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Opinión

Las

opiniones vertidas por los columnistas no reflejan el pensamiento editorial de

“En entorno a la pena de muerte, se han ejecutado a los criminales más aberrantes, pero también se han cometido errores  irreparables.” Por Lic. Alberto E. de Aragón

La Pena de Muerte: ¿Crueldad o justicia? ¿Disuasión o castigo?

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l debate sobre si la pena capital cumple o no su función, ha estado abierto desde hace más de 100 años. En este punto creemos oportuno plantearnos: ¿Cuál debe ser la función de la aplicación de la pena de muerte?     Alrededor de 64 naciones tienen como ley vigente este tipo de castigo, y 25 la aplican de diferentes formas: inyección letal, cámara de gas, fusilamiento. Ya desaparecieron la silla eléctrica, la decapitación, la horca, el garrote vil, en algunos países está aún vigente la primitiva lapidación; esto es, la eliminación de la persona condenada a base de pedradas.    Puede hablarse de la pena de muerte desde antes de los tiempos bíblicos. Algunos casos trascendentes: la muerte de Cristo en la cruz; los Reyes de Francia en la Revolución; el juzgamiento de los criminales  de guerra nazis; en EE.UU, el caso de los esposos Rosemberg y de los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, aunque fueron exonerados simbólicamente casi medio siglo después de su ejecución. En Guatemala, a lo largo de su vida republicana – a excepción de dos cortos lapsos – siempre ha existido la pena de muerte. Con lo sucedido el 12 de febrero de este año en el Congreso de la República, con el voto de 131 diputados, se retoma la continuación de este capitulo secular. En la historia reciente, en 1982 se llevaron a cabo 4 ejecuciones, 11 en 1983, 2 en septiembre de 1996, por fusilamiento; una en 1998 y 2 en el año 2000, las tres últimas por inyección letal.  Nuestro Código Penal (1973) estipula este castigo para los delitos de parricidio, homicidio con circunstancias agravantes y magnicidio del presidente y vicepresidente. Su aplicación es preceptiva por la violación de menores de 10 años, con resul-

tado de muerte; casos de secuestro cuando la victima es menor de 12 años o mayor de 60 años, cuando ésta muere o sufre lesiones físicas graves, o un trauma  psicológico permanente  El Presidente de la República asumirá un papel protagónico de primer orden, cuando tenga en su poder las solicitudes para el otorgamiento de “la gracia presidencial”.  La polémica subirá de tono, incluso a nivel internacional, cuando a alguno de los 41 presos, con la condena a muerte en firme, se ordene su ejecución. De acuerdo a sus primeras declaraciones, hay muchas probabilidades que el Presidente Colom niegue el indulto. Más con su acción abrirá dos frentes automáticamente: los que rechazan y los que aprueban la medida.  En nuestro país,  cifras conservadoras sobre la violencia hablan de 16 muertes diarias  - 1 por cada 1.5 horas -.mientras transcurre este programa, una persona podría ser asesinada, o estar muy cerca de serlo en Guatemala. Esto nos produce una escalofriante cifra anual cercana a los 6,000  asesinatos. Somos el tercer país más violento de América, superado sólo por Venezuela y nuestro vecino El Salvador.  De acuerdo a PNUD, las pérdidas económicas por los hechos de violencia cuestan a  los guatemaltecos alrededor de  $2,386 millones de dólares anuales: Q. 175.000 millones de Quetzales. Cuba, USA y Guatemala, son los únicos países de este hemisferio en los cuales se  practica la pena capital.  La gran pregunta es: ¿Es la pena de muerte un paliativo; una solución; una forma de revancha contra los antisociales? ¿Qué efectos logra en las sociedades donde es aplicada? ¿Habrá una forma más efectiva para lograr la eliminación de la violencia?

“La DIACO deberá de convertirse en la Procuraduría del Consumidor, institución que tendrá la facultad no sólo de emitir sanciones morales, sino sanciones legales para los infractores.” Por Manuel R. Villacorta O* manuelvillacorta@yahoo.com

CARRETERA NEWS,

son propiedad de cada autor.

EDITORIA l

La sociedad civil y la seguridad nacional

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ltimamente, el gobierno dirigido por el Ingeniero Álvaro Colom ha desplegado diversas acciones a efecto de contrarrestar la delincuencia y la violencia que de esta se deriva. La sociedad no ha experimentado mejoras, pero ciertamente, el sólo hecho de demostrar la intención oficial merece reconocimiento. Según el actual ministro de Gobernación, a partir de datos que expuso en el último programa de Libre Encuentro, en Guatemala existe un policía por cada 2.400 habitantes, un policía para custodiar 24 kilómetros cuadrados, teniendo la PNC un total de 19,500 elementos, cifra muy por debajo de lo requerido. Según el funcionario, es necesario como mínimo, que la misma posea 80,000 elementos. En Guatemala, según cifras expuestas en el editorial del programa citado, se cometen 44 homicidios por cada 100 mil habitantes cada año. Pero si se analizan dos municipios en particular, la cifra es aterradora: en el municipio de Guatemala se cometen 108 homicidios por cada 100 mil habitantes cada año, mientras la cifra para el caso de San Benito, Petén, supera los 200 homicidios anualmente. Existen dos vertientes producto de la delincuencia: la delincuencia común y la delincuencia organizada. La primera sólo puede ser superada a través de profundas reformas sociales y económicas, dado que las condiciones de pobreza generan la mayoría de las veces la recurrencia al delito. La segunda sólo puede ser combatida a través de planes de seguridad del Estado, altamente calificados y que incluso, sean producto de planes regionales internacionales para desarticular el crimen organizado que rebasa fronteras. Finalmente, es necesario que la sociedad participe activamente a través de comités de seguridad creados por los vecinos, estudiando las formas de prevenir el delito y la exposición a la delincuencia, fiscalizando las actividades de la seguridad pública y haciendo todo tipo de propuestas, para que la tarea en efecto, tenga los frutos que todos esperamos.

La procuraduría del consumidor y el reclamo ciudadano

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n el mes de marzo se cumplen los cinco años plazo que tiene el Congreso para crear la Procuraduría del Consumidor, según la ley de Protección al Consumidor y Usuario, decreto 6-2003, el cual creó la Dirección de Atención al Consumidor -DIACO-. La DIACO deberá de convertirse en la Procuraduría del Consumidor, institución que tendrá la facultad no sólo de emitir sanciones morales, sino sanciones legales para los infractores, como apercibimiento público, sanciones, multas y denuncias penales ante el Ministerio Público. En realidad podría creerse que la ya existente Procuraduría de los Derechos Humanos estaría facultada para accionar en forma similar a la Procuraduría del Consumidor, pero esta institución – la PDH – tiene limitantes. Por ejemplo, sólo puede ejercer funciones de fiscalización y control sobre las instituciones públicas, en tal caso las resoluciones emitidas por la PDH tendrían que estar dirigidas básicamente contra el Ministerio de Economía, lo que la desliga de la capacidad de intervenir entre particulares, hecho, que a diferencia, sí podrá ejecutar la Procuraduría del Consumidor. Esta corriente de fiscalizar y controlar las actividades comerciales dirigidas a regular el consumo y evitar los abusos que pudiesen cometer algunos comerciantes es importante, todos los países desarrollados tienen instituciones a las cuales puede recurrir el ciudadano cuando considera que ha sido burlado al adquirir un producto o servicio. Generalmente las instituciones de control dictaminan a favor de los ciudadanos

quienes saben cuando deben interponer una denuncia debido a que han sido víctimas de fraude o abuso. Esto hace a su vez que los comerciantes inescrupulosos se abstengan de malas prácticas conociendo de antemano que existen mecanismos legales para sancionar sus acciones incorrectas. Ciertamente que este proceso – la existencia de la Procuraduría del Consumidor y las acciones ciudadanas – implican el desarrollo de una cultura de consumo, en donde el ciudadano sepa que tiene derechos cuando adquiere un producto o un servicio y que los mismos deben ajustarse a lo que ha ofrecido un comerciante. Caso contrario, el ciudadano puede interponer acciones para corregir el abuso. Es evidente que los ciudadanos poco a poco han ido tomando conciencia de ello; muchas empresas han estructurado oficinas de atención al cliente, las cuales van precisamente por la vía de atender demandas. Pero el hecho de que exista una institución pública capaz de ejercer coerción para que no se vulneren los derechos del consumidor, es altamente útil y beneficiosa al interior de la ya limitada y casi siempre ineficiente administración pública. Los diputados, especialmente Nineth Montenegro, presidenta de la Comisión del Consumidor del Congreso, deben actuar rápido para favorecer la pronta instalación de esta nueva institución que sin duda solucionará muchos abusos que hoy se cometen debido a la falta de fiscalización y a la acostumbrada impunidad reinante en Guatemala. (*) Doctor en Sociología Política

6•CARRETERAnews

DIRECTORIO Carretera News es una marca registrada. Comercializada por K&X Inversiones, S.A. Publicación Quincenal exclusiva para vecinos de carretera a El Salvador. Editor General Manolo Alejandro Estrada Colaboradores. Alberto de Aragón, Marta Victoria Hernández, Manuel Villacorta O. Lisardo Bolaños Fletes, Leonel Cordón, Romeo Rodríguez, servicios Integrados de Comunicación (SIDEC), Juan Manuel Castillo Jefe de circulación: Mario Mazariegos Fotografía: Juan Fernando Ortiz Redacción locales: Nery Urbina Ventas: Rolando Quezada Teléfono de redacción: 400-400-52 Ventas: 4004-7070 Diseño y diagramación: EXPLETUS Consejo editorial: Marta Victoria Hernández, Romeo Rodríguez., Manuel Villacorta O., María Gabriela Estrada Teléfono de atención al cliente: 5756-5551 E-mail: redaccion@carreteranews.com, ventas@carreteranews.com Se imprimen 15,000 ejemplares certificados por Aldea Global S.A. Carretera News es responsable solamente de su columna editorial, no de las opiniones de los colaboradores columnistas quienes ejercen su libre emisión de pensamiento. www.carreteranews.com

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Carreteranews Edición 08  

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