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REVISTA SPES– VIOLENCIA Y GENERO

Número 35

Sumario

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EN ESTE NÚMERO

01 Editorial: El género y la violencia, la violencia y el género: ¿temas de moda? 02 Ponencia ante las Jornadas: ¿Somos o nos hacemos? –aplicación de la ley N° 26.743-.

11 Ponencia ante las Jornadas: El uso inadecuado de lenguaje jurídico induce a vulneración de derechos. 21 Ponencia ante las Jornadas: Te doy mis ojos. 24 Ponencia ante las Jornadas: A estagiária, a CBN e nossa eterna discriminação de gênero. 25 Ponencia ante las Jornadas: La mujer y el derecho según el paso del tiempo. 32 Ponencia ante las Jornadas: Africa, violencia, olvido y desconocimiento. 37 Ponencia ante las Jornadas: 43 Notas:

La criminalización de la pobreza y el rol de los medios de comunicación.

Defensa gremial Vs. Coorporativismo.

50 Trabajo de los alumnos:

A normatização do assédio sexual.

72 Trabajo de los alumnos:

Artículo sobre Pluralismo.

100 Trabajo de los alumnos:

Violencia de género.

114 Trabajo de los alumnos: Fundamentos Morales del Aborto en el Paradigma de los Derecho Humanos Fundamentales. 127 Misceláneas: El rebaño solo educa al rebaño. 128 Misceláneas:

Direcciones de contacto.


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EDITORIAL El género y la violencia, la violencia y el género: ¿temas de moda?

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o hay más que mirar las agendas de las universidades, de los ámbitos académicos y culturales, para observar la abundante oferta de exposiciones, jornadas y literatura sobre estos temas. Tanto, que como hoy, pueden ser tratados juntos, e indistintamente como una derivación circunstancial o necesaria el uno del otro. Pero, ¿es por moda?.

violentos tomen estado público. Eso incide enormemente, porque ya no parecen hechos tan aislados, y hasta genera una cierta consciencia de que son muchos más que antes –lo que no es necesariamente verdadero, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de cada momento-, pero que lleva a que la cuestión estalle como un corcho, al tomar tamaño estado público, llevando al ánimo social al nivel de lo intolerable.

Dependerá de lo que queramos afirmar al calificar de este modo. Si por moda entendemos algo sobre lo que no hay mayor reflexión, sino una determinada necesidad del mercado por imponer un color, un estilo de vestimenta, de escritura o de música, que no refleje más que eso, el mero interés económico, pues entonces no lo es.

Esto puede ser manejado, es cierto. Conocemos el poder de los medios (de ahí, lo que afirmábamos sobre la moda). Sin embargo, invariablemente, la realidad tiene su peso. Y esto, también tiene su enorme incidencia en el tema de la madurez de las cuestiones: cuando se refieren a algo que, en verdad, sucede, se tornan imparables.

Y, si no es una “moda”, en el sentido indicado, ¿a qué se debe tamaña coincidencia?. Evidentemente, a un problema. Ahora, esta nueva calificación, no implica en modo alguno novedad, porque la violencia en general y la de género en particular, parecen haber acompañado a la humanidad desde sus albores.

Y, ¿qué es eso que sucede, que entronca ambos temas?. El sometimiento del más débil por el más fuerte. Donde la fuerza, va sufriendo transfiguraciones. La primera, cuando se produce un efecto paradójico e inversamente proporcional: los más, son sometidos por los menos. Y la segunda, cuando deja de ser puramente física (por constitución biológica, por poderío militar), para ser meramente económica.

Pero no son iguales esas amanecidas de los primeros tiempos, completamente apegadas a la supervivencia, a las de ahora. Hoy clarea (palabra que, últimamente, le está gustando a Spes) un nuevo día, en este y en muchos otros temas. Comienza a hacerse una luz en torno a la posibilidad de la eficacia en concreto de los derechos, desde que la protección de los más débiles ya no es solo una expresión de deseos, una norma que queda en palabras, empieza a haber una toma de conciencia cada vez más generalizada. Esa misma que fue logrando, de a poco, un paradigma de derechos humanos fundamentales. Es lo que pasa cuando un tema está maduro, pero para que esto suceda, se tienen que conjugar muchos factores. A nivel nacional, y en lo que a lo femenino se refiere, no hace tanto que las mujeres tienen derecho a voto, y menos aún que (affirmative action mediante, a través de las cotas electivas) “deben” ser incluidas por los partidos en su oferta de candidatos, y mucho menos todavía, que cuentan con un línea para denuncias (la 144, 365 días al año, 24 hs. al día, en el marco de la ley 26485, oficializada desde el 17/9/13). Pero también se necesita de una capacidad técnica que permita, prácticamente en tiempo real, que los sucesos

Ya no solo pensemos a escala mundial, en las naciones más poderosas que no se sientan a negociar, porque ellas están en condiciones de decidir e imponer sus criterios, sino en tu vecina de la esquina, que se somete al marido que le pega, porque su sueldo es mejor que el de ella y por el futuro de los hijos. De lo macro a lo micro, el juego es igual. El mayor poder físico deriva en económico. Y esto nos lleva a la pregunta del inicio. La moda es algo que al mercado le interesa imponer, y por el contrario y por igual razón, desplaza del imaginario social los temas que no le dan rédito. Sin embargo, es quien los origina. ¿Por qué tantas muertes por abortos clandestinos?, ¿por qué tantos pobres en las cárceles?, ¿por qué tantos desposeídos?, ¿por qué tantos trabajadores en condiciones de esclavitud (pensemos en las maquilas)?. Y tantos otros ¿por qué?.Cada vez nos preguntamos más lo incómodo, y ensayamos respuestas. Pero hoy, como nunca en la historia de la humanidad, tenemos la posibilidad de exigirlo en derecho, de hacerlo realidad, porque esa misma “realidad”, lo reclama en la plena madurez de nuestra consciencia social.


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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS ¿Somos o nos hacemos? –aplicación de la ley N° 26.743por

Mercedes Alchourrón (S)

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on la sanción de la ley 26.743 ha quedado zanjada, al menos normativamente, la discusión acerca de la naturaleza y extensión del derecho a la identidad.

conforme las necesidades de su asistida, solicita el cambio al establecimiento de mujeres de la señora Campo con fecha 28 de noviembre de 2012.

Jurisprudencialmente, el 5 de diciembre de 2012, el juez a cargo del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Córdoba, en los autos “CAMPO, Roque Alfredo s/pedido Ley 26.743” (Expte. N° 11-A-12), resuelve hacer lugar al pedido de la defensa técnica de Romina Campo y ordena que, pese a que su DNI indicaba la pertenencia a un sexo diferente del auto percibido, ella – travesti- sea trasladada al Establecimiento Penitenciario N° 3 de la Provincia de Córdoba –cárcel de mujeres- y arbitró los medios necesarios para que se hiciese la rectificación del género y nombre ante el Registro Nacional de las Personas.

Dos días después de aquella presentación, mediante una conversación telefónica, Romina alertó a la Defensoría que el Servicio Penitenciario le habría hecho firmar “algo” para permanecer alojada en el pabellón y módulo en el que se encontraba. En consecuencia se solicitó se la cite con urgencia ante el juez a fin de efectuar el descargo correspondiente.

Esa fue la primera1 resolución a nivel provincial en la que se logró, por aplicación de la norma objeto de análisis, que se respetase el derecho a la identidad de una persona privada de su libertad -conforme el alcance que otorga a tal derecho la ley mencionada- , a fin de no agravar ilegítimamente la detención que venía sufriendo. A fin de alcanzar una mayor claridad expositiva, dividiré el análisis en: a) antecedentes del caso; b) marco normativo y jurisprudencial; y c) la discusión zanjada. Antecedentes del caso Romina había quedado detenida en el Establecimiento Penitenciario N° 1 –cárcel de varones procesados y algunos condenados-, dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba, en el mes de marzo de 2012, en el marco de una investigación por una supuesta infracción a la ley de drogas. El 13 de noviembre de dicho año designa como defensora a la Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Dra. María Mercedes Crespi, quien,

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Recientemente en una causa que tramitó ante la Justicia de la Provincia de Córdoba, se expidió el Tribunal Superior de Justicia en la misma línea que el precedente de la Justicia Federal objeto del presente trabajo (Causa "P., L. D.

En aquella oportunidad manifestó que había sido obligada a firmar el acta que indicaba que quería quedarse en donde se encontraba detenida y aclaro que era su voluntad ser trasladada a la cárcel de mujeres por diversas razones. Señaló que en el establecimiento de hombres vivía mucha violencia, física y psíquica, y que las personas de su condición son presionadas con diversos fines. Especialmente solicitó al señor Juez que tuviera en cuenta, a los fines de resolver con la mayor celeridad posible, que en el mes de diciembre, por la proximidad de las fiestas, es el momento en que más violencia se vive en los centros de detención, ya que los internos toman más alcohol y drogas a fin de evadirse de la realidad y ella se encontraba aún más expuesta a ser maltratada u obligada a realizar actos en contra de su voluntad. Con respecto a su historia de vida, dijo que asumió su condición de travesti a los once años, época desde la que usa sólo ropa femenina, aclarando que de ninguna manera podía vestirse ni asumir una condición distinta a los 32 años. Finalmente el 5 de diciembre de 2012 el señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Córdoba resuelve conforme se anticipara al iniciar este trabajo. Sin embargo Romina sólo permaneció un poco más de doce horas alojada en la cárcel de mujeres, ya que fue trasladada a la

(o) R. J. s/ejecución de pena privativa de libertad -Recurso de Casación-", Expte. "P", 62/13, resolución N° 255, de fecha 02/09/13)


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alcaidía de los Tribunales Federales. Allí una comisión del Registro Civil le hizo su documento nacional rectificado. Cuatro días después quedó en libertad al concederse nuevo pedido de excarcelación interpuesto por la defensa. El marco normativo y jurisprudencial: En este punto es conveniente analizar el marco normativo conforme el contenido específico que regula: b.1) Identidad de género: El 24 de mayo de 2012 entró en vigencia la Ley 26.743 – sancionada el 09/05/12, promulgada el 23/05/12 y publicada el 24/05/12-. Esta ley reconoce el derecho a la identidad de género confiriéndole el siguiente alcance: “Art. 1° - Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Art. 2° - Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales….” Asimismo, la norma referida prescribe que: “… Art. Trato digno: Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas,…que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados…Art. 13 – Aplicación: Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo…” A fin de comprender los alcances y fundamentos de la norma cuya aplicación se pretende, resulta esclarecedor referir la voluntad del legislador al momento de su creación. Así de los antecedentes parlamentarios puede extraerse que: “Derecho a la Identidad, el marco jurídico. ‘La identidad sexual es uno de los aspectos más importantes de la identidad personal pues se halla presente en todas las manifestaciones de la

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personalidad del sujeto. El derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no otro…absolutamente equiparable a la libertad o la vida…se fue perfilando con caracteres autónomos, dentro de los derechos personalísimos. En un primer momento se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir del tiempo se le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la personalidad: la imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros. Lejos de constituir un numerus clausus, estos componentes están en continua evolución’. El de la identidad sexual es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia identidad, el que forma parte, a su vez, del plexo mayor de derechos humanos sustanciales…Si asumimos que cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es la condición de nuestra particularidad, de nuestro ser concreto en el mundo. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad, a ser considerado como realmente es, a ser ‘el’ y no ‘otro’. El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida…” (“Antecedentes parlamentarios-Julio de 2012 N°6- Ley 26.742 Muerte Digna – Ley 26.743 y Decreto 1007/2012 Identidad de Género”, Ed. La Ley, pág. 190/191). b.2) Estándares internacionales en materia de pena privativa de la libertad, jurisprudencia: Aquí es importante recordar cuales son los alcances constitucionales de las penas privativas de la libertad conforme los estándares internacionales: Observación general N° 21, “Trato humano de las personas privadas de la libertad (artículo 10)”, 10/04/1992, cita según Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. I ), p. 242, nro. 3 “…El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes una obligación positiva a favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7 del Pacto. En consecuencia, las personas privadas de libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7 (…) sino tampoco a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad…” - Caso ′Neira Alegría y otros vs. Perú′, 19/01/1995, Serie C., n° 20, párr. 60; caso ′Castillo Petruzzi y otros vs. Perú′, 30/05/1999, Serie C., n° 52, párr.. 195; caso ′Durand y Ugarte vs. Perú′, 16/08/2000, Serie C., n° 68, párr. 78; y caso ′Cantoral Benavides vs Perú′, sentencia de reparaciones de 18/08/2000, Serie C., n° 69, párr. 87) “…′toda persona detenida por una autoridad estatal tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles


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con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal’ - Corte IDH, ′Bulacio vs. Argentina′, 18/09/2003, Serie C., n° 100, párr.. 126, con cita de la sentencia del TEDH, ′Iwanczuk vs. Polonia′, [petición nro. 25196/94, de 15/11/2001, parr. 53]). ‘…el Estado como responsable de los establecimientos de detención ′es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia. … La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél…′. b.3) Estándares internacionales de aplicación específica: De manera especial corresponde destacar, en relación al derecho al respeto de la identidad, que encontramos los siguientes documentos: Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, Temas 2 y 8 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Seguimiento y aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena- Leyes y prácticas Discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género- Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “…73. El Comité de Derechos Humanos…ha tomado nota con aprobación de la legislación por la que se facilita el reconocimiento legal del cambio de género…VII. Conclusiones y recomendaciones…84. La Alta Comisionada recomienda que los Estados Miembros:…b) Adopten medidas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por la orientación sexual o la identidad de género, investiguen exhaustivamente todas las denuncias de tortura y malos tratos y enjuicien y exijan responsabilidades a los responsables;…h) Faciliten el reconocimiento legal del género preferido por las personas trans y dispongan lo necesario para que se vuelvan a expedir los documentos de identidad pertinentes con el género y el nombre preferidos, sin conculcar otros derechos humanos…” UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME- Vienna Handbook on Prisoners with special needs- CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES: “5. Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Prisoners DEFINITIONS: Sexual orientation is understood to refer to each person’s capacity for profound emotional, affectional and sexual attraction to, and intimate and sexual relations with, individuals of a different gender or the same gender or more than one gender. a Gender identity is understood to refer to each person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical,

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surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms. b… 2.5 Allocation, accommodation and prisoner programmes LGBT prisoners may be placed in conditions which are inferior to that of the majority population…. Where transgender prisoners are accommodated according to their birth gender, especially when male to female transgender prisoners are placed with men, due to their birth gender being male, this paves the way to sexual abuse and rape. LGBT prisoners may be discriminated…” Principios de Yogyakarta b.4) Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad: Finalmente el tratamiento de la cuestión planteada ante el Juez que había ordenado la detención, se hizo conforme lo establecido en los arts. 96 y 3 de la ley 24.660, en cuanto este último dispone que: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado: “…un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida 'que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija' (art. 18 de la Constitución Nacional)[…].Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, […] la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral…” (CSJN, Fallos: 318:2002, “Badín, Rubén y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”). La discusión zanjada: La ley 26.743 cerró, al menos desde lo normativo, la discusión que se daba en cuanto a la naturaleza –estática o dinámica- y alcance del derecho a la identidad. La evolución del concepto, sintéticamente ha sido la siguiente. Hume, que rechazaba la idea de que hubiese una identidad metafísica en la noción de sustancia, consideró el problema de la identidad personal y, por extensión, el problema de cualquier identidad substancial como insoluble, y se conformó con la


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relativa persistencia de haces de impresiones en las relaciones de: semejanza, contigüidad y causalidad de las ideas. La identidad se hizo en Kant trascendental en tanto que, para aquel, es la actividad del sujeto trascendental la que permite, por medio de procesos de síntesis, identificar diversas representaciones en un concepto. Así, el problema de la identidad parece insoluble cuando pretende identificar cosas en si. Desde las ciencias sociales y políticas se ha hablado de tres tipos de sujetos: del sujeto del iluminismo; del sujeto sociológico y el sujeto posmoderno. Así la norma objeto de análisis adopta la concepción posmoderna del sujeto, que pone énfasis en la idea de las identidades múltiples y fragmentadas, y se separa definitivamente de la concepción unificada de la identidad de las anteriores construcciones. El origen de esta percepción está relacionada con la idea de que algo se “desestabilizó” en el mundo contemporáneo, en las relaciones de “ajuste” entre sujetos y en las estructuras sociales del funcionalismo. Así el sujeto que había sido concebido como una identidad unificada y estable, ahora se ve fragmentado, compuesto por varias (y muchas veces contradictorias) identidades sociales y culturales; no tiene identidad fija, ni permanente ni esencial. El sujeto posmoderno asume distintas

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. Cabe aclarar, que lo estático o dinámico, no sería “la identidad”, sino que lo que permite variar la clasificación es la finalidad con la que se aborda el análisis sobre el tema.

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identidades en momentos diferentes, identidades que no están unificadas; es formado y transformado continuamente en relación con las distintas maneras en que los sujetos son representados o interpretados en los sistemas culturales a los que pertenecen; éste se corresponde con una sociedad descentrada como la del capitalismo tardío, caracterizada por la diferencia y su capacidad de producir una multiplicidad de identidades, con las cuales los individuos se pueden identificar. Así, previo al dictado de la norma, convivían –reducidamentedos interpretaciones de la identidad del sujeto; una como consecuencia determinada (desde lo material, o desde la razón al interpretar lo material) y otra como resultado de una construcción (desde lo social en base a las interrelaciones y su autopercepción). Podía hablarse de una “identidad estática” indisponible (determinada) y una “identidad dinámica”, disponible desde las construcciones sociales que definen diferentes valores -o jerarquía de elementos valorativos- en un proceso de definición variable a lo largo de la historia personal y la construcción del ser2. Entonces como la identidad se vuelve disponible; la construcción que el sujeto hace sobre su mundo material para definirse es válido y se encuentra protegido por el “derecho a la identidad”, entendida como el derecho a la autodeterminación individual. Conforme la norma no “somos”, “nos hacemos”.


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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS El Uso inadecuado de lenguaje jurídico induce a vulneración de derechos. Por la

Dra. Elizabeth García A.

Profesora PUCE Corporación de estudios DECIDE Quito-Ecuador 2013

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on profesionales del derecho quienes identifican sin dificultad el alcance de los principales conceptos relacionados con el mundo jurídico, pero cuando los mismos términos deben ser manejados por la ciudadanía, en su calidad de titulares de derechos, existe un grado de confusión cognitiva que los perjudica en su ejercicio y exigibilidad. Las personas usan un sinnúmero de vocablos que dentro la ciencia jurídica tienen un significado y un contenido distinto y, muchas veces, diametralmente opuesto al que se entiende e interpreta y desde los errores cognitivos que se han formado, toman decisiones equívocas. Este artículo da cuenta de los resultados de la investigación que se desarrolló en la ciudad de Quito , enfocada en visibilizar el uso cotidiano de lenguaje compuesto por términos jurídicos, derivados de la cultura legal de la sociedad ecuatoriana, que además se caracteriza por su pluriculturalidad, en donde la población ha desarrollado una combinación de creencias y prácticas, especialmente si deben enfrentar y actuar en demanda o defensa de sus derechos. Se indagó especialmente sobre cómo esto repercute en la formación de abogacía y otras carreras de ciencias sociales que atienden especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad y la importancia de corregir las tendencias de comprensión errónea o interpretación indebida de conceptos clave de derechos humanos. Las dimensiones culturales enfocan y dan valor a los conceptos y contenidos de los derechos que se funden como un conjunto de ideas o saberes, con las prácticas y hábitos propios del sentido común, que desde la visión científica se concibe como una forma incipiente de conocimiento. Los seres humanos a partir de experiencias personales y colectivas se forman ideas, valores y sentimientos en base a los cuales ajustan sus comportamientos y las decisiones que toman. Esto explica que

los contenidos subjetivos y mentales subyacen en la primera lectura de una situación determinada y modulan las respuestas y acciones posteriores. Si las personas que tienen un asunto legal por resolver consultan con un profesional del derecho, recibirán información objetiva que también la procesan desde su subjetividad. Por lo tanto, para caracterizar a la cultura legal de la población hay que tomar en cuenta factores económicos, biológicos, psicológicos y hasta histórico-políticos que se combinan con los del mundo jurídico. La cultura legal como no está escrita no puede verificarse y además no es una sola cultura sino que en realidad son varias y diversas, que se constituyen de afirmaciones guiadas por las experiencias personales y los intereses referenciales propios de la ciencia jurídica con las cuales las personas sacan conclusiones. De todos modos, cabe recordar que las personas siempre pueden replantearse sus creencias y modificar sus ideas de acuerdo a los conocimientos que adquieren, sea en el plano científico o práctico y por lo tanto, en ese proceso la cultura legal también es dinámica y fluctuante. A diferencia de la ciudadanía en general, quienes tienen formación jurídica aplican sus conocimientos de la normativa legal a las situaciones fácticas y a partir de ello dan respuestas a cada situación, sin embargo, también estas personas tienen una cultura legal común de base que influencia su aprendizaje. Los errores cognitivos sobre asuntos de derechos son una expresión de esta cultura legal. El Ecuador es un país en que la sociedad está altamente judicializada, es decir, frente a un conflicto se busca solución en juzgados y tribunales de justicia, aunque el acceso a la justicia siempre tenga obstáculos. Este criterio no solamente apunta a definir a los y las ecuatorianas como personas con bajo nivel de capacidad de diálogo y de


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aplicación de medios alternativos a la justicia ordinaria para resolver sus conflictos, sino también a definir que quienes representan estos intereses no poseen los conocimientos suficientes para ofrecer alternativas que no necesariamente supongan ir a juicio en tribunales y cortes. La cultura legal de la sociedad ecuatoriana influencia en el manejo cotidiano de un lenguaje compuesto por términos jurídicos. Sin embargo, en la práctica, se usa un sinnúmero de vocablos que dentro las ciencias jurídicas tienen un significado y un contenido distinto y, muchas veces, diametralmente opuesto. Este hecho ha inducido a las personas a caer en errores de uso y de interpretación que conllevan incluso a tomar decisiones equívocas en base a la confusión de sus conocimientos y peor aún, perjudican el ejercicio y exigibilidad de sus derechos humanos. Es también importante mencionar que la cultura legal de la que se está haciendo referencia, además de incidir en la comprensión de un concepto determina que el titular de un derecho tenga o no confianza en el sistema judicial como mecanismo de resolución de sus conflictos, lo cual puede a su vez depender de las condiciones sociales y económicas para acceder al sistema. En todo caso, debido al neoconstitucionalismo vigente desde la Constitución del 2008, que aportó al mundo jurídico todo un bagaje de terminología y conceptualización nueva, que están siendo incorporados a la enseñanza del derecho y en la difusión de derechos, la dificultad en el manejo de terminología jurídica se ha profundizado. Las interpretaciones y errores en el uso de vocablos con sentidos diversos, dentro y fuera del mundo jurídico, también se presentan en la enseñanza de la ciencia jurídica, tanto en los espacios de formación de las facultades de la carrera de derecho y de otras facultades y escuelas profesionales, que tienen dentro de sus mallas curriculares materias con contenidos jurídicos, como parte del proceso de educación superior. Si los profesionales del derecho son quienes representan o patrocinan a la ciudadanía en litigios legales, es en las facultades y escuelas de derecho donde deben adquirir conocimientos teórico-prácticos para promover el ejercicio de derechos humanos y orientar a sus clientes en la exigibilidad de los mismos, pero además para provocar cambios culturales de respeto de derechos con enfoque de género. Esto supone que en el currículo de la formación jurídica esté incluido obligatoriamente lo relativo a los derechos humanos, no solo respecto a conocer las obligaciones contraídas por el Estado o el mero contenido de los instrumentos internacionales reconocidos a nivel universal y regional sino también que se favorezca el análisis de su aplicabilidad en el contexto nacional y local. Las nuevas generaciones de profesionales de las ciencias sociales en general y de la jurídica en particular, deben tener un perfil de formación que acredite que manejan los principios de derechos humanos con solvencia y que son capaces de aplicarlos en los casos que conocen, asesoran o resuelven.

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El proceso de aprendizaje en derechos humanos es significativo cuando la persona que está formándose relaciona los conceptos que ya conoce con nuevos conocimientos sobre el alcance de los derechos, y a partir de ahí construye significados con el nuevo conocimiento, y no solo añade a los que ya tiene. “En ocasiones, en el proceso de adquisición de conocimientos, las personas elaboran concepciones erróneas que se derivan de percibir relaciones entre conceptos que realmente no son tales” . Es lo que se denomina un error cognitivo. La formación en derechos humanos es integral si involucra al conocimiento jurídico el enfoque de género, y se practica sobre el uso de esa categoría de análisis, debido a que es una condición indispensable que favorece el logro de la justicia porque supera discriminaciones. Sin embargo, aunque en otras ciencias sociales esto ha sido progresivamente implementado desde hace varias décadas, en la formación jurídica aún no se reconoce la importancia de hacerlo de manera obligatoria y ha quedado relegada a una visión opcional, lo cual para efectos de lo que se ha investigado, perjudica la comprensión adecuada de varios términos y conceptos jurídicos. El uso equívoco de la terminología jurídica vinculada con derechos humanos y el enfoque de género, radica en los errores no corregidos durante los procesos de enseñanza aprendizaje del derecho a abogados, o que ellos a su vez no aclaran el significado de ciertos términos a sus clientes. Las principales amenazas al ejercicio de derechos por errores cognitivos se dan en la concepción sobre un determinado derecho humano y más si debe contar con un enfoque de género. Por un lado, se tiene la idea de que los derechos humanos existen y pertenecen a las personas en la medida que se encuentren “escritos” en una norma, es decir, existe el derecho porque la norma lo contempla, caso contrario la persona no tendría aquel derecho. Por otro lado, se tiene la percepción equivocada de que los derechos humanos no tienen relevancia ni importancia sino hasta el momento en que surge su violación o amenaza de violación, pues su exigibilidad haría a las personas más o menos titulares de aquellos derechos, es decir, la titularidad se “tiene” cuando se exige un derecho vulnerado. Cabe resaltar que esta percepción equivocada se debe a la falta de formación de la población en general, a que ni en los espacios familiares y en muchos casos en los educativos no se habla o no se lo hace con precisión debido a la falta de preparación en estos temas. Así, de las nociones referidas, claramente surge la conclusión de que la población común tiende a confundir, primero, a la titularidad de los derechos humanos con el reconocimiento de los derechos que realiza el derecho positivo, y segundo, a la titularidad con la exigibilidad de derechos. Todo lo anterior, sin duda tiene relación a su vez, con la confusión que persiste en la población sobre los conceptos de “goce, ejercicio y protección” de derechos. Se comprende


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equivocadamente que el goce de los derechos está siempre supeditado al ejercicio de los mismos, y que el ejercicio se da cuando estos merecen protección. Esto permite concluir que las personas consideran que la titularidad de derechos y su goce, dependen de que “estén escritos o contemplados en una ley” y en ese caso son importantes. Se mal entiende que los derechos solo se los ejerce cuando “se debe buscar protección”, al exigir que se los respete, “cuando ya no se los tiene”. Es decir, incluso se llega a pensar que los derechos se los pierde si alguien los vulnera. En conexión directa con lo anterior, las confusiones también se manifiestan en los conceptos vinculados a la exigibilidad de derechos humanos. Estos errores cognitivos, inciden en la idea formada en torno a la reparación integral de un derecho vulnerado. Existe la idea de que la forma- o única forma- en que se reparan las violaciones a derechos humanos es a través de indemnización pecuniaria, es decir, la exigibilidad de derechos humanos tiene como fin “alcanzar una indemnización”. Por lo tanto, no se percibe la importancia de una de las más importantes formas de reparación de derechos humanos: la restitución del derecho al estado anterior a la violación producida o la implementación de medidas para gozar nuevamente el derecho violado cuando es imposible restaurarlo a su estado anterior. Como se decía, esto incide en la exigibilidad de derechos, pues se reduce la reparación integral de los derechos a una indemnización económica y de hecho se reportó también que en lo relativo a la búsqueda de “justicia” existía un tinte vengativo. Esto se debe a que el dinero es una forma de hacer “tangible” esa justicia que al ser una categoría axiológica es difícil de entender por si sola hasta que no se “concrete” por ejemplo en el dinero. Esto se asocia al imaginario sobre que la pobreza es únicamente económica y que alcanzar esa dimensión de cualquier persona es la única manera “real” de “vengar” una violación de derechos o cualquier delito.

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En la categoría de diversidad y pluriculturalidad, las personas entrevistadas conectaron ideas con regionalismo por ejemplo o incluso con la diversidad ambiental en cuanto a fauna y flora. Por ello, se verificó que al mencionar lo relativo a diversidad no se entendía la interculturalidad en la que se da el mismo valor a todas las etnias y todas las expresiones culturales incluidas las de los mestizos y culturas urbanas, provocando de ese modo pautas discriminatorias. Resulta muy peculiar que por ejemplo en uno de los artículos de prensa analizados se refiere a la diversidad a propósito de las variables de personalidad.

Desde el enfoque de género, también fue importante demostrar que la comprensión de género como una categoría de análisis es incipiente entre estudiantes de la carrera de derecho. Hay por un lado una preocupación de evadir un análisis feminista porque se confunde el tema con asuntos de mujeres y no se tiene claridad sobre la importancia de transversalizar el enfoque en toda la ciencia jurídica. Entre la población común, sin formación legal también es común el error de confundir género con mujeres, lo que reduce el campo de discusión sobre situaciones sociales relevantes. Por otro lado, se evidencia con mayor fuerza los patrones de pensamiento sexista cuando se aborda en clase lo relativo a las relaciones familiares, pues se espera que las mujeres cumplan con el rol de cuidado. Las mismas mujeres lo siguen percibiendo así, sobre todo en estratos populares, y afianzan que ese rol es el que le corresponde a la mujer. La ciudadanía considera que tiene “derecho” solo si se les reconoce por ejemplo licencias de maternidad/paternidad y jornada reducida para lactancia. Esto tiene incidencia en que la persona decide aceptar que por ejemplo un empleador le niegue la licencia, cuando en realidad estaría vulnerándose el derecho y tiene que ver con el miedo a perder el trabajo.

Causas de las confusiones cognitivas Para la formación en la carrera de derecho, es clave considerar que las y los estudiantes confunden los vocablos: “jurídico, judicial y legal”, se los usa indistintamente como sinónimos al referirse a la legislación como fuente formal del derecho. Estas precisiones conceptuales son indispensables para a su vez comprender lo relativo a reconocimiento y efectividad de derechos. Se ha percibido como común que la población que se siente víctima de alguna “injusticia” directamente supone que han cometido en su contra una violación de derechos humanos, lo cual podría ser fácilmente percibido en la misma dimensión por la otra parte que también tiene una versión pero opuesta sobre una situación determinada.

Es un desafío conocer las verdaderas causas que provocan confusiones cognitivas en materia de derechos humanos y género, aunque determinarlo en realidad supone desarrollar una investigación de otra naturaleza y alcance, se han identificado potenciales orígenes. Las confusiones cognitivas sobre derechos como se ha dicho son los errores derivados de comprensiones diversas. Se podría clasificar las causas que provocan estos errores entre:

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Aquellas formadas en base a criterios personales: a) Vinculados con el conocimiento previo, por lo que una persona deduce a partir de la etimología de un término jurídico


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y eso supone que el uso del lenguaje y el grado de desarrollo del mismo pueda incidir en la interpretación que una persona o un grupo de personas haga al respecto; b) Construidas en base a experiencias o vivencias a partir de las cuales se supone se explican conceptos;

2. Por información extraída de medios de comunicación a propósito de noticias de prensa, opinión editorial u otros documentos de difusión. Se identificó que cuando se presenta la opinión del experto/a y luego en el momento en que el autor del artículo hace su comentario, confunde y se produce el error al querer concluir o cerrar el artículo; y,

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Por referencia ofrecida por otras personas: a) En círculos familiares o sociales en los que interactúan las personas cuando solicitan referencias o consejos sobre algún término jurídico; b)En espacios de formación o capacitación; c)En espacios de asesoría profesional; y, d)En espacios de servicios públicos en que servidores desinforman sobre derechos.

En todo caso, la persona que tiene un error respecto de un concepto jurídico, no es consciente de ello hasta que confronta su conocimiento con alguien que le haga reparar en la confusión y le conceda suficientes razones o explicaciones para promover un cambio en la concepción equivocada.

De todos modos, existen personas que a pesar de ser advertida del error prefieren no aceptar la concepción correcta y mantiene su idea preconcebida sobre lo que cree conocer y comprender. No se cree que eso sea simple necedad sino que la mayoría de la población común no le interesa tanto la explicación como la resolución “favorable”, no se piensa en el aprendizaje para la vida ciudadana ni siquiera para futuras ocasiones con el mismo problema, sino en ese momento resolver lo que está presente.

Algunos profesionales del derecho, tienen prejuicios respecto de sus clientes, especialmente si son personas de escasos recursos. Esto cuestiona la formación, la insistencia en temas axiológicos, de visión integral de las personas y su desarrollo y de una formación en la interdisciplinariedad. Se denota la necesidad de una mayor apertura y sensibilidad de los profesionales inclusive su compromiso de informar sobre los conceptos básicos al momento de atender los casos y de aportar desde su conocimiento e intervención profesional. Está claro que las personas que son adultas y adultas mayores que no han

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recibido formación ciudadana dentro de los parámetros de derechos humanos actual, serían los que menos tienen conocimiento y los que posiblemente se quedarán en esas condiciones sobre todo si no son partícipes de ningún proceso de desarrollo que pretenda dar formación al respecto, esto se agrava con la poca cultura de participación que la población en general tiene en estos asuntos.

Parecería que no todas las y los profesionales están dispuestas a explicar al menos lo básico a sus clientes y usuarios al momento de atender sus casos. Y luego, es impredecible anticipar si los usuarios quieren saber a profundidad sobre las nociones jurídicas vinculadas con su caso. Muchos aparentemente buscan una “resolución favorable” y en el menor tiempo posible. En realidad, cabe plantearse también si en la formación de la carrera de derecho se adquieren destrezas para facilitar este proceso de transmisión de conocimientos para atender a sus clientes y usuarios y así contribuir al desarrollo de esas personas y de las sociedades de las que ellos forman parte, y alcanzar una dimensión trascendente del ejercicio de la profesión.

Finalmente, a propósito de que a partir de la información de prensa se pueden generar confusiones cognitivas, cabe preguntarse qué tanto les interesa a los medios de comunicación “formar opinión pública”, transmitir información, o contar hechos. La misión corre más por el negocio que implique un medio de comunicación y por tanto termina dependiendo de qué tan bien se maneje política y económicamente para que dé réditos como cualquier negocio. Por lo tanto, el uso o mal uso, o el incorrecto uso de cierta terminología, no es de mayor importancia para los responsables de la comunicación en medios, ya que el objetivo no es formar opinión y se puede pensar además que cada día se dirigen a un público menos crítico, que tolera sin mayor inconveniente cualquier información, tenga o no errores.

Los medios masivos de comunicación y su utilización de la tecnología permiten además que el público sea invadido por tal avalancha de información a cada segundo que prácticamente resulta imposible digerir menos aun procesar y criticar alguna información. Efectos de las confusiones cognitivas Estas confusiones se supone que deben ser disipadas o aclaradas a nivel académico durante la formación jurídica de pregrado o postgrado a la que tienen oportunidad de acceso estudiantes de la rama, así como otros de algunas ciencias sociales quienes por su ejercicio profesional se preparan para


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atender situaciones determinadas en las que los conceptos vinculados con derechos humanos deben ser tomados en cuenta. Las confusiones o errores cognitivos que tienen las personas sin formación jurídica podrían ser corregidos si tienen acceso a información jurídica adecuada, por búsqueda directa o aprendizaje derivado de un interés personal o por contacto a nivel de asesoría con un profesional del derecho. Si se tratara de conocer el verdadero significado de un concepto jurídico, únicamente con fines de desarrollo de conocimiento, los efectos del error no tendría mayor efecto que aquel que obligue a rectificar el alcance de lo que se asumía como cierto para remplazar con lo correcto. Sin embargo, en aquellos casos en los que el error cognitivo afecta el análisis de una situación en la que deben tomarse decisiones para prevenir una amenaza o exigir la protección o restitución de derechos, el efecto de la confusión cognitiva es de suma gravedad. En la atención que ofrecen servicios gratuitos, dadas las limitaciones de tiempo, espacio y personal, el tiempo destinado a absolver dudas a los clientes es reducido, por lo tanto, tampoco se corrigen confusiones cognitivas. No cabría concluir que los servicios gratuitos no deban ser de calidad, o que combinando con el criterio de que quienes acuden a esos servicios son personas indebidamente calificadas como “ignorantes” no hace falta perder el tiempo tratando de explicar conceptos de difícil comprensión. Es un criterio de discriminación por pobreza, un bajo o nulo aporte al desarrollo de las personas y una forma de intervenir paternalista que querría de alguna manera solucionar el caso sin que el usuario entienda por qué su derecho debe ser protegido y/o reparado o de dónde viene tal solución. Las personas que no han recibido corrección a sus errores cognitivos replican eso en sus hogares y comunidades, y muchos son o pueden convertirse en referentes de esos espacios y por lo tanto replicar la falla en la percepción ampliando el impacto del poco o nulo entendimiento de la importancia de los derechos para la vida cotidiana.

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Importancia de superar confusiones cognitivas Superar las confusiones cognitivas en materia de derechos humanos y género tiene importancia desde diversas perspectivas. En primer lugar, el empoderamiento real de los sujetos de derechos depende de conocer que son titulares de un derecho sobre el que comprenden su alcance y profundidad. Es decir, cuando se reconoce esa calidad se puede ejercer y gozar el derecho a plenitud. En cuanto exista una amenaza o vulneración al derecho, la persona está en condiciones de hacer una búsqueda de protección efectiva, y no solo de exigir una indemnización económica. Sin duda, los mecanismos de exigibilidad requieren de un sistema adecuado para procesar los requerimientos de protección de derechos y en esa dinámica, el rol de los profesionales del derecho es vital. Esto nos obliga a cuestionarnos sobre ¿cuán alejadas pueden estar las personas “comunes” de un entendimiento experiencial de la justicia? Si lo cotidiano es que sus casos no accedan al sistema para que se puedan resolver, o si acceden no hay una resolución adecuada y oportuna. Así, el clamor de “justicia” se frustra por una serie de trabas en el sistema y por tanto los derechos de las personas que merecen ser protegidos pueden quedar prácticamente en el olvido. Los errores cognitivos que no se superan pueden también provocar situaciones de ajusticiamiento privado o “hacer justicia por mano propia” bajo el equívoco de que es una mejor y efectiva alternativa. La justicia no es una categoría cercana ni cotidiana para la ciudadanía, que no es una forma de vivir sino que es precisamente lo que una persona solo busca luego de haber sido víctima o de haber sido vulnerado en sus derechos. Por lo tanto, justicia es una noción reactiva, no proactiva, no interesa generar una vida en justicia, o promoverla como valor, ahí es en donde es fácilmente percibida y a veces experimentada como venganza, porque se piensa que por lo menos si le pasa lo mismo al otro o si es “castigado” algo se recibirá a cambio ya que la condición inicial nunca se recuperará. Incluso ahora se piensa que una determinada cantidad de dinero “hará justicia” y recuperará lo y a quien se vulneró, la justicia tiene un precio, o un tiempo, a eso ha sido reducida.


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ESQUEMA DE POWERPOINT PRESENTADO EN LA JORNADA Diapositiva 1

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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS Te doy mis Ojos. Por la

Dra. Stella Maris Nieva (S)

N

Nos pareció adecuado elegir el título de la película española, para escribir el presente artículo, relacionado con el tema de las Jornadas de Spes 2013.

Recordaran la película dirigida por Iciar Bollian, estrenada en 2003, cuyo tema central es la violencia domestica contra la mujer. Pilar, la protagonista, du rante varios años de matrimonio, sufre el maltrato físico y psicológico por parte de su marido, Antonio. Es sabido, que la violencia familiar no distingue clases sociales, económicas y culturales y que existe un bajo índice de denuncias. A las mujeres maltratadas, les cuesta ver la realidad que están viviendo, ya sea, porque dependen económicamente, emocionalmente, o por el “qué dirán”. En esta película, la directora nos hace reflexionar sobre que significa ser hombre y ser mujer, dentro de una sociedad donde las relaciones de poder son tan definidas, y sobre las consecuencias que ocurren cuando las personas se sienten obligadas a conformar la norma social. El 12.9.13 se celebró en Mar del Plata, el Foro Internacional de los Derechos de las Mujeres, donde participo Rigoberta Menchu Tum, Premio Novel de la Paz, quien llamo a “hermanarse” para romper prototipos de esclavitud y discriminación. A propósito de ello, Rigoberta Menchu, activista de los Derechos Humanos de Guatemala, destacándose por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e

1

Pub. en Noticias Télam, el 14.9.13, www.telam.com.ar/notas201309/32437dospremios-nobel

internacional, quien se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos. Al comienzo del mencionado Foro, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, insto a las mujeres a “tomar coraje” para cobrar fortaleza y poder así “erradicar la violencia de género, la trata de personas” y lograr “la democratización de la familia”1. El actual paradigma de Constitucionalismo Social de los Derechos Humanos Fundamentales, nos lleva a reflexionar sobre el tema de la violencia contra la mujer, y actuar en consecuencia. Es así, que debemos tener presente el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En efecto, el 9 de junio de 1994, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, realizada en Belem Do Para, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 2. En la Convención Belem Do Para3, las mujeres, son los sujetos que busca proteger, considerando la discriminación y violencia de género que sufren. Allí se incluye el derecho de vivir libre de aquella violencia que se ejerce en su contra por el hecho de ser mujeres. Este derecho incluye, entre otros, el derecho a estar libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. También incluye deberes específicos a estos derechos, como son los de respetar,

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Convención de Belem Do Para ratificada por Argentina mediante ley 24632


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proteger y garantizar debidamente a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Dicha convención define lo que debe entenderse por violencia contra la mujer: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1). Asimismo, los Estados Partes se comprometieron, entre otros deberes, a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, e incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (art. 7, incs b y c). No olvidemos lo que nos enseña nuestra directora, Diana Canal4, cuando en los cursos nos cuenta que desde 1993, Ciudad Juárez ha sido escenario de una sistemática violencia contra las mujeres y nos describe el caso “Campo Algodonero”, correspondiente al homicidio con móvil sexual, de ocho mujeres. Tres de estos homicidios, una mujer adulta y dos menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas, a la CIDH. Es así, que el 16 de noviembre de 2009 se dictó la sentencia en el caso “González y otras (Campo Algodonero) vs. México”. En la referida sentencia, la Corte concluye que “desde 1993 existe en Ciudad Juárez, un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. La Corte observa que no existe firmeza y es preocupante que el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a estos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005, la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que prestan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad”.5

4

Canal, Diana Regina, directora del grupo Spes, Juez de Cámara de la Sala III de la CNAT. 5 Caso “Campo Algodonero”, Conclusiones de la Corte, capítulo 1.8, pto. 164.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 15.12.07, firmó un convenio con las Agencias de las Naciones Unidas, mediante el cual se elaboró un programa para colaborar en la implementación de una Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Domestica. En dicho convenio se estableció que la eliminación de la violencia, especialmente contra mujeres, niños/as, y ancianos, es un asunto de atención prioritaria para las Naciones Unidas que ha sido abordado en varias de las Conferencias y Tratados Internacionales de los últimos treinta años. Además, constituye un importante desafío para el alcance de los objetivos de Desarrollo del Milenio. En nuestro país, el 11 de marzo de 2009, se sancionó la ley 26485 6 .Esta ley tiene por objeto la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia contra las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia (art. 1). La norma define violencia contra las mujeres, a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal (art. 4). Luego, enumera los distintos tipos de violencia contra las mujeres: violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática (art. 6). Observamos que mediante el Decreto 1011, del 19 de julio de 2010, se reglamentó la ley 26485, sin embargo, transcurridos tres años de su promulgación, aún se encuentran sin reglamentar algunos artículos, entre ellos el artículo el art. 2 inc. c, que dispone promover y garantizar las condiciones aptas para prevenir y erradicar la discriminación. A nuestro criterio, aun cuando no se encuentre reglamentado el acceso a la justicia, por una cuestión meramente adjetiva, ello no es óbice para solicitar la aplicación de la ley, pues la norma de fondo debe primar sobre la norma de forma y ningún juez puede negarse a ello, so pretexto de no estar reglamentada, de lo contrario deberá ser pasible de juicio político7.

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Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 7 Pacto de San José de Costa Rica, art, 8.1


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En febrero de 2011 fue creada la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Genero (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de formular sanciones a la violencia de género establecida por la ley 26485. Asimismo, el 20 de agosto del corriente año comenzó el relevamiento telefónico sobre encuestas de violencias contra la mujer, propuesto por la Secretaria de Justicia. Con este estudio se propone obtener un diagnóstico de victimización en mujeres mayores de 18 años de edad, acerca de experiencias sobre violencia física, sexual y psicológica ejercida por hombres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo la Oficina de Violencia Domestica, la que atiende las 24 horas todos los días del año y está ubicada en Lavalle 1250, Planta Baja, CABA, dado el carácter complejo del fenómeno que tiene este tema.

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acceso a la justicia de las mujeres que lo necesitan es difícil de lograr”9 No esperemos escuchar “una vez mas no por favor, que estoy cansada y no puedo con él, por eso, una vez mas no puedo con el corazón, una vez más, no por favor, no grites que los chicos duermen” 10 y pongamos en práctica todas las herramientas que tenemos al alcance, para terminar con la violencia contra las mujeres y ayudar a quienes hoy la padecen. Tengamos en cuenta que la mujer que sufre maltrato puede tardar años en hacerse consciente de la situación en la que está inmersa. Por tal motivo, los que tenemos al alcance las herramientas para ayudar con esta problemática, no debemos quedarnos con los brazos cruzados y desde nuestro lugar, ocuparnos de este tema social, trabajando desde la prevención.

También, el 23.2.09, se firmó un Convenio Marco entre la CSJN y la Defensoría General de la Nación para la atención de casos de violencia domestica recibidos en la Oficina de Violencia Domestica, aludida precedentemente.

Stella Maris Nieva

Una mujer muere cada 35 horas por violencia de género en la Argentina. En los últimos cinco años fueron 1236 los femicidios registrados por la ONG Casa del Encuentro, que expuso el dramático peligro vivido por mujeres, que en la mayoría de los casos tienen como victimarios a relaciones cercanas. Durante la presentación del informe en la Legislatura porteña se indicó que 255 mujeres fueron asesinadas en 2012 en crímenes vinculados con la violencia de género. También se aseguró que creció la modalidad de atacar mediante fuego, según se revelo en el cotejo de informaciones periodísticas que llevo adelante la Casa del Encuentro.8 Las oficinas de Violencia Domestica de la Corte y de la Ciudad sumas unas 50 denuncias diarias. Pero cuantas mujeres habrá que no pueden ni hablar. Es que la Justicia no siempre responde a tiempo y con tino, entonces, la denuncia se vuelve en contra, generando más violencia. El Poder Judicial está desbordado por la avalancha de casos. El personal que atiende estas situaciones no está bien preparado y no hay presupuesto. Tampoco hay garantías para la mujer que denuncia. Un informe de ONG sobre la situación de la mujer en Argentina dice: “Quedan obstáculos importantes para que las mujeres tengan acceso pleno a la justicia. Faltan mecanismos específicos de reparación a las víctimas de violencia de género, no existen normas punitivas específicas sobre femicidio. El

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Diario La Nación; “Matan a una mujer cada 35 horas por violencia de género”, pub el 27.2.13.

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Diario Clarín, “En violencia de género, la Justicia llega tarde y mal”, pub el 20.4.12. 10 Malo, Malo; Bebe, cantante española


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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS La mujer y el derecho según el paso del tiempo. Por

Mercedes Rossi

En la actualidad se ha puesto de resalto la discusión en torno a la violencia de género desde todos los ámbitos que este concepto implica.

cometidos por mujeres a la falta de instintos maternales, la iniciación sexual temprana o la exaltación de sentimientos pasionales.

La mujer a lo largo de los últimos dos siglos ha tomado un lugar en la sociedad muy distinto al que tenía en los comienzos del siglo XX.

Lombroso en Criminología Moderna decía “La criminalidad de la mujer es específica, limitada a lo que es precisamente su función social; al amor y la maternidad. He dicho que la prostitución en la mujer corresponde, más o menos, a todas las gamas de delito en el hombre, y así los estigmas de la mujer he demostrado que se encuentran en la falta de carácter femeniles, ya sea corporales (aspecto viril, vellos desarrollados, cabellos obscuros, etcétera) ya sea morales en la dismaternidad y falta de pudor” (César Lombroso, “la dismaternidad en la mujer delincuente” Criminología Moderna Año II NRO. 7 P. 201).

Hoy por hoy sus reclamos son oídos y repercuten en la implementación de distintos institutos desde los distintos poderes del Estado. Ahora la pregunta que cabe es, ¿no existían estos reclamos a comienzos del Siglo XX?, ¿Por qué hoy la mujer tiene libertad cívica y protección frente a la violencia sobre su género?. Para encontrar estas respuestas vamos a centrarnos en el análisis dos hechos criminales y en la resolución que éstos supieron tener para alcanzar como conclusión qué principios dieron norte a tales posturas. Qué es lo que lleva a que la mujer de no votar y ser un objeto “propiedad de sus maridos”, pase a ser un sujeto con responsabilidad cívica y protección especial desde el plano estatal. En el año 1916 Carmen Guillot fue condenada por el homicidio de su marido Fracisco Carlos Livington a la pena de penitenciaría por tiempo indeterminado con reclusión solitaria de 20 días en los aniversarios del crimen. El hecho ocurrió el 19 de julio de 1914 cuando la víctima al regresar a su domicilio fue interceptado por tres masculinos que por medio de 38 puñaladas le dieron muerte.

Por lo que, para la época la mujer se motivaba para cometer un crimen solo en su “tendencia a actuar sin pensar, las inclinaba más a perder el dominio de sus acciones” (Gina Lombroso “la fantasía y la criminalidad femeninas” Revista Criminología, Psiquiatría y medicina legal Año XIII. 1926 Pp.111 y ss). Para poner en contexto el papel que jugaba la mujer en esa época, cabe traer la palabras de Osvaldo Piñeiro: “La mujer es toda maternidad, su organización fisiológica, sus tendencias psicológicas, el rol que debe desempeñar en la conservación de la especie, todo obliga a anteponer esta consideración sobre las demás … Dar a la mujer una condición civil y política, completamente igual a la del hombre, es no solo imprudente, sino pueril, en el estado actual de la sociabilidad … La superioridad del marido debe pues, subsistir” (Osvaldo M. Piñeiro, Condición jurídica de la mujer Buenos Aires de. Pablo E Coni 1888. p 110).

La investigación del caso recreo como autores materiales del evento a Francesco Salvato, Raffaele Prostamo y Giambattista Lauro, a quienes Guillot había contratado a tal efecto bajo una promesa de remuneración.

Si bien desde el plano del derecho civil y comercial la mujer no tenía iguales derecho y por ende iguales responsabilidades, desde otras esferas del derecho, como en el derecho penal, la mujer era igual de responsable que el hombre pero no podían ser condenadas a la pena de muerte como tampoco a la pena de penitenciaría, tal como los menores y mayores de 70 años.

Para ese entonces la criminalidad femenina estaba basada en los parámetros positivista que adjudicaba los crímenes

Para el caso concreto de Guillot, la defensa promovió una estrategia que tenía como centro que la imputada habría


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actuado bajo los efectos de la enfermedad de Bassedow que le provocó la locura moral. Frente a esto, la acusación particular que llevó a cabo Tomás De Veyga puso el acento en las características físicas de la imputada. “La forma de sus labios, sus arrugas cínicas, su sonrisa fría y siniestra, evocaban a las brujas y eran claros estigmas de su criminalidad” (Responsabilidad atenuada, informe médicos legales en el proceso celebre. Dres. Delfino Pacheco Miguel, A. Arana Zelis Eduardo Fisdanza, E. Klappenbach y José Moreno en Revista Criminología, Psiquiátrica medicina legal año 111 1916 p. 97). Otro tanto había en el “juego con su cuerpo”, que asociaba las relaciones sexuales fuera del matrimonio con la prostitución” (Los crímenes de las mujeres en el positivismo: el caso de Carmen Guillot. Revista jurídica de la Universidad de Palermo. Año 11 nro. 11 Bs AS. Octubre 2010. P 25) “La vida prematrimonial de Carmen Guillot, desde el punto de vista de la moral estricta, ha dejado un tanto que desear. El hogar en que se formó, según su propia declaración, no le permitió ver modelos de virtud ni tuvo sobre su conducta la dirección benéfica, el ojo avizor del buen padre de familia, según la clásica expresión de los antiguos romanos, Fácil es comprender, entonces cuan mal preparada se hallara Carmen para soportar la vida conyugal, que exige seriedad, método y sojuzgamiento de la conducta femenina”. (Responsabilidad atenuada … p.97). “Finalmente, la pauta que resolvió el caso fue aquella que, con una vara distinta a la aplicada en los varones condenaba a las mujeres que mantenían relaciones sexuales prematrimoniales o que eran infieles”(Los crímenes de las mujeres en el positivismo: el caso de Carmen Guillot. Revista jurídica de la Universidad de Palermo. Año 11 nro. 11 Bs AS. Octubre 2010. P 27). Cabe decir que para la época quien promoviera la defensa de la imputada impulso desde el partido socialista los proyectos de ley de divorcio son la sola expresión de la voluntad de la mujer, que demuestra la valoración que tenía el letrado de dar una salida a la mujer de matrimonio. No se tuvo en cuenta desde la defensa ni desde la acusación los dichos de Carmen respecto de su matrimonio, ella habría dicho: “solo me poseía cuando me golpeaba y chorreando sangre por la boca y narices me obligaba… Ah hubiera deseado evaporarme, que me tragara la tierra todo por no ver su rostro aborrecido” (“Responsabilidad atenuada … p 156). “La cárcel mil veces ante que el martirio de seguir viviendo con ese hombre” (Carmen Guillot la Razón 27 de julio de 1914).

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“Carmen temía a su esposo y sin duda por eso no se atrevió a huir del hogar. Acaso hubiese intentado una acción de divorcio de no existir las traba que impone actualmente nuestro código civil”· (La vanguardia 27 y 28 de julio de 1914.)

En la actualidad se estudió el siguiente evento con la siguiente tipificación penal: “el día 13 de octubre del año 2009, siendo aproximadamente las 01:30 horas, en el interior de la finca sita en la XX de la localidad de XX Partido del mismo nombre Provincia de Buenos Aires, donde residían la víctima XX junto a su esposa XX, y el hijo de ambos, XX; XX actuando en coautoría criminal con su referido hijo de 17 años de edad XX, luego de concertar entre ellos un previo acuerdo para matar a la víctima, aprovechando el estado de indefensión en que se encontraba XX, toda vez que el mismo se hallaba dormido en la cama que habitualmente ocupaba y en estado de ebriedad, aplicaron con un arma blanca por lo menos cinco heridas en el cuello de la víctima, las que interesaron vasos sanguíneeos que provocaron una hemorragia masiva y el óbito del mismo en escasos minutos”. Se rotulo el evento como Homicidio cuadruplemente calificado por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de 18 años edad (art. 41 quater, 45 y 80 inc.1º y 2do. y 6to. del Código Penal). Frente a este evento ambos imputados fueron absueltos. Destacando que repescto de la imputada mayor de edad no se pormovió la acusación desde al fiscalía en virtud del contenido de las declaciones adunadas de las cuales surgía que tanto el hijo menor como la imputada mayor eran sometidos ordinariamente a violencia físcia y psicologica de parte de la víctima constituyendo esta cuestión fáctica probada, una causal exculpatoria desde el plano de la culpabilidad, es decir que se analizó si era posible reprocharle a la imputada una conducta distinta a la que supo tener. Como hice mención este suceso en la etapa de debate siquiera tuvo acusación fiscal, lo que denota el valor cargoso que supo tener estos relatos que daban cuenta del calvario en el que vivían las víctimas luego victimarios. DECLARACIONES DE MENORES Ahora bien, que cambios hubo que permitieron una resolución totalmente distinta para dos casos que fácticamente era iguales.


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Podemos efectuar un análisis de los cambios sociales, teniendo en cuenta como se gestan y como llegan a ser reflejados por medio de una norma jurídica. Para ello podemos decir que hay tres etapas en las cuales se van advirtiendo los cambios. En un primer momento desde el plano de la realidad, -si es que así concluimos que se puede llamar a los sucesos fácticos que se desarrollan en el tiempo-, comienzan a escucharse voces con un reclamo particular que, con el correr del tiempo, quienes se sienten representados con ellas forman una minoría. El peso de estas voces suele tomar relevancia y modifica la postura moral mayoritaria, para luego arribar al estadio del derecho, donde finalmente esta vos es oída por el Estado o mejor dicho reconocida, por quienes detenta el poder. Este ascenso por decirlo de algún modo tiene en cada estamento una velocidad distinta, los cambios sociales siempre son advertidos de modo más veloz desde el plano de la realidad y lo van siendo de modo más lento en el estamento de la moral y del derecho, lo que hace que muchas veces se sancionen normas nuevas que la sociedad ya reconoció como parámetros nuevos de conductas frente a un cambio en el modo de interactuar entre nosotros. Ahora bien, cierto es que una vez reconocido este cambio por el derecho, le cabe al Estado la rigurosa tarea de garantizar la eficacia del funcionamiento de esa norma. En el caso concreto, a principios del Siglo XX la mujer no tenía derechos para intervenir en el mundo político, no era parte del sufragio y se la concebía como el objeto que le daba al hombre la capacidad para formar una familia, siendo el hombre el “macho proveedor”, sin dejar de lado que la mujer no ejercía laborales mayores a las domesticas. Hoy la mujer no solo ha sido equiparada desde sus derechos cívicos-políticos sino que se ha insertado en el plano laboral, ejerciendo iguales tareas que los hombres, sin dejar de destacar que ciertos sectores aun guardan atisbos de modelos anteriores. Para entender como un mismo suceso puede tener distintos análisis cabe a cuenta ponernos en el contexto de cada uno. Bien en sabido que cada época tiene como eje un paradigma, como columna de pensamiento que permite dar con las soluciones correctas para el momento. Los paradigmas son la brújula que otorga la solución correcta para los problemas del momento y cuando estos pasan a no tener respuestas claras frente a nuevos eventos se da el inicio de la crítica al paradigma y nacen nuevos paradigmas, como nuevos parámetros.

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En el caso de Carmen Guillot debemos centrarnos en el Constitucionalismo clásico ya que el Constitucionalismo social, surge de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y de la Constitución de la República de Weimar de 1919, siendo tales instrumentos los que pusieron en acento en los derechos sociales, dando reconocimiento a la mujer para fecundar el camino por el que hoy transitamos. Para el segundo caso, ya quedó atrás el constitucionalismo social y empieza gestarse en constitucionalismo de los derecho humanos, donde el centro de actuaciones de los Estados es la dignidad humana, por lo que un pensar como el que dio fundamento a la condena de Carmen lejos está de poder ser considerado derecho vigente, toda vez que no solo desde el plano interno sino desde el plano internacional la mujer y los derechos que la rodean deben estar efectivamente protegidas, y el hecho de no tener en cuenta el calvario que Carmen vivía no es más que negarle un derecho, lo que tornaría de irrazonable la actitud del operador jurídico.

Para poder plasmar estos cambios, vale traer a estudio el contenido de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada “Convención de Belem do Para”, aprobada en nuestro país por la ley 24.632. Si bien es cierto que los cambios sociales van tomando reconocimiento desde el plano moral y luego desde el plano del derecho, la creación de la norma no siempre hace al cumplimento de la misma. Aquí entran a actuar los operadores del sistema y lo que damos en llamar, la Racionalidad del sistema es decir, la estructura normativa y la, razonabilidad del sistema que no es más que la interpretación que tienen los operadores del sistema normativo. La mayoría de nuestras normas pueden catalogarse como de forma, siendo estas la que le dan cuerpo a las normas de Fondo, que se encuentran en nuestra constitución nacional y en los Tratados pero a no confundir nuestra carta magna en su mayoría posee normas de forma, que hacen a la eficacia de las normas de fondo tales como el derecho a la libertad y a la igualdad entre otros. Vayamos al caso concreto, en el segundo caso se tuvo en cuenta en contexto que motivo a la mujer a cometer el ilícito y no solo se lo considero sino que resultó ser el basamento para exculparla de responsabilidad penal, un extremo que en 1914 no había siquiera sido tenido en cuenta. Este cambio se gestó desde la mera interacción humana, comenzó siendo algo pensado por unas pocas que se animaron a romper con la verdad absoluta del lugar que debían ocupar en


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la sociedad, permitiendo pensar distinto a lo que el sentido común indicaba que debía ser. Muchos intelectuales lejos de seguir con esa corriente dieron sustento objetivo este cambio. Tal fue el cambio entre estos dos hechos, que en el año 1996 se sanciono la Convención de Belem Do Pará, para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer. En tal instrumento se determinan como derechos protegidos, los siguientes, a saber: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida. b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.” “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.” “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.” Por otro lado obliga a los Estados a los siguientes procesos, a saber: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de

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violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.” “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a


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programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.” Aquí se ve claramente como unos pocos con voluntad y convicción lograron un cambio que desde un punto de vista macro, teniendo ahora ambos extremos a la vista, para 1914 hubiera sido imposible. Con este instrumento internacional y en virtud de la reforma constitucional de 1994, Argentina no solo le reconoció la mujer nuevos derechos sino que tiene la obligación de que estos sean efectivamente cumplidos, quedando de este modo obligados en ese sentido todos los operadores del sistema. Para ilustrar este camino, es necesario ver cuáles fueron los parámetros que dieron sustento a las distintas etapas que hubo en la historia de la mujer y sus derechos. En ese sentido, desde el paradigma del absolutismo, el Estado no tiene limitaciones institucionales que no sea la ley divina. Para Kant “El soberano del Estado tiene con respecto a sus súbditos solamente derechos y ningún deber (coactivo) el soberano no puede ser sometido a juicio por la violación de la ley que el mismo haya elaborado ya que esta desligado del respecto a la ley popular (popolum legis). En el modelo patriarcal la mujer estaba subordinada pero no ausente, ocupaba desde el plano real lo cargo de reina o regente, pero la realidad de las mujeres de la no realeza si era otra, aunque para todas ellas el sometimiento al género del hombre era casi total. La mujer para ese entonces podía estar catalogada con admiración como Isabel I de Castilla, La Católica, o de otros modos como Juana La loca o María la Sangrienta. Hay registros de reconocimiento intelectual hacia las mujeres, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero tal como surge de los estudios históricos, las mujeres reconocidas son la minoría, y de hecho la participación social de la mujer para ese entonces tenía como razón de ser la subordinación.

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En la Revolución industrial con el aumento del excedente llegó una creciente división del trabajo. Aquéllos que ocupaban ciertas posiciones en esta división del trabajo se convirtieron en los controladores del excedente, la primera clase explotadora. En este momento, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres tomaron una importancia que nunca habían tenido antes. Con la carga del cuidado de los hijos, las mujeres tendían a ser encauzadas hacia ciertos papeles productivos y quedaban fuera de otros, fuera de aquéllos que proporcionaban el acceso al excedente. Así, por ejemplo, cuando las sociedades pasaron del cultivo con azada, que puede ser realizado por mujeres a pesar de la carga del embarazo, al uso de pesados arados o a la crianza de ganado, se tendió a desplazar a las mujeres de los trabajos productivos clave y el excedente pasó a ser controlado por hombres. Allí donde se establecieron clases dominantes totalmente desarrolladas, los miembros femeninos de esta clase dominante tendían a jugar un papel subordinado, a ser tratadas virtualmente como posesiones de los dirigentes masculinos. Así, en las sociedades pre-capitalistas, las mujeres de todas las clases estaban bajo la dominación de los hombres. La inferioridad de las mujeres llegó a ser considerada como parte del orden natural de las cosas, y estaba respaldada por elaborados sistemas de pensamiento, rituales religiosos, promulgaciones legales. Las Revoluciones liberales que trajeron a la historia el comienzo de los constitucionalismos, tuvieron repercusión también para la mujer. La revolución francesa que puso fin a la era absolutista le permitió a la mujer poder ir más allá del papel social que las limitaba al poder no formal de los salones de Madame Pompadour, Jenne Antoinette Pisson quien resultó ser una promotora de la cultura francés. Desde las revoluciones hispanoamericanas un papel importante supo tener Juana Azurduy en las guerras del Alto Perú. Otras mujeres fueron corajes en jugar un rol distinto al otorgado por la construcción social de aquel momento, como Charlotte Corday, seguidora de los girondinos quien mato a Jean Paul Marat, líder jacobino para luego morir en manos de la guillotina.


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Ya para ese entonces se registra el interés intelectual de la mujer por salir de la subordinación de género, tal como surge de las obras de Josefa Amar, “Discurso sobre la educación física y moral de la mujer” (1769) y “Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres” (1784). Para ejemplificar el camino seguido, creo sumamente ilustrativos, transcribir estas palaras, a saber:

"El hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales, hasta el extremo de que no se encontrará a nadie de entre los que los han perdido que piense siquiera en reclamarlo, ni crea haber sido objeto de una injusticia.(...) Por ejemplo, ¿no han violado todos ellos el principio de la igualdad de derechos al privar, con tanta irreflexión a la mitad del género humano del de concurrir a la formación de las leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito incluso cerca de los hombres eruditos, que el de ver invocar el principio de la igualdad de derechos (...) y de olvidarlo con respecto a doce millones de mujeres?” (Condorcet,"Essai sur l’admission des femmes au droit de cité", 1790 en PAULE-MARIE DUHET Las Mujeres y la Revolución Barcelona, 1974 Ed. Península). De este modo, ya en puesta la Revolución Francesa se advirtió la falencia que tenía en sentido al lugar de la mujer, dando luz a su contradicción de negarle a la mujer el acceso por lo que partiendo de ese modo no resulta posible afirmar que se haya conseguido un camino directo a la igualdad y a la libertad. Ya con la llegada del Constitucionalismo social, de la vertiente alemana y mexicana, la mujer alcanzo un logro instrumental al sancionarse la Convención de los derechos políticos de la mujer en el año 1959 en la cual se le otorgaba el derecho al voto, a poder ser elegidas para cualquier cargo público y para desarrollar actividades en cualquier organismo público. Y en la actualidad se ven los logros que se han alcanzado que quedan registrados en varios instrumentos internacionales como el antes descripto, y que de hecho desde el derecho interno también se plasman. En ese sentido cobra real importancia la reforma del código penal que agrava el homicidio cuando la víctima resulta una mujer y medio sobre ella una violencia de género.

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importancia a aquellos eventos que se daban dentro del ámbito familiar, por así definirlos. En un comienzo fue con la ley 24.417 ley de protección familiar donde se limitaba la intervención a los malos tratos en el ámbito familiar. Luego con la incorporación mediante la ley 26.485 de la Convención de Belem de Para donde se protege a la mujer y se obliga a los Estados en ese sentido, de la violencia por la mera pertenencia al género femenino, ya este tipo de malos tratos pasa a tener preponderancia publica, y por ultimo con la reforma que agrega el inciso 11 que agrava el homicidio a una mujer cuando el hecho sea realizado por un hombre y mediare violencia de género, no siendo posible la atenuación por causas extraordinarias que reduce la pena de 8 a 25 años para el agravante del vínculo. Hasta aquí he intentado brevemente relatar el camino que han tenido las voces de las mujeres que se animaron a intentar un cambio. Hoy hemos construido la noción que la mujer debe ser considerada desde el mismo plano que el hombre, hemos salido de la idea absoluta que el hombre debía dominarla o que la mujer era inferior. Más ello no nos debe hacer caer en la contradicción de reemplazar una idea absoluta con otra. Cierto es que a la fecha no hemos encontrado un método mejor al inductivo que nos permita recrear una sucesión de eventos en el pasado y sobre ello deducir a futuro lo que podría pasar. Con esto quiero decir que los cambios sociales poseen en común ser construcción que derivan del descontrol de la interacción humana, pero no hay modo alguno de saber si estamos frente a una verdad absoluta por lo que debemos afirmar que en principios los cambios y derechos alcanzados son relativos, lo que implica su eterna posibilidad de transformación. Ahora, los cambios que fueron sufriendo los derechos que tenían la mujer, en todo tienen que ver a la actitud de ella frente a las opresiones que había sobre ellas. Frente a las limitaciones estatales la mujer empezó hacerse escuchar y a demostrar su descontento con ellas, por lo que las

Se ha arribado a esta reforma gracias a los pasos antes dados, desde el puntapié inicial donde el Estado comienza arle

normas limitativas de su actividad pasaron a no ser efectivas, o mejor dicho no acatadas.

En ese sentido podemos decir que cuando una norma no es altamente acatada estamos frente a un hipótesis de derecho anormal, mientras que si su acatamiento es alto pasamos a una hipótesis de derecho normal, efectivo y aplicado, siendo la postura armonía que tiene como norte el derecho, por lo que en


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la hipótesis de derecho anormal es imperativo de parte de los operadores del sistema investigar que eslabón es que trunca el camino desde los sucesos, hacia la construcción de la norma y el camino de su aplicación. Con esto quiero decir que hay que mirar el conjunto de normas en su sentido amplio y no solo hacer un análisis desde el plano de la razón sino también desde la racionabilidad, como se hizo en el suceso con aristas criminales que tuvo lugar en la actualidad. La mujer ha luchado para ser libre, ha logrado que se la equipare en muchos sentidos al hombre pero aún estamos en camino a ello. El derecho, a medida que como ciudadanos demos lugar a los cambios, tomara registro de ello. Así como sociedad nos toca dar la batalla del pensar, donde solo la ilusión trae desilusión y con ella a cuestas no hay red que pueda contener la búsqueda de lo nuevo, de la incorporación o extracción de un elemento en la construcción de conceptos. De este modo es que la mujer emprendió el largo camino para que sus reclamos sean escuchados, venciendo los parámetros preestablecidos que le otorgaban un lugar sumisión, alcanzando la realización de instrumentos que le daban la capacidad y la obligación a los Estados partes de igualarlas desde el plano cívico, y hasta la obligación de defender al género del ataque por la sola pertenencia a éste. Después de todo comienzo a pensar que lo que tenemos en común es que no somos iguales y quizá desde la aceptación de las diferencias podamos integrarnos y desde allí construir un ordenamiento que nos reconozca a todos, con nuestras diferencias, a base del respeto y de la libertad garantizada por parte del Estado para desarrollarnos, para poder así ser constructivamente iguales.

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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS Africa, violencia, olvido y desconocimiento. por

Analía S. Guaraglia (Julie, Spes)

Una vez más nos disponemos a encarar una búsqueda en las cornisas de lo conocido. Levantamos un poco la pestaña de lo posible, y nos sumergimos en el mundo-Africa. Por

Mercedes Rossi

A primera vista, uno diría que se trata de un país, y no de un continente. De hecho, al poner el vocablo "Africa" en el buscador más típico que nos ofrece hoy en día Internet, la cantidad de resultados asciende a mil doscientos sesenta millones, mientras que, por el contrario y sorprendentemente, si colocamos "South Africa" (en inglés, y sede oficial de la remanida institución del apartheid), los resultados son superiores: mil seiscientos noventa millones. Al buscar el origen del nombre de este continente (expresión griega, que signifca "caluroso, o expuesto al sol"), el final predeterminado de las palabras de búsqueda nos completa la conjunción de "Africa" y "origen de" (nosotros íbamos a nombre), con el más fundacional "origen del hombre". Es que aquí, según parece, empezó la historia bípeda y diferenciada de eso que hoy llamamos el ser humano. Sin embargo, poco generalmente es lo que sabemos del continente africano. A veces escuchamos a viajeros que, retornados de algún tour por Europa o EEUU, se quejan de que no se conozca allí qué sucede en nuestro país. Nos preguntamos si nosotros tenemos alguna idea acabada (o por lo menos comenzada) de qué es lo que pasa en este continente, al cual imaginamos lleno de leones, safaris y anacondas. Lo que pasa, según vemos cuando empezamos a detener la vista, es bastante similar, aunque mucho más atroz y desconocido, que lo que nos sucede aquí, en nuestra querida Latinoamérica. En ambos casos, tenemos extensos continentes plenos de recursos naturales, pero carentes originariamente de los ejércitos y la tecnología que, en el momento del encuentro con las urbes europeas, poseían éstas. En ambos casos, también, se trata de países que fueron "colonizados", explotados y utilizados por otras civilizaciones, cuyo lenguaje fue arrasado, su cultura y sus modos de vida. Tanto Africa como América, vieron cómo se diezmaban sus

poblaciones, y cómo sus habitantes eran trasladados y esclavizados. Luego, con la oleada de descolonización, ambos continentes presentaron regímenes dictatoriales, desapariciones y secuestros. Desde el punto de vista lingüístico, al ser ambos contienentes invadidos, donde queda una proporción menor de los habitantes originarios (y casi absolutamente nada de los sistemas políticos u organizaciones económicas que los nucleaba), tanto Africa como América hablan el lenguaje de los conquistadores: el idioma oficial de intercambio es el inglés, o el español, o el francés, o el portugués. Esto se observa claramente al momento de realizar una pequeña y humilde investigación sobre tan basto tema. La mayoría de los papers publicados están en inglés. Para peor, no solo eso, sino que provienen de varias universidades inglesas. Entiéndase bien, no es que nos parezca deleznable tal apoyo, sino que nos sorprende encontrar que el origen de conocimiento y producción del saber sigue siendo foráneo. Es el conquistador el que, desde lejos y con una visión foránea, empieza a intentar comprender qué es lo que allí sucede (cuando, como bien muestra la película "El señor de la guerra", las armas, las enfermedades y las drogas vienen también de estos centros de poder). En medio de estas realidades binarias, con culturas maniqueas (una visible y fomentada por el comercio, y otra soterrada, que practica todo el tiempo una adaptación y traducción de modos), los fenómenos de violencia se exacerban. Tal vez por la historia de guerras, o porque la violencia sigue presente cotidianamente, forzando un esquema de poder y de manipulación del consenso que trunca y fragmenta las relaciones sociales. Nuevamente, vuelve a sorprender el lugar donde encontramos información, a la hora de aprender sobre la violencia de género. Como en otras épocas donde existían las colonias, el espacio desde donde se forma el saber es reducido. La mayoría de los informes encontrados provienen de los centros de poder (ya decía Foucault, el poder genera efectos de verdad).


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Informes En este caso en particular, hallamos un informe compilado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la OMS, y el Consejo Sudafricano de Investigación Médica. Allí se observa que un arrasador porcentaje de 45,6 % de las mujeres del continente alguna vez experimentaron violencia sexual o física, ya sea por un compañero íntimo u otro individuo. El porcentaje de violencia sufrido en general en otras partes del mundo por las mujeres es mucho menor: 35%. A su vez, en América Latina y el Caribe, los niveles de violencia contra la mujer afectan de entre 17% a 53% de la población de mujeres en cada país de la región. El promedio de todo el continente es de 38%. En Africa, un 38 por ciento de todos los asesinatos de mujeres son cometidos, según se denuncia, por sus parejas. Mientras que el 42 por ciento de las mujeres que han experimentado actos de violencia de parte de sus parejas, han sufrido lesiones. En el caso de la violencia sexual no proveniente de cónyuges, se culpó a las mujeres por desviarse de los roles sociales aceptados, por estar en el lugar equivocado, o por usar ropa "errónea". En lo que hace a la violencia de las parejas, se culpó a las mujeres por hablar con otro hombre, por negarse a tener relaciones sexuales, o por no pedir permiso a sus parejas para salir de la casa, por ejemplo. Todo esto da cuenta de la escala valorativa predominante y, sobre todo, de la distancia que hoy mismo hay que recorrer entre, por un lado, los roles socialmente aceptados que pueden desempeñar las mujeres, y el modelo interpretativo que aportan los instrumentos internacionales y tratados. Estos últimos plantearían un horizonte de posibilidad deseable que, más que en cualquier otro continente, requiere cambios de forma y de fondo en las valoraciones sociales vigentes. De aquí la importancia de la educación en la generación de nuevos modelos. Según la OMS, la violencia familiar es un problema global que afecta a millones de mujeres. En un estudio de 2005, dicho organismo observó que el 56 por ciento de las mujeres de Tanzania y el 71 por ciento de las mujeres de la zona rural de Etiopía habían reportado golpes u otras formas de violencia por sus maridos o parejas íntimas. Sin embargo, la violencia contra las mujeres excede los golpes. Incluye casamientos forzados, traspasos de dote no consentidos, violaciones en el seno del matrimonio, acoso sexual, intimidación en el trabajo y en las instituciones educativas, embarazos impuestos, abortos inducidos, esterilización forzada, tráfico y prostitución.

Es decir, la forma de expresión de la violencia en Africa es diferente, porque abarca modos posibles que exceden un golpe o una violación, y que tienen que ver con la más terrible y básica cosificación de la mujer, privándola de toda entidad. Como decía Kelsen, persona es, simplemente, un centro de imputación de normas. Muchas veces, las mujeres no llegan a tener este estatuto. Por tanto, ejercer violencia sobre ellas o infringir sus derechos no constituye, para muchos modelos culturales, una ofensa cometida sobre un sujeto, sino una cuestión más llana y terrible: la manipulación una cosa. El informe recientemente confeccionado por la OMS se refiere a la necesidad urgente de integrar (en el sentido de comprender) la correlación entre la violencia contra la mujer y la salud de la mujer en los programas universitarios de carreras relacionadas con la salud. A su vez, se destaca la importancia del acceso a cuidados posteriores a una violación, los cuales deben suceder, al menos, dentro de las setenta y dos horas de cometido el delito. Recientemente, se realizó una reunión con los Ministros de Salud de los 47 estados miembros de la OMS en Africa, culminando la sesión número 63 en el Congo. Allí, acordaron la adopción de resoluciones que versan sobre puntos fundamentales: la salud de las mujeres, el SIDA, la salud y la relación con Internet, la medicina tradicional, la salud de los ancianos, Reglas de Procedimiento para el Comité Regional, y una estrategia local para el tratamiento de enfermedades tropicales no previstas. Los Ministros observaron que el 44% de las muertes que se suceden a nivel mundial ocurren en la Región Africana, principalmente debido a enfermedades de trasmisión sexual, complicaciones relacionadas con el embarazo o partos, y deficiencias nutrionales. A los fines de tratar esta problemática, adoptaron una resolución solicitando a los países a que, entre otras cosas, den prioridad a las mujeres en el desarrollo de sus agendas políticas, quiten obstáculos para que las mujeres puedan acceder a recursos financieros, a la propiedad y a la salud, y brindar herramientas a las mujeres (empowerment) a través de la educación. La mentada resolución se generó en base a un informe de la Comisión para la Salud de la Mujer en la Región Africana, intitulado, "Encarando el desafío de la Salud de la Mujer en Africa", el cual subraya la necesidad de un enfoque a largo plazo para obtener logros rápidos y duraderos en el bienestar físico, mental y social de la mujer. En el ya citado informe de la OMS, publicado en el año 2012, se recuerda que: "Las intervenciones dirigidas a mejorar la salud de la mujer que únicamente se concentren en las cuestiones de salud pública pierden de vista la interacción fundamental entre la salud y otros factores sociales. Reconocer tal interconexión es


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el punto inicial para repensar multisecorialmente las estrategias sobre el cuidado de la salud que esta Comisión demanda en la Región Africana". En dicho informe, se enuncia que el estado de la salud maternal en Africa es deplorable. La mitad de las muertes producidas en partos en el mundo suceden en ese continente. Muchas mujeres simplemente se desangran después de dar a luz, ya que no cuentan con profesionales que las auxilien en esa tarea. En Europa, mueren 20 mujeres de cada 100.000 partos, mientras que en Africa fallecen 480. En el otro extremo de la escala etaria, muchas mujeres adultas presentan enfermedades cardiovasculares, cáncer, o enfermedades respiratorias que no son controladas por los encargados de cuidar la salud. Tales condiciones están aumentando. Uno de los principales desafíos, entonces, según afirma el informe, es poder generar mayor financiación en el área de salud para las mujeres. En el caso de la violencia sobre la mujer, la coerción y la violencia sexual son prevalecientes en muchos países y tienden a incrementarse en situaciones de crisis como desastres naturales y conflictos armados. La violencia sobre la mujer se vuelve particularmente perniciosa en ciertas prácticas tradicionales invasivas, como la mutilación genital de las niñas la cual, se estima, se inflige sobre más de dos millones de niñas entre cuatro y doce años, cada año, mientras que más de 92 millones de niñas y mujeres, según se considera, viven con la indignidad y dolor resultante de tal práctica. Muchos países de la región sub-sahariana han sancionado normas que penalizan la práctica, pero dicha legislación debe ser complementada por esfuerzos más amplios que incluyan la educación pública y la participación de organizaciones profesionales, así como la interacción con las comunidades que puedan explicar el por qué de la perpetuación de dicho acto. Veamos, entonces, dos ejemplos puntuales de países africanos, y cómo han lidiado con este flagelo.

Sudáfrica En el caso de Sudáfrica, ciertos asesinatos de adolescentes visibilizaron la cuestión de la violencia contra la mujer, con las muertes de Anene Booysen y Thandeka Madonsela. En el caso de Anene Booysen, después de haber sido violada y sufrido vejaciones terribles, cuando estaba al borde de la muerte, susurró a los médicos el nombre del hombre que la había atacado y la había dejado muriéndose al borde de una obra en construcción, con los intestinos saliéndosele del abdomen. Dijo "Zwai". Al día siguiente, la policía arrestó a dicho individuo, de 22 años, y a otro hombre.

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El ataque, producido en febrero, provocó tal rechazo, que se transformó en un símbolo de la epidemia de violencia contra las mujeres en Sudáfrica. Cuando arrestaron a dos sospechosos más, se supuso que se condenaría al culpable del crimen de Anene Booysen. Sin embargo, justo cuando el juicio iba a empezar, los fiscales anunciaron que, si bien contaban con la declaración de Anene en su lecho de muerte, no tenían suficientes pruebas para condenar, por lo que los acusados fueron liberados. Alrededor de sesenta y cuatro mil casos de abuso sexual son reportados cada año, y Sudáfrica tiene una de las incidencias más altas de violaciones en el mundo. Los estudios muestran que el número sería bastante mayor, ya que cientos de miles de casos no son denunciados. De los que sí lo son, menos de un diez por ciento culmina en condenas, en virtud de la corrupción policial, y de un sistema judicial que no se toma en serio el delito contra las mujeres. Un estudio realizado en el 2009 por el Consejo de Investigación Médica, encontró que un cuarto de los hombres admitían haber violado a alguien, y casi la mitad de ellos mencionaban que habían cometido ese tipo de actos más de una vez. Otro estudio en un pueblo pequeño de la Provincia de Mpumalanga examinó alrededor de 250 violaciones denunciadas entre 2005 y 2007. Se arrestaron sospechosos en un sesenta por ciento de los casos, pero más de dos tercios de ellos nunca llegaron a juicio. En última instancia, solo nueve de los acusados fueron condenados, y únicamente siete fueron enviados a prisión. Algunos hombres que eran sospechosos de más de cinco o seis violaciones nunca llegaron a la instancia judicial. Los analistas culpan a la historia y cultura de Sudáfrica, una sociedad profundamente patriarcal que no toma seriamente los delitos cometidos contra las mujeres y donde, diecinueve años después del final del Apartheid, el sistema judicial penal lucha para transformarse, habiendo cumplido el rol exclusivamente de proteger a la minoría blanca, en una fuerza profesional que luche contra el delito en toda la comunidad. En general, la policía no toma seriamente las denuncias de violación, y no llega a realizar tareas de investigación básicas, como recoger evidencia forense. Las víctimas se ven intimidadas por los culpables, quienes prontamente son liberados bajo fianza. En algunos casos, los jueces de apelación no culpan en sus veredictos, porque simplemente no les creen a las víctimas. En este caso puntual, entonces, el grado de necesidad de cambio excede la existencia o no de normas pertinentes que condenen ciertos delitos, ya que el cambio cultural que debe producirse para penalizar estos actos tiene que ver con lograr modificar la valoración axiológica: el platillo de la moral gira de modo ambivalente, permitiendo o no, según sea más conveniente, que estos casos de violencia pasen sin condena.


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Kenia En el caso de Kenia, la ley actual contra la violencia familiar fue sancionada hace unos años por un incidente en particular, sumamente dramático. En diciembre de 1998, un oficial de policía del país, Felix Nthiwa Munayo, llegó a su casa tarde y solicitó a su esposa algo de carne para la cena. Como no había carne en la casa, golpeó a su esposa, Betty Kavata. Con parálisis y daño cerebral, la Sra. Kavata murió cinco meses después, a los veintiocho años. Al contrario de muchas otras muertes, esta no pasó sin pena ni gloria. En este caso, como en muchos otros, el poder de los medios de comunicación sirvió para visualizar el horror. Los medios de Kenia cubrieron extensamente la historia. Las imágenes de la mujer generaron debate nacional sobre la violencia familiar. Siguieron cinco años de protestas, marchas y lobby de ONGs, y de legisladores horrorizados. Finalmente, el gobierno sancionó una norma contra la violencia familiar, que criminaliza tales casos. Aquí, el poder de una muerte en particular, vuelta relato, y apoyada, ya sea por su morbosidad o por la indignación que causara, por los medios hegemónicos sirvió, tras de muchos esfuerzos, para generar un cambio en las normas. La moralidad social, o el horror, llegó antes que el derecho. Se había producido un cambio en las valoraciones sociales, que el sistema debía acompañar. Parece ser que hay, afortunadamente, un límite para el horror.

¿Cuestiones culturales? Los actores de la violencia de género suelen tener una historia de comportamiento violento, han crecido en hogares violentos y a menudo utilizan alcohol y drogas. En una serie de entrevistas realizadas en el marco de un informe de las Naciones Unidas, se afirmó que, en Africa y Asia, el derecho de un esposo a golpear o intimidar físicamente a su mujer resulta ser una convicción fuertemente enraizada. Incluso, en las sociedades donde las mujeres parecen tener un mejor status, se tolera una cierta cuota de violencia contra las mujeres. Un estudio sobre la violencia familiar en Uganda, realizado por el Human Rights Watch, halló que las familias justificaban forzar a las viudas a ser heredadas por otros varones de la familia con la excusa de que todos "habían contribuido al precio de la novia" y que la mujer era "propiedad familiar". Así, si una mujer deseaba el divorcio o la separación, debía reembolsar la dote.

La OMS observó que las mujeres que contaban, al menos, con educación secundaria eran más capaces de negociar autonomía y control de recursos dentro del matrimonio, y tenían más opciones con sus parejas y a la hora de elegir con quiénes casarse. A su vez, la incidencia de niveles de violencia familiar era menor. En base a este informe, y otros, volvemos nuevamente a la convicción de que la educación es y puede ser siempre un instrumento de cambio. El poder de la información, junto con el acceso a formas de control o denuncias, termina de cerrar el círculo.

Avances Las mujeres africanas también han trabajado activamente para lograr mecanismos de protección. Esto incluyó impulsar la ratificación de tratados internacionales e instrumentos tales como la Convención de 1979 de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres. Ese cuerpo normativo compromete a los gobiernos a adoptar medidas para evitar prácticas discriminatorias, como los matrimonios tempranos, la prohibición de que las mujeres hereden propiedad, o el relegarlas a un estatus secundario. Sin embargo, pocos países han cumplido con los compromisos establecidos en la Convención. Pocos recogen información sobre violaciones para evaluar el impacto de las mismas, peor aún, menos han legislado para evitar los abusos. En el 2011, solo 21 países subsaharianos poseían legislación específica contra la violencia doméstica. En lo que hace a las prácticas específicas y su eficacia, la policía no se muestra muy interesada en la violencia familiar, menciona una defensora de los derechos de la mujer en Kenia, Mary Wandia. A menos que una mujer pueda mostrar evidencia física de la violencia sufrida, la policía y las autoridades no se muestran proclives a ayudarla o asistirla. Muchas comunidades condonan formas de violencia, o las aprueban tácitamente. En el proceso de cambio, es sumamente relevante sensibilizar a los operadores del sistema. Por ejemplo, en Ruanda, se han creado oficinas de informes de género en las comisarías, las cuales son atendidas principalmente por mujeres. Así, se aseguran poder recolectar pruebas para el momento del juicio. Del mismo modo, cuando el gobierno de Burkina Faso sancionó una norma contra el corte de genitales en 1996, lanzó una campaña de educación pública para ganar eficacia. Agregaron la problemática a los programas de enseñanza y abrieron una línea telefónica para ayudar a las niñas en riesgo.


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Como resultado, el número de condenas se ha incrementado y el apoyo público a esta práctica ha disminuido. Aún así, incluso las buenas leyes pueden fallar si el proceso es demasiado caro. En Kenia, por ejemplo, algunas mujeres han dejado pendientes juicios durante años porque sus causas eran llevadas adelante por defensores públicos que manejaban demasiados casos. Deben existir, a su vez, servicios jurídicos gratuitos, así como abogados que estén bien entrenados en auxiliar a las víctimas a adoptar una decisión informada.

Conclusiones inconclusas Entonces, podemos ver cómo muchas veces el nivel de horror y violencia tiene que ver con el nivel de desconocimiento y soterramiento intencionalmente provocado. ¿Cuántos manuales de secundario dedican más de dos páginas seguidas a referirse a Africa? ¿Cuántos países africanos, con sus capitales, podemos nombrar, sobre todo los que nos consideramos instruidos? La pregunta siguiente es obvia, ¿instruidos en qué?

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Resulta ser innegable que, en el estado actual de evolución jurídica, y contando con los instrumentos internacionales que, afortunadamente, tenemos, el modelo interpretativo que la mayoría de los países del mundo ratificaron (con excepción de colosos en la violación de derechos de sus nacionales y de extranjeros, como EEUU) marcan la necesidad de respetar ciertos principios y ciertos valores: la igualdad, la libertad, el respeto por la niñez, la dignidad y la integridad física. Este paper tiene, humildemente, una intención muy grande. Acercar un granito más de arena al conocimiento, que ojalá se torne curiosidad, de ese mundo tan extraño que es Africa. Hermanados en la exótica categoría de "países subdesarrollados", muchas de las tragedias de este continente nos son conocidas. Intentemos que ellas no se multipliquen para conveniencia de unos pocos. Ni Africa ni América son patios traseros, como se solía llamarnos, y ninguno de ellos dos se encuentran despoblados. Tratemos de no seguir diezmándonos con la subestimación y la indiferencia.


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PONENCIAS ANTE LAS JORNADAS La criminalización de la pobreza y el rol de los medios de comunicación. Por la

Dra. y Lic. Tatiana Hirschhorn

A veces no estoy tan seguro de que alguien aquí tenga derecho a decir quién está loco y quién no. A veces Por Mercedes Rossi pienso que ninguno de nosotros está del todo loco ni del todo sano hasta que la mayoría de nosotros le dice que lo está. Esto como si no importara mucho lo que uno hace, sino el modo en que nos ven los demás cuando lo hacemos. William Faulkner, Mientras agonizo.

El objetivo del presente trabajo consiste en demostrar el rol de los medios de comunicación en el marco de la conformación de estereotipos, partiendo de la premisa de que los medios de comunicación realizan comunicación política. En este orden de ideas, la hipótesis del presente trabajo es que a través de los medios de comunicación se construye una imagen de la pobreza que aparece, como si fuera una relación de causalidad necesaria, asociada a la delincuencia y a una escala de valores éticamente cuestionada. A partir de esta caracterización, los medios de comunicación pretenden influir en las decisiones que el Estado adopta con relación al tratamiento de la pobreza, en particular, desviando las decisiones estaduales hacia el interés propio de la clase a la cual dichos medios pertenecen: la clase alta que detenta la propiedad privada de los medios de comunicación. Dicen de mí.El presente trabajo cuenta con las opiniones de adolescentes en situación de pobreza que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se sienten discriminados a partir de cómo

los medios de comunicación se refieren a jóvenes en idéntica situación. Asimismo, se han analizado diversos informes televisivos y notas periodísticas aparecidas durante el año 2010 y los primeros meses (enero y febrero) del año 2011 que versan sobre esta cuestión y que han pretendido influir en el tratamiento que el Estado otorgó a cada una de dichas temáticas. Una serie de entrevistas realizadas el día sábado 9 de octubre de 2010 a un grupo de diez adolescentes que habitan en distintas zonas carenciadas de la Ciudad de Buenos Aires permitió construir la hipótesis de este trabajo. Cristian tiene diecisiete años y no asiste al colegio porque está trabajando como ayudante de albañil, junto con su tío. Se siente muy discriminado en la villa; viene de Villa Oculta, “una de las peores hasta el día de hoy”. Se siente discriminado por su vieja y también por la policía. Labura y es alguien porque si no labura, es un fisura, que aquello y que lo otro. Catalina no vive en una villa; vive en una casa en San Cristóbal que heredó y está en pésimas condiciones. Ella no se siente discriminada por vivir en la villa, sino que se siente discriminada porque los medios de comunicación señalan que sólo quienes viven en la villa son pobres. Catalina no vive en una villa y sin embargo, también es pobre. Por este tipo de caracterizaciones, no accede a planes sociales, pues se entiende que sólo quienes viven en la villa viven mal.


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Carolina trabaja como pasante en un centro de salud en Lugano y los médicos que tienen que visitar los colegios de la zona dicen que no pueden dejar el auto cerca de las villas. Carolina dijo que eso le “rompe soberanamente”, porque ella vive en la villa y que “Si vivís en tal lugar es porque no podes vivir en otro”; “Hay pibes que van a robar y se meten en la villa, pero no viven ahí”. Carolina hace hincapié en la imagen que los medios transmiten respecto a cómo deben vestirse los adolescentes –zapatillas grandes, remeras largas, gorrita– que viven en las villas, pues ella vive en una y no se viste de esa forma. También cuenta que conoce gente que en entrevistas laborales, luego de contar dónde residen, les dicen “después te llamo” y ese llamado nunca llega. Diego vive en Zabaleta y dice que la relación entre los jóvenes y la policía es conflictiva, señalando el sistema de transas económicas como forma de supervivencia que encuentran los jóvenes para evitar ser judicializados. Atento que en la Ciudad de Buenos Aires el año 2010 estuvo signado por el conflicto a partir del estado edilicio de los colegios secundarios y la toma de los establecimientos educativos por parte de los estudiantes, de los diez adolescentes entrevistados, sólo Catalina -quien asiste al colegio Claudia Falcone, del barrio de San Cristóbal- relató que su colegio estaba tomado. Es decir que los otros nueves adolescentes , que asisten a colegios ubicados en distintas villas de la Ciudad, continuaron con regularidad el ciclo lectivo. Dicen que dicen, andan diciendo.Con relación al tratamiento que los medios de comunicación en radio y televisión realizan de la pobreza cobran especial relevancia los hechos sucedidos en torno al conflicto suscitado en el “Parque Indoamericano” , que fuera ocupado en los últimos días de diciembre de 2010. En este sentido, la fuente utilizada es el informe redactado en forma conjunta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) que conforman el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión desde el año 2005. El objetivo general de dicho informe fue examinar si el tratamiento informativo sobre la toma del Parque Indoamericano entre los días 7 y 11 de diciembre de 2010 efectuado por distintos medios radiales y televisivos involucró prácticas discursivas discriminatorias. En su análisis, este trabajo considera que un primer acercamiento a los titulares con los que se presentaron estas noticias permite observar algunas regularidades discursivas: la mayoría de las emisoras caracterizó la relación entre los dos grupos sobre los que recayó la focalización, como una relación de enfrentamiento, “okupas vs. vecinos”; “usurpadores vs. vecinos” , “manifestantes contra policías” (aunque en algunos

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casos se habló de familias y vecinos para referirse a quienes permanecían dentro del Parque). Esta polarización primó y muy pocos medios mostraron la heterogeneidad propia de estos colectivos o dieron cuenta de la existencia de terceras posiciones en el ámbito de lo social. La conclusión consiste en que en varias de las coberturas informativas analizadas existieron formas discursivas que, sobre la base de estructuras simbólicas discriminatorias, sirvieron para deslegitimar las acciones, segregar y rechazar la presencia de grupos de personas por sus características personales.

El tratamiento brindado en torno a la problemática del acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y las distintas noticias relativas a otras tomas de terrenos a la misma fecha puede ser considerado como una forma de instalar en la agenda pública no sólo esta temática, sino que también sirvió como punto de partida para discutir la “calidad” de la migración en nuestro país.

Por otra parte, con relación a los medios de comunicación gráficos disponibles on-line, el análisis del asesinato de un hombre en la localidad de Tolosa, Provincia de Buenos Aires, sucedido en el mes de enero de 2011, y el tratamiento otorgado a esta noticia, puede ser considerado como un puntapié para poner en agenda un proyecto de ley relativo a la baja en la edad de imputabilidad, relacionando en forma directa la pobreza con la delincuencia y que actualmente tiene estado parlamentario. Los mismos hechos; otra lectura posible. Las noticias analizadas constituyen formaciones que operan como discursos de clausura: cierran, no permiten la mirada cercana, simplifican y funcionan como obstáculos epistemológicos para el conocimiento del otro, transformándose en barreras epistemológicas que encierran a los adolescentes pobres en una otredad y simplifican el análisis de los fenómenos, negando la posibilidad de un análisis coyuntural que permita la elaboración de estrategias tendientes a lograr una solución satisfactoria y respetuosa de la individualidad de cada uno de los jóvenes involucrados en la comisión de delitos . La imagen que desde los medios se difunde de sus lugares de residencia objetiviza y condiciona a los adolescentes pobres indicando que, en función del lugar donde residen, sus opciones de vida están limitadas. En este sentido, es preciso aclarar que la pertenencia al grupo indicado parte de la propia consideración de los jóvenes que se autodenominan como integrantes de este colectivo social a partir del hecho de compartir el lugar de residencia y ciertas formas de vida, costumbres, gustos e intereses comunes. No se trata de un colectivo de líneas demarcadas en forma rígida, sino que es


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sustancial la pertenencia que cada uno de ellos siente respecto a las pautas de referencia. La construcción de estereotipos a través de los medios de comunicación no es un fenómeno privativo de nuestro país. No obstante, el caso argentino presenta ciertas particularidades, producto de la cultura política argentina y del rol de los medios de comunicación en nuestro país. Las noticias antes señaladas y la propia sensibilidad de los adolescentes entrevistados frente a dicha caracterizaciones permite tener por cierta esta apreciación. El sentirse discriminado por cierto, no es una condición objetiva, sino que parte de la sensibilidad de cada uno de los jóvenes. El concepto de cultura será entendido, tal como lo proponen Almond y Verba (1963), como “orientación psicológica hacia objetos sociales”, quienes consideran que “Cuando hablamos de la cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población. Las personas son inducidas a dicho sistema, lo mismo que son socializadas hacia papeles y sistemas sociales no políticos. Los conflictos de cultura políticas tienen mucho en común con otros conflictos culturales y los procesos políticos de aculturación se entienden mejor si los contemplamos en los términos de las resistencias y tendencias a la fusión y a la incorporación del cambio cultural en general” . En consonancia con esta definición, cabe pensar a los medios de comunicación y a los comunicadores sociales como agentes activos en la construcción de la cultura política de una sociedad pues en nuestro país son ellos los que construyen una imagen de la juventud y la pobreza asociada a la delincuencia y al consumo de drogas –como ejemplo de la escala de valores culturalmente controvertida que fuera señalada en un principio–. Las raíces históricas de esta cultura política y la preponderancia que han adquirido los medios de comunicación en la Argentina en tanto comunicadores políticos se explican teniendo en consideración dos circunstancias. En primer lugar, la necesidad que tenemos las personas de vernos reflejados en otro para, desde esa imagen que el otro tiene de nosotros mismos, construir nuestra identidad. El hombre, en tanto animal simbólico, no reacciona a los acontecimientos, ante las cosas que efectivamente suceden y que han ocurrido ya, sino a las “expectativas de acontecimientos”. Lo que el hombre sabe – sus conocimientos, sus previsiones-, tiene sobre él un efecto reflejador que se descuenta por anticipado. Lo que se espera de los adolescentes en situación de pobreza, conforme los medios de comunicación, es que consuman drogas y cometan delitos. Que aquella relación se efectivice constituye la consumación de las profecías (creídas) que se autorrealizan. En este sentido, los medios de comunicación construyen una imagen que luego se constituirá como espacio autorreferencial de los adolescentes en situación de pobreza, que los condiciona y los cosifica. El trabajo de Becker (2010) relativo a las personas que consumen marihuana da cuenta de este fenómeno cuando

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sostiene que “Tratar a un individuo como si fuera un desviado en general, y no una persona con una desviación específica, tiene el efecto de producir una profecía autocumplida. Pone en marcha una serie de mecanismos que conspiran para dar forma a la persona a imagen de lo que los demás ven en ella (Ray, 1961)”. Un segundo elemento a considerar a la hora de analizar el rol de los medios de comunicación como comunicadores políticos, es la historia reciente de nuestro país. En ese sentido y siguiendo a Álvarez Leguizamón (2003) durante la década de los noventa la Argentina –junto con el resto de los Estados Latinoamericanos– experimentó profundas transformaciones derivadas de la aplicación de las políticas públicas y, en especial, de las políticas sociales. En estas últimas, emergieron nuevas formas de gestión de la pobreza a través de las denominadas políticas de desarrollo social como forma predominante de intervención social sobre un mundo cada vez más creciente de pobres. Entendiendo al desarrollo social como la materialización, a nivel de políticas sociales nacionales, del discurso del desarrollo humano y a la “focopolítica” como la herramienta que el desarrollo social utiliza para llevar adelante el “ataque a la pobreza” la autora ve un quiebre con los artes de gobernar anteriores. Álvarez Leguizamón entiende que en tanto el “Desarrollo Humano” promueve paradojalmente políticas de acceso a apenas ciertos mínimos biológicos no tan humanos, por otra parte dice fortalecer capacidades (por medio del incentivo a la participación, la capacitación para la gestión y el reforzamiento de las redes primarias). Este paradigma busca convertir los recursos escasos para los pobres en satisfactores de sus propias necesidades, promoviendo la comunidad como lugar de realización de capacidades y estableciendo la autogestión de la propia pobreza y la producción informal; en tanto que en forma paralela coexiste otro mundo: el de la lógica del mercado y la economía política, el lucro y la competencia. Es decir que este fenómeno, al que la autora de referencia llama “focopolítica” significa el paso de una economía política de la población a una economía política de las asociaciones intermedias y de la comunidad. Entiendo que la “focopolítica” supone trasladar la responsabilidad por los éxitos y/o fracasos de las medidas adoptadas por el Estado en cabeza de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes tienen sobre sí la tarea de gestionar las herramientas brindadas por el Estado y lograr con ello la solución a su situación de vulnerabilidad. En particular, esta visión de la pobreza como una situación circunstancial condiciona a los jóvenes de escasos recursos para que ellos mismos se consideren los únicos responsables de su situación actual, omitiendo de esta forma el análisis de la pobreza y la delincuencia como fenómenos estructurales. Las dos circunstancias descriptas (la construcción de estereotipos en cabeza de los medios de comunicación y la


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“focopolítica”), junto con el alcance masivo que tienen en la actualidad los medios de comunicación –producto del desarrollo y aplicación de diversas TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación Social) – han acrecentado la relación entre lugar de residencia, pobreza y delincuencia que desde los medios se propaga, teniendo como resultado inmediato el proceso caracterizado como “criminalización de la pobreza”. Mientras los medios de comunicación se constituyen en un espacio de referencia en las sociedades actuales, la focopolítica fue el punto de vista desde el cual se consideró a la pobreza como un estadio susceptible de ser modificado por sus propios actores, sin tener en consideración las raíces estructurales del proceso. Al respecto, Míguez (2010) considera que “Como sabe cualquiera que escuche radio o vea televisión no parece existir un consenso claro entre los supuestos expertos mediáticos y los políticos acerca de cómo relacionar la precariedad material con la proclividad a cometer delitos. Mientras algunos sostienen que efectivamente la pobreza genera delito, otros afirman que no es así. Muchas veces hay cuestiones ideológicas involucradas en el debate. Por ejemplo: algunas personas que opinan desde una perspectiva humanista (o progresista) tratan de desvincular el crimen de la marginación social. (…) Desde un ángulo ideológico radicalmente opuesto se suele sostener un argumento similar según el cual, finalmente, la pobreza y el acto delictivo se moverían en esferas separadas”. Para Míguez (2010), si bien puede pensarse que la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el delito incrementan la probabilidad de que la inseguridad se vuelva un problema social, hay múltiples condicionantes de esa relación, lo que hace muy difícil pensar en vínculos lineales o determinaciones que permitan predicciones certeras. Las conclusiones a que llega permiten señalar que la relación entre pobreza y delito está mediada por un extenso conjunto de factores que hacen que a veces ésta se verifique, pero en muchos casos no existe tal asociación. En consonancia, la asociación entre las variables lugar de residencia; consumo de drogas y comisión de delitos constituyen un espacio de referencia creado por los propios medios de comunicación, que realizan lo que Serrano (2009) llama “sesgo informativo”, es decir, informan de forma intencionalmente desequilibrada, ocultando una posición ideológica concreta en detrimento de una información plural y rigurosa. Lo dicho hasta aquí debe ser considerando habiendo encuadrado a los medios de comunicación dentro del marco político-económico del cual se nutren y al cual contribuyen. Esta relación es fundamental para comprender el lugar sociopolítico de los medios, su relación con el proceso social y su posicionamiento dentro de las tensiones en las que intervienen. inseparable conexión entre los medios masivos de comunicación y los representantes del mapa sociopolítico

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“extramediático” oficial, una relación de mutua ratificación que sirve a ambos agentes como guisa de definición del contexto social en el que actúan y del cual son instituciones destacadas” . Por esta razón, es preciso tener en cuenta que el año 2009 estuvo signado en la Argentina en lo que hace a la radio y la televisión por la puja política que significó la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y por otra parte, en torno a los medios gráficos, la discusión relativa a la propiedad y al accionar de Papel Prensa. Al respecto, Vommaro (2008) entiende que las transformaciones de la relación entre medios de comunicación y espacio político en la Argentina se relacionan de esta forma con diferentes procesos: modificación de la estructura de propiedad de los medios, ascenso de los periodistas como categoría mediadora –de la “sociedad” y hacia “la política”-, crisis de la sociabilidad político-partidaria cara a cara como vínculo político dominante y aparición de nuevas prácticas proselitistas (encuestas, marketing, caravanas, campañas mediáticas) . Estrategias posibles frente a esta problemática.La actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual brinda una herramienta novedosa, aunque restringida a la radio y a la televisión. El artículo 3 de dicha norma establece como uno de los objetivos para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones “La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas”. En lo que aquí interesa, otro de los objetivos consagrado por la norma es “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”. Luego, el artículo 70 de la norma mencionada indica que la programación de los servicios previstos en dicha ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes. La cuestión planteada cobra especial relevancia si tenemos en consideración que el Decreto N° 1225/2010, reglamentario de la Ley N° 26.522, no incluyó la reglamentación del artículo 70, lo cual significa que hay un amplio espectro que ha quedado desprovisto de regulación normativa, dejando un campo a


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explorar en materia de responsabilidad de los medios de comunicación respecto a la conformación de estereotipos estigmatizantes. A la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que goza de jerarquía constitucional, conforme lo establece el artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considera que ni la posición económica ni el lugar de residencia pueden convertirse en un factor de discriminación hacia las personas que revisten tales características. Esta herramienta es, en principio, suficiente para establecer que a la hora de relacionar el lugar de residencia y/o la posición económica de los jóvenes con fenómenos tales como la delincuencia, los medios de comunicación debieran ser lo más cuidadosos posible, haciendo expresa mención a las fuentes de información utilizadas y a datos duros concretos; en tanto la relación causa-consecuencia que los medios suelen establecer carece de asidero científico. Además, dichas observaciones carecen de método, lo que da lugar a que en lugar de observarse a los hechos sociales como cosas se parta de simples ideas, atentando así en contra el método científico racionalista. En este orden de ideas, el relato de los adolescentes entrevistados respecto a la regularidad con que asistieron al colegio durante el año 2010 permite demostrar una relación que en la mayoría de los casos no es visibilizada por los medios de comunicación.

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defensa especial de la libertad de expresión puede ser caracterizada a partir de dos pautas principales: • Es necesario que todos los miembros de la comunidad puedan expresar sus puntos de vista; • Es necesario que tales puntos de vista puedan ser confrontados unos con otros, en un proceso de deliberación colectiva.

La mera posibilidad de que se desprenda un prejuicio estigmatizante de los informes y/o notas periodísticas difundidos por los medios de comunicación habilita un debate amplio al respecto, sin que ello signifique una injerencia en la libertad de expresión de los mismos. Nótese cómo repercute la imagen que los medios de comunicación construyen sobre pobreza y delincuencia en la letra de canciones de uno de los grupos más conocidos que constituyen el fenómeno conocido como “cumbia villera”:

Llegamos los pibes chorros queremos las manos de todos arriba porque al primero que se haga el ortiba por pancho y careta le vamos a dar.

Por otra parte, con relación a los medios de comunicación gráficos, una herramienta útil es aquella conocida como derecho de rectificación o respuesta, prevista en el Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este mecanismo ofrecería a los adolescentes que residen en las villas miserias la posibilidad de declarar públicamente su postura con relación a la imagen que de ellos difunden los medios de comunicación, analizando además las posibles implicancias que políticas públicas como la baja en la edad de imputabilidad tendrían en sus vidas cotidianas.

Aunque no nos quieran somo' delincuentes vamos de caño con antecedentes robamos blindados, locutorios y mercados no nos cabe una estamo' re jugados. Vendemos sustancia y autos nos choreamos hacemos de primeras salideras en los bancos somo' estafadores piratas del asfalto todos nos conocen por los reyes del afano .

Concluyendo.A la hora de pensar los posibles cuestionamientos a este trabajo, una de las posibles críticas podría ser aquella relacionada con la primacía y especial garantía que merece la libertad de expresión en las sociedades democráticas. No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien es un hecho la amplia protección que el derecho nacional e internacional otorga a la libertad de expresión, debe valorarse en la misma medida la prohibición de discriminación. En este sentido, Gargarella sostiene que la libertad de expresión no debe ser desplazada por necesidades coyunturales; que por su centralidad para la vida democrática este derecho merece una protección especial frente a una eventual confrontación con otros derechos; y que por las mismas razones, distintas expresiones merecen diversos grados de protección. Esta

La letra de la canción transcripta permite conocer cuál es la opinión que los propios adolescentes que viven en las villas tienen sobre sí mismos. Esta imagen, sin embargo, no ha sido construida única y exclusivamente por ellos, sino que representa lo que los otros ven. En este sentido, Auyero (2001) considera que “Difícilmente uno pueda dar con una configuración urbana que haya sido (y aún sea) la depositaria de tantas (la mayoría de las veces malas) representaciones, de tantas esperanzas en el pasado y tantos miedos en el presente. Las villas fueron retratadas como el ejemplo acabado del fracaso del populismo peronista durante los años cincuenta, como suerte de laboratorios para los sueños modernizadores de los años sesenta, como cunas de la revolución en los setenta, como obstáculos para el progreso y como germinadores de


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subversión durante la última dictadura, como lugares de inmoralidad, crimen y ausencia de ley en la Argentina contemporánea. En la actualidad, la discusión pública sobre la inseguridad recurrentemente menciona a “la villa” y “los villeros” como una amenaza” . Llegado el siglo XXI, conocido como “la era de la informática”, continuar y reproducir este tipo de estigmatizaciones constituye una actitud que nos obliga, como sociedad, a cuestionarnos el rol de los medios de comunicación. Múltiples factores se tornan centrales en esta cuestión: la falta de regulación normativa en cuestiones relativas a Internet; el monopolio y la concentración en la propiedad de los medios de comunicación; la existencia de personas que en virtud de sus condiciones de vida se ven impedidas de acceder a dichos medios y que no pueden expresar sus ideas; la parcialidad a la hora de informar y otras tantas cuestiones relativas a la “comunicación política”. Un debate amplio y la toma de conciencia a la hora de informar nutrirán y enriquecerán el debate, haciendo a la sociedad más democrática. A la luz de un novedoso contexto socio-económico y ante activo rol del Estado como propulsor de políticas públicas que tienden a igualar derechos y oportunidades, a través de herramientas tales como la Asignación Universal por Hijo –que conllevó un aumento en la tasa de escolarización durante el año 2010- se propone un debate más abierto a la hora de producir informes y/o noticias del tipo estudiado y se remarca la responsabilidad social que les cabe a los/as medios de comunicación en su rol de comunicadores políticos.

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Es cierto que eventualmente la representación realizada desde los medios de comunicación puede coincidir con la visión que sobre ciertos sujetos tiene un sector de la sociedad; no obstante, los medios de comunicación en tanto comunicadores políticos tienen sobre sí la responsabilidad de transmitir una imagen desprovista de calificativos estereotipantes y ello ha sido consagrado incluso en el ámbito normativo, conforme se explicitó oportunamente. El hecho de conformar una única visión sobre las condiciones de vida de los/as habitantes de las villas miserias, sin tener en consideración las diversas vivencias de quienes residen en dichos lugares, contribuye a elaborar un estereotipo que servirá como vehículo de futuras conductas discriminatorias. Por los motivos antedichos, cobra particular importancia el hecho de abordar con responsabilidad la difusión de noticias, atendiendo particularmente a la posible creación o reproducción de prejuicios que pueden impactar de modo concreto en los derechos fundamentales de las personas.


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NOTAS Aplicación de los DDHHFF y una cuestión de legalidad, más que ética. Defensa gremial Vs. Coorporativismo. Por Mario Bernardo Galeazzi (S)

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engo escuchando repetidamente de colegas un mismo concepto que a veces resulta confuso, por lo menos en los términos que suelen ser razonado, por lo que me atrevo a realizar la siguiente reflexión, de algo quizá obvio, pero no por ello sobreabundante. Hablan de defensa gremial del abogado en ejercicio de su profesión. Lo mismo se escucha detrás de los mostradores, donde los Funcionarios y Magistrados esperan la defensa de sus intereses por parte de su colegio o asociación. Resulta claro que así debe ser, y que ésta es una de las razones fundamentales de la colegiación. Pero pregunto ¿de la defensa de qué intereses hablamos? ¿qué es lo gremialmente defendible? Opino, que defendible es el libre y pleno ejercicio profesional del abogado, en ambos lados del mostrador, en cuanto “agentes operadores del sistema de justicia articulemos la defensa de los derechos que conduzcan a lograr condiciones de “vida digna” y el “desarrollo humano” de todos los habitantes, esto es la concreción de los Derechos Humanos Fundamentales (DDHHFF). Dentro de tal lógica debemos comprender a las instituciones y organizaciones de todo tipo, tanto civiles como empresariales y sus correspondientes actividades lucrativas o políticas o ambas conjuntamente, en su aspecto de “herramientas jurídicas que la sociedad se ha dado, para facilitar el objetivo de lograr el progreso material y espiritual que permita obtener mayor calidad de vida para “todos” sus habitantes”. Respecto a lo normativo, esta finalidad que destaco encuentra raíz en los principios, derechos y garantías que integran el bloque de constitucionalidad, tanto los tratados internacionales de DDHHFF como los directamente contemplados en la Constitución Nacional. De este modo la actividad del abogado, desde lo académico hasta lo judicial, en cuanto vehículos y promotores necesarios

del “respeto y concreción” de las condiciones de “vida digna” de todos los habitantes, con la base de igualdad, libertad y hermandad (fraternidad dirían los revolucionarios del proceso iniciado en 1789) adquiere la categoría de “función social primordial e irrenunciable” para que la sociedad pueda acercarse a la anhelada paz social.Por ello respetar y hacer respetar la ley que responda al interés general y que por lo tanto se encuentre en línea con los DDHHFF o en caso contrario, atacar la ley que atente contra este interés general o bloque de constitucionalidad, resulta una obligación de todo sujeto de nuestro colectivo. Este contenido exigido a la ley, el de “interés general” que para el caso interesa, lo podemos tomar con claridad de un reciente fallo de la CSJN (integrada la Secretaría de DDHH por el Dr. Rolando Gialdino) en “Asociación de Trabajadores del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad, (en juicio contra Municipalidad de Salta) de fecha 18/06/2013, que expresa: “…El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del “bien común” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 32.2) “concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es “la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad” (La Expresión “leyes” en el Artículo 30…, cit. Párr. 29).(el subrayado me pertenece) Podemos afirmar entonces que “esa” es la actividad del abogado (incluido obviamente los Funcionarios y Magistrados) que debe ser garantizada y defendida por el colectivo al que pertenezca. Ésta defensa gremial es la que debemos esperar, exigir y promover sin cesar, día a día. Ahora bien, con una simple mirada se advierte que esta pureza de objetivos se choca fuertemente con la realidad, y que el “sistema de justicia” presenta una importante disociación entre las normas que nos rigen, y los reales valores e intereses que muchos agentes de justicia en definitiva representan y defienden (más de lo que resulta tolerable) por lo que me animo a aseverar que como “abogados” en su conjunto, tenemos una gran deuda pendiente con la sociedad y que al “sistema de justicia” con “esta” finalidad entendido, le falta mucho camino por andar. Nos enfrentamos no solo con “aislados sujetos” que cometen las injusticias que está llamado a corregir, sino con una sociedad


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constituida por una cultura generada por los que ejercen históricamente el poder económico, que ha creado valores y procede con una ética nacida del lucro y del individualismo como únicas motivaciones, cuyos efectos y consecuencias concretas resultan, a veces relativamente y otras veces absolutamente, contrapuestos a los enunciados objetivos de la “actividad profesional particular y de la judicatura” y capitalmente contraria a los DDHHFF. El gran problema es que “todos” provenimos de esta sociedad, por lo tanto si bien existen Magistrados, funcionarios y demás integrantes del poder judicial, y abogados independientes (opino la mayoría en todos los estamentos) que se encuentran consustanciados con los DDHHFF, también existen muchos otros que aún no, y responden visceralmente a los valores y cultura de esta la estructura socioeconómica denunciada. Así sucede que muchos jueces, y más veces que las que uno puede tolerar sin hinchársele las venas, eligen no entender esta finalidad o razón de ser de la judicatura, eligen no superar la tabla de valores arraigados que se les ha impuesto con años y años de machacar información, tanto de la realidad como información académica que no inocentemente, en cuantiosos casos se inclina para el lado del grupo social que ejerce el poder económico históricamente y que como dijimos, creó su propia escala de valores. De este modo son dominados por sus preconceptos, sus preferencias sociales, su marcada subjetividad. No evolucionan, no superan sus propias vallas interiores, y lo que abandonan en definitiva es el criterio de justicia, y principalmente se alejan de la columna vertebral de toda la actividad jurídica que son los DDHHFF. Pero entiendo que esto es una decisión íntima de todos y cada uno de los operadores de la justicia, incluidos nosotros los abogados de a pie. Por eso, en los casos de una decisión que viole las “consecuencias ineludibles de un razonamiento lógico en base a tales principios” de una verdad insoslayable, que se ve arrasada por la subjetividad de las decisiones, de los valores que se eligen, existiendo alternativas de lectura, de posición, de interpretación, en todos y cada uno de los casos, la cuestión primaria y profunda es de legalidad (o ilegalidad en este caso) y conjuntamente con esto es de Ética profesional, de Ética y Moral de la Judicatura y del abogado. De este modo los jueces y abogados que no se avoquen a este fin, y no busquen la sentencia que conduzca a ese norte, que no tomen partido por materializar este contenido, los que no puedan superar sus prejuicios... sus condicionamientos de clase (que tenemos todos) y que utilicen para esconderse de esta realidad cuestiones adjetivas o camuflen la decisión de fondo con teorías jurídicas rancias superadas por la maduración propia del pensamiento jurídico, escondidos detrás de argumentos que sabemos todos falsos, estos jueces, en tanto servidores públicos, habrán cometido, no solo una grave falta ética profesional … sino que habrán violado los DDHHFF. Sin lugar a dudas llegado a este punto, vemos con claridad que si por un lado es defendible gremialmente la actividad profesional

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que responda a estos principios, también es jurídicamente reprochable la que se aleje de los mismos. Volviendo a la actividad de los cuerpos gremiales, podemos ver como alarmante acciones muy distintas a la defensa del abogado o de los funcionarios y magistrados en cuanto protagonistas de esta actividad loable, que se da cuando la organización protege los beneficios especiales o privilegios que ha logrado, pero no en miras de defender a sus miembros, sino de sus intereses políticos alejados de la función social que hemos descripto. Así, cuando se niega a repensar “el sistema de justicia” (sobre el que pende una pesada deuda con la sociedad) y bloquea las posibilidades de comenzar caminos de cambio que nos acerque a una mejor convivencia social que incluya a todos los sectores, está realmente operando del mismo modo que actúan aquellos jueces que no vencen los propios prejuicios y condicionamientos de clase que responden a la cultura del lucro y del individualismo. Prioriza los propios intereses políticos de sus dirigentes, frente a la búsqueda de lograr el sistema anhelado, en el que los DDHHFF sean la realidad y estructura del orden social, moral y jurídico. Y también estamos en problemas, cuando entre los pares, se verifica una estigmatización de cualquier naturaleza, que configura un ataque a la dignidad de la persona. Y como abogado de a pie, arriesgo a que esto sucede mucho más dentro del poder judicial que afuera. Arriesgo también, que estigmatizan muchas veces los pares que defienden sus privilegios e intereses de clase, y se resisten a materializar un cambio en la escala de valores, por lo que discriminan al más avanzado, al que ha visto con simpleza y claridad dentro de la espesura. El gran problema es que este tipo de cuestiones endógenas resultan muy difíciles de advertir y de atacar por el mismo cuerpo que debe ejercer la defensa gremial del agredido, porque muchas veces adolece de los mismos vicios y no puede desprenderse fácilmente de sus condicionamientos. Estos extremos destacados, la función defendible y exigible de los jueces y abogados en cuanto consustanciada entrañablemente con los DDHHFF, la defensa corporativa alejada del objetivo que le da legitimidad, y la cuestión interna como patología propias de los cuerpos colectivos, necesitan de un real ejercicio de madurez, de crecimiento, de evolución, para ser materializados unos y superados los otros, el que ocurrirá más temprano que tarde, por razón de la propia naturaleza humana que posee vocación de progreso. En conclusión, si no comenzamos por marcar y reconocer con claridad la diferencia de estos grandes trazos, y no apostamos a vencer, se dificultará mucho más el camino, y habremos defraudado no solo a los fines y objetivos que nosotros mismos nos propusimos al ser agentes operadores del sistema de justicia, y al colegiarnos, sino a la sociedad toda. Mario Bernardo Galeazzi.


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NOTAS Pérdida del dominio por abandono calificado. Por

Mario Bernardo Galeazzi (S)

Esta nota tiene por objetivo poner de relieve el grave perjuicio que causa la tierra ociosa en situación de abandono en el territorio periurbano, y proponer la interpretación necesaria de la normativa actual para combatirla como arrimar ideas para la sanción de nuevas leyes que específicamente se aboque a solucionar el conflicto. 1. Los daños, el derecho humano al hábitat y el deber de actuar del Estado: Los predios abandonados comprendidos en sectores poblados y sus periferias, producen un importante “daño ambiental urbano”, que se encuadra como abuso del derecho y lesionan el “derecho humano al ambiente” de carácter constitucional conforme los arts. 41 y 75 inc. 22 de la Carta Magna, y Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) Mediante resolución 217 a (III) de fecha 10 de Diciembre de 1948, que establece el derecho a que nuestras necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, de un medio ambiente sano, y de servicios públicos, sean satisfechas para desarrollarnos conforme a nuestra dignidad humana. Por su parte el artículo 11 del protocolo adicional a la Convención Americana, declara que "toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos". Los inmuebles abandonados durante períodos prolongados, producen importantes perjuicios en términos de higiene y seguridad ambiental a la comunidad, resultando además un incumplimiento al deber genérico de no causar daños a terceros “alterum non loedere” contemplado en el art. 19 de la Constitución Nacional. El abandono de inmuebles impide el progreso y desarrollo urbano, al ser un obstáculo para la provisión de servicios públicos elementales como son el agua potable, las cloacas, el gas, el asfaltado de las calles, etc.

Analizado desde la sanidad e higiene ambiental estos predios producen importantes problemas, al constituirse muchas veces en basurales y focos infecciosos que ponen en peligro la salud de los vecinos y favorecen las propagación de roedores y plagas, como por ejemplo el mosquito del Dengue, con sus enfermedades consecuentes. Sabido es que un sector poblado del territorio con baja densidad, no prospera, que crea sinergia negativa, y que está condenado al fracaso como ciudad. En estos predios abandonados, se producen también constantes intrusiones que provocan entre otros, dos conflictos que merecen ser destacados, uno ambiental ya que sus ocupantes sin vías de regularización dominial a corto plazo, no se esmeran en procurar adecuadas construcciones edilicias, ni mucho menos en participar con el vecindario para lograr mejoras para la comunidad, como servicios públicos, siendo también factores de mayor pobreza y marginalidad. Otro conflicto es el social que se observa en el repudio inmediato contra los ocupantes por parte de los vecinos consolidados en el lugar, generando una importante tensión entre estos, que nada aporta a la pretendida “paz social”. Destacable es que justamente esta marginalidad y pobreza son también causa de abandono de otros inmuebles que por quedar anclados en zonas de características semi-marginales sus titulares pierden todo interés en ellos, habiéndose constituido de este modo un circulo vicioso que va en aumento, y que es necesario ponerle fin, en beneficio de la comunidad, que paga caro, con lo poco que tiene, la desidia y el abandono de aquellos a los que les sobra. Otro perjuicio que producen los inmuebles abandonados es que se encuentran “de hecho” fuera del comercio, ya que el desinterés es tanto en la ocupación y pago de impuestos como en la venta y búsqueda de productividad o de mayor utilidad del mismo. Esta situación obstaculiza directamente la circulación de bienes, el desarrollo y el progreso.


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Frente a esto, el Estado en su rol de protector del bien común, de árbitro ante las inequidades sociales y obligado por los tratados internacionales a progresar en la búsqueda efectiva de satisfacer los derechos humanos fundamentales, se ve compelido a actuar e intervenir positivamente. 2. Breve diagnóstico y algunas causas históricas en el conurbano. Desde el punto de vista del desarrollo urbano histórico de las grandes ciudades, antes de las regulaciones de uso del suelo ahora existentes, se han producido procesos de subdivisión de extensiones rurales en loteos urbanos, que no siempre respondieron al crecimiento planificado de la ciudad, que respete un ordenamiento territorial predeterminado con claros principios urbanísticos, ni mucho menos a la real demanda habitacional, sino que en la mayoría de los casos fueron fruto únicamente de la especulación inmobiliaria privada sin reglas. Esta situación produjo que numerosos parcelamientos o loteos hayan quedado desconectados del tejido urbano preexistente, sin la debida provisión de infraestructura de servicios públicos. Va de suyo que tales inmuebles, por estas causas no fueron habitados, que ni siquiera fueron cercados, ni produjeron mejoras, en definitiva, predios sobre los que jamás se ejerció su efectiva posesión. Otros amplios sectores del territorio parcelado sin reglas, hoy son semipoblados que no lograrán a corto plazo, una densificación adecuada que haga sustentable la provisión de infraestructura de servicios públicos, encontrándose mechados de parcelas abandonadas. Esta circunstancia ha generado la aparición de una de las más graves problemáticas jurídicas y sociales de los últimos años en relación al hábitat, evidenciada desde finales de la década del ochenta, y padecida en la época actual, que es la existencia de gran cantidad de lotes de terreno urbanos abandonados por sus dueños “baldíos históricos” de larga data, principalmente en las periferias de las grandes ciudades.

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proyecto de modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, en tratamiento en el congreso. El instituto de la pérdida del dominio por el abandono del inmueble (art. 2607 del C.C.) complementa distintos aspectos de límites al derecho de propiedad de nuestro ordenamiento legal que emergen del principio de función social de la propiedad privada, enmarcado en el paradigma normativo actual de los “Derechos Humanos Fundamentales”. En ello se enmarca el art. 2513 del C.C. cuando fija como inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, y “...usarla y gozarla conforme ejercicio regular,” criterio reafirmado por el art. 2514 del mismo cuerpo legal, en íntima vinculación con el principio de abuso del derecho radicado en el art. 1071 por la ley 17.711, tomando todos como principio rector la función social de la propiedad privada. También la doctrina jurídica (Machado) entiende que los bienes vacantes son aquellos que han pertenecido a otros siguiendo a Demolombe- en donde existe un desamparo de la cosa, manifestándose de manera directa o indirecta en el abandono del dominio, por conductas omisivas. La ley castiga la incuria, el abandono, la ociosidad de uno, por constituir una valla al progreso de la comunidad y, por el contrario, premia y estimula la diligencia, la actividad de quien poseyendo un inmueble remueve obstáculos al progreso de la comunidad e incorpora riquezas (de José Levitán "Prescripción adquisitiva de Dominio) El abandono de inmuebles debe entonces considerarse como la omisión de los actos jurídicos y fácticos que hacen al “regular ejercicio de la propiedad” sostenidos durante un determinado período de tiempo. De este modo, el abandono configura por omisión un abuso del derecho de propiedad, y la sanción jurídica es la pérdida del dominio contemplada específicamente en el art. 2607 del C.C. 4. Presunciones- la prueba diabólica:

3. Contexto jurídico límite a la propiedad privada. Resulta necesario fortalecer con doctrina jurídica, el existente instituto jurídico de la “pérdida del dominio por abandono” contemplado en el artículo 2607 del Código Civil, conjugándolo con el concepto de “dominio eminente del estado” regulado en el art. 2342 inc 3º del mismo cuerpo legal, y con el art. 2513 del C.C. cuando fija como inherente a la propiedad el derecho de “...usarla y gozarla conforme ejercicio regular,”. Con ello se busca atacar directamente la causa del problema. Sendos institutos jurídicos resultan propios de la tradición jurídica adoptada por nuestra legislación, y se mantienen en el

El abandono, como conjunto de hechos negativos u omisiones durante determinados períodos de tiempo, no es una expresa manifestación de voluntad, sino que justamente es el desinterés sobre la cosa, manifestado en la falta de actos posesorios, o por otros hechos especiales que lo constituyen en abandono calificado: “incumplimiento de cargas y obligaciones fiscales, no pago de tasas municipales, silencio ante el requerimiento explícito del estado (art. 919 C.C.) no oposición a actos posesorios por parte de terceros, entre otros conforme Dr. Alberto G. Spota, L.L. 1953 T.I. Enero Marzo, pg. 227/233. A ello podemos sumar el incumplimiento de las obligaciones de higiene y sanidad ambiental, de seguridad, como la construcción de cercos y veredas en los predios urbanos, la


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producción de riesgos extraordinarios no removidos como cavas con aguas profundas, o edificios en estado de ruina con peligro de desmoronamiento, etc., etc. También se evidencia el abandono, con actos jurídicos exigibles pero que fueron omitidos, como cuando el Titular del Dominio durante un plazo considerablemente largo no abonó impuestos, tasas y contribuciones, o bien los herederos no denunciaron el bien en la sucesión, o el concursado o la persona jurídica en disolución no lo denunciaron como correspondiente a su patrimonio, o no instaron las acciones legales pertinentes para recuperar su posesión en caso de ocupación por terceros, etc. En definitiva, observamos que en todos los casos se configura una manifestación real y concreta de falta del CORPUS, y al prolongarse este en el tiempo o sumarse otras omisiones jurídicas, se infiere la falta del ANIMUS, configurándose por lo tanto “el abandono del inmueble” Por ello, en tales términos, los jueces deberán tomar razón de estas presunciones para decidir en cada caso concreto, ya que exigir judicialmente la prueba del hecho negativo u omisión, como lo es el abandono constituye sin lugar a dudas exigir una prueba diabólica. Como cierre de este tema, hemos de proponer que estas presunciones recién desarrolladas, adquieran rango normativo, y pasen a ser “presunciones legales” que obliguen a los magistrados a tenerlas en cuenta para decidir en los casos concretos. 5. La legitimación activa. El juego armónico del concepto de bien vacante o sin dueño como propiedad del estado dispuesto en el art. 2342 inc. 3º, primera parte, que nos ocupa y el de la pérdida del dominio por abandono, art. 2607 del C.C. instituyen al estado, además de ostentar el carácter de protector del bien común, como legitimado activo para el ejercicio de la acción judicial. El estado tiene una función tuitiva respecto del desarrollo urbano, seguridad e higiene públicas, entre otras, por lo que resulta obligado a actuar en ejercicio de las facultades y derechos que la ley le acuerda a los fines de paliar estas circunstancias, y como se dijo, en cumplimiento de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad (art 75.22 CN.) en el marco del paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales, para no incurrir en responsabilidad internacional. El abandono de inmuebles materializa una lesión a los intereses difusos de una porción determinable de la población, viéndose agraviado el bien común, y el interés público, que son tutelados por el Estado.

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Dicho esto, cabe destacar que dentro de los distintos niveles estatales que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, son las municipalidades la que guardan inmediatez con los inmuebles abandonados, las que padecen directamente los daños que por esta vía se pretenden evitar, las que tienen competencias muchas veces compartidas con las provincias y con La Nación, vinculadas con la sanidad e higiene ambiental, y es por medio del estado local que se canalizan naturalmente también los reclamos sociales en estas materias. Por ello se entiende que la prioridad en el ejercicio de los derechos que aquí se protegen debe encontrarse en cabeza de los Municipios primero, y luego de los otros dos estamentos, salvo situaciones particulares de interés público que aconsejen lo contrario. 6. La vía procesal: Resulta imprescindible también, abordar la cuestión de cuál es el marco procesal local ya existente en cada provincia que debe aplicarse, teniendo en cuenta las características del derecho sustancial de que se trata, el dominio de inmuebles. Enmarcada jurídicamente la cuestión en estudio, nos encontramos ante un hecho complejo: “el abandono” que produce una consecuencia jurídica inmediata: “la pérdida del dominio” que necesita del reconocimiento y la declaración judicial para ser operativo, ya que involucra el derecho de propiedad protegido por el art. 17 de la Constitución Nacional el que impide que se prive de ella a cualquier ciudadano sino en virtud de sentencia fundada en ley. También corresponde reglamentar la realización de procesos administrativos de verificación de los presupuestos del abandono, que deberán constar en expedientes de los organismos públicos estatales y por lo tanto observar los procedimientos administrativos que rigen la materia, aspectos que otorgan seguridad y certeza jurídica a la implementación de este derecho. Aún así, no se debe perder de vista que este instituto tiene por objeto evitar la producción de una daño ambiental y social permanente y continuo, y volcar el inmueble como factor negativo a un beneficio social, por lo que resulta necesario reaccionar con eficiencia en miras de poner fin a los efectos nocivos de la omisión antijurídica verificada, y otorgar seguridad jurídica a los actos que se desplieguen con tal objetivo. Por todo ello se considera adecuado y se propone definir como necesaria la “acción meramente declarativa” de acuerdo se encuentre reglamentada en los códigos procesales locales, para decidirse judicialmente las cuestiones que aquí se contemplan.


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Para terminar, me permito citar una frase que al respecto de la tierra abandonada, pronunció hace 200 años, uno de los indiscutibles padres de la Patria, Manuel Belgrano: “…Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse ante sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de conseguir si se les dan propiedades (...), que se podría obligar a la venta de los terrenos, que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios; y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas, y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley: motivo porque no adelantan." Manuel Belgrano. Mario Bernardo Galeazzi. Abogado de a pie.

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UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES FACULDADE DE DIREITO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO - DOUTORADO DIREITO LABORAL

FILOSOFIA E DIREITO DO TRABALHO

“ A NORMATIZAÇÃO DO ASSÉDIO SEXUAL ”

BUENOS AIRES- MARÇO DE 2013


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PROFESSORA DIANA CAÑAL

ALUNAS: GABRIELA BARILE TAVARES MARIA TERESA WALLBACH

Monografia apresentada na disciplina de “Filosofía y Derecho del Trabajo”, Curso de Doutorado de Direito do Trabalho, da Universidade de Buenos Aires – UBA, módulo II. Ambas, alunas do Curso de Doutorado Intensivo da Universidade de Buenos Aires, na área de Direito Laboral, Gabriela Barile Tavares cursou o módulo II em janeiro de 2013 e Maria Teresa Wallbach, cursou o módulo II em setembro de 2012.

BUENOS AIRES- MARÇO DE 2013


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SUMÁRIO

RESUMO ...............................................................................................................................03 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................04 I. ESCORÇO HISTÓRICO ........................ ..........................................................................05 II. CONCEITUAÇÃO. NORMAS DE FUNDO E FORMA. DIREITO NORMAL.............08 III. ASSÉDIO SEXUAL, DA REALIDADE A NORMATIZAÇÃO. DIREITO, MORALIDADE E REALIDADE ....................................................................................... 11 CONCLUSÃO .....................................................................................................................16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................17 ANEXO...................................................................................................................................18


3 RESUMO

No âmbito da Filosofia do direito, voltada a temas trabalhistas, infinito é o universo de ideias e temas passíveis de discussão. Nestas breves linhas, abordaremos o tema “A normatização do assédio sexual”, onde buscamos descrever superficialmente, o fenômeno da realidade inserida no corpo jurídico normativo, restrita ao instituto de direito mencionado.


4 INTRODUÇÃO

O dinamismo nas relações sociais, requer que o direito assim o seja. A realidade jamais poderá ser evitada, em se tratando da análise do direito, sendo portanto, não só um ponto de partida, como também, um ponto de chegada. Se a teoria não tivesse pretensões analógicas com a realidade, não estaria cumprindo sua função, pelo menos, no que se refere ao direito.¹ Enquanto o direito é visto sob prisma estático, vislumbra um sistema de normas em vigor. Doutra banda, o direito em esfera dinâmica, tem como objeto o processo jurídico, onde concretiza-se sua criação e aplicação. Trata-se do direito em movimento. ² Desta feita, o tema do assédio sexual nas relações do trabalho, será analisado de forma breve, da condição de fato a sua normatização, da realidade ao mundo normativo do direito. Ressalta-se ainda, não existir no ordenamento jurídico brasileiro, diploma nacional que normatize de forma ampla e satisfatória, o tema em comento. Da metodologia da Professora Diana Cañal, vastamente explorada em sala de aula, será utilizada representação gráfica, de acordo com o entendimento desta que vos escreve. Neste diapasão, estruturou-se este estudo, em capítulos 3 capítulos. No capítulo I, tratar-se-á de breve escorço histórico. No capítulo II, abordar-se-á, sua conceituação. No capítulo III, ver-se-á o assédio sexual, da realidade a normatização. A ilustrar a importância da temática escolhida e sua repercussão mundial, foram citadas normas brasileiras, Argentinas e uma Convenção da OIT- Organização Internacional do Trabalho, que versa sobre a temática vertente, e acompanha este estudo, na condição de anexo.

__________ 1. CAÑAL, Diana R. Una Visión Pragmática del Derecho. Quorum, Buenos Aires,2003, p. 19. 2. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Martins Fontes, São Paulo, 1998, 6ª Ed, 3ª Tiragem, p. 22


5 CAPÍTULO I

ESCORÇO HISTÓRICO

Hoje, evidencia-se isonomia entre os sexos e velada discriminação, pois, sendo esta criminalizada na esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos, o tratamento isonômico prepondera. No entanto, nem sempre esta situação de igualdade, assegurada pelo direito moderno, se configurou. Para compreensão do assédio sexual, é imprescindível o olhar voltado ao passado. O assédio sexual perpetrado contra a mulher, no âmbito das relações de emprego, é sem dúvida a modalidade de assédio sexual de maior incidência (embora possa ocorrer em situações de homoafetividade, ou ainda, partindo do sexo femino, contra o sexo masculino, tal qual ilustra o filme “Disclosure”, de 1994, estrelado por Demi Moore e Michael Douglas, onde o assédio sexual é cometido por uma mulher, contra um subordinado do sexo masculino). Guardadas as exceções, o vértice do assédio sexual, tem raízes fincadas na discriminação contra a mulher e a esta vertente nos resguardaremos, quando da análise de seus aspectos históricos. Na antiguidade, prevalecia a ideia preconcebida de superioridade masculina. A mulher, era vista como objeto sexual e de direito. Nas palavras de Aloysio Santos, “em termos sexuais, as mulheres não representavam senão o papel de outro organismo vivo, capaz de satisfazer as necessidades do homem e da matriz reprodutora. Ela era então, simples objeto do sexo, socialmente subjulgada pelo homem.” ³ Enquanto objeto de direito, a mulher também era tratada como se tratam as coisas. Nas palavras de Segadas Vianna, a “mulher judia tinha uma posição de absoluta inferioridade em relação ao homem, não obstante a lei de Moisés a colocar no mesmo plano, dizendo que ‘o matrimônio é a unidade espiritual e corporal do homem e da mulher, como Deus ordenou.’ Enquanto isso, Elias afirmava que o homem pode abandonar a mulher, se deixou a comida queimar ou se encontrar outra mais formosa que a sua’. Não recebia a mulher, na Palestina, qualquer instrução e até 13 anos de idade podia ser vendida e casada segundo a vontade de seus pais.”⁴ __________ 3. SANTOS, Aloysio. Assédio Sexual nas relações trabalhistas e estatutárias. Rio de janeiro: Forense, 1999. p. 12. 4. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1996.v.II, p. 935.


6 Nas sociedades primitivas, segundo relatos históricos conhecidos por todos, havia distinções de trabalho, baseadas no sexo. Por exemplo, os homens exerciam a caça e a pesca, enquanto as mulheres, colhiam frutos. Muito poderia se falar, acerca do tratamento inferior e discriminatório, que as mulheres receberam ao longo da história humana. Na antiguidade, as visões preconcebidas da mulher como ser inferior, dominavam.⁵ Aos poucos, as mulheres foram galgando espaços, degrau a degrau. Na idade média, a situação da mulher sob a esfera do direito não se alterou muito. Na idade moderna com o advento do movimento renascentista, a mulher passa a posição de maior importância. Neste cenário, surge a revolução industrial. Marco histórico de suma relevância para o estudo a que nos propusemos. Conforme citado alhures, nas lições de Diana Cañal, a realidade é ponto de partida e chegada. Às avessas, a revolução industrial demarca a entrada da mulher no mercado de trabalho, como mão de obra barata e inferiorizada, mas contraditoriamente, também foi o inicio da luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, que seria reconhecida anos mais tarde. Como mão de obra barata, também era utilizado o trabalho infantil. O Direito do Trabalho tem então o seu “debut”. A primeira manifestação concreta que corresponde a idéia de Direito do Trabalho, ocorreu em 1802, com o Moral and health Act, de Roberto Peel.⁶ Inserida no mercado de trabalho sem garantias, as mulheres percorreram longo caminho e ao longo do século XX, travaram muitas batalhas almejando a igualdade de direitos. Destacamos aqui, o movimento feminista. Num primeiro momento, graficamente, encontravam-se as mulheres em posição inferior aos homens:

H

M

__________ 5. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.32. 6. Ibid. p.34.


7 Num segundo momento- que reproduz o período histórico atual- graficamente, estão as mulheres, em situação de igualdade perante os homens:

H

M

Contudo, como resquício desta bagagem histórica negativa, o reconhecimento da igualdade de direitos, que na Constituição Brasileira está prevista no Art. 5º, I, da Magna Carta, não foi suficiente para apagar a agressividade do passado, a visão vertical que possuem a maioria dos homens, ao olhar para a mulher, sempre de cima para baixo, sempre como ser inferior, usado como mero objeto sexual. A imperatividade da lei, não pode conter a forte tendência abusiva masculina, que ligava a hieraquia a permissividade sexual. E a conduta tolerada em tempos de outrora, hoje tipificada, tornou-se assédio sexual, uma velha doença ossificada na sociedade, hoje, com nova abordagem. Repercute a conduta do assédio sexual, em toda a sociedade, não só no âmbito do direito do trabalho, como também, da medicina e psicologia do trabalho, pois os reflexos são negativos e de proporções gigantescas. Passaremos ao estudo seguinte, que compreende breves linhas em alusão a tão complexo conceito, linhas estas, imprescindíveis para abordar-se por derradeiro, a normatização do assédio sexual.


8 CAPÍTULO II

CONCEITUAÇÃO. NORMAS DE FUNDO E FORMA. DIREITO NORMAL.

A liberdade é conceito profundo, o qual não ousarei adentrar neste momento. É certo, que o exercício da liberdade do ser individual, esbarra na liberdade coletiva. Na lição de Rodolfo Pamplona Filho, é “a faculdade de livre agir, porém não pode ser interpretada de forma extrema. Desde a mais tenra idade, todos são condicionados com frases do tipo: ‘a liberdade (direito) de um termina onde começa a (o) do outro’ ou ‘liberdade sem responsabilidade não é liberdade, mas sim libertinagem’, em que instintivamente, já se começa a inferir a existência de limites ao exercício da liberdade. Logo, se é certo que a liberdade é algo inerente à capacidade volitiva do homem, escolhendo a prática deste ou daquele tipo de ação, muito mais evidente é que haverá certos tipos de atos que serão reprimidos pela Ordem Jurídica, como verdadeiras limitações ao exercício absoluto da liberdade.” ⁷ A liberdade sexual, conquista de homens e mulheres, é, nas palavras de Maria Helena Diniz, “direito de disposição do próprio corpo ou de não ser forçado a praticar ato sexual.” ⁸ Em consonância com o escorço histórico a que se dedicou o capítulo anterior, no âmbito do direito do trabalho, o assédio sexual passou a ocorrer, quando deu-se o ingresso da mão- de- obra feminina, no mercado de trabalho, no curso da revolução industrial. O problema é portanto, antigo. Nova é a maneira de tratá-lo, de debatê-lo. Novas são as medidas de prevenção, esclarecimento, coibição e proteção. Nas palavras de Sérgio Pinto Martins, “o assédio é gênero. São suas espécies o assédio moral e o assédio sexual. O assédio sexual visa obter vantagens sexuais da vítima, mediante chantagem ou sedução. É tipificado como crime no Código Penal “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função.” (art. 216-A).⁹ __________ 7. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.25. 8. DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. V.3,p.122. 9. MARTINS, Sérgio Pinto. Assédio Moral no Emprego: Atlas, 2012. P. 22.


9 Rodolfo Plamplona Filho, nos preleciona que assédio sexual, é toda conduta de natureza sexual não desejada que, embora repelida pelo destinatário, é continuamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade sexual. Por se constituir em uma violação do princípio de livre disposição do próprio corpo, essa conduta estabelece uma situação de profundo constrangimento, com violação dos direitos da personalidade da vítima e, quando praticada no âmbito das relações de trabalho, pode gerar consequências ainda mais danosas.” ¹° O foco deste estudo, é o assédio sexual nicho das relações de trabalho. Esclarecemos no entanto, que este pode ocorrer meio acadêmico por exemplo (entre professores e alunos), ou ainda, no meio religioso (entre sacerdotes e fiéis). Por todo o exposto, a figura do assédio sexual vem sendo combatida mundo afora. Esclarecido o conceito, urge trazer a baila, lição de Diana Cañal, acerca do fenômeno de fundo e forma. Fora aduzido na introdução deste estudo, que ainda, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, diploma nacional que normatize de forma ampla e satisfatória, o tema em comento. Para ilustrar o fenômeno da normatização no assédio moral no direito brasileiro, graficamente, temos:

A) Direito de forma geral

B) Direito de particular

forma

A) Direito de forma geral, normas de fundo: As normas de fundo, se encontram contidas fundamentalmente, nas constituições, porque nelas compreendem-se os direitos básicos e que interessam a comunidade. Contudo, estas normas são, gerais e de certo modo, imprecisas. Assim, quando a Constituição Argentina assegura a igualdade, em seu Art.16 ¹¹, tem-se aí, uma norma de fundo. Quando a Constituição Brasileira, prevê em seu Art. 5º, I,

__________ 10. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.35. 11. CAÑAL, Diana R. Una Visión Pragmática del Derecho. Quorum, Buenos Aires,2003, p. 34.


10 que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”, também estamos diante de uma norma de fundo. Ambos os dispositivos legais mencionados, servem de esteio para a normatização específica da matéria aqui abordada, mas prescindem de regulamentação específica. B) Direito de forma particular, normas de forma: As leis que regulam os direitos

amparados pelas constituições, são substanciais de modo parcial ou puramente formais. O assédio sexual, apesar de tipificado, prescinde de normas específicas que proporcionem maior segurança jurídica ao jurisdicionado, não obstante os avanços já alcançados ao longo dos anos. Seguindo ainda as lições da Douta Professora Diana Cañal, é correto afirmar que, onde o direito é um regulador de condutas, o Estado exerce sobre o cidadão, ameaça em caso de descumprimento normativo. No caso do assédio sexual aqui analisado, há coibição Estatal e o conteúdo das normas substanciais (constitucionais e derivadas), ainda que possa tornar-se mais detalhado, coincide com o que os cidadãos querem, e suas respectivas normas formais, impedem que sejam desvirtuadas. Estamos diante de uma situação de DIREITO NORMAL¹² :

Nível de acatamento

Nível de conflito

Embora não exista norma de eficácia perfeita, o estado de direito normal é desejado pelo Estado e pelo jurisdicionado. Na análise que se faz, quanto ao acatamento das normas que buscam coibir o assédio sexual, tem-se a representação gráfica acima.

__________ 12. CAÑAL, Diana R. Uma Vision Pragmátical del Derecho Editorial Quorum, Buenos Aires p. 38.


11 CAPÍTULO III

ASSÉDIO SEXUAL, DA REALIDADE A NORMATIZAÇÃO. DIREITO, MORALIDADE E REALIDADE.

A

B

Direito

Moralidade

Realidade

Na coluna A, o círculo maior demonstra um conjunto de condutas que tem lugar cotidianamente na realidade, onde a velocidade de mudança, é muito elevada. Aplicando os ensinamentos da Doutora Diana Cañal ao estudo em tela, podemos incluir aqui, todos os acontecimentos no plano real, que levaram o legislador a tipificar assédio sexual, na esfera no direito.¹³ No segundo circulo, está a moralidade. Nem todas as condutas, estão classificadas moralmente. A qualificação moral, é portanto, mais eventual.¹⁴ No que tange a moral, a conduta do __________ 13. CAÑAL, Diana R. Uma Vision Pragmátical del Derecho Editorial Quorum, Buenos Aires p. 41. 14. Id.


12 assediador sexual também a agride. Embora o Assédio sexual tenha perdurado durante séculos, é uma conduta, sempre ocorrera de forma escusa. Por derradeiro a coluna A, demonstra a esfera do direito no circulo menor, onde estão todos os comportamentos que possibilitam juízos éticos, relevantes para estarem contidos em uma norma jurídica que proíba ou autorize determinada conduta. Ressalta-se que a capacidade de mudança do direito é muito rara.¹⁵ Corroborando com esta afirmação, as poucas linhas que seguem, buscarão demonstrar que embora o assédio sexual seja nocivo a vítima em inúmeros aspectos e seja rechaçado pelos ramos do direito do trabalho, medicina do trabalho e psicologia do trabalho, pouco se implementou sobre o tema, no ordenamento jurídico brasileiro e argentino. Na coluna B, onde os círculos estão sobrepostos, acima verifica-se que a realidade gira mais rápido e o direito é o mais lento. Cada um, a sua velocidade. Percebe-se ainda, que há aspectos da realidade que não são morais, entenda-se, o que não é humano. No plano da moral por sua vez, existem condutas humanas, mas que não importam ao direito.¹⁶ Constata-se que as esferas se

completam, garantindo a efetividade da norma. É possível que um fato jurídico saia da realidade e vá para o campo do direito, ou ainda que um fato moral, saia da esfera da moralidade, para ocupar o campo da realidade. As relações humanas alteram-se constantemente, razão pela qual, os círculos supra mencionados, estão em movimento contínuo, cada um a seu tempo. A velocidade com que o direito do trabalho vem se modificando no decorrer da últimas décadas, é relativamente maior, em decorrência de fenômenos mundiais, a citar, a globalização e o acesso rápido às informações de forma hegemônica. No Brasil, a Lei n. 10224, de 15 de maio de 2001, que inseriu o art. 216 no Código Penal Brasileiro, retirou o assédio sexual do campo da realidade e da moral, para inseri-lo na esfera do direito. Contudo, não disciplinou o instituto a contento, faltando ainda, normatização mais específica. Neste dispositivo legal, o assédio sexual é restrito a chantagem. É competência privativa da União, legislar sobre direito do Trabalho, nos termos do Art. 22, I da Constituição da república Federativa do Brasil. Diante desta expressa norma constitucional, cabe a este ente federativo, legislar sobre o assunto. Na Argentina, foi adotado o conceito de assédio sexual por chantagem no serviço público. Esta matéria foi disciplinada pelo Decreto n. 2385, de 18 de novembro de 1983, “que destaca, em sua exposição de motivos, que o assédio sexual é uma conduta reprovável capaz de manifestar-se no local de serviços, dentro ou fora da Administração Pública, afetando homens e mulheres. Assevera, ainda, que o Assédio Sexual na visão da OIT, representa um problema para a saúde dos trabalhadores, merecendo atenção especial das políticas promotoras de igualdade.” ¹⁷

__________ 15. CAÑAL, Diana R. Uma Vision Pragmátical del Derecho Editorial Quorum, Buenos Aires p. 41. 16. Ibid. p. 42. 17. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.64.


13 O Art. 1º do Decreto n. 2385, de 1993, considera configurado o assédio sexual pela coação fundada em relação hierárquica, haja ou não, acesso carnal.¹⁸ Muitas normas existem, versando sobre esta prática repudiada mundialmente, em matérias correlatas, como por exemplo, na vedação de discriminação entre homens e mulheres, na proteção dos direitos da mulher e proibição de atos discriminatórios. Internacionalmente, há vários diplomas legais, editados com a finalidade de regular, ainda que de forma genérica, o combate ao assédio sexual no local de trabalho.¹⁹ A OIT- Organização Internacional do Trabalho, não possui normas específicas sobre o assédio sexual, todavia, como consideramos o assédio sexual uma forma de discriminação do trabalho, fundada obviamente, em motivo de sexo, encontramos vasta normatização versando sobre o tema. Uma das mais importantes normas internacionais emanadas da OIT, é a Convenção n. 111, sobre Discriminação no Emprego ou Profissão, do ano de 1958, que segue anexa a este estudo, dada a sua relevância para todos os estudioso do Direito do Trabalho. Na OIT, a preocupação voltada ao assédio sexual, é notória no Comitê para Eliminação da Discriminação contra a Mulher e também da Comissão de Peritos da Aplicação de Convênios e Recomendações da OIT. Importante trazer a baila, os dados de Alice Monteiro Barros, os quais passamos a transcrever: “no estudo Geral de 1988, sobre a Convenção n.111, esta Comissão de Peritos enumerou exemplos de assédio sexual no trabalho, entre eles: insultos, observações, insinuações e comentários inadequados sobre a maneira de se vestir de uma pessoa, sobre seu físico, idade ou situação familiar; atitudes arrogantes ou paternalistas contrárias a sua dignidade; convites ou pedidos impertinentes, implícitos ou explícitos, acompanhados ou não de ameaças; olhares lascivos ou outros gestos relacionados com a sexualidade e contatos físicos desnecessários, como por exemplo toques, carícias, beliscões ou agressões. Em síntese, a comissão destacou que, para uma ação desse tipo qualificar-se como assédio sexual, terá que possuir consequências diretas ou indiretas com a relação de emprego. A resolução da Conferência Internacional do Trabalho, de 1985, sobre igualdade de oportunidades para os trabalhadores e as trabalhadoras no emprego, editada ___________ 18. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.64. 19. Ibid. p. 162


14 pela OIT, também dispõe, no art. 6º , que o assédio sexual no local da prestação de serviço prejudica as condições de trabalho e as perspectivas de ascensão dos empregados, devendo as políticas, que promovem a igualdade, adotar medidas destinadas a lutar contra esses comportamentos, de modo a impedi-los. No mesmo sentido é a Resolução da Conferência Internacional do Trabalho, de 1991, a respeito da ação em favor das trabalhadoras” ²º

Assédio sexual, realidade

Direito

A conduta foi extraída do plano da realidade, para ser inserida na esfera do Direito, onde foi coibida pelo legislador.

O ordenamento jurídico deve ser dinâmico para que possa acompanhar as necessidades que a relaidade impõe, muito embora, as relações humanas se construam em velocidade imensamente maior. Não vislumbro possível, que exista Estado de Direito perfeito, a ponto de reinar a segurança jurídica inconteste, uma vez que a natureza humana é repleta de imperfeições. Para que exista no entanto a norma eficaz, verifica-se a vinculação e a complementação entre o direito, a moralidade e a realidade. Uma norma que norma que estava no plano do direito, por exemplo, e gradualmente transfere-se para o plano da moral, é é aceita pela sociedade, evitando o estado anormal de direito.²¹

_____________ 20. BARROS, Alice Monteiro de. O assédio sexual no direito do trabalho comparado. In: Revista de Direito do Trabalho, v. 70, Curitiba: Genesis, out./1998. P. 493. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011.p.64. 21. Das reflexões e notas em sala de aula, com Doutora DIANA CAÑAL.


15 Miguel Reale, destaca oportunamente, sua preocupação com a realidade, moral e direito: “Na realidade, porém, fato e valor, fato e fim estão um em relação com outro, em dependência ou implicação recíproca, sem se resolverem um no outro. Nenhuma expressão de beleza é toda a beleza. Uma estátua ou um quadro, por mais belos que sejam não exaurem as infinitas possibilidades do belo. Assim, no mundo jurídico, nenhuma sentença é a Justiça, mas um momento de Justiça. Se o valor e o fato se mantêm distintos, exigindo-se reciprocamente, em condicionalidade recíproca, podemos dizer que há entre eles um nexo ou laço de polaridade e de implicação. Como, por outro lado, cada esforço humano de realização de valores é sempre uma tentativa, numa uma conclusão, nasce dos dois elementos um processo, que denominamos “processo dialético de implicação e polaridade”, ou, mais amplamente, “processo dialético de complementariedade”, peculiar à região ôntica que denominamos cultural.” ²²

Há uma correlação, relação de interdependência, uma expressão nítida da teoria tridimensional do direito, onde tem-se que o mesmo não pode ser reduzido ou simplificado num fenômeno de conduta, mas na conjunção dos fatores correspondentes ao fato, valor e norma. No que concerne a normatização do assédio sexual, é correto afirmar que as esferas já se correlacionaram.

____________ 22. REALE, Miguel, Filosofia do Direito, 19ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2000, p. 571.


16 CONCLUSÃO

Diante da temática e pontos abordados no estudo em comento, podemos concluir da abordagem histórica, que o assédio sexual, tem sua origem em tempos distantes e para compreendê-lo, faz imprescindível olhar para o passado e remotamente, a inserção da mulher no mercado de trabalho, quando da revolução industrial. Embora a questão hierárquica seja determinante, a conduta aqui debatida, não está estritamente firmada no poder, mas também no preconceito, na discriminação e no cerceio da liberdade sexual. Por ser um problema antigo, com uma abordagem nova, embora reconhecido e tutelado pela norma jurídica, no que pese a transposição do plano da realidade, para o plano da moral e do direito, talvez a lentidão referente a normatização satisfatória, especialmente no direito Brasileiro, se deva aos alicerces desta conduta, que fincados no preconceito e diminuição da mulher, levou séculos para ser reconhecida. Por muito tempo, foi assombro velado às vítimas. Na prática, embora não haja no Brasil a legislação completa que esperamos, verifica-se que as punições atribuídas pela Justiça do Trabalho, aos pedidos de reparação por assédio sexual, são coerentes, embora esta seja uma conduta de difícil comprovação. Penso que quando da normatização específica tão desejada, o legislador possa prever a punição a modalidade de assédio, não só na modalidade de chantegem, mas também, quando o assédio ocorrer como forma de intimidação. Desejável também, que as sanções determinem com clareza, responsabilidades patrimoniais, que afetem a pessoa do assediador e não somente o empregador enquanto empresa. Verificamos portanto, que a normatização do assédio sexual ocorreu. Lento fora o percurso de inserção desta conduta repugnante, extraída da realidade para o mundo do direito. Muito sensíveis foram as mulheres ao longo do tempo e da história, a ponto de lutarem para ter o direito de oferecer sua contribuição e força laboral, não obstante os obstáculos enfrentados, a fim de que esta que vos escreve, possa hoje estar aqui, tentando de forma humilde, contribuir para a reflexão e elaboração de normas que melhor protejam as vítimas e garantam a punibilidade aos que venham praticar assédio sexual.


17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CAÑAL, Diana R. Una Visión Pragmática del Derecho. Quorum, Buenos Aires,2003. 2. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Martins Fontes, São Paulo, 1998, 6ª Ed, 3ª Tiragem. 3. SANTOS, Aloysio. Assédio Sexual nas relações trabalhistas e estatutárias. Rio de janeiro: Forense, 1999. 4. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1996.v.II, p. 5. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011. 6. DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. V.3,p. 7. MARTINS, Sérgio Pinto. Assédio Moral no Emprego: Atlas, 2012. 8. BARROS, Alice Monteiro de. O assédio sexual no direito do trabalho comparado. In: Revista de Direito do Trabalho, v. 70, Curitiba: Genesis, out./1998. P. 493. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O assédio Sexual na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2011. 9. REALE, Miguel, Filosofia do Direito, 19ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2000.


18 ANEXO

CONVENÇÃO N. 111 SOBRE A DISCRIMINAÇÃO EM MATÉRIA DE EMPREGO E PROFISSÃO

A Conferência da Organização Internacional do Trabalho, Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida a 4 de Junho de 1958, na sua 42.ª sessão; Depois de ter decidido adoptar diversas disposições relativas à discriminação em matéria de emprego e profissão, assunto abrangido no quarto ponto da ordem do dia da sessão; Depois de ter decidido que essas disposições tomariam a forma de uma convenção internacional; Considerando que a Declaração de Filadélfia afirma que todos os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao progresso material e desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em segurança económica e com oportunidade iguais; Considerando, por outro lado, que a discriminação constitui uma violação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adopta, a vinte e cinco de junho de mil novecentos e cinquenta e oito, a convenção abaixo transcrita, que será denominada Convenção sobre a discriminação (emprego e profissão), 1958. Artigo 1.º (1) Para os fins da presente Convenção, o termo «discriminação» compreende: a) Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; b) Toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo Estado Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de patrões e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados.


19 (2) As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para determinado emprego não são consideradas como discriminação. (3) Para fins da presente Convenção as palavras «emprego» e »profissão» incluem não só o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, como também as condições de emprego. Artigo 2.º Todo o Estado Membro para qual a presente Convenção se encontre em vigor compromete-se a definir e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstancias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objectivo de eliminar toda a discriminação. Artigo 3.º Todo o Estado Membro para a qual a presente Convenção se encontre em vigor deve, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais: a) Esforçar-se por obter a colaboração das organizações representativas de patrões e trabalhadores e de outros organismos apropriados, com o fim de favorecer a aceitação e aplicação desta política; b) Promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios a assegurar esta aceitação e esta aplicação; c) Revogar todas as disposições legislativas e modificar todas as disposições ou práticas administrativas que sejam incompatíveis coma referida política; d) Seguir a referida política no que diz respeito a empregos dependentes da fiscalização directa de uma autoridade nacional; e) Assegurar a aplicação da referida política nas actividades dos serviços se orientação profissional, formação profissional e colocação dependentes da fiscalização de uma autoridade nacional; f) Indicar, nos seus relatórios anuais sobre a aplicação da Convenção, as medidas tomadas em conformidade com esta política e os resultados obtidos. Artigo 4.º Não são consideradas como discriminação as medidas tomadas contra uma pessoa que, individualmente, seja objecto da suspeita legítima de se entregar a uma actividade prejudicial à segurança do Estado ou cuja actividade se encontra realmente comprovada, desde que a referida pessoa tenha o direito de recorrer a uma instância competente, estabelecida de acordo com a prática nacional. Artigo 5.º


20 (1) As medidas especiais de protecção ou de assistência previstas em outras convenções ou recomendações adoptadas pela Conferência Internacional do Trabalho não devem ser consideradas como medidas de discriminação. (2) Todo o Estado Membro pode, depois de consultadas as organizações representativas de patrões e trabalhadores, quando estas existam, definir como não discriminatórias quaisquer outras medidas especiais que tenham por fim salvaguardar as necessidades particulares de pessoas em relação às quais a atribuição de uma protecção e assistência especial seja, de uma maneira geral, reconhecida como necessária, por razões tais como o sexo, a invalidez, os encargos da família ou o nível social ou cultural. Artigo 6.º Os membros que ratificarem a presente Convenção comprometem-se a aplicá-la aos territórios não metropolitanos, de acordo com as disposições da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Artigo 7.º As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao director-geral da Repartição Internacional do Trabalho, que as registará. Artigo 8.º (1) A presente Convenção somente obrigará os membros da Organização Internacional do Trabalho cuja ratificação for registada pelo director-geral. (2) A Convenção entrará em vigor doze meses após a data em que tenham sido registadas pelo director-geral as ratificações de dois dos Estados Membros. (3) Por conseguinte, esta Convenção entrará em vigor, para cada um dos Estados Membros, doze meses após a data do registo da respectiva ratificação. Artigo 9.º (1) Os membros que tenham ratificado a presente Convenção podem denunciá-la decorridos dez anos sobre a data inicial da entrada em vigor da Convenção, por meio de comunicação ao director-geral da Repartição Internacional do Trabalho, que a registará. A denúncia somente produzirá efeitos passado um ano sobre a data do registo. (2) Os Membros que tenham ratificado a Convenção 'e que no prazo de um ano, depois de expirado o período de dez anos mencionado no parágrafo anterior, não façam uso da faculdade de denúncia prevista no presente Artigo ficarão obrigados por novo período de dez anos, e, por consequência, poderão denunciar a Convenção no termo de cada período de dez anos observadas as condições estabelecidas neste Artigo. Artigo 10.º


21 (1) O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará os membros da Organização Internacional do Trabalho do registo de todas as ratificações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos referidos membros. (2) Ao notificar os membros da Organização do registo da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o director-geral chamará a atenção dos membros da Organização para a data em que a mesma Convenção entrará em vigor. Artigo 11.º O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao secretário-geral das Nações Unidas, para efeitos de registo, de harmonia com o Artigo 102.· da Carta das Nações Unidas, informações completas respeitantes a todas as ratificações e actos de denúncia que tenha registado nos termos dos Artigos precedentes. Artigo 12.º Sempre que o julgar necessário, o conselho de administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá da oportunidade de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão da sua revisão total ou parcial. Artigo 13.º (1) No caso de a Conferência adoptar outra convenção que implique revisão total ou parcial da presente Convenção e salvo disposição em contrário da nova convenção: a) A ratificação da nova convenção por um dos membros implicará ipso jure a denúncia imediata da presente Convenção, não obstante o disposto no Artigo 9.º, e sob reserva de que a nova convenção tenha entrado em vigor; b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção a presente Convenção deixa de estar aberta à ratificação dos membros. (2) A presente Convenção continuará, todavia, em vigor na sua forma e conteúdo para os membros que a tinham ratificado e não ratifiquem a nova convenção. Artigo 14.º As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção são igualmente autênticas.


AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO PLURALISMO JURÍDICO NO BRASIL: O CASO DAS COTAS PARA AFRODESCENDENTES Sérgio Coutinho1 “A corrosão e a dissolução dos laços comunitários nos transformaram, sem pedir nossa aprovação, em indivíduos de jure; mas circunstâncias opressivas e persistentes dificultam que alcancemos o status implícito de indivíduos de facto” (Zygmunt Bauman, “Confiança e medo na cidade”).

Sumário: 1. Introdução 2. Texto e contexto: O que são políticas de ação afirmativa 2.1 Análise quantitativa do isolamento do negro pobre na sociedade brasileira hoje 2.2 Histórico das ações afirmativas 2.2.1 Pressupostos no mundo 2.2.2 Pressupostos no Brasil 2.3 As cotas como uma espécie de ação afirmativa 3. 3. Como atuam as audiências públicas: o caso das cotas nas universidades públicas 3.1 O Poder Judiciário ouvindo a sociedade civil 3.2 O Poder Executivo se manifesta 3.3 O recorrente responde 3.4 O recorrido responde 4. O pluralismo jurídico na construção da jurisprudência 4.1 Monismo x Pluralismo jurídico: um debate contra anacronismos normativos 4.2 O ativismo judicial pela superação da omissão na neutralidade forense 5. Conclusão: Consequências possíveis aos olhos da sociedade civil 6. Referências

1. Introdução

A insuficiência das leis para resolver os problemas de nosso cotidiano é flagrante no Direito contemporâneo. Todo o debate entre Monismo e Pluralismo tornou-se um anacronismo de meados do século XX diante dos desafios do século XXI. Para uma sociedade crescentemente diversificada nos hábitos de seus cidadãos, é preciso ter ferramentas jurídicas para controle social que sejam igualmente variadas. Para a análise desta transformação como um fenômeno já avançado do sistema jurídico, será utilizado o estudo de caso de uma das diversas audiências públicas que a corte superior brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tem realizado. Uma vez que o próprio tribunal registrou em vídeo cada uma das audiências, o DVD oficial do fenômeno será fonte documental para o presente estudo. Têm ocorrido, nos últimos anos, diversas audiências públicas perante os tribunais superiores brasileiros, principalmente a máxima corte nacional. Desafiado para resolver dilemas

1 Mastría en Sociología y Grado en Abocacía por la Universidad Federal de Alagoas. Profesor de Derecho Laboral en universidades de Brasil. Responsable por el weblog Mundo em Movimentos (http://mundoemmovimentos.com). Para contacto: coutinhosergio@live.com


contemporâneos sem precedentes normativos locais claros, o tribunal chamou para consulta não apenas especialistas de diversas áreas. As pessoas que seriam atingidas pelos novos entendimentos jurídicos também puderam se pronunciar. A suposta distância entre magistrados e cidadãos diminuiu significativamente. Para os fins desta investigação, será estudado o caso da audiência pública sobre a constitucionalidade da lei de cotas para universidades públicas brasileiras. A argumentação dos magistrados será confrontada àquela de especialistas de diversas áreas bem como de movimentos sociais e estudantes beneficiados por cotas. No primeiro momento, será explicada a lei de cotas e seu contexto social nas duas últimas décadas em diversas universidades brasileiras. Para que sua importância conjuntural fique clara, será analisada de acordo com as circunstâncias gerais que marcam as cotas para grupos em desvantagem da sociedade. Em seguida, o debate em curso na sociedade brasileira será acompanhado tendo por resumo as reflexões expostas no evento, realizado entre os dias 03 e 05 de março de 2010. Na implantação de ações afirmativas no ensino superior público nacional, o Brasil implantou cotas sociais, em que são utilizados critérios de definição de classes socioeconômicos, e critérios étnicos, nas chamadas cotas raciais, para as quais os candidatos à seleção pública são selecionados entre indígenas ou entre negros. Tal distinção será considerada para efeitos deste estudo, porém, uma vez que seja foco do Supremo Tribunal Federal a cota racial, esta que será analisada a fundo. No Brasil, há programas de financiamento estudantil implantados pelo governo federal para estudantes vindos de grupos em desvantagem da sociedade. Contudo, estes casos são voltados a faculdades e universidades particulares. Portanto, também não são objeto da reflexão da corte maior do país. É preciso lembrar que não há vagas para todos os egressos do Ensino Médio no país. É preciso selecioná-los para as vagas existentes. Por isto, os critérios de eficiência e mérito como contrapostos a compensações por desigualdades históricas (no caso de negros e índios) ou socioeconômicas (no caso de vagas para estudantes de baixa renda familiar) são de grande importância para o presente debate. Após estes pressupostos sociopolíticos concretos, bem como os argumentos que os fundamentaram, será a vez do contexto jurídico-teórico novo que torna possíveis fenômenos como as audiências públicas por parte de juristas e operadores do direito. Assim, as teses do Pluralismo Jurídico e do Neoconstitucionalismo serão investigadas em linhas preliminares para mostrar que nada do que vem sendo feito é isoladamente realizado, mas parte de um novo cenário para o direito ocidental.


Por fim, será esboçado o papel de uma escola como Spes, em construção dialética na Argentina, para que esta perspectiva multifacetada possa ser empregada na construção de parâmetros civilizadores que respeitem os direitos humanos.

2. Texto e contexto: O que são políticas de ação afirmativa

2.1 Análise quantitativa do isolamento do negro pobre na sociedade brasileira hoje

Não são poucos os indicadores sociais que apontem para a ausência de igualdade entre grupos em sociedade. Mais do que “minorias sociais”, usa-se, hoje em dia, a expressão “grupos em desvantagem” (GARGARELLA, 1999) exatamente por isso. Se todos desfrutam da mesma igualdade perante a lei, idênticos na abstrata nomenclatura dada pela cidadania, materialmente diversos fatores sociais criam barreiras que se contrapõem às oportunidades para o acesso ao trabalho, à saúde, à educação, a relacionamentos afetivos. As distinções são imensas. Bauman refere-se a essa condição como se fosse uma fila. Seria imposto a parte dos cidadãos, devido a uma biografia de falta de oportunidades, aceitar, como um destino, que nunca teria lugar na sociedade. Em sua reflexão:

Os cidadãos da última fila estão 'condenados a permanecer no lugar'. Portanto, espera-se que sua atenção – cheia de insatisfações, sonhos e esperanças – dirija-se inteiramente para as 'questões locais'. Para eles, é dentro da cidade em que moram que se declara e se combate a luta – às vezes vencida, mas com maior frequência perdida – para sobreviver e conquistar um lugar decente no mundo (BAUMAN, 2009, p. 28).

Enquanto a ordem pública estaria fadada a lidar com a igualdade formal, as demandas por acessibilidade seriam locais, por espaço para mulheres na convivência seriam locais. Esta situação não se confirmou plenamente. Pois representantes eleitos dos grupos em desvantagem bem como ações judiciais têm conseguido converter suas reivindicações em políticas públicas. A necessidade da intervenção do Estado para dirimir desigualdades históricas é flagrante. Assim apontam os números de estatísticas internacionais sobre escolaridade dos grupos em desvantagem no país. Para os objetivos do presente estudo, serão apresentados apenas números correspondentes à população negra brasileira. Segundo o UNICEF, em 2007 havia 49,2% mais pessoas brancas matriculadas no Ensino Médio do que o que se encontra na população negra.


Mário Lisboa Theodoro, Diretor de desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi ouvido pela Audiência Pública examinada neste estudo. Como um dos responsáveis por um estudo sobre desigualdades raciais no Brasil, ele relacionou durante 15 minutos números que esclarecem o problema. Apesar de haver uma seção própria no presente estudo para lidar com argumentos apresentados na Audiência Pública, devido ao caráter quantitativo de seus dados preferi apresentar separadamente informações desta exposição. Servirão para conceber o contexto socioeconômico do qual decorre o problema sob debate na Audiência Pública. O IPEA tem estudado há dez anos desigualdades raciais no Brasil. Foi constatado, em números de 2010 apresentados na Audiência Pública, que um trabalhador negro ganha, em média, metade da renda de um trabalhador branco. Além disso, o percentual de negros abaixo da linha de indigência é 2.5 superior do que o de brancos. A população negra são quase 70% dos pobres. Do total de indigentes, 71% são negros Do total de crianças em idade escolar, 571.000 crianças, 61% são crianças negras. É importante lembrar que todos os institutos de pesquisa brasileiros usam o critério de autodeclaração de raça. Devido à ampla miscigenação nacional, há milhares, talvez milhões, de brasileiros que poderíamos considerar negros mas que se declaram de outra etnia. Por isso, os números podem ser ainda piores. Consideram-se apenas aqueles que afirmaram no questionário de pesquisa que eram negros. Nas próprias palavras do pesquisador:

O IPEA atesta a consistência da autodeclaração como critério de definição de “raça” no país. Atesta também a consistência das 5 categorias habitualmente propostas (branca, parda, preta, amarela e indígena) face às categorias livremente utilizadas. Atesta, ainda, a consistência da agregação de pretos e pardos dado as semelhanças socioeconômicas entre os dois grupos e as discriminações sofridas por ambos serem da mesma natureza, associadas a mesmas barreiras raciais (estudo de 2003). Os estudantes negros, sejam homens ou mulheres, encontram-se em desvantagem em relação aos seus colegas brancos em todas as séries e níveis de ensino. No caso dos matriculados no ensino fundamental, os estudantes negros são menos estimulados e sofrem mais discriminação nas escolas, o que prejudica seu desempenho futuro.

Na saúde, a mortalidade materna no parto é três vezes superior entre negros do que entre brancos. As gestantes negras têm em média menos consultas e maior número delas não contam com exames pré-natal. As políticas universais não têm conseguido enfrentar a discriminação.


Não há neste caso uma dicotomia entre focalização e políticas universais. Pelo contrário, as políticas universais apenas poderão se realizar plenamente se contarem com políticas de valorização da diversidade. Uma delas são as cotas. Por fim, o pesquisador lembrou que, até hoje, foram 52.000 os estudantes negros beneficiados por cotas. As cotas são um mecanismo apenas para ingresso, ninguém sai da universidade por cotas. O que se visa é habilitar negros às mesmas oportunidades no mercado de trabalho, não que tenham vagas asseguradas. Impede que encontrem portas fechadas por serem negros, o que tem ocorrido hoje.

2.2 Histórico das ações afirmativa

2.2.1 Pressupostos no mundo

As políticas de ação afirmativa visam igualar oportunidades. Por isso, compensam desigualdades preexistentes para que a disputa por condições de vida, seja em vagas em concursos públicos, no mercado de trabalho privado, em escolas ou faculdades, seja igualitária em sociedade. Seu fundamento jurídico costuma, pois, ser associado à busca por isonomia. Ao contrário do que seus antípodas afirmariam, não prejudicam a igualdade para todos, mas a asseguram. Partem de assegurar uma igualdade que, parafraseando Rui Barbosa, trata pessoas desiguais em certas condições segundo a medida desta desigualdade. Como lembra Paula Cantelli, as cotas começaram com o governo do presidente dos Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, com a Norma Executiva n. 10.925, de 1961 (CANTELLI, 2010, p. 313). Não foi simples a sua implantação. O objetivo da lei era compensar a quase ausência de negros nas empreiteiras americanas. Foi, então, criada a Comissão para Igualdade de Oportunidades no Emprego, visando dar oportunidades semelhantes no acesso ao emprego, sem distinção estranha à qualificação profissional. Contudo, a sua implantação não foi simples. Foi uma década difícil, de tentativas e erros na legislação dos Estados Unidos sobre o assunto. Uma demonstração disso está no Civil Rights Act, de 1964, que impedia qualquer discriminação por parte de quaisquer empresas do país. Diversas outras normas surgiram nos anos seguintes para regulamentar os detalhes necessários daquelas condições tão desiguais de trabalho por discriminação étnica. Para superar as desigualdades étnicas até então existentes no país, foi estimulado o acesso de estudantes negros às universidades. É preciso lembrar que naquele país não são comuns provas para ingresso, como ocorre no caso brasileiro, mas análise curricular e entrevistas durante o Ensino


Médio. Por esta razão, era sistemático que o racismo de avaliadores se manifestasse na seleção e dificilmente a competência de estudantes negros fosse considerada. Sem cotas, isto não mudaria facilmente naqueles tempos. Porém, Drew III lembra de um lema histórico da sociedade norte-americana. Ele recorda que “una idea que resulta clave dentro del ideario americano dice que uno puede llegar tan lejos y tan pronto como los propios talentos se lo permitan”. Contraria mesmo a ideia de sociedade de classes, no cotidiano dos discursos dos Estados Unidos, pois seria possível a qualquer um que soubesse aproveitar oportunidades migrar entre condições socioeconômicas distintas (DREW III, 1999, p. 42). O mesmo autor ainda observa o contexto histórico das normas norte-americanas mais importantes sobre a defesa dos direitos dos afrodescendentes. A Emenda 14 da Constituição Americana, que assegura a todos igual proteção perante o Estado, teria por norma de fundo garantir que os ex-escravos passassem a usufruir dos direitos de cidadãos (Idem, p. 43). Assim, toda ação afirmativa nos Estados Unidos tem visado à superação de uma perspectiva histórica, a assegurar que ela seja plenamente superada. Por isso, tem sido fundamental dar visibilidade a negros em todas as instâncias da sociedade.

2.2.2 Pressupostos no Brasil

Na perspectiva do sistema jurídico do Brasil, antes de falar em cotas é preciso examinar a legislação contra discriminação. Para isso, serão lembrados dispositivos da Constituição Federal e de leis federais infraconstitucionais. Há mais de uma norma constitucional que prevê o combate à discriminação. É necessário começar pelos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, descritos no art. 3o. Em seu inciso IV consta como um deles: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. No art. 5o, responsável pela tutela dos direitos fundamentais, consta em seu inciso XLII uma forte proteção à sociedade brasileira contra o racismo: “XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Seria possível afirmar que toda a questão seria anacrônica, uma vez que a genética já descobrira há décadas que não há distinção de raças dentro da espécie humana. Logo, não seria possível falar em racismo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, a corte maior guardiã da Constituição e da constitucionalidade das normas no Brasil, já decidiu sobre os critérios para racismo no Brasil. Foi no julgamento do Habeas Corpus n. 82424, em 2003. Tratou-se da condenação do


editor de livros nazistas Sigfried Ellwanger. Discutia-se se a Constituição se referia a uma proteção aos negros, à discriminação em geral ou se nada disso seria válido diante da liberdade de expressão. Não se sabia nem mesmo, logo, qual seria a norma de fundo em discussão. Após nove meses de julgamento, prevaleceu o entendimento do Ministro Mauricio Corrêa, segundo o qual “disse que a genética baniu o conceito tradicional de raça e que a divisão dos seres humanos em raças decorre de um processo político-social, originado da intolerância dos homens”. Raça e racismo seriam, pois, termos cujo significado dependeria de contextos sociais, uma vez que já não pertença mais, no caso humano, da Biologia (STF, 2003). Toda referência normativa a raça ou racismo passara, assim, a ser interpretada como discriminação em geral, sem prevalência de qualquer grupo étnico e sem que coubessem reflexões sobre a racialização da população contra ditames das ciências naturais. Com esta decisão paradigmática, o STF determinou a norma de fundo válida para qualquer pendência de ordem racial no sistema jurídico pátrio. Com este esclarecimento, chega a ocasião de lembrar da legislação infraconstitucional contra racismo. A lei n. 7716, de 1989, regulamenta o texto constitucional sobre o crime de racismo, definindo penas para certas condutas. A lei n. 9029, de 1995, relaciona racismo a discriminação em geral e lida com um contexto mais amplo e que importará de modo mais evidente para os fins do presente estudo. Ao se referir em parte de seu texto à proteção contra discriminação em exames médicos, resguarda seu caput do art. 1o. para circunstâncias mais gerais: “Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade (...)”. Diversas leis brasileiras vieram em curto intervalo de tempo para definir cotas para circunstâncias as mais diversas da sociedade. Protegia-se o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, de mulheres às eleições, entre outras condições 2. Porém, não havia qualquer debate nacional a seu respeito. Esta realidade mudou e necessitou de intervenção do Supremo Tribunal Federal quando foram regulamentadas cotas para o acesso de estudantes negros e indígenas pobres às universidades públicas brasileiras. No caso brasileiro, as cotas começaram com a Lei n. 10558, de 2002. Antes tratava-se de Medida Provisória, n. 63 do mesmo ano, que fora convertida em lei. Prevê, em seu art. 1o.:

Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção

2 Em 1991, a lei n. 8213, de 1991, definiu cotas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 37, VIII, sobre reserva de vagas em concursos públicos para este grupo da sociedade.


do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros.

Foram implantadas com critérios conjugados, socioeconômicos e étnicos, porém esta hipótese não ficou clara em muitas universidades. No sistema de ensino superior do país, há a garantia constitucional da autonomia universitária. Por este fim, o Ministério da Educação fiscaliza os cursos superiores quanto a currículos mínimos e detém a maioria das bolsas disponibilizadas, porém a implantação de mudanças administrativas depende de aspectos que a própria instituição pode estabelecer. Sendo assim, algumas universidades3, como a UnB, criaram um conselho voltado a definir quem seria negro e quem não o seria. Quando irmãos gêmeos desafiaram a prova, expuseram mais do que a ilicitude, a ausência de bom senso que há em depender da perspectiva de cada avaliador. Um dos irmãos foi considerado negro, o outro não e não aceito como cotista. O critério que predomina no Brasil, tendo por exemplo a Universidade Federal de Alagoas, é de autodeclaração, quem diz ser negro ou quem diz ser indígena. As implicações de tal método serão examinadas na última seção do presente estudo. A princípio, não causaria grande polêmica, pois a autodeclaração é como o principal órgão público brasileiro de estatísticas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) realiza o censo nacional. As cotas são, pois, consideradas por seus defensores entre gestores públicos que as implantaram como uma etapa do sistema de ação afirmativa do país. Não guardam semelhança com as cotas existentes para trabalhadores com deficiência na iniciativa privada e no serviço público, pois carecem de perenidade no caso de estudantes. Durarão um limite estrito de tempo, para que contribuam à adaptação da sociedade como inclusiva e multiétnica.

3. Como atuam as audiências públicas: o caso das cotas nas universidades públicas

3.1 O Poder Judiciário ouvindo a sociedade civil

3 Hoje, aplicam sistemas de cotas para estudantes negros e indígenas, as seguintes universidades brasileiras: Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Universidade Estadual de Montes Claros; Universidade Estadual de Londrina; Universidade do Estado da Bahia; Universidade de Brasília; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Estadual do Norte Fluminense; Universidade Federal do Acre; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Sergipe; Universidade Estadual da Paraíba; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade do Estado de Minas Gerais; Universidade Federal do Maranhão; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal do Piauí; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia; Universidade do Estado de Mato Grosso; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Estadual de Londrina; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Vale do São Francisco


A Constituição Federal brasileira abre espaço para democracia participativa. Audiencias públicas se inserem nisso. A Lei n. 9882, de 1999, regulamenta no Brasil as Audiências Públicas perante o Supremo Tribunal Federal. Em seus arts. 1o. e 6o, estão os fundamentos para esse procedimento:

o o Art. 1 A argüição prevista no § 1 do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. (...) o Art. 6o. § 1o.: § 1 Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta para julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, art. 21, XVII. Há diversos tratamentos para a figura do Amicus curiae, especialistas e interessados que colaboram com as questões julgadas. Têm sido sempre deixadas para temas de grande repercussão, nunca como algo rotineiro. Ocorrera com reserva de terras indígenas e com células-tronco antes. Quando começaram os trabalhos no primeiro dia de Audiência, havia três ministros da suprema corte nacional presentes: Ricardo Lewandoski (relator do processo e moderador dos debates durante a Audiência Pública), Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Nos dois outros dias, mantinha-se o relator mas alternavam-se outros ministros, segundo a conveniência para cada um de estar presente. A Vice-procuradora geral da República, Débora Duprat, lembrou aspectos das Ciências Humanas, permitindo o que foi constante durante a audiência pública: construir em termos sociopolíticos a norma de fundo que a legislação, aparentemente, não trazia clara. Afirma Duprat4 que toda constituição é uma ruptura com uma ordem anterior e um projeto de futuro para uma sociedade. Ela ressaltou três perspectivas para seus argumentos: Filosófica, Política e Jurídica. O momento anterior àquele em que vivemos seria aquele que na Filosofia correspondeu ao Iluminismo, ao racionalismo construtor kantiano. Porque o modelo que se seguiu a esse padrão filosófico era do sujeito cognoscente, sujeito que constrói o mundo. Mas, se a partir de conceitos apriorísticos constitui o mundo este sujeito não pode ter suas diferenças reconhecidas, 4 Os parágrafos seguintes até alcançar as citações diretas à Constituição são paráfrases com referências indiretas ao que fora dito pela vice-procuradora.


tem que ser único, sem qualidades, indefinido, representativo de todos os outros sujeitos. Na vertente política, lembra a Revolução Francesa. Ainda segundo sua visão de mundo, além do princípio de igualdade, e principalmente, o Estado Nação, onde se presume que sobre um único território há sujeitos que compartilham cultura, língua, há um único povo homogêneo. O Direito deste período é repositório de todas estas ideias; busca homogeneidade, indiferente às diferenças e trabalha com a lógica kantiana, em que observa regularidades e, a partir delas, lança leis gerais e universais. Esse ambiente de absoluta homogeneidade teve seu paroxismo com a II Guerra. Este é o motor das transformações que se iniciam doravante. Na vertente filosófica, a denúncia do colonização do diferente pelo “sempre igual”, inclusive em Foucault e Derrida. A realidade é extremamente plural para poder ser recortada em verdades universais. A visão de Estado Nação não é mais visão natural das coisas, mas construção histórica a partir de certas relações de dominação. Um grupo impõe seus valores para serem seguidos pelos demais. No Direito, os movimentos sociais passam a denunciar a farsa da igualdade de todos perante a lei. Começa com o Feminismo, passa pelos homossexuais, negros, índios, sempre mostrando que a igualdade formal é uma situação que lhes desfavorece. O Direito nunca foi alheio à diferença. Mas elegeu certo modelo que lhe interessava. Antes da Constituição de 1988, lidava com classificações binárias: “homem x mulher, branco x negro/índios, adulto x adolescente/idoso/criança, proprietário x despossuído, são x insano”. O segundo grupo sempre com um valor negativo em relação ao primeiro grupo. O sujeito de direito então tem cara, cor, sexo, condição financeira sempre bem definidos. Aos demais, o Direito sempre coloca um dado que o desqualifica perante ele. A mulher com incapacidade relativa até pouco tempo atrás. Índios apenas entrariam na sociedade tirando sua identidade indígena para ter emancipação. Crianças, adolescentes, precisavam crescer. Pessoas com deficiência eram como os demais invisíveis à condição de sujeitos de direitos. Apenas o sujeito ideal tem presença assegurada juridicamente no espaço público. Aos demais, ficavam espaços previamente reservados, em guetos. À mulher, o lar; às pessoas com deficiência os hospitais e sanatórios. Sociedade que divide e cria invisibilidade. A Constituição Federal de 1988, vigente no Brasil até nossos dias, reconheceu o caráter plural da sociedade nacional. Diz isso nos arts. 215 e 216 ao falar de cultura e grupos formadores da identidade nacional, entre negros e índios. A lembrança da vice-procuradora é oportuna. Como consta no texto constitucional:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.


§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. § 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (...) V valorização da diversidade étnica e regional Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (…) § 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

As referências aos demais grupos acima reforça isto. Recupera o espaço ontológico da diferença. A Constituição Federal fala de cotas para mulheres, para pessoas com deficiência, porque as cotas antes de atentar contra o princípio da igualdade realizam a igualdade material. São a porta de entrada para que as instituições públicas tenham um caráter universal. O saber das universidades tem ainda o saber do grupo hegemônico. Ao falar em meritocracia, é sobre este tipo de saber. Eis por que é diferente implantar nas escolas públicas quem conte a história indígena e afrodescendente, pois não têm quem as conte. Os espaços públicos ainda estão ocupados pelo grupo hegemônico. As cotas, por outro lado, permitem o pluralismo nas diversas instituições nacionais, são políticas inclusivas. Ao contrário da sociedade hegemônica que confina os diferentes aos espaços privados. Diferente do discurso de que cria diferenças, castas, ela inclui, traz para o espaço público a multiplicidade da vida social. As cotas com recorte étnico incomodam porque reconhecem a existência de raças. Apesar de na visão biológica não existirem raças na humanidade, o racismo persiste enquanto fenômeno social, como o conceito é reformulado e apropriado por todos. A miscigenação,


como argumento contra as cotas, nega que ela foi uma construção, desde as ordenações pombalinas como construção para as colônias, com casamentos interraciais para homens brancos, estratégia de povoamento, mais força para o mercado. A miscigenação mais do que um retrato da nossa sociedade é uma retórica social. O único critério possível é do autorreconhecimento. Uma sociedade hegemônica tem poder sobre classificações. Em uma sociedade plural, cada um afirma quem é. Afirmar que é negro traz consequências posteriores ao ingresso à universidade, ao mercado de trabalho. Assim, considerou-se no Poder Judiciário que esta era a postura a ser apresentada por parte do próprio Judiciário. As demais manifestações corresponderiam à sociedade civil organizada, a técnicos, representantes do Poder Executivo e das partes envolvidas na ADPF correspondente à questão.

3.2 O Poder Executivo se manifesta

Luis Inácio Adam exerce o cargo de Advogado-geral da União. Com esta função, é de sua competência defender o Poder Público, manifestar-se judicialmente em seu nome, mesmo em situações extrajudiciais como Audiências Públicas. Assim, ele se manifestou quando foi cobrado que o Estado defendesse sua perspectiva. Era preciso que isso ocorresse. Pois, trata-se de universidades públicas brasileiras, logo instituições subordinadas ao Ministério da Educação, logo à União. Em seu discurso, afirmou que, ao se apoiar nos valores de fraternidade, pluralismo, igualdade e justiça e elencar os princípios fundamentais da República, o constituinte verbalizou o inconformismo da nação, que evoluíssemos de uma realidade estática e formal para um estado de coisas dinâmico, democrático e plural. A busca pela igualdade material não se contenta com medidas repressivo-punitivas regulatórias, mas precisa que o Estado atue de maneira vanguardista com políticas de superação de hábitos de modo a afastar qualquer possibilidade da discriminação ser encarada como um determinismo social indelével. Nada mais natural que os primeiros projetos neste sentido surgissem de universidades públicas, espaço cultural tradicionalmente dedicado à produção do conhecimento crítico. Em boa hora, as universidades públicas fizeram uso de sua autonomia criando programas de inclusão nas balizas da proporcionalidade constitucional com leitura igualitária da democracia, visando sustentar uma visão multicultural da sociedade. Neste ponto, mostra-se pertinente fazer considerações sobre as contestações mais normais às políticas de cotas. Sustenta-se que a raça não seria por si só algo que obstaculizasse o acesso do negro ao ensino superior, mas a precária situação econômica de grande parte da sociedade. Seria visão reducionista da desigualdade racial, que é historicamente determinada. A desigualdade econômica, isolada,


recebeu soluções diversas no texto constitucional. Resta evidente que a reserva de vagas não parte apenas de questões econômicas, mas do resgate de minorias alheadas da participação político-social de que têm sido excluídas. Nada mais justo que este resgate comece pelas universidades. Mais uma vez, foi afirmado que o conceito de raça seria biologicamente inexato. Para os homens, seria construção mental baseada em certa modalidade de opressão social. Parte do fenótico do indivíduo não só em sua cadeia de ancestralidade. Racismo de estampa em vez do racismo de origem. É suficiente para desconstruir a tese da miscigenação, de uma democracia racial no Brasil. A discriminação opera por medidas diretas e indiretas. O fenótipo do indivíduo torna importante o critério de autorreferência do indivíduo. A política de cotas não pressupõe uma disposição estatal de afirmar a existência humana de raças, mas sim o intuito de combater a discriminação racial. Reconhecimento de uma condição discriminatória historicamente determinada em defesa de uma sociedade efetivamente plural. Para alcançar a igualdade é preciso primeiro reconhecer as diferenças. É necessária, citando Boaventura de Sousa Santos5, uma igualdade que não rejeite as particularidades. Na verdade, as discriminações raciais são discriminações culturais, apropriações de grupos sociais. Também não procede o argumento de que haveria discriminação reversa e um Estado racial no país. Primeiro, porque parte de conjecturas sem precedentes históricos. A política geral de cotas tem gerado sadio convívio das pessoas. Por fim, rechaçar que seria oposta ao sistema meritocrático. Rejeita desigualdades pretéritas entre candidatos, perpetuando e fortalecendo diferenças sociais mais do que o mérito que haveria naqueles que não tiveram oportunidades. O Estado brasileiro possui, em seu governo federal, uma Secretaria de Igualdade Racial, cujo Ministro de Estado é Edson Santos de Souza. Curiosamente, este posto tem sempre sido ocupado por ministros negros, assim como a secretaria especial de direitos da mulher tem sido ocupada por mulheres. É como se o próprio Estado tivesse suas cotas, infelizmente, como se sem pertencer ao grupo em desvantagem em discussão não fosse possível defendê-lo. Lembro que as Secretarias Especiais têm status de Ministério no Brasil. O secretário iniciou sua defesa das cotas lembrando que apenas recentemente foi recuperado o comércio exterior brasileiro com o continente africano, ignorado em relações econômicas desde o comércio escravagista de séculos atrás. Brasil participou da Conferência contra Racismo em Durban com entusiasmo, é signatário e tem sido referência no mundo nas ações de combate à desigualdade racial. O negro ficou sem mecanismos de inclusão, seja no acesso à terra, seja no acesso à educação ou ao trabalho logo da abolição da escravidão. Ele lembrou dos números que foram repetidos por diversos expositores, e que já estão presentes neste estudo em outra seção.

5 Não foi mencionada alguma obra, mas é possível encontrar essas ideias na seção seguinte do presente estudo, quando a contribuição de Boaventura de Sousa Santos ao Pluralismo Jurídico será examinada..


Em seguida, o secretário ponderou que as cotas não são a solução definitiva para a redução da desigualdade, mas um instrumento que oferece uma perspectiva de futuro para uma parcela esquecida do povo negro brasileiro que sonha com a universidade, formar-se nas mais diversas áreas, e cabe ao Estado lhes assegurar. Não há notícias de segregação nas universidades já beneficiadas por cotas e a ciência social deve se apoiar em fatos para definir perspectivas de futuro. O que se observa é que não há indícios de grandes conflitos na sociedade brasileira. São cerca de 60 universidades que adotam cotas sem grandes conflitos. Exemplo da PUC-RJ. Há 15 anos recepciona estudantes via pré-vestibular para negros e pobres. O convívio destes com os demais estudantes tem sido absolutamente cordial e democrático. Uma outra secretaria especial é a de Direitos Humanos, cujo secretário é Erasto Fortes de Mendonça. Ele relembrou o papel histórico da Declaração Internacional de Direitos Humanos, com referências a Norberto Bobbio e Hanna Arendt a este respeito (não foram mencionadas obras). Interessante sua pontuação sobre a Constituição Federal, pois inicia-se pelo Preâmbulo constitucional, apesar dele não ter força de norma (segundo a interpretação do secretário), mas que ressalta mesmo assim que o papel de nossos representantes eleitos reunidos é constituir um Estado Democrático de Direito. A dignidade humana é inata como atributo ontológico. Para defender esta frase forte, exige que seja reconhecido como a legislação brasileira já se opôs à dignidade da pessoa humana, quando sustentou a escravidão negra e o massacre indígena por séculos. O país que mais importou negros escravizados e o último a abolir a escravidão. Até o século XIX, negros mesmo libertos precisavam solicitar a dispensa de defeitos de cor, atestado pelo qual abdicavam da negritude para ocupar cargos públicos, militares e eclesiásticos. No campo educacional, instrumentos legais impediram o acesso de negros aos bancos escolares, como o Decreto 1.331 de 1854 que reformou o ensino básico brasileiro com a obrigatoriedade da escola pública para crianças, mas em seu art. 2o. Dizia que não seria admitida a matrícula para aqueles que tivessem moléstias contagiosas, os nãovacinados e os escravos. A abolição da escravidão não deu reconhecimento aos negros da sua dignidade, mas licença para serem objeto de preconceitos, como marchinhas carnavalescas atestavam, “O teu cabelo não nega mulata...”. O secretário de Direitos Humanos lembrou que são diversos os instrumentos internacionais que o Estado brasileiro ratifica para combater a discriminação racial. Convenção contra discriminação racial da ONU e a primeira Conferência conra Racismo e Xenofobia de Durban, em 2001. Esta insta os Estados a ter programas de ação afirmativa, inclusive no campo da educação. A própria Constituição Federal sinalizou o acolhimento destas medidas, pois nos fundamentos da República estão ações transformadoras do quadro social e político, como construir uma sociedade


livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade nem qualquer outra forma de discriminação. Os verbos utilizados pelos constituintes ao definir os objetivos fundamentais da República reclamam do Estado um comportamento ativo, obrigações transformadoras do quadro social e político. Não se trata apenas de impedir o preconceito mas de agir por uma mudança social. A educação é assinalada como um direito humano no art. 26 da declaração de direitos humanos. A Secretaria Especial de Direitos Humanos compreende portanto a justiça de emprego de ações afirmativas como cotas raciais para o ingresso no ensino superior brasileiro e entende que as políticas universais de acesso não lograram êxito no sentido de incluir esta parcela da população. Compreende também a especificidade da discriminação racial frente a questões econômicas, pois não parece ter o mesmo significado no Brasil ser branco pobre e ser negro pobre. Este é discriminado duplamente, pela condição socioeconômica e pela condição racial. O racismo não pergunta às suas vítimas qual é a sua renda mensal. Secretaria Especial de Direitos Humanos compreende ainda que o princípio da igualdade de oportunidades requer a atuação do Estado para corrigir desigualdades artificialmente criadas pela sociedade pela promoção de oportunidades iguais às vítimas de discriminação para que usem serviços educacionais. Tendo em vista o sistema de mérito, pertencer à raça não é condição suficiente para ser beneficiado, o critério de mérito também deve ser satisfeito. As ações afirmativas também não querem ser uma discriminação em desfavor das maiorias. Por isto a necessidade de fixar percentuais mínimos para assegurar a presença de minorias bem como a natureza temporária destas ações. Não são excludentes, portanto, de políticas universalistas da qualidade da educação básica. Ao contrário, devem ser uma combinação como tem sido o empenho do governo brasileiro ao compreender a educação como um processo sistêmico em que os diversos sistemas educacionais se complementam solidariamente. Somos, finalmente, levados a não enxergar o sistema de cotas como um favor fornecido pela sociedade, mas um benefício pois ao tornar-se parte da universidade a população negra contribui para a democratização do espaço acadêmico. A universidade tem sabido usar com maturidade e responsabilidade a autonomia universitária assegurada pela Constituição para assegurar diferentes modalidades de ingresso ao ensino superior. Fora do campo das secretarias especiais, foi designada a Secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), Maria Paula Dallari Bucci. Com diversos gráficos, ela defendeu que tem havido uma evolução contínua no tempo de escolaridade dos brasileiros acima dos 25 anos de idade nos últimos anos. A escolaridade de negros e brancos mantém a mesma distância desde 1987, com aumentos graduais na distância. Entre 15 e 17 anos, a diferença é ainda mais aguda. No acesso ao ensino superior, a melhora no acesso não chegou aos negros. O Exame Nacional do Ensino Superior, que traz números sobre o desenvolvimento da


educação brasileira nas faculdades e universidades, também teve seus dados apresentados. Uma pesquisa com base em 10 cursos do ENADE mostra, segundo a secretária, que os cotistas entraram em todos os cursos com defasagem na sua formação básica, mas o desempenho no final dos cursos foi equivalente quando não foi superior aos não bolsistas. Apesar da ação judicial referir-se a negros, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) fez-se presente por meio do seu presidente, Carlos Frederico de Souza. Ele defendeu o fim do critério de integração ser a perda da identidade étnica, antes usado com negros e indígenas, critério de integração punitiva, em que era preciso o caráter homogêneo da identidade nacional. Ele afirmou, ressaltando o caráter ideológico presente em muitas das reflexões sobre cotas, que existiria na afirmação da identidade étnica um direito à opção contra a modernidade do capitalismo ocidental. O presidente da FUNAI inovou frente aos demais depoimentos do primeiro dia de Audiência Pública, pois converteu parte da sua exposição em um depoimento. Afirmou que ensina em um Mestrado sobre Direito Ambiental na UFPR, onde dois mestres são indígenas, de etnias Pacararu e Guarani. Ambos atuam como advogados nas comunidades indígenas. A universidade, a diversidade na pesquisa, os alunos que com eles cursaram o Mestrado, ganharam mais do que o título que eles ganharam. Professores puderam ter intercâmbio claro de conhecimentos. Reduzir ou impedir as cotas seria atécnico e contrário ao desenvolvimento da ciência, por todo o conhecimento sobre a natureza que é próprio das comunidades indígenas e se cercearia o acesso pelas universidades. As desigualdades raciais mantém-se a cada geração com perversa estabilidade dando ao Brasil, apesar da crescente prosperidade no país, o título de mais desigual das Américas.

4.3 O Recorrente se manifesta

Roberta Fragoso Kaufmann, advogada do Partido Democratas (DEM), que pediu para manifestar-se na Audiência contra as cotas, começou por fazer reservas a grande parte dos argumentos até então apresentados. Afirmou, por exemplo, que não se discutem nessa ação cotas para índios. No plano de metas da UnB há vagas para índios mas não foram atacadas pela ação. Também não se discute o modelo de ação social implementado no Brasil. Quase toda a totalidade da argumentação jurídica sobre o tema vinha discutindo a distinção entre igualdade material e formal, citando Aristóteles e Rui Barbosa sobre a proporcionalidade. Porém, apesar de idealmente todos concordarem, não nos define o que em cada contexto seja minoria social. Não é por que existam cotas, afirmou a título de exemplos na perspectiva internacional, para dalits da Índia ou esquimós do Canadá que toda medida igualitária será válida em qualquer


localidade do mundo. É preciso ver o que, em cada sociedade, seja minoria apta à intervenção estatal. Tanto é que nessa ação não se discutem cotas para deficientes, mulheres nem se discute sermos uma sociedade racista. Contudo, o racismo deve ser punido como crime, como ocorre com outras minorias que não são protegidos por cotas mas protegidos por lei contra discriminação, como hare-khrishna, nordestinos, homossexuais etc6. A ação, verdadeiramente, discute se a imposição de um Estado racializado, racismo institucionalizado com base na cor da pele, se é a medida mais justa para uma sociedade mais igualitária. Têm sido implementadas tais políticas com base no Direito comparado, com resultados desastrosos em Ruanda, África do Sul e Estados Unidos. EUA iniciaram as cotas raciais. Nunca houve lá miscigenação tal qual no Brasil, por leis contra relações interraciais. Até 1977 casamentos entre pessoas de raças diferentes ainda era proibido. Racismo institucionalizado. Desde o hospital onde nascia o indivíduo até o cemitério onde ele era enterrado, todas as instituições segregavam com base na cor da pele. Qualquer espaço de convivência social. Foram implementadas culturas paralelas em que brancos e negros não se misturavam. Houve um suporte social com base na Klux Klux Kan, que chegou a ter milhões de membros. Dworkin (não se refere a em que obras), que é favorável às cotas raciais, não usa de argumento igualitário, mas da diversidade. Que é importantíssimo que brancos e negros ao menos uma vez na vida consigam conviver no espaço público. Ele revela a importância de observar valores daquele outro povo, porque são culturas verdadeiramente separadas. Essa ideia de país racializado teve o beneplácito da Suprema Corte com a famosa decisão de 1896 no caso Class versus Ferguson quando se deu início à doutrina “iguais mas separados”. Não podemos esquecer que todas as esferas de governo aplicavam a segregação racial. Nos EUA, os critérios de distinção racial eram muito precisos, por se lidar apenas com dois grupos: ou você é branco ou você é negro, o que era constatado pela regra de “one blood drop” (uma gota de sangue), ainda que o fenótipo fosse branco. Mesmo assim nunca os negros foram mais de 13% da sociedade norte-americana. As cotas raciais surgiram nos EUA, ironicamente, a partir de um presidente branco, racista, conservador e que, em campanha, se havia declarado contra as cotas raciais, Richard Nixon. O primeiro plano de cotas raciais nos EUA surgiu em 1969 o Plano Philadelphia. Os presidentes anteriores, Kennedy e Johnson, sempre foram contrários à discriminação mas sem jamais atuar de maneira inclusiva. Por que Nixon? Ele não pôde fugir do contexto. Houve o assassinato de Martin Luther King, apesar dele ser contra cotas raciais (“eu não justifico cotas raciais diante de tantos brancos pobres”). Nixon respondeu a um barril de pólvora em que estava se tornando a sociedade de seu país. 6 O tom empregado pela advogada deixa evidente, na generalização dos grupos mencionados, que tenta diluir a relevância do tema em análise. Sua divergência, infelizmente, cai para o desprezo à perspectiva da heterogeneidade social exigir a aplicação de regras de proporcionalidade para ações afirmativas.


Caetano Cuervo Lo Pumo, advogado de Giovane Pasqualito Fialho, recorrente e membro também do DEM, relembra que seu cliente ingressou com a ação que ora deu margem à presente Audiência Pública porque, sendo professor de música do ensino fundamental, 132o colocado em um universo de 160 vagas do vestibular, que teria se classificado pelo critério do mérito, que foi excluído devido às cotas. Este critério “inclui excluindo” afirma Pumo. Até então foram debatidos apenas os incluídos, mas foram esquecidos os que são excluídos apesar do seu mérito. Estudou em uma escola privada de classe média de Porto Alegre, não é economicamente privilegiado, estaria no 5o período de Administração. Ele apresenta sucessivos critérios de contestação. Sobre a forma: pode a universidade definir esse critério sem lei? O Congresso Nacional tem uma Comissão de Educação, uma Comissão de Constituição e Justiça. Lá, assim, é possível definir um critério melhor. Sair de escola pública, mesmo as da elite da escola pública, é critério. O PROUNI usa critérios melhores, com imposto de renda da família, comprovantes de renda familiar. Pode trazer problemas na ordem internacional para o Brasil, adverte Pumo. O Brasil é signatário do Tratado de San Salvador7 que, como nossa Constituição, buscam garantir o ensino fundamental para todos e o ensino superior conforme o mérito. Não é diferente da declaração da UnB de 1958. De acordo com o advogado, seria preciso se explicar perante cortes internacionais como se exclui com base em presunção.

3.4 O Recorrido responde

Em nome da Reitoria da UnB, José Jorge de Carvalho, apresentado como pesquisador do CNPq, lembrou que a proposta de cotas na UnB surgiu da constatação de que o espaço da universidade era segregado e hostil aos estudantes negros que dele faziam parte. Em 20 anos de existência, o programa de doutoramento da universidade ainda não tinha recebido nenhum estudante negro. No ano 2000, já como parte da formulação da proposta de cotas, foram realizados dois censos de identificação. O primeiro foi voltado a saber quantos eram os 7 Não foram mencionados em sua exposição os artigos específicos mas cabe lembrá-los. Não é tão fácil afirmar que o Brasil viole o protocolo de San Salvador. Vejamos dois dos seus dispositivos. O art. 13, item 2, assim se encontra: “2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz”. No item 3, duas alíneas ressaltam o risco de má-fé do procurador, pois as normas dizem o contrário do que ele se propõe: “c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;(...) e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales”.


professores negros na universidade. Sem dificuldade, foi constatado que a UnB tinha apenas 15 professores negros de um total de 1.500 docentes. 40 anos após ter sido criada com uma proposta de modernização do ensino superior no Brasil, a UnB apresentava um perfil de extrema desigualdade racial. No outro censo, visava-se identificar a porcentagem de estudantes negros pobres. Naquele momento, a UnB contava com 20.000 estudantes de graduação e destes 400 residiam na casa do estudante. No CEU, havia apenas 10 estudantes negros, sem contar os estudantes africanos que lá residiam. Se a tese de que os estudantes negros não estariam entre os pobres e, por este motivo, as cotas raciais não seriam necessárias fosse correta, deveriam existir pelo menos 180 estudantes negros no CEU. Mas não foi o que aconteceu, os estudantes negros eram apenas 2,5% dos mais pobres. Afirma ainda o representante da Reitoria que a UnB foi a primeira universidade federal a adotar esse sistema. Já possui, desde o segundo semestre de 2004, cerca de 4.300 cotistas negros. Um resultado visível desta política é que o percentual de estudantes negros na UnB já alcançam 12% transversais, cobrindo todos os cursos oferecidos pela instituição. A UnB já diplomou 400 estudantes pelo sistema de cotas. A média de rendimento acadêmico dos cotistas é praticamente a mesma dos demais estudantes. A previsão de catástrofe acadêmica não se cumpriu. A previsão negativa de catástrofe na convivência entre estudantes também não se cumpriu. Tanto a UnB quanto as demais universidades que aplicam o sistema de cotas estão pacificadas, sem nenhuma crise institucional.

4.O pluralismo jurídico na construção da jurisprudência

4.1 Monismo x Pluralismo jurídico: um debate contra anacronismos normativos

Para a reflexão sobre o Pluralismo jurídico, serão fundamentais as obras de Boaventura de Sousa Santos, pela dedicação que tem tido ao assunto nas últimas décadas. Nas diversas obras em que se refere ao tema, Santos vem construindo uma conexão direta entre uma nova forma de entender a aplicabilidade do Direito em sociedade e uma nova perspectiva social. Para isto, defende um “posmodernismo de oposición” contra um “posmodernismo celebratorio”8. Para examinar tais termos, é preciso primeiro investigar o que caracteriza a transição da Modernidade para a Pós-modernidade. É com base em estes pressupostos que o sociólogo português nos permite entender a necessidade do pluralismo jurídico e a superação histórica do Monismo jurídico. Esta será a sequência da construção das ideias a este respeito no presente estudo. 8 As categorias analíticas presentes em “Sociología jurídica crítica” serão estudadas segundo a edição em espanhol. Apesar do autor ser português, a obra foi escrita sob encomenda para o Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, da Colômbia, mantendo-se inédita na própria língua do sociológo.


A Modernidade, em termos gerais, vem sendo caracterizada por uma visão linear do tempo e do espaço, tendo em vista a busca da máxima objetividade. Com o império do conhecimento científico, com a Revolução Iluminista trazendo a subjetividade dentro de ditames engessados pela Revolução Industrial. Assim, os últimos séculos da construção racional do conhecimento têm sido pautados por sequências ordenadas de fatos segundo a sua evidência, ou seja, pela possibilidade deles serem provados por quem os afirma. Como afirma Bauman:

A modernidade era uma concepção de movimento e mudança que acabaria por fazer das movimentações e transformações algo redundante, obrigando-as a operar fora de suas próprias atividades – uma concepção de movimento e mudança, mas com uma linha de chegada. O horizonte que a modernidade mirava era a visão de uma sociedade estável, solidamente enraizada, da qual qualquer desvio mais acentuado apenas pode ser uma mudança para pior (BAUMAN, 2010, p. 12).

A Pós-modernidade, por outro lado, visa afirmar que esta certeza depende plenamente de quem interprete os fatos, que por sua vez podem ser apenas representações consolidadas, consensuais, dentro de certos grupos da sociedade. A nossa subjetividade, a percepção de cada um, poderá transformar a visão social de mundo e confundir-se com a verdade científica, pois será possível provar segundo cada linha de raciocínio diversos fenômenos percebidos no mesmo fato social. Assim, passa a ser possível uma visão fragmentada do mundo, em que fenômenos são estudados sem a busca por uma Totalidade que os aglomere, que os conecte dando um sentido uno e contínuo9. Toda continuidade de sentido passa a ser considerada uma imposição de um viés epistemológico sobre outras possibilidades epistêmicas. Do mesmo modo, a historicidade dos fenômenos deixa de ser fundamental, uma vez que nada seja meramente evolutivo em nossas vidas, mas caracterizado por avanços e recuos no dia a dia das lutas sociais. Desse modo, toda forma de conhecimento permite enriquecer a visão do presente, uma vez que não exista uma linha histórica “oficial” ou “autorizada”. O senso comum passa a ser uma parte necessária da reflexão científica. É assim que se enriquece o pluralismo jurídico, pois o Direito não terá mais legisladores e intelectuais autorizados, conforme a crítica de Bauman, mas fontes dispersas segundo as diversas formas de controle social que existam em sociedade. Bauman aplica a metáfora do legislador para explicar aqueles que explicam a sociedade de 9 Como afirma Bauman: “A visão pós-moderna de mundo é, em princípio, a de um número ilimitado de modelos de ordem, cada qual gerado por um conjunto relativamente autônomo de práticas. A ordem não prece as práticas e, por conseguinte, não pode servir como medida externa de sua validade. Cada qual dos muitos modelos de ordem só faz sentido em termos das práticas que os validam” (BAUMAN, 2010, p. 19). É de se observar que após cerca de 40 anos utilizando a expressão “modernidade líquida” Bauman, para efeitos didáticos facilitando a compreensão de suas ideias, adota a expressão “pós-modernidade” como sinônimos.


modo autoritário, fazendo “afirmações autorizadas e autoritárias que arbitrem controvérsias de opiniões e escolham aquelas que, uma vez selecionadas, se tornem corretas e associativas” (BAUMAN, 2010, p. 20). O pluralismo de ideias, valores e práticas passa, pois, a ser um aspecto necessário e inevitável do pensamento social, à medida que grupos sociais os mais diversos tenham seus cotidianos igualmente autorizados por quem detenha as regras de controle social em suas mãos, sem mais ter com tanta firmeza este controle. É dessa dualidade entre o controle social predominante e o reconhecimento das pluralidades de grupos sociais que Boaventura de Sousa Santos encontra sua classificação de “posmodernismos”. A partir dos paradigmas da Modernidade, ele defende que sejam recuperadas suas formas alternativas que, com o tempo, foram desqualificadas até serem suprimidas (SANTOS, 2009, p. 19). Seria celebratório aquele que não siga tal parâmetro, sendo apenas o reconhecimento relativista de todas as formas de coexistência como igualmente válidas, o que inviabilizaria qualquer controle social e resultaria na acomodação diante do poder. Para Santos, eis a chave do “posmodernismo de oposición”, encontrar nas contradições da Modernidade como superá-la segundo o que seja melhor para a humanidade10. De acordo com Santos, o Pluralismo Jurídico reconhece tal diversidade cultural para encontrar caminhos normativos alternativos aos nossos problemas. Se durante a Modernidade não fora possível, ocorrera porque o Estado Nação consistia em declarar inexistentes o local e o global, vigendo apenas o que estaria dentro dos limites do Estado (SANTOS, 2009, p. 51). A burocracia passa a ser vista, segundo Santos, como um mediador, um elemento para a comunicação e tomada de decisões que, se permanece partindo de uma autoridade impositiva e procedimentos que visem regularizar e normatizar condutas, não mais atua como entidade fixa, imutável a não ser segundo as regras de quem controla diretamente o Estado de Direito (Idem, p. 56). À medida que a interação entre grupos sociais aumenta e o Direito precisa ser um mediador entre eles, a violência da autoridade estatal passa a ser reduzida. O discurso jurídico perde sua autonomia e passa a ser instrumental para auxiliar na solução de conflitos entre outras áreas da sociedade (Idem, p. 57).

4.2 O ativismo judicial pela superação da omissão na neutralidade forense

10 “(...) es necesario comenzar desde la disyunción entre la modernidad de los problemas y la posmodernidad de sus posibles soluciones” (SANTOS, 2009, p. 44).


Em sequência, Santos analisa a massificação democrática do Direito. A prática forense vai abrangendo, segundo a satisfação judicial de reclames de uma pluralidade cada vez mais participante, cada vez menos como “grupos em desvantagem” e cada vez mais como grupos sociais com características próprias e que visam ser respeitados segundo estas características (Idem, p. 88). A “eficácia simbólica” dos juízes corresponderá à sua garantia processual (Idem, p. 104). Examinemos segundo a Audiência Pública em análise. A possibilidade de tal demanda sair da primeira instância e atravessar todas as fases recursais para chegar ao Supremo Tribunal Federal é uma representação da democracia brasileira. A nossa corte maior convocar uma Audiência Pública porque reconhece que não está apta apenas com argumentos formais, técnicos, da interpretação tradicional das normas jurídicas, para resolver sobre o caso concreto é um reconhecimento do Pluralismo Jurídico como elemento de ponderação das normas de fundo no Direito contemporâneo. Em seu artigo/depoimento, Márcio Túlio Viana, na condição de quem fora juiz por mais de 20 anos, reconhece que o Judiciário tem imensa dificuldade para ser isento quando lida com grupos sociais com os quais o magistrado não convive. A Justiça discrimina tanto quanto a sociedade, quanto qualquer instância de convivência coletiva. O modo como ele aborda que começa a ser percebida a discriminação vem da simbologia comum entre juiz e advogados, promotores em uma sala de audiência11. Vestem-se de modo semelhante, falam com termos parecidos, pertencem à mesma classe social, deixam, pois, evidente que o autor da ação, pobre, nada tem que ver com todo aquele mundo à parte (VIANA, 2010, p. 256). A formalidade do rito processual, com prazos determinados para se manifestar na sala de audiência, aparentemente gerariam impessoalidade mas, de fato, segundo Viana, apenas ressaltam a dificuldade judicial para igualar as pessoas. Ao desconsiderar critérios proporcionais que são flagrantes no cotidiano, alimentam desigualdades em vez de enfrentá-las. Mal se ouve quem mais precisa falar, devido ao tempo definido de modo rigoroso para manifestações (Idem, p. 257). Ao mesmo tempo em que, com a fragmentação pós-moderna de diretrizes ideológicas de grande dimensão, os vínculos sociais vão se tornando mais fluidos, é preciso enxergar como o Judiciário pode exercer o papel, como sintetiza Garapon, de “último disciplinador de uma sociedade em vias de desintegração” (GARAPON, 1999, p. 173). Como fazê-lo enxergando que em vez de se falar em uma unidade de grandes proporções mas em grupos em desvantagem e dominantes que devam ter suas relações judicialmente ponderadas é o grande desafio de nosso tempo. Como lembra Garapon, a autoridade (representada pela Suprema Corte, no contexto norte-americano que relata) conecta os fundamentos do poder aos critérios contínuos para sua atualização (Idem, p. 182). Assim deve se portar o Judiciário, reconhecendo continuamente novos limites culturais à sua atuação e

11 Kátia Albuquerque ressalta essa padronização repressora das distinções humanas ao catalogar o cerimonial rígido que deve ser seguido por magistrados e desembargadores em suas cerimônias oficiais (ALBUQUERQUE, 2009).


novos valores para empregar nos entendimentos que pacifica em sua jurisprudência. Por esta razão, Habërle afirma que somos todos intérpretes de uma norma ao viver em um contexto por ela regulado. Afinal, será o contexto sócio-histórico vivido que dará certo sentido a cada comando proveniente do Estado (HABËRLE, 2002, p. 15). A norma de fundo será não aquilo que a norma de forma lhe autorize ser, mas aquilo de que a sociedade necessite em certo contexto segundo as interpretações culturalmente prevalecentes. Em suas palavras:

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a própria esfera pública (Öffentlichkeit), dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las ativamente enquanto sujeitos (HABËRLE, 2002, p. 33).

Assim, o Estado, ao reconhecer constitucionalmente aqueles que o integram, atribui-lhes poder sobre a sua própria formação jurídico-política. Será interpretado normativamente segundo o que os conflitos culturalmente legitimados lhe definir como campo de forças sociais. Boson elenca diversas situações em que o juiz, na condição de desembargador, como julgador em segunda instância, por diversas ocasiões necessita ponderar sobre limites para discriminações positivas na esfera juslaboral. A diversidade de formas de contratar que a realidade do capitalismo impõe às relações de trabalho faz com que empregados precisem ser protegidos segundo se estão saudáveis, se são ou não terceirizados, se foram aleatoriamente escolhidos para perdão do empregador após uma greve, entre outras condições em que, sem a intervenção isonômica do julgador, haveria a perpetuação de injustiças (BOSON, 2010, p. 271-273). Herval Pina Ribeiro realizou uma pesquisa com os juízes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2002. Após quatro encontros em que foram recolhidas suas falas sobre o cotidiano profissional, a análise dos discursos constatou que é frequente os magistrados adoecerem de tanto trabalhar, principalmente pelo peso da responsabilidade do labor efetuado. Uma síntese está em um dos depoimentos recolhidos:

Há coisas que o juiz iniciante nunca viu e aparecem em juízo e que, para ele, não está claro como proceder. Ele quer consultar um colega, mas teme que a consulta seja tomada como sinal de insegurança, fraqueza, falta de conhecimento ou de domínio sobre a matéria jurídica. E não sabe como o Tribunal avaliará tais consultas. Tenta apoiar-se nos livros e na jurisprudência. Superada a fase crítica de iniciação, ciente da falibilidade própria e dos outros, convencido de que não é obrigado a saber tudo, esforça-se para errar menos (RIBEIRO, 2005, p. 24).


Torna-se assim fácil compreender a ampla aceitação do Judiciário a audiências públicas, principalmente caso se presuma que o que foi identificado por Ribeiro possa estar presente em outras instâncias judiciais. Como lembra Supiot, a divisão de poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo) não mais parece ser suficiente para esboçar nosso contexto jurídico-político, devido à comunitarização e regionalização de forças. A distribuição de poderes exige concepções novas para fazê-los ter sentido em nossas vidas (SUPIOT, 2007, p. 187). Em vez da grande quantidade de técnicas que regem cada vez mais nossas vidas laborais aumentar a regulamentação jurídica, a quantidade de problemas para os quais o Direito não tem soluções diretas gera a desregulamentação jurídica. Com ela, as instituições passam a ter cada vez mais um poder moderador de conflitos e cada vez menos de decisão sobre as vidas de terceiros (Idem, p. 1888). É sob tais circunstâncias, em que a Magistratura não mais é vista como a instância com o controle absoluto do certo e do errado mas moderador de conflitos cujas soluções estão por diversas vezes fora das leis que juízes se organizaram em defesa de critérios de justiça com base na sociedade. Dallari lembra a associação Jueces para la Democracia, sediada em Madri, o Syndicat de la Magistrature, em Paris e a Associação Juízes para a Democracia, do Brasil criada em 1991, em que magistrados possuem posturas ideológicas em defesa de valores sociais claros (DALLARI, 2002, p. 80-1). Dentro de um processo histórico que Dallari chama de “a boa rebelião” de setores do Judiciário, ele saúda a ênfase das diversas organizações na defesa dos direitos fundamentais, de interesses difusos, de garantias constitucionais em defesa do amadurecimento da democracia em cada país (Idem, Ibidem). Os instrumentos jurídicos não devem ser vistos, como bem observa Diana Cañal, como um cavalo de Tróia, como subterfúgio para esta ou aquela posição judicialmente sustentável. Por outro lado, a estrutura do Direito deve ser parte do que precisam os cidadãos, pois são eles que lhe dão fundamento ao fazerem seus pedidos pela forma processualmente estabelecida. Contudo, o conteúdo não se esgota na forma usada, mas tem nesta sua ferramenta (CAÑAL, 2003, p. 59). A legitimação dinâmica do poder, possível por meio do acompanhar as transformações sociais, assegura a continuidade de um poder estático (que reside nas instituições perenes) com seu caráter dinâmico (encontrado na atualização da interpretação dos magistrados segundo as mudanças sociais) (CAÑAL, 2005, p. 28). Assim, a Magistratura torna-se a instância necessária para efetivar formalmente a democracia, por meio da legitimação contínua de demandas sociais que retratem transformações em nosso tempo.


5. Conclusão: Consequências possíveis aos olhos da sociedade civil

Até a presente data, o Supremo Tribunal Federal, apesar da audiência pública realizada em 2010, ainda não julgou o caso. A constitucionalidade das cotas ainda não foi considerada. Restanos, por enquanto, tecer possíveis implicações de sua continuidade. Neste aspecto, serão examinadas como norma constitucional e segundo aspectos da cultura brasileira. Considerando-se a questão em termos culturais, é curioso que a grande discussão parta de alguém se declarar negro para alguma vantagem particular. Afinal, a discussão dos movimentos sociais costuma ser que nunca alguém racista tentaria se beneficiar igualando-se ao objeto de seu repúdio. Por outro lado, quem primeiro tinha motivos apenas para vergonha de sua etnia passa a se orgulhar. O Estado afirma que esta pessoa tem sua tutela durante os estudos superiores, portanto poderá ser resguardada a compensação de desigualdades vigentes no seu acesso a boas escolas antes. Paradoxalmente, as universidades em que mais se realiza pesquisa no Brasil, bem como aquelas de melhor desempenho nos diversos indicadores de verificação de qualidade existentes, são todas públicas. Portanto, aqueles que se beneficiam de vagas públicas porque estudaram em boas escolas particulares garantiriam melhor desempenho nas provas para serem selecionados à universidade, agora disputam com quem sempre estudou em escola pública e tem pele mais escura do que a sua. Para além das opiniões imediatas e unilaterais de magistrados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal mostram que a diversidade cultural de nossa sociedade não os autoriza a decidir por conta própria, sem ouvir o outro da relação. O formalismo excessivo é, assim, moderado nas Audiências Públicas ao se encontrar tanto argumentos técnicos quanto histórias de vida que permitam reconhecer que não se sabe muito além do que as salas de audiências lhes mostram. O Pluralismo Jurídico tem permitido o amadurecimento de diversas modalidades de ativismo judicial, com o respeito devido à construção de uma democracia participativa em que todos podem ter o que dizer na solução de seus problemas. A repercussão geral da presente ação traz mais do que novas normas formais para conflitos sociais, mas novos caminhos para a interpretação do Direito como campo de integração de conflitos de forças.


6. Referências

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Trabajo Práctico: VIOLENCIA DE GÉNERO

Alumnos: López, Carla Nerea. Leiva, María Paula. Lew Ricci ardí, Sol. Maroncelli, Christian. Cátedra: Cañal, Diana Comisión: 0443


HECHOS DEL FALLO A TRATAR EN EL PRESENTE TRABAJO:

Se imputa a Paz por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas (hecho I), robo (hecho II), lesiones leves (hecho III), desobediencia a la autoridad (hecho IV) y amenazas coactivas –reiteradas en doce oportunidades- (hecho V), todos los cuales concurren en forma real entre sí, con excepción del hecho IV que concurre en forma ideal con los hechos I y III. La víctima caminaba con su bebé por la Avenida La Plata y al intentar cruzar la calle Arberleche de esta ciudad, fue abordada por su ex pareja Miguel Leonardo Paz, quien descendió del rodado marca Ford, modelo Falcon, dominio WUT-977, y exhibiéndole un revólver le exigió que le entregue al niño. Ante la negativa de ésta, apoyó su arma en su espalda y la obligó a subir al vehículo, trasladándola a la zona de la Villa 20, intimidándola en todo momento con frases tales como ´si me hacés la denuncia te voy a matar, me voy a llevar al bebé.´ Luego, el acusado se detuvo en el Parque ubicado en la intersección de las Avenidas Escala y Cruz de esta ciudad, en donde propinó golpes de puño en el rostro y en la oreja de Xxxxxxx, sustrayéndole el teléfono celular ya mencionado, para luego abandonarlos allí, promediando las 19.30 horas. Se inició una causa civil por violencia, donde se impartió una restricción de contacto entre Paz, la víctima y su hijo, que fue desobedecida por este, además quedó demostrada la desidia de la comisaria interviniente que debiendo notificar en el mismo día la existencia de la restricción tardo poco menos de un mes. El tribunal encontró culpable a Paz otorgandole pena de prisión efectiva:" los sucesos aquí juzgados deben ser considerados como hechos de violencia contra la mujer en los términos de los arts. 1 y 2.a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y que, en este sentido, el Estado estuvo y está obligado a brindar a la mujer la protección privilegiada que la Convención impone y a disponer los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación eficiente para la determinación de los hechos y la sanción de los responsables. Lejos de ello, el Tribunal advierte que desde el inicio del sumario se han sumado circunstancias que ponen de manifiesto, cuanto menos, cierta deficiente consideración de tales compromisos: a) En primer lugar, al omitir la consideración de los hechos en los términos señalados, las sucesivas denuncias efectuadas por la mujer recibieron tratamiento separado, empobreciendo la investigación, sin advertir que todas se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas con otras y reflejaban los extremos de incremento de intensidad en una espiral típica de los casos vinculados a esta clase de violencias. b) Se fraccionó y desatendió la información brindada por la damnificada, esterilizando la investigación. De tal forma, si bien en todas las oportunidades que Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx se presentó ante una autoridad judicial o policial informó sobre la existencia de otras causas penales o de la existencia del trámite civil, estos fueron tardíamente vinculados y la información brindada en cada uno de ellos no fue asociada sino hasta el día de hoy.


Fallo inédito: quedó preso por el riesgo de que mate a su ex mujer 15/04/11 Se trata de un hombre que violó la restricción judicial de acercarse y atacó su comercio. Aunque una orden judicial se lo impedía, un hombre fue hasta el negocio de su ex mujer, le prendió fuego la moto golpeó la vidriera. Quedó detenido por daños, un delito excarcelable. Entonces su defensa pidió que, como no tenía antecedentes penales, se lo libere. Pero en un fallo inédito un juez de Garantías resolvió que continúe preso al entender que el hecho podía derivar en la muerte de la mujer, ya que se daba en un contexto de violencia de género. “Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidio tienen atrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda, nunca respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo, el acto se repite ”, argumentó el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale en la resolución. Esa conclusión, aclaró, corresponde al camarista federal platense Carlos Rozanski, que considera erróneo “tratar los casos como si fueran delitos comunes y sin características tan específicas”. Este caso es el de un matrimonio que se separó hace meses. Desde entonces se inició una seguidilla de agresiones por parte del hombre, identificado como D. E. C., de 31 años, que derivaron en denuncias por lesiones y amenazas radicadas por su ex mujer, C. N. A., de 28. Un juzgado de familia decretó la exclusión del hogar del hombre y por último se le aplicó una restricción para acercarse a menos de 300 metros de su ex esposa y al hijo de ambos. Sin embargo, el sábado 19 de marzo pasado el hombre fue a un maxikiosco de Villa Centenario, en Lomas de Zamora, tiró al suelo una moto propiedad de su ex pareja, arrojó sobre el vehículo tres sillas de plástico y una mesa y las prendió fuego. Usó la nafta que caía de la propia moto, acercó un encendedor y quemó el vehículo de forma completa. Después golpeó la vidriera del comercio y causó destrozos en el frente . Poco después D. E. C. Quedó detenido. Como no tenía antecedentes penales y el delito de daño por el que quedó acusado prevé una pena de entre 15 días y un año de prisión, su defensora oficial, Mónica Castronuevo, pidió que se lo excarcelara. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido. Decidió dejar preso al acusado al entender que “la imputación se desarrolló en el contexto de violencia familiar y violencia contra la mujer”. Y agregó que “desconocer las denuncias realizadas por la víctima, el estado actual del niño y el incumplimiento de la prohibición de acercamiento no hacen más que demostrar la incapacidad del Estado en poder abordar la complejidad de la problemática, transformando la violencia de género en violencia institucional”. Este fallo no tiene antecedentes en el país, de acuerdo al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).


1)

En el plano de la realidad encontramos a la violencia contra la mujer, la cual no es aceptable desde el punto de vista moral, puesto que no solo hay diferentes concepciones en las escuelas, sino que la moral es algo dado por la cultura social, la cual es diferente dependiendo el país en el cual nos situemos, es decir en un momento y contexto determinado. El derecho luego de muchos años, y como justificación de que el plano de la realidad se mueve a una velocidad mas amplia, ha sancionado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pero una vez sancionada esta, el derecho encuentra el obstáculo mas difícil dentro de su tarea, es decir, la aplicación de la misma (representada por la flecha en dirección hacia abajo del grafico). En el presente caso, la aplicación no fue eficiente, puesto que a nuestra consideración, la aplicación del derecho no se genera Per se una vez sancionada la norma, sino que lleva un tiempo especifico adoptando medidas que la sociedad pueda implementar para reaccionar ante este tipo de violencia.En el fallo, pudimos observar claramente como las medidas adoptadas de restricción, no fueron aplicadas de la manera correcta.

2)


En el presente gráfico podemos observar como hay un corte antes de entrar en el constitucionalismo clásico, este simbolizado por la línea recta, marcada por la revolución francesa, puesto que la mujer no fue tratada siempre de la misma manera que lo es hoy en día, recién con la revolución se entablo el lema “ LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD”, y a partir de ahí se fue contemplado de a poco en el derecho de fondo del constitucionalismo clásico, pero aun así era necesario que las mujeres(minoría mas débil), empezara a ser respetada, contemplándose normas de carácter adjetivo, es por ello que con el crecimiento del paradigma del constitucionalismo social se fueron incorporando las mismas. El problema actual yace en que el paradigma de los derechos humanos va creciendo rápidamente, creando mas protección en su derecho de fondo, pero aun así no se implementan medidas (forma) acordes al paradigma en el cual nos situamos.

3)

En el grafico del ser y el deber ser, debemos ubicar en X1 a los hechos, es decir el plano de la realidad, la violencia hacia la mujer, por diferentes medios, entre ellos amenazas, las cuales habían sido denunciadas por la misma sin que la policía le de trascendencia, hasta el momento en el cual la amenazó de llevarse a su niño, le sustrajo el celular y la golpeo. Se pasó a X2 en donde por medio de un proceso civil sobre violencia, se impartió la restricción de contacto entre Paz, la victima y su hijo. Paralelamente había sido juzgado en sede penal por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas (hecho I), robo (hecho II), lesiones leves (hecho III), desobediencia a la autoridad (hecho IV) y amenazas coactivas –reiteradas en doce oportunidades- (hecho V), todos los cuales concurren en forma real entre sí, con excepción del hecho IV que concurre en forma ideal con los hechos I y III. A pesar de los procesos iniciados, y no habiendo hecho caso a la restricción, se vuelve a X3 en el cual el Sr. PAZ procede a incendiar la moto perteneciente a la victima, causando daños a su vez en el local donde trabajaba la mentada.


Esto lleva a pasar a X4, en donde los jueces acorde a su conocimiento, y encadenando las denuncias efectuadas, junto con el respaldo de la convención de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, brindaron protección a la mujer, disponiendo de los recursos necesarios, y una investigación que permita sancionar al responsable.

4) En el presente caso, la forma esta contemplada correctamente en la ley, es decir que es positiva, sin embargo y regresando al punto 1) tratado en el precedentemente, la aplicación de la misma carece de la rapidez, y la eficacia por parte de los encargados de llevarla a cabo.-

5)

La presente ilustración, demuestra como las normas sustantivas del constitucionalismo clásico y las adjetivas del constitucionalismo social, no logran encontrar una armonía acorde al paradigma de los derechos humanos.-

6)


Desde la óptica del juez, podemos afirmar que es una hipótesis de derecho normal, puesto que el derecho es efectivo al reflejarse en la pena correspondiente al imputado.

Desde la visión del imputado y de la sociedad en general, que ejerce la violencia no solo contra la mujer, sino a todo tipo de persona en general, como puede ser la violencia entre hombre, entre niños, etc. Nos encontramos con una hipótesis de derecho anormal. A nivel internacional encontramos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, La Convención de los derechos del niño. A nivel Nacional, la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, y a nivel provincial, la ley 12.569 de violencia familiar y pese a la contemplación de diferentes normas, vemos como las mismas no son acatadas por los ciudadanos. En el fallo se puede ver con claridad, como pese a haber una medida de restricción de acercamiento, la misma no se hizo efectiva ya que la comisaría interviniente no la había notificado de forma inmediata.

7)


1) Decimos que el derecho es un conjunto de normas, que bien pueden estar contempladas expresa o implícitamente, como ser el caso de los principios, que aunque no conlleven una consecuencia escrita, suelen aplicarse con el fin de dirigir una conducta de un sujeto hacia lo que se esta pensado como paradigma.2) Aquí se puede ver 3 posturas evidentes. En primer lugar, la postura positivista, pues tenemos un conjunto de leyes validas y actualmente vigentes como son la convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer y leyes nacionales. Una vez aplicada por el juez en el caso concreto, la norma se vuelve eficaz. Desde otro punto de vista podemos destacar a la escuela iusnaturalista, pues señala que “ el destino y la voluntad de los dioses juegan, para la tragedia, un papel primordial en el porvenir del hombre, éste también participa de su propio curso, al tomar conciencia de lo que acontece y sobre todo, actuar en un mundo que le resulta a la vez suyo y ajeno, los errores que conducen al hombre a su furia son efecto de una fuera demoníaca que nadie puede resistir, es por ello que necesita un castigo”. En ese orden y por último también es importante destacar que desde la Escuela critica, se hace un análisis sociológico del derecho, donde no solo se reconoce la norma vigente sino que centra su foco en la situación de hecho, la realidad de que el derecho esta actuando de manera inadecuada con la protección de los derechos de la mujer, es decir que desde la decisión del juez hay un cambio en la realidad social, sirviendo de precedente, para que a la hora de actuar en otras circunstancias se evalúen todos los elementos que posee el caso, para tomar una decisión expedita y rápida, evitando que se agrave con el tiempo.

3) En Argentina poseemos el sistema continental, en el cual existe el juego armónico de los principios, sobretodo el de progresividad, en el presente caso el juez actúo a derecho, solo que el tratamiento anterior fue un obstáculo a este principio, que supo enfrentar utilizando su facultad de relacionar al derecho con el contexto de la realidad.

4) Respecto a la aplicación nos referimos al punto 1) del presente trabajo.

8)


Al hablar de violencia de genero, nos basamos en pruebas totalmente arbitrarias al suponer que por que en x1, x2, x3 la violencia sea ejercida contra la mujer, no pueda ser de modo inverso.-

9)

Es por ello que profundizando el grafico Nº8, decimos que nos basamos en verdades relativas, pues aun no sabemos si existe o no una absoluta, pues no se ha logrado un método que pueda desplazar esa incertidumbre.-

10) Se encuentra la relación sujeto objeto al realizar el recorte en la evaluación de que estos comportamientos usualmente suceden entre parejas, conocido como “violencia familiar” ¿por que no centrarnos en otro tipo de violencias?, actualmente se ha ampliado este aspecto y realizado un recorte mucho mas amplio, incluyendo por ejemplo el bulling.-

11)

El fallo del TOC 9, fue elogiado por la Oficina de Violencia Domestica de la Corte suprema, generando así un precedente para futuros casos, que en el Sistema Continental será opcional, contrariamente al Sistema del Common Law. Sin embargo, lo importante es que en ambos sistemas hay un interés en la previsibilidad y la seguridad jurídica que cada vez se van ampliando más en una función preventiva en diferentes áreas, no solo en la violencia.-

12)


La ilustración tiene por objeto demostrar, que el proceso de conocimiento iniciado respecto al hecho que trascendió, no ha logrado llegar a su etapa ejecutiva plenamente al no tomar las medidas correspondientes, expeditas y rápidas como lo requiere un ejecutivo, para evitar el acercamiento.

13) En el presente grafico se demuestra la posibilidad del juez de interpretar los antecedentes ampliamente, ante una situación de riesgo, pudiendo tomar una decisión. Esta interpretación puede confundirse con la escuela realista, pero recordemos que la diferencia trascendental es que en esta escuela el juez por medio de el vacío de la legislación y los baches piramidales, logra “ crear el derecho”, sin embargo en el presente caso el juez solo se dedica a interpretar el ya vigente.-

Escuela realista Escuela positivista, en el caso concreto.-

14)


(Ver Grafico Ser y Deber ser), Aunque en la realidad se han practicado denuncias (T1 R1), el derecho no logra llegar de inmediato al resolver el problema central. (Demostrado en el retardo policial de hacer efectiva la restricción de acercamiento), lo cual produjo que se agravaran los hechos. (Incorporándose Hechos nuevos que serán partes del proceso, si se los acredita en tiempo y forma y de la manera prefijada por el C.P.C.C.N)

15)

En este caso observamos como el imputado PAZ MIGUEL ANGEL, con intento de lograr sus fines, utilizo la fuerza con la intención de someter los derechos de la victima como ser la integridad física y psíquica, entre otros. Visto desde el punto de vista judicial considero que el grafico ha evolucionado, junto con el paradigma en construcción, mostrando la necesidad del juez de resolver acorde al principio de progresividad, bajo (apercibimiento de un juicio político), es decir que puede ser revocado el poder otorgado.-

Algunas reflexiones sobre el tema.


A pesar de las consideraciones generales sobre el tema, debemos destacar que estamos en contra del concepto de violencia “de género”, y peor aún del delito de “femicidio”, lo cual no implica que estemos a favor de la violencia, ni de los homicidios, sino que consideramos que estos hechos se deberían considerarse desde una óptica de igualdad Art. 16 CN, sin distinciones, ni estadísticas sobre los casos mas destacados. ¿Acaso no es injusto o violatorio de garantías constitucionales, imponer más pena a los hombres que cometan este tipo de delitos, simplemente por ser de naturaleza masculina? Compartimos con la iniciativa de proteger a los seres realmente más vulnerables (niños, ancianos, personas con enfermedades… y los que no ¿Por que no deberíamos incluirlos? Toda persona posee vulnerabilidad, solo que varia el punto en el cual se desata la misma, pero claramente un niño, por el hecho de ser niño no es vulnerable, suponemos que son vulnerables, aunque puede tener mucho más carácter que un adulto, es por ello que deberían evaluarse dependiendo de cada caso particular).No obstante lo expresado, creemos que los agravantes de la pena a quienes lesionen derechos de TODA persona, mediante la violencia, como así también las medidas a tomar, deben tener igualdad y razonabilidad, tanto en uno como en otro caso. En relación con lo expresado respecto al agravante Masculino, es preciso destacar que no estamos situados en una postura Garantista, ya que la misma es parte de una verdad relativa que todos intentamos reflejar como absoluta. Es relativa, puesto que tanto en este tipo de delitos, como otros, nuestra capacidad para enfrentar el tema se ve limitada, si nos encontramos con un delito que nos afecta directamente o a un ser querido. Es por ello que en el presente trabajo marcamos una postura objetiva, que no desplaza la subjetividad que se pueda llegar a tener en un caso en particular. Para concluir, englobaríamos al femenicidio, dentro de violencia doméstica, o violencia familiar, ya que podemos comprobar que se trata de casos donde la violencia se da en el plano de la familia o los vínculos afectivos... Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, avaló a través de un fallo la tipificación del delito de femicidio, al considerar que entre el asesino y la víctima existía una relación sentimental y, por esta razón, lo diferencia del homicidio. Entonces pensemos por un momento, si un desconocido (hombre) va por la calle y sin más, asesina a una mujer, eso no lo considerarían “femicidio”, a pesar de que la “condición de vulnerabilidad” que se aduce al sexo femenino se encuentra presente en el ejemplo, en cambio si se tratara de un marido, novio o ex pareja que mata a su mujer (novia o ex) bajo un contexto similar, seguro sería considerado femicidio… Y ¿por qué? Si hoy por hoy, en nuestro contexto social, donde se fue perdiendo el “machismo”, la situación de los derechos de la mujer, respecto a los del hombre se encuentra equiparada… Si tanto se luchó por la igualdad, si la mujer ya no es un ser vulnerable frente al hombre, si puede salir ya del encierro de ser sólo ama de casa, y trabajar, estudiar, votar, ejercer profesiones riesgosas e incluso gobernar la Nación… por qué seguimos discriminando, y considerando que para algunas cosas la mujer es vulnerable, y que el hombre por ser tal, pierde lugar frente a esta preferencia que se le da a la mujer y a sus derechos? ¿Acaso es por la contextura física? Porque hay hombre y mujeres de todos los tamaños y formas… ¿Acaso es por el sometimiento psicológico? Si ambos sexos pueden ser dominantes… A lo cual es interesante plantear el siguiente interrogante, ¿si una mujer homosexual golpeara cotidianamente o matara a su pareja (mujer), sería eso femicidio? Violencia de género ¿?


Si la violencia es violencia en fin, y puede ser ejercida por cualquier persona, sea hombre o mujer, contra otra persona (también sea hombre o mujer), y tanto física como psicológicamente… Como experiencia personal, tenemos para contar el hecho de que, algunos alumnos del presente trabajo se encuentran cursando actualmente la práctica profesional en la orientación en derecho penal, la mayoría de los casos que llegan a ellos, son sobre violencia doméstica, y con esto nos referimos a casos donde tanto el hombre como la mujer, se golpean, se insultan, se amenazan y se denuncian mutuamente… Los hombres, también pueden ser, y son en algunos casos, víctimas de la violencia domestica... la única diferencia es que lo denuncian menos, se habla menos, se escucha menos… pero eso no significa que no suceda, que no sea factible en la realidad… Claro que hay que frenar la violencia, claro que los fallos tan innovadores que anduvimos leyendo son útiles, pero porque buscan poner fin a una situación de violencia, que debe terminar, porque el derecho debe ser efectivo la primera vez, y no esperar a que las situaciones disvaliosas ocurran una y otra vez, hasta que se decida (a veces, llegando tarde) a tomar medidas... pero porque eso es lo que debe ocurrir en TODOS los casos, y no simplemente porque le agreguen la característica “de género” al hecho de la violencia…

Firmas:


Fundamentos Morales del Aborto en el Paradigma de los Derecho Humanos Fundamentales

Nicolás H. Varela

Introducción El presente trabajo tiene por finalidad indagar sobre los fundamentos morales detrás de un interrogante que, si bien encuentra sus orígenes normativos en el Código de Hammurabi, constituye un debate de textura abierta en la sociedad actual: la interrupción voluntaria en el proceso de gestación dentro del vientre materno o “aborto inducido”. Se presentarán los fundamentos que sostienen la legislación actual como así también las consecuencias que podría implicar la sanción de una ley de aborto mediante pautas de razonamiento que permitan formar criterios de decisión. Finalmente se llegará a la reciente solución a la cual ha llegado la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a este problema social como así también sus efectos y consecuencias.

1. Encontrando el comienzo de la vida humana Uno de los ejes en que suele centrarse la discusión al momento de intentar llegar a una solución al debatirse la legalización del aborto parece ser el de determinar el momento en que los Derechos Humanos comienzan a ser efectivos. Planteado el interrogante, comienza el análisis en búsqueda de fundamentos que permitan definir en qué momento un ser vivo puede comenzar a ser considerado un “ser humano”. Nuestro Código Civil consagra en su artículo 70 la existencia de la persona “desde la concepción en el seno materno”. De manera similar lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos cuando dispone en su artículo 4.1 que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción” (la cursiva me pertenece). Las interpretaciones que se le ha intentado dar al alcance de dicho artículo continua siendo motivo de discusión entre aquellos que sostienen que prohíbe el aborto y otros, como la abogada Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 1


Estados Americanos, quien afirma que dicho tratado no es contrario al aborto, sino que: “cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es “en general”. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma"1. Sin embargo, dicha aclaración no parece admitir que aquellos Estados que no habían legislado el aborto al momento de adoptar el tratado puedan luego hacerlo una vez que éste haya sido ratificado. El mismo tratado continúa diciendo en su artículo 4.5 que: “No se impondrá la pena de muerte… a las mujeres en estado de gravidez” reforzando nuevamente la protección al no nacido. Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado internacional de igual jerarquía constitucional, destaca en su preámbulo que: “el niño por su falta de madurez, física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” y la argentina ha hecho la reserva que el art. 1 debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción. Ahora bien, considero pertinente analizar cuál es el fundamento moral para localizar el momento de la concepción como el comienzo de la existencia de una persona y no otro como podría ser: 1.1. El momento de la anidación (momento en que el óvulo fecundado en la trompa de Falopio regresa a la pared del útero para tomar su asentamiento final por los próximos nueve meses); 1.2. El que pretende dividir el embarazo en etapas según el nivel de desarrollo del nasciturus; 1.3. O aquel que sostiene la existencia de la persona teniendo en cuenta su “viabilidad”, es decir, la capacidad de poder sobrevivir fuera del útero por sus propios medios. 1.1. La anidación y el problema de la “píldora del día después” Frente al primer argumento debe admitirse que establecer el nacimiento al momento de la anidación facilitaría la justificación del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (o del “día después”), ya que las mismas pueden operar de tres maneras distintas: a) 1

CHABER S. (20 de septiembre de 2011). “Embarrar la cancha en el debate sobre el aborto”. Diario Tiempo Argentino

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impidiendo o retrasando la ovulación, de tal manera que el óvulo no llegue a salir del ovario; b) si el óvulo ya ha salido del ovario, la píldora del día después actúa sobre el moco cervical, una sustancia mucosa que se encuentra en el cuello del útero, modificándolo e impidiendo que los espermatozoides alcancen el útero, en donde se encuentra el óvulo. En estos dos casos “la píldora” opera como una medida preventiva y, teniendo en cuenta que imposibilita la fecundación, no sería contraria a la ley. c) El problema surge en el tercer caso en donde opera ya producida la fecundación del óvulo. La píldora del día después actúa impidiendo la fijación de este óvulo fecundado a la pared del útero. De esta manera, el óvulo fecundado muere y es expulsado. Sin embargo, dicho proceso sucede naturalmente cuando los óvulos fecundados no logran llegar al útero y son expulsados naturalmente por la mujer. Este modo en que opera “la píldora” fuerza un comportamiento que suele suceder en gran medida de modo natural, y cuestionar como inmoral un acto que sucede naturalmente en la realidad no parece del todo certero (o al menos no parece equiparable cometer un homicidio); pero a su vez es necesario distinguir que en uno de los supuestos el hecho sucede de forma natural y en el otro la persona voluntariamente lo provoca y dicha voluntariedad es lo que puede convertir el acto en inmoral. En relación a la píldora del día después sucede otro supuesto. Entre diez y veinte minutos después de la consumación del acto sexual los primeros espermatozoides podrán llegar a la matriz. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que los espermatozoides pueden sobrevivir varias horas, incluso días dentro del aparato genital femenino, por lo que determinar el momento preciso de la concepción (y en función a eso determinar con cuál de los tres modos operará “la píldora”) resulta dificultoso. Al desconocer el resultado y teniendo en cuenta que uno de sus efectos tiende a impedir que un óvulo humano fecundado anide en el útero materno, lo que constituye la muerte por aborto de un ser humano ya concebido, nuestra Corte Suprema sostuvo en el caso "Portal de Belén”2 que permitir su uso violaría el principio in dubio pro homine.

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Fallo "Portal de Belén” - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo", CSJN, 5 de marzo de 2002.

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A su vez cabe destacar que dos de los tres modos en que opera “la píldora” resultaría jurídicamente permisibles pero el tercero, siguiendo a Jiménez de Asúa, no podría ser jurídicamente recriminable. Si al momento de tomar la píldora el hecho de si se ha dado la concepción es desconocido, podría darse una inidoneidad en el sujeto pasivo. Tomando como ejemplo quien dispara a un maniquí creyendo que es una persona, la ausencia de sujeto pasivo desvirtúa la estructura del delito, tornándolo en un delito imposible o delito putativo, debido a que por la inidoneidad de los medios empleados, el mismo nunca podrá haberse consumado3. Al desconocer si efectivamente la concepción había tomado lugar, el principio in dubio pro reo no permitiría aplicar una sanción al hecho de tomar la píldora. Dejando de lado el problema de la píldora anticonceptiva de emergencia, el argumento que debe enfrentar el que pretende instaurar la anidación como comienzo de la vida humana es aquel que cuestiona la ubicación del embrión como condición necesaria para determinar la vida humana. El lugar donde esté localizado no parece ser un criterio para poder determinar el comienzo del ser humano cuando todos los componentes para generar la vida humana existían con anterioridad. Sería equiparable a sostener que una persona es humana mientras se encuentre en un sitio pero deja de serlo si se muda a otro. Criterio que podría dar lugar a cuestionamientos en especial cuando se tiene en cuenta la donación de embriones congelados.

1.2. El desarrollo por etapas y la solución utilitarista El segundo argumento es aquel que pretende dejar el comienzo de la humanidad a determinado momento en el desarrollo embrionario. Esta distinción entre un estado temprano y tardío del feto era bastante común en el mundo antiguo, Aristóteles sostenía que la entrada de un alma humana al cuerpo sucedía a los 40 días después de la concepción para un varón y 90 para una hembra, lo que justificaba su condición de persona recién alcanzado ese momento4. 3

Jiménez de Asúa, Luis – Principios de Derecho Penal La Ley y El Delito. Abeledo-perrot editorial Sudamérica Buenos Aires, 1945 4

Fallo "Portal de Belén” - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo", CSJN, 5 de marzo de 2002.

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Frente a dicho postulado puede sostenerse que si bien existe un período “normal” en el cual los fetos se desarrollan, cada uno crece a su propio ritmo, bebes nacen prematuros otros tardan más tiempo del esperado en desarrollarse, e intentar encontrar el comienzo de la humanidad en un día o semana previamente estipulado parecería arbitrario. La diferencia biológica entre un embrión de cincuenta y nueve días y uno de sesenta no parece tan tajante para poder justificadamente determinar que en uno exista vida humana y en el otro no; y si bien el derecho utiliza ficciones para regular o interpretar realidades inteligibles, tratándose de un interés tan significativo y comprometedor para el Estado y sociedad, como lo es un niño, no parece adecuado tomar esa decisión sin un justificativo que permita sostener tal hipótesis, caso contrario, la decisión adoptada no sería fundamentalmente diferente del análisis aristotélico. Se puede, sin embargo, encontrar fundamentalmente dos justificativos morales para sostener que tal decisión no sería arbitraría. A) El primero arguye que el comienzo de la existencia humana queda supeditado al desarrollo de una parte determinada del cuerpo como puede ser el sistema nervioso o el desarrollo cerebral; B) el segundo justificativo implica una solución utilitarista. A) Hacer lugar al primer justificativo dejaría desprotegidos a aquellos que nacen con alguna anomalía congénita y en el caso del sistema nervioso el argumento parecería ser que está permitido terminar con la vida de un feto mientras este no experimente ningún tipo de dolor, pero bajo el mismo criterio se podría acabar con una persona que se encuentre lo suficientemente anestesiada, lo cual no sería justificable. B) La solución utilitarista, que pretender dilatar el comienzo de la existencia humana y justificar así la permisión del aborto en caso que dicho acto provoque “mayor felicidad para el mayor número de personas”, a su vez trae ciertos inconvenientes. Tomando en cuenta países con una gran sobrepoblación como India o China, la legalización del aborto tiende a generar una estabilización en la población y contribuir así al beneficio del “bien común”. No obstante, la legitimidad para abortar sumado a la preferencia en estas culturas hacia los varones, ha provocado un mayor número de abortos de embriones y fetos femeninos provocando así una reducción en el número de mujeres en la sociedad. Para evitar este problema en la India está prohibido realizar ecografías o 5


ultrasonidos para determinar el sexo del feto. Que podría ejemplificar el peligro de llevar a cabo medidas de control de natalidad. Thomas Robert Malthus en “An Essay on the Principle of Population” (1798) consideró generar un equilibrio frente al continuo crecimiento de la población y la escasez de recursos conducentes a una progresiva pauperización de la población aumentando el número de muertes de una población generado por epidemias, hambrunas o guerras y permitir así mejores condiciones de vida para los sobrevivientes5; criterio que de igual forma podría ser utilizado para justificar la legalización del aborto. Asimismo en una sociedad como la nuestra, la legalización del aborto generaría una disminución en la cantidad de niños huérfanos implicando un menor gasto para el Estado y a su vez permitiendo canalizar el dinero invertido en, por ejemplo, orfanatos en otros destinos como hospitales que permitan ayudar a los “ya nacidos”. Pero el principal punto a destacar es que la legalización del aborto vendría a dar una solución a la inmensa cantidad de muertes en mujeres que deben recurrir a clínicas clandestinas que no cuentan con las debidas medidas higiénicas. En este último caso se debería evaluar el dolor causado al feto (lo que resulta dificultoso en caso que este no haya podido desarrollar un sistema nervioso) frente “al placer” que generaría a las familias evitar el embarazo, lo que podría considerar plausible la legalización del aborto al aportar una mayor “felicidad” o “utilidad” a este resultado. Sin embargo, pese a los beneficios que generaría dicha medida cabe recordar las palabras de Carlos Nino cuando sostiene que: “un orden jurídico que incrementa el bienestar social global a costa de menoscabar derechos individuales básicos infringe el principio de inviolabilidad de la persona y no está, por lo tanto, moralmente justificado.”6 La justificación moral primaria de la existencia de un orden jurídico es la de hacer efectivos derechos individuales básicos por lo que, en mi opinión, una solución utilitarista no sería moralmente adecuada. 5

Primer ensayo sobre la población (traducción de Patricio de Azcárate Diz), Alianza Editorial, 2000, ISBN 84206-3984-2 6

NINO C. (1984) Ética y derechos humanos, un ensayo de fundamentación. Buenos Aires, Editorial ASTREA 2007

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1.3. El problema de la viabilidad El tercer argumento habla de la “viabilidad” que debe tener el feto para poder ser considerado persona. Jurisprudencia Norteamericana sostuvo en el fallo “Roe vs. Wade” de 1973, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien este embarazo había sido producto de una violación y la Corte Suprema consideró que el aborto debe estar disponible cuando sea necesario para proteger la salud de la mujer, el contenido central de “Roe v. Wade” es que el aborto debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en “viable”, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial. Si se considera esencial la capacidad para poder vivir por sus propios medios para ser considerado un “ser humano” ¿en qué condición dejaría a todas las personas que requieren de algún medio externo para poder vivir, ya sea un respirador artificial, un marcapasos, un inhalador o quizás llevándolo a un caso más extremo una pastilla que regula la hipertensión arterial? Supeditar el requisito a no depender de ningún medio externo para gozar de derecho a la vida se volvería así una falacia argumentativa.

1.4. El fundamento de la concepción Basta analizar sintéticamente el fundamento de la decisión escogida tanto por nuestro orden jurídico local como por los tratados internacionales. El mismo se puede sintetizar bajo un importante argumento que sostiene que el cuerpo de la mujer y del embrión son distintos, pues el ADN del feto es diferente al de la madre. Tal y como define la Genética, al apuntar que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética singular, en base a dicho criterio nuestro derecho debe termina donde comienza el derecho de los demás. 1.5 El problema del Método de conocimiento7. 7

“Una Visión Pragmática del Derecho”, Dra. Diana R. Cañal, editorial Errepar, 2012.

“Decisiones Judiciales. La relación entre normas de fondo y de forma. Una mirada desde el derecho del trabajo”, Dra. Diana R. Cañal, editorial Errepar, 2012.

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Luego de haber analizado las posibles alternativas al momento de encontrar el comienzo de la vida humana junto con sus respectivos fundamentos y consecuencias, es necesario destacar que debido a las arbitrariedades con la que opera nuestro método de conocimiento (limitada cantidad y calidad de experiencias, generalización hacia el pasado y hacia el futuro, confianza en la regularidad de la naturaleza, subjetividad del método escogido) no podemos llegar a una verdad absoluta mediante el método inductivo para conocer cuando un feto comienza a convertirse en un ser humano, sino que la solución recaerá en una decisión legislativa.

2.

Las excepciones autorizadas por la Ley y la solución de nuestra Corte Suprema Las excepciones que nuestra propia legislación otorga para la interrupción

voluntaria del embarazo se encuentran en el artículo 86 del Código Penal Argentino cuando consagra que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: A) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. B) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. A) Frente a la primera excepción existen posturas que sostienen que el aborto no es permisible incluso en el caso que corra riesgo la vida de la mujer embarazada, ya que al estar en juego dos vidas humanas una no puede decidir terminar con la vida de la otra debido a que quitar intencionalmente una vida humana sería categóricamente incorrecto. Frente a este interrogante puede darse una solución apelando analógicamente a institutos como la legitima defensa, en donde si bien no habría dolo por parte del feto para provocar un daño, la madre únicamente actuaría intentando defenderse frente a una agresión que pone en riesgo su vida,

y actuar de este modo no sería moralmente

recriminable. La solución parecería más dificultosa en caso que únicamente corra riesgo su salud, ya que frente al “bien jurídico vida”, este parecería tener preeminencia (pese a la dificultad de intentar válidamente sopesar bienes jurídicos de tal importancia). Philippa Foot propone una solución sosteniendo que: “Matar a un inocente para obtener un buen efecto nunca está justificado, ni siquiera para salvar una ciudad entera, o el mundo. Sin embargo, si el útero de la mujer es cancerígeno, en ese caso ella podría tener una 8


histerectomía, incluso si de eso resulte la muerte del feto. Esto se debe a que el acto de remover el útero cancerígeno es moralmente bueno, y la muerte del feto no es la intención buscada sino un efecto de la histerectomía y salvar la vida de la mujer es un bien tan importante como salvar la vida del feto.” B) La segunda excepción que autoriza nuestro Código para llevar a cabo un aborto inducido se da cuando el embarazo es fruto de una violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado en el reciente fallo “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva” del año 2012 intentar poner fin a la incertidumbre del artículo 86 del Código Penal y sostener que este será aplicable a todos los casos de violación, independientemente que se trate de una mujer que sufra de una discapacidad mental o no. Para Poder llegar al dictado de la sentencia la Corte declaró procedente el recurso de extraordinario federal del tutor ad litem y Asesor de Familia e Incapaces, en favor de la persona por nacer, pese a que la niña, la cual había sido violada por su padrastro, ya había llevado a cabo el aborto en virtud de la autorización que previamente le había sido conferida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut. Pese a que en el caso en particular la cuestión se había vuelto abstracta, la Corte decide fallar de igual manera para “esclarecer la confusión reinante”. Esta decisión se basa en que los tiempos en los que opera la naturaleza y el derecho son distintos, y casos como esté nunca llegarían a tener actualidad al momento de llegar al Supremo Tribunal. La Corte decide fallar para implantar un criterio de interpretación para los tribunales inferiores en casos análogos, sin embargo, es destacable remarcar que las sentencias de Nuestra Corte Suprema, a diferencia del Derecho Anglosajón o Common Law no son vinculantes para los tribunales inferiores. Dicha aclaración hace a su vez cuestionable el art. 303 del C.P.C.C. al establecer los fallos plenarios como asentadores de criterios de interpretación obligatorios vinculantes para casos análogos, y si bien todos los casos son distintos y probablemente puedan encontrarse los argumentos para no aplicar la doctrina impuesta a un caso en concreto, dicho instituto atenta contra la independencia de los jueces y la razonabilidad de nuestro sistema Continental. Si bien otorgarle la faculta a la Corte, como último intérprete de nuestra Constitución Nacional, la posibilidad de formar criterios vinculantes podría contribuir a generar una mayor seguridad jurídica y quizás estar más “al día” con la continua realidad 9


cambiante; a su vez pone en riesgo de dejar la toma de decisiones al poder de turno al ser el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado el encargado de nombrar a los jueces de la Suprema Corte (art. 99 C.N) y atentando así contra nuestros principios republicanos de división de poderes. Asimismo es destacable que en el plano de la realidad la norma que prohíbe llevar a cabo un aborto inducido es en gran medida no acatada, siendo los abortos clandestinos una de las mayores causas de muerte en mujeres en Latinoamérica, convirtiendo a la norma en una Hipótesis de Derecho Anormal.8 Para alcanzar una decisión sobre la interpretación del art. 86 del C.P, los ministros de la Corte llevaron a cabo un análisis de la legislación local a través de lo estipulado en aquellos Tratados internacionales que desde el año 1994 forman parte de nuestra Constitución Nacional (Art. 75 inc. 22) introduciéndonos en el paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales, siendo dichos Tratados Ley Suprema de la Nación y conformando así la racionalidad de nuestros Sistema Jurídico. Fue mediante la interpretación desde este nuevo paradigma que fue posible hacer una interpretación amplia del artículo 86 siendo parte de un Código Penal sancionado hace más de 90 años en un momento donde el paradigma vigente era otro. Los únicos dos casos de abortos no punibles que habilitaba la interpretación restrictiva del artículo 86 eran aquellos en los que corriera peligro la salud o la vida de la madre, o si el embarazo proviene de una violación a una mujer idiota o demente (atentando en este último caso contra el principio de igualdad y generando una discriminación para aquellas mujeres que hayan sido violadas pero no cuentan con la misma discapacidad mental). A su vez, también en aquellos casos donde se hacía una interpretación amplía del artículo 86 se forzaba a la mujer para poder llevar a cabo el aborto una autorización judicial por parte de los médicos, un examen médico para demostrar que efectivamente la mujer ha sido violada o una denuncia contra el presunto agresor. Dichos requisitos “de forma” que a su vez provocan una demora en la posibilidad de acceder al derecho y generando así un mayor riesgo en la salud de la mujer si el embarazo está muy avanzado, pueden terminar provocando el desistimiento de aquellas mujeres al encontrar trabas al momento de querer 8

“Una Visión Pragmática del Derecho”, Dra. Diana R. Cañal, editorial Errepar, 2012.

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ejercer su derecho. El derecho no debe quedarse en el mero reconocimiento en una norma, sino también en la posibilidad de ejercer y gozar de ese derecho. Dicha disparidad entre una norma de fondo otorgante de un derecho y una de forma que se encarga de frustrar su ejercicio da muestra de una doble moral por parte del Estado. La Corte se encargó de resolver el problema de aquellos requisitos al llamarlos un: “trámite burocrático innecesario y carente de sentido” apelando al principio de reserva resguardado en el art. 19 de la C.N cuando sostiene nadie puede ser obligado a lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. La solución que ha dado el máximo tribunal en admirable en varios sentidos ya que ha podido dar una solución práctica a un grave problema existente en la sociedad y lograr una sentencia acorde al paradigma reinante. A titulo ejemplificativo el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados parte deben admitir el acceso al aborto en caso de embarazos que son la consecuencia de una violación y caso contrario, podría provocar la responsabilidad internacional que conllevaría desobedecer lo acordado en tratados internacionales ratificados. Sin embargo, dicha solución no está exenta de consecuencias morales. En primer lugar los jueces del máximo tribunal pusieron en cabeza de los médicos la obligación de poner fin al embarazo de una mujer, siendo su incumplimiento susceptible de sanción legal, decisión que podría entrar en conflicto con su juramento hipocrático en caso que los centros hospitalarios no cuenten con los recursos humanos necesarios. En segundo lugar La Corte comprendió que la quita de aquellos requisitos extras para poder acceder al aborto podía provocar “casos fabricados” y si bien los ministros sostuvieron que el fallo “no abre ninguna puerta”, se cuestiona que haya logrado una despenalización del aborto encubierta. Técnicamente el aborto sigue sin estar permitido pero puede realizarse sin más requisitos que la declaración jurada de la madre de haber sido víctima de una violación. La Corte al garantizar el efectivo acceso al derecho al aborto en casos de violación aceptó el riesgo de que se lleven a cabo abortos que no cumplan con los requisitos necesarios, y desde una perspectiva de la Escuela del Realismo Jurídico puede sostenerse que la decisión de la Corte ha terminado por subvertir el contenido de la norma, permitiendo así en la práctica la realización de abortos y dejando que en definitiva el derecho sea lo que los jueces dicen que es. 11


El último interrogante es si un aborto inducido puede ser moralmente justificado incluso en el caso que el embarazo haya sido efectivamente resultado de una violación. En relación con la atrocidad del acto del cual ha sido víctima la mujer, sumar además a ello la obligación y responsabilidad de continuar con un embarazo que nunca ha consentido poniendo así en riesgo su integridad física y psíquica no parecería la razón correcta. ¿Cuál sería entonces el fundamento moral para poder terminar con el comienzo de una vida ajena la cual no parece correcto reprocharle responsabilidad por el acto de la violación? Como lo ha sostenido la Corte Suprema de la Provincia de Chubut, forzar a llevar a cabo un embarazo implicaría “atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no puede imponer”9, compeler a una mujer a continuar con un embarazo que nunca ha consentido para luego dar al niño en adopción atentaría contra el principio de dignidad de la persona y, siguiendo a Inmanuel Kant, se estaría utilizando a la mujer como un medio para un fin, y eso es inmoral ya que para este filósofo, los seres humanos deben ser siempre tratados como un fin en sí mismos.

3.

Conclusión El presente trabajo ha intentado mostrar las dificultades que conllevan aquellos

fundamentos a la hora de intentar justificar la práctica del aborto. Sin embargo, Hume declara que no sólo realizamos juicios morales teniendo en cuenta nuestro propio interés, sino también el de nuestros conciudadanos. Hume defiende esta teoría de la moral al asegurar que nunca podemos realizar juicios morales basándonos únicamente en la razón. Nuestra razón trata con hechos y extrae conclusiones a partir de ellos, pero no nos puede llevar a elegir una opción sobre otra; sólo los sentimientos pueden hacerlo. Por lo tanto este filósofo niega la posibilidad de una fundamentación racional de la ética10. Es incuestionable que el aborto es una causa inmensa de muerte en nuestro país y pese a los inconvenientes para encontrar una fundamentación cabe recordar que la tarea de un orden jurídico no es únicamente la de resguardar un orden moral determinado, sino que

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F. 259. XLVI. “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”. Buenos Aires, 13 de marzo de 2012

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HUME D. “Investigación sobre los principios de la moral”. Madrid: Alianza, 1993.

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el derecho debe funcionar como una herramienta tendiente a generar un orden social práctico en la relación entre las personas que no constituya un mero deber ético. Es innegable sostener que pese a la falta de regulación, el aborto es un hecho que va a seguir sucediendo en la realidad, realidad que el no considero el Derecho pueda desconocer y que lamentablemente siempre termina perjudicando en mayor medida a los sectores menos privilegiados. Si bien al momento de intentar encontrar una solución acerca de la legalización del aborto es difícil encontrar una respuesta completamente satisfactoria, ya que probablemente cualquiera de ellas atentarían contra garantías y derechos individuales, un argumento importante es el que sostiene que frente a tal interrogante debe escogerse por aquel camino que provoque el “mal menor” y entre la opción de un feto muerto y una madre lastimada (o fallecida) o únicamente un feto muerto, esta última parecería ser la preferible. De esta forma la legalización del aborto no sería una decisión moralmente justificada pero sí fácticamente aceptable. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales en el que Argentina se encuentra desde 1994 permite únicamente la posibilidad de llevar a cabo un aborto cuando estos sean consecuencia de una violación. Creo que la mayoría podrá coincidir en que la verdadera solución se encuentra en la adecuada difusión de información y adecuada educación sexual, con especial foco en los sectores vulnerables que permita reducir el número de veces en que esta decisión deba ser tomada en primer lugar.

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REVISTA SPES– VIOLENCIA Y GENERO| NÚMERO 35

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Misceláneas El rebaño solo educa al rebaño. Por

A María Elena Patzer

El rebaño sólo educa para el rebaño, jamás educa para que se aprenda a salir del rebaño; los del rebaño aman como aman los que integran una manada, aman para reproducirse, para mantener la especie; odian, como odian los del rebaño. Es decir, odian a los pastores, aunque cotidianamente se someten a ellos, porque fueron educados para eso. Por eso el rebaño urde la teoría del rebaño, hace manjares para el rebaño, canciones para el rebaño, Literatura para el rebaño, turismo para el rebaño, amistades para el rebaño, sueños para el rebaño, candados y llaves para el rebaño, sexo, drogas y religiones para el rebaño. Porque una de las condiciones fundamentales para que el rebaño no se extinga, es evitar que a uno de sus integrantes le entren ganas de ser pastor, y cuando esto sucede, es rápidamente acusado de lobo, de bestia que quiere devorarse el rebaño. Un distinguido integrante del rebaño, tiene un sólo objetivo: morir, para ascender al cielo del gran rebaño, resignando esta vida a la penuria propia de pertenecer al común rebaño. Por supuesto que antes de morir ha de aportar nuevos integrantes a la manada (integrantes que tendrán como gran finalidad dar otros integrantes al rebaño, que luego serán educados para dar otros integrantes que darán otros...). La sed del rebaño es sencillamente apagada por los breves charcos, y como no pueden contar ovejas para dormir (pues la redundancia no da sueño) cuentan estiércol; aunque los que sueñan ser pastores, para dormir, cuentan lobos. La condición de integrante de rebaño se hereda, y desde que se nace se le va enseñando a ver el mundo como sólo desde la manada puede verse: la vida comienza y termina ahí, donde se pueda pastar.

Suele suceder que en unas de las tardes iguales (tardes donde las horas están eximidas de milagros) algún integrante distraído se aleje un poco más de lo acostumbrado y descubra, los hermosos pastos de la lejanía, pastos verdes, apetecibles, diferentes, entonces la curiosidad lo invite a alejarse aún más (o a acercarse a su otro hambre). A partir de ese momento comienza la Revolución en el rebaño, cuando el pastor va en busca del díscolo integrante y éste regresa a comentarle a la manada, que más allá hay pastos exquisitos, y que o es necesario morir para probar semejantes manjares. ¿Cuántos países de pastos y cerros, cuántos ríos y árboles habrá más allá de este lugar donde hemos nacido y pastado desde siempre y donde han muerto todos nuestros antepasados? Entonces la manada se alborota, consideran lo que el díscolo integrante declarara, y deciden expulsarlo del rebaño. A veces al expulsarlo lo llaman Jesucristo, otras Galileo, Lennon, Ghandi, Marthin Luther King o Guevara. Luego de echar al desobediente (pero sumamente obediente con el Misterio) vuelven a la normalidad, y hasta fundan organizaciones que promulgan la igualdad, la libertad y la fraternidad".

PATZER, Pedro. Aguafuertes Provincianas. Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2013-


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Revista Spes Nº35 2013  

13º Jornadas: Violencia y Género

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