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PO L Í TI CA Fueron cinco años de puyas, ataques e invectivas, de alimentar odios y rencores. Pero todo eso se acabó. López Obrador dejó guardado su discurso beligerante y se presentó en el noticiero con más rating del canal más visto de Televisa: en aras de una nueva política, llena de amor, el tabasqueño olvidó todo lo que a lo largo de un lustro ha dicho de Emilio Azcárraga Jean, patrón del conductor Joaquín López Dóriga, quien aceptó el público regaño del perredista y luego le estrechó la mano franca. Todo fueron sonrisas... Del odio había nacido el amor.

Del

ROSALÍA VERGARA

¡

odio al amor...

Imagínate, Joaquín, qué es estar yendo pueblo por pueblo a informar! Ahora nos están viendo millones de mexicanos…”. Con esas palabras y un apretón de manos Andrés Manuel López Obrador, por segunda vez aspirante de la izquierda a la Presidencia, selló el compromiso con Televisa para que se le dé “el beneficio de la duda” a su proyecto político-electoral para 2012.

Este encuentro se dio después de cinco años en los que el tabasqueño criticó a Televisa y la implicó con la “mafia del poder” que coadyuvó al “fraude electoral” de 2006. El miércoles 16, a las 10:30 de la noche el noticiario del Canal 2 empezó con López Obrador en el estudio. Tras el saludo inicial y los agradecimientos a los directivos de la televisora y al conductor, soltó: “Quiero agradecerte y agradecer a Televisa por esta invitación, por estar aquí

luego de cinco años de cerrazón hacia mi persona y hacia el movimiento que represento. Esto me ha llevado, en este tiempo, a criticar a Televisa de manera franca, abierta, directa, como me gusta decir las cosas. “He venido sosteniendo en las plazas públicas que Televisa ha venido en este tiempo proyectando a Enrique Peña Nieto –del PRI– como candidato presidencial con el propósito –por primera vez en la

historia del país– de imponer mediante la mercadotecnia al próximo presidente. “Esto desde luego no lo comparto. Creo que nadie tiene el derecho de suplantar el derecho del pueblo de México a elegir libremente a su autoridad.” A cuadro, sin dejar de mirar al conductor de Televisa, el tabasqueño sostuvo: “No podría venir aquí sin decirlo”. “Yo quiero con ustedes, contigo (López Dóriga), con todos los trabajadores de Televisa, con los que tengo buena relación y respeto, y con los directivos de Televisa, inaugurar una etapa nueva. Quiero que podamos darnos el beneficio de la duda, porque el país así lo requiere, tiene que haber equidad, libertad plena para que podamos sacar todos a México de esta lamentable situación. “Yo ofrezco la reconciliación y te extiendo mi mano franca”, expresó al tiempo que extendía la diestra a López Dóriga, quien, sonriente, selló con un apretón el pacto propuesto por el tabasqueño.

Del amor y Ortega y Gasset En la entrevista López Dóriga insistió en el tema del amor: “Ayer escuchaba esta República del amor”, dijo el conductor. “Me parece quizá de lo más atractivo que planteó ayer. Le escuché el otro día en una entrevista que le hacían, que hay que ser a veces más cristianos. Veo a un… éste no es el López Obrador del 2006; tampoco el que crispaba, el que estoy escuchando ahora, el que escuché en el Auditorio Nacional, el que escuché ayer, el que escucho ahora. No es el López Obrador orador de las plazas, el beligerante, el que señala, el que a veces califica y descalifica.” “Las circunstancias. Uno es parte de las circunstancias”, reviró el tabasqueño.

“Y si no cambiamos, decía Ortega y Gasset, si no salvamos nuestra circunstancia no nos salvamos nosotros. (...) Creo que se requiere (ser) cada vez más humano. Yo sostengo, como todos sabemos que la diferencia de nosotros y los animales es que somos seres humanos, pero que debemos ser cada vez más humanos y tenemos que ser amorosos, pero si produce ruido la palabra, el término, yo ahora les diría fraternos…” “No, a mí me gusta”, apuntó López Dóriga y agregó: “Hay un país que mide el producto interno de la felicidad”. “Por la felicidad, claro. El amor a las familias, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria...”, precisó López Obrador.

En letra impresa Aún fresco en la memoria de sus lectores, está el libro La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, 2010), donde Andrés Manuel López Obrador se expresa así de la televisora y de sus dueños, en las páginas 51 y 52, dentro de un segmento al que tituló “Los amos de México”: “Con Emilio Azcárraga ocurrió al revés. Había desde el principio una buena relación que poco a poco se fue deteriorando hasta convertirse en uno de mis principales adversarios. Cuando murió su padre, Emilio supo mantener a flote la empresa heredada e inició una etapa de mayor apertura en Televisa. Sin embargo, en la medida que fue creciendo su ambición por acumular cada vez más dinero y poder, se fue apagando la pluralidad y el deber de informar con objetividad y profesionalismo. “El momento decisivo de este quiebre lo ubico en 2006. Si bien ya habían participado en el complot de los videos y en el

desafuero, fue durante la campaña presidencial y después del fraude cuando se lanzaron con todo en contra de nosotros. En 2006, no sólo favorecieron a Calderón y al PAN, y nos cerraron espacios con el pretexto de que no les pagábamos por adelantado la propaganda, sino que fueron el principal medio para difundir la guerra sucia promovida por la oligarquía mediante los directivos de los organismos empresariales. “El proyecto de Emilio Azcárraga va más allá de sus negocios. En Televisa se aglutina el grupo de intereses creados más importante de México. En esa empresa se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político. Son socios y miembros del Consejo de Administración de Televisa, Roberto Hernández, Claudio X. González, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Enrique Krauze (el más afanoso ideólogo de la derecha), y quien lo preside es Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.” Más adelante, en la página 55 del mismo libro, afirma: “Además, esa tercia de malandrines –se refiere aquí a Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza González– eran los que más le insistían a Emilio Azcárraga en el sentido de que Televisa debía lanzarse a golpearnos de manera abierta, y cuando éste se resistía con el argumento de cuidar la imagen pública de la empresa, ellos le replicaban que, en todo caso, sólo sería cosa de unos meses y que, luego, Televisa recuperaría la credibilidad perdida.”

Un recorrido de cinco años A partir de 2006 el ahora precandidato por los partidos de la Revolución Democráti-


“Reconciliación” por conveniencia

T

ras una ausencia de cinco años en las pantallas de Televisa, a la que incluso calificó de ser parte de la “mafia del poder”, Andrés Manuel López Obrador apareció la noche del miércoles 16 en El Noticiero, que conduce Joaquín López-Dóriga, en lo que parece ser una reconciliación del tabasqueño con la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Horas antes, en entrevista radiofónica vespertina con Jacobo Zabludovsky, exconductor estelar de Televisa durante la época de Emilio Azcárraga Milmo, López Obrador recordó uno de los episodios más oscuros de su relación con la empresa que concentra 60% de las concesiones de televisión abierta. Comentó que dos días antes de los comicios de 2006 Azcárraga Jean le entregó un “documento apócrifo” en el cual se planeaba la expropiación de Televisa en caso de que el perredista ganara la elección presidencial. “Yo ni sabía cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí aparecían las empresas bien señaladas: al final, el acuerdo donde iba yo a expropiar Televisa. ¡Imagínese!... Hasta qué grado se llegó en 2006”, expuso López Obrador a Zabludovsky. Y una hora después de la entrevista con López-Dóriga, en el programa Tercer grado, conducido por Leopoldo Gómez, los participantes, lejos de criticar a López Obrador, destacaron el cambio en su discurso y elogiaron la forma en que él y Marcelo Ebrard habían conciliado las diferencias y constituido el Movimiento Progresista con el PRD, PT, Convergencia y con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), organización creada por el tabasqueño hace tres años. Al día siguiente, el jueves 17, la nota principal de Milenio diario decía: “López Obrador hace las paces con Televisa”, incluso desplegó una foto en la cual aparecen López-Dóriga y López Obrador dándose la mano.

Las razones del monopolio El acercamiento entre Televisa y López Obrador no es casual. Coincide no sólo con

la victoria del exjefe de Gobierno del Distrito Federal en las encuestas que realizaron las empresas Nodos y Covarrubias, cuyos resultados se dieron a conocer el lunes 14. Ese mismo día, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) inició una consulta pública para “normar su criterio” en torno a la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta en señal digital. Y aun cuando la convocatoria lanzada por el organismo regulador de los medios electrónicos y de telecomunicaciones advierte que este ejercicio “no es vinculante” en la toma de decisiones, sí incluye preguntas y un documento en el que se hace una severa crítica a la concentración televisiva en México. Sin mencionarla por su nombre, en el documento de referencia, la Cofetel define así la concentración de Televisa: “En nuestro país existen 461 estaciones concesionadas de televisión abierta. “Un grupo de interés cuenta con 224 concesiones (poco más de 48% del total) y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más de 7%). Es decir, tiene control del contenido que se transmite en 56% de las concesiones de televisión abierta en México. Debido a lo anterior, dicho grupo ha podido conformar tres cadenas nacionales, además de transmitir otra programación en 20 canales regionales o locales.” La Cofetel también se refiere a TV Azteca, donde el conductor del noticiario Hechos de la noche, Javier Alatorre, entrevistó a López Obrador el martes 8, en los siguientes términos: “Por su parte, el único competidor a nivel nacional del principal grupo de interés, cuenta con 180 concesiones, incluyendo una local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del total de concesiones). Esta empresa ha logrado conformar dos cadenas nacionales. “En conjunto, estas dos empresas tienen relación con 95% del total de estaciones concesionadas de televisión del país”, refiere el análisis de la Cofetel. En materia de

concentración publicitaria, afirma que 99% de los 33 mil millones de pesos de inversión publicitaria en televisión, “se concentra en las dos empresas principales del país”. Además, Televisa y TV Azteca captan 58% de la inversión publicitaria del país, frente a 9% de la radio, 8% de los periódicos, 3.4% de las revistas, 6% de internet y 1.5% de cine. Las preguntas de la consulta popular de la Cofetel no le hacen ninguna gracia a los dueños del duopolio televisivo: “¿Considera que la oferta en México de televisión abierta es suficiente?”; “¿Considera que existe mercado publicitario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas de televisión abierta?”; “¿Considera pertinente la licitación de televisión abierta aun con la creciente oferta y penetración de servicios de televisión de paga y otros medios de distribución de contenidos?”. Una de las preguntas que más molestia les ha ocasionado a los directivos de las dos empresas es: “¿Considera que la contraprestación económica que correspondería al ganador, pudiera aportarse en especie, mediante la instalación gratuita de decodificadores y antenas para televisión digital en su zona de cobertura?”. Esta disputa por el futuro de la televisión digital coincidió también con la resolución de los ministros de la Suprema Corte Octavio Gómez

JENARO VILLAMIL

De Swaan. Convocatoria

de Justicia que desestimó la anticonstitucionalidad del decreto presidencial de Felipe Calderón que adelanta seis años el llamado “apagón analógico”, programado originalmente para 2021. Al no reunirse los ocho votos necesarios para convalidar el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien consideró que no le corresponde a Calderón regular en materia de radio y televisión, la Suprema Corte de Justicia avaló que el “apagón analógico” se adelante seis años. Lo anterior significa que Televisa y TV Azteca deben devolverle al Estado los canales analógicos que ya no utilizarán. El rechazo de las dos televisoras a abrir las licitaciones a nuevas cadenas de televisión y al ingreso de Telmex al mercado de la televisión restringida está ampliamente documentado, sobre todo a partir de que se desató la “guerra de telecomunicaciones” entre el duopolio televisivo y las empresas de Carlos Slim. En este rubro y aun cuando se ha mostrado proclive a que se abra la competencia en el espectro radioeléctrico, López Obrador sostiene que ello no implica que se “expropien” o “quiten” las concesiones existentes. Durante la pasarela de precandidatos presidenciales que organizó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión el 20 de octubre último en el hotel Camino Real de la Ciudad de México, López Obrador cerró su discurso ante los concesionarios afirmando: “Creemos que es indispensable democratizar los medios de comunicación. Esto lo lograremos sin expropiar empresas o quitar concesiones, con respeto a la legalidad, buscando siempre convencer y persuadir con argumentos, y enfrentando las prácticas monopólicas con la más amplia competencia. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora a manera de ejemplo: si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, desea tener un canal de televisión, no tendrá ninguna limitación. De igual forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro ciudadano desean invertir en la telefonía, también podrán hacerlo. “No va a haber monopolios. Ustedes saben que todos los monopolios son dañinos, sobre todo el monopolio del poder. La democracia es competencia, que el ciudadano pueda elegir entre varias opciones.” Su presencia ante los concesionarios generó una gran expectativa, sólo comparable a la del priista Enrique Peña Nieto. A partir de ese día comenzó a pactarse el acercamiento entre el político que fue señalado como “un peligro para México” y los empresarios de la radio y televisión que lo vieron con recelo durante este sexenio. O

Marina Serrano

Octavio Gómez

PO L Í TI CA

Bejarano. El videoescándalo de 2004

ca, del Trabajo y Movimiento Ciudadano construyó su “nuevo proyecto de nación” y creó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para competir por la Presidencia el año entrante. Su discurso se transformó en cinco años. Empezó siendo visceral: calificó, acusó, señaló a todo aquel vinculado con esa “mafia que le robó la Presidencia” y “se adueñó de México”. Así se mantuvo hasta el 7 de octubre pasado, cuando arrancó el proceso electoral y López Obrador comenzó a mostrar una imagen nueva, a reunirse con empresarios y viajar al extranjero. El nuevoleonés Alfonso Romo Garza, presidente de la Casa de Bolsa Vector –quien en 2000 fue uno de los Amigos de Fox y en 2006 le apostó a Felipe Calderón– ya no lo considera “el ogro que podía llegar al poder”. Ahora lo respalda junto con otros hombres de negocios de Nuevo León, algunos de ellos apellidados Garza, Sada o Canales. El martes 15 López Obrador ya era el candidato de la izquierda a la Presidencia, luego de conocerse el resultado de la encuesta interna del PRD. Fue ahí cuando propuso por primera vez: “Vamos todos juntos, sin odios ni rencores, a construir una República amorosa, con dimensión social y con grandeza espiritual”. Un día después acudió a la entrevista en Televisa y el jueves 17 ocurrió lo impensable: el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz, aseguró que López Obrador ya “no es un peligro para México”.

Los ataques de Televisa La reconciliación entre Televisa y López Obrador está pintada de pragmatismo. Por

ambas partes. La televisora protege sus intereses y el político quiere dar a conocer un proyecto moderado en los medios electrónicos, los mismos que destruyeron su imagen pública hace cinco años, reconocen colaboradores del tabasqueño que pidieron el anonimato. En 2004, cuando López Obrador era alcalde capitalino, el gobierno de Vicente Fox intentó frenar sus aspiraciones presidenciales usando a Televisa para difundir la grabación de su colaborador René Bejarano recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada. Después Joaquín López Dóriga presentó otra grabación del entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, apostando en el casino Bellagio de Las Vegas supuestamente con dinero público. Fueron los videoescándalos. Esto no impactó la imagen de López Obrador. En el quinto año del sexenio foxista, el entonces procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, ejerció acción penal contra el perredista por el caso El Encino, un predio expropiado para construir un acceso a un hospital privado. Televisa tomó partido contra López Obrador. Nunca cuestionó al dueño del predio, Federico Escobedo Garduño, amigo de la familia Fox y de quien en los tiempos de la expropiación era delegado en Iztapalapa, Ramón Sosamontes, amigo a su vez de la entonces jefa de Gobierno Rosario Robles, pareja sentimental de Ahumada y beneficiaria en decenas de contratos que se le entregaron al argentino, de acuerdo con un video difundido por el Canal 6 de Julio. La ofensiva mediática benefició al tabasqueño. Lo desaforaron y luego lo exo-


Azcárraga Jean y “Brozo”. Balconeo

neraron, lo que elevó su popularidad como presidenciable. Como candidato a la Presidencia fue víctima de una campaña de desprestigio: “Es un peligro para México”, machacaba un spot del CCE. Para defenderse López Obrador elaboró el programa La otra versión, difundido en Televisión Azteca, donde se le permitió criticar a Salinas de Gortari, parodiar al expresidente y hablar de Televisa y “su campaña de calumnias”. El 2 de julio de 2006 López Obrador denunció el “fraude electoral”. Invitado por López Dóriga a su noticiario, López Obrador aseguró que había ganado la elección, pero el conductor lo confrontó con sus propios dichos sobre el respeto al resultado de la elección y a las instituciones. El encuentro fue ríspido. El 18 de agosto siguiente se difundieron videograbaciones en las que Carlos Ahumada aceptaba su participación en el complot de los videoescándalos, organizado el 20 de febrero de 2004 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en complicidad con el entonces senador panista Diego Fernández de Cevallos. Televisa guardó silencio. El 6 de octubre de ese año López Obrador denunció un “bloqueo informativo” por parte de Televisa, empresa a la que acusó de estar subordinada a Calderón, pues aunque los reporteros de la televisora cubrían informativamente sus actividades, ninguna se difundía. Después del 20 de noviembre, cuando fue declarado “presidente legítimo”, López Obrador dejó de aparecer en la televisión. Sólo era criticado por sus acciones, como la protesta contra la reforma petrolera junto con las llamadas Adelitas, su rechazo a las alianzas entre el PRD y el PAN o por su pleito con la dirigencia perredista. El 26 de julio de 2007, cuando presentó su libro La mafia que nos robó la Presiden-

cia, López Obrador contó una anécdota: dijo que el 2 de julio de 2006 Bernardo Gómez, importante directivo de Televisa, le habló por teléfono a las cinco de la tarde para decirle que él sería el próximo presidente. Eso era, aseguró el tabasqueño, una prueba más del “fraude”. Bernardo Gómez nunca desmintió la versión.

La “fábrica de mentiras” Desde entonces López Obrador centró sus críticas en Televisa, pues TV-Azteca seguía transmitiendo en las madrugadas el programa La verdad sea dicha, conducido por él mismo. Al respecto el tabasqueño decía que TV-Azteca “se aventó el riesgo. En cambio la otra cadena (Televisa) es una rastrera al servicio de los intereses del gobierno oligarca del presidente espurio Felipe Calderón”. Televisa le aplicó la máxima salinista: no lo vio ni lo oyó. El 23 de julio de 2008 López Obrador entregó una carta dirigida al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, a Roberto Hernández, Pedro Aspe Armella, Claudio X. González, Germán Larrea, José Antonio Fernández y Alberto Bailleres, entre otros integrantes del Consejo de Administración de Televisa, para pedirles derecho de réplica por las críticas en su contra vertidas por los conductores de la televisora: “Me dirijo a ustedes para expresar mi enérgica protesta ante la actitud parcial y tendenciosa que mantiene Televisa en asuntos de interés público y en particular en lo que respecta al movimiento que encabezo”, escribió. “Ustedes deciden, de acuerdo a sus intereses, qué informan y qué no informan, a quién promueven y a quién destruyen. En lo que a nosotros corresponde, Televisa nos ha atacado de manera vil. De mo-

do que los invito a revisar la forma como Televisa maneja la información, porque es inmoral lo que están haciendo”, dice la misiva, que tiene acuse de recibo. El 11 de noviembre siguiente entregó otra carta. Televisa la respondió el 8 de diciembre y aseguró que se daría cobertura a sus actividades. Esa respuesta no satisfizo al tabasqueño. Al siguiente día, 9 de diciembre, encabezó un mitin, acompañado por algunos diputados y senadores de su equipo, para quejarse y protestar por la llamada Ley Televisa. Ahí comenzó a mezclar a la televisora con los 30 potentados que, dice, mandan en el país: “Esto lo debemos tener muy claro, para no confundirnos. El grupo de los 30 posee las franquicias del PRI y el PAN. Mantienen a uno de sus empleados en la Presidencia de la República. Y este grupo es dueño de los medios de comunicación más influyentes del país. Sí está claro: 30, dos partidos, un pelele y la tele”. En respuesta, la televisora difundió un spot de la organización Mejor Sociedad, Mejor Gobierno contra el movimiento en defensa del petróleo que se gestó entonces y donde asociaron a López Obrador con Hitler y Mussolini. El tabasqueño comenzó la resistencia civil pacífica para impedir la privatización de Pemex, y Televisa arreció sus ataques. El tabasqueño siguió pidiendo derecho de réplica... y se lo siguieron negando. Durante 2009 López Obrador recorrió otra vez el país. Pueblo por pueblo, mitin tras mitin arremetía contra Televisa, a la que acusaba de ser una “fábrica de mentiras”. La crítica arreció en marzo de 2010, cuando la televisora dio a conocer una encuesta que mostraba al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en primer lugar de las preferencias de cara a la elección presidencial. “Peña Nieto está muy arriba porque es el candidato de la mafia, de Televisa. Lo están introduciendo al mercado como producto chatarra”, decía. López Obrador criticó a Salinas de Gortari, a Calderón, a Peña Nieto y a Televisa en cada oportunidad que tuvo: Cuando extinguieron Luz y Fuerza del Centro, durante la huelga del SME, en el conflicto de Mexicana de Aviación, por los gasolinazos, y acusó al gobierno de pretender entregar la concesión para operar la fibra óptica a la televisora de Azcárraga y a Movistar... Y así durante cinco años. Hoy es distinto: casi 13 minutos a cuadro en El Noticiero ante millones de espectadores, un par de apretones de mano con el conductor estelar de la odiada Televisa, y la palabra amor entrelazada con el intercambio de sonrisas… O

Tras perder en la encuesta aplicada por las empresas Nodos y Covarrubias y Asociados para definir quién será el candidato de la izquierda a la Presidencia en 2012, Marcelo Ebrard se muestra tranquilo e incluso recomienda a sus colaboradores trabajar para fortalecer al PRD. En entrevista con Proceso, el jefe de Gobierno del Distrito Federal se lanza también contra las tribus enquistadas en ese partido y les critica su forma de hacer “política chiquita”.

Germán Canseco

Ulises Castellanos

PO L Í TI CA

Los

RAÚL MONGE

a noche del domingo 13, horas después de que se difundieran los resultados de las encuestas aplicadas por las empresas Nodos y Covarrubias y Asociados para conocer quién era al precandidato presidencial de la izquierda mejor posicionado, Marcelo Ebrard Casaubon y Andrés Manuel López Obrador se reunieron en la casa de este último, en la colonia Del Valle, para conversar sobre los números que arrojó el sondeo nacional y “planchar” el acuerdo político que ambos hicieron público 48 horas después, el martes 15, en el hotel Hilton Alameda. Ebrard revela en entrevista que en ese encuentro le hizo cuatro propuestas puntuales a López Obrador: cesar el conflicto con el PRD y sus dirigentes; trabajar en la construcción de un Frente Amplio, similar al que se gestó de manera exitosa en Uruguay, porque –le dijo– los partidos de izquierda, en las condiciones actuales, no tienen futuro; asumir una actitud más moderada con las clases medias y el sector empresarial, abrirse al exterior y abanderar los derechos de las minorías, y evitar a toda costa la división en el Distrito Federal en la selección de los candidatos a puestos de elección popular, incluida la Jefatura de Gobierno.

L

acuerdos previos


PRD

PO L Í TI CA

“Las tribus”. Firma del pacto de unidad

Asegura que no hizo esos planteamientos de la noche a la mañana, al calor de los resultados de las encuestas, pues ya los había platicado antes con su correligionario. Sólo, dice, se trataba de recordarlos y sellarlos. Afirma que López Obrador fue receptivo y se comprometió a acatar sus propuestas. “No veo cuál sea la lógica para no hacerlo, qué ganaría al no cumplir, cuál sería la utilidad para su propia causa”, puntualiza. Antes de encarar a la prensa, Ebrard y López Obrador tuvieron otro encuentro el lunes 14, ya entrada la noche. El lugar fue la sede de la fundación Equidad y Desarrollo, en la colonia San Miguel Chapultepec, donde analizaron en detalle los datos que arrojaron las encuestas. La víspera, la información había sido procesada por los equipos de trabajo de ambos, encabezados por René Cervera, el mismo que dirige la fundación, en el caso de Ebrard, y por Octavio Romero Oropeza, en lo que respecta a López Obrador. –¿Cuál fue su primera reacción al saber que los resultados habían sido desfavorables a su causa? –se le pregunta al jefe de gobierno capitalino. Sin soltar su BlackBerry, Ebrard titubea unos segundos antes de responder. –Me sorprendió un poco. Esperaba mejores resultados… sí. Aun así, asegura que, en las condiciones en que contendió, sin hacer una campaña abierta y larga como el tabasqueño, no le fue tan mal, pues ganó dos de las cinco preguntas del cuestionario aplicado por las encuestadoras a 6 mil personas en todo el país. “Crecimos mucho; de hecho, ahora somos dos fuerzas equivalentes”, presume. “La diferencia principal entre López Obrador y yo fue la variable sobre conocimiento: a Andrés lo conoce 96% de la población y a mí 76%, más o menos. Si bien el potencial de crecimiento que tenía era relevante, López Obrador tiene a su favor la intención del voto; es más alta, en buena medida gracias a su permanente presencia pública en el país desde 2006.”

Con base en ese dato, añade Ebrard, únicamente tenía dos opciones: “cuestionar el resultado de las encuestas e irme a las internas o acatar los resultados. Decidí irme por la segunda, porque me parecía absurdo impugnar un ejercicio democrático que yo mismo propuse en mayo pasado y de paso enviar un mensaje al electorado de que la izquierda puede ser diferente”. –De haber ganado usted, cree realmente que López Obrador hubiera aceptado el resultado? –Sí, sin duda. Él sabía de antemano que la derrota era un riesgo; si no, ¿para qué entrar a la competencia? No sé cuál sea su valoración de los resultados. No me lo dijo. Pero desde mi punto de vista, ahora hay una posición muy distinta de la que se tenía hace uno o dos años.

Hacia nuevos modelos políticos El martes 15, López Obrador y Ebrard dieron una demostración de aparente unidad al llegar juntos al hotel Hilton Alameda, donde sus operadores dieron a conocer únicamente los resultados globales de las cinco preguntas que definieron quién es el precandidato de la izquierda mejor posicionado. En su alocución, Ebrard anunció que se haría a un lado en la carrera presidencial; comprometió a López Obrador a cumplir su palabra para poner fin a su diferendo con un sector de la dirigencia del PRD (Los Chuchos y Alternativa Democrática Nacional) y propuso la creación de un frente amplio de izquierda, así como tener mayor acercamiento con las clases medias y el sector empresarial. En la entrevista, el jefe de gobierno del Distrito Federal resalta la importancia de trabajar en la construcción de un frente de izquierda similar al que se formó en Uruguay el 5 de febrero de 1971 y que puso fin a la dictadura en ese país: “El modelo de hacer política de la izquierda ya se agotó. La izquierda no puede ya depender de caudillos ni de figu-

ras fuertes, porque cada vez que hay una elección, un consejo, surge el conflicto. Bajo ese esquema, en la actualidad el vencedor se lleva todo. Eso es ya inadmisible.” Subraya también que la izquierda partidaria se ha cerrado a la discusión, al intercambio de ideas, así como a abanderar nuevas causas, como los derechos humanos, las libertades públicas, la equidad de género, lo que es “gravísimo”. Prosigue: “Lo que se requiere es armar una coalición de partidos, aunque ello implique sentarse con el contrario, aceptar la diversidad de ideologías y pensamientos y aceptar reglas. Es complejo, pero es mejor que vivir en el conflicto de manera permanente y, sobre todo, preservar un nombrecito, las prerrogativas; en una palabra, continuar haciendo política chiquita”. El primer paso hacia esa ruta se concretó el jueves 17 con la firma de un convenio de coalición total para 2012 por parte de las fuerzas de izquierda. –En su discurso, López Obrador prácticamente pone en manos de usted al último bastión de la izquierda en el país: el Distrito Federal –se le plantea a Ebrard. –Lo que quiso decir es que el PRD es mucho más fuerte que los partidos aliados, por lo que no podemos pensar en tener dos o tres candidatos de partidos distintos. Hay que respetar el proceso en el Distrito Federal. En Michoacán se perdió porque los partidos aliados postularon a candidatos distintos en algunos municipios. Eso no puede ser. Por lo pronto, comenta, defenderá lo que se ha ganado en el Distrito Federal y defenderá la elección local. Advierte también que las tribus perredistas van a tener que “urbanizarse”, quieran o no. “Su esquema de hacer política ya caducó, no tiene futuro”, asegura.

Los retos para el DF Los resultados alcanzados en la reciente elección de consejeros del PRD le dan el derecho a Ebrard de designar al presidente de ese partido en la capital del país; así que además de tener el control de la ciudad, tiene el control de esa organización en el Distrito Federal. “Lo que voy a tratar es de no convertirme en una facción más, porque ahí sí perdemos; lo que voy a hacer es usar el peso político para terminar con los excesos y los pleitos”, dice. –En el Distrito Federal el PRD tiene varios precandidatos a la Jefatura de Gobierno. ¿No le parece un exceso? –Lo que sucede es que estamos en una etapa en la que todos aquellos que tienen una aspiración, legítima o no, se apuntan. Lo que hay que hacer es elegir la metodo-

logía que se va a utilizar para seleccionar al candidato. Eso va a depurar la contienda. En su opinión, la metodología que utilizaron él y López Obrador probó su funcionalidad, por lo que, afirma, tratará de que ese mismo esquema se repita en la capital del país. “Se comprobó que es un método razonable, mucho menos conflictivo que cualquier otro. Cierra la posibilidad de llegar al conflicto y además tomas en cuenta la opinión de los ciudadanos; es decir, fortaleces tu posición. Eso me parece un camino importante para comenzar el proceso de renovación del partido, que ya no tenga peso la capacidad de movilización, sino la representatividad ante el elector.” El martes 15, tras la presentación de los resultados de las encuestas, Ebrard se reunió a las tres de la tarde en la sede de la fundación Equidad y Desarrollo con los integrantes de sus gabinetes legal y ampliado, algunos de los cuales, en particular las mujeres, se mostraban apesadumbrados. Acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, Ebrard llegó a la cita de buen humor, al punto de bromear con algunos de sus colaboradores. “Hay que quitar esas caras, levantar el ánimo y reforzar el trabajo; hay mucho qué hacer todavía”; les pidió pensar hacia delante y anticipó que jalaría al partido para que se ponga a trabajar. “Ya basta de hacer escenitas, de desempeñar un papel tan lamentable. En la ciudad no podemos repetir lo que ha sucedido en otros estados. Debemos tener claridad y rumbo”, expuso. La ecuanimidad de Ebrard contrastaba con la pesadumbre de algunas mujeres, como la directora general del Instituto de la Mujer, Martha Lucía Mícher Camarena, quien tenía los ojos enrojecidos. En los 20 minutos que duró la reunión, Ebrard lamentó que su gobierno no haya podido permear más en las clases medias, por lo que instó a sus colaboradores a trabajar con mayor enjundia con ese sector en lo que resta del sexenio. Antes de concluir, el funcionario habló sobre la sucesión en el Distrito Federal y dijo que no es posible que haya tantos candidatos. “Eso no puede ser, hay que ponerse de acuerdo”. Los grandes ausentes fueron los funcionarios afines a la corriente de Izquierda Democrática Nacional (IDN) que dirige René Bejarano, entre los cuales se encuentran Laura Velázquez Alzúa y Benito Mirón Lince, secretarios de Desarrollo Económico y del Trabajo, respectivamente. Horas más tarde, Ebrard sostuvo otra reunión en ese mismo lugar con algunos de sus operadores políticos en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, el PRD y el GDF, entre ellos Armando Ríos Pi-

ter, Hortensia Aragón, Jesús Valencia, Patricia Patiño, Max Reyes y Víctor Hugo Lobo. Este último es jefe delegacional en la Gustavo A. Madero y fue quien frenó la elección de consejeros al tomar el edificio donde se encontraban guardadas las boletas para, según su propia versión, impedir un “bejaranazo”. En dicho encuentro, el gobernante capitalino les confió que no podía ser el candidato presidencial de la izquierda porque sólo ganó dos de las cinco preguntas

de la encuesta, lo que lo obligó a honrar su palabra y respetar los resultados, que favorecieron a López Obrador. Les confió también que no se sentía triste ni engañado “porque en las contiendas se gana o se pierde”. Asimismo, les pidió apoyar al virtual candidato presidencial de la izquierda y trabajar intensamente para reconstruir al PRD. “Hay que hacer un balance para saber dónde le hace falta fuerza al partido y trabajar ahí”, sugirió.


P O L Í T I CA

Marcelo Ebrard habla de su futuro inmediato y asegura que su único plan es terminar su gestión en el Distrito Federal. Para él, la mejor manera de apoyar a López Obrador en su candidatura presidencial es desde el gobierno de la ciudad. –¿No guarda ningún resentimiento? –De ninguna manera. Desde antes de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta dije que si no ganaba me quedaría en el GDF, y así lo voy a hacer. Asegura que no se ve ni como jefe de campaña ni como candidato al Senado. Eso sí, afirma, al término de su mandato se abocará a organizar de otra forma a la izquierda desde el frente. Y subraya: “No podemos seguir así; la izquierda necesita dar un viraje de 180 grados”. Ebrard, quien desde hace unos días luce en la muñeca izquierda una pulsera roja hecha de hilo –“fue un regalo de mi esposa, una muestra de cariño”, comentó a los reporteros–, se refiere a las posibilidades reales que tiene López Obrador de remontar en las encuestas los 20 puntos que hasta ahora le lleva de ventaja el priista Enrique Peña Nieto. Dice: “Andrés tiene una buena posibilidad de remontar por dos razones: primero, porque hoy somos la segunda fuerza nacional, no la tercera, lo cual es un dato no menor; segundo, porque tenemos un voto consistente de veintitantos puntos. Entonces, hay posibilidades reales de crecer”. Considera que López Obrador debe empeñarse en atraer a sectores que se han alejado o no se sienten bien representados por el PRD, como los grupos que defienden los derechos de la mujer, las preferencias sexuales, las causas ambientales y los derechos humanos. Además, puntualiza, no debe perder de vista las nuevas herramientas que utiliza la sociedad para comunicarse: “El año que entra tendremos 40 millones de usuarios de internet, Twitter y Facebook y una generación de jóvenes de 18 y 25 años que ya no ven televisión. Eso va a ser crucial. Tenemos que estar cerca de ellos; de lo contrario no ganaremos”. Por ello, dice, no desaprueba la presencia de López Obrador, el miércoles 16, en El Noticiero, el espacio estelar de Televisa que conduce Joaquín López-Dóriga, después de cinco años de veto. –En el hipotético caso de que López Obrador ganara la Presidencia en los comicios de 2012, ¿dónde se ve usted? –Si eso llega a ocurrir, desde luego que no me gustaría perder la oportunidad de formar parte del primer gobierno de izquierda en el país –responde sonriente. O

Luis Garcia PAN

El porvenir

PAN: Empieza

el juicio ciudadano Las más recientes calamidades y descalabros del panismo y el gobierno calderonista erosionan seriamente las posibilidades de uno y otro en la ruta hacia 2012. El panorama lo complican los intentos del presidente de la República por imponer a Ernesto Cordero como candidato del blanquiazul. “Nuestra preocupación debe ser con qué argumentos convencemos a la ciudadanía de que merecemos una tercera oportunidad. Ese es el drama hoy del PAN”, afirma Juan José Rodríguez Prats, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

ÁLVARO DELGADO

n un contexto de violencia y anemia económica, retroceso electoral y desánimo entre su militancia, el Partido Acción Nacional (PAN) acumula problemas: El derrumbe de Luisa María Calderón en Michoacán, la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake, el rezago para definir a su candidato presidencial –con “indicios” de imposición de Ernesto Cordero– y la revocación de los “dedazos” de la cúpula. Pero a estos acontecimientos, incluidas las ya perfiladas candidaturas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto, se suma un obstáculo mayor para el PAN: El juicio ciudadano a los 11 años de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. “Nuestra preocupación debe ser con qué argumentos convencemos a la ciudadanía de que merecemos una tercera oportunidad. Ese es el drama hoy del PAN”, afirma Juan José Rodríguez Prats, quien ve saldos positivos, pero insuficientes: “Hubo falta de habilidad, malicia y coraje. Pu-

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diendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco”. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, defensor de la presidencia de Gustavo Madero, Rodríguez Prats lamenta el bajo nivel del gabinete de Calderón y la falta de contundencia en el combate a la corrupción. “El saldo lo podemos salir a defender, pero hacer un diagnóstico sustentado en profesionales del optimismo, que todo está bien y que hemos sido heroicos, no nos lo creería la ciudadanía. Y si vamos a un discurso objetivo, sensato y realista, puede haber panistas que se sientan ofendidos.” La más reciente encuesta de Consulta Mitofsky da a Calderón una aprobación de 50%, la peor de un quinto año de gobierno en comparación con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Fox, al que se añade un dato más negativo: Seis de cada 10 mexicanos piensan que el país va por un rumbo equivocado. Con esta evaluación a la gestión del PAN se desarrolla la disputa por la candidatura presidencial entre Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero, pero también la definición de las candidaturas a diputados y senadores, cuya estrategia de designaciones fue echada abajo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Detrás de las impugnaciones ante el TEPJF, que el jueves 17 dejó sin efecto los “dedazos” de 241 de los 300 diputados federales y las fórmulas de senadores en 24 de los 32 estados, definidas por el CEN el 18 de octubre, se identificó a operadores de Vázquez Mota, como Jorge Manzanera, responsable de la estrategia electoral y supuestamente distanciado de Calderón. Inconforme con este método, por el que ella llegó a la diputación, Vázquez Mota pidió a Madero, en una carta, reconsiderar, aunque no tuvo éxito, hasta que el TEPJF emitió su fallo: “El PAN se juega su historia y su futuro en estas elecciones, y es importante que se evite un manejo de cuotas en las candidaturas, que se dé certeza a todos los militantes y que las designaciones no se conviertan en prebenda o concesiones para ningún grupo.” El mismo reclamo hizo Creel –“el militante debe designar y elegir a sus candidato, y nadie más”–, mientras que Cordero, señalado como el “candidato oficial”, se encogió de hombros: “Yo respeto la decisión del PAN”.

“Dedazos” El diputado federal Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN y operador de Vázquez Mota, niega


Enrique Castro Sánchez

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“Cocoa”. Derrota

Otro “michoacanazo” FRANCISCO CASTELLANOS J.

Ángeles Llanderal Zaragoza, tuvo que salir al paso y comentó que no podía presentar ninguna denuncia por carecer de información al respecto. No obstante, Antonio Soto Sánchez, representante legal del PRD-PT-Convergencia ante el IEM, insistió en que la jornada electoral estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la compra de votos y amenazas a los candidatos, por lo que se interpusieron

Francisco Castellanos J.

ORELIA, MICH.- Aun cuando al principio dijeron que el candidato de PRI-PVEM, Fausto Vallejo Figueroa, ganó los comicios del domingo 13 con el apoyo de “grupos delincuenciales”, los candidatos perdedores, Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, impulsada por el PAN-Panal, y Silvano Aureoles Conejo, abanderado del PRD-PT-Convergencia, terminaron por admitir el triunfo del priista. El jueves 17, en conferencia de prensa y tras aceptar su derrota frente al priista, Cocoa sostuvo que el triunfo de Vallejo Figueroa fue producto de la “guerra sucia” y de la presión que ejerció el crimen organizado sobre ciudadanos, candidatos, activistas y funcionarios electorales. La panista insistió en que el priista deberá enfrentar al narcotráfico “con firmeza”. Aureoles Conejo se limitó a decir que los comicios no paran aquí y adelantó que el PRD agotará todos los recursos jurídicos que la ley establece para encausar sus señalamientos sobre la presunta intromisión del narco en el proceso electoral. El mismo domingo 13, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, declaró que en Apatzingán, Coalcomán, Tepalcatepec y Arteaga grupos del crimen organizado amenazaron a votantes, representantes de casilla y a candidatos. Dijo que en el poblado de Santa Rosa, municipio de Zamora, varios encapuchados se robaron dos urnas y dijeron a los presidentes de Casillas que los iban a levantar si no votaban por el PRI. Al día siguiente, Zambrano fue más lejos al declarar que Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de La Familia Michoacana, presuntamente había orientado el voto hacia el PRI durante los comicios. La consejera presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), María de los

PO L Í TI CA

Vallejo. Sorpresa

38 impugnaciones y tres denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El martes 16, la Procuraduría General de la República inició 42 investigaciones por presuntos delitos electorales.

Focos rojos El mismo día de los comicios, tropas del Ejército capturaron en Morelia, Michoacán, a Juan Gabriel Orozco Favela, El Gasca, presunto jefe de Los Caballeros Templarios en esa plaza y cercano a La Tuta, según el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. “Este resultado se logró al llevar a cabo de manera sorpresiva una operación de precisión, que consistió en desplegar a las unidades de maniobra para cubrir el área donde se encontraba Orozco Favela, a quien se le decomisaron armas largas, cartuchos, manuales de Los Caballeros Templarios y propaganda de Fausto Vallejo y Wilfrido Lázaro, candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia de Morelia, respectivamente”, dijo Trevilla. Para el miércoles 16, el diputado priista Nathanel Guerrero López leyó un documento elaborado por sus correligionarios y los legisladores del Panal y del PVEM, según el cual elementos de la Policía Estatal Preventiva de estado capturaron “en flagrancia de la comisión de delito” a cuatro personas

cuando repartían dinero y despensas para inducir el voto a favor de los candidatos del PAN. Tres de los detenidos son sonorenses: Alejandro Salido Salido, quien trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Navojoa; Gerardo Sayas Amaya, primo de Máximo Othón Sayas, subsecretario técnico de la Secretaría Técnica del Ejecutivo de ese entidad, y Enrique Ruperto Gastélum Cañedo, adscrito a la misma dependencia. De acuerdo con los resultados oficiales, la alianza PRI-PVEM se adjudicó la mayoría de los municipios donde la presencia del crimen organizado es notable, sobre todo los del corredor de Tierra Caliente. Lo paradójico es que el PAN ganó en Arteaga, la tierra de La Tuta, y Apatzingán, considerados “focos rojos” por el elevado nivel de inseguridad. La violencia también permea en Parácuaro, donde ganó una alianza entre los partidos PRI-PAN-PVEM; en Gabriel Zamora, donde triunfó el PRI-PVEM: en Tumbiscatío, que quedó en manos del PRI; y en Múgica, Nueva Italia y Uruapan, donde los candidatos fueron amenazados durante la campaña, la ventaja fue para el PRD. Pese a los diferendos e irregularidades documentadas, el triunfo del priista Fausto Vallejo pone fin a 10 años de perredismo en el estado. Vallejo Figueroa, quien se dice indignado por las acusaciones de sus adversarios, expresa que no es justo lo que le están haciendo a Michoacán. Según el priista, es injusto también que a cinco años de que el gobierno del panista Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, ahora se hagan este tipo de señalamientos sobre la presunta intervención del narco en los comicios del domingo 13. O

que el equipo de campaña esté detrás de algunos de los mil 455 juicios de protección de derechos políticos presentados ante el TEPJF, pero reconoce que dejaron “en libertad” a simpatizantes para proceder así. “No es un plan preparado y ejecutado por el equipo de campaña, sino que se dejó en libertad a cada uno de los militantes, que seguramente algunos confluirán en este equipo”, explica el legislador. Lo que es real, dice, es que las designaciones detonaron inconformidad, sobre todo porque no hay reglas claras para definir a los que serán candidatos y, sobre todo, si van a beneficiar a allegados a algún precandidato presidencial. “Lo que planteamos nosotros es que haya reglas claras para que no exista esta suspicacia. Si no hay reglas ni claridad, la duda puede estar fundada. Hay un asunto de duda que se puede terminar cuando el partido ponga reglas a este tema.” Y advierte: “Si se llega a demostrar que puede haber tentación de hacer una de esas designaciones para beneficiar a cualquiera de los aspirantes, que violente los derechos de los militantes del partido, seguramente que habrá una serie de expresiones, y muy fuertes”. Uno de los simpatizantes de Vázquez Mota que recurrieron al TEPJF es el alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield, cuya designación de la fórmula se lo impedía y beneficiaba al gobernador, Juan Manuel Oliva, quien pretende imponer a su esposa, Martha Martínez Castro. Otro promotor de Vázquez Mota que promovió juicios antes el TEPJF, aunque sin su nombre, es el diputado local de Jalisco José María Martínez, quien renunció a la coordinación del grupo parlamentario para buscar ser senador y cuya designación de la fórmula desde el CEN se lo

impedía. “Que quede claro, el problema de las designaciones no es jurídico, es de principios de Acción Nacional”, expresó públicamente Martínez, quien con su equipo fue el artífice de la argumentación jurídica en los juicios que se presentaron ante el TEPJF y que echaron abajo los “dedazos”. La pretensión de hacer designaciones, sin embargo, no quedó cancelada tras el fallo del TEPJF, y se presentaron nuevas, aunque en menor número, sobre las que Madero solicitó un voto de confianza a los miembros del CEN, en la sesión del jueves 17. “Gustavo pidió un voto de confianza y se iba a reunir con la Comisión Nacional de Elecciones y con el jurídico para tratar de sustentar el mayor número de casos”, confirmó al reportero Rodríguez Prats. Y así fue: Hasta el cierre de esta edición, la noche del viernes 18, el CEN tenía previsto modificar el número de distritos y estados donde habrá nuevos “dedazos” de candidatos a diputados federales y senadores, pero serían apenas 50, las dos terceras partes de las 241 designaciones para diputados. En el resto de los distritos deberán celebrarse elecciones entre militantes, pero también se prevén candidaturas “de unidad” para evitar las contiendas, sobre todo para evitar que los gastos de precampaña afecten los topes de las campañas. Así se lo propusieron, por ejemplo, miembros de la CNE, como el senador José Isabel Trejo, al diputado José María Martínez, para evitar nuevas impugnaciones en el caso de Jalisco.

Maquinaria para Cordero Testigo del proceso de designación por parte de la CNE, Rodríguez Prats niega que me-


Germán Canseco

P O L Í T I CA

Rodríguez Prats y Espino. Choque con el poder

En efecto, Rodríguez Prats se ganó la animadversión de Calderón desde que, en marzo de 2005, se negó a declinar su candidatura a la presidencia del PAN a favor de Carlos Medina Plascencia y apoyó a Manuel Espino. Inclusive, tras la debacle de 2009, y cuando César Nava era candidato único para relevar a Germán Martínez en la presidencia del PAN, por órdenes de Calderón, manifestó su rechazo en la sesión del Consejo Nacional, el 8 de agosto. En su intervención, que incluye en su más reciente libro Soy panista, Rodríguez Prats citó discursos de Calderón, ahí presente, repudiando como opositor la subordinación del PRI al gobierno. “Habría que preguntarse –dijo– si estas ideas aún son útiles, si los ideales y los principios sirven en política, o si todo esto que se pregonó desde la oposición hoy se ha convertido en una frustrada quimera.” Enrique Castro Sánchez

diante las designaciones se pretenda beneficiar a alguien en particular, sino que se aprobó el método en los distritos y estados donde se acreditó que la estructura del PAN está secuestrada por un grupo. “Hay que ver quién está protestando. Si se le rasca un poquito es posible ver a qué interés corresponde”, dice y pone como ejemplo Jalisco, donde 14 integrantes del comité estatal, incluido el presidente, Hernán Cortés, renunciaron para, con base en la afiliación masiva que habían hecho, ganar las candidaturas. “Ya tenían su distrito, ya tenían su gente, y de repente el CEN asume la decisión”, subraya, y lo mismo ocurre en Nuevo León, con el grupo San Nicolás que integran el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal; el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zeferino Salgado, y Raúl Gracia, consejero de la Judicatura estatal, promotores de Cordero y vinculados los tres con Juan José Rojas, El Zar de los casinos. Este grupo arrebató la hegemonía al de San Pedro Garza García, que encabeza Fernando Canales Clariond, quien ha tenido acercamientos con López Obrador y cuyo hijo del mismo nombre ya hizo pública su adhesión a éste después de que Larrazabal no será sancionado por la Comisión de Orden, como lo había solicitado el CEN. Sin contar con esta información, Rodríguez Prats dice: “El argumento de que no deciden los militantes y que se está traicionando a la democracia suena muy bonito, pero por ejemplo Larrazabal tiene a mil 300 militantes en la nómina y están muy enojados”. Niega, también, que las candidaturas por designación favorezcan a Calderón, porque los 52 integrantes del CEN deciden, según él, en conciencia panista. “No voy a negar que no tenga influencia, sería un absurdo, pero no para dar órdenes”. –¿El CEN no está subordinado a Calderón? –No, habemos varios que nos hemos enfrentado a Felipe y de eso hay muchos testigos.

Provisto del pulso que toma al panismo en sus recorridos por el país dando conferencias –lleva 75 en el año–, Rodríguez Prats advierte de maniobras desde el gobierno federal para favorecer a Cordero. “Estoy asustado porque veo maniobras preocupantes que voy a plantear en el CEN, porque Madero y el CEN debemos hacer respetar al PAN, que se le respete desde el poder.” Afirma que el apoyo es, actualmente, “vía delegados”, y que se suma a otros previos: “Primero, el presidente le da a él solo la palabra ante mil 800 delegados del país; segundo, funcionarios públicos de alto nivel apoyándolo, y tercero: Javier Lozano declina ¡Esa es una práctica priista! ¡Esa es la cargada en el PRI!” Insiste: “Hay indicios. Cordero es panista desde 2007 y tiene que demostrar que es más panista que felipista, porque todo lo que ha hecho ha sido bajo la sombra de Calderón. Cordero no sale de un discurso de Felipe, Felipe, Felipe”. –¿Ha crecido? –No pasa de 10%. Por eso digo: Sería tremendamente sospechoso que, en febrero, de repente veamos que se encuentra Cordero. Todo mundo se preguntaría: Cómo le hizo. “Cordero tiene un problema enorme: Tiene que demostrar que no es el ungido, convencer que tiene sus propias cualidades para ser nominado. De lo contrario te puedo decir que sería el mayor atropello que al PAN se le haga y que pudiera provocar un serio problema que se reflejaría en no ser competitivos en la elección del 2012.” Credibilidad por los suelos

El derrumbe de “Cocoa” Al respecto, Pérez Cuevas dice que el escenario que enfrenta el PAN hacia la elección de 2012 es muy difícil, sobre todo porque la izquierda ya definió a López Obrador y el PRI perfila a Peña Nieto: “Por eso el PAN tiene que cuidar muy bien sus decisiones, sus procesos, sus aspirantes y no se puede dar el lujo de mandar señales de errores, de choques, de rompimiento”. El operador de Vázquez Mota –quien infructuosamente ha pedido que se adelante el proceso de selección del candidato presidencial– expone que el PAN debería analizar qué hacer con las designaciones, porque “las circunstancias políticas hoy están cambiadas en 180 grados”. –¿Gravita la derrota en Michoacán? –Sí, totalmente, todo eso nos obliga a tomar una determinación, hacer una reflexión y tomar las mejores decisiones y no equivocarnos. Ni no queriendo equivocarse, equivocarnos, ni algunos a lo mejor de mala fe. En este momento lo dejaríamos como una duda, pero al menos hay ese fantasma. En efecto, la derrota de la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, abatió al panismo, sobre todo porque las encuestas les daban la certeza de que ganaría. La misma noche del domingo 13, aunque se declaró ganadora, no había duda del resultado. La Cocoa, hermana mayor de Calderón, culpó a las mafias de su derrota y prácticamente acusó al priista Fausto Vallejo, el ganador, de ser cómplice: “Sería grave que el próximo gobernante de la entidad fuera un títere del crimen organizado”, dijo en una acusación que retomó la dirigencia nacional del PAN. En los hechos, y ante la “intervención directa, abierta y descarada de los criminales”, el PAN pidió la anulación de las elecciones, porque de lo contrario habría un narcogobierno: “No debe minimizarse el ominoso hecho de que si no se corta de tajo este comportamiento criminal, México entero corre el riesgo mayor de que Michoacán sea el primer estado en el que las organizaciones criminales sean capaces de entronizar un gobierno estatal.”   Rodríguez Prats, quien fue por breve tiempo delegado del CEN en Michoacán, reconoce que la derrota ha afectado anímicamente al panismo: “Hay dolor por esa pérdida de Cocoa, pero nos arraiga la convicción de que estamos peleando con los mismos de 1939: Peña Nieto y Gonzalo N. Santos no se distinguen”. Amigo de Vallejo, el ganador de las elecciones con 52 mil votos más que la Cocoa, es cuidadoso de no invalidar las acusaciones

de que fue apoyado por el narcotráfico: “De repente la política se torna un torbellino y arrastra. Fausto se dejó arrastrar”. La derrota en Michoacán, una apuesta al más alto nivel, se produjo tres días después de que se estrelló el helicóptero en que viajaba el secretario de Gobernación, que murió junto con otras siete personas, y el mismo día en que se supo que Alonso Lujambio, secretario de Educación, padece cáncer. Rodríguez Prats razona: “Se debe hacer

un análisis muy objetivo con las cinco cosas que nos cayeron encima: el accidente de Blake, la enfermedad de Lujambio, Michoacán, la decisión del PRD y el fallo del Tribunal. Otra vez vamos a la adversidad y hay que hacerlo con la mayor entereza”. Pero antes de la elección constitucional de julio de 2012, el PAN enfrenta una situación complicada, además del saldo de sus gobiernos: “Hay muchas dudas, porque la pregunta que muchos panistas se hacen es si el proceso se va a manipular...”.


Octavio Gómez

En el PRI,

fractura en puerta

Una semana antes de que venza el plazo para que el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera decida si pide licencia para lanzarse como candidato a la Presidencia de la República, una decisión unilateral del presidente del PRI, Humberto Moreira –quien introdujo modificaciones al borrador de la convocatoria elaborada por la Comisión Nacional de Procesos Internos–, incomodó al sonorense, quien habla de retirarse. Y en medio de este desconcierto, el partido firmó un convenio con el Panal y el PVEM –armado por dos de los operadores del mexiquense Enrique Peña Nieto–, en el que cede varias diputaciones y senadurías, lo que encendió los ánimos de los priistas.

Castro Obregón, Moreira y Escobar. Convenio polémico

PO L Í TI CA dente, al revisar dicho documento, modificó algunas cláusulas que, a su juicio y en opinión de los órganos jurídicos del partido, podrían someterse a dos riesgos: coartar la libertad de expresión, lo cual es muy delicado; y poner en fragilidad, bajo esa interpretación, que el IFE pudiera derribar la convocatoria”, dice Penchyna a Proceso. –Pero el senador Beltrones argumenta que estos cambios alteran las condiciones de equidad de la contienda. –No tendría ningún comentario en contra, porque además el senador Beltrones es un muy distinguido miembro de nuestro partido político. Es un hombre con una trayectoria relevante, pasada, presente y seguramente futura. Me parece que la madurez de las condiciones de equidad está en la propia militancia partidaria. –¿Prevé una ruptura al interior del PRI? –Yo no preveo una ruptura. Yo creo que el PRI ha aprendido en carne propia que la variable indispensable para ganar es la unidad. Ahí están Michoacán, Nayarit, Estado de México, Hidalgo. Hemos padecido con dolor que aquellas entidades donde no logramos la unidad, lamentablemente la victoria no nos alcanzó. Eso se aprende con sangre, se tatúa en la piel. –¿Qué sucederá si el senador Beltrones decide bajarse de la contienda? –Con todo respeto, no declaro sobre especulaciones. No personalizaría la convocatoria para uno o dos aspirantes solamente.

Se prepara la “cargada” JENARO VILLAMIL n menos de una semana la contienda del PRI por las candidaturas de 2012 se tornó conflictiva y hoy amenaza con desembocar en una fractura interna por dos decisiones unilaterales: la del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Humberto Moreira, y la del equipo negociador de Enrique Peña Nieto. La primera molestó al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; la segunda, a decenas de legisladores priistas que aspiran a cargos de elección popular, sobre todo a las gubernaturas, senadurías y diputaciones federales para 2012. Lo que incomodó a Beltrones fue la decisión de Moreira de introducir cambios al borrador de la convocatoria para elegir al candidato presidencial del PRI elaborado por la Comisión Nacional de Procesos Internos después de una amplia consulta y negociación con los equipos de los dos principales aspirantes: Peña Nieto y el mismo Beltrones. En el segundo caso, la firma del convenio del PRI con los partidos Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista (PVEM) para formalizar la coalición Comprometidos con México encendió los ánimos de los priis-

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tas. Según el acuerdo, negociado por Luis Videgaray y Jesús Alcántara, operadores de Peña Nieto, el PRI le cede al PVEM 30 diputaciones de mayoría y 23 al Panal, así como cuatro senadurías al partido creado por Elba Esther Gordillo y cinco para el ecologista. La decisión de la Comisión Política Permanente del PRI fue aprobada el miércoles 16 y se dio a conocer al día siguiente. De inmediato provocó el rechazo de los dirigentes del partido en el Distrito Federal, así como del senador Francisco Labastida Ochoa y de los aspirantes priistas al gobierno de Chiapas, porque consideran que el PRI está cediendo distritos competitivos a partidos que cuentan con menos de 1% de la votación. Los chiapanecos sobre todo consideran que el de su entidad es el caso más conflictivo. El convenio incluye brindar apoyo al senador Manuel Velasco, del PVEM, para la gubernatura en 2012, lo que desplazaría a priistas como la senadora María Elena Orantes y Juan Antonio Aguilar Bodegas. Les incomoda, además, que Velasco sea amigo personal del mexiquense Peña Nieto. En el Distrito Federal, la senadora María de los Ángeles Moreno y el diputado local Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

protestaron porque, de acuerdo con el convenio, el PRI cede al PVEM la primera opción de la candidatura al Senado, así como candidaturas a diputados federales en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan. Al Panal, por ejemplo, se le conceden las candidaturas en los distritos de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Xochimilco.

El ultimátum de Beltrones El principal cambio a las bases para la inscripción en la contienda interna se realizó en la cláusula décimo cuarta. El borrador entregado el lunes 14 a las nueve de la noche por la Comisión Nacional de Procesos Internos proponía un candado para impedir que sean candidatos “los servidores públicos de filiación priista y quienes ocupen un cargo de elección popular con disposición presupuestal y/o mando”. El documento asentaba también que los “integrantes de los órganos de dirección ejecutivos, de defensoría y jurisdiccionales del partido” se abstuvieran de realizar expresiones de apoyo que alteraran las condiciones de equidad de la contienda interna. Se trataba del “candado anticargada”. El senador Pedro Joaquín Coldwell, reconocido por sus dotes de negociador y

operador político, comentó que, como presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, propuso este candado por considerar que “ayuda a la equidad”. Arguyó: “El problema es que en la cultura priista los gobernadores tienen un gran liderazgo sobre las bases partidarias, entonces la razón por la cual la presidencia a mi cargo sometió a la consideración de la comisión esta base fue fundamentalmente cuidar la equidad en el proceso, por el peso que tienen los gobernadores”, argumentó Joaquín Coldwell. En menos de 12 horas, en la mañana del martes 15, el presidente del PRI, Humberto Moreira, publicó la convocatoria que modificó este candado argumentando que son atribuciones del presidente del CEN del partido realizar estas modificaciones y que ese “candado” violaba la “libertad de expresión” de los militantes. “Tengo la facultad en los estatutos. Hay una propuesta de la Comisión Nacional de Procesos Internos donde el presidente del partido tiene la facultad de emitir la convocatoria”, declaró Moreira el jueves 17 en una improvisada rueda de prensa. Desde Hermosillo, el senador Manlio Fabio Beltrones advirtió ese mismo día que ante estos cambios evalúa la posibilidad de retirarse de la contienda interna.

“En lo personal, estoy evaluando si participo en las elecciones de 2012 después de conocer la convocatoria de mi partido, la cual tiene ciertas especificaciones que, creo, son necesarias de reconsiderar; pero esto sucederá en los próximos días. “Mi decisión habré de tomarla siempre responsablemente y pensando en el México que todos queremos, pero sobre todo en cómo exigir que, suceda lo que suceda, imaginemos qué México queremos tener dentro de 25 años y exijamos que se cumpla ese propósito”, abundó el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Se espera que antes del jueves 24, fecha límite para que Beltrones pida licencia en el Senado, decidirá si abandona su pretensión de competir en la contienda interna. Sus principales colaboradores dicen que se retirará si no se modifica esta cláusula de la convocatoria. Para el vocero del CEN priista, David Penchyna, Moreira tiene todas las atribuciones para decidir estos cambios en el borrador propuesto por la Comisión Nacional de Procesos Internos y si no se hubiera modificado se violaba la “libertad de expresión” de los militantes priistas. “El Consejo Político Nacional pudo expedir esa convocatoria, pero le delegó esa facultad al presidente del partido. El presi-

En paralelo con esta polémica, en las oficinas de Comunicación Social de varias entidades gobernadas por priistas comenzó a circular el borrador de un desplegado, financiado por varios gobernadores y legisladores que forman parte de la red de alianzas de Peña Nieto para mostrar su “adhesión” al exgobernador mexiquense en vísperas del registro que se formalizará el domingo 27. El texto se detuvo momentáneamente ante el descontento de Beltrones, de legisladores y de dirigentes del PRI cercanos al exgobernador de Sonora. Ante la posibilidad de que Beltrones renuncie a la contienda interna, legisladores vinculados a Peña Nieto divulgaron la versión de que el exgobernador de Hidalgo Miguel Osorio Chong promueve que su antecesor, Manuel Ángel Núñez Soto, se registre como precandidato para “convalidar” la precampaña y favorecer al mexiquense. Citando a diputados priistas, los reporteros Roberto Garduño y Enrique Méndez, de La Jornada, publicaron que Núñez Soto “sólo ‘convalidaría’ el proceso, como ocurrió hace seis años con Everardo Moreno, quien participó para que Roberto Madrazo Pintado también recibiera el apoyo unánime”. –¿Qué hará el CEN del PRI frente al riesgo


Miguel Dimayuga

POLÍTICA

Peña Nieto y Beltrones. Tensión

de las cargadas? –se le pregunta a Penchyna. –Con todo respeto, las cargadas son un baile, amigo. El PRI es un partido maduro. Hace seis años tuvimos esa misma discusión; sería pernicioso para la vida política de un partido el que a través de ciertos mecanismos se coarten libertades como la de la expresión. Las manifestaciones de la cargada a favor de Peña Nieto han sido varias. Después de las pasadas elecciones para gobernador en el Estado de México, cerca de 300 legisladores federales, locales, presidentes municipales y líderes priistas se reunieron en la casa de gobierno de Toluca para expresarle su apoyo y adhesión al todavía mandatario estatal. En aquella reunión se dio a conocer la creación de Expresión Política Nacional (EPN, las mismas siglas del nombre de Enrique Peña Nieto), un sucedáneo de la Fuerza Mexiquense que creó Arturo Montiel en 2004-2006 para impulsar su precandidatura presidencial. Se trata de una red clientelar y de operadores políticos para impulsar la candidatura de Peña Nieto. EPN es coordinada por Jesús Alcántara, amigo personal del exmandatario mexiquense, el mismo personaje que negoció junto con el diputado federal con licencia Luis Videgaray el convenio de alianza con el PVEM y el Panal.

Rebelión priista En una ceremonia realizada en el exconvento de San Hipólito, junto a la iglesia de San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, Humberto Moreira firmó con Luis Castro Obregón, presidente del

Panal y operador político de Elba Esther Gordillo, y con el senador Arturo Escobar, vocero del PVEM, el convenio de coalición Compromiso por México que cede a estos partidos 54 candidaturas para la Cámara de Diputados (30 para el Verde y 24 para el Panal), así como cuatro senadurías para Nueva Alianza y cinco para el Verde. Entre las senadurías que pretende ceder el PRI destaca la de Chiapas, que sería para Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, presente durante la firma del convenio. En el caso de Quintana Roo, la senaduría se reservó para el exdirigente del PVEM, Jorge Emilio González, quien está envuelto en un escándalo por la muerte, en abril pasado, de una migrante búlgara en un departamento de la torre Emerald, de Cancún, que presuntamente pertenece a González. En Sinaloa, donde el Panal no obtuvo ni 1% de la votación, se reservó la senaduría para Nueva Alianza, lo que generó una airada reacción del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, quien advirtió que esta decisión es una “imposición” y generará fracturas en esta entidad. La senadora María Elena Orantes, aspirante a la candidatura priista a la gubernatura de Chiapas, expresó su rechazo absoluto a que el PRI apoye al candidato del PVEM para esta entidad, el senador Manuel Velasco, y amenazó con abandonar el Revolucionario Institucional. Su colega capitalina María de los Ángeles Moreno y la tamaulipeca María Gómez hicieron eco de las protestas de sus correligionarios por la cesión “indiscriminada” de distritos electorales federales competitivos para el PRI. Tan sólo en la Ciudad de México el PRI

le cederá al PVEM el distrito 7 de la Gustavo A. Madero, el 8 y 12 de la delegación Cuauhtémoc, así como el 14 de Tlalpan. El diputado federal priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre afirmó que impugnará esta decisión porque “el convenio nos afecta como entidad federativa; además, no tienen facultades de designación el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ni el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Verde, porque eso es antidemocrático”. Desde hace meses, Gutiérrez de la Torre se mantiene en franca rebelión contra el equipo de Peña Nieto, a cuyos integrantes acusa de haber incumplido “los acuerdos” y apoyar para la jefatura de Gobierno en el Distrito Federal a la expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y de aliarse con el experredista René Arce, adversario político de Gutiérrez de la Torre en la delegación Iztapalapa, la más poblada de la capital del país. Se prevén otros conflictos con la militancia priista en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz, donde el PRI le cede al Panal y el PVEM distritos electorales que pelean varios militantes.

El espaldarazo de Peña Nieto Todo esto sucedió mientras Peña Nieto estaba de gira por Estados Unidos, donde se promueve ante académicos, empresarios y think tanks del país vecino. Desde Nueva York, el mexiquense salió en defensa de Moreira, involucrado en el escándalo de la falsificación de documentos para incrementar la deuda estatal de Coahuila, al afirmar que las acusaciones contra el exmandatario son una “guerra de lodo”. Después de participar en el Consejo de las Américas, Peña Nieto también opinó sobre el descontento generado ante la convocatoria que autoriza la cargada. “Creo que lo que fue publicado es una atribución del Comité Ejecutivo Nacional; es una atribución del presidente del partido, y de ninguna manera está ni truqueando ni trampeando nada… Más parece una campaña de desprestigio que estuviera siendo orquestada desde la oposición y a la que algunos medios se han prestado”, afirmó el exmandatario mexiquense. Hasta ahora no ha respondido a la oleada de protestas que se están generando por el convenio con el PVEM y el Panal que él ordenó a sus operadores que negociaran y Moreira firmó. Peña Nieto se tendrá que enfrentar en los próximos días, antes de su registro formal como precandidato el domingo 27, a la contraparte de la cargada: la rebelión de los priistas que desde ahora dicen que ya no son tiempos de imposición y que el político conocido como el Golden Boy “no es el dueño del PRI”.


Demian Chávez

J U STI CI A

Informe de inadmisibilidad

Boletas 2006:

la extraña justicia de la Comisión Interamericana

Con argumentos idénticos a los del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desestimó la demanda de este semanario de acceder a los paquetes de boletas de los comicios federales de 2006, con lo que dio carpetazo a un posible recuento de votos. Peor aún: dejó abierta la posibilidad de que toda esa papelería sea destruida. Para la CIDH, como antes para el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, las actas de casilla de ese proceso electoral son documentos más que válidos para legitimar las presidenciales de hace cinco años.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo suya la defensa del gobierno de Felipe Calderón: En México las elecciones son transparentes, controladas por los ciudadanos y su información, “procesada”, es accesible a través de las actas electorales. Así, sin más consideración de que el Estado mexicano garantiza el acceso a la información electoral a través de esas actas, la CIDH fundamentó su rechazo a la demanda de Proceso contra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mexicanos por impedir el acceso a los paquetes de la elección presidencial de 2006.

L

El lunes 14 de noviembre, después de que Proceso (número 1828) informó del silencio de la comisión sobre su rechazo, el organismo interamericano entregó a la revista y al gobierno mexicano el “informe de inadmisibilidad” de la demanda presentada por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda. El informe, identificado con el número 165/11, está fechado el miércoles 2, dos días antes de que la CIDH emitiera un boletín de prensa sobre los resultados de su 143 periodo ordinario de sesiones, realizado en Washington, sin que explicara por qué denegó la demanda. Doce días después, la Comisión Interamericana dejó en claro que las razones del gobierno de Calderón fueron las mismas de sus integrantes. Limitados al tema de acceso a la información soslayaron los otros dos reclamados por la revista: el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. El informe está firmado por seis de los siete integrantes de la CIDH. El primer vicepresidente del organismo, el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, estaba formalmente impedido de conocer y participar en la discusión. Orozco llegó a la comisión en enero de 2010 a propuesta del gobierno calderonista, en cuyo aval como ganador de la impugnada elección presidencial participó como uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En su demanda ante la Comisión Interamericana, presentada el 24 de abril de 2008, Rodríguez Castañeda alegó que el Estado mexicano violó en su perjuicio los artículos 8, 13.1, 13.2 y 25 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos. Estos artículos se refieren, respectivamente, a la protección judicial, la libertad de pensamiento y expresión, y la protección judicial. El artículo 25 fija la obligación de los Estados de garantizar a todas las personas un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. El 8 dice que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El director de la revista acudió a la CIDH luego de que en marzo de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negara la revisión de un amparo contra una resolución de un juez federal, con lo que cerró en el Poder Judicial de la Federación, en definitiva, el acceso a las boletas. La petición de amparo impugnaba el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ahora el 302, que ordena la destrucción de la papelería electoral una vez concluidos los comicios. La SCJN no entró al fondo del amparo, sólo lo declaró improcedente. Con esa decisión el máximo tribunal impidió que Rodríguez Castañeda fuera oído con las debidas garantías para la satisfacción del derecho reclamado, decía la demanda. Y expuso: “No basta la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos; es decir, deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la propia convención”. La Corte resolvió también que la vía idónea para estas peticiones era un recurso de impugnación en el TEPJF, conocido como juicio para la protección de los derechos políticos electorales del

ciudadano. Pero esta misma instancia ya había rechazado, en abril de 2007, una petición de acceso a las boletas presentado por la revista mediante este recurso (Proceso 1591). La demanda presentada ante la CIDH exponía que ese recurso no es idóneo ni efectivo, dado que no permite suspender la destrucción de la información electoral. Sólo funciona cuando se impugnan leyes electorales y se defienden derechos político electorales; pero no cuando se intenta la salvaguarda de un asunto de transparencia fuera de un proceso electoral. Al no garantizar ni la Corte ni el TEPJF un procedimiento que respetara las garantías del debido proceso, el Estado mexicano violó la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención.

Demanda doblemente rechazada Con la decisión de la Corte se demostró que en México no existe un recurso jurídico sencillo y eficaz que sirva para salvaguardar el derecho humano fundamental de acceso a la información en materia electoral, apuntó la demanda. Para la CIDH, no existió ninguna de esas violaciones, por lo que declaró inadmisible la petición de demanda conforme al artículo 47.b de la convención. Según éste, Proceso no expuso hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por ese instrumento internacional. En su justificación, los comisionados se encaminaron hacia el tema de acceso a la información sin explorar los otros agravios que exhibieron la falta de recursos judiciales efectivos que existía en México al momento de interponer la demanda para enfrentar la negativa del Estado mexicano. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Para el organismo interamericano, dar acceso a la paquetería de la elección presidencial –que incluye los votos nulos y las boletas sobrantes e inutilizadas– representaría peligro de “una posible contaminación de la información en bruto que fue utilizada para la elaboración” de las actas. Además responsabilizó a los peticionarios de “no (haber) aportado elementos para mostrar por qué dicha información (de las actas) no les habría servido”. Con su negativa, la CIDH levantó las medidas cautelares que le había impuesto al gobierno de Calderón para impedir la destrucción de las boletas. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) aún no puede disponer de ese material debido a que hay nuevas solicitudes de acceso al mismo, al amparo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor el 10 de junio de este año.

Comisionados interamericanos. Voz del calderonismo


J U STI CI A GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO*

La CIDH no es infalible A

l día siguiente de que Proceso publicó el reportaje sobre lo sucedido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de su director en torno a las boletas de la elección presidencial 2006, arribó el informe de inadmisibilidad del caso. Con su llegada quedaron al descubierto las razones jurídicas que ese órgano estimó suficientes para negarse a entrar al fondo. Lamentablemente su argumentación no es convincente en lo absoluto. Dado el compromiso con la transparencia que esta causa persigue, a partir de esta fecha cualquier persona podrá consultar directamente el informe en cuestión y hacerse de un juicio propio. Por lo pronto, desde la perspectiva de la defensa del caso hay tres carencias fundamentales en el razonamiento de la

Para rechazar la demanda, la CIDH se apoyó en la resolución de la Suprema Corte. En especial se hizo eco de los argumentos de la ministra Margarita Luna Ramos, cuyo hermano Alejandro, actual presidente del TEPJF, fue otro de los magistrados electorales que avaló el triunfo de Calderón. Como una de las principales opositoras en la Corte a la revisión del amparo, Luna Ramos insistió en que la revista, en otro juicio, ya había hecho la misma solicitud de acceso a las boletas a través del TEPJF, por lo que en su segundo intento debió recurrir la negativa del IFE, en lugar de buscar la protección de la justicia federal. Tres años y medio después, la CIDH la secundó: “La presunta víctima podría haber optado por los mecanismos disponibles en la esfera electoral. Sin embargo, al momento de los hechos, el TRIFE (sic) no podía declarar la inconstitucionalidad de una ley”. En noviembre de 2007, en efecto, medio año después de la petición de demanda ante la CIDH, el Legislativo reformó la Constitución para darle al TEPJF la facultad de desaplicar normas electorales contrarias a la Constitución, pero mantuvo el artículo del Cofipe que ordena la destrucción de las boletas, sin considerar las peticiones de acceso a la información.

CIDH. Se le olvida que la petición denunció violaciones no sólo al derecho de acceso a la información, sino al debido proceso y al derecho a un recurso efectivo, así como que el asunto no era exclusivamente el acceso directo a las boletas sino denunciar la existencia de una norma que manda su destrucción. Sin embargo, de las respectivas violaciones a los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH guarda absoluto silencio. Y peor aún, olvida aplicar en su argumentación el estándar que le marca el artículo 29 de tal tratado, el cual, en pocas palabras, le impide adoptar un criterio más restrictivo que el seguido desde el interior. En esa línea, nada reflexiona en torno a que en el artículo sexto constitucional se establece desde hace años

La Comisión Interamericana admite que al momento de la demanda, “el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos no constituía un recurso eficaz al cual hubiere podido acudir la presunta víctima para atacar la inconstitucionalidad de la referida norma”. Pero más importante para la CIDH fue que “la transparencia de las elecciones” en México hace innecesario revisar las actas. Su argumentación es una copia de lo que establece el Cofipe: “En las actas de escrutinio y cómputo elaboradas en cada casilla para recibir la votación de los ciudadanos, se dejaba constancia del número de votos emitidos a favor de un candidato o partido político, del número de votos nulos y del número total de boletas sobrantes inutilizadas”. Para ello había un mecanismo de identificación y separación de boletas –dependiendo de la categoría en la cual las mismas habrían de ser consideradas–, cómputo y verificación de resultados. Continúa: Los responsables de ese procedimiento eran los integrantes de la mesa directiva de casilla, órgano electoral conformado por cuatro ciudadanos escogidos a través de un mecanismo mixto de selección. Además los partidos políticos que ha-

la obligación de conservar las fuentes de información. Para este caso concreto, el deber de conservar esas boletas de la elección de 2006. En segundo lugar la CIDH afirma que no ve siquiera indicios de violaciones al derecho de acceso a la información que le permitan abrir el proceso y entrar eventualmente al estudio del fondo de la cuestión. Una aseveración difícil de entender en un órgano garante de derechos que en 2008 dictó y mantuvo medidas cautelares que durante tres años evitaron la destrucción de las boletas. Finalmente, señala la CIDH en la parte toral de su informe, en su párrafo 44, que “en el caso bajo estudio, el acceso a las actas de escrutinio y cómputo habría satisfecho o pudiere haber satisfecho la necesidad de los sujetos interesados en

bían registrado candidatos, fórmulas o listas podían acreditar representantes ante las referidas mesas directivas, quienes tenían el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección y de presentar escritos de protesta al término del escrutinio y el cómputo electoral. En caso de que existieran inconvenientes o dudas acerca de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo, instancias superiores podían proceder a un nuevo acto de escrutinio y cómputo. Para la CIDH lo que pasó en la jornada electoral del 6 de junio de 2006 quedó reflejado de manera sistematizada en las actas de escrutinio y cómputo. Y “al poner a disposición de la ciudadanía las referidas actas, el Estado estaría asegurando el acceso a esa información, en su modalidad de dato procesado”. Asegura que en ocasiones el acceso a la información comprende tanto el acceso al dato procesado como el acceso a la información en bruto, como en los casos de archivos en los que hay información relacionada con graves violaciones de derechos humanos. “Sin embargo, en el caso bajo estudio, el acceso a las actas de escrutinio y cómputo habría satisfecho o pudiera haber satisfecho la necesidad de los sujetos interesados en materia de acceso a la información.”

materia de acceso a la información y –a la vez– evitaba una posible contaminación de la información en bruto que fue utilizada para la elaboración de las mismas” y que “los peticionarios no han aportado elementos para mostrar por qué dicha información no les habría servido”. Este criterio es por demás regresivo. Sólo falta imaginar que ahora se pueda responder a las personas que solicitan información, que la misma no se les puede entregar y que además se va a destruir, para que no la manipulen. Bajo ese criterio, ¿qué será de la rendición de cuentas?, y ¿dónde queda el derecho a la verdad? Y de nueva cuenta, ese es un parámetro más restrictivo que el imperante al interior de nuestro orden jurídico, en el que nadie tiene que justificar el motivo, el fin o la utilidad que le llevan a requerir el acceso a la información de su interés. En ese contexto, es tan apresurado el razonamiento de la CIDH que valdría la pena llevar a debate a sus integrantes, pues pareciera que hubieran votado el informe de inadmisibilidad sin tener acceso a toda la evidencia aportada y que consta en el expediente. ¿Por qué

ese cambio drástico de criterio? ¿Se debe a su nueva integración? ¿Qué tendría que decir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión frente a ello? Afortunadamente no se han agotado todas las instancias al alcance de Rafael Rodríguez Castañeda. Si la CIDH no es convincente, por fortuna no es la última instancia. Un caso sometido al Sistema Interamericano que deje insubsistente la violación a derechos humanos todavía puede ser llevado ante otra instancia internacional, el Comité de Derechos Humanos, el garante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quien se apresure a leer viejas ediciones en español del Protocolo de ese Pacto que posibilita a las personas presentar comunicaciones individuales, dirá que lo anterior es una locura, que expresamente en su artículo 5.2 a) se advierte que no se examinará un caso si ha sido sometido ya a otro procedimiento internacional. La clave está en repasar su versión en inglés a la que ya se ha ajustado la actual versión en español. El aludido comité no puede estudiar asuntos que estén siendo conocidos por otras instancias

internacionales, pero ese impedimento se esfuma cuando en esas otras sedes se culmina el caso. Esa es hoy la lectura obligada porque es la más favorable a las personas. Ahora bien, para evitar la destrucción de las boletas electorales de 2006 el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos da a la sociedad mexicana una nueva oportunidad para solicitar el acceso a las mismas, en tanto que el IFE está hoy obligado a interpretar el artículo del Cofipe que obliga a su destrucción en el sentido más favorable a la persona, lo que implicaría que antes de destruirlas permitiera su acceso a aquellas personas que así lo solicitaran. Es así como la causa de transparencia y rendición de cuentas que está detrás del acceso a las boletas electorales de 2006 sigue teniendo una oportunidad. Sólo es cuestión de tomarla. Después de todo, la CIDH no es infalible ni es última instancia. O *Codirectora de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos AC (Litiga OLE)

Caso “La Jornada”-”Letras Libres”:

round determinante JORGE CARRASCO ARAIZAGA

L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá nuevos criterios sobre la libertad de expresión de los medios de comunicación cuando resuelva el litigio entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres, confrontados en tribunales desde hace siete años. La Primera Sala del máximo tribunal enlistó para el próximo miércoles 23 el amparo directo 28/2010 solicitado por la empresa Desarrollo de Medios (Demos, editora de La Jornada) en contra de una resolución que favoreció a Editorial Vuelta, que publica la revista dirigida por el historiador Enrique Krauze. El litigio comenzó en agosto de 2004 cuando La Jornada demandó a la revista por la publicación de un artículo firmado por el entonces subdirector de Letras Libres, Fernando Adalberto García Ramírez. En el texto publicado en marzo de ese año con el título Cómplices del terror, García


JUSTICIA Ramírez cuestionó el acuerdo de colaboración firmado por el diario mexicano con Gara, “periódico del brazo político de ETA” (Euskadi Ta Askatasuna), grupo separatista vasco que en octubre pasado depuso las armas. El autor calificó ese acuerdo como “una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley”. La Jornada, que consideró difamatorio el texto, emplazó a la revista a probar su dicho o retractarse. Al no ocurrir nada de esto, enderezó la demanda por daño moral. Después de varias sentencias favorables a una y otra parte, el caso se resolverá en definitiva en el máximo tribunal cuando se pronuncie sobre una sentencia emitida el 7 de abril de 2010 por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que favoreció a Letras Libres. Al atraer el juicio en noviembre del año pasado, los ministros de la Primera Sala dijeron que buscarán establecer los límites del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de imprenta cuando los involucrados las ejercen con motivo de su actividad, en particular la de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Si es el caso, dijeron, se precisará el criterio correcto para el ejercicio de la libertad de expresión, en oposición al derecho al honor y/o al prestigio en el desarrollo de la labor periodística. Según dijeron, la pretensión de la Corte es fijar criterios en el caso en que esos derechos confrontados sean ejercidos por medios de comunicación y si también resulta afectado el derecho a la información de los terceros que consultan esos medios. Adelantaron que la Sala tomará en cuenta lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ley de la selva” El proyecto de resolución fue elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Según informó el miércoles 16 el periódico Reforma, el ponente propone que la prensa y los líderes de opinión tienen acotado su derecho al honor, como ocurre con los personajes públicos. “Si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección para criticar a personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad y el más amplio grado de protección. “De lo contrario se estaría dotando a una persona, en este caso un medio de comunicación impreso, de un gran y desequilibrado poder para criticar impunemente,

opinando e informando sin ser sujeto del mismo escrutinio público que pregona, ejerce y cuya protección invoca”, refirió el periódico sobre el contenido del proyecto. La versión, que pese a criticar las expresiones “desabridas y de mal gusto” del autor del texto, favorece a Letras Libres, con lo que negaría el amparo a La Jornada. Zaldívar necesitaría dos votos de entre los cinco ministros de la Sala para tener el respaldo a ese proyecto. El viernes 18, La Jornada reaccionó. En un largo editorial publicado en primera plana y extendido a la página 4, aseguró que el ministro Zaldívar “pretende situar la querella como resultado de ‘derechos que se encuentran en pugna’; el relativo al honor y la reputación y el que garantiza la libertad de expresión, para concluir que el segundo debe imperar sobre el primero”. Añadió: “Resulta casi inverosímil que un documento de la SCJN pretenda dar protección legal a las falsedades vertidas contra La Jornada en Letras Libres. Pero es igualmente preocupante que uno de sus integrantes no logre ver más que ‘exageración’ y ‘mal gusto’ en una acusación pública”. La acusación, siguió, “atribuye –falsamente– vinculación con el delito más severa y discrecionalmente perseguido y castigado en el mundo contemporáneo”. Aseguró que esa acusación “conlleva riesgos concretos para quien es víctima de ella”. Dijo que si la Primera Sala apoya a Zaldívar, se “instauraría una suerte de ley de la selva en la que las entidades informativas podrían afirmar, unas de otras, las falsedades y acusaciones que quisieran, sin que por ello se les pudiera imputar en formal alguna”. La decisión que tome la Corte ampliará los criterios respecto a la libertad de expresión y el derecho al honor, fijados en sentencias previas. Una de ellas fue el amparo que le negó a Marta Sahagún, quien en 2005 demandó a Proceso y a la periodista Olga Wornat por daño moral debido a la publicación de un reportaje sobre la nulidad religiosa de su primer matrimonio. En relación con Proceso, la SCJN le negó el amparo a la esposa del expresidente Vicente Fox al establecer que los personajes públicos –como lo fue Sahagún– por esa condición están más expuestos al escrutinio público. Precisó que en esa condición se encuentran no sólo quienes ocupan cargos políticos o de función pública, sino quienes desempeñan actividades públicas distintas a las gubernamentales y aquellas que se exponen de manera voluntaria a la opinión pública. Sin embargo la Corte evitó precisar las responsabilidades entre los autores y los medios de información, por lo que le negó el amparo a la periodista argentina. O

Además con ese acceso se “evitaba una posible contaminación de la información en bruto que fue utilizada para la elaboración de las mismas”. Por lo demás, aseguró, “los peticionarios no han aportado elementos para mostrar por qué dicha información no les habría servido”. También le resta sentido a la petición de acceso a las boletas porque “las actas elaboradas por el Instituto Federal Electoral fueron puestas a disposición de la presunta víctima”. Sin entrar al fondo de la demanda, porque resolvió sólo sobre su admisión, la comisión concluyó: “No se cuenta con elementos que permitan caracterizar prima facie (en principio) una posible violación a derechos amparados por la convención”.

Los mismos argumentos El mismo día de la notificación de esa negativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió el comunicado 408 para asegurar que la CIDH declaró inadmisible, “y por tanto, archivado y cerrado el asunto 492-08 Rafael Rodríguez Castañeda”, a quien nunca identificó como director de Proceso. Y confirmó que la CIDH resolvió “fundamentalmente” con los argumentos del gobierno de México. Primero que no se agotaron los recursos internos, “plenamente efectivos”, al no recurrir la negativa del IFE ni promover un juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el TEPJF. Además que el sistema de información electoral vigente “garantiza plenamente el derecho de acceso a la información” pues “todas las actas electorales son contabilizadas por ciudadanos y son públicas y accesibles”. En México, añadió, los procesos electorales “están absolutamente ciudadanizados en todas sus etapas, sin injerencia alguna del Gobierno”, y “se rigen por los principios de máxima transparencia y publicidad”. La SRE apuntó que la inadmisibilidad supone la suspensión de las medidas cautelares para la conservación de las boletas, pero se cuidó en pronunciarse sobre su destrucción pues en la propia CIDH aún hay varias demandas contra el Estado mexicano por el mismo motivo que el de Proceso. Aunque al cierre de esta edición, el viernes 18, el Consejo General del IFE no se había manifestado sobre las consecuencias de la decisión de la CIDH, en el organismo electoral hay nuevas peticiones de acceso a las boletas, apoyadas en la reforma constitucional de derechos humanos que reconoce la progresividad de éstos en la administración de justicia en México, incluidos aquellos establecidos en los tratados internacionales.


VI O NA N L EANRCI COTR A SO Á ÁFCI F I CO AL

El Movimiento por la Paz busca

Luego de siete meses de trabajo –intuitivo y desordenado, como reconocen sus integrantes– el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad siente la urgencia de reorganizarse. Ante la perspectiva de que la violencia en el país siga cobrando vidas a un ritmo desbocado, los militantes de la corriente pacifista buscan, entre otras cosas, dotarse de una dirección plural pues consideran que el liderazgo único de Javier Sicilia no es sano para él ni para la causa. También quieren establecer redes de víctimas o familiares bien arraigadas en todo el país y aclaran que no pretenden interferir de ningún modo en el proceso electoral del año entrante.

JOSÉ GIL OLMOS Octavio Gómez

l crecimiento fue rápido, quizá demasiado. Muchas de las acciones que se realizaron en siete meses fueron más bien intuitivas. Sin recursos ni estructura, más por la necesidad de manifestarse, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se desarrolló sin orden. Ahora está en una fase de reorganización con la idea de fortificar el trabajo y la defensa de las víctimas y sus familiares y de pluralizar el liderazgo a fin de que el peso de las decisiones no recaiga sólo en el poeta Javier Sicilia, sino en una dirección colectiva, horizontal. “Estamos en una crisis de crecimiento” explica Sicilia, quien acepta que debe dejar de ser la imagen protagónica para convertirse en un militante más. “Seguiré como una figura moral; el peso es demasiado grande para que yo siga como la figura principal. Seguir así es dañino para la causa porque las figuras que concentran demasiado las cosas terminan por decepcionar, por desgastarse, se pierde la sustancia inspiradora que le dio lugar... Cuando los líderes se apagan, los movimientos se pierden”, dice el poeta a este semanario. Pero aclara que esto no significa que abandonará el movimiento que nació el 6 de abril en Cuernavaca, cuando encabezó la primera manifestación nacional contra la violencia y las miles de muertes generadas por la guerra contra el narcotráfico, lanzando un grito de pro-

E

testa que se reprodujo en todo el país: “¡Estamos hasta la madre!”. –¿Qué harás? –Quiero estar como una figura moral y de acompañamiento. Lo he hecho en los momentos fundamentales, pero creo que es momento de que su estructura se fortalezca y me permita seguir siendo sólo una figura moral, no como ahora que mediáticamente todo recae en mí. Yo no soy el movimiento, simplemente soy un inspirador. Hay gente que no está en la luz pública pero sin cuya participación esto no camina. Creo que es momento de que adquieran una presencia más importante. Poeta, autor de varias novelas, articulista, ensayista, editor de la revista Conspiratio y profesor, Sicilia aclara que no es activista sino que a raíz del asesinato de su hijo –el 28 de marzo– empezó a realizar acciones sociales para detener la ola de violencia que ha cobrado más de 50 mil vidas en todo el país. “No soy un activista, soy un autor que sigue escribiendo... aunque dejé la poesía. Quiero seguir trabajando como formador, tengo una vida austera contraria a la lógica del mercado; mi contribución es desde las letras. Quisiera conjugar estas acciones, de hecho ya lo estoy haciendo pero la gente no lo ve. Quisiera seguir así, pero desde otro espacio para que el movimiento se exprese plenamente.” –¿Crees que ya están preparados para otro tipo de liderazgos?

–Sí. Hay gente de mucho talento, de liderazgos no mediáticos, como Pietro Ameglio, Emilio Álvarez Icaza, Miguel Concha, Clara Jusidman, Ignacio Suárez Guape, Miguel Álvarez, los poetas Eduardo Vázquez y Tomás Calvillo. Además hay un grupo de muchachos en la Comisión de Víctimas. Es decir que el núcleo fundamental funciona con un sentido colectivo. Creo que puede dar este paso porque no es gente improvisada. Entrevistado un mes después del segundo diálogo con Felipe Calderón, tiempo durante el que ha mantenido un bajo perfil ante los medios, Sicilia insiste en que no se saldrá del movimiento, que no dejará sus filas sino que tomará su papel de víctima y de figura inspiradora. Pietro Ameglio, uno de los encargados de crear una red nacional de organizaciones de familiares de víctimas, precisa que no está en duda el liderazgo del poeta pero que ya es necesario armar una estructura horizontal para la toma de decisiones. “Está muy claro que el liderazgo principal es de Javier Sicilia; hay una aceptación general de eso. Pero también hay cada vez más la necesidad de construir esa red nacional, donde también ellas participen en las decisiones y se beneficien.” Seguidor de la corriente gandhiana de resistencia civil pacífica, Ameglio considera un proceso natural la llegada de otros líderes y señala que el mismo Sicilia necesita recuperar sus espacios como es-

critor, ganarse la vida, atender a su familia y cerrar el duelo por el asesinato de su hijo Juan Francisco. “En ese sentido se tienen que construir otros espacios que vayan ayudando, creando nuevos liderazgos, pero sin quitarle el suyo sino al contrario, se le va a reforzar más”, dice el profesor de origen uruguayo. –¿Sería más una figura moral? –Una reserva moral, emblemática, que no tenga que estar en todas las decisiones ni a la cabeza de todas las manifestaciones, pero sí participando en la reflexión, en los espacios donde quiera estar, respetando su papel que es fundamental.

Reestructuración El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no tiene oficinas... tampoco dinero. En sus arcas hay 4 mil pesos y apenas acaba de pagar las deudas que derivaron de la caravana del sur. Cuando está en la Ciudad de México, Sicilia trabaja en una oficina que le presta el Centro Nacional de Comunicación Social. Todos sus colaboradores son voluntarios y le dedican horas extras a trabajar en la atención a las familias que llegan a pedir auxilio para que se haga justicia a sus muertos o que se localice a sus seres queridos. La voluntad es lo que ha prevalecido en el grupo desde que Sicilia, un grupo de poetas, representantes de la Iglesia identificados con la Teología de la Liberación, agrupa-

ciones ciudadanas y de derechos humanos, defensores de migrantes y desaparecidos así como familiares afectados, decidieron unirse para manifestar su exigencia por la paz con justicia y dignidad con marchas y caravanas que han recorrido 26 estados. Ahora, después de siete meses de incesante activismo, de un proceso de discusión interno fuerte, de enfrentamientos con varias agrupaciones, de críticas a la actuación de Sicilia y de los dos encuentros con Calderón, los integrantes del movimiento decidieron alejarse de los medios y hacer una pausa para replantear metas, acciones, estructura, liderazgos y fuentes de financiamiento. “Ha tenido una crisis de crecimiento, ha crecido mucho a pesar de que ya no tiene la cobertura mediática que tuvo al inicio. Lo que necesitamos es darle más cuerpo a su estructura, a las comisiones... “Tenemos más de 700 casos de víctimas y debemos apuntalar, junto con las otras organizaciones, el trabajo de la Procuraduría de Atención a las Víctimas porque está muy mal hecha; lo tenemos que hacer presionando para que haga bien su trabajo, para que el gobierno le dé los recursos suficientes y el rango que le corresponde a la emergencia nacional”, señala Sicilia. –El movimiento logró visibilizar a las víctimas. ¿Qué sigue? –Sigue la justicia, lograr que se atiendan todos los casos, construir el memorial, hacer la Ley de Seguridad Nacional con carácter ciudadano y trabajar en la Ley de Víctimas. Como dice su nombre, conseguir la paz con justicia y dignidad. “Pero el centro de todo esto son las personas que fueron violentadas. A partir de ahí vamos caminando. Vamos para adelante porque seguiremos mucho tiem-

po en un estado de emergencia nacional.” –¿No está desgastado por este crecimiento tan rápido? –No. Más bien es la crisis de crecimiento, porque en la medida en que crece el movimiento, en que ha abierto brechas, está la necesidad de repensarlo como una estructura más sólida, clara, porque hasta ahora ha sido de marchas y caravanas, de profundas intuiciones, pero en la medida Sicilia. Sólo militante

Germán Canseco

nuevos líderes

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VI O NA N L EANRCI COTR A SO Á ÁFCI F I CO AL JAVIER SICILIA

La democracia y el Reino P

ese a la corrupción de los partidos, de las instituciones del Estado y de un país balcanizado por el crimen y la guerra, México se dispone a entrar en su proceso electoral. La desproporción no sólo es absurda –¿cómo, en tales condiciones, podemos tener elecciones que no sean las de la ignominia?–, sino que, por lo mismo, obliga a pensar en lo que la palabra democracia significa. Aunque en su sentido etimológico “democracia” quiere decir “poder del pueblo”, la palabra ha perdido en nuestros días cualquier significación. Vacía de contenido, pero prestigiada como un axioma de la vida política, se ha convertido, como dice mi amigo Jean Robert, “en la puta de todos”. No sólo se ha usado para justificar la revolución como la contrarrevolución, el terror, el autoritarismo y la mediocridad, sino que se le ha acompañado con todo tipo de adjetivos (democracia representativa, liberal, socialista, librecambista, etcétera.). Sin embargo, la democracia, como lo ha señalado Douglas Lummis, es, en tanto “poder del pueblo”, algo que no puede reducirse ni a las elecciones ni, como suele suceder, a ningún tipo de arreglo entre instituciones políticas o económicas. No es, por lo tanto, un aparato que, como sucedió con la democracia ateniense del siglo V a de C. y como sucede con los bunkers legislativos del México del siglo XX, usurpa la plaza pública para encerrarla en consejos especializados. Es, por el contrario, un horizonte, “un proyecto histórico –dice Lummis– que la gente manifiesta luchando por él” y que repentinamente surge y se recrea en la confianza mutua y la libertad. La democracia, por lo tanto, aparece siempre en medio de sus simulaciones y corrupciones como una especie de primavera, en el lugar que siempre le corresponde: la plaza pública. “Es el arte –vuelvo a Lummis– de extender

el dominio de lo posible [para] crear lo imposible a partir de lo posible”. En este sentido, la democracia, hoy en día, no está en las instituciones que, como toda construcción histórica, han entrado en crisis y tienen que cambiar. Está, como una expresión de lo posible en lo imposible, en los indignados, en los occupy, en la primavera del Medio Oriente y en su antecedente mexicano, las movilizaciones ciudadanas que concitó el levantamiento zapatista de 1994. Hoy, en México, en medio de la simulación envilecida de las elecciones, el único movimiento que ha recreado la verdadera democracia es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero más que una recreación o, mejor, que una aparición de la vida democrática en el desastre nacional, yo hablaría de una categoría más profunda: el Reino. La palabra puede sonar, en oídos laicos o clericales, a la reivindicación de un orden perdido. Nada más lejano a eso. El Reino, en el espíritu profundamente religioso del pueblo de México –que las élites ilustradas quieren absurdamente borrar y los clericales absurdamente manipular–, es, como lo define esa hermosa fórmula teológica: el ya –revelado en el amor de Cristo–, pero el aún no plenamente en la fractura de la historia. Una experiencia que aparece allí donde los seres humanos vuelven a unirse en el amor. En este sentido, más que un aparecer de la democracia, las movilizaciones del MPJD son un aparecer del Reino –hecho de amor, de acogimiento, de paz– en medio del mal. Allí, donde el crimen y la fractura del Estado construyen el horror, la impunidad y el miedo, el amor se revela como pura donación. No es un orden al que todos deben someterse, sino una revelación de lo que en el fondo somos y al que podemos acceder cuando dejamos a un lado la ambición, el poder y el con-

trol. “El mundo nace –escribía Octavio Paz– cuando dos se besan”, cuando dos o más se unen, a partir del dolor, en la igualdad y el servicio. Un momento de revelación, el más revelador de nuestra profundidad humana –y quizá el más político–, en el que la comunión del amor se recrea y actualiza en un espacio público usurpado y ocupado por la violencia. Pero, al mismo tiempo, un momento condicionado por la amarga fractura de la historia, con pocas posibilidades de éxito, pero que sigue siendo un ya siempre presente mientras mantengamos viva la llama del amor. No es, como lo piensa Lummis, en relación con la democracia, una primavera a la que inevitablemente sigue el invierno, sino una primavera siempre posible en la desolación del frío creado por la violencia del poder. El Reino es, por lo mismo, una manifestación de apertura al otro a pesar de la hostilidad que envuelve al mundo. Es, por lo mismo, no una manera de rechazar el poder político, sino de reordenarlo y limitarlo para que se convierta en lo que debe ser en la historia: la sombra de un gran árbol que permita, como dice Jean Robert, vivir, si no el amor, al menos la virtud democrática –que lo imita– “de la confianza mutua” y la libertad. Una imagen del Reino me viene a la memoria: la del almendro. Ese árbol pequeño, que se llena de flores blancas en medio de la desnudez del invierno, “resiste –como decía Camus– todas las lluvias y el viento del mar para preparar el fruto”. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. O

en que se abre camino es necesario darle una reestructuración para que pueda asumir con responsabilidad esto que desató. “Es un movimiento que nace de la noche a la mañana, que se mueve a través de sus intuiciones como una fuerza y acompasamiento entre todos; pero después de siete meses ya aglutina a más gente y es necesario que se rehaga, que adquiera una estructura para que pueda responder.” Ameglio explica que se trabaja internamente en el fortalecimiento de las comisiones para que operen efectivamente y participen en la toma de decisiones. ���Eso me parece muy importante porque hace que las decisiones se tomen de una manera más horizontal y plural, porque habrá por lo menos un par de representantes de cada una de ellas en la comisión de enlace donde se discuten las acciones y las decisiones. “De esta forma todo se transparenta, se enriquece por reflexiones de más gente y se hace más plural. Es una de las grandes demandas: horizontalizar las tomas de decisión, hacer más plural y estratégica la toma de decisiones y que la información fluya y se discuta, no que se concentre en poca gente. “En fin, crear una red de enlaces regionales, estatales, organizaciones más amplias y que las estrategias se decidan entre más gente. Además aprovechar esas organizaciones que tienen más experiencia y están confrontando situaciones más difíciles y violentas de lo que están enfrentando otros. Las redes regionales permitirán asumir los casos que van llegando, tener algún tipo de enlace, de seguimiento y de apoyo a las familias.” Derivada de esta estructura de organizaciones, indica que se formaría una red nacional, porque en la medida en que los núcleos regionales se activen, tengan más fuerza y relación entre todos, también se va a potenciar la cercanía con distintos grupos de todo el país y la articulación entre ellos. Además de los enlaces regionales, señala que se prevé realizar a principios de 2012 un encuentro nacional de las organizaciones que integran el movimiento.

po de presión en lo social, en lo político. “Las formas de no cooperación son muy amplias, como decía Gandhi –también las comunidades indígenas– llega un momento en que si se dan al Estado los recursos monetarios y políticos, sin presiones, esto se convierte en un tipo de complicidad. Por eso creo que en México antes de hablar de desobediencia civil deberíamos explorar más formas de no cooperación civil y pacífica para presionar a los gobiernos a que cumplan el trabajo de justicia, el cambio de modelo de militarización.” –¿Cómo se podría considerar esta otra etapa? –De resistencia civil y pacífica, no violenta, que va por el terreno de la no cooperación, de lo que en Brasil se llama “firmeza permanente”. Esto es, que se hace la demanda y se presiona hasta que se cumpla. No es tanto de movilizarse y regresar a casa, sino instalarse en un espacio y esperar hasta que se cumpla lo acordado o lo que se pide, porque si las cosas se dejan en el aire como lo estamos viendo, no se ve que haya voluntad real en el sentido de la justicia y la impunidad. Por eso hay que hacer crecer la presión más permanente y más continua. –¿Todo esto tendría que ver con las víctimas? –¡Claro! Esto tendría que estar encabe-

zado por ellos, sobre todo por las familias de los desparecidos, que es el tema más dramático y fuerte, donde hay mayor presión y desesperación... porque además cada día que pasa se pone más en riesgo al desaparecido, en caso de que esté vivo. Sicilia señala que falta establecer el diálogo con el nuevo secretario de Gobernación –del que espera más sensibilidad para entender la dimensión de la tragedia– y restablecerlo con la Conferencia Nacional de Gobernadores y con el Poder Judicial. Con miras a las elecciones de 2012 el escritor aclara que independientemente de las preferencias o fobias políticas dentro del movimiento, la posición es que no se realizarán campañas contra el voto o impulsando el voto blanco o nulo, sino contra las omisiones, corrupciones y deslealtades de todos los partidos políticos y sus candidatos. “Meternos en las campañas electorales sería un error porque nos estaríamos contradiciendo”, advierte el poeta. Sicilia y Ameglio señalan que la organización pacifista está en una etapa de fortalecimiento interno y de privilegiar la atención a las víctimas porque, advierten, la tragedia que vive el país lamentablemente seguirá pues no se percibe un cambio de actitud en la clase gobernante. O

Resistencia civil pacífica Otro aspecto importante que se trabaja, dice Ameglio –profesor en el Claustro de Sor Juana– tiene que ver con la resistencia civil pacífica. Explica: “Creo ya agotamos una etapa con las movilizaciones y lo simbólico, pero en el tema de la no violencia es importante irse planteando formas de no cooperación en el sentido de presionar a las autoridades para que nuestro silencio o nuestras formas de trabajo conjuntas se tomen en cuenta. Por eso creo que hay que dejar de cooperar y ejercer un ti1829 / 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

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E STA D O S / E D O M E X

JENARO VILLAMIL

Crecieron al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto y tienen en sus filas a más de 35 mil elementos –más del doble de los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana–, según estimaciones oficiales. Se trata de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un organismo que hoy ni las secretarías de Seguridad Pública ni la Defensa Nacional pueden meter en cintura. Desde hace un año, el diputado Carlos Madrazo Limón denunció ante la PGR las irregularidades con las que se conduce ese “miniejército”, como lo califica el legislador.

onsiderados como una “mina de oro” –sus ingresos anuales superan los 2 mil millones de pesos, sin fiscalización alguna–, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) operan también como una “caja chica” de los políticos mexiquenses, en particular para Enrique Peña Nieto, en cuya administración proliferaron los servicios privados de escolta y traslado de valores de ese organismo. De acuerdo con oficios del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (Issemym), durante la gestión de Peña Nieto Cusaem llegó a tener oficialmente 14 mil 162 elementos, aunque en su página electrónica la corporación menciona “una cifra superior a los 17 mil” y de que otras fuentes estatales hablen de 35 mil. Esta cifra supera ampliamente a los 16 mil agentes adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal –rebautizada como Secretaría de Seguridad Ciudadana por Eruviel Ávila, sucesor de Peña Nieto. Cusaem es “una especie de ornitorrinco”, advierte el diputado local Carlos Madrazo Limón, quien insiste en que se investiguen las irregularidades de estos cuerpos policiacos. “Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales (Cusaem) es una policía pública; cuando no, es una policía privada, sintetiza el legislador en entrevista con el reportero. La “corporación” –como se le denomina en los contratos con dependencias federales, según las copias obtenidas por Proceso– puede cobrar desde 3 millones 300 mil pesos anuales por servicios de vigilancia de 12 elementos en Liconsa, hasta 100 millones anuales para custodiar los bienes decomisados por el gobierno federal al narcotráfico, como en el caso del Sistema de Administración y Enaje-

nación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda. Además, los grandes contratos se otorgan por adjudicación directa, sin someterse a los concursos de licitación correspondientes. Según distintos estudios e información de personas que laboran en la institución, Cusaem tiene más de 3 mil clientes, a los cuales proporciona servicios de guardias intramuros, custodia de mercancías de movimiento, custodia personal para empresarios, detección de armas, narcóticos, guardia, protección y ataque, entre otras, incluyendo asistencia multilingüe. Controlado por un grupo de 110 comandantes que lo administran como si fuera una “franquicia de servicios de seguridad”, Cusaem es un verdadero miniejército, pues cuenta con armamento de punta, un parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje. Su cobertura abarca el Valle de México y varios estados. “Estamos hablando de un organismo tan irregular, que puede ser considerado delincuencia organizada”, advierte Madrazo Limón, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Hace un año, Madrazo Limón interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables por las irregularidades con las que opera Cusaem. No son pocos los casos registrados en la prensa en los cuales han estado implicados en casos delictivos elementos de Cusaem. En junio de 2009, por ejemplo, fue capturado un grupo de zetas en Jalisco y Querétaro, nueve de los cuales portaban armas de Cusaem y credenciales firmadas por el entonces director de esa corporación, Ciro Mendoza Becerril. El 9 de junio de ese año, en su emisión unomasunoradio el editor mexiquense Naim

miniejército de Peña Nieto C

Benjamín Flores

Libien Kaui acusó a Cusaem de ser “centro de reclutamiento” de sicarios de Los Zetas. En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, El J.J. –detenido por su presunta participación en la agresión al futbolista paraguayo Salvador Cabañas–, pertenecían a Cusaem. Los tres comparecieron ante la fiscalía especial en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Álvaro Obregón. En esa ocasión también comparecieron Marco Rutilio Vargas, José Ángel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de Cusaem, respectivamente. Asimismo rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de Cusaem, quien tramitó un contrato de servicio de escolta con Maximiliano PeralCusaem. Ni privado ni público

Benjamín Flores

El

ta Sáenz, una de las siete identidades del J.J., en septiembre de 2008. Y en agosto pasado, un incidente en Polanco documentó que una de las ladies que agredieron a policías del Distrito Federal –Azalia Ojeda, quien participó en la primera versión del programa televisivo Big Brother– trabajó en Cusaem durante 62 días en el cuerpo denominado Grupo Atenea, especializado en custodia personal e integrado sólo por mujeres. Su tarea consiste en escoltar a mujeres y niños.

Reforma legal a medias Frente a los numerosos casos de escándalos que involucran a Cusaem y a las denuncias y críticas presentadas por legisladores mexiquenses y federales de la oposición, el 10 de octubre último el titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) –ahora denominada Secretaría de Seguridad Ciudadana–, Salvador Neme Sastré, habló de regular a esos cuerpos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos. Dos días después, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Seguridad Estatal. En su artículo 103, la nueva disposición menciona la posibilidad de que las autoridades locales brinden “servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas y a particulares, por conducto de los organismos que se creen con base en las normas legales aplicables en su carácter de auxiliares de la función pública”. Un artículo transitorio, propuesto por los diputados panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como por el priista Carlos Iriarte Mercado, establece


Germán Canseco

Creación del gobernador

que el Ejecutivo estatal deberá “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares como los de Cusaem. En la discusión, José Manzur, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que “no sé por qué satanizan tanto el trabajo de Cusaem de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas y que están trabajando bien”. Lo que autoridades mexiquenses y federales rechazan con energía es tener alguna responsabilidad en la forma en que Cusaem maneja sus fondos y en la falta de auditorías; lo mismo alegan sobre el manejo de los permisos de portación de armas para los agentes de esa corporación, y se deslindan de las constantes acusaciones sobre sus presuntos nexos en delitos contra la salud. A raíz del caso del J.J., la prensa mexiquense informó que el director de Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, sabía de las operaciones de narcomenudeo que efectuaba José Jorge Balderas en centros nocturnos ubicados en los municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco. Mendoza Becerril fue relevado de la dirección de la Cusaem el 20 de marzo de 2010. En su lugar quedó Orlando Seguel, de origen chileno, quien se había desempeñado como jefe de la Ayudantía del propio Peña Nieto. El director operativo de la corporación, José Ángel Cabello, fue sustituido por Arturo Centeno Cano, antiguo jefe de escoltas de Peña Nieto. Los relevos se realizaron en una ceremonia privada en las instalaciones de Cusaem en Tlalnepantla. El evento estuvo encabezado por el entonces comisionado de la ASE, David Garay Maldonado. Al igual que el J.J, la Cusaem también tiene varias identidades y razones sociales. Su primer registro fiscal data de 1948, año

en el que se creó la Jefatura de Policía Independiente del Estado de México y/o Cuerpo de Guardas de Seguridad Bancaria y Comercial. El gobernador era Alfredo del Mazo Vélez, padre de Alfredo del Mazo González y tío abuelo de Enrique Peña Nieto. Los tres exgobernadores son representantes de las dinastías políticas surgidas en Atlacomulco. Otro registro data de 1985, época en que Del Mazo González estaba al frente del gobierno mexiquense. Según el RFC CGS85 12298A8, corresponde al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca. El documento acreditado ante el SAT indica que la actividad preponderante del organismo era la prestación de “servicios administrativos municipales”. Y un tercer registro –el RFC CVA880 629LF9– corresponde al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. Tampoco especifica que cobre por servicios de seguridad privada. Sólo menciona como actividad preponderante los “servicios administrativos municipales”. Esta última denominación, de acuerdo con el registro de derechohabientes del Issemym, tiene 8 mil 285 integrantes, como indica el oficio del 14 de junio de 2010 enviado por María Elena Vázquez Villagrán al diputado Madrazo Limón. Esta misma funcionaria informa que existen 2 mil 996 policías derechohabientes que pertenecen al cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle de Toluca. Y 2 mil 881 que están adscritos al cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca. Así como no es clara su denominación fiscal ni su adscripción al sistema de seguridad social estatal, tampoco se conoce el número exacto de su plantilla laboral. En su página oficial www.cusaem.org. mx menciona que cuenta con 17 mil elementos, pero otras fuentes señalan que

en realidad son 35 mil. Cualquiera de las tres cifras (14 mil 162, 17 mil o más de 35 mil) convierten a la Cusaem en el cuerpo privado de seguridad más grande del país. Su expansión más importante se produjo durante el gobierno de Peña Nieto, cuando se planteó incorporar a los elementos de Cusaem en nuevos servicios. En agosto del año pasado se creó el grupo de élite femenil Atenea, encargado de brindar servicios de escolta y protección a empresarios, negocios y esposas de la entidad y del Valle de México, con un costo de 27 mil 600 pesos mensuales por escolta femenina. En el mismo mes los miembros de Cusaem comenzaron a incursionar en el traslado de valores. Se dotó a la corporación de camionetas y tecnología para el rastreo satelital. En la primera etapa se contó con 10 camionetas blindadas para ofrecer el traslado de dinero de empresarios que lo soliciten. “Contamos también con rastreo satelital”, presumió el entonces director de la corporación, Ciro Mendoza. En 2009 se creó el sistema Travel Security Services, que incorporó todos los nuevos servicios de Cusaem. Se incluyó una agencia de guardaespaldas para empresarios o artistas que visiten el Estado de México, con costos que oscilaban entre 250 y 400 dólares por día. En todos los casos se trata de escoltas equipados con armas largas, equipos de radiocomunicación y vehículos blindados. Se presumió que tenían 60 elementos con capacitación para este tipo de bodyguards, con asistentes con dominio del inglés, francés, italiano y español. La prensa mexiquense mencionó como los beneficiarios de este esquema de la Cusaem al entonces secretario de Gobierno Luis Miranda Nava, al exprocurador y actual diputado federal Alfonso Navarrete Prida, y al exsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales. Los tres eran integrantes del Consejo de Administración.

E STA D O S / E D O M E X Algunas versiones extraoficiales señalan que de los más de 2 mil millones de pesos de ingresos obtenidos anualmente, 30% es destinado al pago de nómina y 70% era entregado directamente por Miranda Nava a los gastos operativos de la precampaña de Peña Nieto. Ninguna de estas cifras se pueden confirmar porque las autoridades estatales –tanto las del gobierno de Peña Nieto como las de su sucesor, Eruviel Ávila–, insisten en que Cusaem no forma parte de la administración pública, por lo que sus ingresos no son auditables; los recursos con que opera tampoco están contemplados en el presupuesto de egresos, a pesar de la obvia contradicción de que el Issemym tiene un registro de 14 mil 162 elementos que cotizan como si fueran trabajadores públicos. El auditor superior Fernando Valente Baz Ferreira, cercano también a Peña Nieto, respondió a varias solicitudes de información enviadas por el diputado Madrazo Limón entre febrero y julio de 2010. Dijo que las corporaciones que conforman Cusaem “no forman parte de la administración pública estatal”. El 14 de julio de 2010, Baz Ferreira le “sugirió atentamente” al coordinador estatal de la bancada del PAN que la información sobre la cuenta pública y Cusaem la dirija al secretario de Finanzas estatal.

La portación de armas El otro problema vinculado a la falta de control de los integrantes de Cusaem es la portación de armas de calibre mayor, como si fueran policía pública. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece en su artículo 129, apartado B, que para el uso de armas en las instituciones policiacas, el conducto será la Secretaría de Gobernación, quien debe solicitar a la

Secretaría de la Defensa expida la licencia colectiva correspondiente a las instituciones policiacas, “mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respetivas”. La portación de armas de Cusaem violaría este precepto legal, ya que no se trata de un organismo de la administración pública, insiste el diputado Carlos Madrazo. Sin embargo, en la respuesta a un oficio que le envió al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitándole información sobre las licencias oficiales para la portación de armas de fuego, la dependencia consideró que “no tiene responsabilidad ni competencia” para vigilar este caso, por lo que le recomendó dirigir su petición a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). La SSP respondió a una solicitud similar advirtiendo que Cusaem “no está constituida como empresa de seguridad privada, sino forma parte de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE), que oferta y brinda servicios de seguridad a particulares a cambio de una remuneración económica, por tanto, no se encuentra regulada por la Ley Federal de Seguridad Privada (sic) y, en consecuencia, no es del ámbito de competencia de la SSP”. En otras palabras, ni la Sedena ni la SSP se consideran competentes ni responsables para regular el uso de armas de los elementos de Cusaem. Estos cuerpos utilizan la licencia de uso colectivo de armas de fuego expedida a la ASE, con los números 112 y 139. El oficio de respuesta (folio 25388), firmado por el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Édgar Luis Villegas Meléndez, advierte que la procuraduría y la ASE no pueden utilizar sus licencias para servicios privados. “De conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se prohíbe a

dichas instituciones policiales proporcionar algún servicio de seguridad privada y que el personal operativo de éste porte armamento de la licencia fuera de los actos de servicio”, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso. Sin embargo, la copia de una credencial de un integrante de Cusaem, firmada por el exdirector Ciro Mendoza Becerril, ampara el uso de arma de fuego bajo la licencia oficial colectiva 139, “concedida por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante oficio N.S.L/6614 de fecha 19 de septiembre de 2007”.

Los clientes a nivel federal A pesar de las numerosas irregularidades, los servicios de Cusaem son contratados por las propias secretarías federales de gobierno, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, delegaciones de la Secretaría de Gobernación e, incluso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, responsable de la custodia de los bienes inmuebles, vehículos y mercancías decomisados, entre otros, al propio crimen organizado. Otra dependencia que firmó un contrato por adjudicación directa con Cusaem es Liconsa. El contrato con el número de registro PSG/65/2010, fechado el 22 de enero de 2010, establece un pago de derechos por 3 millones 295 mil 950 pesos mensuales para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Según el contrato, el manejo y portación de armas de fuego se denomina equipo “AA”. En la cláusula décima establece que los elementos de Cusaem se obligan “a hacer buen uso” de ese equipo, “así como a mantenerlo en perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo por su cuenta y riesgo el costo de los proyectiles requeridos, dándole el mantenimiento correspondiente a su costa.


Los hermanos Lozano Alarcón están inmersos en un pleito por los dineros de una herencia familiar. Hace dos años, Gerardo y Javier arremetieron contra Sergio, a quien le reclaman la entrega de 24 millones de pesos producto de las rentas de los inmuebles que él administró durante 27 años, motivo por el cual lo tienen demandado por la vía penal. Sergio teme ir a la cárcel, pues –refiere a Proceso– sus hermanos son muy influyentes: Gerardo es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y Javier es titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Javier Lozano. Conflicto

ROSALÍA VERGARA

ergio Lozano Alarcón tiene miedo. Sus hermanos lo acusan de fraude por 24 millones de pesos. Teme ir a la cárcel, pues además de ser abogados son influyentes: el menor de ellos, Javier, está al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Gerardo, el mayor, es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AC, y labora en el despacho Gallástegui y Lozano, del que es fundador. Ellos dos son tan unidos que Gerardo incluso acompañó a Javier a las diligencias que se realizaron en Estados Unidos por el caso de Zhenli Ye Gon, quien acusó al funcionario de haberlo obligado a custodiar alrededor de 240 millones de dólares en una casa de Lomas de Chapultepec, dinero que, según el empresario de origen chino, iba a ser destinado a la campaña electoral de 2006. Sergio dice a Proceso que las diferencias con sus dos hermanos datan de 2009, cuando se desató un conflicto luego de que él administrara durante 27 años un edificio de seis pisos con nueve departamentos, un penthouse, una antena satelital, un mezzanine, así como estacionamientos y un restaurante heredados por su madre y su abuela, quienes fallecieron de cáncer en 1982. El 8 de diciembre de 1983, relata Sergio Lozano, Mario Alberto Becerra Pocoroba fue nombrado representante legal de los hermanos. Una de sus primeras acciones fue solicitar la transferencia y cambio de denominación de Inmobiliaria Del-Con,

S

Los Lozano:

herencia maldita

que pertenecía a su familia, por una sociedad anónima que llevaba las primeras letras del nombre de cada socio: Gejaser. Refiere que el trámite fue autorizado el 22 de febrero de 1984 en la Notaría Pública número 19 de Puebla, encabezada entonces por Alberto Sidaoui Kuri. Desde esa fecha y hasta 2008, sostiene, sus hermanos no le exigieron que rindiera cuentas. Sin embargo, en noviembre de 2009 la situación cambió: ellos le pidieron que transparentara el destino del dinero de las rentas que cobró durante 27 años. El reclamo provocó una ruptura familiar y, temeroso de que sus hermanos lo lleven a la cárcel, Sergio se puso en contacto con la reportera para contarle su versión.

El entramado inmobiliario Según sus estatutos, Consultores Gejaser está autorizada para comprar, construir, arrendar, enajenar, subarrendar, así como

tener comisiones, representaciones y gravámenes en el rubro de bienes raíces. Y en la escritura 35760 expedida en la notaría 106 del Distrito Federal se especifica que sus accionistas son, además de Gerardo, Javier y Sergio Lozano Alarcón, el propio Becerra Pocoroba y el abogado Eduardo Gallástegui Armella. Becerra es diputado por el PAN en la actual Legislatura federal, en la que preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Gallástegui, a su vez, es integrante del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una de las empresas vinculadas a PC Capital, el fondo de inversión creado para el salvamento de Mexicana de Aviación, declarada en concurso mercantil en agosto de 2010. Gallástegui Armella es socio de Gerardo en el despacho Gallástegui-Lozano, que trabajó para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2000 en adelante y se adjudicó varios

contratos de manera directa, entre ellos uno en 2007 para comercializar la marca Pemex en Estados Unidos (Proceso 1740). La sociedad que Gallástegui tiene con los Lozano Alarcón, sobre todo con el titular de la Secretaría del Trabajo, llevó al funcionario a defenderlo en el conflicto de Mexicana. Javier Lozano llegó a declarar que los inversionistas debían ser los miembros de PC Capital; de lo contrario, dijo, la compañía sería declarada en quiebra (Proceso 1788). Consultores Gejaser tiene 285 acciones con valor nominal de 10 mil pesos cada una. Los socios mayoritarios son los hermanos Lozano Alarcón, mientras que Gallástegui y Becerra Pocoroba tienen sólo una acción. El administrador único es Gerardo. Sergio, quien es odontólogo de profesión pero está retirado a causa de una esclerosis múltiple y de su bipolaridad, cuenta a la reportera que él vive de las

rentas de la herencia familiar y aclara que Gerardo nunca le pide dinero. Dice que antes de que su madre y su abuela murieran, en el edificio que él administra, llamado La Boquería, “había una miscelánea, un súper y una florería”, inmueble que desde hace seis años fue rentado. Refiere que en 1993, cuando Javier y Gerardo intentaron venderlo, él se opuso, de manera que sólo vendieron uno de los departamentos –el 2-A–, que les compró un pariente lejano: Sergio Reguero Alarcón, entonces diputado federal del PRI. Los dos hermanos, dice, se repartieron el dinero de esa transacción, y al año siguiente Javier transfirió sus acciones a Gerardo, dinero con el que se compró una casa.

Mea culpa

Sergio admite sin más que, aun cuando estaba enfermo, despilfarró el dinero que obtenía de las rentas: lo mismo se iba de parranda que compraba motocicletas o viajaba; pero atribuye este “descontrol personal” a su bipolaridad. A principios de 2009, 10 meses antes del pleito con sus hermanos, se mudó a la Riviera Maya, pero se mantuvo en contacto con ambos y con el abogado Luis Martínez, del despacho Cervantes Sáinz Abogados, entre 2009 y 2011. Sergio incluso muestra copias de los correos electrónicos que intercambió con Javier y Gerardo. En esas cartas se percibe el conflicto por dinero. En una de ellas, por ejemplo, Javier le pide 50% de la renta de departamentos porque, arguye, en 2009 le compró a Gerardo la parte de las acciones de la sociedad que tenía. Sergio decidió regresar a Puebla, donde se enteró de que el 25 de septiembre de ese año sus hermanos lo excluyeron de Consultoras Gejaser. Éstos arguyeron que Sergio había defraudado a la sociedad al ostentarse como administrador “de facto” y por la comisión de presuntos actos ilegales que, según el acta 28895 de la Notaría Pública 22 de Puebla, pueden derivar en acciones penales, civiles o administrativas en perjuicio de la sociedad. En el documento se menciona también que el 20 de septiembre de 2009, en una asamblea extraordinaria, los socios de Consultores Gejaser lo acusaron de ejercer “espuria e ilegalmente la administración de facto”, así como de ser “deliberadamente omiso en la presentación de informes sobre Sergio Lozano. Pleitos de familia sus gestiones, como lo marca la Benjamín Flores

Miguel Dimayuga

TRABAJO


ley”; también lo acusaron de realizar “actos posiblemente fraudulentos”. Sergio asegura que el embate en su contra arreció a partir del 16 de octubre siguiente, cuando Gerardo se dio cuenta de que el capital de Consultores Gejaser era de sólo 2 mil 850 pesos. Al mes siguiente, Sergio intentó ponerse en contacto con Javier mediante correo electrónico, pero dice que no obtuvo respuesta. Entonces optó por enviarle una carta en la que le expuso: “Verás, yo no tenía la intención de es-

tudiar odontología ni quedarme a cargo del edificio. Yo quería ser arquitecto e irme a vivir a Australia. Cambié de parecer ante la insistencia de mi abuela y la enorme carga de conciencia y culpa que llevaba sobre mis hombros, sabiéndome un hombre mantenido por dos mujeres y que hasta ese día no había podido devolverles lo recibido.” En la entrevista con Proceso, Sergio admite que durante el periodo que fue conserje del edificio nunca se preocupó por ahorrar o crear un patrimonio: “Viví la vida al día. Para mí todos los días eran mis últi-

mos días. ¡Sí, señor! Así fue desde que, a los 27 años, me enteré de que tenía una enfermedad degenerativa, progresiva, mortal. ¿Programar a futuro? Nunca lo hice”. Finalmente, dice, Javier le respondió: “Por lo demás –le dijo–, haremos con el edificio lo que más convenga a todos. ¡Ya lo verás!”. Para saldar las cosas, Sergio intentó comprarle las acciones a Javier en 2 millones de pesos, pero él le contestó: “La verdad es que no entiendo cómo podrías juntar una cantidad de dinero así en un plazo razonable. Me encantaría poderte ayudar, pero ahora sí, ya no puedo. Platicaré con Gerardo al respecto”. Dice que le pidió perdón a Javier por “cualquier cosa que haya hecho” para que tomara esa decisión, y asimismo le pidió tiempo para reunir la cantidad. Javier, dice, le respondió que él no tomaba decisiones con el hígado: “Simplemente, con lo que gano (como titular de la STPS, 136 mil pesos mensuales) cada vez me alcanza menos y necesito dinero para lo que viene (sic). Ya has tenido para ti solo las ventajas de administrar y obtener las rentas del edificio por muchos años. El subsidio, pues, se acabó. No tendría inconveniente en venderte mi parte, pero no puedo esperar.” Gerardo, a su vez, le envió una carta el 23 de noviembre: le dijo a Sergio que podía conseguir un crédito para comprarle las acciones a Javier y valuar el edificio, y advirtió que de lo contrario él y Javier venderían el inmueble. Por esas fechas, Javier ya no ocultaba su deseo de ser presidente de la República. En julio pasado tuvo que renunciar a esa aspiración.

Dinero, ¿para qué? El 28 de agosto de 2010, Javier Lozano y el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, anunciaron que Mexicana de Aviación dejaba de volar. La razón: el empresario Gastón Azcárraga intentaba quebrarla para luego sanearla a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1792). Lozano tomó las riendas de la negociación pero el conflicto con la aerolínea se complicó, a raíz de lo cual el funcionario se inclinó abiertamente por PC Capital. Para el 29 de noviembre de ese mismo año, Javier y Gerardo le exigieron a Sergio rendir cuentas de Consultores Gejaser y, según la minuta de la asamblea realizada ese día e incluida en el acta 28896, plantearon incluso que se le finquen responsabilidades ���derivadas de su actuación de administrador de facto de la sociedad”. Sergio asegura que le están pidiendo los 24 millones de pesos que, según ellos, les debe por el cobro de la renta de los depar-

Benjamín Flores

TR A B A J O

Inmueble de la familia Lozano Alarcón

tamentos y los demás inmuebles. Según él, Javier reclama la mitad de esa suma. El acta notarial 29920 expedida por la Notaría Pública 22 en Puebla relata que en la asamblea extraordinaria celebrada el 27 de mayo siguiente Gerardo fue nombrado socio director, en lugar de administrador único, cargo que ocupaba desde la fundación de Consultores Gejaser, mientras que Javier pasó a ser secretario.

La venganza Entre 2010 y 2011, la comunicación entre los hermanos Lozano Alarcón fue mínima: se limitó al intercambio de algunos correos electrónicos. Sergio intentó “limar asperezas”. El 11 de noviembre de 2010 le envió un mensaje a Javier: “Quiero volver a ser tu hermano”. Los meses siguientes, dice, enviaba mensajes a sus hermanos a través del abogado Luis Cervantes Muñiz. Éste, a su vez, aprovechó para solicitarle los contratos de arrendamiento. Sergio admite que no los tiene “al corriente”; algunos, dice, ya vencieron y no los renovó por “amistad” o debido a la puntualidad de los inquilinos al hacer sus pagos. “No es posible que mis propios hermanos me estén haciendo esto”, dice, y se pregunta: “¿Qué fue lo que hice que los tiene tan encabronados como para quererme hacer daño con tanta saña?”. Refiere que el 25 de enero último le envió un mensaje a Gerardo para pedirle una reunión, en la que también estuviera Javier, para dirimir los problemas, pero se negó: “No creo que tengamos algo de qué hablar –le respondió –. Luis tiene instrucciones de cómo proceder en este asunto y él es nuestro interlocutor contigo”. El 16 de febrero, Sergio insistió, esta vez ante Javier: “Hoy te vuelvo a escribir con la esperanza de que me hagas caso. De que me escuches. No me importa que seas el secretario del Trabajo o que el día de mañana pue-

das llegar a ser presidente de la República. Antes que todo eso eres mi hermano y necesito verte. Que les quede claro (a ti y a Gerardo), ni abogado tengo. Prefiero perderlo todo antes que un pleito legal contra ustedes”. Meses después, en julio, durante una reunión familiar, el abogado Cervantes Muñiz le notificó a Sergio que tenía una demanda penal por el delito de fraude contra la sociedad Gejaser. Ese mismo mes, el juez Primero de lo Penal en Puebla ordenó la búsqueda, detención y aprehensión de Sergio, quien interpuso el amparo 44/2011-

IV en San Andrés, Cholula. Este recurso, dice, venció el 5 de julio. El 20 del mismo mes, relata el entrevistado, los diarios de circulación nacional y los noticiarios de radio y televisión informaron que Javier había declinado ser aspirante del PAN a la Presidencia porque las encuestas entre sus correligionarios no le favorecían. Un mes después, el 19 de agosto, Sergio le reprochó de nuevo a Javier su actitud, y éste, molesto, le respondió que la relación entre ambos quedaba rota.



Proceso 1829: Los Amorosos