharon que lo acusaban de fraude genérico por no instalar las fábricas mezcaleras. “Pedí el expediente a la secretaria de Acuerdos. De atrás de una puerta que está dentro del juzgado salió un tipo y amonestó a la licenciada por prestarme el expediente. Le dije: ‘¡Oye!, no sé de leyes pero soy el acusado y tengo derecho a leer de qué me acusan’. Después supe que el señor es el agente del Ministerio Público de nombre Martín Hernández, el mismo de la cachucha roja que la tarde anterior acompañó a los secuestradores y le pedía 35% de


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E S TA D O S / Q U I N TA N A R O O

ES TA D O S / DU R A NG O los 13 millones a mi hijo”, cuenta don José. Interviene Cruz: “Me acerqué al juez Juan Manuel Lira Gallegos, le comuniqué lo sucedido con esa persona y respondió: ‘¿Qué quiere que haga? Ustedes hagan lo que tengan que hacer’. Nos quedamos pasmados. Perplejos”. “Su señoría”, dijo Germán, “¿cómo es posible que secuestren a mi familiar, lo traigan sin una orden de aprehensión ni de presentación ni de colaboración con la Procuraduría de Justicia del Estado de México? No existe ni el parte de la Policía Judicial ¿Así lo va a declarar? ¿Sabe lo que está haciendo? Viola los artículos 16 y 19 constitucionales”. El juez no respondió. Continúa: “‘¡Ah!, por lo que veo es muy claro que todos están confabulados’, le dije al juez. Respondió: ‘No me ofenda’. ‘Están rayando en lo absurdo: MP, jueces, autoridades y exfuncionarios coludidos, ¿dígame mejor de qué se trata y cuánto le dieron’. ‘Prosiga la audiencia y platicamos’, respondió el juez”. El abogado de la familia Morales analizó el expediente, notó que en el punto V se señala que los equipos no fueron entregados y vio que hay una pericial y una inspección ministerial con fotos y algunas cosas que no son congruentes con la realidad. Además está asentado un avalúo de la maquinaria de 12 millones 735 mil pesos sin IVA, que un perito local realizó sin tener la maquinaria a la vista. Germán solicitó de inmediato una inspección judicial. El Ministerio Público (MP) se opuso a la inspección, porque dijo que ya había una en el expediente: “Le dije al juez que no podía oponerse, de lo contrario me iría al Distrito Federal a denunciar las irregularidades. Se molestó, pero la otorgó”, recuerda Cruz. Ese mismo día se hizo la inspección: Acudieron al poblado de Pino Suárez, en Durango, el MP, la secretaria de Acuerdos y otros enviados del juzgado, quienes dieron fe de la existencia de la maquinaria instalada. Al día siguiente, 4 de junio, fueron al municipio de El Mezquital. Pero ahí, a la fábrica llegaron hombres armados, entre ellos Marco Antonio de Haro y el MP. El primero aleccionaba al segundo. Germán Cruz se atrevió a tomar algunas fotos que entregó a Proceso junto con una copia íntegra del expediente jurídico; una lista de las placas de los seis automóviles desde los que los vigilaron, todos registrados a nombre de hermanos de Hugo Rosales, exsecretario de Gobierno –quien ahora forma parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto– y un legajo de copias de notas periodísticas que mencionan secuestros operados desde la fiscalía y en contubernio con Rosales. “El día 5 le pregunté: ‘Su señoría, de cuánto será la fianza para sacar en libertad bajo caución a mi tío; puesto que acreditamos la existencia e instalación de

la maquinaria se desvanece el cargo que le imputan en el punto V’. Nos pidió que esperáramos y después de una hora nos llamó para decirnos que la fianza era de 13 millones de pesos, más 60 mil por sanción pecuniaria y 10 mil por multa. ‘¿Es en serio lo que dice?’, le pregunté. No reconsideró. Ésta es la fianza más alta que se ha fijado en el estado”, asegura Cruz. Al salir del juzgado, De Haro los interceptó una vez más: “Va a pagar o no va a pagar”, le preguntó al hijo de don José. Ya en la Ciudad de México “tuvimos problemas para obtener una fianza tan alta. Es fácil sacar una industrial para un contrato de licitación o para ejecutar una obra civil, pero no para esta causa. Por fin, la afianzadora Sofimex la expidió, sólo había que esperar la semana que lleva el trámite”.

Amenazas de muerte Mientras tanto en el penal don José Morales recibió una visita. Al llegar al locutorio vio que lo esperaba De Haro y prefirió regresar a su celda: “Después supe que este señor solicitó que me pasaran a otra área. Me dijeron que contrató a una persona para que me matara. Afortunadamente me dejaron en el mismo lugar. Ya conocía a los presos. Me levantaba a las cinco de la mañana a la fajina: limpiar, barrer… me servía de distracción”, narra, perturbado. Interviene su sobrino: “Nos preocupó saber que seguían amenazándolo. Por fin llevamos la fianza al juzgado, se la exhibimos al juez y nos dijo que no podía entregarlo porque faltaba un nombre de mi tío. Le dije: ‘Señoría, ¿cómo es posible?, le estoy trayendo una fianza con el nombre exacto de mi tío y además aquí viene su hijo y viene un representante de Sofimex y puede avalar que es la persona’. Pidió que regresáramos a México a cambiar el documento”. Se alteró: “Le dije: ‘Juez, qué lastimoso y qué doloroso saber que la delincuencia organizada no son los narcos, no es la gente que anda afuera robando, extorsionando; la delincuencia organizada son ustedes. Ustedes se organizan aquí para que estos individuos secuestren y extorsionen, como lo hizo Marco Antonio con mi tío. ¡No es posible que no lo quiera liberar! Vamos a denunciarlo por privación ilegal de la libertad, porque usted sabe que existe jurisprudencia y mientras no varíen los apellidos no hay problema’. En eso entraron De Haro y Brubeck; lo presionaron para que no lo liberara”. Interviene don José: “No se imaginaron que podíamos obtener la fianza. Supusieron que me iban a tener guardado un mes o mes y medio. Ganando tiempo para que les diera el dinero en efectivo”. Confirma su sobrino: “Cuando De Haro y Brubeck se dieron cuenta de que llevábamos la fianza nos pidieron que les

diéramos el dinero a ellos y que irían a entregarlo a los ejidatarios”. Abandonaron el juzgado. En la puerta del penal los alcanzó el juez y les dijo que iba a liberar al señor Morales y le fijó audiencias mensuales. Después de media hora salieron del penal con don José, en un coche rentado, y se fueron directamente al aeropuerto. Con militares custodiando la zona, lo consideraron el lugar más seguro para esperar durante seis horas la salida del vuelo al DF. En la primera audiencia, el pasado 8 de julio, estaban De Haro y Brubeck con 12 hombres armados en el juzgado: “Nos interceptaron y amenazaron a mi primo José: ‘Tú, pinche niño, también te vamos a matar. ¿Piensas que lo tienes todo controlado? Esa pinche fianza que metieron…’ “Esa vez llevamos a Carolina Alonso Padilla, perito del Tribunal Superior de Justicia del DF, especialista en el área. Rindió un peritaje y avalúo de la maquinaria. De Haro le dijo que era una cualquiera, una pinche vieja y que le iba a dar en la madre… La empujó, le alcanzó a pegar. Ella le preguntó al juez que cómo era posible que permitiera que la agredieran. ‘No puedo hacer nada’, respondió.” Para el 12 de octubre, fecha de otra audiencia, fueron con Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango desde el pasado 13 de julio. Fuentes de la Procuraduría General de la República aseguran que Ramiro Ortiz fue destituido por no aprobar el examen de confiabilidad. “Le narramos todo. Pidió copia del expediente. Notificó al gobernador que no existían elementos para librar una orden de aprehensión, tampoco de colaboración, de detención ni presentación”. También acudieron con el secretario de Gobierno, Héctor Vela, a quien le solicitaron garantías. –¿Pasó el peligro? ¿Está consciente de los riesgos que corre al denunciar? –pregunta la reportera a don José, quien suelta el llanto contenido durante tres horas de entrevista. –Tengo 65 años. He vivido. La familia es lo que me preocupa. Sé que habrá reacciones. Pierde un poco la compostura: “¡Mire, lo que me hicieron no tiene madre! ¡Es inaudito! Mucha gente se calla por miedo. Estas cosas se tienen que decir. Vivo de mi trabajo y no puedo permitir que una bola de mafiosos y rufianes abusen y traten de hacerse ricos con el dinero de los demás. Sé el riesgo que corro pero tengo que denunciarlo. Así me educaron, para bien o para mal.” El llanto es incontenible. Se disculpa mientras limpia sus lágrimas. Le es imposible hilvanar una frase. Las palabras le salen entrecortadas. “Decidí denunciar porque nos enteramos de un caso similar, el de don Polo…”. En breve don José se presentará ante el juez Lira Gallegos en Durango para solicitarle que se decrete su libertad por “desvanecimiento de datos”. O

Desde hace 14 años un lujoso inmueble de Quintana Roo conocido como Casa Magna, cuyo presunto propietario era el capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, ha estado envuelto en el misterio, detrás del cual podrían estar los hermanos Salinas de Gortari, asegura el empresario de Tulum Juan Chío y varios lugareños consultados por Proceso. Primero fue expropiado por la PGR; pero hace tres años apareció una sinaloense a la que nadie conoce –Sandra Eufrocina Chávez Vega–, y tras presentarse como “legítima propietaria” recuperó el predio, que luego le arrebató su exapoderado legal. Hoy, el abogado se ostenta como el dueño e incluso puso en venta la enigmática Casa Magna.

Los

fantasmas de la Casa Magna

Rosa Santana Sánchez

ROSA SANTANA

T

ULUM, QR.- Aun cuando hace tres años la Procuraduría General de la República (PGR) restituyó a Sandra Eufrocina Chávez Vega, su “legítima propietaria”, la mítica Casa Magna –que presuntamente perteneció al extinto líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a quien le fue expropiada hace 14 años–, los enigmas que rodean a ese búnker se profundizan. La propiedad se ubica a la altura del kilómetro 9.5 del camino Tulum-Punta Allen, a 15 kilómetros de la zona arqueológica de Tulum y a uno del arco de acceso a la reserva ecológica de Sian Ka’an, en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en la codiciada franja costera de José María Pino Suárez. Cuenta con dos residencias que ocupan tres hectáreas y, dicen los lugareños, pertenece al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a sus hermanos. El empresario Juan Chío, uno de los consultores inmobiliarios más antiguos de la zona, relata que tras la muerte del capo colombiano en diciembre de 1993 y al término del sexenio de Carlos Salinas, la PGR aseguró la Casa Magna y ahora nadie se atreve a hablar del asunto. “Ya nadie comenta que era de Raúl, Adriana y Carlos Salinas –dice Chío–. Incluso se perdieron los papeles. Sin embargo, hace tres años apareció Chávez Vega, quien dijo ser la auténtica dueña y recuperó la propiedad”. Hoy, la Casa Magna, que


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E S TA D O S / Q U I N TA N A R O O

Pistas confusas La averiguación previa 215/MPFEADS /97 indica que el inmueble estuvo asegurado de 1997 a 2008 por la PGR. El 23 de septiembre de 2002 la dependencia lo entregó al Servicio de Administración de Bienes Asegurados, de acuerdo con el acta AV/PGR/ ATN/DRD/CUN/0286/02/09. Y tras un abandono de tres años, en 2005 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cedió la construcción a la empresa Amansala, S.A. de C.V., de las estadunidenses Melissa Glee Perlman y Erica Joy Gracc, para que la habilitaran como hotel. El proyecto Casa Magna Amansala Eco Chic Resort funcionó durante dos años. “Asegúrese de visitar el techo de la cima de la mansión cuando se abre. Una vez utilizado como un helipuerto para escapes rápidos de (Pablo) Escobar, en su lugar será sede para las sesiones de yoga Amansala”, decía la propaganda del hotel. Las tarifas eran variadas. La renta por habitación iba de 185 a 300 dólares por noche; quienes preferían rentar una villa completa por una semana pagaban 26 mil dólares. Un monje lama limpió incluso “las malas vibras”. Aun así, en 2008 las empresarias fueron lanzadas, pues según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apareció la “legítima propietaria” del predio. El 24 de abril de ese año emitió incluso el oficio DCO/DECR/CRC/ATJR/0734/0, en el que apuntó que un año antes Sandra Eufrocina Chávez Vega reclamó el inmueble por medio de su apoderado legal, el jalisciense Carlos González Nuño, que terminó por quedarse con él. El acta DEV/A/PGR/CUN/0008/08/04 da cuenta de la devolución del predio a Chávez Vega, derivado de un acuerdo firmado el 10 de agosto de 2007 por Genaro García Chacón, agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Durante dos años, a partir de que Casa Magna fue entregada a Amansala, la periodista Fabiola Cortés Miranda, editora del portal electrónico local NoticaribeNews, solicitó información en varias ocasiones sobre la propiedad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-

Disputa por las tierras del millón

ROSA SANTANA

T

ULUM, QR.- Paraje de contrastes, Tulum es motivo de una guerra de intereses económicos. La batalla más encarnizada se libra en torno a los aproximadamente 10 kilómetros de playas del ejido José María Pino Suárez, que de acuerdo con el empresario hotelero y consultor inmobiliario Juan Chío, pionero en el enclave turístico, actualmente pueden costar hasta un millón de dólares por metro lineal. El conflicto, que a lo largo de los años ha dejado una estela de muertos y desaparecidos, se debe a que no está definido si esas tierras son ejidales o pertenecen a particulares. Ambos bandos incluyen a poderosos personajes. Del lado del ejido pesan nombres como los del hermano del exbanquero Roberto Hernández, Pedro Hernández Ramírez, y los hijos de éste: Pedro, Roberto y Sol Hernández Madrazo, actualmente “ejidatarios mayoritarios” que poseen decenas de certificados parcelarios de Pino Suárez. En el grupo de los particulares resaltan los apellidos Garza Ponce, Montemayor y Schiavón, entre otros. Por eso el despojo de tierras en la zona se ha recrudecido ahora, cuando el Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal parece próximo a resolver la añeja disputa por la posesión de las playas de Tulum, las más codiciadas del Caribe mexicano. La controversia surgió casi a la par que el ejido. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez el territorio federal de Quintana Roo estaba en vías de erigirse en estado, e inició el proceso de creación del Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino Suárez, que concluyó en la administración de Carlos Salinas de Gortari.

“Los NCPE se les otorgaban a campesinos que pedían tierra dentro de su estado y, al ya no haber disponibles, se les ofrecía en otro. Como en los setenta todavía esto era territorio, lo que se pretendía era alcanzar el número de población suficiente para crear el estado”, explica el abogado Álvaro López Joers. En la zona se eligieron más de 6 mil hectáreas susceptibles de afectarse para el NCPE y se les asignaron al principio a campesinos de Tenosique, Tabasco, con la idea de que se dedicaran a la pesca. Posteriormente ellos rechazaron asentarse ahí y se les reubicó cerca del río Hondo, en lo que hoy es el municipio capital, Othón P. Blanco. En el proceso de creación de Pino Suárez, el cuerpo consultivo de la Secretaría de la Reforma Agraria determinó que, a fin de que el ejido tuviera salida al mar, se afectaran los terrenos de la playa. El correspondiente decreto presidencial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1973. Dicho decreto afectó los terrenos de la playa que entonces usufructuaban Felipe Hernández Colli y Antonio González Avilés, quienes a cambio recibieron, cada uno, 200 hectáreas del nuevo ejido. Ninguno de ellos se inconformó ni amparó contra ese mandato que canceló de facto sus escrituras ad perpetuam sobre los kilómetros de tierras afectadas, pero como no fueron ocupadas en su momento por los ejidatarios originalmente beneficiados, González Avilés y el yucateco Álvaro Cámara Peón los fraccionaron para venderlos como propiedad privada en 13 lotes, que luego se subdividieron en 25 y después en 69.

“Uno de los compradores de González Avilés y Cámara Peón fue un gringo llamado Eric Norton, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que llegó en la década de los setenta. Le gustó la playa y le vendieron varios kilómetros sin documentos, porque le dijeron que aquí era territorio y no se requerían. Le sacaron un título ad perpetuam para el cual sólo se necesitaba llevar al Registro Público de la Propiedad dos testigos y el croquis de referencia”, recuerda el empresario Chío. No obstante el estadunidense sospechó que podía perder su inversión y decidió vender su playa, también en fracciones, que fueron compradas por gente de gran poder adquisitivo. Se les advirtió a todos los clientes sobre la situación jurídica de los predios, “pero todo el mundo se hizo el guaje porque significaban dinero y pensaron que nadie iba a pelear un terreno en medio de una costa llena de mosquitos, en la selva y casi inaccesible… y así se fue complicando la cosa”.

El origen de la violencia En 1981 las autoridades decidieron ejecutar la resolución presidencial de 1973 y sustituir a los ejidatarios con pobladores de las zonas aledañas mediante un acta de posesión y deslinde. Para ese entonces González Avilés ya había tramitado un título de propiedad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, dando como referencia Punta Piedra. Señala López Joers que “Punta Piedra, de acuerdo con las cartas marítimas y todas las mediciones que se hacían en esa época, está exactamente debajo de Punta Pájaros, en otra zona, pero entonces a funcionarios del gobierno del estado –quienes se perca-

tan de que los ejidatarios originalmente beneficiados con esas tierras decidieron no quedarse– se les hizo fácil pasar el título de propiedad a otro lado” y propiciaron un traslape de predios que enredó más el conflicto. “Eso no se debería hacer, pero en aquellos años las mediciones eran con coordenadas geodésicas, no como ahora, que son puntos únicos universales. Las coordenadas geodésicas dependían de un punto de referencia, que en este caso era Punta Piedra, precisamente”, añade. A principios de los noventa, continúa, funcionarios de la SRA les dijeron a los nuevos ejidatarios que los terrenos de playas son suyos y desde luego decidieron tomar posesión del área. Entonces, relata el abogado, “los particulares iniciaron acciones penales de despojo que nunca procedieron porque lo que tutela el despojo es la posesión, no quién tiene el mejor derecho que otro, y como nunca pudieron acreditar que ellos tenían la posesión previa sobre los predios, nunca tuvieron éxito por la vía penal. Entonces intentaron varios juicios civiles reivindicatorios”. No obstante, explica, “las autoridades locales se dieron cuenta de que no estaba definido si el conflicto es de materia agraria o civil, entonces fueron muy prudentes para llegar a resoluciones o sentencias cuyo efecto hubiera sido ordenar el desalojo para entregar (las tierras) a su supuesto propietario”. Cuando los ejidatarios fueron a tomar posesión de las playas –relata a su vez Juan Chío–, encontraron ya operando varios pequeños hoteles cuyos propietarios compraron los lotes a Cámara Peón y Eric Norton. Finalmente llegaron a acuerdos con varios de ellos. “Estamos hablando de principios de los noventa, cuando la plusvalía no era muy alta acá. Playa del Carmen no existía, menos Tulum. Hoy la zona ha ganado una gran plusvalía y el metro lineal de playa llega a costar hasta 1 millón de dólares, pero ¿quién se mete a invertir donde no hay seguridad jurídica?” Los riesgos no son únicamente jurídicos. Alrededor del caso han ocurrido muertes e incluso desapariciones. Por ejemplo, el periodista Alberto Velázquez, director del diario Expresiones de Tulum, fue asesinado de un balazo en diciembre del año pasado, un día después de que publicó una serie de reportajes sobre el despojo de tierras en la zona. Antes de morir señaló como su homicida a El Biónico, un escolta del exalcalde Marciano Dzul. El propio Antonio González Avilés desapareció sin dejar rastro en los noventa, durante un viaje aéreo a Cozumel, municipio al que entonces pertenecía Tulum. “Se presume que fue arrojado al mar”, dice Juan Chío, quien a su vez sufrió un intento de homicidio por la misma disputa, el cual atribuye a los Garza Ponce, quienes disputan sus tierras. Narra que al principio arrendó un predio:

“Pagué por adelantado la renta de 10 años y luego compré tierras. Establecí algunos negocios, como el hotel Hemingway, Cabañas Don Juan y varias cosas más, y no hubo problemas”. A partir de 2000, “cuando llevábamos más de una década de posesión pacífica de los terrenos –prosigue el hotelero–, un grupo de judiciales estatales llegó a detenerme por una averiguación previa de supuesto despojo. Me tuvieron en la cárcel, me torturaron física y mentalmente para que entregara las tierras. Argumentaban que yo recientemente había llegado con una bola de golpeadores y me había metido en ellas ilegalmente, pese a que mostré toda la documentación que amparaba que desde 1996 me di de alta en el municipio y estaba pagando impuestos. “En otra ocasión, en 2002, un grupo de choque que tuvieron aquí durante dos años me golpeó, me tumbaron los dientes, me rompieron las costillas y me arrojaron al mar esperando que ahí muriera, pero sobreviví.” Indica que los golpeadores fueron echados por los colonos y posesionarios, que se armaron con palos, piedras y machetes. Posteriormente “a mí me dieron un amparo y les gané a los Garza Ponce lo civil, lo penal y lo agrario, pero el asunto no termina. Creo que ahora me van a inventar un pleito familiar o mercantil, como en el caso de los hoteles aledaños a la Casa Magna, cuyos propietarios recientemente fueron despojados por Carlos González Nuño”.

Entrampados Justo cuando ya se vislumbra una solución definitiva del conflicto, el despojo de tierra se agrava. El abogado López Joers expone que entre los diversos juicios agrarios, en esHernández. Poder familiar

José Manuel Jiménez

Miguel Dimayuga

comenzó a construirse en julio de 1992 y quedó terminada en diciembre de 1993 (Proceso 1048), está en venta. La publicidad virtual asienta que el inmueble tiene 300 metros de frente de playa por 100 de fondo y consta de dos villas. Una de ellas tiene ocho recámaras y está valuada en 7 millones de dólares; la otra es de 13 habitaciones y su precio de venta asciende a 10 millones de dólares.


tos momentos se ventila uno que inició en 2008. Como parte de éste, el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chetumal, ordenó levantar un censo de los posesionarios de la zona de playa para llamarlos como terceros con interés jurídico. Se espera que el conflicto sea resuelto a mediados de 2012. En este litigio “el ejido lleva a juicio a la SRA para que corrija su colindancia, el posesionario demanda de manera individual al ejido y el tribunal llama a todos para llegar a un acuerdo”. Explica que “el ejido percibe que por esta vía se le ha complicado obtener una sentencia porque también están citados los particulares que están en posesión de los terrenos y, obviamente, con cualquier tipo de sentencia que se dé habrá amparos y será un juicio largo. Por eso los ejidatarios acordaron con gente del tribunal que los posesionarios de manera individual demanden al ejido, con el fin de llegar a un convenio en una próxima audiencia y tratar de resolver el conflicto en una asamblea de formalidades especiales para asignar y emitir certificados parcelarios”. Además, comenta, “como los particulares, que también son parte de este juicio, se percatan que ya el Tribunal Agrario está avanzando a través de este tipo de juicios individuales y a través de convenios donde ellos no tienen la posibilidad de avanzar, también buscan cómo ganar mediante procedimientos civiles, a los que tienen título de propiedad”. Para Chío, los particulares “andan buscando apoderarse de toda la franja costera a como dé lugar para meter megadesarrollos. Yo me dedico a la consultoría y he traído inversiones por más de 500 millones de dólares a la zona, pero ahora que me preguntan los chinos, los estadunidenses y los canadienses si pueden invertir en Tulum, les digo que no, primero que nada porque no es segura su inversión”. Agrega: “Acá nos crearon un parque nacional a fuerzas. Tenemos una zona en conflicto, que es el ejido Pino Suárez, donde llevamos más de 20 años de juicios agrarios, y después una reserva ecológica: esa es toda nuestra costera. No se puede hacer nada así. “El nuestro fue el último ejido en certificarse –puntualiza–, apenas el año pasado y con un chorro de condicionantes. El ejido es manejado como una compañía, ya nadie trabaja la tierra y los derechos ejidales se utilizan casi como acciones ejidales; les estamos regresando las tierras a los grandes caciques”… Concretamente señala el caso del familiar de Roberto Hernández, “pero ante esto muchos se quedan callados”. O

tección de Datos (IFAI). Sus intentos fueron infructuosos. En su petición del 29 de junio de 2006, intentó saber sobre las circunstancias en que se le entregó el inmueble a la empresa Amansala. La Unidad de Enlace de la PGR se negó, con el argumento de que la información relacionada con “aseguramientos efectuados dentro de las diligencias básicas en la investigación ministerial como medida cautelar en la indagatoria de un delito” era “reservada y confidencial”. El 14 de agosto siguiente Cortés Miranda insistió, esta vez ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. La dependencia respondió: “El inmueble sobre el que solicita la particular información es un bien asegurado y afecto a un procedimiento penal federal, por lo que se requiere sigilo y total discreción en el manejo de la información relacionada con los mismos, en razón de no entorpecer las actuaciones que integran las investigaciones. “En razón de lo anterior, la respuesta que sugiere el peticionario de información es en el sentido de que la misma se encuentra RESERVADA.” Después de un recurso de revisión, el IFAI ordenó a la PGR liberar la información a la solicitante. Diez meses después, el 21 de septiembre de 2007, llegó la respuesta, cuya copia fue facilitada a Proceso: “Se realizó una minuciosa búsqueda en la base de datos con que cuenta la unidad administrativa sin que se localizara registro alguno respecto del inmueble del que se solicita información denominado Casa Magna Amansala. “En virtud de que en la resolución que nos ocupa se menciona que el anterior director de Registro y Clasificación mostró

Escobar. Presunto expropietario

reporte individual del inmueble de referencia, se hizo la revisión a todos los registros de inmuebles asegurados ubicados en Quintana Roo, detectándose el registro de un terreno rústico en el municipio de Solidaridad, por lo que se presume fue éste el reporte individual presentado por el citado director, sin embargo, la denominación y domicilio no corresponden al inmueble denominado Casa Magna Amansala. “Cabe agregar que, respecto de la situación jurídica del inmueble registrado (terreno rústico), el agente del Ministerio Público de la federación que conoce de la averiguación previa a la que se encuentra afecto, informó a esta unidad administrativa que mediante acuerdo de fecha 10 de agosto del año en curso, determinó levantar el aseguramiento y devolver a su propietario, por lo que al quedar insubsistente la calidad del bien asegurado no podría proporcionarse la copia del reporte individual, toda vez que sale de la esfera de competencia de la DGCRAM (Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales), cuyas atribuciones de registro y control se limitan exclusivamente a BIENES ASEGURADOS.”

Archivo Proceso

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E S TA D O S / Q U I N TA N A R O O

Despojo a hoteleros Originaria de Tacopaco, Choix, Sinaloa, Sandra Eufrocina Chávez Vega no sólo reclamó la Casa Magna. Su apoderado, Carlos González Nuño, también se apropió de las tierras ocupadas por los seis pequeños hoteles aledaños –Hamaca Loca, Xicho, Casa del Jaguar, Tierras del Sol, Vía Láktea y Las Nubes–, que en conjunto abarcan medio kilómetro de playas cuyo valor estimado es de 50 millones de dólares. El pasado 19 de octubre, los posesionarios actuales de esas tierras, quienes se las compraron a los ejidatarios, fueron intimidados por elementos de la SIEDO de la Ciudad de México, encabezados por el agente del Ministerio Público federal Luis Alberto Sánchez Gil, quien intentó desalojarlos. Según él, los hoteleros habían invadido terrenos que la autoridad federal tenía incautados por estar relacionados con el crimen organizado. Ellos le argumentaron al funcionario que habían comprado los predios de manera legal; incluso le dijeron que los números de sus lotes no correspondían a los que reclamaba la autoridad federal. Sánchez Gil optó por retirarse, aunque les notificó que abriría una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEICDCS/276/2011) y les extendió un citatorio para que comparecieran en la Ciudad de México el 31 de octubre. Sólo uno acudió; los demás optaron por el amparo. De nada les sirvió. Ese 31 de octubre por la noche, ya iniciado el puente de Día de Muertos y cuando se suponía que los seis hoteleros esta-

Los Salinas. Menciones

rían en el Distrito Federal para responder al citatorio de la PGR, el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, adscrito al Primer Juzgado Civil de Playa del Carmen, acompañado por policías municipales y turísticos y varios estibadores, consumó el despojo en cumplimiento del exhorto 363/11 enviado por el Juzgado 10 Mercantil de Guadalajara, Jalisco, que ordenaba entregar la posesión de esas tierras a González Nuño. A partir de entonces, González Nuño, quien ya no era representante legal de Eufrocina Chávez –a quien nadie conoce–, se convirtió en “legítimo propietario” de Casa Magna y de esos terrenos aledaños. Incluso promovió en el referido juzgado jalisciense el juicio ejecutivo mercantil 1705/09 sobre el lote 10 E de Punta Piedra contra Roberto López Chávez. Los afectados sospechan que, por su apellido materno, probablemente se trate de algún familiar de Eufrocina Chávez, aunque tampoco sabe quién es.

En pocas horas, los seis hoteles fueron desalojados. Algunos tenían 14 años y tenían sus permisos en regla. A rastras y con gases lacrimógenos, los hoteleros, sus familias y los huéspedes –la mayoría extranjeros– fueron lanzados a la calle. Las imágenes del operativo, que dejó un herido, dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. “Esta mala propaganda, las imágenes de los policías agrediendo y robando las pertenencias de esos turistas nos causó más cancelaciones de reservaciones que la influenza”, lamenta Juan Chío, quien atestiguó esos hechos. Cuenta que ese día en que la autoridad estatal consumó el despojo, y como los números de los lotes de los hoteleros afectados no correspondían a los que reclamaba González Nuño, a los uniformados “se les hizo fácil pintarlos en ese momento en las cercas para hacerlos coincidir”. “¿Desde cuándo el Ejército, la Marina

y la Policía Federal son movilizados para cobrar pagarés?”, pregunta. Según él, detrás de González Nuño se esconden poderosos intereses. Para Álvaro López Joers, abogado de los hoteleros despojados, “lo que llama la atención es que se cree la mecánica de llevar juicios civiles o mercantiles en un estado diferente a Quintana Roo; aunque se vale. Pero en la medida en que ese juicio se siga contra la persona que se va a afectar –que en ese caso no lo fue– eso constituye un fraude procesal”. Dice que la querella contra López Chávez –en caso de que éste exista– puede ser un “juicio inventado” por ambos para despojar a los hoteleros. En este caso hipotético, dice, “López Chávez le firma un título ejecutivo a González Nuño –imagino que un pagaré–, pero no le cumple. En consecuencia viene el juicio ejecutivo mercantil, que es una vía sumaria para garantizar un embargo de principio. “En estos casos se sigue el procedimiento: si el deudor no paga, se le embargan sus bienes; se sacan a remate. De esa forme el acreedor recupera su dinero, pero no se da la posesión del bien al demandante. “La trampa es que el Juzgado Civil de Playa del Carmen se haya atrevido a diligenciar o ejecutar una sentencia por exhorto de un juzgado de otro lado sin verificar que la persona a la que se fue a ejecutar es parte del juicio. En este caso ninguno de los despojados lo era”, sentencia López Joers. E insiste: al no ser López Chávez el posesionario de esas tierras, lo que procedía era que el actuario suspendiera la diligencia y levantara un acta e informara sobre la situación. “Sorprende que ya traigan todo un operativo a sabiendas que (los hoteleros) no eran las personas que buscaban. El actuario nada más hizo acto de presencia, pues González Nuño era el que llevaba la batuta. Esto deja en evidencia que aquí no está involucrado sólo dinero, sino también poder”, comenta el abogado. Para él, detrás de González Nuño “hay gente poderosa”. Y se pregunta: “¿Cómo pudo traer hasta a la AFI y al Ejército para despojar a los ejidatarios?”. En 2008, cuando las autoridades le quitaron Amansala a las empresarias estadunidenses, González Nuño abrió en Casa Magna un nuevo hotel: El Mil Amores, y organizó una fiesta privada en la que, según los lugareños consultados por la reportera, estuvieron los jóvenes Salinas. Y al igual que en el caso de Amansala, la propaganda del Mil Amores aludió al capo colombiano. Pero el proyecto no le resultó a González Nuño, por lo que este año lo vendió. Los lugareños comentan también que ya concretó la transacción de una de las villas, la de 7 millones de dólares, aunque nadie sabe quién la compró.


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PROCESO 1830: SINALOA Y JALISCO LA OFENSIVA DE LOS ZETAS  

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