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Revista Spes Junio 2010

Editorial

U

no procura salirse de los lugares comunes. Supone

comprenderlos más de cerca, a generar vínculos desde las emociones.

que, siguiendo el festina lentede los romanos, pasará

Porque no sabemos muy bien qué es la vida, pero parece haber algún

por la vida reflexivamente, sin estridencias que lo confundan.

dato en el hecho de que si no queremos y somos queridos, si nos

Lejos de lo masivo, apartado de lo mundano. Con el tiempo,

sentimos solos y ajenos, no resulta grata y va preparando la simiente de

aprende que puede ser útil. Nos acerca a nuestro propio eje, nos

un futuro acosador, de un resentido, de un autoritario.

permite escuchar lo profundo del interior de cada uno. ¿Será que ni tan lejos ni tan cerca?. El otro no es todo lo que yo Para ese momento, la vida ya nos ha mostrado cómo lo masivo

quiero, y viceversa. Comete errores y yo también. Sin embargo, parezco

puede confundir. Las locuras de la humanidad nos lo demuestran: cada

más proclive a perdonar los mios que los suyos. ¿Porqué?. Parece que

vez que un autoritarismo ha logrado inflamar desde el grito, la

me quiero más a mí. Y cuando logro proyectarme un poco más allá,

propaganda, el corazón de multitudes. Nos preguntamos entonces: ¿y si

genero un “nosotros” excluyente, donde los mios son los mejores, y

yo hubiese estado allí?, ¿me hubiesen convencido?. Nos alentamos

ahora en vez de ser yo solo el que no comprende, somos nosotros. Y ahí

respondiendo que no, que nunca. Porque nosotros pensamos, porque

comienza la locura colectiva de nuevo....

nosotros sabemos…. Hoy, el bicentenario nos ha puesto a pensar de nuevo, con un Sin embargo, ¿cuál es la solidez de nuestra convicción si la realidad

inevitable nudo en la garganta. Justamente hoy, que en esta parte del

nos acosa?. ¿No corremos acaso el riesgo de un pequeño agujero en

mundo, y desde hace tanto tiempo, estamos todos tan enojados, los

nuestro dique, por el que entre el mar del odio?.

“nosotros” de un lado con los “nosotros” del otro, miramos desde el

Da escalofríos pensarlo. Por eso uno se repite el rosario de los NO

recuerdo de nuestra niñez las imágenes de la multitud alborozada, en

de su vida, una y otra vez, esos que conoció en el viaje interior. Todo lo

comunión. Una unión inesperada, embriagada del hecho de integrar

que no hará, padezca lo que padezca, y dude cuanto dude del otro, aquél

un colectivo, de reconocernos parte. De no estar tan solos.

que supo ser tu amigo, tu hermano, y hoy te lo presentan como un traidor. Hasta convencerte no solo de que lo es, sino de que por serlo, nada bueno merece.

Y sí, darse permiso de sentir el calor del afecto por el otro, parece balsámico, y tal vez sea una pista. Empecemos por ahí, salgamos de la cueva, busquemos al otro. Pero no nos detengamos en NINGUNA

Parece que no hay antídoto que nos proteja de caer en esos

frontera, ni intelectual ni material (siempre intelectual, al fin y al cabo),

desatinos, que pueden implicar la infelicidad de varias vidas, incluyendo

y sigamos armando lazos de afecto, que nos vayan envolviendo como

en esa catarata la nuestra, que en el marco de tanta acritud, ya hasta

redes. Y que eso, sea lo único que nos envuelva.

nos importará muy poco.

¿Cómo luchar entonces?. ¿Qué otra cosa que pensar lo más lúcidos y equidistantes posibles de todas las presiones?......Tal vez, ahora sí, sea el tiempo de volver a la multitud. A sentirse vibrar entre los otros, a


Nuestros Profesores de la U.B.A. CÓMO TRANSFERIR LA EXPERIENCIA MEXICANA DEL MODELO DE OMBUSDMAN UNIVERSITARIO A LA UNIVERSIDAD ARGENTINA?

Autora: Ana Prawda -2004 *

1. El Ombusdman Universitario en México El escenario social se presenta con transformaciones de los lazos sociales. Se entiende por lazo social, a la ficción eficaz de discurso que hace que un conjunto de individuos constituya una sociedad, los instituya como miembros de esa sociedad y les permita construir la normalidad social. En la era del mercado, el ideal de prosperidad económica se acompaña de una ética abstracta, donde las acciones individuales en principio no se reconocen como universales. La cultura de la felicidad disuelve la culpabilidad moral, lo que domina esta época es la superficialización de la culpabilidad, aquello que se observa en el hastío, la depresión, el estrés y el vacío existencial. Nada ni nadie alienta u obliga a los hombres a consagrarse a un ideal superior, ahora el deber no es más una opción libre (Lipovetsky, 2000). Es la época de la secularización de la moral. Se asiste a una mutación del concepto de “hombre ciudadano” devenido en consumidor. Se trata ahora de educar al consumidor, entendiéndose por éste como aquel que busca su felicidad permanente, la que pareciera encontrarse en los placeres a disfrutar, siempre y cuando no molesten al prójimo. Lo paradigmático del hoy es que las instituciones no siempre favorecen el lazo social, sino que son las individualidades con sus singularidades las que orientan la normalidad social. Y paradójicamente, esa normalidad se presenta como las diferencias de una serie de singularidades que conviven en las instituciones. En este trabajo se reflexiona acerca de cómo las instituciones de Educación Superior, Universidades, no son ajenas a la situación social planteada. De cómo las diferencias de las singularidades que en ella conviven y los conflictos que en ellas se generan, que no siempre se resuelven en el plano de la comunicación entre los involucrados, requieren de otra figura para poder resolverlos.. Asimismo, se abordan algunas de las diferencias entre Argentina y México, respecto a la figura de una tercera persona que funcione como recomponedor del lazo social:

el ombudsman universitario en México, y su posible transferencia de modelo en la Universidad Publica Argentina 2. El Ombudsman y su intervención frente a los conflictos universitarios La figura del Ombudsman, nacida en Suecia a principios del siglo XIX (Per-Erik Nilsson, 1986), es actualmente reconocida por las comunidades de diferentes países; y en menor medida por instituciones educativas de nivel superior, como por ejemplo la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de México (UNAM) , y muchas otras en los Estados Unidos. En éstas se han creado organismos que contemplan al Ombusdman como responsable a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En la UNAM hasta 1986, existían diferentes organismos encargados de procesar y otorgar respuestas válidas a las quejas, inconformidades, reclamos o denuncias de distinta naturaleza -tales como los cuerpos colegiados académicos y las comisiones bilaterales entre los sindicatos y la universidad. Desde 1986, se incorpora la Defensoría de los Derechos Universitarios, que prevé por parte de Ombusdman el seguimiento de las actuaciones de los organismos universitarios mencionados, para comprobar que aquellos resuelvan los problemas conforme a la normativa establecida. El Ombudsman o Defensor de los Derechos Universitarios en la UNAM; tiene como meta proteger y cuidar los derechos sólo de sus estudiantes, docentes, investigadores o técnicos académicos que vieran quebrantados sus derechos por las autoridades universitarias. Su función es la de recibir las quejas y accionar para que los derechos de los beneficiarios se respeten dentro del marco legislativo universitario. El personal administrativo y de maestranza quedan exceptuados del beneficio (Jorge Barrera Graf, 1986) 3. Ejes temáticos del futuro ensayo: Defensoría o Comisión de Derechos Universitarios Trasladar el modelo de Ombusdman Universitario a la Argentina, requiere previamente de algunas reflexiones. A saber.


Inquieta su denominación - defensoría - porque supone que existe una toma de posición a priori en contra o a favor de una de las partes que, además, tiene ese derecho por sobre las otras que no lo poseen. Una persona resultó “atacada”, por lo tanto, es necesario “defender” a la otra. De no resolverse el conflicto, el ombusdam o defensor propone soluciones a las autoridades de la propia universidad a través de recomendaciones pertinentes. Cuando bajo un clima de respeto y tolerancia, el defensor tendría que actuar como favorecedor y conductor de la comunicación entre las partes, facilitando durante la interacción directa, la eventual solución del conflicto.

La Mediación, no reduce su meta a la simple técnica de gestionar el conflicto, sino que se incluye en la universidad analizando y aportando a la reconstrucción de los lazos sociales: favorece al desarrollo de una comunicación eficaz entre los diferentes actores y coopera en la producción de cambios de conductas personales eficientes que persistan a lo largo del tiempo (Prawda 2002)

Atendiendo al hecho de que el término defensoría no expresa la necesidad que justifica la creación de estos programas, se considera oportuno otorgarle una denominación que enunciara mejor sus funciones. Por ejemplo, podría pasar a llamarse Comisión de los Derechos Universitarios.

No siempre las personas tienen interés en participar de una mediación debido a que no conocen los beneficios que esta presenta ¿debería tener información? O ¿ser obligatoria? Están quienes participan de la mediación y no siempre logran llegar a acuerdos consensuados. Otras, a mitad del proceso litigante pudieran reconocer los beneficios que aporta la mediación y solicitar esa instancia.

Muchas de las situaciones problemáticas de la comunidad académica se suscitan como producto de la dinámica propia de las organizaciones educativas, entre otros actores de la Institución y no siempre con relación a las autoridades: roces provocados en el fragor de la tarea cotidiana, conflictos acaecidos durante la convivencia laboral que de no resolverse a tiempo repercuten en el producto a realizar o realizado. En ese sentido, inquieta que los derechos de otros actores universitarios, por ejemplo administrativos, maestranza y autoridades académicas que pudieran ser vulnerados con menoscabo de su dignidad. Por esta razón, debería considerarse la realización de acciones tendientes a crear los medios apropiados para que otros miembros de la Universidad, no beneficiados y que protagonicen situaciones problemáticas y así lo soliciten gocen de la protección del sistema jurídico universitario. En ocasiones la convivencia genera problemas que pueden ser también resueltos los propios interesados (entre estudiantes y docentes o autoridades académicas, entre estudiantes y/o docentes y administrativos). En esos casos, para evitar que el conflicto se eleve hasta a veces, llegar a la instancia de un juicio, se torna conveniente y necesario acercar a las partes en conflicto por medio de procedimientos no litigantes, por ejemplo la mediación. La mediación es el conjunto de técnicas y estrategias, sistematizados en un cuerpo de conocimientos teóricoprácticos que permite definirla como un procedimiento alternativo para la resolución de conflictos. Es un proceso orientado por un tercero imparcial, el mediador, que participa utilizando dichas técnicas y estrategias, y sólo para facilitar el diálogo entre los involucrados en la disputa. El objetivo es que éstos pasen de litigantes a socios y juntos se encaminen hacia la resolución del mismo. No se trata de que uno gane y otro pierda sino de que ambos ganen, construyendo acuerdos por consenso. Esta manera de trabajar el conflicto no necesariamente convertirá a quienes disputan en amigos, pero les permitirá actuar como protagonistas comprometidos en la búsqueda del acuerdo. Este procedimiento resulta particularmente eficaz cuando las partes en conflicto, por razones de estudio o de trabajo, necesitan seguir viéndose y hasta continuar trabajando.

4. Obstáculos de la propuesta La propuesta presenta obstáculos que debieran tenerse en cuenta previamente a ponerla en marcha.

Existen conflictos de orden gremial que si bien repercuten en la Universidad no se incluyen en los de orden académico sino de condiciones de trabajo. ¿En estos casos debería considerarse la exclusión de la resolución por parte de programa? o ¿tal vez la inclusión de otro tipo de instancia diferente a la mediación? Es menester pensar también, si la propuesta se complemente o no con los enunciados de la Ley de Educación Superior. Asimismo, la preocupación de accionar un dispositivo como el presentado, requiere de una estructura pertinente que defina perfil de los integrantes, roles y funciones para que las tareas de unos no interfieran con las de otros integrantes. 5. Conclusiones La transferencia del modelo mexicano mencionado, no garantiza el éxito del mismo en todas las otras instituciones de nivel superior. Teniendo en cuenta los obstáculos y beneficios de la propuesta, se impone considerar que la puesta en marcha en las Universidades Publicas Nacionales Argentinas requieren de un dispositivo que previamente a su funcionamiento, estudie y analice los puntos que se presentan obturando (en palabras de B Cowe, los “cisnes negros” de la propuesta), así como también que analice los ítems que debería incluir en su procedimiento de prestación de servicios en las Universidades Públicas Argentinas. A saber. Definir la denominación/Beneficiar o no al conjunto de actores universitarios: estudiantes, docentes, investigadores o técnicos académicos y demás miembros de la Institución / Incluir una instancia previa, concomitante al procedimiento jurídico tradicional de denuncia ante el organismo / Analizar la conveniencia de la obligatoriedad/ Efectivizar dicha instancia a través del proceso de Mediación./ Encausar por los canales establecidos en los documentos formalizados según cada universidad, las situaciones consideradas no mediables / Un modelo que tenga en cuenta los derechos universitarios y


esté contemplado con las características mencionadas, resolvería sin litigio algunos de los conflictos cotidianos. Y en paralelo brindaría a la comunidad universitaria la posibilidad de crear espacios de aprendizaje de modos diferentes de resolver los conflictos inherentes a la vida en común, facilitando la reconstrucción del lazo social.

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* CV Síntesis: Ana Prawda

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Especialista en didáctica y en formación de formadores / Diseñadora de programas de

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capacitación en Higiene y Seguridad Industrial / Técnica en Informática y e- learnig /

- Dale, Roger, “Globalización: ¿un nuevo mundo para la educación comparada?” en

Especialista en Gestión Educativa.

y negociación /

Schriewer, Jürgen (comp.) Formación del discurso en la educación comparada. Ediciones Pomares, S.A., Barcelona.Morris, P. ‘Asia’s Four Little Tigers: a

Obtuvo el Premio Mención especial: Foro Expositores Nivel Inicial organizado por

comparison of the role of education in their development’ Comparative Education,

Ministerio de Educación Nacional y la Dirección de Enseñanza Privada del Gobierno

Vol. 32, No. 1, pp. 95-109, 1996

de la Ciudad de Buenos Aires. 2007

- Didriksson, A. (1997). “La Universidad en la Transferencia de Conocimientos hacia la Sociedad”, en Giovanna Valenti N, Alejandro Mungaray L, (coord), Políticas

Desempeño en Argentina: Universidad de Buenos Aires ( Facultad de Derecho en la

Públicas y Educación Superior, México, ANUIES, 2000

Dirección de Carrera Docente y del Postgrado, donde creó el Área de Aprendizajes

- Folbertg Jay y Alison Taylor , Mediacion Resolucion de conflictos sin litigio.

Diferenciados; y Facultad de Medicina como asesora pedagógica e integrante de la

LIMUSA Grupo Noriega Editores Mexico, 1998

Comisión de reforma curricular de la Carrera de Formación Docente); en los

- Gibbons Michael, “Pertinencia de la Educación Superior en el Siglo XXI”, Ed

posgrados de la Universidades Nacionales de Lomas de Zamora y de de San Martín (

Pomares-Corredor París Francia, 1998

docente en “Negociacion y liderazgo” y en “Metodos alternativos de Resolucion de

- Melillo A, y Suarez Ojeda E, “Resilencia- Descubriendo las propias fortalezas”,

conflictos). En Universidades de San Andrés, Nacional de Quilmes, Torcuato Di Tella

Paidos. Argentina. 2002.

(diseña y coordina capacitaciones y asesora acerca de Prevención de la Violencia y/o

- Monjas, I ,”Programa de entrenamiento en habilidades de interacción social”,

Mediación Escolar y/o Formación de formadores

PEHIS Trilce. Salamanca, España. 1993.

Santillana ( coordinadora de talleres a supervisores, directivos y docentes del sistema

- “Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003” México.Ministerio de Educacion

educativo). Docente en el profesorado Toratenu.

- “Plan Nacional de desarrollo 2001-2006”, México.Ministerio de Educacion.

- Didáctica). En Editorial


Desempeño en el extranjero en relación a temáticas didáctico pedagógicas acerca de

Argentina. , 2002 .

prevención de violencia, negociacion y mediación: invitada para asesorar en diseños

- Dinámicas para la prevención del VIH / SIDA Y ETS- -Ministerios de Cultura y

didáctico pedagógicos relacionados con la eduacion para la paz y ciudadanía

Educación y de Salud y Acción Social de la Nación, 1999

responsable , por la Comision Estaatal de Derechos Humanos en Mexico; como

- Etc.

profesora y/o

asesora pedagógica en el Postgrado de Derecho de la Universidad

Nacional de Sonora en México; Dirección de Resolución de Conflictos dependiente de

Diseña material de capacitación: work shop, videos, e learning. (Consultora CPL)

la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; en Universidad Nacional de Managua y

Se encuentra actualmente en edición: Cómo resolver conflictos entre amigos.

la URACAN, ambas en Nicaragua; Universidad de Barcelona, carrera de Pedagogía

Orientado a estudiantes de EGB 1 y 2. Editorial Bonum 2009

Social y la Generality de Barcelona, España; red de escuelas Católicas de Lima, Peru,

Observaciones: se encuentra adisposición la documentación que se menciona y el CV

Universidad San Frncisco de Asis, La Paz, Boliva.

ampliado aprawda@yahoo.com.ar

En proyectos de investigación que se incluye su participación: “Portacion de armas en la escuela" (Universidad de San Andrés Tesis de maestría ); “Aportes de las torias del aprendizaje a la mediación y viceversa” Universidad de San Andres; “Prejuicio y violencia: La prevención del VIH/SIDA en el sistema educativo Argentino (Desarrollo. Plan PNUD. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación ); El estudio de la Mediación en la escuela”(Universidad Argentina John F. Kennedy); “Violencia simbólica: El liderazgo y la influencia grupal” (Universidad C.A.E.C.E). Ha publicado diferentes artículos y libros de su autoria y/o coordinación:

- Aprender y enseñar a convivir en el aula. Espacio de reflexión. Agenda. Editorial Santillana ,2009 -

Mediación escolar sin mediadores. Editorial Bonum, Buenos Aires, Argentina,

2008. - La Participación ciudadana en la formación de valores. Utopías pedagógicas y mediación escolar.Monterrey, México, 2006. - Aportes de la mediación en la reconstrucción del rol docente ,2005. Universidad de San Andres y - Reso lviendo conflictos en la escuela. Mediación escolar. publicado por el Instituto de Ciencias Sociales y Jurídicas de México y la Universidad de Sonora. (2002,1ra edición y 2003, 2da edición). - Prevención de la violencia en la escuela. Colección Ser Humano. Editorial Troquel.

S pes


Desde Córdoba LA EFICACIA DEL DERECHO Y FUNCION DEL DERECHO ADJETIVO.1

LA

El concepto de eficacia está directamente vinculado a la Teoría de las organizaciones, y dá cuenta del modo de lograr los objetivos trazados en la forma más económica posible. El derecho como construcción cultural y medio de control social, se articula mediante una organización jerárquica que es un poder del Estado. De esta forma el Estado monopoliza la represión y la decisión de las controversias entre los ciudadanos, mediante un poder autonomo, autárquico e independiente. El Poder Judicial. Proponemos una mirada diferente a la tradicional, que nos brinde elementos de juicio desde otra perspectiva. Partiendo de la idea de que “si desea comprender una organización, es mucho más exacto empezar desde la siguiente premisa: que las organizaciones son complejas, ambiguas y paradogicas”2 I) ¿ El derecho es eficiente en la Argentina? El derecho es eficiente en la medida que logre la paz social y que el lapso entre que la controversia es puesta a su consideración mediante los organos respectivos sea razonable, manteniendo vivo el interés por la disputa. En poco contribuye el derecho, si resuelve la controversia cuando el objeto de la esgrima judicial, ya no existe o quien la procura falleció, se jubiló o ha perdido el interés. Los procesos judiciales son la herramienta mediante la cual el derecho es puesto en acto y se culmina con la potencialidad de dar a cada uno lo suyo. Mas allá de una definición histórica de Ulpiano, y uno de tres principios3 para la vida irreprochable de los romanos, no deja de ser una aspiración de cada operador jurídico. Mas no siempre el proceso permite dar a cada uno lo suyo, por lo menos en un plazo razonable. Podemos convenir con casi todo el mundo que tenga los cinco sentidos exactos, que el tiempo es un buen maestro, pero mata a sus alumnos. Si el proceso judicial, mediante incidencias se extiende por años, el objeto de la controversia cambia. Haciendo un parangón con la física, de la misma manera que la materia, a la velocidad de la luz cambia su

masa y pasa a ser relativa4. La verdad que se obtenga, entonces, luego de que el proceso se extendió por años es relativa5. Por que el objeto que se persigue ya no es el mismo, pues ha cambiado el contexto personal, familiar, laboral, a veces social y hasta cultural de quien la procuraba. El principal enemigo del proceso es el tiempo. Y el derecho no se concreta en forma eficaz si el tiempo lo relativiza. Como señala Cueto Rua, “la pasividad, la parálisis, la prórroga, tienen su precio en términos de sufrimiento humano”6 Nos hemos cansado de escuchar en los pasillos de Tribunales: “¡Ahora que me importa la condena, si el demandado ya se insolventó o ya no existe!. ¡Si mi padre ya murió!. ¡Si ahora, me jubilé y por mis años no puedo disfrutar la indemnización!, ¡Si ahora con esa plata no puedo comprar nada o no puedo comenzar cualquier negocio!, etc. Entonces, la idea de eficacia está intimamente vinculada con la idea de celeridad e inmediatez. En la Argentina, los procesos adjetivos varian. En el Derecho Laboral, existen procedimientos diferentes en cada una de las provincias. En su inmensa mayoría este proceso es de naturaleza mixta7; no es completo, ya que se suple con las normas del proceso civil, y en algunos casos directamente no se sancionó una norma procesal laboral. La mayoría de las leyes adjetivas provinciales garantizan un proceso oral. Se erigen Buenos Aires, Córdoba, Mendoza como las principales provincias con un sistema predominantemente oral8. Lo cual- bajo el tamiz de las reglas de la experiencia- tampoco garantiza la celeridad tan pregonada y convertida en un principio del Derecho Procesal Laboral. La celeridad se logra, interpretando la norma adjetiva en forma teleológica, como enseñaba Couture La idea del proceso, “es necesariamente teleológica, pues sólo se explica por su fin. El proceso por el proceso no existe”9. De esta forma el interés individual en la controversia se encuentra fincado en resolverla en un contexto temporal apropiado y no

1 Por Osvaldo Mario Samuel, Juez de Cámara del Trabajo de Villa María, Córdoba; Profesor Universitario de grado y posgrado de Derecho del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo; Licenciado en Gestión Educativa y Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales; autor y publicista sobre temas vinculados al Derecho Laboral. 2 Gareth Morgan, Imágenes de las Organizaciones, Ed. Alfaomega , México DF, 1998, pag. 310. 3 Para Ulpiano los tres principios de una vida irreprochable eran “Honeste vivere; alterum non laedere y cuique suum tribuere.” (honesto vivier, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo) Digesto, 1,1, 10. 4 Especulación teoríca de Albert Einstein, en la Teoria de la Relatividad. No refutada y aceptada por la mayoría de la comunidad científica actual. 5 En el mismo sentido Von Ihering Rudolf, “El Fin del Derecho”, Ed. Heliasta, Bs.As. 1978, pag. 211. 6 Cueto Rua, Julio César, Una visión realista del Derecho, Los jueces y los abogados, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2000, pag. 90.


desvirtudado por que el interés se difumina como una haz de luz cuyas baterias que lo alimentan, se agotan. El fin del proceso es resolver la controversia, garantizando el derecho de defensa, para que quien procura la concreción de su derecho, pueda mediante el mecanismo que el Estado impone, continuar con su vida sin menoscabo. Pero nunca la garantía del derecho de defensa debe permitir que se haga impropia la respuesta del Estado, mediante su organo judicial; ya que el derecho, tiene por objeto la oportunidad10. La garantía del derecho de defensa, está intimamente vinculada al sentimiento republicano y a los derechos humanos. Entiendase bien, que el rango Constitucional y Supralegal del mismo debe ser respetado a rajatablas. Lo que pretendo significar es que el ejercicio del mismo no sea abusivo, provocando en el proceso un laberinto insondable, que lleve a la jurisdicción a demorar en el tiempo mas de lo que una decisión ajustada a derecho y lógica lo aconseje. Esto acontece con el abuso del proceso, bajo pretexto de ajustarse al derecho de defensa. Las incidencias infructuosas, yermas y meramente especulativas deben ser de especial atención y prontitud de los magistrados, para que no cumplan con su propósito, que es prolongar el proceso. El Proceso es eficaz, si a la decisión ajustada a derecho y lógica, lo acompaña la oportunidad. Y la oportunidad se encuentra enclavada en una circunstancia histórico social , que no puede ni debe ser desdibujada por las partes. Ya que la recomposición del contenido económico del crédito, no recompone el paso del tiempo. El interés o la tasa del mismo, no para el tiempo, ni vuelve las cosas a su estado natural, como el derecho civil francés figuaraba la reparación natural, que Velez recoje en el art. 1083 del C.C., más el mismo derecho reconoce que no siempre esto es posible. Se encuentra entonces, una solucion financiera a un problema jurídico: El paso del tiempo en el proceso judicial.

digitalizados e interconectados, con información instantanea, mientras que en el sistema de gestión judicial aún se utilicen impresoras con matriz de punto mecánicas para las toma de audiencias, notificaciones en formularios de papel, cursadas a domicilio, que se dispense tiempo real de notificación a distancias mediante personal específico rentado por el Estado. Cuando la comunicación hoy es garantizada por otros canales en el inmenso contexto de la vida social de los individuos. Lo cual es un uso social aceptado y parte de la cultura no solo de los países de desarrollados, sino de los emergentes. La mal llamada digitalización o informatización de expedientes no es una modernización, es una necesidad concreta y es insólito que no se le otorgue eficacia a la comunicación informática en las leyes adjetivas argentinas, cuando las transferencias de fondos del Tesoro nacional, la aprobación de las Obras Sociales de compra de medicamentos, el pago de impuestos, la compra de muebles e inmuebles, solo por nombrar algunos usos, se hacen por esa vía, como la mayoría de las comunicaciones entre abogados por fuera del expediente, por razones de eficacia comunicacional. El proceso eficaz, podría esgrimirse con una mirada simplista, en el actual contexto ritual, como aquel rito que logra la solución de la controversia por medio de la mediación o de la conciliación de derechos dudosos e intereses contrapuestos al que arriban las partes, con intervención de la autoridad jurisdiccional a propuesta de las partes o por el Tribunal al inicio de la gestión judicial o en su etapa incipiente. Sin oponerme a los medios de solución de conflictos alternativos y a la conciliación. Me resisto a la idea de que la Sentencia no sea el medio más eficaz de resolver la instancia. III) Se proyecta un razonamiento que permita obervar la instancia desde otra mirada, ya que la Teoría General del Proceso, ni la Filosofía del Derecho han permitido dar respuesta a la necesidad vital de un proceso efectivo y oportuno12.

II ¿Cúal es el proceso lento y cual es eficaz? El proceso lento es el que desdibuja el interés individual en la controversia en forma innecesaria. El derecho adjetivo debe lograr que el fin del derecho – entendido como “la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, asegurado por el poder coactivo del Estado”11, se concrete en forma clara y lo más inmediata posible. Para ello, se deben auscultar las leyes rituales, se debe examinar la prioridad del Estado en la resolución de las controversias de los particulares, especialmente en cuestiones Penales, Laborales y de Familia. De nada vale, el Código de Procedimiento más perfecto, si no existen los medios materiales y humanos que puedan utilizarlo para lograr el fin del derecho. Debemos incorporar a nuestro razonamiento, en el examen de la cuestión, el actual contexto cultural y teconológico. Es anacrónico, obsoleto e ineficaz que las vistas y traslados deban notificarse con copia, existiendo la posibilidad de una conexión real con el Tribunal, por vía de internet, ya no virtual. Si no real. Es inconsistente desde la perspectiva vana de la gestión, que sistemas tan variados e importantes como los de salud, control aéreo, bancario, financiero, comunicación social, solo por nombrar algunos se encuentren

Tampoco, el cambio de paradigma debe implicar una modificación radical y pendular, lo que acarrearía efectos paradojales. Se intenta visualizar un cambio paulatino de la cultura del papel, de la notificación personal, del diligenciamiento ,etc, cuando no es necesaria la presencia física de los operadores juridicos. Ahora bien, siempre existiran actos procesales que requieran a la parte, su consentimiento o ratificación frente al Tribunal, pero un cambio en esa dirección se vislumbra como un aporte a la celeridad. A tal evento dejo a consideración algunas ideas fuerza. IV) Propuestas. 1.- El sistema de gestión judicial se puede mejorar si se toma la gestion judicial, como gestión administrativa despojadas de trabas anacrónicas. 2.- No se puede insistir , en pos de la certeza, con metodos para obtenerla propios del siglo pasado. (Cargos de escritos, sellos de agua, formularios pre impresos, providencias manuales, procesos totalmente escriturarios, audiencias de reconocimiento, vistas por escrito, etc.). 3.- La eficiencia del derecho, implica que el derecho ritual lo


acompañe y sea confluyente. 4.- Los jueces deben prestar la mayor de la atención a las dilaciones inoficiosas del proceso, para que las mismas no cumplan su objetivo. 5.- El principal CEO13 del proceso, - el Juez- debe ser elegido por mecanismos que garanticen su capacidad, eficiencia e independencia, despojados de ingerencias de otras organizaciones. 6.- Los operadores secundarios y terciarios , deben ser

elegidos por el CEO del proceso, en la idea de conformar un equipo dinámico, y que experimente la confianza y sinergia, de tener en claro objetivos comunes. La celeridad del proceso. 7.- La organización – Poder Judicial – debe tener autarquia financiera, autonomía funcional y sistemas de retribución acordes con parametros y standares de eficiencia.

S pes 8 También Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 9 Couture Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. B de F, 4 ta. ED. Montevideo –Buenos Aires, 2004, pag.118 10 Von Ihering, El Fin del Derecho, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1978, pag. 212 11 Von Ihering. op. Citada, pag. 213. 12 Mucho se ha escrito sobre las causas de la morosidad judicial. Si embargo, el esfuerzo por eliminarla ha rendido escasos frutos hasta nuestros días. Es probable que en ello gravite la enterpretación de los propios jueces hacen de sus propias prerrogativas, facultades, poderes y privilegios. Como se verá, la morosidad judicial no depende tanto de los trámites procesles tal cual ellos se encuentran definidos en los códigos y las leyes de procedimeinto, cuanto de la actitud espiritual y profesional de jueces y abogados en el cumplimeinto de sus respectivas funciones”. Cueto Rua, Op. Citada, pag. 90/91. 13CEO Significa Chief Executive Officer, es un cargo gerencial utilizado en las empresas estadounidenses; en español seria algo así como Jefe Ejecutivo.


Desde Tucumán DOCTRINA DERECHO LABORAL: LA EXCLUSIVIDAD COMERCIO.

EN

EL

VIAJANTE

DE

Interpretación del precepto contenido en el art. 1 del Estatuto del Viajante de Comercio. Por Diego Ezequiel Guzmán Docente Derecho Privado VI (Laboral y Previsional) Universidad San Pablo T – Tucumán.dr_diegoguzman@hotmail.com

La cuestión de la exclusividad o no exclusividad del viajante de comercio y los extremos de su acreditación imponen analizar el precepto contenido en el art. 1 de la ley 14.546 Estatuto del Viajante de Comercio - para develar sus consecuencias.

El segundo párrafo ya no habla de presunción, sino simplemente refiere que “salvo pacto en contrario el viajante esta autorizado a realizar ventas para varios empleadores”.-

El quid de dicha cuestión surge del segundo párrafo del referido precepto, el cual dispone que: El viajante, salvo convenio escrito en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes y/o industriales, siempre que los mismos no comprendan mercaderías de idéntica calidad y características.

Una de las figuras con mayor dinámica en el campo del derecho del trabajo lo constituye sin duda la del viajante de comercio. Recientemente vimos como la doctrina comentarista de los alcances de la ley 12.651 sostenía el beneficio de la presunción de no exclusividad a favor del viajante, teniendo en cuenta que EN DICHA ÉPOCA LA REGLA ERA LA NO EXCLUSIVIDAD Y LA EXCEPCION LA EXCLUSIVIDAD.

Nos preguntamos: ¿el pacto por escrito al cual se refiere la norma, es la única forma para probar la exclusividad del viajante?. Un poco de historia: La derogada ley 12.651 del 8 de octubre de 1.940, en su articulo primero, segunda parte disponía que “salvo existencia de pacto escrito de exclusividad regia la presunción de la NO EXLUSIVIDAD para la figura del viajante”. Dicha presunción de NO EXCLUSIVIDAD fue claramente beneficiosa para el viajante de comercio, ya que en dicha época LA REGLA FUE LA NO EXCLUSIVIDAD Y SU EXCEPCIÓN LA EXCLUSIVIDAD. Resultan altamente ilustrativas palabras de autores de la época como PERUGINI y SIMON1 quienes comentando los alcances de la norma decían que “si bien la ley no contempló todas las aspiraciones de los viajantes, buscó solucionar alguno de lo problemas mas importantes, uno de los mas logrados fue la presunción de que el viajante podía desempeñarse para mas de un empleador siempre que no comercializara la misma mercadería, salvo convenio escrito en contrario”. Con el advenimiento de la ley 14.546 dictada bajo el gobierno constitucional del Dr. Arturo Frondizi, a instancias del proyecto del diputado oficialista de la UCRI (Unión Cívica radical intransigente) Dr. Ideler Tonelli, el artículo primero fue modificado sustancialmente.

Modificación de la regla y excepción:

Sin embargo, el paso del tiempo modificó radicalmente dicha concepción, para ser hoy la EXCLUSIVIDAD LA REGLA Y LA NO EXCLUSIVIDAD LA EXCEPCION. Quienes somos interlocutores entre la “realidad” cotidiana del trabajador viajante y el “deber ser” de la norma advertimos dicho cambio. Sin duda un cambio que opera desde los fáctico con una muy probable proyección normativa. Son numerosos los autores que advierten tal situación, en tal sentido Nestor H. Rivera Rua2 sostiene que es dable afirmar la presunción que la regla en la materia es la existencia de exclusividad en la relación existente entre las partes. Carácter no formal del contrato de Viajante de Comercio: Son numerosos los autores que sostienen el carácter no formal del contrato de viajante de comercio, entre ellos Ruprecht Alfredo3, pudiendo ser acreditado el mismo por cualquier medio probatorio.NUESTRA OPINION: Con los antecedentes señalados estamos en condiciones de resolver el interrogante planteado ab initio. Digámoslo desde ya: EL PACTO POR ESCRITO NO ES UNA FORMA ESENCIAL PARA ACREDITAR LA CONDICION DEL VIAJANTE EXCLUSIVO. Y no puede serlo por cuanto el artículo primero claramente se instituye como un beneficio para el trabajador viajante, con lo cual resulta contrario al espíritu de la norma pretender otra interpretación.


El art. 973 del C. Civil establece, que la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Pueden ser clasificadas en formas "ad solemnitatem", y "ad probationem. Las primeras resultan esencial para la validez del acto, tal el ejemplo de las donaciones inmobiliarias, las cuales solo pueden ser hechas por escritura publica bajo pena de nulidad. En cambio la forma "ad probationem" resulta exigida a los fines de la acreditación del acto jurídico, por ejemplo los contratos que tengan por objeto una suma de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden probarse por testigos (art. 1193). La forma escrita a la cual se refiere el art. 1 de la ley 14.546 es "ad probationem". En igual sentido se han pronunciado autores tales como Vivanco citado por Rivera Rua (op. cit).Una interpretación literal y hasta teleológica de la norma impone dicha conclusión. Desde el punto de vista del lenguaje utilizado no se advierte un uso imperativo del mismo como podemos encontrar en el art. 1.810 del C. Civil el cual dice “Deben ser” hechos ante escribano publico bajo pena de nulidad.. En ningún momento el art. 1 de la ley 14.546 expresa términos como “solo” o “deberá”. La forma escrita claramente esta dirigida a una cuestión meramente probatoria, nunca a la esencia misma del acto. Refiriéndose al instituto de la renuncia al empleo (art. 240 de la L.C.T) la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha sentado la doctrina legal en torno a la forma que debe rodear dicho acto sosteniendo que ha sido establecida ad probationen y no ad solemnitatem4. Pensamos que si frente a una norma que expresamente dispone una forma (despacho telegráfico) como requisito de validez del acto (de renuncia), la Corte consideró que era “ad probationen” con mayor razón pensamos que cabria una misma interpretación frente a una norma que recordemos nació como un beneficio a favor del viajante de comercio. Sostener lo contrario es tanto como herir en gravedad de muerte la finalidad de lo norma en análisis. Pensemos un claro ejemplo: Un empleador que registre fraudulentamente un trabajador en la categoría de viajante no exclusivo, cuando claramente es exclusivo, difícilmente llegue a firmar un pacto de exclusividad con su trabajador. Entonces: ¿cercenaríamos la posibilidad de reclamo a ese trabajador?, ¿Lo haríamos en base a una mera declaración jurada del empleador al registrarlo? Por supuesto que no, y los magistrados deben permitir la más amplia posibilidad de defensa para no frustrar los tan mentados (y no siempre realizados) irrenunciables derechos laborales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala III5, resolvió justamente un caso donde existía un convenio con pacto de “no exclusividad” (y por ende ausencia de pacto de exclusividad) y el trabajador ante dicha ausencia pudo acreditar su carácter de exclusivo en base a diferentes medios probatorios. En el citado fallo se dijo que “La sola exhibición del convenio que indica las normas que regían la relación laboral habida entre los litigantes, no alcanza para desvirtuar la presunción de que la actora era viajante de comercio exclusiva de la accionada, aun cuando aquella reconoció la firma de ese documento, pues al desconocer su contenido era obligación de la accionada acompañar prueba fehaciente que avalara su postura de que la actora era viajante no exclusivo, extremo que no acreditó. En torno a la cuestión de la “no exclusividad” y la remuneración que debe percibir un trabajador contratado bajo dicha modalidad, no podemos dejar de señalar un interesante fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II6 que llegó a dicha instancia por cuanto la Juez de grado rechazó la demanda con fundamento en que de los contratos agregados a fs. 31/38 se desprende que los accionantes revistieron la calidad de "viajantes no exclusivos" remunerados a comisión y que no probaron haber realizado venta alguna durante el mes en que se extendió la vinculación. La Cámara revocando el decisorio dijo que “mediando una relación laboral no le asistía derecho alguno a la demandada a negar el pago de salarios, ya que aun cuando se hubiese convenido la retribución a comisión, y los actores no demostraran que operaciones concertaron, corresponde destacar que el ingreso del trabajador no puede consistir exclusivamente en aquella forma variable y aleatoria de remuneración, toda vez que la misma no debe ser inferior al salario mínimo vital (art. 119 de la L. C. T., Rev. D. T., 1976, p. 238), por lo tanto, el proceder de la demandada no se ajustó a derecho, por lo que la decisión rescisoria de los demandantes resultó justificada”. Para finalizar debemos hacer referencia a un principio rector en el derecho de trabajo, la Primacía de la realidad, de modo que la naturaleza de una relación deba determinarse por el examen de las características que la conforman y definen en la realidad de los hechos y no por meras inscripciones o exigencias formales. En conclusión, si de la realidad fáctica surge que un trabajador reviste la calidad de viajante de comercio exclusivo, tal característica puede acreditarse aun en ausencia de pacto por escrito, interpretando de ese modo en forma adecuada lo dispuesto por el art. 1 del Estatuto de Viajante de Comercio.

(1) Perugini Eduardo R. y Simon Julio C., “Viajantes de Comercio”, Revista de Jurisprudencia Argentina, Bs. As., 1971.(2) Nestor H. Rivera Rua “Viajante de comercio, industria y servicio” – Editorial Jurídica Panamericana- Octubre de 2007.(3) Ruprecht Alfredo - Viajante de comercio, Ley 14.546 anotada y comentada, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires) (4) C.S.J.T. Balderrama de Lascano Nelida Victoria vs. Melchor S.R.L. y Otros – Sent 601 - 7/09/1994 (5) Alessio, Liliana A. c. Vicente Giorgi S.A. - Sent. del 12/07/2007 -.Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala III.(6) Del Mónaco, Carlos R. y otros c. Lasting Ware - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II.- Publicado en: DT 1988-B, 2138


El aporte de nuestros alumnos PONENCIA DE RAQUEL ELENA RODRIGUEZ LA DROGADICCION POSIBLES CAUSAS. Introducción

La decisión acerca de escribir sobre drogadicción, surgió como consecuencia de la oportunidad que nos brindo nuestra profesora de Teoría del Derecho Dra. Diana Cañal, dado que seguramente, no hubiera sido posible en otro contexto, poder exponer libremente nuestras ideas e interrogantes, sobre este interesante tema.

Desarrollo

Escribir sobre drogadicción, implica a nuestro criterio formularse numerosas preguntas y una principal ¿Por qué una persona utiliza drogas?. Y de acuerdo a lo que vemos en nuestras vivencias cotidianas, utilizan drogas alumnos que pretenden estudiar y obtener una mayor rendimiento en poco tiempo, los deportistas que tienen como metas ganar una competencia deportiva, los artistas que pretenden agudizar su inspiración, según ellos mismos manifiestan. Nos podemos preguntar ¿ que tienen en común todas estas personas?. Y podríamos dar como posible respuesta, que pretenden que su cuerpo y su cerebro, rindan más de lo posible en condiciones normales. Este rendimiento extraordinario, seguramente debe tener como precio un desgaste extra del organismo, y las consecuencias seguramente no serán del todo beneficiosas para ellos, por lo menos en el largo plazo. Seguramente, escucharemos de algunas de estas personas, que pueden manejar el consumo de la droga, que la utilizarían solo cuando ellos lo decidan. Pero nuevamente nos preguntamos ¿ esto es posible?. ¿El consumo de drogas, es controlable por la persona que las utiliza, o las drogas son las que pueden controlar a la persona, quitándole el dominio de su voluntad libre?. Si las drogas producen la muerte de las neuronas ¿podra la persona que las consume controlar sus efectos?. Si bien estas preguntas que nos hicimos, se refieren a un sector de la población que vive en condiciones que llamaríamos normales, también podemos preguntarnos cuales podrían ser las causas del consumo de drogas de aquellas personas, que viven en condiciones de vida que no le permiten satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación y trabajo. En este caso suponemos, que son otros los motivos que llevarían a estas personas a consumir drogas.

Así como las personas mencionadas anteriormente, buscaban en la droga un mayor rendimiento, estas seguramente buscaran evadirse de la triste realidad en la que estan inmersos. Decimos inmersos, porque estan sumergidos en ellas, y ellos estan convencidos que poseen escasas posibilidades de lograr salir de ella. Probablemente, la misma realidad los haya convencido de ello, seguramente fueron a buscar trabajo y no los aceptaron. Todos sabemos que en la mayoría de los trabajos se exige buena presencia, que estas personas no siempre pueden lograr, dado que deberán dar prioridad a otras necesidades mucho mas elementales, como la alimentación de ellos y de su familia, sin contar los costos derivados del alquiler o pensión en la que viven, y esto para el sector mas afortunado que posee al menos un lugar para vivir. Estas personas que hoy se drogan, buscan seguramente una salida a sus acuciantes problemas. Estas personas, creen que la solución no existe para ellos. Pero podemos preguntarnos ¿que beneficios ven en la droga? Estas personas, seguramente buscan un momento de placer, que su vida no les brinda, lograr un tipo de precaria felicidad, que no los conduce a nada positivo. Nos peguntamos, si sabrán ellos los daños que produce la droga. Nos preguntamos, si alguien les informo que la droga no les soluciona ninguno de los problemas que estan atravesando. Nos preguntamos, si saben que es muy probable


que la droga por los daños síquicos que produce, pueda llevarlos a la delincuencia, y una vez ingresado en esta etapa, la sucesión de hechos en su vida, seguramente sea cada vez más perjudicial para ellos. Todos sabemos, que pedimos más seguridad, mayores efectivos policiales en las calles, mayores penas para los delincuentes pero ¿son suficientes los pedidos de búsqueda de soluciones para estas personas? ¿Se deben atacar las consecuencias o las causas de esta situación? Un juez penal, a quien se le hizo un reportaje televisivo, ilustraba toda esta secuencia de la vida de una persona marginada Explicaba la indiferencia de nuestra sociedad hacia ellos. Es muy común atribuir la situación de estas personas a que no quieran trabajar, y a que son deliencientes innnatos, que las soluciones que se les aportan no las utilizan. Sin embargo, este juez con gran sensibilidad, atribuía a la sociedad, la causa de los problemas de estas personas, afirmación en la que coincidimos... La sociedad, a la que pertenecemos, es quien debe buscar soluciones para las personas que viven en extrema pobreza, brindándoles oportunidades para poder salir, de la en la actualidad irreversible situación en las que se encuentran, y cambiar nuestro parecer, para que podamos ver en ellos, personas con posibilidades de cambio. El juez explicaba con evidente preocupación, que luego de que la sociedad llevo a estas personas a la situación descripta, y que el algunos de ellos cometían delitos, el se veía obligado por las normas penales a darle el golpe final, la pena de prisión, que como sabemos, en las condiciones actuales de nuestras cárceles, no es útil para reparar la conducta de las personas. Una vez cumplida su condena, la persona sale a la calle y ve agravados sus problemas ahora además, es un ex convicto, a quien nadie emplearía. Y entonces de que vivirá esa persona en el futuro?

relación a los efectos nocivos del tabaco, del alcohol o las campañas de prevención del SIDA. No obstante probablemente, solo a algunas de las personas marginadas podrán interesarles esta información, puede ser que algunos de ellos sean conscientes de los perjuicios que la droga les produce, y aun así preferían utilizar drogas para tratar de obtener esa precaria felicidad que les produce la evasión a sus problemas. La lucha contra el narcotráfico Este es uno de los problemas más difíciles de resolver, en relación, a la difusión de la droga. Nos preguntamos, como luchar contra las personas inescrupulosas que pretenden lograr fortunas con el tráfico de drogas y que se encuentran en todos los niveles de la sociedad Creo que esta es la pregunta de más difícil respuesta. Conclusiones La drogadicción debe ser uno de los problemas socio económicos mas importantes de nuestro país y del mundo. Hemos analizado aquí las posibles finalidades que persiguen los consumidores de drogas en los distintos grupos sociales, sin hacer hincapié en un sector también muy afectado que es la adolescencia en todos los niveles sociales, tal es la trascendencia del mismo que exige un estudio especifico Este trabajo solo pretendió formular preguntas y pensar sobre el tema con vistas a lograr posibles respuestas.

¿Cuáles son las soluciones que podríamos ofrecer para tratar de enfrentar a este grave problema de nuestra sociedad? La educación Podríamos decir que es necesario concientizar a las personas marginadas, sobre los daños que produce la droga y además que la droga no les ofrece solución alguna. Estas campañas, podrían ser similares a las que se realizan en

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A SOCIEDADE E O DIREITO ENTRE O PODER POLÍTICO E O PODER PARALELO OU REAL SEMENTES E FLORES” POR VALKIRIA SARTURI “Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.” (Cora Coralina)

Eu sempre gostei de poesia, de palavras que remetam à vida e suas nuances. Desde pequena gostei de escrever, escrevia poemas, peças inteiras de teatro, escrevia contos, mas desde muito cedo busquei imprimir alguma profundidade àquilo que buscava passar para as pessoas através dos meus simples escritos. Na fase adulta, embora tenha praticamente parado de escrever, continuei mais ou menos do mesmo jeito, um pouco mais aprofundada, polida, mas romântica, sempre romântica. Hoje, uma manhã um pouco cinzenta de domingo, 7 de março de 2010, acordei muito cedo para um domingo, antes das 7 horas, mas acordei com vontade de escrever, como se o meu coração realmente tivesse sido tocado por tudo o que venho cultivando e especialmente vivendo nesses últimos 10 anos e porque não, nesses últimos dias. Acordei porque como em sonho, as idéias brotavam da mente e eu precisava levantar da cama e escrever, até porque as idéias brotavam entre flores e sementes e eu não queria perdê-las. Estou passando por um momento daqueles não muito fáceis da vida, momentos pelos quais todos nós passamos, o que tem me feito questionar, mais uma vez, a existência humana, a essência do ser humano, o porquê disso ou daquilo, o porquê de algumas sementes e flores aparentemente tão belas, insistirem em não dar flores e frutos. Há alguns dias escrevi em uma página pessoal que mantenho em um site de relacionamentos na Internet, uma frase da grande poetisa Cora Coralina que diz: “Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores”. Senti orgulho em colocar essa frase como sendo de abertura da minha página, retirando todas as demais que tinha até então, apesar delas continuarem tendo a mesma importância para mim. Confesso que quando li esta frase, realmente me identifiquei com ela, achei que ela realmente tinha a ver comigo, com minha história pessoal e de condução de vida, e hoje, numa manhã de domingo, acordei como que imersa nas respostas que eu mesma vinha procurando nesses últimos dias. Pode ser que isso faça algum sentido, pode ser que não, mas o importante é que hoje, para mim elas fazem todo o sentido! Vou tentar clarear o que estou falando a seguir. Quero falar sobre as sementes e as flores, as diferentes flores que plantamos nos mais diversos terrenos, épocas e caminhos da vida. É sobre isso que falo. Se é certo, o dito popular que ouvi há muitos anos de que “as flores nascem em todas as primaveras”, é certo também que os frutos dessas flores não são todos iguais, divergindo tanto em durabilidade, quanto em beleza – aqui compreendida toda essência e cheiro da flor –, mesmo quando cultivadas sobre as mesmas condições, com os mesmos cuidados e sobre o mesmo clima.

E aí começo a divagar. Porquê algumas flores nascem e morrem tão rapidamente? Porquê algumas sementes sequer chegam a dar frutos? Porque algumas flores, ainda que belas vem ao mundo com tantos espinhos, que fazem com que a grande maioria das pessoas prefira sequer tocá-las, a fim de evitar cicatrizes e arranhões? Há ainda aquelas flores que embora vinguem, jamais se abrem para a beleza da vida, do sol, do ar, optando por ficarem fechadas dentro do seu mundo, ou então, se abrem apenas no período da noite, quando ninguém as vê, ou quando muito poucos param para observálas. Mas com certeza, há também as flores que nascem para embelezar nossas vidas, nossos dias, imprimindo cor e cheiro aos nossos sentidos, trazendo a leveza de uma manhã ensolarada de outono, de um longínquo domingo de Páscoa há quase 30 anos atrás, onde a alegria, a brisa daquele simples dia especial inundava meu coração de amor, de paz e de felicidade, mesmo sem que eu soubesse naquele momento, o quanto tudo aquilo representava. Bom, as flores... Ahhh quantas flores cada um de nós já plantou pelo caminho!!!??? Quantas regou e quantas viu crescer???!!! A verdade é que eu sempre adorei plantas e flores, e a idéia de vê-las crescer, dando frutos e multiplicando-se sempre me fascinou, assim como me fascina o ser humano, com todas as suas nuances e particularidades, que fazem com que a comparação destes às flores se torne algo bastante natural. Voltemos a falar das flores de que falávamos, as “nossas flores”, sementes e seus frutos. A constatação que chego depois de analisar as “flores” a que me refiro é que realmente, cada uma possui uma finalidade nessa vida, ou, na nossa vida. Algumas flores e sementes, por mais que as reguemos, cuidemos, tratemos com amor e carinho, não vingarão, não gerarão frutos, e por mais que insistamos em plantar e replantar essas sementes em um terreno fértil e propício, estas não encherão nossas vidas e não iluminarão nossos olhos com a beleza e com o cheiro que imaginávamos, e temos que aprender a reconhecer e aceitar isso.


E nos perguntamos, o porquê disso? Sabemos que a estas flores não faltou cuidado, tampouco cultivo e amor, todavia, elas não respondem às nossas expectativas, embora tivessem tudo para vingar. Porque? Será o terreno? A época? O excesso de zelo? Pode ser, pode ser qualquer uma dessas possibilidades e muitas outras também, mas também pode não ser nenhuma delas. Pode ser que essas sementes, simplesmente não tenham força suficiente para se sustentar e gerar a partir delas uma nova vida, que simplesmente existam como sementes ocas, ainda que férteis, e aceitem essa condição, sem que tenham qualquer pretensão de um dia iluminar em beleza a vida de um jardim. Muitas sementes não ousam acreditar que um dia seu cheiro, sua cor e beleza possam ser reconhecidos e admirados por aqueles que estão a sua volta. Elas vivem pra serem apenas sementes que não produzem frutos. Outro fato que me chama atenção no que diz respeito às sementes e flores, relaciona-se com a época em que são plantadas. As vezes plantamos sementes e flores, cuidamos delas, regamos, damos amor e carinho, mas às plantamos na época errada! E pasmem, mesmo sendo sementes que poderiam vingar, se às plantamos na época errada, elas também correm um grande risco de não reagirem às nossas expectativas de beleza e durabilidade como supúnhamos. Escrevo isso apenas para que não percamos de vista que mesmo sementes férteis, se plantadas na época ou estação errada, também não produzirão flores e frutos. E nesse caso, se o problema for apenas da estação, teremos que deixar o tempo agir, cumprir seu caminho, invernos e verões se sucederem, para que quando chegue a estação correta, possamos reavaliar se é hora de replantarmos aquela semente, ou se o melhor é imediatamente eleger uma nova flor que possa substituir àquela que não está na estação correta para ser cultivada e que não pode assim, prontamente, nos trazer a vida e a beleza que dela esperamos e necessitamos. A questão que vejo é que muitas vezes, ansiosos em colher os frutos e ver as flores que tanto sonhamos e queremos ao nosso redor e em nossos jardins, acabamos ao invés de esperar a estação certa chegar, trocando o tipo de semente, por uma que se adéqüe àquela estação que nos encontramos, pois afinal, como humanos cada vez mais imediatistas que estamos, queremos logo colher os resultados da nossa semeadura, ver a beleza das flores, sentir o cheiro que produzem em nossos jardins e vidas e o quanto são capazes de colorir os nossos dias. E aí vem a pergunta... O que devemos fazer? O que é mais correto fazer? Esperar pela estação correta para replantar a semente que tanto queríamos e que plantamos na estação errada ou trocá-la por uma semente que se adéqüe a esta estação que nos encontramos e que satisfaça nossas necessidades urgentes e atuais? E a resposta é uma só... Depende! E depende de cada um de nós e de cada ser em si. Apenas o ser humano na sua individualidade e na sua

completude será capaz de responder a essa pergunta. Se é certo que uma semente pura, rara e preciosa, talvez valha a pena ser replantada, também é certo que novas e desconhecidas sementes podem vir a gerar belas flores e frutos, que venham a iluminar nossos dias, enchendo de cheiro, de luz, de vida e sabor nossa existência, tanto ou mais que aquela que não vingou, o que poderá fazer com que quando a estação certa daquela semente chegar, nosso jardim já esteja colorido o suficiente, de forma que não haja mais necessidade e sentido para se recomeçar todo o as vezes longo processo de cultivo de uma nova flor. Há, ainda, outras plantas e flores que brotam, belas sim, mas brotam rodeadas por tantos espinhos, que quando alguém ousa se aproximar a fim de tocá-las, estas acabam arranhando e machucando sobremaneira aqueles que ousaram nelas encostar, de forma que essas flores na maioria das vezes, ficam ali, sozinhas, intocáveis, fechadas dentro das redomas de espinhos que cercam suas existências. É bem verdade que talvez sirvam esses espinhos para proteger essas plantas de possíveis agressões que possam surgir do meio externo, agressões estas que ou já foram experimentadas por estas flores, o que até certo ponto justificaria todos esses espinhos, ou que, por simples ânsia, medo e conhecimento por parte destas flores que estas agressões existem, fazem com que elas decidam, por precaução, insegurança e além de uma certa dose de covardia, formar essa redoma de espinhos em torno de si próprias. Assim, essas flores dentro da sua evolução, optaram por formar uma barreira capaz de protegê-las de tudo aquilo que tente lhe tirar do seu caminho, mesmo que solitário, do estoicismo das suas existências. E essas plantas viverão assim, talvez, até o último dos seus dias. Ahhh, não podemos esquecer de falar e avaliar ainda os tipos de terrenos... Temos que lembrar que há terrenos férteis, terrenos mais ou menos férteis e terrenos que nada produzem, que nada do que for neles semeado florescerá. É mais do que necessário que identifiquemos e saibamos com clareza em qual terreno estamos pisando e em qual solo estamos semeando nossas sementes e expectativas. Não esqueçamos de cuidar dos tipos de terrenos e de nos certificar de qual a real possibilidade que nossas sementes têm de vingarem neste ou naquele tipo de solo. Esse reconhecimento é deveras importante, pois muitas vezes o problema não está na semente que é plantada, tampouco na forma de cultivo ou na estação, mas sim no solo duro e sem vida onde recai essa semente, solo este incapaz de gerar uma vida, muito menos uma vida baseada em beleza. Nesse caso, nenhum esforço mudará o destino e o sucesso da semente, por mais forte e fértil que ela seja. Então, muita atenção ao terreno onde semeias tuas flores e expectativas. Deixei por último as sementes mais raras, aquelas que são plantadas e brotam em qualquer terreno, em qualquer estação, em qualquer condição. Há sementes sim que mesmo jogadas do alto do bico de pássaros tem a força e a beleza de surgirem

Sementes e Flores foi escrito por Valkiria Sarturi em Porto Alegre/RS - Brasil, em 07/03/2010 em momento de questionamento e reflexão sobre a vida, a existência e a essência humana.

E-mail da autora:

valsarturi@hotmail.com e valkiria@marcosjuliano.adv.br. Valkiria Sarturi é Advogada sócia da Sociedade de Advogados Trabalhistas Marcos Juliano Borges de Azevedo de Porto Alegre/RS – Brasil. É Doutoranda da modalidade intensiva de Doutorado em Direito do Trabalho da Universidade de Buenos Aires – UBA. É Mestranda em Direito – Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Possui PósGraduação/Especialização em Direito do Trabalho pela UNISINOS e Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC/RS. O presente estudo foi elaborado e apresentado a Professora Dra. Diana R. Cañal na disciplina de Filosofia do Direito do Doutorado da Universidade de Buenos Aires em janeiro de 2010. Email da autora: valsarturi@hotmail.com e valkiria@marcosjuliano.adv.br.


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ermanados en el mismo sentimiento


Desde Brasil: Doctorado de la Modalidad Intensiva de la Facultad de Derecho UBA 1.- A SOCIEDADE E O DIREITO ENTRE O PODER POLÍTICO E O PODER PARALELO OU REAL

O presente estudo destina-se a analisar a vinculação existente entre o Poder Político e o Poder Paralelo ou Poder Real existentes nas mais diversas épocas e nos mais diferentes meios sociais, bem como a influência que estes poderes exercem sobre o Direito, aqui entendido como “um conjunto de normas destinadas a ordenar as condutas dos indivíduos ditadas por quem detenha o poder”i, bem como sobre a vida das pessoas que dependem ou que estão sujeitas à atuação desses poderes. Quando se trata de falar em “poder” cumpre esclarecer que este poder abrange a possibilidade de comando por uma determinada pessoa, comunidade ou grupo sobre um número elevado de pessoas, podendo este comando controlar, influenciar, definir ou interferir de modo substancial na vida daqueles que estão à mercê de quem exerce o poder. Já quando se fala em norma, cumpre esclarecer que se trata especificamente das normas jurídicas, que visam regular a vida em sociedade, esclarecimento que se faz pertinente diante das variadas normas existentes, sejam elas sociais, religiosas, econômicas, familiares, morais, de ética, de etiqueta, etc.

Dentre esses poderes, trataremos aqui daqueles históricamente exercidos pela Igreja Católica desde os primórdios da civilização, bem como de outros poderes paralelos que existem há muitos anos, cujo tempo de atuação, bem como a eficácia, a força de suas ações e a influência que exercem, apontam para uma realidade que demonstra que estes exercem um verdadeiro domínio-poder diante de comunidades, Em que pese se saiba da dificuldade e até mesmo do Estados e até mesmo diante do mundo globalizado. relativismo e imprecisão da definição que se tente atribuir a qualquer fenômeno, seja ele social, humano ou científico, São muitos os casos que podem ser citados em que grupos pode-se conceituar Poder Político como “a possibilidade que não são os reais e formais detentores do poder político em coercitiva que o estado possui para obrigar a fazer ou não um determinado país, comunidade ou região, acabam por fazer algo, tendo como objetivo o bem público.”ii “O poder exercer verdadeiro domínio sobre as pessoas de determinadas político é o poder do homem sobre outro homem, descartados coletividades, de forma que sua influência e comando sobre a outros exercícios de poder, sobre a natureza ou os animais, população onde atuam seja tão expressiva, que estes grupos por exemplo. Poder que tem sido tradicionalmente definido acabam inclusive sendo avalizados pelos reais detentores do como "consistente nos meios adequados à obtenção de poder político. qualquer vantagem" (Hobbes) ou, como "conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados" (Russell)”iii. Pode-se citar como exemplos desses grupos, a Igreja Católica, as Milíciasiv existentes no Brasil, especialmente no Rio de Via de regra quando se fala em Poder Político, logo se pensa, Janeiro, a organização revolucionária FARCv e o Cartel de bem como o próprio conceito induz, em um poder exercido Medellínvi na Colômbia, o grupo separatista ETAvii no País por um soberano, ou por um Estado, detentor da legitimidade Basco, a Máfiaviii Italiana, a Al-Qaedaix, entre outros. Estes de representação de um grupo ou sociedade. Todavia, o são apenas alguns exemplos de grupos que exercem presente estudo tem por objetivo justamente questionar qual a influência bastante poderosa e expressiva não apenas em seus verdadeira função desempenhada por outros poderes que países e sobre seus comandados e seguidores, mas no mundo historicamente vêm influenciando na aplicação não só do todo em geral. Direito e das normas jurídicas que o compõem, mas também na vida das pessoas das mais diversas comunidades e Conforme já referido, muitos são os casos em que tomamos nacionalidades. conhecimento seja através da mídia, de livros, ou até mesmo que presenciamos, onde constata-se o papel e controle desempenhado por grupos e entidades que atuam de forma


Desde já cumpre esclarecer que o presente estudo não tem a pretensão de buscar respostas definitivas para os questionamentos que surgem acerca da matéria, tampouco do papel efetivamente exercido por estes grupos “paralelos”, mas apenas propor uma reflexão através de exemplos de situações já vivenciadas pelos vários “poderes paralelos” citados e pelas pessoas que fazem parte das comunidades onde eles atuam, até que ponto estes grupos realmente fazem parte de um poder apenas paralelo, já que muitas vezes a sua forma de atuação ou a consideração e respaldo que suas decisões e imposições adquirem (seja popular ou até mesmo governamental), os confunde, comunica e interliga de modo bastante profundo com o próprio poder legalmente constituído. Feitas essas considerações, faremos a seguir uma mera tentativa de análise, a partir de alguns casos concretos, de um fenônemo demasiadamente complexo para conclusões rígidas. Assim, analisar-se-á a influência de alguns dos grupos “paralelos” supra referidos, bem como da Igreja Católica nas decisões tomadas diante das mais variadas problemáticas surgidas no decorrer de décadas e séculos de conflitos e instabilidades. Sem querer efetuar qualquer juízo moral quanto a correção ou não das prática adotas pela Igreja Católica no curso da história da humanidade, parece não haver qualquer dúvida de que não raras vezes a conduta adotada pela Igreja ultrapassa a questão meramente religiosa que a princípio é seu foco de atuação, de forma que esta acaba por assumir uma postura públicapolítica ao exalar posições e aconselhamentos que possuem um fundo muito mais do que religioso, mas também político. No curso da história verifica-se que não raras vezes as interpelações e ponderações realizadas pela Igreja acabaram por influenciar seja de forma direta ou indireta as decisões que foram tomadas pelos governantes, bem como a vida daqueles que a seguem.

causas dos problemas sociais. O documento papal refere, ainda, alguns princípios que deveriam ser usados na procura de justiça na vida industrial e sócio-económica, como por exemplo a melhor distribuição de riqueza, a intervenção do Estado na economia a favor dos mais pobres e desprotegidos, a caridade do patronato aos trabalhadores, entre outras.

Saliente-se por necessário que conforme bem referido pela Prof. Dra. Diana Cañal em seu livro, em todos os casos supra citados, que demonstram atuações da Igreja ao longo dos anos que influenciaram no desfecho da história da humanidade, em nenhuma das situações antes referidas a Igreja agiu sozinha. Nas situações supra narradas a Igreja exerceu seu poder possuindo interrelação com outros organismos que faziam parte do Poder então constituído, seja ele Militar no caso da Guerra das Malvinas, ou através de contatos e influência sobre membros do Poder Executivo e de governantes das mais diversas partes do mundoxii. Assim, ao que parece, nesses casos, o Poder Político formalmente constituído acabou por legitimar a atuação daquele Poder (no caso a Igreja) que em que pese não estivesse investido na titularidade formal do poder de mando, teve força suficiente para que suas decisões, intervenções e ponderações fossem acolhidas, influenciando assim no curso da história, bem como na aplicação das leis então vigentes. No Brasil, também pode-se citar o papel da Igreja Católica na defesa dos trabalhadores rurais conhecidos como “sem-terra”. Várias são as interpelações e manifestações de apoio realizadas pela Igreja ou por padres católicos na mídia, ou dentro dos próprios acampamentos sem-terra, a favor de que se procedam desapropriações de terras de forma que estas possam ser redistribuídas aos sem-terra. Tais manifestações dão força ao movimento e muitas vezes avalizam as condutas destes. Outro exemplo é a Pastoral da Terra fundada pela Igreja Católica em 1975 em plena ditadura militar, como resposta à grave situação dos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, a CPT teve importante papel na defesa das pessoas contra a crueldade deste sistema de governo, que só fazia o jogo dos interesses capitalistas nacionais e transnacionais, e abriu caminhos para que ele fosse superado. Ela nasceu ligada à Igreja Católica porque a repressão estava atingindo muitos agentes pastorais e lideranças populares, e porque a Igreja possuía uma certa influência política e cultural, não sendo molestada pela ditadura.xiii

Várias são as atuações da Igreja Católica no decorrer dos séculos que podem, no mínimo, gerar questionamentos sobre as reais intenções e propósitos perseguidos pela mesma. Exemplos dessa atuação que salvo melhor juízo, teria ultrapassado o fim meramente religioso que é a finalidade maior da Igreja, são citados pela Prof. Dra. Diana R. Cañal em seu livro quando descreve a influência que teve a visita do Papa João Paulo II a Buenos Aires para acelerar o desfecho da Guerra das Malvinas, bem como a influência social da Igreja no que diz respeito a exigência e obrigatoriedade do matrimônio religioso como a única forma aceitável e válida para que se reconhecesse a união de duas pessoas como Diante dos exemplos ora trazidos, verifica-se o exercício de uma atividade pela Igreja ao longo dos anos que várias vezes marido e mulher na Argentinax. ultrapassou o fim meramente religioso, exarando verdadeiros Pode-se citar, ainda, como documento com cunho altamente juízos de valores não apenas morais, mas também políticos. político, a Encíclica Rerum Novarumxi, escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. A encíclica trata de questões levantadas durante Outro exemplo que pode-se citar diz respeito às “Milícias” a revolução industrial e as sociedades democráticas no final que atuam no Rio de Janeiro. Numa pesquisa feita do século XIX. Leão XIII apoiava o direito dos trabalhadores pela Prefeitura do Rio, esta mostra que em pelo menos 90 formarem sindicatos, mas rejeitava o socialismo e defendia os favelas da cidade grupos armados cobram dinheiro dos direitos à propriedade privada. Discutia as relações entre o moradores para manter a ordem. As quadrilhas são chamadas governo, os negócios, o trabalho e a Igreja. A encíclica critica de milícias. Nesses locais, em vez do policiamento oficial, fortemente a falta de princípios éticos e valores morais na policiais militares, policiais civis, e até bombeiros - da ativa sociedade de seu tempo e laica, segundo ele, uma das grandes ou aposentados - ditam as regras e castigam quem sai da linha


de comportamento traçada por elesxiv.

de organizações.

As investigações feitas pela Prefeitura do Rio descrevem como os bandidos conquistam a confiança das comunidades. Primeiro, eles afugentam os traficantes, criando sensação de segurança entre os moradores. Em seguida, as milícias passam a cobrar taxas e a exigir participação nos lucros de negócios ilegais, como na transmissão irregular de TV a cabo e na exploração de vans clandestinas que fazem o transporte de passageiros na região.

Pensando no Direito propriamente dito e na norma que estabelece que uma pessoa deva obedecer determinada conduta, sob pena de incidir em falta que lhe acarretará em punição prevista pelo descumprimento desta norma, cumpre tecer algumas indagações. A partir da análise do exemplo do caso das milícias supra exposto e esquecendo questões meramente burocráticas e tecnicismos, questiona-se: Não estão as milícias que atuam no Rio de Janeiro agindo como se fossem o próprio poder constituído? E onde está o poder constituído nesse caso? Estaria ele agindo conjuntamente com as milícias ou ele é simplesmente inexistente uma vez que inoperante para dar a proteção que estas comunidades necessitam?

Para o sociólogo Ignácio Canoxv, do Laboratório de Análises da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a milícia é caracterizada pela reunião de cinco elementos: o controle do território por um grupo armado irregular; o caráter coativo da segurança privada; o objetivo do lucro individual dos componentes; o discurso de legitimação; e a participação Diante de tais conflitos e contradições, verifica-se que em que de elementos do Estado (geralmente policiais que dominam pese as “leis” ditadas por estes grupos não sejam investidas de comunidades e criam um clima de medo). moralidade e legalidade, o respeito a elas é algo que acaba por se tornar obrigatório, uma vez que provém do poder Os dois últimos pontos, segundo o pesquisador, são os que dominante, que possui em suas mãos o direito de ação e a diferenciam as milícias de outros grupos armados. São eles coação a todo aquele que ousar desobedecer uma ordem que legitimariam a atuação da milícia perante a comunidade e ditada por este, ficando o transgressor de uma ordem dada o poder público. Refere o sociólogo: "A guerra contra o poder pelo poder paralelo sujeito a todo tipo de punição e represália, paralelo não existe mais, se é o próprio poder público que que não raras vezes, é paga com a própria vida. domina a região", explica. No que diz respeito ao problema do narcotráfico enfrentado Com a análise do depoimento supra transcrito, verifica-se que pela Colômbina há décadas, ainda que o governo Colombiano no que diz respeito às milícias, há uma verdadeira confusão se mostre bastante firme no propósito de combater o tráfico sobre quem exerce o poder real e quem exerce o poder de drogas e o crime organizado, a existência de negociações, político nas favelas dominadas pelos milicianos, sendo que trocas de prisioneiros e algumas concessões recíprocas feitas muitas vezes o poder é exercido de forma conjunta por entre o governo e esses grupos organizados como é o caso da ambos, tanto pelos detentores do poder real quanto do poder Farc e do Cartel de Medellín, mostra a força que estes últimos político. Fica o questionamento no caso das milícias que possuem, de forma que o governo não pode sob hipótese contam com a participação de policiais civís no Rio de alguma ignorar a existência destes, atuando assim, de forma Janeiro, quem é Poder Real e quem é Poder Político? Pode-se limitada às ameaças e imposições trazidas por estes grupos. dizer que há uma fusão entre estes? Eles atuam de forma Assim, mesmo que estes não façam parte do Poder Político conjunta? Um poder depende do outro? Por incrível que legalmente constituído, o governo vê-se permanentemente pareça muitas vezes sim! limitado às suas exigências, ou ao menos, obrigado a ponderar o quanto suas decisões poderão afetar esses grupos, ainda que Salvo melhor juízo, verifica-se no caso supra relatado uma estes representem o terror para o seu país e afetem de maneira fusão entre os poderes político e o poder real, que não apenas totalmente negativa a Colômbia diante do mundo. Mesmo que coexistem de forma pacífica como acabam fundindo-se, uma hajam na ilegalidade e na contra-mão da lei, estes poderes vez que a atuação das milícias muitas vezes tem participação paralelos não podem ser ignorados. ou no mínimo a ciência de elementos do próprio Estado (no caso policiais civis, ainda que corruptos e que hajam de forma Não há dúvidas, portanto que estes grupos exercem poder, ilegal). ainda que não de forma legítima. No caso citado, a ausência de um Estado forte, ativo e protetor, que garanta e assegure à população o respeito aos direitos fundamentais dentre os quais situam-se o direito a segurança e ao respeito à dignidade da pessoa humana, possibilita o surgimento desse tipo de crime, ficando a população totalmente à mercê e sujeita à atuação deste tipo de comando, que em que pese denominado paralelo, por vezes e na ausência ou inoperância do poder legalmente constituído, acaba por assumir a função do próprio comando legal.

No caso da Farc, além do governo Colombiano, diversos outros organismos internacionais não só reconhecem a existência do grupo, como se colocam na função de mediadores do conflito, tamanha é a preocupação mundial com o poder exercido pelo grupo e pelo domínio que este exerce na região. Qual a razão de tamanha preocupação? Será o medo que este grupo realmente assuma o poder? E se esse grupo realmente quissesse, teria ele força para se legitimar no poder?

Diante desse cenário, o “direito” e as “normas” ditadas pelas milícias que atuam nas favelas, acabam tendo força de lei sobre as comunidades onde elas atuam, que não ousam descumpri-las sob pena de incorrer em sanções e penalidades, ficando sujeitos à fúria e a violência que marcam estes tipos

Ainda que tais questionamentos sejam muito controversos, não há dúvidas de que o tráfico de drogas ainda controla e comanda grande parte da população na Colômbia, população esta que de uma forma direta ou indireta se beneficia da circulação de dinheiro gerada pelo narcotráfico. A existência


de muito dinheiro envolvido e de armamento pesado de que dispõe a Farc, já é motivo suficiente para que ao menos se questione se no caso este quisesse, conseguiria ou não se legitimar no poder?

Se os poderes destes grupos paralelos não são verdadeiramente políticos, como de fato acreditasse que não o são, uma vez que carecem de legitimidade para serem considerados como tais, não há como negar que estes intervém, manipulam, influenciam e muitas vezes conduzem a Em artigo publicado pela professora e Mestre em Direito, forma de agir do Poder legalmente constituído. Dra. Gisele Leite, intitulado “Mazelas Urbanas” esta esboça um perfil das principais causas que fazem com que os poderes Não se pode esquecer, ainda, que os poderes reais ou paralelos ganhem força em nossas comunidades. No artigo paralelos são muitas vezes exercidos seja com o aval, diante referido é tratado o caso do poder paralelo exercido pelas da debilidade, de forma conjunta ou através do poder milícias, sendo reafirmada a força destes grupos, força esta originariamente constituídoxvii, como anteriormente restou que muitas vezes acaba obstaculizando a ação do próprio demonstrado no que diz respeito a atuação das milícias. governo ou do poder legalmente constituído. Assim, em que pese o Poder Paralelo não possua Poderes Refere a pesquisadora que o “poder paralelo é resultado de verdadeiramente Políticos, dependendo de sua força, de sua uma reação à contínua de exclusão social, ao regime de lei e aceitação, do tempo em que permaneçam exercendo esta ordem, e, ainda dos bandidos que manipulam a ardilosa influência e poder, na prática, há que se reconhecer a política de "chefetes", onde as demonstrações de requintes de abrangência e a força política de sua atuação, que independe crueldade chegam ser um ritual imprescindível. O poder de estes estarem ou não legitimados no poder. paralelo sempre existirá com pujança onde o Poder Constituído é débil e inoperante, aonde não se implanta a Além disso, no que diz respeito a legitimação, conforme bem educação e a ocupação cidadã. Muitas vezes, é barrada a referido pela Prof. Dr. Diana R. Cañal em seu livro, para que atuação das Ongs e mesmo do governo pela simples o poder real ou poder paralelo se legitime é necessário que intervenção e pela intimidação do poder paralelo nas esse seja acolhido, seja respeitado por uma grande quantidade favelas.”xvi da população que será conduzida por este poder, fato que demanda tempo. Além disso, ter-se-á que analisar quem está Diante de tudo o que foi exposto, tanto no que diz respeito ao em condições de discutir este poder políticoxviii. papel desempenhado pela Igreja, quanto pelos poderes paralelos que agem em nossas comunidades, verifica-se que efetivamente esses grupos exercem uma influência e poder sobre os cidadãos em si, bem como muitas vezes sobre o próprio Poder Político legalmente constituído. A ausência de um Estado forte e cumpridor de suas obrigações muitas vezes é a porta de entrada para que poderes paralelos se instalem e ganhem força, de modo a assumirem praticamente a função do poder legalmente constituído.

NOTAS: i CAÑAL, Diana R., Filosofía del Derecho: Una propuesta interactiva. Editorial Quorum, Reimpressão 2005, p. 21. ii Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_político em 12/12/2009 às 16:10hs. iii Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica em 12/12/2009 às 16:25hs. Iv Milícia ou mais popularmente chamado Mélicia é a designação genérica das organizações militares ou paramilitares compostas por cidadãos comuns, armados ou com poder de policia que teoricamente não integram as forças armadas de um país .As milícias podem ser organizações oficiais mantidas parcialmente com recursos do Estado e em parceria com organizações de carácter privado, muitas vezes de legalidade duvidosa. Podem ter objetivos públicos de defesa nacional ou de segurança interna, ou podem atuar na defesa de interesses particulares, com objetivos políticos e monetários.Recentemente, no Rio de Janeiro, o termo Mélicia (pois lembra a voz de um cabrito) foi associado a praticas ilegais, geralmente são grupos formados em comunidades urbanas de baixa renda como conjuntos habitacionais e favelas sob a alegação de combater o crime narcotráfico porém mantendo-se com os recursos financeiros proveniente da venda de proteção (ilusória) da população carente e cobrança de pirataria na rede de informmação. [1] de modo que a venda de proteção, mesmo que aparente, tornou-se uma nova atividade entre os brasileiros. Fonte: extraído do endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADcia em 12/12/2009 às 17:28 hs.. vAs FARC são consideradas uma organização terrorista, obviamente, pelo governo da Colômbia, pelo governo dos Estados Unidos, Canadá e pela União Européia. As principais organizações internacionais como a ONU e os governos de outros países latino-americanos, como Equador, Bolívia, Brasil, Argentina e Chile não lhes aplicam esta classificação. O presidente Hugo Chávez rejeitou publicamente esta classificação em Janeiro de 2008 e apelou à Colômbia como outros governos a um reconhecimento diplomático das guerrilhas enquanto "força beligerante", argumentando que elas estariam assim obrigadas a renunciar ao sequestro e actos de terror a fim de respeitar a Convenção de Genebra. Cuba e Venezuela adoptam o termo "insurgentes" para as FARC. As FARC foram criadas em 64 como aparato militar do Partido Comunista Colombiano. Enquanto originaram-se como um puro movimento de guerrilha, a organização já na década de 1980 envolveu-se no tráfico ilícito de entorpecentes, o que provocou a separação formal do Partido Comunista e a formação de uma estrutura política chamada Partido Comunista Colombiano Clandestino.


As FARC-EP continuam a se definir como um movimento de guerrilha. Segundo estimativas do governo colombiano, as FARC possuem entre 6 000 a 8 000 membros, uma queda de mais da metade dos 16 000 em 2001(aproximadamente 20 a 30% deles são recrutas com menos de 18 anos de idade. Outras estimativas disponíveis avaliam em mais de 18 000 guerrilheiros, números que as próprias FARC reclamaram em 2007 numa entrevista com Raul Reyes As FARC-EP estão presentes em 15-20% do território colombiano, principalmente nas selvas do sudeste e nas planícies localizadas na base da Cordilheira dos Andes. Segundo informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as FARC controlam a maior parte do refino e distribuição de cocaína dentro da Colômbia, sendo responsável por boa parte do suprimento mundial de cocaína e pelo tráfico dessa droga para os Estados Unidos. Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_Revolucion%C3%A1rias_da_Col%C3%B4mbia em 12/12/2009 às 17:37hs. vi.

O Cartel de Medellín foi uma rede de traficantes de drogas muito bem organizada, apesar de não ser tão rígida, originária da cidade de Medellín, na Colômbia. Operou

durante a década de 1970 e a década de 1980. Estima-se que o cartel chegou a faturar cerca de 60 milhões de dólares por mês e tinha cerca de 28 bilhões no total. O Cartel de Medellín não foi fundado por Pablo Escobar, que a liderou até sua morte, mas sim por Juan David Ochoa, em 1978. Era responsável pela maior parte de exportações de drogas para o México, Porto Rico e Republica Dominicana. Outras figuras notáveis envolvidas ou conectadas ao cartel incluem a família Ochoa, Carlos Lehder e George Jung. Havia um conflito permanente com o Cartel de Cali e, a partir da década de 1980, com o governo colombiano. O cartel perdeu muito de sua força e influência após a captura e morte de muitos de seus líderes, o que o levou a desaparecer enquanto entidade unificada, mas muitos de seus associados sobreviventes e antigos membros ainda continuam ativos no mundo das drogas. Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_Medell%C3%ADn em 12/12/2009 às 18:10hs. vii

A organização Euskadi Ta Askatasuna (basco para Pátria Basca e Liberdade), mais conhecida pela sigla ETA, é um grupo que pratica o terrorismo como meio de

alcançar a independência da região do País Basco (Euskal Herria), de Espanha e França. A ETA possui ideologia separatista/independentista marxista-leninista e revolucionária. É classificada como um grupo terrorista pelos governos da Espanha, da França e dos Estados Unidos, pela União Européia e pela Anistia Internacional. O seu símbolo é uma serpente enrolada num machado. Foi fundada por membros dissidentes do Partido Nacionalista Basco. Durante a ditadura franquista, contou com o apoio da população e o apoio internacional, por ser considerada uma organização anti-regime, mas foi enfraquecendo devido ao processo de democratização em 1977. O seu lema é Bietan jarrai, que significa seguir nas duas, ou seja, na luta política e militar. Este grupo separatista reivindica a zona do noroeste da Espanha e do sudeste da França, na região montanhosa junto aos Pirineus, virada para o Golfo de Biscaia, região denominada por Euskal Herria (País Basco). A ETA reivindica, em território espanhol, a região chamada Hegoalde ou País Basco do Sul, que é constituído por Álava, Biscaia, Guipúscoa e Navarra; também reivindica, em território francês, a região chamada Iparralde ou País Basco do Norte, que é constituído por Labour, Baixa Navarra e Soule. O governo espanhol estendeu o estatuto de Comunidade Autônoma Basca a três províncias da Espanha - Álava, Biscaia e Guipúscoa - da qual Navarra não faz parte, possuindo esta o estatuto da Comunidade Foral de Navarra. A ETA foi criada em 1959, originou do Partido Nacionalista Basco (PNV), um partido político fundado em 1895 e que sobrevivera na clandestinidade durante a ditadura de Francisco Franco (1939-1975). Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna em 12/12/2009 às 17:40hs. Na Itália existem diversas máfias, sendo mais conhecida a "Cosa Nostra" (em português "nosso assunto" ou "nossa coisa"), de origem siciliana. A Camorra, napolitana, e a 'Ndrangheta,da Calábria são outras conhecidas associações mafiosas. A Máfia surgiu no sul da Itália na época medieval. Seus membros eram lavradores arrendatários de terras pertencentes a poderosos senhores feudais. Mas eles pretendiam dividir essas terras e, para isso, começaram a depredar o gado e as plantações. Quem quisesse evitar esse vandalismo deveria fazer um acordo com a máfia. Da Itália, a indústria da "proteção forçada" se espalhou para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos. O filme "O Poderoso Chefão" conta a história do crescimento da máfia nos EUA. Sobre a origem do nome, tem-se especulado muito; a versão mais corrente é de que a actual designação teria surgido durante a ocupação do reino de Napóles pela casa de Bourbon, aparentada com a casa real francesa: ter-se-ia feito ouvir o grito «Morte alla Francia, Italia anela!» (ou seja, «Morte à França, Itália avante!»). Da junção das primeiras letras de cada palavra num acrónimo teria resultado a palavra Máfia. Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1fia em 12/12/2009 às 17:44 hs. viii.

Na Itália existem diversas máfias, sendo mais conhecida a "Cosa Nostra" (em português "nosso assunto" ou "nossa coisa"), de origem siciliana. A Camorra,

napolitana, e a 'Ndrangheta,da Calábria são outras conhecidas associações mafiosas. A Máfia surgiu no sul da Itália na época medieval. Seus membros eram lavradores arrendatários de terras pertencentes a poderosos senhores feudais. Mas eles pretendiam dividir essas terras e, para isso, começaram a depredar o gado e as plantações. Quem quisesse evitar esse vandalismo deveria fazer um acordo com a máfia. Da Itália, a indústria da "proteção forçada" se espalhou para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos. O filme "O Poderoso Chefão" conta a história do crescimento da máfia nos EUA. Sobre a origem do nome, tem-se especulado muito; a versão mais corrente é de que a actual designação teria surgido durante a ocupação do reino de Napóles pela casa de Bourbon, aparentada com a casa real francesa: ter-se-ia feito ouvir o grito «Morte alla Francia, Italia anela!» (ou seja, «Morte à França, Itália avante!»). Da junção das primeiras letras de cada palavra num acrónimo teria resultado a palavra Máfia. Disponível no endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1fia em 12/12/2009 às 17:44 hs. ix.

Al-Qaeda é uma organização fundamentalista islâmica internacional, constituída por células colaborativas e independentes que visam, supostamente, reduzir a

influência não-islâmica sobre assuntos islâmicos. Texto extraído do site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda em 12/12/2009 às 17:24 hs. x.

Op. Cit., p. 22.

xi.

Texto integral da Encíclica Rerum Novarum disponível no endereço eletrônico:

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html


xii. Op. Cit., p. 23. xiii. Fonte de Pesquisa: endereço eletrônico: http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra em 14/12/2009 às 17:15hs. xiv. Entrevista e Pesquisa disponível na íntegra no endereço eletrônico: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,AA1402294-5606,00.html em 12/12/2009 às 19:06 hs. xv. CANO, Ignácio. Artigo: Milícias: do poder informal ao poder formal. Disponível na íntegra no endereço eletrônico: http://www.comunidadesegura.org/fr/MATERIA-milicias:-do-poder-informal-ao-poder-formal em 12/12/2009 às 19:15hs.. xvi.

LEITE, Gisele. Artigo: “Mazelas Urbanas”. Disponível na íntegra no endereço eletrônico: http://www.conjur.com.br/2003-abr-

10/poder_paralelo_rio_cotidiano_cidadaosem 13/12/2009 às 13:48hs. xvii. CAÑAL, Diana R., Op. Cit., p. 25 xviii. Op. Cit., p. 31

F estejá sin estridencias


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IMPACTO DO TRABALHO ESCRAVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

ALUNOS: DERCIDES PIRES DA SILVA DORANDI DE PAULA RAMOS JACQUELINE RAMOS SILVA CARRIJO Este artigo foi apresentado ao IEPC – Instituto de Ensino e Pesquisa Científica em convênio com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUCGOIÁS como exigência parcial para obtenção do título de Especialista, no curso de pós-graduação latu sensu em Direito do Trabalho, sob orientação do professor Ari Ferreira de Queiroz.

GOIÂNIA-GO 2006


IMPACTO DO TRABALHO ESCRAVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO Dercides Pires da Silva●* Dorandi de Paula Ramos* Jacqueline Ramos Silva Carrijo* RESUMO: Há no Brasil, desde a década de 1970, um debate inicialmente surdo, ouvido por poucos até meados da década de 1990, sobre novas formas escravagistas que assolam milhares de trabalhadores. Nos anos de “chumbo”, por volta de 1972 e 1973, uma voz solitária se fez ouvir no sertão mato-grossense. Era D. Pedro Casaldáliga, então Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia. No ano de 1994, o Ministério do Trabalho começou a combater tal prática por meio de grupos especiais de fiscalização móvel, conhecidos simplesmente por grupos móveis. Com as operações desses grupos a Administração Pública comprovou a existência do trabalho escravo dentro das fronteiras brasileiras, levando o debate para a imprensa, para a academia e para os tribunais, encontrando resistência entre várias lideranças ruralistas. Neste contexto se encaixa este artigo que visa contribuir com o debate acerca do trabalho escravo pontuando questões que dificultam seu entendimento e destacando seu impacto na sociedade brasileira nos campos social, econômico, internacional (imagem do Brasil) e jurídico. PALAVRAS-CHAVES: Escravidão: conceituação, elementos, economia, impactos jurídicos e legislação.

1 INTRODUÇÃO Para atingir seus propósitos, o texto apresenta o tema organizado em três itens: trabalho escravo, impactos gerais do trabalho escravo e impactos do trabalho escravo nas relações de trabalho, que são organizados em vários subitens: trabalho escravo: alguns desafios conceituais, formas de supressão da liberdade e elementos configuradores do trabalho escravo; impactos gerais do trabalho escravo: na economia, na imagem do Brasil e na justiça social; impactos do trabalho escravo nas relações de trabalho: impactos jurídicoadministrativos, impactos civis, impactos penais, impactos sociais e impactos pecuniários. Em se tratando de trabalho escravo, o primeiro problema que surge perante o aplicador da lei reside na compreensão dos tipos penais propostos pelo legislador. Tal problema fica * Auditores-Fiscais do Trabalho, Pós-Graduados lato sensu em Direito do Trabalho, da Universidade Católica de Goiás/IEPC (Instituto de Ensino e Pesquisa Científica). ● Também doutorando em Direito do Trabalho pela UBA – Universidade de Buenos Aires.


ainda maior quando há um entendimento generalizado, pelo menos havia até a década de 1990, de que o trabalho escravo foi – havia sido – extinto do Brasil com o advento da Lei Áurea. Em razão disso o texto começa discutindo os desafios conceituais, pelos autores entenderem e experimentarem na prática de suas profissões a importância da clareza conceitual sobre as antigas e as novas formas de escravidão. A importância da clareza de idéias já foi percebida e reconhecida há séculos, como assinala Antônio J. Saraiva, emprestando citação do escritor espanhol Baltasar Gracián, que viveu no Século XVII: "O que a beleza é para os olhos e a harmonia para os ouvidos, o conceito é para o entendimento". "(...) Entendimento sem conceitos é sol sem raios".1 Após resumir os impactos gerais do trabalho escravo na economia, na imagem do Brasil e na justiça social, discorre sobre rescisão do contrato laboral, autos de infração, expedição e recepção de requerimento de seguro-desemprego, classificando-os como impactos jurídicoadministrativos. Em todo o texto se deixa ver que o trabalho escravo, além de ser grave agressão ao ser humano que gera efeitos punitivos, é também uma prática danosa à imagem do País, posto que tal prática corre o mundo velozmente viajando nas asas da grande mídia, dando ensejo a “sanções” pecuniárias contra o Brasil promovidas por concorrentes comerciais, a pretexto de estar o empresariado brasileiro exportando bens produzidos com trabalho escravo2. 2 TRABALHO ESCRAVO Explorar a mão-de-obra de terceiros de forma injusta não deveria ser orgulho para ninguém, principalmente se tal exploração se acha dentro dos limites do trabalho escravo. Contudo, como diz o antigo provérbio latino, “homo homini lupus” [O homem é lobo para o homem], o ser humano tem o nefasto costume de extrair vantagens do seu semelhante de forma injusta. E para isso, muitos não se importam se o outro será destruído. Tal situação vinda de facínoras como salteadores e estupradores é extremamente horrível; mas, de certa forma, não há outra coisa a esperar de tal classe de pessoas. Também, de certo modo, tais criminosos se reconhecem como tal, e por isso tentam se esquivar da lei sem questioná-la. Com os neo-escravocratas a situação é diferente: eles não se reconhecem como criminosos, e cinicamente, tentam convencer a opinião pública de que não fazem nada de mal; de que explorar um trabalhador à exaustão até levá-lo à morte, como tem ocorrido nos canaviais brasileiros, é coisa normal e conforme a justiça. Tal casta tem provocado impactos danosos à economia, à imagem do Brasil e à justiça social. Por isso, é justo que também


sofram os reflexos da aplicação do ordenamento jurídico pátrio por meio do aparelho estatal. Para apresentar tais impactos, a prioridade é pela compreensão do que venha a ser trabalho escravo nos dias atuais e pela exposição dos elementos que o configuram. 2.1 Alguns desafios conceituais Conceituar os objetos das ciências sociais é tentar impor limites ao pensamento, tarefa ingente; é tentar domar o vento ou calar a tempestade, tarefa quixotesca. As ciências sociais são águas em ebulição, não se aquietam, preferem evaporar-se a quedarem inertes nas mãos curiosas dos pesquisadores. Hoje é; amanhã, quem sabe? Ao romper da aurora parece certo; no crepúsculo, erro crasso. O sociólogo José de Sousa Martins, instado a definir trabalho escravo, fala sobre as dúvidas que o fato "trabalho escravo" provoca e sentencia: "Esse tipo de dúvida não se resolve com as interpretações de senso comum nem com “conhecimento ideológico" 3, mas reconhece que se lhe pedem tal serviço é porque há necessidade de clareza sobre o assunto. De fato, clareza não existe sobre o que venha a ser trabalho escravo, como se poderá ver neste texto4, se bem que seu conceito, quando despido de ideologias, é bastante simples. Contudo, com desafios ou não, para os intérpretes e aplicadores da lei seu entendimento é essencial; seja para reprimir tal prática se for constatada, seja para não cometer injustiças imputando crime de tal calibre a inocentes. Desde os tempos da escravidão clássica, que se praticou no Brasil até o último quarto do século XIX, há dificuldade em se entender o trabalho escravo. Tal dificuldade aumenta quando se tenta compreendê-lo como um ente antijurídico, em razão das implicações que suscita entre todas as partes envolvidas5. José Martins de Sousa, no trabalho mencionado acima, citando Perdigão Malheiros, um jurista do século XIX, ilustra essa dificuldade de entendimento com dois casos: Um deles tratava-se de um escravo herdado por dois homens. Um dos herdeiros alforriou o escravo, entretanto, como ele pertencia também ao outro herdeiro, continuou escravo, pois este não o alforriou. Nessa perspectiva poderia indagar-se: Qual dos direitos deveria prevalecer: o da "metade alforriada" ou o da "metade escrava"? No caso, a "metade" escrava continuou cativa, pois o autor segue narrando que certa vez o dono do escravo quis castigá-lo a chibatadas, mas o cativo alegou que não poderia ser castigado, uma vez que era cinqüenta por cento livre, porém, em vez de não ser castigado, ouviu o escravagista intimar-lhe para lhe indicar qual era sua metade livre, para que ele castigasse somente a metade cativa.6

Os problemas suscitados pela neo-escravidão dos dias atuais são diferentes daqueles que se apresentavam na escravidão clássica, pois a de hoje é "em alguns casos bem pior", nas


palavras do citado José Martins de Sousa, no mesmo trabalho retromencionado e também conforme a interpretação de Binka le Breton: Os escravos negros eram ligados à casa ou à plantação, mas os escravos atuais não pertencem a lugar algum. Os escravos negros eram possuídos e usados, os escravos de hoje são dominados e usados (...) No sistema capitalista, os "escravos brancos" são recrutados de acordo com as necessidades, postos para trabalhar o tanto quanto for possível, e descartados assim que expira sua utilidade7

Até a maior parte do século XIX, o trabalho escravo era um fato social jurídico. No século XX, em virtude da abolição da escravatura, ainda no século anterior, ele já era um fato antijurídico, e pelas implicações dessa modalidade de exploração de mão-de-obra no tecido social, passou a ser repudiada em tese veementemente, pelo senso comum dos estratos sociais brasileiros. Diz-se em tese, porque na prática, a abolição nunca foi concluída. De fato, proibiu-se a escravidão pela força da Lei Áurea, mas o que efetivamente se extinguiu foi somente o direito de propriedade sobre a pessoa física do escravo, uma vez que o sistema de exploração de mão-de-obra em situações degradantes continuou a ser praticado em larga escala, com o agravante de incluir, desta época até nossos dias, trabalhadores de todas as raças, mediante salários insuficientes para lhes proporcionar vida digna. O que a reverenciada abolição da escravatura brasileira conseguiu, foi somente extirpar o direito de propriedade sobre a pessoa do trabalhador. Mas a prática se encarregou de demonstrar ao patrão que aquela abolição lhe foi mais vantajosa do que a escravidão clássica porque se repentinamente ele perdeu um patrimônio composto por escravos, passou a ganhar a mesma prestação de serviço a custos menores, posto que não mais teve nenhuma obrigação com a sobrevivência do trabalhador e de sua família; bastando que lhe pague um mísero salário. Logo o patrão percebeu que podia selecionar somente os "escravos" jovens, saudáveis e descartáveis8; não era mais obrigado a manter crianças, velhos e enfermos que pudessem lhe ocasionar prejuízos. Dessa forma, a sociedade brasileira passou a conviver com uma espécie de escravidão tácita que ninguém assumia, e também temporária, uma vez que o trabalhador explorado tinha a liberdade de buscar novo emprego-escravidão, assim como o patrão tinha a prerrogativa de despedi-lo. Tal liberdade de escolha porém, não proporciona a milhares – quiçá milhões – de trabalhadores melhores condições de vida, pois com os rendimentos que conseguem, mal sustentam a sua pessoa e ainda devem manter uma família, que em décadas anteriores continha grande prole. Esse fato ainda contribui para que o trabalho infantil, comum na escravidão clássica, se perpetue no novo regime trabalhista.


A mesma situação de escravidão se mantém nos ambientes de trabalho, exatamente como ocorria com os escravos, isto é, os trabalhadores "livres" continuam, como os cativos, não tendo garantidos os direitos relativos à saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Em outras palavras, continuam submetidos às condições degradantes de trabalho praticadas antes da Lei Áurea, além de se sujeitarem a excessivas jornadas de trabalho que não raro, excedem a quatorze horas diárias.9 Como se vê, a condição de inúmeros trabalhadores brasileiros, após a abolição da escravatura, em nada mudou para melhor. Exceto, a ilusória liberdade de que os negros passaram a usufruir da liberdade que aconteceu com uma caneta e se anulou com péssimas condições laborais. O legislador da Época Getulista percebeu a ocorrência dessa escravidão que se dava, por via oblíqua, mas não a assumiu inteiramente; entretanto, a tipificou penalmente sob a rubrica "Redução a condição análoga à de escravo", com a seguinte justificativa: No art. 149, é prevista uma entidade criminal ignorada do Código vigente: o fato de reduzir alguém, por qualquer meio, à condição análoga à de escravo, isto é, suprimir-lhe, de fato, “o status libertatis”, sujeitando-o o agente ao seu completo e discricionário poder. É o crime que os antigos chamavam plagium. Não é desconhecida a sua prática entre nós, notadamente em certos pontos remotos do nosso hinterland.10

O legislador getulista não encontrou no Brasil de sua época a escravidão clássica por estar proscrita há décadas. O elemento fundamental da escravidão clássica é a redução do trabalhador a um item do patrimônio do patrão, posto que este exerce sobre aquele o direito de propriedade. Em razão da inexistência do direito de propriedade sobre os trabalhadores, após a Lei Áurea, os intérpretes da lei passaram a ter dificuldades de encontrar trabalho escravo no País, pois perderam o elemento fundamental do conceito que aplicavam. O direito de propriedade recaía sobre a liberdade do escravo, porque ele não tinha direitos sobre sua pessoa, pertencia a outrem; não era senhor de si e seu possuidor decidia por ele. Com tal entendimento, acreditou-se que não mais havia escravidão no Brasil. Esse entendimento é erro grave, pois as relações laborais se encarregaram de demonstrar que é possível haver exploração de mão-de-obra escrava sem exercer o direito de domínio sobre a pessoa do trabalhador; porque para uma pessoa ser escrava, do ponto de vista laboral, basta que seja forçada, de forma ilegal, a prestar serviço contra a sua vontade. Assim, o elemento fundamental para a conceituação do trabalho escravo não pode ser o direito de propriedade exercido sobre alguém como entendiam os clássicos como Aristóteles, ou os filósofos juristas como Montesquieu, ou ainda, como os comentadores mais próximos dos dias atuais, como


Goerender, todos citados por Ricardo Rezende Figueira, 199911. Com efeito, o elemento fundamental que se encontra em toda relação escravista é a prestação de serviço de forma compulsória e involuntária, conseguida mediante a supressão da liberdade do trabalhador escravizado12. Essa prestação de serviço ilegalmente compulsória e involuntária caracteriza o trabalho forçado. Se a supressão da liberdade for permanente, tem-se a escravidão clássica e se for por certo tempo, conforme a conveniência do explorador, há escravidão temporária. O direito de propriedade13 é somente um dos meios de supressão da liberdade em definitivo. A escravidão atual, conhecida como neo-escravidão, conforme as leis e a capacidade de vigilância das autoridades, assume as duas formas: clássica 14 e temporária. No Brasil tem ocorrido a temporária15. 2.2 Formas de supressão da liberdade As formas mais comuns de supressão da liberdade do trabalhador, a fim de subjugá-lo ao regime de escravidão, submetendo-o às condições de trabalho danosa econômica, social, humana e moralmente, têm sido as coações16 física e moral17. Coação física18 ocorre quando o coato sofre constrangimento físico, e a coação moral se dá quando alguma ameaça incute no ânimo da pessoa coagida um temor que lhe seja insuperável. 2.3 Elementos configuradores do trabalho escravo Se por um lado os estudiosos têm enfrentado dificuldades para conceituar trabalho escravo, por outro têm encontrado facilidade ao indicar seus elementos que também podem servir de critérios interpretativos19, isto é, situações fáticas que, uma vez constatadas, permitem ao intérprete inferir sua ocorrência com grandes probabilidades de acerto. Entre estes, os mais comuns são: trabalho forçado20, coação21, cerceamento da liberdade de romper o vínculo laboral; servidão simples e servidão por dívida. O trabalho forçado, cuja prestação contraria a lei, é o mais robusto elemento caracterizador do trabalho escravo. Tal forma de prestação de serviços é tão violenta – entre outros males agride a dignidade da pessoa humana – que se confunde com a própria escravidão, a ponto de permitir afirmar que, de “per si”, é verdadeira escravidão, levando estudiosos da estirpe do sociólogo João Carlos Alexim, a afirmar que: "enquanto persistir, terá de ser combatido de forma direta e efetiva" 22. Em verdade, todos os outros elementos são formas de supressão da liberdade do trabalhador a fim de forçá-lo a prestar serviços contra a sua vontade.


O trabalho forçado se torna ilegal, portanto configura a escravidão, quando seu prestador o realiza sob coação. É que existem formas de trabalho forçado que ainda são consideradas legais, do ponto de vista formal, posto que são amparadas por lei. Este é o caso da prestação do serviço militar e dos trabalhos realizados por presos. Como já foi citado, a coação, o cerceamento da liberdade de romper o vínculo laboral, a servidão simples e a servidão por dívida são formas de suprimir a liberdade do trabalhador com o fito de mantê-lo subjugado a uma relação trabalhista que lhe seja desfavorável. A coação inflige temor no ser humano escravizado com a finalidade de desencorajá-lo a reivindicar seus direitos de cidadania. A coação, seja física ou moral, se constitui em elemento fundamental de supressão da liberdade do trabalhador a fim de forçá-lo a prestar serviço que não queira, em sociedade juridicamente livre como a brasileira dos dias atuais.23 Na escravidão clássica praticada no Brasil até o século XIX, desenvolveu-se no espírito dos escravos, por necessidade de sobrevivência do negro ou por imposição do branco, uma espécie de tripé comportamental que Kátia de Queirós Mattoso, chama de “virtudes cardeais do ‘bom escravo’”24, composto de humildade, obediência e fidelidade. Isso seria impensável nos dias de hoje, apesar de que há muitos pobres que acreditam que os ricos os mantêm. De qualquer modo, ao falhar o tripé do bom escravo, entra em cena a coação. Desejo de coagir é algo que não se ausenta facilmente do ânimo de escravocrata. Célia Maria Marinho de Azevedo,25 informa que um nobre deputado da assembleia paulista, pelos idos de 1874, propôs que os negros fossem substituídos pelos brancos pobres, mediante coação. Aqueles que não se dobrassem à lei, deveriam ser presos. Hoje, o cerceamento da liberdade de romper o vínculo laboral26 é conseguido de múltiplas formas, entre elas se destacam: a vigilância ostensiva, a retenção de salários, a retenção de documentos, a retenção de bens pessoais, a retenção de pessoas da família do escravizado, a sonegação de meios de transporte, que, no fim, redundam em formas de coação. Sobre o assunto, a OIT- Organização Internacional do Trabalho, conforme quadro abaixo, tem contribuído para o entendimento de quais sejam os elementos configuradores do trabalho escravo27: Quadro 1.1 Identificação de Trabalho Forçado na Prática Falta de consentimento (natureza involuntária do trabalho) (“itinerário” do trabalho forçado):

Ameaça de punição (meios de manter alguém em regime de trabalho forçado):

(...);

Violência física contra o trabalhador ou sua família ou pessoas próximas;


Coação psicológica, isto é, ordem para trabalhar, apoiada em ameaça real e punição por desobediência; Dívida induzida (por falsificação de contas, preços inflacionados, redução do valor de bens produzidos, taxas de juros exorbitantes, etc.);

Engano ou falsas promessas sobre tipos e condições de trabalho;

Retenção ou não pagamento de salários;

Retenção de documentos e identidade ou pertences pessoais de valor.

Violência sexual;

(Ameaça de) represálias sobrenaturais;

Prisão ou confinamento;

Punições financeiras;

Denúncia a autoridades (polícia, autoridades de imigração, etc.) e deportação;

Demissão do emprego atual;

Exclusão de empregos futuros;

Exclusão da comunidade e da vida social;

Supressão de direitos ou privilégios;

Privação de alimento, habitação ou de [satisfação] de outras necessidades;

Mudança para condições de trabalho ainda piores;

Perda de status social.

A discussão no Brasil, a respeito dos elementos configuradores do trabalho escravo, ganhou nova luz com a modificação do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que passou a vigorar com os seguintes tipos penais, que em suma, são os elementos configuradores do trabalho escravo no Brasil: a) Submeter o trabalhador a trabalho forçado (de forma genérica); b) Submeter o trabalhador à jornada exaustiva; c) Sujeitar o trabalhador a condições degradantes de trabalho; D)

Restringir, por qualquer meio, a locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador;

E)

Restringir, por qualquer meio, a locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o preposto do empregador;

f) Cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; g) Manter vigilância ostensiva no local de trabalho; h) Apoderar-se de documentos do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho; I)

Apoderar-se de objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho.

3 IMPACTOS GERAIS DO TRABALHO ESCRAVO


Uma forma de exploração de mão-de-obra tão injusta quanto à escrava, mesmo que em suas formas atenuadas quanto o trabalho análogo à escravidão, não passa por uma sociedade sem deixar as marcas do seu impacto. Assim, de forma geral, pode-se identificar tais marcas na economia, na imagem do Brasil e na justiça social.

3.1 Na economia A economia é alimentada pela cadeia produtiva. Nela existem bens que circulam no mercado à disposição de quem queira e que possa comprá-los. Entretanto, grande parte de potenciais consumidores não os compra pela simples razão de não possuírem os recursos financeiros necessários. Estes seres humanos que não chegam a ser consumidores de verdade, trabalham diuturnamente, mas são espoliados dos seus ganhos de várias formas; entre estas se destaca, a olhos nus, o fato de serem remunerados com salário ínfimo, aquém do que deveriam receber, principalmente considerando a riqueza que geram para os detentores dos meios de produção. Para agravar ainda mais tal situação de injustiça, quando adoencem, e não são poucas as enfermidades que lhes assolam, são obrigados a gastarem grande parte do pouco dinheiro que recebem para se tratar. E para agravar um pouco mais a situação que já lhes é danosa, grande parte de suas enfermidades são oriundas das condições de vida degradantes que começa já no ambiente de trabalho e se estende aos seus ambientes familiares, uma vez que o salário-escravidão que muitos recebem é totalmente insuficiente para proporcionar às suas famílias condições de vida não degradantes. Em razão disso, o trabalho escravo provoca quatro impactos na economia que podem ser observados sem nenhum esforço, que são: concentração do patrimônio nas mãos dos detentores dos meios de produção, pobreza extremada de significativa parcela dos trabalhadores, menor circulação de bens e menor arrecadação tributária por parte do Estado, instigada pela menor circulação de bens.

3.2 Na imagem do Brasil Desde a Revolução Francesa, que consagrou os princípios cristãos da liberdade (livre arbítrio), igualdade e fraternidade28, as nações têm envidado esforços no sentido de sancionar, no início moralmente, hoje também com sanções econômicas, os países que não respeitam os direitos humanos, entre os quais, depois da vida, se destaca a liberdade. Inegavelmente, o trabalho escravo, depois da supressão da vida ou da liberdade feita de forma injusta e da


tortura, é uma das maiores agressões ao ser humano; por isso, os países que o admitem, comissiva ou omissivamente, se apresentam no concerto das nações com a honra manchada29. Sobre isso discursou, entre outros, uma deputada representando os produtores rurais, em audiência pública realizada no ano de 2004 para debater o projeto de emenda constitucional sobre a expropriação de terras nas quais se pratique o trabalho escravo. Se bem que seus motivos eram outros, pois estava indignada com o fato de o Brasil haver reconhecido a existência de trabalho escravo em seu território. Naquela oportunidade alegou que esse reconhecimento era uma mancha que poderia obstaculizar a exportação de produtos oriundos do agronegócio30. O agronegócio é o segmento que mais tem praticado o trabalho escravo no Brasil.31 Na fala da então deputada, hoje senadora, cujo objetivo de vida tem sido viajar por todos os rincões brasileiros defendendo os ruralistas, não excluindo de sua defesa nem os neoescravocratas, estava implícito que o vergonhoso não era o empregador escravizar um brasileiro. De sua fala muitos ouvintes entenderam que o mau empregador poderia escravizar à vontade, desde que o Brasil não reconhecesse isso perante as demais nações, pois o vergonhoso não era escravizar, era reconhecer que em terras brasileiras se pratica tal crime.

3.3 Na justiça social Justiça social é um conceito ainda não debatido satisfatoriamente, mas sem dúvida pode-se dizer que se trata de não incluir todos os cidadãos nos benefícios disponibilizados pela sociedade, principalmente quando o não incluído tenha colaborado para a geração do progresso com seu trabalho. Este é precisamente, o caso dos cidadãos submetidos ao trabalho escravo. Eles trabalham sob condições humilhantes e ainda não usufruem do fruto do seu trabalho com a justiça que lhes é devida. Lendo os relatórios dos Grupos Especiais de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho Escravo (Grupos Móveis)32, criados para combater e erradicar o trabalho escravo no Brasil, conclui-se que a injustiça social é a tônica que norteia a relação de trabalho maculada por esta espécie de mão-de-obra. Ali quase tudo, se não tudo, é negado aos trabalhadores. Parte dos salários, se não todo, a que têm direito, é suprimida por meio de dívidas, muitas vezes infundadas; por meio de exorbitantes preços de mercadorias, por meio de compras de ferramentas e equipamentos de proteção que o empregador deve fornecer por compor os meios de produção. Em vez de alojamentos, são abrigados em choças piores do que as antigas senzalas. A alimentação que recebem, em se tratando de nutrientes, de nada difere da que era destinada aos antigos escravos. Isso tudo sem falar da liberdade de romper o vínculo laboral


que não raro lhes é negada e do ambiente de trabalho hostil, cujas agruras em vez de serem mitigadas pela tecnologia hoje existente, são agravadas pela omissão dos neo-escravocratas. Em verdade, em se tratando de justiça social, pode-se dizer que a injustiça praticada pelo neo-escravocrata é impactante à consciência do homem médio.

4 IMPACTOS DO TRABALHO ESCRAVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO Uma relação de trabalho de tal forma injusta, a ponto de impactar vários segmentos da sociedade democrática, exige uma solução jurídica enérgica. Exige do Estado uma resposta à altura do problema. O impacto do trabalho escravo nas relações de trabalho é devastador, pois destrói a relação jurídica que nela deveria existir e a transforma em hodienda exploração do ser humano. O impacto do trabalho escravo na relação de trabalho portanto, a destrói completamente, de forma a não mais existir entre trabalhador e escravocrata qualquer relação jurídica possível. Referido impacto, por sua vez, gera outros reflexos, desta vez jurídicos, patrocinados pelo Estado, com a finalidade de recompor o equilíbrio do direito e a segurança das relações jurídicas na seara laboral. Tais impactos jurídicos têm fulcro na legislação brasileira que conta com a vontade do Estado para agir, embora de maneira ainda não totalmente eficaz, e menos ainda efetiva, por meio de suas esferas de poder. Com efeito, o Legislativo alterou o artigo 149 do Código Penal, acima comentado, de forma a dar mais clareza ao entendimento do que seja trabalho escravo, que no Brasil é denominado trabalho análogo à escravidão. O Executivo, por meio dos grupos especiais de fiscalização móvel, tem aplicado a legislação pertinente e o Judiciário tem se colocado disponível para interpretar as normas jurídicas de forma menos conservadora a fim de dar efetividade à legislação pertinente, sempre que é acionado pelo Ministério Público ou pelos empregadores. Dessa forma, mediante o esforço do Estado, o trabalho escravo, quando configurado, gera um impacto fulminante sobre a relação de trabalho, de forma que ela não mais subsiste, pois é extinta. Todavia, além dos impactos ocasionados na economia, na imagem do País e na justiça social, que são conseqüências maléficas e desonrosas, ainda existem os que decorrem da aplicação do ordenamento jurídico nacional, que podem ser classificados em pecuniários, sociais e jurídicos.


Do ponto de vista da Administração Pública, o trabalho escravo provoca três espécies de impactos jurídicos na relação de emprego: uma espécie administrativa, uma civil e outra penal. 4.1 Impactos jurídico-administrativos 4.1.1 Rescisão do contrato laboral Quando existe a configuração do trabalho escravo, a relação de trabalho não subsiste de acordo com a alínea “a” do artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho 33, uma vez que o trabalho escravo – análogo à escravidão – é defeso por lei, conforme o comando do artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Contudo, nas hipóteses de trabalho escravo, quase a totalidade das hipóteses contidas nas alíneas do mencionado artigo celetista se fazem presente. Configurado, portanto, a hipótese do trabalho escravo, a relação de trabalho, não somente a de emprego, é desfeita, isto é, o contrato laboral é rescindido por justa causa motivada pelo empregador. 4.1.2 Autos de infração Por força do artigo 628 da Consolidação das Leis do Trabalho 34, a cada infração constatada o Grupo Especial de Fiscalização Móvel lavra um auto de infração. Normalmente têm-se lavrado dezenas por empregador. Tais autos de infração geram as multas que, se não forem pagas administrativamente, são inscritas em dívida ativa da União para execução judicial. 4.1.3 Expedição e recepção de requerimento de seguro-desemprego Com base na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a pessoa submetida a trabalho análogo à escravidão, quando resgatada, tem direito a três parcelas de seguro-desemprego, uma por mês. O objetivo da concessão do seguro-desemprego aos resgatados é prover-lhes assistência financeira temporária, de forma a romper seus vínculos de dependência em relação aos neo-escravocrata, além de proporcionar-lhes a possibilidade de participar de cursos profissionalizantes. 4.2 Impactos civis Na esfera do direito civil, o trabalho escravo gera – ou sofre – o impacto das indenizações por danos morais e coletivos impostas judicialmente por meio de ações


promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, ou oriundas de acordos compensatórios celebrados entre o parquet e o infrator. 4.3 Impactos penais Ao começar o combate ao trabalho escravo no Brasil, houve controvérsia quanto à competência jurisdicional para julgar tal crime. Isso havia sido superado pelo Supremo Tribunal Federal, quando, em 30/11/2006, ao julgar o Recurso Extraordinário número 398.041 (Relator Min. Joaquim Barbosa) decidiu que tal competência era da Justiça Federal Comum. Eu disse “havia sido superado”, porque em fevereiro de 2010 a questão foi reaberta com um voto do Ministro Peluso noutro processo, decidindo que a competência cabe à Justiça Estadual Comum. Tal voto reacendeu o temor de todos que empenham no combate ao trabalho escravo no Brasil, principalmente em relação aos crimes já processados, ou com inquéritos já instaurados. É que estes poderão, conforme a linha interpretativa que se adote, ser extintos por prescrição. O impacto penal previsto no artigo 149 do Código Penal é uma pena de reclusão que varia entre dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 4.4 Impactos sociais Aqui há pelos menos três pontos a considerar: a) O efeito maléfico sobre o trabalhador que sofre a agressão. b) Perda de confiança no Estado. O impacto nocivo que ora se comenta, não para somente na pessoa da vítima; ele atinge sua família, seus amigos e a sociedade considerada como corpo comunitário politicamente organizado, pois mesmo que seus componentes não reconheçam os efeitos danosos da exploração escrava da mão-de-obra, eles existem. Primeiro porque o neo-escravocrata menospreza as garantias humanitárias prescritas em lei e viola de forma acintosa um ser humano. Segundo, porque leva à concentração dos frutos do trabalho nas mãos de poucos, ao mesmo tempo em que lança milhares de pessoas – milhões, se considerar as famílias dos trabalhadores que deles dependem – na pobreza, não poucas vezes extrema, colocando em risco a própria credibilidade do Estado que se criou para proteger os cidadãos. c) O “outro lado da moeda”, isto é, Impacto benéfico com uma ação estatal efetiva. Com o rompimento do vínculo escravagista, ainda que seja uma escravidão temporária, a dignidade do ser humano é restabelecida e o trabalhador é devolvido ao convívio familiar e


social com nova confiança na justiça que é patrocinada pelo Estado. Sua auto-estima, bem como seu sentimento de pertencer a uma nação, são elevados a alto grau. 4.5 Impactos pecuniários Pelo descrito nos itens acima nota-se alguns impactos pecuniários que recaem sobre o empregador – multas administrativas e indenização por danos morais – mas existem ainda outros reflexos decorrentes das operações de combate ao trabalho escravo no Brasil, como pagamento dos salários atrasados ou retidos, bem como da quitação das verbas rescisórias aos empregados resgatados. Entretanto, os impactos pecuniários não recaem somente sobre o empregador, também o Estado sofre os seus efeitos com os recursos financeiros despendidos com as operações de combate ao trabalho escravo realizadas pelo Grupo Móvel35. Na tabela abaixo transcreve-se o resumo de uma operação de combate a trabalho escravo realizada no Estado de Goiás36, no mês de novembro de 2005, que foi divulgada nos meios de comunicação locais, destacando as três espécies de impactos pecuniários. Neste caso, a empresa empregadora se recusou a rescindir os contratos amigavelmente, levando o Ministério Público do Trabalho a promover as ações judiciais cabíveis, chegando ao Tribunal S do Trabalho da 18ª Região. Da parte da infratora, ela submeteu a lide à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho, sendo lá também vencida.

FATOS Empregados Libertados Autos de infração lavrados CTPS – carteiras de trabalho e previdência social emitidas Seguros-desemprego requeridos Verbas rescisórias pagas judicialmente (obrigação do empregador) Valor das multas (obrigação do empregador) Total dos gastos pagos pelo empregador Valor do gasto com alimentação dos trabalhadores (pago pela União) Valor do gasto com hospedagem dos trabalhadores (pago pela União) Valor gasto com diárias do Grupo Móvel (pago pela União) Valor gasto com combustível dos veículos oficiais (pago pela União) Valor gasto com material de expediente (pago pela União) Salários pagos aos componentes do Grupo Móvel (a operação durou quinze dias) Total dos gastos pagos pela união * A indenização por danos coletivos não foi computada.

VALOR/QUANT. 62 57 24 62 R$ *208.486,03 R$ 357.410,65 R$ 565.896,68 R$ 13.563,00 R$ 16.581,60 R$ 23.520,00 R$ 815,00 R$ 451,00 R$ 63,950,00 R$ 118.860,60

CONCLUSÃO Pelo exposto, conclui-se que no Brasil, mesmo que necessitando de reparos, o trabalho escravo está tipificado no artigo 149 do Código Penal, e que esta injusta exploração de mãode-obra provoca impactos na economia, empobrecendo o trabalhador e concentrando o patrimônio na pessoa do detentor dos meios de produção. Que ainda essa prática mancha a imagem do Brasil perante as nações democráticas; que configura horrenda espécie de injustiça social e que por tais motivos sofre impactos jurídicos decorrentes da aplicação da lei, principalmente em três esferas jurídicas: civil, penal e administrativa, que fulminam de morte


a relação de trabalho. Entretanto, também provoca pesados ônus financeiros ao Estado que mobiliza todas as suas esferas de poder para combatê-lo. Por isso, já se foi o dia em que tal “lepra” social deveria ter sido extirpada do viver da nação.


REFERÊNCIAS AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites – Século XIX. São Paulo-SP: Annablume, 2005. BBC.COM. Brasil reage à intenção dos EUA de investigar trabalho escravo. Disponível em www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/11/061129_escravo_dg.shtml. Acessado em 03/5/2007 – 11h42m. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Manual de procedimentos para ações fiscais de combate ao trabalho escravo. Brasília-DF: Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Relações do Trabalho, 2004. BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Organizadores CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. 103ª ed. São Paulo-SP: Atlas, 2000. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Trabalho Escravo. Notas taquigráficas. Disponível em www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias/especial/pec43801/notas/pec43801nt170304.pdf Acessado em 03/5/2007 – 18h15m. CAMPOS, Francisco. Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal. In: BRASIL. Código Penal. Organizador Juarez de Oliveira. 33ª ed. São Paulo-SP: Saraiva, 1995. DELMANTO, Celso. Código Penal Anotado. 3ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Renovar, 1994. JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, Parte Geral. 12ª ed.. São Paulo-SP: Saraiva, 1988 FRANCE PRESSE. Brasil reconhece na ONU que ainda não erradicou a escravidão. Disponível em www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u58944.shtml. Acesso em 08/03/2004 - 18h44m LE BRETON, Binka. Vidas Roubadas, a escravidão Moderna na Amazônia brasileira. São Paulo-SP: Loyola, 2002. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. Tatuapé-SP: Brasiliense, 2004. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Cadastro de Empregadores com base na Portaria 540 de 15 de outubro de 2004, lista atualizada em 04 de abril de 2007. Disponível em www.mte.gov.br/trab_escravo/Lista_04_04.pdf. Acessado em 01/5/2007 – 22h02m. PORTAL ESTADÃO. Brasil reage à intenção dos EUA de investigar trabalho escravo. Disponível em www.estadao.com.br/ultimas/nacional/noticias/2006/nov/29/411.htm?RSS. Acessado em 04/5/2007 – 11h32m. SARAIVA, Antônio J. (Tradução: Tereza de Araújo Penna). O Discurso Engenhoso, Estudos sobre Vieira e outros autores barrocos. São Paulo-SP: Perspectiva, 1980. SOUSA, Ronaldo José de Sousa. Eis o Homem. Aparecida-SP: Santuário, 2004. VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999.


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SARAIVA, Antônio J. O discurso engenhoso. São Paulo: Perspectiva, 1980. p. 129 e 132. Analisando o estilo engenhoso do escritor espanhol Baltasar Gracián, que viveu no Século XVII, transcreve estes trechos de uma de suas obras: “Lo que es para los ojos la hermosura y para los oídos la consonância, eso es para el entendimiento el concepto.” “(...) Entendimiento sin conceptos es sol sin rayos; (...).” Também no sentido de reconhecer a importância dos conceitos, o historiador e mestre em sociologia, Ronaldo José de Sousa, assim se expressa: "Uma das coisas mais importantes da vida humana é o conceito que cada pessoa tem acerca das diversas realidades em seu redor. Um conceito correto sobre determinada coisa pode definir atitudes e fundamentar boas ações. Do contrário, tudo pode motivar-se a partir de uma noção errada. Não raras vezes, as atitudes das pessoas baseiam-se em pré-conceitos." No mundo atual, é muito comum presenciar verdadeiras inversões conceituais e de valores. A própria cultura parece comandar esse processo (SOUSA, Ronaldo José de. Eis o Homem. Aparecida-SP: Santuário, 2004, p. 9). 2 BBC.COM. Brasil reage à intenção dos EUA de investigar trabalho escravo. Disponível em www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/11/061129_escravo_dg.shtml. Acessado em 03/5/2007 – 11h42m. 3 MARTINS, José de Sousa. A escravidão nos dias de hoje e as ciladas da interpretação. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Loyola, 1999, p. 127-163. 4 Em Seminário Nacional sobre Trabalho Escravo, realizado em Goiânia-GO, nos dias 7 e 8 de abril de 1997, já se denunciava a existência de dúvidas sobre o que seria trabalho escravo, mormente na esfera penal, em virtude de não existir tipificação (definição) clara para o mesmo, conforme relata Ela Wiecko V. de Castilho, in CASTILHO, Ela Wiecko V. de. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p.81-100. 5 Em razão das dificuldades de conceituação, os operadores do direito têm requerido pelo menos a definição de critérios norteadores para serem utilizados pelo intérprete e os estudiosos da matéria os têm apresentado (Entre outros, ALEXIM, João Carlos. Anti-Slavery (ASI). Formas contemporâneas de escravidão. GUIMARÃES, Pedro Wilson; BELLATO, Sueli Aparecida. Condições de trabalho análogas às do trabalho escravo. MARTINS, José de Sousa. A escravidão nos dias de hoje e as ciladas da interpretação. CASTILHO, Ela Wiecko V. de, todos In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p. 43-48; 49-70; 81-100; 127-163). LE BRETON, Binka. Vidas Roubadas, a Escravidão Moderna na Amazônia Brasileira. São Paulo-SP: Loyola, 2002, em relato sobre pesquisas de campo realizada na Região Norte do Brasil, registra várias hipóteses que poderiam ser, em tese, critérios para tipificar trabalho escravo. Destes, alguns foram contemplados pela nova redação do artigo 149 do Código Penal. 6 MARTINS, José de Sousa. A escravidão nos dias de hoje e as ciladas da interpretação. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. 7 LE BRETON, Binka. Vidas Roubadas, a Escravidão Moderna na Amazônia Brasileira. São Paulo-SP: Loyola, 2002. 8 "Insidioso, escondido, o mal da escravidão moderna – às vezes qualificada como 'escravidão branca' – floresce no terreno da violência e da ganância. Suas vítimas são temporárias e descartáveis. Custando nada, não têm valor algum, não geram nenhum laço entre mestre e escravo" (LE BRETON, op. cit., p. 221). 9 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. Tatuapé-SP: Brasiliense, 2004, p. 119. 10 CAMPOS, Francisco. Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal. In: BRASIL. Código Penal. Organizador Juarez de Oliveira. 33ª ed. São Paulo-SP: Saraiva, 1995, p.29. 11 REZENDE FIGUEIRA, Ricardo. Condenados à Escravidão. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p.166. 12 "Torna-se, portanto, absolutamente importante para a identificação do tipo do art. 149 do Código Penal, que a Polícia Federal e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel indiquem as provas de que o agente não somente submete a vítima a trabalho forçado, à jornada exaustiva ou a condições de trabalho degradantes ou, ainda, que a vítima sofra restrição na sua liberdade locomotora, mas também que essas condutas resultem na redução do seu status de seres livres, em situação próxima ou senão análoga à de escravo" (Ministério Público Feral, in BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Manual de procedimentos para ações fiscais de combate ao trabalho escravo. Brasília-DF: Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Relações do Trabalho, 2004). 13 A antiga Liga das Nações, numa Convenção sobre Escravidão, acordada em 1926, acolheu o pensamento de Montesquieu, apoiado por Aristótelis, nos seguintes termos: "Escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns ou todos os atributos do direito de propriedade" (Artigo 1º). 14 Chamada também de escravidão tradicional. 15 Autoridades federais admitem a existência de escravidão temporária no Brasil, ver, entre outros, VILELA, Ruth Beatriz Vasconcelos; CUNHA, Rachel Maria Andrade. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p.81-100. No mesmo sentido o sociólogo José de Sousa Martins, MARTINS, op. cit., p.159. 16 Coação é a utilização de força física (coação física) ou grave ameaça (coação moral) contra alguém, a fim de que este faça ou deixe de fazer alguma coisa (DELMANTO, Celso. Código Penal Anotado. 3ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Renovar, 1994, p. 38). 17 MARTINS, op. cit., p.162. 18 Coação é o emprego de força física ou de grave ameaça contra alguém, no sentido de que faça alguma coisa ou não. Há duas espécies de coação: a) coação física (vis absoluta) e b) coação moral (vis compulsiva). Coação física é o emprego de força bruta (...). Coação moral é o emprego de grave ameaça (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, Parte Geral. 12ª ed.. São Paulo-SP: Saraiva, 1988, p. 431). 19 O sociólogo José de Sousa Martins, por questões inerentes a posturas ideológicas, justificando seus entendimentos, enuncia sua recusa em conceituar trabalho escravo com as seguintes palavras: "Por tudo isso, seria inútil fazer uma


espécie de receita para definir trabalho escravo, como me pedem, a fim de simplificar o trabalho de quem precisa lidar com o problema (...) A demanda de um critério já é, em si mesma, uma indicação desse problema e uma indicação das dificuldades para definição e aplicação de um 'conceito'." (MARTINS, op. cit., p.138 e 157). 20 CASTILHO, op. cit., p. 81-100. 21 Ricardo Rezende Figueira, experimentado no combate ao trabalho escravo, identificou a coação como sendo um pressuposto da escravidão (REZENDE FIGUEIRA, op. cit., p. 31). Ele usa o termo coerção, evidentemente por engano, pois o vocábulo "coerção" é juridicamente reservado para indicar a força empregada legitimamente pelo Estado em defesa do direito. 22 ALEXIM, João Carlos. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p. 49. 23 Juridicamente os cidadãos brasileiros são livres. Entretanto, social e economicamente, os fatos demonstram que a muitos a liberdade não passa de promessas cunhadas na legislação. 24 MATTOSO, op. cit., p. 111. 25 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites – Século XIX. São Paulo-SP: Annablume, 2005, 127. 26 CORREIA, Lélio Bentes. In: VV.AA. Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. São Paulo-SP: Loyola, 1999. p. 77, apresenta a vigilância como sendo um meio de impedimento de fuga. A fuga é uma forma de rompimento do vínculo laboral. 27 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, BRASIL. Uma Aliança Global Contra o Trabalho Forçado. Brasília: OIT, 2005, p. 6. 28 Eclo 7,23; Lc 4,19; 1Cor 10,19; 1Cor 13,13; 2Cor 8,13; Cl 4,1. 29 www.estadao.com.br/ultimas/nacional/noticias/2006/nov/29/411.htm?RSS, acessado em 03/5/2007. 30 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Especial. PEC 438-A/01. Trabalho Escravo. Notas taquigráficas, p. 3538. Evento: Audiência Pública N°: 0165/04. Data: 17/3/2004. Início: 14h51min Término: 17h53min. Disponível em www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias/especial/pec43801/notas/pec43801nt170304.pdf. Acessado em 03/5/2007 – 18h15m. 31 Em 162 empregadores que compõem o cadastro de apenados administrativamente por praticarem trabalho análogo à escravidão, há 1 carvoaria, 2 indústrias e 159 estabelecimentos que se enquadram como agronegócio; destes, há 7 agroindústrias e 152 fazendas, conforme lista publicada no sítio do Ministério do Trabalho: www.mte.gov.br/trab_escravo/Lista_04_04.pdf. 32 Op. 33/2005, p. 03-18; Op. 48/2005, p. 04-19; Op. 57/2005, p. 05-34; Op. 69/2005, p. 07-27; Op. 36/2006, p. 02-13; Op. 84/2006, p. 04-27, arquivados na Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 33 Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes, ou alheios ao contrato; (...). BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Organizadores CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. 103ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 34 Art. 628. Salvo o disposto nos arts. 627 e 627-A, a toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. 35 Grupo Móvel composto e coordenado por Auditores–Fiscais do Trabalho, acrescido de membros no Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Fontes: Relatório da operação arquivado na Secretaria de Inspeção do Trabalho, processo n.º 0663-2005-251-18-00-8, relatório de despesas arquivados no Setor Financeiro da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 36 Conforme relatório da operação arquivado na Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.


DROGAS y DEMOCRACIA: Hacia un cambio de paradigma Declaraci贸n de la Comisi贸n Latinoamericana sobre Drogas y Democracia


Secretariado de la Comisión: Bernardo Sorj Ilona Szabó de Carvalho Miguel Darcy de Oliveira Rubem Cesar Fernandes

APOYO: Open Society Institute Instituto Fernando Henrique Cardoso Viva Rio Centro Edelstein de Pesquisas Sociais Para saber más sobre la Comisión acceda al sitio www.drogasydemocracia.org Para entrar en contacto, escriba al email: ilona@drogasydemocracia.org Diseño gráfico // Cacumbu


Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia César Gaviria // Colombia // co-presidente Ernesto Zedillo // México // co-presidente Fernando Henrique Cardoso // Brasil // co-presidente Ana María Romero de Campero // Bolivia Antanas Mockus // Colombia Diego García Sayán // Peru Enrique Krauze // México Enrique Santos Calderón // Colombia General Alberto Cardoso // Brasil João Roberto Marinho // Brasil Mario Vargas Llosa // Peru Moisés Naím // Venezuela Patricia Marcela LLerena // Argentina Paulo Coelho // Brasil Sergio Ramírez // Nicarágua Sonia Picado // Costa Rica Tomás Eloy Martínez // Argentina


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Una guerra perdida

Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicación de las drogas.

La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a las drogas” aplicada en los últimos treinta años en la región. Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. Una evaluación realista indica que: América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas; Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa. En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas. Asistimos en las últimas décadas a: Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales; Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes; La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas; La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden.

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Romper el silencio, abrir el debate Romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa para la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas.

El modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado. Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas. Eso no significa condenar en bloque políticas que han costado enormes recursos económicos y el sacrificio de incontables vidas humanas en la lucha contra el tráfico de drogas. Tampoco implica desconocer la necesidad de combatir a los carteles y traficantes. Significa, eso sí, que debemos reconocer la insuficiencia de los resultados y, sin descalificar en bloque los esfuerzos hechos, abrir el debate sobre estrategias alternativas con el concurso de sectores de la sociedad que se han mantenido al margen del problema por considerar que su solución incumbe a las autoridades. La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad. Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar la prevención y el tratamiento. Esas políticas no deben negar la importancia de las acciones represivas - incluso con la participación de las fuerzas armadas en situaciones límite de acuerdo a la decisión de cada país – para hacer frente a los desafíos planteados por el crimen organizado.

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Límites y efectos indeseables de las estrategias represivas La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores.

Es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los límites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo. Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina. México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al gobierno mexicano en su lucha contra los carteles de drogas que han reemplazado a los traficantes colombianos como los que introducen la mayor cantidad de narcóticos al mercado de Estados Unidos. México tiene el derecho de reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedad estadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y también pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo. La traumática experiencia colombiana sin duda es una referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se encuentren alternativas innovadoras. La política europea de focalizar en la reducción de daños causados por las drogas, como un asunto de salud pública, mediante el tratamiento de los usuarios, se muestra más humana y eficiente. Sin embargo, al no dar prioridad a la reducción del consumo, bajo el argumento de que las estrategias de reducción de daños minimizan la dimensión social del problema, la política de los países de la Unión Europea mantiene intacta la demanda de drogas ilícitas que estimula su producción y exportación de otras partes del mundo. La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores. No se trata de buscar países culpables por tal o cual acción u omisión pero sí de afirmar que Estados Unidos y la Unión Europea son co-responsables de los problemas que enfrentamos en la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas en América Latina. Es deseable, por ello, que apliquen políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumo y que reduzcan significativamente el tamaño de este negocio criminal.

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La visión de América Latina: hacia un nuevo paradigma Enfocar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en su punto crítico: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.

Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices: Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención. Focalizar la represión sobre el crimen organizado. Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes. Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas: 1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud. La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas de este negocio criminal. 2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol o el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños aso-

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ciados a la marihuana – de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad – son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes. La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción. Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recursos a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva

Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes.

propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía. En ese país también es descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores. 3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios. Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de ex-adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas a que se destinan. Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a la población en general y a los consumidores en particular sobre la responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico de drogas. La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.

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4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado. Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategias regionales y globales. 5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben considerar los usos lícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.

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La participación de la sociedad civil y de la opinión pública Cada país debe confrontar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura.

Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar no sólo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad. La percepción de la sociedad sobre el problema así como la legislación sobre drogas ilícitas se encuentran en proceso acelerado de transformación en América Latina. Un número creciente de líderes políticos, cívicos y culturales han expresado la necesidad de un cambio drástico de orientación. La profundización del debate en relación a las políticas sobre consumo de drogas debe apoyarse en evaluaciones rigurosas del impacto de las diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista, que ya están siendo probadas en diferentes países, buscando la reducción de los daños individuales y sociales. Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación de múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales, las familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura. En el ámbito continental, América Latina debe establecer un diálogo con el gobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos para desarrollar en forma conjunta alternativas a la política de “guerra a las drogas”. La inauguración de la Administración de Barack Obama representa una oportunidad propicia para la revisión en profundidad de una estrategia que ha fracasado y la búsqueda en común de políticas más eficientes y más humanas. Simultáneamente, a nivel global, debemos avanzar en la articulación de una voz y visión de América Latina capaz de influir en el debate internacional sobre drogas ilícitas, sobre todo en el marco de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Esta participación activa de América Latina en el debate global marcaría la transición de región-problema a la de región-pionera en la implementación de soluciones innovadoras para la cuestión de las drogas.

DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA

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Drogas y Democracia: hacia un nuevo paradigma presenta al debate público las principales conclusiones de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México e integrada por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de las políticas de “guerra a las drogas” y formuló recomendaciones para estrategias más eficientes, seguras y humanas. Las propuestas presentadas en esta Declaración configuran un cambio profundo de paradigma en la comprensión y enfrentamiento del problema de las drogas en América Latina.


EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION “ARRIOLA, SEBASTIAN y otros s/ Causa n° 9080”. La influencia de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. ¿Hacia un cambio de paradigma?.

PATRICIA MARCELA LLERENA

Con fecha 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo conocido como “Arriola”1. En él, el máximo Tribunal del país, retoma la doctrina sentada en el conocido Fallo “Bazterrica (Fallos 308:1392). Así, al inicio de las consideraciones, la Corte expresó que : 1°) el cuestionamiento central es la validez constitucional de la figura legal que sanciona la tenencia para consumo personal (hoy tipificada y reprimida en el Art. 14, segundo párrafo de la Ley 23.737) “por la afectación que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional” 2°) Se remiten a las consideraciones del voto del Ministro Enrique Petracchi, en el antecedente mencionado. De esta forma se aparta de lo expresado en el antecedente “Montalvo” ( Fallo 313:1333). Para justificar dicho apartamiento efectúa un análisis de lo que ha sucedido en el país, con relación a la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, luego de transcurridos 19 años desde el dictado del último de los Fallos mencionados; 3°) Sostuvo que “las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba ´Montalvo´ han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido ( ver considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha incrementado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales” ( ver considerando 14, segundo párrafo del Fallo que se comenta); 4°) Luego la Corte analiza informe oficiales brindados por organismos tanto internacionales como oficiales. Entre ellos, el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD- del año 2007, en donde se sostiene que la República Argentina cobró importancia como país de tránsito, y que existían indicios de

producción local de cocaína; con un liderazgo en Latinoamérica en “estudiantes secundarios” que consumen pasta base - paco-. 2; 5°) Con relación al Informe del año 2008, la Corte Suprema destaca que para Naciones Unidas hubo un aumento de consumo de opio; una mayor importación de precursores, aumento de secuestro de cocaína reportados por Bolivia, Chile, Uruguay y en menor medida por Paraguay y Argentina, lo que sugiere que ha aumentado el tráfico vía el cono sur, colocando a la República Argentina en el séptimo lugar entre los países americanos de donde se despacha la droga que llega a Europa. Asimismo que la Argentina, se encuentra en el 2° lugar de sudamérica en consumo de cocaína, habiendo aumentado el consumo de marihuana, pero en menor medida al consumo de estimulantes y de éxtasis. 3 6°) En cuanto a Informes Nacionales, se menciona los emanados de la SEDRONAR con relación al consumo de psicofármacos sin prescripción médica e inhalantes, los que habían aumentado entre los años 2001-2005, según la encuesta llevada a cabo entre los estudiantes secundarios.4 Según Informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas, realizado en el año 2006, se destaca que la República Argentina lidera el consumo de drogas ilícitas, en especial entre los estudiantes secundarios. 7°) Otro de los parámetros que la CSJN tiene en consideración es el bloque de constitucionalidad, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, al que se hace referencia como un “…acontecimiento histórico (que) ha modificado profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos, entre ellos, los vinculados a la política criminal del Estado, que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional”5. 8°) La Corte recuerda los principios de “autonomía personal”; ( considerando 17, segundo párrafo)6; de “dignidad del hombre” ( considerando 18) que hace que el hombre sea un fin en sí mismo y no como un instrumento con fines utilitaristas. Por


ello, se sostiene que estos principios aparecen contradictorios con lo dispuesto por la Ley 23.737 y por el precedente “Montalvo” ya citado, con relación a “…la conveniencia, como técnica de investigación, de incriminar al consumidor para atrapar a los verdaderos criminales vinculados con el tráfico…”. 9°) Sostiene que en muchos casos, los consumidores de drogas, en especial los que se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, de las bandas criminales, por lo que no cabe revictimizarlos, a través de una respuesta punitiva del Estado.7 10°) No se puede criminalizar al consumidor sobre la base de la posibilidad de que éste se convierta en un autor o partícipe de una cadena de delitos, ya que se estaría aplicando un principio de peligrosidad que ”parece contradecir el estándar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado…“ sobre la base de ella.8 11°) Que el ejercicio de los Derechos Humanos pueden estar limitados para preservar otros bienes jurídicos colectivos, como el “bien común”, “orden público”, “utilidad pública”, “salubridad pública” e “intereses nacionales” (arts. 22, inciso 3° del Pacto de San José de Costa Rica; artículos 12, inciso 3°; 14; 19, inciso 3°-b; 21 y 22, inciso 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; artículo 29, inciso 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Para establecer esa limitación se debe entender como bien común “…condiciones de vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos…”9. Por ello se sostiene que “… puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana…”. En la misma Opinión Consultiva a la que se hizo referencia ( ver nota n° 9), se alude a la dificultad de determinar qué se entiende por “orden público” o “ bien común”, pero se establece que no podrían invocarse, “… como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real…”. Este es el prisma bajo el cual, se analiza la cuestión frente a la invocación de bienes colectivos. 12°) Rige el principio “pro homine”, ello es que se

debe preferir la interpretación que restrinja en menor medida los derechos humanos10. 13°) Que si bien la Ley 23.737 “…intentó dar una respuesta más amplia, permitiendo al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una pena, la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. El primero, por cuento sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna; y el segundo, porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos, han sido insuficientes hasta el día de la fecha…” ( considerando 26). 14°) En el Considerando n° 27, en forma expresa la CSJN sostiene que su decisión no implica “legalizar la droga”. Y agrega que “No está demás aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas…”. Sentado ello, en el Considerando n° 31, se afirma que “.... aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que – realizadas bajo determinadas circunstancias- no afectan a un tercero y, por lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otroga la carta Magna...” 15°) Hace hincapié en el cumplimiento de los compromisos internacionales, asumidos por el país a fin de combatir el narcotráfico, a limitar la cadena de producción / fabricación, la comercialización en todas sus formas, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se incluye los mecanismos de importación y exportación, así como la distribución. Menciona la necesidad de tener en consideración que al intervenir la Argentina en la producción de precursores químicos, se deben diseñar políticas públicas a fin de luchar contra el narcotráfico que utiliza a estas sustancias para la fabricación de estupefacientes. (Considerando 28) 16°) Que se deben mejorar las técnicas complejas de investigación, pero con relación a la tenencia para consumo personal, se debe hacer una interpretación constitucional, expresamente contemplada por el Art. 3, inciso 2° de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y Sustancias


Psicotrópicas de 1988 ; art. 22 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y artículos 35 y 36 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, siendo que dicha conducta no es punible en tanto “…se da en específicas circunstancias que no causan daños a terceros…” ( Considerando 29)11. 17°) La Corte Suprema de Justicia de la Naciíon, en el Considerando n° 32 sostuvo que “...el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto, y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo ( Dworkin, Ronald, Los derechos en Serio, págs. 392 y ss, Ed. Ariel, 1999, Barcelona España). Y éste es el sentido que cabe otorgarle al original artículo 19, que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución nacional, recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio... nuestra Constitución Nacional y sumado a ello los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos jerarquizados reflejan la orientación liberal garantizadora que debe imperar en un estado de derecho democrático para resolver los conflcitos entre la autoridad y los individuos y respeto de éstos entre sí, y en ese sentido el estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo éste su fin esencial...”12 18°) Se hace lugar a la queja, declarando que el Art. 14, segundo párrafo de la Ley 23.737 “... debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluuida de la autoridad de los órganos estatales...” Por ello, declararon la inconstitucionalidad de la disoposición, en tanto la conducta “...se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros...” ( Considerando n° 36). Al mismo tiempo, la CSJN exhorta “...a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todos en los grupos más vulnerablers, especialmente los menores a fin de dar adecuado cumplimineto con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país...”13

Se entiende, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de recordar la necesidad de dar adecuado cumplimiento a los instrumentos internacionales de derehcos humanos, se enrola en el paradigma de reducción de daños, y por ello se exhorta al diseñar políticas públicas referentes a la materia14. En el camino hacia el cambio de paradigma, caben reflexionar sobre los siguiente sinterrogantes 1°) ¿ Pueden coexistir ambos paradigmas: guerra a la drogas y reducción de daños?; 2°) ¿ Se está frente a un problema meramente sanitario o frente a una cuestión de coerción penal?; 3°) ¿ Se debe combatir a las drogas o a quienes negocian con ellas?. En la Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia15 se sostiene que las polícticas que se han basado, entre otras prohibiciones, en el consumo, no han producido los resultados esperados. Por ello, se propusieron una serie de directrices a)Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública; b)Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención; c)Focalizar la represión sobre crimen organizado. A fin de desarrollarlas, se propuso 1°) Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud; 2°) Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la convenciencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; 3°) Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios; 4°) Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado; y 5°) Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Varias son las voces que reclaman un cambio, los esfuerzos en tal sentido no deben flaquear16, a fin de verificar si el nuevo paradigma puede revertir la situación reflejada por la Corte Suprema sobre la situación de las personas que consumen drogas, sean estas prohibidas o no.


1 El Fallo se dictó sobre la base del recurso de hecho deducido por otras personas,

delincuencia común y subversiva, la incapacidad de realizaciones que requieren una

que estaban vinculadas a la Causa n° 9080, seguida entre otros a Arriola.

fuerte voluntad de superación y la destrucción de la familia, institución básica de

2 El mismo Informe de la ONUDD de 2007, da cuenta que la Argentina, Chile y

nuestra civilización…” (Considerando 5° del fallo)

Bolivia son los países con mayor injerencia en la región y en el mundo, con relación al

8 Cita CIDH caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, del 20 de junio de 2005, Fallo:

consumo de “paco”. El Fallo de la Corte Suprema analiza el Informe de la ONUDD

329:368’, in re “Gramajo” de la

para el año 2006, en el que se coloca a la Argentina con cierta fabricación de

CSJN.

productos derivados de la cocaína, y como país de tránsito de estupefacientes desde la

9 Ver Opinión Consultiva 5/68 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

región andina haca Europa, se menciona el éxtasis, la marihuana.

10 Ver en especial votos de los Ministros Highton de Nolasco y Maqueda, donde se

3 En el Fallo se hace una referencia a los Informes de la ONUDD, correspondiente a

sostiene que el Fallo Bazterrica,

los años 2000; 2001; 2002, 2004, en los cuales la Argentina aparece con guarismos en

resulta más compatible con este principio por ampliar la zona de libertad individual,

ascenso respecto al consumo de distintas sustancias estupefacientes.

ello en comparación con el Fallo Montalvo dictado por la CSJN en el año 1990.

4 Así, se mencionan los siguientes porcentajes: aumento consumo de tranquilizantes

11 Al respecto, del Preámbulo de la Convención de 1971, surge la preocupación por la

sin prescripción médica, en un 6.1%; de estimulantes en las mismas condiciones un

salud física y moral de la humanidad; la inquietud por los problemas sanitarios y

44.4%; en solventes e implantes, en un 380% _ tanto en varones como en mujeres-;

sociales que origina el uso indebido de ciertas sustancias psicotrópicas, la necesidad

de pasta base en un 200% - con mayor injerencia de las mujeres-; cocaína en un

de restringir el uso a fines lícitos; y se menciona la necesidad de llevar a acabo una

120%, la marihuana con un aumento del 67.6%.

acción concertada y universal contra el uso indebido de ellas. La Convención de

5 Se recuerda el derecho a la privacidad y la exclusión de injerencias arbitrarias o

Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

abusivas en su vida privada -art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos

Psicotrópicas, si bien se relaciona con lo que se conoce como “Guerra a las Drogas”

Humanos; art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

en su artículo 3°, párrafo segunda,

artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 17.1 del

constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos

6 Con cita del Caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Ximenes

penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la

Lopes vs. Brasil, del 4 de julio de 2006, en el párrafo 10 del voto del Juez Sergio

posesión, la adquisición o el cultivo de estupefaciente o sustancias psicotrópicas para

García Ramírez, cuando sostuvo que “el desenvolvimiento del ser humano no queda

el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la

sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general,

Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971”

aquél posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de

En la Convención de 1998, se expresaba la preocupación por la grave amenaza a la

conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios o

salud y al bienestar de los seres humanos; sobre los problemas económicos, culturales

instrumentos para este fin, seleccionados y utilizado con autonomía - que es prenda de

y políticos de la sociedad; por la magnitud y tendencia creciente de la producción,

madurez y condición deliberad- e incluso resistir o rechazar en forma legítima la

demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; sobre la

injerencia indebida y las agresiones que s ele dirigen. Esto exalta la idea de autonomía

sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito en distintos grupos sociales, en

y desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de

especial la utilización de niños como mercado de consumo y como instrumento para la

beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones”

producción, distribución y comercio ilícito. Asimismo, se plasmó la preocupación por

7 Cabe recordar en este punto, que, en forma contraria a lo que se sostiene en el

los vínculos entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas, ya que se

antecedente que se comenta, en el Fallo Montalvo, de la CSJN de fecha 11 de

socavan las economías lícitas y se amenaza la estabilidad, seguridad y la soberanía de

diciembre de 1990, se recuerda cuáles fueron las razones que llevaron al legislador a

los Estados, ya que el tráfico genera considerables rendimientos financieros y fortunas

reprimir la tenencia de estupefaciente a través de la Ley 20.771, mencionándose: la

que permiten invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración

necesidad de proteger a la comunidad ante uno de los más tenebrosos azotes que

pública, las actividades comerciales y financieras lícitas. Se reconoce que el tráfico

atenta contra la salud humana. Ase dijo que no se trata de la represión del usuario

ilícito es una actividad delictiva internacional cuya urgente supresión exige urgente

que tiene droga para uso personal y que no ha cometido delito contra las personas,

atención y la más alta prioridad.

sino de reprimir el delito contra la salud pública, porque lo que se quiere proteger no

12 Para un análisis crítico del Fallo en especial respecto del principio de reserva y la

es el interés particular del adicto, sino el interés general que está por encima de él y

lesividad del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, ver el

que aquél, como suele suceder, trata de alguna manera de resquebrajar, dado que su

trabajo de Yapur, Ariel, sobre “Principio de Reserva”, en Jurisprudencia penal de la

conducta también constituye un medio de difusión de la droga o de los estupefacientes

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tomo 8; ed. Hammurabi, 2010.

establece que “A reserva de sus principios

( se cita el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, del 19/09/1974, página 2871).

13 La exhortación se basa en el paradigma de reducción de daños. Respecto de él se

En tanto, en el Fallo Colavini de fecha 28/03/1978, la CSJN sostuvo que “… tal vez no

ha dicho que “…alude a políticas y prácticas concebidas para limitar las

sea ocioso, pese a su pública notoriedad, evocar la deletérea influencia de la creciente

consecuencias socio-sanitarias negativas que sufren los consumidores de drogas, sus

difusión actual de la toxicomanía en el mundo entero, calamidad social comparable a

familias y el conjunto de la sociedad sin poner fin necesariamente al consumo de

las guerras que asolan a la humanidad, o a las pestes que en tiempos pretéritos la

drogas…” Ver al respecto, Martín Jelsma, Transnational Institute “Innovaciones

diezmaban. Ni será sobreabundante recodar las consecuencia tremendas de esta

legislativas en políticas de drogas, Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y

plaga, tanto en cuanto a la práctica aniquilación de los individuos, como a su

Democracia” En el marco de este paradigma, más desarrollado en Europa, se

gravitación en la moral y la economía de los pueblos, traducida en la ociosidad, la

establecen como posibles acciones: el uso controlado y reglamentado”, por ejemplo de


marihuana; el establecimiento de lugares seguros para inyectarse, programas de intercambio de agujas, establecimiento de un enfoque de la problemática desde la salud pública. La Unión Europea reconoce “parte de la responsabilidad en el problema mundial de la droga, tanto en su condición de consumidor de estupefacientes y sustancias psicotrópicas producidos en otros países, como en su condición de productos y exportador de drogas sintéticas”. Documento sobre Estrategia de la Unión Europea en materia de Drogas, 2005-2012, Consejo de la Unión Europea, Bruselas 22/11/2004 14 En el marco del diseño de dichas políticas, se menciona la labor que lleva a cabo la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción. 15 “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma”, documento realizado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia” copresidida por los ex Presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo. 16 Entre los esfuerzos, además de los ya citados, se menciona el establecimiento de la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y del Consumo de Sustancias psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo (CoPreAd).


Desde Brasil Trabalho Religioso: mãos que seguram o arado, mas que não participam da colheita.

Nilson Jorge de Moraes – Brasil/MG Oficial de Justiça do TRT/3ª. Região Doutorando pela Universidade de Buenos Aires em Direito Laboral - mod. intensiva Sumário: 1 Introdução; 2 Elementos que Legitimam o Reconhecimento do Vínculo de Emprego no Trabalho Religioso; 3 A Intervenção do Estado como Garantidor da Ordem Jurídica Justa; 4 Natureza Jurídica da Atividade Religiosa; 5 Visão Bíblica sobre o Trabalho e seu Atributo de Dignidade Humana; 6 Elementos Morfológicos da Relação de Emprego; 7 Tentativa de Solução do Problema a partir de Uma Visão Pragmática do Direito e da Teoria dos Sistemas; Conclusão; Referências Bibliográficas. 1. Introdução Não há dúvidas de que o trabalho religioso traz ínsita uma nobreza e uma grandiosidade em si mesmo. Por isso, este estudo propõe percorrer os terrenos áridos da tradição religiosa e perquirir a respeito da legitimidade dos fatores que acenam pela distinção feita ao trabalho religioso prestado às Igrejas Evangélicas no Brasil de modo a colocá-lo à margem da proteção trabalhista. O fato social trazido à baila cinge-se ao território brasileiro, envolvendo conflitos de natureza trabalhista entre trabalhadores religiosos e as Igrejas Cristãs Evangélicas, bem como a doutrina da abnegação aos bens materiais. Esta renúncia aos bens materiais e não ao mínimo necessário a um padrão de dignidade recebe influxos, sobretudo, da doutrina cunhada pela Igreja Católica. Sobreleva notar, que a história da Igreja Católica e do clero regular, sobretudo a Era Feudal (sec XIII), é pródiga pelo desenvolvimento de diversos grupos monásticos e pela fundação das novas ordens de frades mendicantes. Após o início do monasticismo, surgiram certas tendências que não haviam sido previstas e que produziram graves problemas. Leigos, muitas vezes, faziam dádivas a mosteiros, pois os monges eram tidos como possuidores de santidade superior e gradualmente os mosteiros vieram a ter grandes e ricas posses de terras e outras riquezas. Estas riquezas forneciam uma receita que libertava os monges da necessidade de trabalhar na terra para sustentar-se. Os monges que pertenciam a mosteiros tão prósperos estavam ainda sujeitos ao voto de pobreza, pois a riqueza não lhes pertencia, mas aos conventos.1 Por séculos a doutrina da abnegação vem sendo difundida, alçando sua influência também no meio protestante. No entanto, o protestantismo inicialmente ensinado no Brasil,

fruto da invasão holandesa (1624-25), pregava a fé reformada de João Calvino (2ª. Reforma Protestante), segundo a qual se apoiava na “doutrina da predestinação”. Esta doutrina, segundo Weber2, pregava que Deus havia escolhido um grupo de pessoas que estariam com ele no céu, os demais estariam condenados ao inferno. E que certos sinais da vida cotidiana poderiam definir qual lugar o cristão calvinista iria ocupar, dentre eles: sendo um bom cristão, renunciando à libertinagem da vida mundana, trabalhando muito, seguindo sempre todos os princípios bíblicos. Assim, o Calvinista prova a si mesmo que foi um escolhido pelo seu sucesso como cristão. Não é a sua própria ação, mas a de Deus, em torno de si e de todas as áreas em que atua. E esta doutrina foi se espalhando no Brasil, primeiro, entre os índios. As igrejas protestantes, ao longo de sua história de crescimento no Brasil, vêm ocupando um largo espaço deixado pela doutrina católica, que já não responde mais aos anseios da humanidade, aos problemas sociais e existenciais em que os indivíduos estão mergulhados. Há uma necessidade constante do ser humano pela superação dos problemas da alma, do inexplicável, os quais, nem a racionalização Weberiana nem a sociedade moderna foram capazes de responder. No Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, o protestantismo tornou-se um fenômeno religioso em virtude do vertiginoso e acelerado crescimento nas últimas décadas, o que o coloca como o segundo País do mundo em maior número de protestantes, só perdendo para os Estados Unidos3. São inúmeros os templos que surgem a cada dia. No último Censo do IBGE, em maio de 2000, foi constatado um número de 35 mil denominações diferentes. Destas, mais de 1,2 mil haviam surgido após a pesquisa anterior. O número de evangélicos já chega a 26,1 milhões e, segundo previsões de pesquisadores do Instituto de Estudos da Religião - ISER, esse número atingirá 50% da população no ano de 2045.4 O expansionismo religioso traz consigo um novo fenômeno social: a que título se desenvolve esta relação jurídica entre a Igreja e os Ministros Religiosos? A Igreja, por sua vez, tem regulado esta relação à luz de seus estatutos. Contudo, aqueles que prestam este serviço têm buscado o Judiciário Trabalhista para obter uma resposta aos seus reclamos. Não raro, são dispensados pelas Igrejas sem qualquer proteção ou direito e lançados nas avenidas angustiantes da exclusão social, com mulheres e filhos, idade já avançada, enfim, sem qualquer perspectiva futura. Eis o fenômeno social, para o qual o Judiciário Trabalhista ainda não deu uma resposta satisfatória. A possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre pastores evangélicos e suas respectivas igrejas assumiu particular relevância com a obtenção de registro sindical por parte do Sindicato dos Ministros de Cultos Evangélicos e Trabalhadores Assemelhados no Estado de São Paulo (SEMEESP), em abril de 19995.

1 http://www.espirito.org.br/portal/artigos/geae/historia-do-cristianismo-11.html#3 – Acesso em 12/12/09 2WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1ª. ed., 1904


A doutrina e a jurisprudência majoritárias, porém, não vêem a possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício nesta relação, embora as decisões sejam titubeantes, ora reconhecendo, ora não reconhecendo a relação de emprego. Por outro lado, há um preconceito em torno destas demandas, pois quando uma questão destas nos é submetida a primeira reação é de incredulidade e, até mesmo, um certo desprezo por aquela pessoa. E o preconceito ocorre sob duas formas. A primeira, é o repúdio da sociedade aos demandantes evangélicos. Afinal, o que dizer da vocação de um pastor que procura a Justiça do Trabalho para contender com a própria igreja por dinheiro? A segunda, ocorre na própria Igreja, com represálias e punições a pastores que se envolvem em reivindicações salariais, sendo visto como um desviado da doutrina cristã. Endossando a negativa do vínculo empregatício do religioso, está o receio de que a igreja se torne um mercado da fé. A igreja pode ser considerada por alguns como intocável, ou do “outro mundo”, mas não se pode olvidar que a realidade jurídica é algo deste mundo e regida pelas leis terrenas. Ademais, alguns valores inerentes à pessoa humana, perpassam épocas, costumes, regimes e legislações. Não são de ontem nem de hoje, mas sobrevivem eternamente. Não foram escritos em lugar algum, mas estão sempre presentes na consciência do ser humano e aonde quer que ele vá. 2. Elementos que Legitimam o Reconhecimento do Vínculo de Emprego no Trabalho Religioso Do ponto de vista jurídico e social, é possível verificar-se a existência de fatores que recomendam a existência do vínculo empregatício nas relações do pastor com sua igreja. Isso se confirma, quando analisadas essas relações sob a ótica da própria orientação bíblica, dos requisitos do trabalho voluntário, da condição de contribuinte do ministro religioso junto à Previdência Social e do papel do Estado de garantir e proteger os direitos sociais mínimos de seus cidadãos (arts. 1º., IV, 6º. e 7º. da Constituição Federal do Brasil). Percebe-se, que a sociedade está em constante mutação. Hoje, são os cidadãos que trabalham nas Igrejas Evangélicas que pressionam o Poder Público, mormente o Judiciário, a fim de ver reconhecidos seus direitos como todo trabalhador comum. Embora inexista contrato de trabalho entre o prestador de serviço e a igreja há que ser investigado o que realmente ocorre no mundo dos fatos envolvendo estes atores sociais. Afinal, o contrato de trabalho se funda no princípio da primazia da realidade. Segundo PEDREIRA DA SILVA (1999, p. 205), este princípio, quando formulado por Plá Rodriguez, se serviu, para a sua construção, de materiais como as considerações de Deveali quanto à prevalência da situação de fato sobre a ficção jurídica em todas as fases da relação de trabalho como também da teoria do contrato-realidade de Mario de La Cueva. Transpôs este princípio as fronteiras de seu país de origem, o Uruguai, para se incorporar ao ordenamento jurídico de outros, como Argentina e Brasil. Na Argentina, incorporou ao seu direito positivo, cristalizado no art. 14 da Lei de Contrato de Trabalho. No Brasil, a primazia da

realidade é considerada princípio de Direito do Trabalho, incorporado pela doutrina e jurisprudência dominantes. Cueva (1949, p. 475) “sistematizou e adotou essa teoria”. Desse modo, o que prepondera na seara do Direito do Trabalho é o conteúdo sobre o rótulo, a substância sobre a fórmula. Por outro lado, o trabalho religioso não deve ser olhado apenas sob a ótica do direito do trabalho, mas também sob o prisma do direito constitucional e humano, uma vez que encontra nestes ramos sua complementaridade como valor social da dignidade da pessoa humana. Há que ser defendida a efetividade dos direitos sociais (art. 6º, Constituição Federal do Brasil - 1988), a fim de se demonstrar que o trabalho, seja qual for seu modus operandi, é trabalho e, como tal, além do valor economicamente mensurável, possui um valor social que o justifica. Por conseguinte, deve receber a tutela normativa trabalhista na justa medida de sua importância. Vale dizer, o trabalho religioso deve receber tratamento igualitário às demais espécies de trabalho regulamentado, isto, na esteira do disposto na Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileiras e dos princípios norteadores da tutela do trabalhador. Neste sentido, releva notar, que a Constituição Federal do Brasil é um todo harmônico, não devendo, portanto, suas normas serem consideradas isoladamente, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios que contempla a todos indistintamente. Lamentavelmente, ainda prepondera, salvo raras exceções, no meio jurídico, a visão míope de interpretar a constituição e os tratados internacionais de direitos humanos à luz da legislação ordinária, quando o correto seria o contrário. O direito, segundo Filas (1998, p. 223) é energia concentrada nos direitos humanos. Logo, não está em questão o poder da caneta do juiz, mas o poder dos Direitos Humanos. 3. A Intervenção do Estado como Garantidor da Ordem Jurídica Justa A desigualdade material justifica a ampliação da proteção dos direitos fundamentais na esfera privada, porque se parte da premissa de que a assimetria de poder prejudica o exercício da autonomia privada das partes mais débeis. É assim, enfim, porque se entende que quando o ordenamento jurídico deixa livre o forte e o fraco, esta liberdade só se torna efetiva para o primeiro. O hipossuficiente, na maioria das vezes, vai acabar curvando-se diante do arbítrio do mais poderoso, ainda que este comportamento possa parecer decorrente do exercício da sua autonomia privada. É por isso, que em certos domínios normativos, como no direito do trabalho e no direito do consumidor, que tem como premissa a desigualdade fática entre as partes, a vinculação aos direitos fundamentais deve mostrar-se especialmente enérgica. Na verdade, o princípio da igualdade material que se infere da normatividade constitucional (art. 5º., caput e art. 3º., III, da CRFB/88), impõe ao Estado, através da ordem jurídica brasileira, a proteção das partes mais débeis nas relações privadas. E isto, independe do consentimento do protegido, é dever do protetor (Estado). Trata-se da eficácia vertical das normas constitucionais instituidoras dos direitos

3 http://www.iser.org.br/index2.php?id=11 4 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27062003censo.shtm - Acesso dia 12/12/09 5 Disponível em: http://jusvi.com/artigos/31842. Acesso em: 06/05/10


fundamentais Embora o Brasil, a partir da Proclamação da República (1889), tenha adotado a liberdade religiosa, não se pode raciocinar de forma a deduzir desta liberdade a desproteção de outros direitos de mesma grandeza, fundamentais por excelência. A República Federativa do Brasil, com a nova ordem constitucional de 1988, se constituiu sob o manto do Estado de Direito (art. 1º., caput, CRFB/88), fundamentada na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. Logo, o Estado não pode virar as costas aos conflitos sociais, privilegiando uma organização de direito privado, como é o caso da igreja, em detrimento da ordem pública, da força cogente da Constituição e dos direitos humanos nela previstos. O Estado, neste contexto, é o garante da ordem pública, da eficácia dos direitos fundamentais, estando legitimado a intervir para protegê-los, para torná-los eficazes (art. 5º, XXXV, CF/88). 4. Natureza Jurídica da Atividade Religiosa Encontrar a natureza jurídica de um determinado fenômeno supõe a sua precisa definição como declaração de sua essência e composição, seguida de sua classificação como fenômeno passível de enquadramento em um conjunto próximo de fenômenos correlatos. Definição (busca da essência) e classificação (busca do posicionamento comparativo), eis a equação básica de compreensão da natureza jurídica (DELGADO, 2004, p. 70). O ordenamento jurídico nacional classificou a igreja como pessoa jurídica de direito privado (art. 44, IV, Código Civil), outorgando-lhe ampla liberdade de estruturação e organização. A doutrina e jurisprudência vêm classificando esta atividade ora como de orientação espiritual, ora como um estado e não função6, ora como associação, ora como trabalho voluntário e, ainda, como vocação espiritual, o que a torna incompatível com a profissão de ofício. Nota-se, que mesmo a doutrina e a jurisprudência divergem quanto à natureza da atividade religiosa, o que permite concluir inexistir um consenso em torno do fenômeno. A princípio, há que se diferenciar a Igreja enquanto pessoa jurídica da doutrina religiosa, a qual possui normas de conduta próprias emanadas da divindade e que não estão sujeitas à normatização do Estado. É inegável a existência deste divisor de águas, em que se separa o privado do divino, a terra do céu. A igreja, mesmo sendo uma associação para alguns, ou uma entidade sem fins lucrativos para outros, transita no orbe jurídico como sujeito de direitos e deveres e não como um ente intocável, imaculado, imune à jurisdição. À título de ilustração: se a igreja não paga sua conta de luz ou de água, ou de telefone, obviamente, terá o serviço suspenso. Isto é o que ocorre com qualquer outra instituição ou cidadão. Dentro desta ótica, é fácil perceber que para todos os atos da vida civil ora elencados, em momento algum, a outra face da igreja, ou seja, o divino, o espiritual foi invocado para eximila de responsabilidade, pois está atuando na prática de atos terrenos. Por conseguinte, há que se submeter às regras também terrenas. Não há privilégios nem isenções nestas relações. Por outro lado, na relação igreja versus ministro religioso, a personalidade jurídica que a lei outorga à igreja desaparece,

deixa de existir. Invoca-se, no caso desta relação, a doutrina espiritual, a divindade, a Causa do Reino. Esta é a roupagem que a igreja utiliza nesta relação, a qual serve como um cobertor, um escudo protetor, mas não em favor do trabalhador, senão de quem se beneficia de sua força de trabalho. Para alguns juristas, como MARANHÃO (1992, p. 63), a igreja é uma associação e os sacerdotes os sócios. Logo não podem firmar contrato de emprego (expressão cunhado por José Martins Catharino) pois, neste, os interesses são opostos, senão diversos. E entre o sacerdote e a igreja (relação de associação) há de existir, por definição absoluta, comunhão de interesses, o que repele a relação contratual empregatícia. Não pode o sócio ser sócio e empregado ao mesmo tempo. Releva notar, que se há comunhão de interesses como na affectio societatis, haverá uma colaboração ativa, consciente, igualitária. Via de consequência, também haverá busca pelo lucro. Por esta angulação, a comparação perderia sustentabilidade. No caso específico de a igreja ser comparada a uma associação, não se pode perder de vista que o legislador ordinário pátrio, artigo 2º., parágrafo 1º. da CLT, equiparou as instituições beneficentes, as associações e outras instituições sem fins lucrativos à condição de empregador quando admitirem trabalhadores como empregados. Portanto, não há nenhum óbice para que haja vínculo empregatício para com as associações, instituições beneficentes, fundações e instituições sem fins lucrativos. O só fato de não perseguir finalidade lucrativa não impede a contratação. Outros juristas vêem o trabalho religioso como um trabalho voluntário. O trabalho voluntário tem as seguintes características segundo MARTINS (2009, 171-172): a) prestado por pessoa física, de forma pessoal; b) não há pagamento ou remuneração, salvo ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas para o desempenho das atividades e desde que expressamente autorizadas pela entidade em que for prestado o serviço voluntário; c) há espontaneidade na prestação do serviço; d) deve existir termo de adesão, constando objeto e condições de trabalho a serem prestados. Diante dessas considerações e características já se percebe a falta de identidade entre o trabalho voluntário e o religioso. O trabalho voluntário, como o próprio nome já diz, é espontâneo, gratuito, não gera sanção a ausência ao trabalho, não é remunerado, nem está inserido no rol dos segurados da previdência social. Já o trabalho religioso, não é espontâneo, há a assiduidade para aquele que assume a direção de uma igreja, há pagamento mensal ao ministro religioso para custeio das despesas pessoais e de sua família, o que traduz em contraprestação ao trabalho prestado, há proteção da seguridade social. Outros juristas, ainda, classificam a atividade religiosa como de ordem espiritual, vocacional, um chamado de Deus. Logo, incompatível com a profissão de ofício regida pela lei terrena. Impende ressaltar, que embora o trabalho seja de ordem espiritual, divina, em prol da Obra de Deus, ele é prestado aqui na terra. Em tese, se é prestado aqui na terra se sujeita também às leis terrenas. Tanto é verdade, que o legislador infraconstitucional enquadrou a atividade do ministro religioso como função e não como estado eclesiástico para fins de previdência social. Frise-se, ele exerce uma função, e função relaciona-se com profissão, aptidão, ofício. A legislação previdenciária (art. 11, V.,”c” da Lei 8.213/91) foi

6- MONTEIRO DE BARROS, Alice. Relação de Emprego. Trabalho Voluntário e Trabalho Religioso. Síntese Trabalhista. São Paulo, n. 130, p. 11-27. Abr-2000


clara ao considerar a atividade religiosa como profissão secular, o que é feito levando-se em conta a profissão, o ofício do trabalhador, não havendo nenhuma incompatibilidade com a vocação divina, com o estado sacerdotal, com o chamado que o Ministro Religioso tem para com a Obra de Deus. Esta incompatibilidade, pelo que se afigura, apenas se torna real no momento da contratação, do estabelecimento do vínculo de emprego entre o ministro religioso e a igreja, servindo verdadeiramente como manto protetor, mas do tomador dos serviços e não do prestador, a parte mais débil da relação. 5. VISÃO BÍBLICA SOBRE O TRABALHO E SEU ATRIBUTO DE DIGNIDADE HUMANA A palavra trabalho, etimologicamente, procede do latim – tripalium, que era um instrumento de três pontas, fincado no chão, em forma de pirâmide, no qual se amarravam os escravos e devedores de impostos ao Império Romano para serem torturados, castigados.7 Daí porque se concebeu que o trabalho é um castigo, uma tortura, uma penalidade. Esta visão prevaleceu desde a antiguidade até a Idade Média. De igual modo, para outros, o trabalho também é visto como um castigo de Deus decorrente da “queda” do homem. Esta concepção se apóia na Bíblia Sagrada, no Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17-19: “(...) em fadigas obterás dela (terra) o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado... .” Esta associação do trabalho como castigo, penalidade, não se sustenta por si só, porquanto não era o trabalho que produzia o resultado castigo, penalidade, mas a má conduta das pessoas, a violação a um preceito legal ou ao próprio mandamento de Deus que gerava a sanção. Contudo, o trabalho é fonte de utilidade e existe desde a criação do mundo. O próprio Deus deu o grande exemplo, pois tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou em 06 (seis) dias de trabalho, descansando no sétimo. O trabalho é uma realidade muito importante na vida humana. O homem, desde a criação, foi criado para trabalhar. Isto está expresso no livro inaugural da Bíblia: Gênesis 1:28 – que traz a ordenança de Deus para que o homem encha a terra e a sujeite; domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que ande pela terra. Também assim, em Gênesis 2:15 há outra ordenança de Deus para que o homem cultive e guarde o jardim do Éden. Trabalho é benção, não maldição, nem castigo pelo pecado, pois ele já existia antes da “queda” do homem. O próprio Deus foi quem o instituiu desde a criação. A vida depende do trabalho. Ele é a fonte do sustento próprio e dos que dele dependem. E na cosmovisão bíblica, todo trabalho é valorizado por igual, seja intelectual, seja manual. Pois todos são indispensáveis, mesmo os mais simples. O atributo do trabalho é proporcionar dignidade ao homem, uma vida em que todas suas necessidades básicas e de usa família sejam supridas. Em relação ao trabalho religioso, objeto deste estudo, a visão Bíblica é de que ele deve ser justamente valorizado. E é o que consta do Novo Testamento em várias passagens: 1ª. Epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 11: “Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Ao interpretar esta passagem bíblica assinala

CHAMPLIN (2002, p. 135-136): (...) que, se alguém, de acordo com seus dons espirituais, “serve” a outros e dedica o seu tempo a tal serviço, então aqueles que são servidos têm a responsabilidade de suprirem as necessidades físicas dessa pessoa esforçada, pois, ordinariamente, não terá ela tempo suficiente para ganhar a sua própria vida. Na vida ordinária é comum que aos bois se permita comer do fruto de seu trabalho. O soldado também é pago pelo seu serviço, e o lavrador, ainda que não seja o dono do campo onde trabalha, é pago pelo fruto colhido. Ora, se isso se aplica no terreno da vida ordinária, quanto mais no terreno espiritual. Toda igreja local tem a responsabilidade de sustentar seus ministros, pelo menos ao mesmo nível médio de abastança da congregação em geral. Ainda enuncia a 1ª. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 que: “Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que, os que servem ao altar, participam do altar?” Também na 1ª. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 14, há um comando esclarecedor, o qual legitima a proteção do trabalho religioso e demonstra que a vocação espiritual nada tem de incompatível com o trabalho, visto este sob a perspectiva de uma utilidade em prol de um objetivo, das pessoas e da comunidade: “Assim ordenou também o Senhor Jesus: aos que anunciam o evangelho que vivam do Evangelho”, vale dizer: aqueles que são servidos devem sustentar aos que os servem no evangelho. Todo trabalho, além do grau de satisfação que deve proporcionar a quem o presta, deve ser bem feito. Os reformadores entendiam isso muito bem quando diziam que toda profissão é fruto de vocação. Vocação não é só religiosa é secular também. E é sempre dada em prol do mundo. Ao arremate, termos na 1ª. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17, segundo o original hebraico: “os anciãos que governam bem, sejam dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino.” A honra aqui referida, apesar de subentender uma espécie de honra e respeito em geral, merecidos pelos bons anciãos, mais provavelmente se refere à remuneração financeira. Esta ordem indica que muitas igrejas estavam negligenciando esse dever, o que, de resto, tem sido autêntica tradição para toda a história da igreja não honrar aqueles que se esmeram no ensino do evangelho. Parece que a última coisa que um homem dedica a Cristo é seu dinheiro (Champlin, 2002, p. 338). Quando um homem ou uma mulher são chamados para um emprego particular secular, isso é uma vocação tão autêntica como se ele ou ela tivesse sido chamado para um trabalho religioso específico. O primeiro dever de um trabalhador é servir ao trabalho. E é dever da igreja cristã averiguar que o trabalho feito serve a Deus, e que o obreiro cristão serve ao trabalho. O bom senso, a ordem social e também as nossas próprias leis, exortam-nos a fim de que cada indivíduo seja recompensado pelo seu trabalho e conforme seu valor. Desse modo, para efeitos bíblicos e da dignidade da pessoa humana, não há distinção entre o trabalho secular, também vocacional, para o trabalho religioso, já que ambos são investidos de merecida honra, isto é, de reconhecimento, proteção. Por certo, que não podemos falar, nem exigir os mesmos direitos trabalhistas outorgados aos trabalhadores do

7- Disponível em: www.solidariedade.pt/UserFiles/File/conceito-trabalho-dm.doc - Similares. Acesso em 17/05/2010


século XXI para os do século IV d.C. Contudo, desde os primórdios da igreja cristã já se falava, de algum modo, no sustento, na proteção do trabalho religioso. 6. Elementos Morfológicos da Relação de Emprego Nas ciências biológicas, morfologia é o estudo das formas de que nos seres organizados se pode a matéria revestir; na lingüística é o estudo do aspecto formal das palavras 8. Na ciência do direito, morfologia dos contratos é o estudo dos elementos componentes da figura jurídica contratual. Os elementos essenciais constitutivos do contrato de emprego conforme ensina Delgado (1999 p.24-25) são: os elementos fático-jurídicos e os jurídicos formais. Os elementos fático-jurídicos são: prestação de trabalho por pessoa física a outrem, com pessoalidade, nãoeventualidade, onerosidade e mediante subordinação. Já os jurídico-formais, são os classicamente enunciados pelo Direito Civil: capacidade das partes; licitude do objeto; forma prescrita ou não vedada por lei (art. 104, I a III, Cód. Civil). A estes três, soma-se a higidez da manifestação de vontade ou consenso válido, sob pena de nulidade de qualquer ato que queira impedir ou fraudar as normas de tutela do direito do trabalho (art. 9º. CLT). Os elementos fático-jurídicos confirmam a existência da relação de emprego, os jurídicos formais tornam esta relação patente para provocar efeitos no mundo do direito. Conhecidos os elementos morfológicos do contrato de emprego passa-se à análise da presença destes na atividade do ministro religioso. O ministro religioso é pessoa física que coloca sua força de trabalho a serviço de outrem, a organização religiosa (entidade de direito privado - art. 44, IV, Código Civil). O cotidiano do ministro religioso, enfim, seu trabalho, constitui de celebrações clericais (cultos), realização de cerimoniais de batismo, casamento e formatura, orientação pastoral. É fácil inferir deste conjunto de atividades a pessoalidade e a continuidade da prestação laboral. Há também casos de os ministros religiosos, além das atividades eclesiásticas supracitadas, se ativarem como administradores das igrejas, contratando serviços de terceiros para reparos elétricos, hidráulicos, manutenção em geral, além de cuidar do financeiro, pessoal, programação de eventos, etc. Neste contexto, sua atuação passa a ser híbrida: ministro do evangelho e administrador da igreja. Controvérsias há em torno da onerosidade existente na prestação do trabalho religioso. O valor pago ao ministro religioso, ora denominado de prebenda, ajuda de custo, pró labore, mas, que na realidade constitui o salário pastoral, se destina a cobrir as despesas com o sustento dele e de sua família, tendo, portanto, a mesma natureza de salário, conceituado este no artigo 457 da CLT (Consolidação da Leis Trabalhistas). Trata-se de contraprestação devida e paga pelo empregador ao empregado, pelos serviços que lhe são prestados. Nesse sentido, o quantum recebido pelo pastor como contraprestação pecuniária pela força de trabalho despendida em prol da organização religiosa e de seus membros, beneficiários indiretos, na verdade, é a sua remuneração, já que não possui outra fonte de renda. Ponto de maior polêmica, no entanto, tem sido o da subordinação jurídica nas relações eclesiásticas. A doutrina e

a jurisprudência brasileiras entendem que não há subordinação jurídica no caso do ministro religioso, mas tão somente subordinação hierárquica. Conduzem-se, ora na esteira da negativa do vínculo de emprego, ora no seu reconhecimento. É o que veremos a seguir pelos julgados das Cortes Trabalhistas do Brasil:

I - NÚMERO ÚNICO PROC: AIRR - 740/2005-024-05-40 PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça - 05/09/2008 Andamento do Processo ACÓRDÃO 7ª TURMA IGM/lag/ss AGRAVO DE INSTRUMENTO

PASTOR EVANGÉLICO

RELAÇÃO DE

EMPREGO NÃO-CONFIGURAÇÃO REEXAME DE PROVA VEDADO PELA SÚMULA 126 DO TST. O vínculo que une o pastor à sua igreja é de natureza religiosa e vocacional, relacionado à resposta a uma chamada interior e não ao intuito de percepção de remuneração terrena. A subordinação existente é de índole eclesiástica, e não empregatícia, e a retribuição percebida diz respeito exclusivamente ao necessário para a manutenção do religioso. Apenas no caso de desvirtuamento da própria instituição religiosa, buscando lucrar com a palavra de Deus, é que se poderia enquadrar a igreja evangélica como empresa e o pastor como empregado. No entanto, somente mediante o reexame da prova poder-se-ia concluir nesse sentido, o que não se admite em recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST, pois as premissas fáticas assentadas pelo TRT revelam que a função exercida pelo Reclamante estava estritamente ligada à intimidade da consciência religiosa e à assistência espiritual desde a adesão à função de pastor por livre manifestação de vontade, não sendo hipótese de vínculo de emprego. Agravo de instrumento desprovido. II - Acórdão - Processo 10343-2006-211-04-00-4 (RO) Redator: CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA Data: 01/07/2009 Origem: Vara do Trabalho de Torres EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO. Recorrente: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. PASTOR EVANGÉLICO. Hipótese em que presentes os elementos configuradores da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, bem como demonstrado que o objetivo principal das atividades realizadas pelo autor era a obtenção de lucro em favor da reclamada, mediante a prestação de serviços que prescindem da vocação para o desenvolvimento da religiosidade e do culto espiritual, descaracterizando o ministério voluntário da confissão religiosa, a justificar seja reconhecida como de emprego a relação havida entre ambos. Recurso não provido. (...)

É possível vislumbrar a existência da subordinação jurídica nas relações eclesiásticas em situações como as citadas na Revista Vinde (atual Eclésia), de circulação no meio evangélico, como segue: Grande parte dos pastores, de fato, dão duro no santo batente dos cultos, aconselhamentos, visitas, cruzadas e um sem número de atividades eclesiásticas. Não obstante, há casos de ministros que são transferidos de uma cidade para outra à sua revelia, ou simplesmente mandados embora, sem uma moeda de indenização. Algumas vezes, segundo FRAGALLE (1999, p. 19), basta bater de frente com o mandachuva da

8 Holanda, Aurélio Buarque Ferreira de – Novo Dicionário Aurélio, 15a. ed. Rio: Ed. Nova Fronteira, 2002, p.945.


igreja para ganhar a rua da amargura, com mulher e filhos. A subordinação jurídica está presente em boa parte das relações eclesiásticas, porém não se pode dar tratamento isonômico a essas relações, uma vez que as igrejas se organizam de formas diversas. E a forma de contratação de seus ministros e o nível de sujeição é de acordo com a forma de governo adotada pela igreja. De modo que em um modelo pode estar claramente configurada a subordinação jurídica e em outro não está tão clara assim. O que se deve ter sempre em mente é que a subordinação é para com a igreja, como pessoa jurídica dotada de personalidade própria, numa relação de dependência econômica. É a igreja, formada pelos vários fiéis (sendo o ministro apenas um deles), quem elabora e aprova o estatuto e o regimento interno, fazendo constar lá toda a forma de administração, incluindo a formação/contratação do pastor, sendo ela também quem destitui ou demite os obreiros, não tendo eles, em regra, cargo vitalício, de modo que, não estando o pastor satisfazendo os interesses da igreja, ela simplesmente o afasta e coloca outro em seu lugar.

Na relação entre ministro religioso e igreja, a subordinação é conseqüência da submissão aos estatutos, à coordenação e às diretrizes da igreja. Há uma hierarquia entre pastores e bispos. Estes são quem coordenam a execução do trabalho daqueles numa determinada região do país. Esta coordenação se relaciona com o número de celebrações (cultos), dias e horários de ocorrência na semana, campanhas bíblicas, estratégias para o crescimento da igreja, administração financeira, etc. Não é demais lembrar, seguindo as pegadas do professor Delgado (2004, p. 390), que inexiste uma qualidade especial deferida pela lei a pessoas físicas ou jurídicas para emergirem como empregadores. Basta que se utilizem da força de trabalho de alguém (pessoa física). A relação de emprego se configura pela presença do empregado, daquele que despende sua energia, e não pela qualidade do sujeito contratante de tais serviços. 7. Tentativa de Solução do Problema a Partir de Uma Visão Pragmática do Direito e da Teoria dos Sistemas O direito é dinâmico e deve prevalecer sobre seu aspecto estático. O conflito que se apresenta como fonte desta pesquisa está girando velozmente na realidade social brasileira. É o que restou demonstrado no intróito deste trabalho em virtude do crescimento vertiginoso de fiéis e Igrejas Evangélicas no Brasil. Vê-se claramente, na relação sob exame, a existência de antecedente e consequente (p ‫ כֿ‬q): cresce o número de fiéis, logo, cresce o número de igrejas; cresce o número de igrejas, via de conseqüência, cresce o número de trabalhadores religiosos e também os conflitos trabalhistas. Todavia, nem a doutrina, nem a jurisprudência brasileira dominantes, salvo algumas exceções, admitem a tutela trabalhista ao serviço prestado às Igrejas Evangélicas. Não se pode olvidar, no entanto, que estamos tratando de um trabalho humano como outro qualquer, em que o prestador se sujeita às mesmas necessidades vitais básicas e aos mesmos riscos, infortúnios e enfermidades do trabalho secular. É notória sua dependência econômica nesta relação, já que a força de trabalho despendida é o garante de sua subsistência e de sua família. De outra parte, a força da tradição, costumes e dogmas

religiosos formaram, no curso da história de influência da igreja no poder temporal, regras que se incorporaram nos sistemas jurídicos e no pensamento dos cidadãos. Hoje, é inconcebível alguém aceitar que um Pastor deva receber salário, ter carteira de trabalho anotada, fundo de garantia recolhido, 13º. Salário (gratificação natalina), férias, dentre outros direitos trabalhistas básicos previstos na Constituição Federal Brasileira (art. 7º.). Afinal, toda pessoa que trabalha e que tem família, não precisa do pão de cada dia? Não precisa se vestir, assistir aos filhos, ter momentos de lazer e convívio social, ter assistência médica, hospitalar e social? O costume e a tradição religiosa e também o olhar da sociedade, incutem no hipossuficiente dessa relação jurídica empregatícia que sua recompensa está em outro mundo. Toda esta gama exclusivista e de abnegação geram a desproteção, coloca o trabalhador da Obra de Deus aqui na Terra num ponto distante da própria terra. Seguindo as pegadas de Hart, pode se concluir que esta realidade presente neste fenômeno social se apega ao hábito da obediência. É um critério, segundo Hart, claramente inducista. Enfim, cada Pastor de igreja tem internalizado em sua consciência e, por conseguinte, a sociedade também o tem, que as ordens dadas por quem manda (a Igreja com suas tradições, estatutos, costumes e dogmas) devem ser obedecidas. E assim, grande parte dessa coletividade de trabalhadores ligados por uma relação jurídica base age e pensa da mesma forma (CAÑAL, 2003, p. 20-21). Esta construção foi formada ao longo da história da humanidade, um processo gerado principalmente pelo poderio e influência da Igreja Católica, a qual instituiu o “voto de pobreza” e a total abnegação aos bens materiais por quem exerce qualquer trabalho na Obra de Deus aqui na terra. É a obediência apegada à força do hábito (Hart, apud Cañal, 2003, p. 21). A Igreja sempre ostentou uma relação com o poder político temporal. Por isso ditou o direito e gerou o hábito da obediência por força do costume, não só sobre os ministros religiosos, mas sobre toda a sociedade. Não se pode esquecer que se trata de uma instituição que se move no tempo com sentido de permanência e tem como objetivos a ordem e a disciplina social, além do monopólio do discurso e do consenso nas questões relativas ao sagrado. A reflexão de cunho jurídico-social que deve ser feita, à luz do direito e da justiça, não raro esquecida pelos julgadores, é que não há como negar ao ser humano o patamar mínimo civilizatório destinado à sua sobrevivência. E que o agir em direção oposta implica em retrocesso social, além de contribuir para o desmoronamento do grande arcabouço jurídico de proteção dos direitos da pessoa humana, ínsitos nos pactos firmados pela comunidade internacional9. Sob o prisma jurídico, a Carta Magna Brasileira vigente, em seu art. 1º., III e IV, assinala que a República Federativa do Brasil, constituída em um Estado Democrático de Direito, tem, dentre seus fundamentos: III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho. Ainda no catálogo dos direitos fundamentais, numa segunda dimensão, assinala a referida Carta que o trabalho é um direito social fundamental (art. 6º ). Neste mesmo jaez, enuncia a Lei Maior que a ordem econômica brasileira se funda na valorização do trabalho humano (art. 170) e que a ordem social tem como base o primado do trabalho (art. 193). O sistema jurídico nacional, além de tutelar o trabalho e a

Dentre eles, poderíamos citar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1976 e a


dignidade do trabalhador eleva-os, ora como alicerce do Estado Democrático de Direito, ora como fundamento da ordem econômica, ora como primazia da ordem social. Portanto, é legítima e justa a reivindicação por inclusão do trabalho religioso no sistema de proteção trabalhista. O direito comum infraconstitucional posto como alicerce das decisões que negam a proteção do trabalho religioso vulnera o sistema jurídico sob a perspectiva de conjunto harmônico, porquanto incongruente com as normas de proteção do trabalhador, de sua dignidade, de erradicação das desigualdades sociais e de valorização do trabalho humano. Lado outro, vulnera o sistema sob a perspectiva de relacionamento, de convivência ordenada entre si, uma vez que as normas balizadoras da negativa da tutela trabalhista são postas de forma desordenada, num relacionamento de incoerência com os princípios e comandos contidos na Constituição Federal e nos tratados de direitos humanos integrantes da ordem jurídica nacional. Nesta categoria de análise: sistema religioso e sistema jurídico, já se percebe a desconectividade e a vulnerabilidade do direito de fundo ou direito substancial. A doutrina e a jurisprudência brasileiras ao negarem a tutela trabalhista ao trabalhador religioso fazem apoiadas, sobretudo, em comandos consuetudinários de quem exerce o poder temporal religioso: a igreja. Este é o fundamento preponderante, embora acresçam a ausência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego: onerosidade, subordinação e não eventualidade. Contudo, não dão eficácia às normas constitucionais e aos tratados internacionais de cunho social supracitados. O que se depreende é uma inversão na hermenêutica jurídica. Vale dizer, a Constituição e os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, Civis, Políticos, Econômicos e Sociais são interpretados à luz do costume religioso e das leis ordinárias, e não estes em função daqueles. O aplicador do direito não pode se esquecer de que o direito do trabalho é energia concentrada nos Direitos Humanos. Sem os direitos mínimos, a igualdade será meramente retórica. Sem as liberdades, a igualdade não se justifica. Na relação sob exame: trabalhador religioso versus Igreja Evangélica tem-se como elemento comum (secante) a força de trabalho despendida. A questão de fundo é qual o custo desta força de trabalho? Para responder a esta pergunta é necessário saber até onde o Direito do Trabalho se aplica a esta relação? A despeito de toda a construção jurídica alinhavada neste estudo, é oportuno o recurso à teoria dos sistemas, a fim de encontrar qual hipótese de direito se está vivenciando neste conflito. Senão vejamos: S1 – Efetividade, Moral, Realidade e Normas S2 – Interpretação e Normas S3 – Deus e Normas Tem-se que o elemento comum (secante) nos sistemas apresentados é a norma. Se o elemento comum (secante) é a norma, e na pirâmide de Kelsen as normas substanciais pertencentes ao sistema constitucional social e aos tratados internacionais de direitos humanos situam-se em seu vértice, convergindo, desse modo, para a tutela dos direitos do trabalhador religioso, não se justifica, nem se vislumbra coerência lógica no fato de tais normas, na análise desse fenômeno, ficarem relegadas à base, a um plano inferior.

Em contrapartida, o elemento que não é comum nos três sistemas o é nas decisões proferidas pelos tribunais brasileiros. Vale dizer: a interpretação do direito a partir dos costumes e tradições religiosas tem triunfado sobre as normas substanciais de hierarquia superior, resultando numa hipótese de direito anormal. Conclusão Diante de todo o exposto, o que se conclui a respeito do objeto desta investigação a partir da teoria dos sistemas é uma hipótese de direito anormal em que as normas substanciais contidas no constitucionalismo social brasileiro e nos tratados internacionais de direitos humanos, integrantes do ordenamento jurídico nacional, permanecem só em palavras, seja porque as leis encarregadas de regulá-las o fazem vagamente, seja porque as normas de tipo formal não asseguram seu cumprimento ou as contrariam, sendo o nível de acatamento pelos julgadores muito baixo. Como conseqüência, cresce o conflito e também a desigualdade. Neste caso, podemos sustentar que o direito fracassa em sua função básica de regulador de condutas, simplesmente porque carece de eficácia. Apropriado, in casu, o pensamento de Ihering (2008, p. 61) que, em sua agudez, pontifica: “Quando o direito é expulso do lugar que lhe pertence, não devemos culpar a injustiça, mas o direito que com isso conformou.” REFERÊNCIAS AMORIM, Guedes de. Francisco de Assis: renovador da humanidade. Petrópolis: Vozes, 1965. BÍBLIA SAGRADA. Revista e Atualizada. 2ª. ed., Traduzida por João Ferreira de Almeida, 1993. CAÑAL, Diana Regina. Una Visión Pragmática Del Derecho. Quorum, 2003. Una Visión Pragmática Del Derecho. Quorum, 2003 CHAMPLIN, Russel Norman. O Novo Testamento Interpretado. São Paulo: Editora Hagnos, 2002, p. 135-136 O Novo Testamento Interpretado. São Paulo: Editora Hagnos, 2002b, p. 338.FILAS, Rodolfo Capón. Derecho Del Trabajo. Buenos Aires-Ar: Platense,1998. Derecho Del Trabajo. Buenos Aires-Ar: Platense, 1998. CUEVA, Mario de la. Derecho Mexicano Del Trabajo. México, Ed. Parrúa, 1949. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 3ª. ed., São Paulo: Editora LTr, 2004. Curso de Direito do Trabalho. 3ª. ed., São Paulo: Editora LTr, 2004b Contrato de Trabalho. São Paulo:1999, p.24-25 Curso de Direito do Trabalho. 3ª. ed., São Paulo: Editora LTr, 2004c, p. 390 FRAGALE FILHO, et al. Apud Revista Vinde, nº 44, julho, 1999. IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. 2ª. Ed. São Bento do Sul-SC, Editora Martin Claret, 2008. MARANHÃO, Délio. Direito do Trabalho. 16ª. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV. 1992. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25ª. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2009, p. 171-172 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva, et al. Manual do Trabalho Voluntário e Religioso: aspectos fiscais, previdenciárpios e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2002.


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S pes


A TERCEIRIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO1

Elvecio Moura dos Santos2

SUMÁRIO. 1 - O fenômeno da terceirização. 2 - Vantagens e desvantagens da terceirização. 2.1 - Vantagens. 2.2 - Desvantagens. 3 - Disciplinamento legal da terceirização. 4 - Terceirização lícita e intermediação ilegal de mão-de-obra. 5 - A atuação do Ministério Público do Trabalho em relação à terceirização. 6 - Conclusão. 7 - Bibliografia.

1. O fenômeno da terceirização

A palavra terceirização não se encontra nos dicionários, nem o fenômeno está definido em lei, mas é termo de uso corrente nos dias atuais, principalmente no meio empresarial. O termo aparece sob diversas outras denominações, a saber: subcontratação, terceirização, parceria, horizontalização, desverticalização, exteriorização do emprego, desconcentração empresarial, contrato de fornecimento ou de locação de mão-de-obra, recontratação, focalização, especialização focalizada, merchandising, etc. Os doutrinadores, cada um procurando evidenciar uma faceta peculiar desse fenômeno, apresentam-nos diferentes conceitos para o vocábulo em questão. Para Sérgio Pinto Martins, a terceirização “consiste na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa” (In, A Terceirização e o Direito do Trabalho, Malheiros, S. Paulo, 1995). A seu turno, Luiz Carlos Amorim Robortella, observa que “a palavra terceirização incrustou-se definitivamente ao processo econômico, indicando a existência de um terceiro que, com competência, especialidade e qualidade, em condição de parceria, presta serviços ou produz bens para a empresa contratante” (In, O Moderno Direito do Trabalho, Ed. LTr., S. Paulo, 1994). Na verdade a terceirização faz parte de um outro fenômeno gigantesco chamado globalização da economia, capitaneado pelas empresas transnacionais, fazendo com que caíssem as fronteiras que separam os países no que diz respeito às regras

impostas pelos investidores, montadas no binômio minimização dos custos/maximização dos lucros. Objetivando cortar gastos, o custo com o pessoal passa a ocupar a lista de prioridades, pois está sob o controle direto do empresário, o que não ocorre com os insumos e os tributos, que dependem de negociação com os fornecedores e da sensibilização do Governo. Aqui entra em cena um outro termo muito em moda nesses tempos em que ocupam a ordem do dia os princípios neoliberais, qual seja, a flexibilização dos direitos trabalhistas. Flexibilização, a seu turno, nada mais é do que a desregulamentação do sistema protetivo do Direito do Trabalho, que tem como pilares de sustentação os princípios: da proteção, da norma mais favorável, da condição mais benéfica e da primazia da realidade, dentre outros. Os direitos trabalhistas foram conquistados pela classe obreira através de muita luta nos albores da Revolução Industrial que, não raro, custou vidas de trabalhadores dentro e fora da fábrica, ante as intransigências de ambas as partes e a inércia do Governo, que em nome do liberalismo econômico e do individualismo contratual, a tudo assistia indiferente, pois raciocinava ser aquele um problema que as próprias partes devessem solucionar, mesmo estando ocorrendo jornadas excessivas, exploração do trabalho de mulheres e de crianças, e sem qualquer preocupação com a higiene, a segurança e a medicina do trabalho. Ocorre que a concentração de grandes massas de trabalhadores no parque industrial tornou-se ambiente

1 - A terceirização e a atuação do Ministério Público do Trabalho”. In, Revista do Ministério Público do Trabalho, nº 15, p. 53-63, LTr, S. Paulo, 1998. 2 - Desembargador Federal do Trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - Goiás, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás, doutorando em Direito Laboral pela Universidade de Buenos Aires - UBA e Professor Universitário em Goiânia. - A terceirização e a atuação do Ministério Público do Trabalho”. In, Revista do Ministério Público do Trabalho, nº 15, p. 53-63, LTr, S. Paulo, 1998.


propício à formação da consciência de classe e ao surgimento dos sindicatos obreiros, como equilíbrio de forças para contrapor ao poder de mando do empregador. Com o recrudescimento das relações entre empregados e empregadores, o Governo houve por bem intervir mediante a regulamentação do contrato de trabalho, disciplinando a duração da jornada, os períodos de repouso, as férias, o trabalho do menor e da mulher, o meio ambiente de trabalho e muitos outros direitos trabalhistas que, no caso do Brasil, decorreu mais de uma benesse do poder público, do que da luta da classe obreira, resultando em verdadeiros ordenamentos jurídicos eivados de normas protetivas, a exemplo de nossa CLT. Àquele tempo a mão-de-obra, ao lado do capital e dos maquinários e instalações, formava o clássico tripé dos fatores econômicos responsáveis pela geração de riqueza (terra, trabalho e capital), cada um deles de fundamental importância no processo de produção. O modelo empresarial então adotado, propiciava a surgimento de grandes estruturas organizacionais departamentalizadas, que abrangiam todas as etapas de fabricação de um determinado produto, além das atividades de apoio inerentes à manutenção da referida estrutura, de modo que era necessária a contratação de pessoal para as diferentes áreas em que atuava. Como se sabe, os economistas classificam os setores da produção em primário, secundário e terciário. No setor primário desenvolvem-se as atividades ligadas à própria terra, quais sejam, agricultura, caça, pesca e florestas; no secundário, inserem-se aquelas inerentes às indústrias de extração, de transformação, de manufatura, de obras, etc.; finalmente, no setor terciário, encontram-se as atividades ligadas à prestação de serviços e à comercialização de bens e produtos gerados nos outros dois setores. A Revolução Industrial verificada no último quartel do Século XVIII fez com que o setor secundário ocupasse posição de destaque, o qual durante muito tempo dominou a economia de forma hegemônica. Entretanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, muitos postos de trabalho foram fechados na indústria, em face da racionalização dos métodos de produção e do início da utilização da robótica. Ocorre que por um milagre da própria economia, inúmeras vagas foram abertas no setor terciário, graças ao incremento do comércio e da prestação de serviços, fazendo com que a mão-de-obra continuasse sendo um fator indispensável à geração de riqueza. Foi nesse período que iniciou esse fenômeno hoje conhecido como terceirização, motivado pelo fato de que os empresários optaram por manter em seus quadros apenas os trabalhadores ligados à sua atividade principal, transferindo a terceiros a realização de serviços periféricos, de apoio e manutenção do parque industrial. Visto que a engenhosidade humana tem um ilimitado poder

de criação, a partir da segunda metade deste Século XX uma outra e mais avassaladora revolução veio de ocorrer, colocando em xeque os métodos de produção e de prestação de serviços até então existentes, qual seja, a Revolução Tecnológica, com o agravante de não existir o setor quaternário da economia para absorver o excedente de mãode-obra dispensado. A partir dela as informações processadas pelos chips dos computadores passaram a navegar a velocidades fantásticas pelos mais diferentes meios de transmissão de dados e, no que se refere às relações de emprego, acarretou o fechamento de postos de trabalho e tornou desnecessária a presença física do trabalhador dentro da empresa, pois da sua própria casa poderá desempenhar suas tarefas através de um terminal de computador. Na busca da diminuição dos custos de produção, os empresários não só lançam mão dos recursos tecnológicos disponíveis no mercado para substituir mão-de-obra, como procuram diferentes formas de desregulamentar o Direito do Trabalho, como é o caso do modelo adotado no Brasil, de modo que embalados pela onda terceirizante que grassa sobre o mundo capitalista, transfere a terceiros até mesmo a realização de tarefas que estão ligados a sua atividade-fim. Ocorre que a terceirização, quando feita fora das hipóteses legais pode configurar fraude à legislação trabalhista, com graves conseqüências para o próprio empresário.

2. Vantagens e desvantagens da terceirização As pessoas que se propõem a discutir este assunto procuram evidenciar as vantagens e as desvantagens da terceirização, segundo as suas convicções filosóficas e os seus interesses decorrentes de uma eventual adoção da medida. Interessante destacar que as vantagens, geralmente, são vistas sob a ótica do empresário, enquanto que as desvantagens situam-se do lado do empregado, senão vejamos: 2.1 - Vantagens: a) - transfere a terceiros a realização de tarefas ligadas à atividade-meio, liberando a empresa para aperfeiçoar-se na atividade-fim; b) - propicia a redução do quadro de empregados; c) - propicia a redução dos custos; d) - propicia a transformação dos custos fixos em custos variáveis; e) - permite à empresa acompanhar o desenvolvimento tecnológico; f) - faz com que a empresa torne-se mais competitiva; g) - torna a administração mais leve e menos regulamentada; h) - pulveriza a atividade sindical; i) - propicia ao empregado a oportunidade de ser dono do seu própio negócio;


j) - possibilita a transferência a terceiros de parte dos riscos do negócio. 2.2 - Desvantagens a) - expõe-se aos riscos de contratação de empresas inidôneas; b) - propicia a ocorrência de fraude aos direitos trabalhistas, em decorrência das falsas terceirizações; c) - acarreta o rebaixamento do padrão salarial e dos benefícios dos empregados; d) - acarreta a inobservância das normas de segurança do trabalho; e) - aumenta o desemprego; f) - dificulta a filiação, a organização e a militância sindical; g) - cria-se conflitos de comandos sobre os trabalhadores; h) - retira do trabalhador a possibilidade de participar dos lucros do empreendimento onde trabalha; i) - retira do empregado a perspectiva de fixar-se a um mesmo tomador de seus serviços e de crescer junto com o empreendimento. Corroborando a assertiva de que a terceirização é desvantajosa para o trabalhador, “pesquisa do DIEESE mostra que 72,5% dos benefícios sociais das empresas prestadoras de serviços (as terceiras) contratadas são menores que os vigentes na empresa cliente. O nível salarial é inferior ao praticado pelas tomadoras de serviços em nada menos que 67,5% das empresas subcontratadas” (In, Revista LTr nº 6010, p. 1324).

3 - Disciplinamento legal da terceirização

Por incrível que pareça, a despeito da prática corrente desse mecanismo empresarial, no Brasil ainda não se editou lei disciplinando a terceirização em seus múltiplos aspectos (exigências legais, definição das atividades, direitos trabalhistas, responsabilidade subsidiária, etc.), a exemplo do que fez o Japão através da Lei do Trabalhador Subcontratado de 1985. Na verdade, o que existe em nosso ordenamento jurídico são algumas normas esparsas, à luz das quais os Tribunais Trabalhistas têm julgado as ações envolvendo a terceirização, conforme demonstraremos na seqüência. A Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 455, trata da responsabilidade do empreiteiro principal em relação às obrigações trabalhistas devidas pelo subempreiteiro, decorrentes dos contratos de subempreitadas, que a seu turno é uma forma de terceirização de serviço. O art. 445, c/c § 2º do art. 443, da CLT, regulamenta celebração de contratos de trabalho por prazo determinado, o que, de certa forma, sinaliza para a flexibilização dos direitos trabalhistas.

Entretanto, foi pelas portas da Administração Pública, que a terceirização começou a entrar em cena em nosso País. De fato, o Decreto-lei nº 200, de 25/02/67, que trata da organização da Administração Federal e fixa diretrizes para a reforma administrativa, dispõe em seu art. 10 e respectivo § 7º, in verbis:

“Art. 10 - A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. ................................................................................................. § 7º - Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização das tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.”

Pouco tempo depois, foi editada a Lei nº 5.645, de 10/12/70, que, em seu art. 3º, parágrafo único, relaciona os serviços que serão, de preferência, contratados pela Administração Pública, na forma do dispositivo legal acima transcrito, a saber: “atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas”. Mais tarde, veio a Lei nº 6.019, de 03/01/74, que trata do trabalho temporário nas empresas urbanas, definido como sendo aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço (art. 2º), cuja duração do contrato entre a empresa prestadora e a tomadora do serviço temporário não poderá exceder a 3 (três) meses (art. 10). Posteriormente veio a lume a Lei nº 7.102, de 20/06/83, que disciplina a prestação de serviços de segurança para os estabelecimentos financeiros, através de empresas especializadas de vigilância e de transporte de valores. Em decorrência das inúmeras ações trabalhistas, tendo por base a terceirização, o Tribunal Superior do Trabalho, aprovou, pela Resolução nº 4/86, o Enunciado nº 256, com a seguinte redação: “Enunciado nº 256 - Contrato de prestação de serviços. Legalidade.

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03/01/74 e 7.102, 20/06/83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.”

Referido enunciado foi alvo de inúmeras críticas, ora sob o fundamento de que o TST havia se arvorado na função de legislador, ora sob a alegação de que era preciso reconhecer que além dos casos ali enumerados, existem muitas outras hipóteses de terceirização lícita, envolvendo empresas de prestação de serviços ligados às atividades-meio do tomador. Assim, a mais alta instância da Justiça do Trabalho, houve por


bem revisar o Enunciado nº 256, mediante a edição, em dezembro/93, de um outro enunciado, o de nº 331, in verbis:

“Enunciado nº 331 - Contrato de prestação de serviços. Legalidade. Revisão do Enunciado nº 256.

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03/01/74). II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da Constituição Federal). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20/06/83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666/93)”.

Como se vê, a jurisprudência trabalhista manteve a restrição à subcontratação; afastou a possibilidade de formação de vínculo com a Administração Pública; considerou lícita, não só a terceirização relativa aos serviços de vigilância, mas, também, aquela afeta aos serviços de conservação e limpeza, e de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, contanto que não haja a pessoalidade e a subordinação direta; finalmente, deixou clara a existência da responsabilidade subsidiária do tomador. Com base nesse conjunto de normas, podemos, então, distinguir a terceirização lícita da ilícita intermediação de mão-de-obra.

4 - Terceirização lítica e intermediação ilegal de mão-deobra

Conforme registramos acima, do ponto de vista econômicoempresarial, o fenômeno em análise é espetacular e traz inúmeras vantagens, entretanto, do ponto de vista jurídicotrabalhista, constitui-se numa forma de violação dos valores sociais do trabalho, daí porque é necessário distinguir-se a terceirização lícita da ilícita intermediação de mão-de-obra. Considerando que não temos uma lei que trate especificamente da questão e que os dispositivos legais acima citados, ao lado do entendimento jurisprudencial do TST, não contemplam todas as possíveis situações fáticas, o critério

mais utilizado para separar-se a lícita da ilícita, é aquele que toma por base a atividade a ser terceirizada, a saber: atividademeio e atividade-fim. Assim, via de regra, lícita é a terceirização ligada à atividademeio do tomador dos serviços, enquanto aquela ligada à atividade-fim, é tida como ilícita intermediação de mão-deobra, acarretando, como conseqüência, a formação do vínculo empregatício diretamente com o tomador, por força do art. 9º c/c arts. 2º e 3º, todos da CLT. Existem alguns parâmetros para se identificar qual atividadefim de uma empresa, a saber: I) - aquela que consta dos atos constitutivos (contrato ou estatuto social) como sendo o objeto social da empresa; II) - aquela que, por representar a vocação principal da empresa, recebe a maior concentração dos seus esforços; III) - aquela que faz com que a empresa se torne especializada em seu segmento, fruto da busca da eficiência e da competitividade. Assim, à guisa de exemplos, podemos citar as seguintes atividades-meio, nas quais pode ser feita a terceirização de forma lícita, a saber: a) - serviços de conservação e limpeza; b) - serviços internos de segurança; c) - preparo de alimentos para fornecimento aos empregados; d) - serviço de auditoria; e) - serviço de contabilidade; f) - serviço de assistência médico-odontológica; g) - serviço de assessoria jurídica; h) - serviço de mensageiro; i) - serviços de propaganda; j) - creche; k) - serviços de manutenção de máquinas, de elevadores, de equipamentos de informática, etc.; l) - distribuição de grandes volumes de correspondências; m) - serviço de seleção, cursos e treinamento de pessoal; n) - digitação; o) - transporte; p) - vendas, de acordo com a legislação que disciplina a representação comercial. Por outro lado, representa indícios de terceirização ilícita, a existência de empregados na empresa tomadora, exercendo as mesmas funções que as dos trabalhadores terceirizados. Outro indício de fraude é a terceirização feita por meio de empresa não especializada no serviço que oferece, sem capacitação e sem organização para realizar o que se propõe, onde o tomador visa tão-somente à diminuição de seus custos. Pelo exposto temos que é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que não podem ser terceirizados serviços ligados à atividade-fim da empresa, entendidas estas como sendo aquelas para a qual a empresa fora constituída. “Atividade-fim, portanto, é a que normalmente vem descrita no contrato social da empresa. São atividades típicas de manufatura dos produtos e nelas está presente a tecnologia de


fabricação, que é a alma da empresa.” (Adriana Bizarro, in, Suplemento Trabalhista 003/95, p. 13/15)

5 - A atuação do Ministério Público do Trabalho em relação à terceirização

De acordo com o art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ainda, conforme a Carta Magna, são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF). A seu turno, a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75, de 20/05/93), em seu art. 6º, inciso VII, alíneas “c” e “d”, ao tratar da competência do Parquet, atribui-lhe a defesa dos interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos, dentre outros, assegurando-lhe, como instrumento de atuação, o inquérito civil e a ação civil pública. Especificamente, no caso do Ministério Público do Trabalho, referida LC nº 75/93, em seus arts. 83, III, e 84, inciso II, assegura competir a este ramo do Parquet, o ajuizamento da ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos, podendo, ainda, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis para assegurar a observância dos direitos sociais constitucionalmente garantidos aos trabalhadores. É cediço que os direitos sociais constitucionalmente garantidos aos trabalhadores estão elencados, em sua maioria, no art. 7º da Carta Magna, ao longo de seus trinta e quatro incisos. É, ainda, a Constituição Federal que elenca dentre os princípios fundamentais do nosso País, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, inciso III e IV, CF). Mais adiante, ao tratar da Ordem Econômica e Financeira (art. 170, caput e inciso VIII, CF), o constituinte pátrio reafirmou a valorização do trabalho, ao lado da livre iniciativa, de modo a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, tendo como princípio norteador a busca do pleno emprego. Nessa linha de princípios protetivos do trabalho, a vigente Carta Magna, ao tratar da Ordem Social (art. 193), arrematou assegurando que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Como se vê, o trabalho subordinado mereceu do legislador constituinte tratamento especial e prioritário, de forma a garantir dignidade aos obreiros, não só através do pleno emprego, mas, também, da justa contraprestação do serviço, mediante a observância de direitos mínimos, como: salário mínimo, piso salarial, jornada de trabalho, repousos, férias, 13º salário, FGTS, adicionais, aviso prévio, etc. A seu turno, o art. 9º da CLT fulmina de nulidade qualquer ato tendente a desvirtuar, impedir ou fraudar as normas trabalhistas. De se destacar que a terceirização ilegal é repudiada, não só entre nós, mas também na meca do capitalismo, de onde sopram fortes os ventos da flexibilização dos direitos trabalhistas, conforme se pode ver pelo recente artigo publicado em jornal de grande circulação, in verbis:

“DURO GOLPE NA TERCEIRIZAÇÃO A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a terceirização de serviços nas empresas privadas à custa da demissão de funcionários. Os juízes da Corte - a maior instância jurídica nos EUA, equivalente no Brasil ao Supremo Tribunal Federal (STF) - entendem que as empresas não têm o direito de dispensar seus trabalhadores sob alegação de cortar gastos, reduzir despesas trabalhistas ou enxugar administrações (...)” (In, Jornal do Brasil de 14/05/97, pág. 20)

Assim, nos casos de terceirização ilegal, o Ministério Público do Trabalho intervém para fazer valer os direitos sociais constitucionalmente garantidos aos trabalhadores, lançando mão dos mecanismos legais que estão ao seu dispor, quais sejam, o inquérito civil e a ação civil pública, a fim de afastar a mercantilização do trabalho, na defesa do princípio da dignidade da pessoa humana e na busca do pleno emprego, que constituem-se em interesses transidividuais (coletivo, difuso ou individual homogêneo).

6 - Conclusão Não resta dúvida de que a terceirização é um fenômeno atual, fruto da globalização da economia e da flexibilização dos direitos trabalhistas, de modo que em sendo lícita não encontra óbice em nosso ordenamento jurídico. Entretanto, se for do tipo ilícita, sujeitará os tomadores da mão-de-obra a todas as conseqüências decorrentes da contratação direta. A doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de considerar lícita a terceirização nos seguintes casos: a) - trabalho temporário, desde que observadas as disposições constantes da Lei nº 6.019, de 03/01/74; b) - serviços de vigilância disciplinados pela Lei n 7.102, de 20/06/83, e alterações posteriores; c) - serviços de conservação e limpeza;


d) - outros serviços especializados afetos às atividades-meio do tomador, desde que inexista a pessoalidade e a subordinação direta. Por outro lado, é ilícita a terceirização quando: a) - tratar-se de serviços ligados à atividade-fim do tomador; b) - existir a pessoalidade e a subordinação direta, entendidas estas como sendo o fato de o tomador reservar-se no direito de escolher o prestador de serviços, além de ministrar ordens diretamente ao obreiro. De se destacar que em, qualquer caso, o tomador dos serviços fica subsidiária ou solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas, desde que figure como reclamado da ação e conste da sentença condenatória. Ao Ministério Público do Trabalho, enquanto órgão defensor da ordem jurídica, cabe a adoção das medidas destinadas a afastar a mercantilização do trabalho, com vistas à garantia da dignidade da pessoa humana e ao alcance do pleno emprego, que são princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Assim, considerando que a terceirização ilícita termina por retirar dos obreiros inúmeros direitos sociais constitucionalmente garantidos, mormente aqueles constantes do art. 7º da Carta Magna, incumbe ao Parquet Trabalhista a instauração de inquéritos civis e o ajuizamento de ações civis públicas, com vistas a reprimir a prática da ilegal intermediação de mão-de-obra, além de buscar a condenação dos envolvidos em multas pela lesão perpetrada e pela eventual recalcitrância (art. 11, da Lei nº 7.347, de 24/07/85), sem prejuízo da obrigação de se abster de terceirizar ilicitamente.


7 - BIBLIOGRAFIA

01 - ABDALA, Vantuil. Terceirização: atividade-fim e atividade-meio - responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. In, Revista LTr nº 60-05, p. 587-90.

08 - DINIZ, José Jangüiê Bezerra. O fenômeno da terceirização. In, Revista LTr nº 60-02, p. 204-9.

02 - BARROS, Alice Monteiro de. Terceirização no Direito do Trabalho. In, Revista do IGT nº 1, pág. 23.

09 - FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. A terceirização no serviço público. In, Revista LTr nº 60-04, p. 472-6.

03 - BERNARDES, Hugo Gueiros. Flexibilização e proteção à saúde dos trabalhadores nas convenções coletivas. In, Revista LTr nº 61-03, p. 301-4.

10 - FURTADO, Emmanuel Teófilo. Contemporizando a terceirização. In, Revista LTr nº 57-11, p. 1318-21.

04 - BIZARRO, Adriana. A terceirização e o Ministério Público do Trabalho. In, Suplemento Trabalhista LTr nº 003/95, p. 13-15. 05 - BRITO, Armando de. O contrato realidade e a terceirização. In, Revista LTr nº 58-02, p. 135-40. 06 - CARDONE, Marly A. Terceirização no Direito do Trabalho e na economia. São Paulo: LTr, 1993. 07 - DELGADO, Maurício Godinho. A Terceirização no Direito do Trabalho Brasileiro. In, Revista LTr nº 58-10, p. 1213-7.

11 - LEÃO, Joselita Cardoso. A Terceirização como instrumento da flexibilização do mercado de trabalho. In, Revista do Ministério Público do Trabalho, ano VI, nº 11, março de 1996, Brasília-DF. 12 - MARTINS, Sérgio Pinto Martins. A Terceirização e o Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1995. 13 - MELHADO, Reginaldo. Globalização, terceirização e princípio de isonomia salarial. In, Revista LTr nº 60-10, p. 1322. 14 - ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1994.


John Stuart Mill e o conceito de direitos morais Rodrigo Diniz Cury (S)1 RESUMO O presente trabalho estuda o conceito de direitos morais elaborado por John Stuart Mill, principalmente a partir da análise do quinto capítulo de sua obra “Utilitarianism”. Concebido como fundamento de uma teoria utilitarista de justiça, o conceito milliano de direitos morais engloba a idéia de que normas não-legais possibilitam a criação de direitos, como acontece, por exemplo, com as normas de cunho moral existentes em uma sociedade, normas estas capazes de estabelecer obrigações morais e, conseqüentemente, gerar direitos morais. Nesse sentido, Mill contribui para o fortalecimento de uma corrente alternativa de pensamento. Assim, o direito pode encontrar fundamentos não só em bases intuitivas e absolutas, ou somente no ordenamento jurídico positivo, mas também na moralidade positiva. Segundo Mill, na avaliação de condutas como justas (corretas) ou injustas (incorretas), deve valer um critério envolvendo aspectos jurídicos e morais, onde o conceito de direito moral aparece e funciona como referencial.

1. Introdução

Em 1861, no periódico inglês “Fraser’s Magazine”, John Stuart Mill publica, em capítulos, o que viria a ser o livro “Utilitarianism”. Nesta obra, Mill lança novos fundamentos para o “princípio da utilidade”, refinando assim esta teoria. Na última parte do “Utilitarianism”, o capítulo V, o autor trabalha os conceitos de “utilidade” e “justiça”, buscando compatibilizá-los, para, desta forma, procurar eclipsar uma das mais fortes vertentes críticas ao utilitarismo. Segundo Mill, “um dos mais fortes obstáculos à aceitação da Utilidade ou da Felicidade como critério do certo e do errado tem sido extraída da idéia de Justiça” (MILL: 2000, p. 69). Tal indisposição se dá, explica o autor, principalmente em virtude da aceitação por muitos de que o conceito de justiça é fruto de um sentimento oriundo da intuição intelectual, uma idéia absoluta, deduzida da própria natureza humana, e, portanto, impassível de ser modulada frente aos ditames práticos da razão. Obviamente, Mill não concorda com esta visão intuitiva da idéia de justiça, e, assim, passa a defender que a justiça deve ser entendida sim como algo submisso à conveniência humana, ao “controle e as luzes superiores da razão” (idem: ibidem, p. 69). De acordo com o autor, nas práticas humanas, não havendo coincidência entre justiça e utilidade, as pessoas tendem a preferir aquilo que é justo àquilo que se mostra útil ou conveniente. Assim, para Mill, identificar o sentimento de justiça é importante para se alcançar seu caráter distintivo, ou seja, o que leva uma conduta a ser qualificada como “justa” ou “injusta”. Se em tudo o que os homens estão habituados a caracterizar como justo ou injusto está sempre presente algum atributo ou coleção de atributos, podemos decidir se esse atributo particular ou combinação de atributos é capaz de reunir a sua

volta, em virtude das leis gerais de nossa constituição emocional, um sentimento com esse caráter e intensidade peculiares, ou se o sentimento é inexplicável e deve ser considerado como um dom especial da Natureza. Se constatarmos que se dá o primeiro caso, estaremos, ao resolver essa questão, resolvendo também o problema principal; a dar-se o segundo caso, teremos de buscar outro modo de investigar o nosso problema (idem: ibidem, p. 70). Mill passa então a estudar uma série de condutas tidas como injustas, destacando os atributos comuns que levam tais ações a serem taxadas como contrárias ao conceito de justiça. A opção do autor pela análise de condutas consideradas injustas se dá “pois a justiça, como muitos outros atributos morais, define-se melhor pelo seu contrário” (idem: ibidem, p. 70). Para este estudo, é especialmente interessante analisar os dois primeiros exemplos desenvolvidos por Mill. Logo ao iniciar seu estudo prático de ações humanas tidas como injustas, Mill cita o ato de privar alguém de seus “direitos legais”, tais como a liberdade pessoal e a propriedade, como conduta que violaria o sentimento de justiça. Esse exemplo, aponta o autor, explicita uma característica que influencia na qualificação de uma conduta como justa ou injusta. Definindo-se “pelo seu contrário”, via de regra seria justa a conduta voltada ao respeito dos direitos legais, uma vez que é injusta qualquer ação que viole alguém em seus direitos estabelecidos e protegidos por lei. A partir desta constatação, Mill pondera se também seria injusto privar alguém de seus direitos legais, mesmo quando tais direitos “não ‘deviam’ ter-lhe pertencido; em outras palavras, a lei que lhe confere esses direitos pode ser uma má lei” (idem: ibidem, p. 71). Aqui Mill enfrenta,

1 Advogado, professor do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC (Goiás – Brasil) e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA).


conscientemente, uma questão polêmica: a possibilidade de uma lei ser considerada uma má lei e, por conseguinte, uma lei injusta, o que justificaria uma justa infração a esta lei. A respeito dessa ação, Mill salienta a posição de duas correntes de pensamento, uma que se opõe a qualquer infração a direito legal, seja este considerado benéfico ou maléfico, outra que defende a possibilidade de desrespeitar as leis, desde que estas manifestem-se maléficas, inconvenientes e, desta forma, injustas. Desde logo, Mill deixa clara sua discordância para com aqueles que caracterizam como injusta qualquer conduta que se oponha ao cumprimento da lei, mesmo quando essa norma jurídica é considerada má. Segundo o autor, Essa opinião – que condena muitos dos mais ilustres benfeitores da humanidade e que muitas vezes poderia proteger instituições perniciosas contra as únicas armas que, no atual estado de coisas, poderiam ter qualquer chance de vencê-las – é defendida alegando-se razões de conveniência, principalmente esta: seria importante, no interesse comum da humanidade, manter inviolado o sentimento de submissão à lei (idem: ibidem, p. 71). Continuando, Mill afirma que Em meio a essa diversidade de opiniões parece ser universalmente admitido que pode haver leis injustas e que a lei, conseqüentemente, não é o critério supremo de justiça, podendo beneficiar uma pessoa ou impor males à outra, o que a justiça condena (idem: ibidem, p. 72). Mill fundamenta a possibilidade de um direito legal ser qualificado como injusto na seguinte idéia: se quando alguém age violando a lei, desrespeitando o direito legal de outrem, tal conduta é tida como injusta, da mesma forma deveriam ser consideradas injustas as ações de descumprimento de obrigações morais, mesmo que essas ações estejam de acordo com a lei. Então, tanto a lei quanto qualquer outra conduta seria injusta na medida que ocasione “tirar ou negar a uma pessoa aquilo a que ela tem ‘direito moral’” (idem: ibidem, p. 72). Quando, entretanto, uma lei é considerada injusta, parece que a razão pela qual ela é assim considerada é a mesma pela qual se entende que é injusta uma violação à lei, a saber, por infringir o direito de alguém; direito que recebe a denominação diferente de direito moral, já que não pode, nesse caso, ser um direito legal (idem: ibidem, p. 72). Neste ponto, ao tratar da análise de condutas tidas como justas ou injustas, John Stuart Mill também estabelece de forma indireta seu entendimento sobre a existência de duas manifestações do direito: o direito enquanto “direito legal” e o direito enquanto “direito moral”.

2. O direito moral

A partir de uma análise etimológica e histórica da palavra correspondente a “justiça” em alguns idiomas, Mill destaca a estreita relação entre a idéia de justiça e as idéias de direito e de lei positiva.

‘Justum’ é uma forma de ‘jussum’: o que é ordenado. (...) ‘Recht’, do qual se derivou ‘right’ e ‘righteous’ é sinônimo de lei. (...) Os tribunais de justiça e a administração da justiça são os tribunais e a administração da lei. ‘La Justice’, em francês, é o termo consagrado para designar a magistratura (idem: ibidem, pp. 74-75). Contudo, ainda que seus estudos etimológicos tenham demonstrado a estreita vinculação histórica entre os conceitos de justiça e de lei positiva, Mill ressalta que também desde a antigüidade clássica, povos como os gregos e romanos já aceitavam a possibilidade de uma lei ser classificada como injusta, na medida que essa lei viesse a contrariar dispositivos de ordem moral. Segundo Mill, gregos e romanos, que sabiam que suas leis foram, na origem, e continuam a ser, criadas pelos homens, não receavam admitir que os homens podem criar más leis, isto é, que estes podem fazer, por meio da lei e por motivos idênticos, as mesmas coisas que, se tivessem sido feitas sem a sanção da lei, seriam qualificadas de injustas (idem: ibidem, p. 75). Nesse ponto, o autor explicita um pouco mais sua idéia de direito moral. Na realidade, frisa Mill, os seres humanos relacionam o conceito de justiça a uma série de condutas e obrigações que, muitas vezes, não estão representadas ou positivadas na forma de lei. Teriam estas condutas ou obrigações o cunho moral, e, dado o vínculo obrigacional a elas conferido, haveria a caracterização de um direito moral. Por isso, esclarece o autor, o desrespeito a tais condutas e obrigações enseja a mesma idéia de injustiça originada da infração a um direito legal. O direito moral representa, na visão de Mill, uma lei que “deveria” existir, mas não existe, pelo menos na forma positivada de norma jurídica. O autor identifica a importância do direito moral no fato de que, se por um lado a humanidade almeja a repressão à ocorrência de injustiças, por outro os membros da sociedade rejeitam a hipótese de submeter todas as condutas humanas à apreciação da lei, pois, do contrário, a força estatal poderia limitar por demais a liberdade dos indivíduos. Assim, na medida em que deseja a atenção das normas jurídicas voltadas somente a uma gama específica de condutas, a idéia de injustiça não deve estar relacionada apenas à infração de direitos legais, uma vez que a humanidade precisa dispor de elementos para também rechaçar condutas inconvenientes no âmbito moral, protegendo desta forma seus direitos morais, ainda que tais elementos se restrinjam a sanções de aspecto moral. Sentiríamos satisfação em ver imposta a conduta justa e reprimida a injustiça, inclusive nos mínimos detalhes, se não tivéssemos, com razão, receio de conferir aos magistrados um poder ilimitado sobre os indivíduos. Quando pensamos que uma pessoa está obrigada a fazer uma coisa que é justa, dizemos, em linguagem corrente, que ela deve ser forçada a fazê-lo. Seria agradável ver a obrigação imposta por alguém que tivesse poder para isso. Se notarmos que essa imposição pela lei pode ser inconveniente, lamentamos a impossibilidade, consideramos como um mal a impunidade concedida à injustiça, e nos esforçamos para reparar esse mal dando uma forma enérgica à nossa própria reprovação e à reprovação pública que recairá sobre o ofensor (idem: ibidem,


p. 76).

se na Filosofia do Direito, que possibilitam a uma obrigação moral gerar um direito moral correlativo.

3. Obrigação moral e direito moral 4. O direito moral e a sanção Depois de fundamentar seu reconhecimento à importância e a validade do direito moral, John Stuart Mill se preocupa em identificar melhor os elementos formadores desse direito. De acordo com Mill, o direito moral nasce de uma obrigação moral, e não da moralidade em geral, uma vez que somente a obrigação moral é dotada de “Dever”. Segundo Mill, o que ele chama de “Dever” é a força capaz de legitimamente exigir algo de alguém, fazer com que esse alguém cumpra o que lhe for requerido. Portanto, a partir da moralidade em geral, somente as condutas morais dotadas de “Dever” ensejariam a constituição de uma obrigação, a obrigação moral. O ‘Dever’ é algo que pode ser ‘exigido’ de uma pessoa, tal como se exige o pagamento de uma dívida. E não diremos que essa pessoa tem um dever se não entendermos que este pode ser exigido dela. Por razões de prudência ou para resguardar o interesse de outras pessoas, pode ser preferível não exigir o cumprimento efetivo, mas a própria pessoa, como se entende facilmente, não estaria autorizada a protestar (idem: ibidem, p.77). Além do “Dever”, Mill destaca ainda outra característica necessária à obrigação moral, para que esta proporcione um direito moral. Para indicar essa nova característica, o autor recorre a uma distinção estabelecida na idéia de obrigação moral por diversos estudiosos da ética. De acordo com tal distinção, há duas classes de obrigação moral: os “deveres de obrigação perfeita” e os “deveres de obrigação imperfeita”. Enquanto a primeira classe engloba aquelas obrigações morais passíveis de terem seu cumprimento exigido a qualquer tempo, a segunda classe abarca condutas morais que, apesar de obrigatórias, podem ser realizadas ao tempo desejado pelo obrigado, não estando tal obrigação vinculada a certas pessoas ou ocasiões definidas. Como exemplo de “dever de obrigação imperfeita”, Mill cita o ato da caridade e da beneficência, “que estamos, de fato, obrigados a praticar, mas não em relação a pessoas determinadas nem em um momento definido” (idem: ibidem, p. 78). Condutas guiadas pela simples conveniência ou por sentimentos de simpatia pessoal também são elencadas no rol dos “deveres de obrigação imperfeita”. Quanto aos “deveres de obrigação perfeita”, o autor enumera algumas condutas morais dotadas de “Dever”, como respeitar a legítima propriedade alheia, honrar a palavra dada em promessa ou tratar as pessoas observando-se o critério da eqüidade. Por serem obrigações morais dotadas de “Dever”, tais condutas geram o direito correlato das pessoas exigirem ter suas legítimas propriedades respeitadas, cumpridas as promessas em seu favor celebradas ou gozar de tratamento equânime no seio da sociedade. Então, para que haja a geração de um direito moral, é preciso identificar na moralidade em geral aquelas condutas dotadas de “Dever”, que se constituam assim em obrigações morais e, dentre estas, selecionar somente as obrigações que denotem um cumprimento exigível de pessoa certa, em momentos determinados. São essas características, frisa Mill, amparando-

Ao estabelecer a relação entre “Dever”, “dever de obrigação perfeita” e direito moral, Mill traça o vínculo possível entre as idéias de direito moral e sanção. Segundo o autor, na medida em que um direito moral, oriundo de um “dever de obrigação perfeita” é infringido, tal implicação origina duas situações: “um dano causado e uma pessoa determinada a quem se causou o dano” (idem: ibidem, p. 78). Nesse caso, como a obrigação infringida era perfeitamente exigível, deve aquele que a desrespeitou sofrer uma punição. Pois, na verdade, a idéia de sanção penal, que é a essência da lei, faz parte não só da concepção de injustiça, mas da concepção de tudo aquilo que é errado. Não qualificamos nenhum ato de errado se não queremos dizer, com isso, que a pessoa deva ser, de uma forma ou de outra, punida pelo que fez, seja pela lei, seja pela opinião de seus semelhantes, ou, ainda, pelas reprovações de sua própria consciência (...) Faz parte da noção de ‘Dever’, em todas as suas formas, que uma pessoa possa ser legitimamente forçada a cumpri-lo (idem: ibidem, pp. 76-77). Portanto, de acordo com Mill, a idéia de sanção não se relaciona somente ao conceito de direito legal, ou seja, não há somente a possibilidade de se punir alguém mediante a infração de uma obrigação originada em lei, mas sim é também perfeitamente viável supor sanções para aqueles que despeitam uma obrigação moral, desde que tal obrigação seja dotada de “Dever”, constituindo-se em um direito moral. Ao estabelecer o elo necessário entre as idéias de sanção e direito moral, Mill fortalece esse segundo conceito. Sem dúvida, para se conceber a existência de um direito é preciso também que haja a certeza de que tal direito traz consigo, de forma implícita, a noção de sanção. O vislumbre da força coercível do direito é que lhe garante a real exigibilidade da obrigação a ele inerente. Despido do vínculo com a sanção, pode-se supor o enfraquecimento, e até o desaparecimento, do conceito de direito. Na medida em que o desrespeito a um direito gera o entendimento de que isto causa um dano a uma ou mais pessoas determinadas, a idéia de sanção surge no sentido de punir a pessoa ou as pessoas responsáveis pela infração ao direito. Essa vontade de punir, segundo Mill, é o resultado de dois sentimentos: parece-me que o desejo de punir uma pessoa que fez um dano a alguém é um produto espontâneo de dois sentimentos, ambos naturais no mais alto grau, e que são, ou se assemelham, a instintos: o impulso de autodefesa e o sentimento de simpatia (idem: ibidem, p.79). Assim, quando alguém tem seu direito moral infringido, e, portanto, vem a sofrer um dano por isso, Mill considera natural que o pólo prejudicado queira proporcionar uma punição àquele que o ofendeu moralmente. Como qualquer outro animal, o ser humano, diz o autor, ao mesmo tempo em que procura se defender, bem como defender entes próximos,


busca também ferir ou se vingar daqueles que causaram ou estão na iminência de causar prejuízo a ele ou a seus entes. Contudo, Mill destaca que esse instituto, ainda que animal, manifesta-se diferentemente nos seres humanos, uma vez que neste tal instituto vê-se submetido à razão. A esse respeito, os seres humanos diferem dos outros animais em dois aspectos somente. Em primeiro lugar, por serem capazes de simpatizar não apenas com a sua prole ou, como alguns dos animais mais nobres, com os animais superiores que são bondosos com eles, mas também com todos os humanos, e até mesmo com todos os seres dotados de sensibilidade. Em segundo lugar, por possuírem uma inteligência mais desenvolvida, que amplia o âmbito de todos os seus sentimentos, tanto os relativos a ela mesma como os de simpatia. Em virtude de sua inteligência superior, e mesmo não levando em conta a maior abrangência de suas simpatias, um ser humano é capaz de conceber uma comunhão de interesses entre ele próprio e a sociedade humana a que pertence, de tal modo que qualquer conduta que ameace a segurança da sociedade em geral será uma ameaça para a sua própria segurança e despertará seu instinto (se é que se trata de um instinto) de autodefesa (idem: ibidem, pp. 79-80). Como já foi dito aqui, a relação estabelecida por Mill entre direito moral e sanção é de vital importância na estruturação do conceito de direito moral. Agora, ao determinar seu entendimento sobre como o ser humano reage ao desrespeito a um direito, e como esse mesmo ser humano entende a punição que deve advir dessa infração, Mill amplia e fortalece ainda mais o conceito de direito moral. Mill destaca a capacidade do ser humano nutrir simpatia não só pelos seus entes mais próximos, mas também pela sociedade em geral, através de afinidades firmadas pelo convívio comunitário, pelas semelhanças de ideais e crenças, entre outras situações. De acordo com o autor, é essa possibilidade de simpatia ampliada que faz despertar no ser humano a vontade de ver aplicada a sanção quando acontece algum desrespeito a direitos não diretamente a ele relacionados, mas sim vinculados a outros membros da sociedade, pessoas pelas quais mantém-se um sentimento de simpatia. O ser humano, então, é capaz de se preocupar com a observância de obrigações e direitos não só a ele estritamente ligados, mas também pertinentes ao interesse da sociedade em geral. Então, ao enxergar uma infração a direito legítimo, mesmo que diretamente vinculado a outrem, é natural que tal conduta desperte no ser humano o anseio pela punição, pois este entende essa infração não só como uma afronta à vítima direta, mas sim como uma ação que ameaça a todos, que põe em perigo o interesse social de ver respeitados os legítimos direitos existentes em uma sociedade. Segundo Mill, somente é capaz de gerar um direito a obrigação que proporciona no ser humano a percepção de que seu cumprimento interessa não só àquele que por ela é beneficiado, mas também a toda uma coletividade, e, por isso, seu descumprimento deve acarretar a aplicação de uma punição. Aqui, o fortalecimento do conceito de direito moral se dá mediante a afirmativa de Mill de que, não só a lei, mas também a moralidade é capaz de fazer despertar nos seres humanos tais sentimentos de simpatia em relação a obrigações. Desta forma, se uma obrigação moral é adotada

pelo sentimento social, seu cumprimento passará a ser desejado, e até exigido, pelas pessoas em geral. Portanto, seu possível descumprimento fará surgir nas pessoas o sentimento de desaprovação e, por conseguinte, a vontade de ver aplicada uma punição a seu responsável. Consolida-se, assim, a geração de um direito moral. Se, por outro lado, o não atendimento a uma suposta obrigação ocasiona somente uma vontade de punir por parte daquele que se sentiu prejudicado por essa conduta, não despertando neste, ou em qualquer outro, o claro vislumbrar que o cumprimento dessa obrigação seria do interesse da coletividade, não há que se cogitar haver geração de direito nessa situação. Quando falamos do direito de uma pessoa sobre uma coisa, queremos dizer que essa pessoa pode exigir, com razão, que a sociedade a proteja na posse dessa coisa, seja pela força da lei, seja pela da educação e da opinião. Se, para obter a garantia de posse conferida pela sociedade, a pessoa dispõe do que, por algum motivo, consideramos como títulos suficientes, dizemos que tem direito a essa coisa. Se desejarmos provar que uma coisa não lhe pertence por direito, consideramos que a prova está encerrada assim que for admitido que a sociedade não deve tomar medidas para assegurar-lhe a coisa, mas deve deixar a questão ser resolvida pelo acaso ou pelos esforços da própria pessoa (idem: ibidem, p. 82).

5. O direito moral e a utilidade geral

Após buscar um conceito para a idéia de “direito moral”, e de trabalhar a estrutura desse conceito, relacionando-o às idéias de obrigações morais, aos “deveres de obrigação perfeita”, ao interesse social e à sanção, John Stuart Mill passa a elaborar o arremate de sua teoria, relacionando direitos morais ao princípio da utilidade geral. No capítulo anterior trabalhou-se a idéia de Mill acerca do princípio da utilidade geral. Agora, ao tratar dos direitos morais, dentro de sua teoria utilitarista da justiça, o autor identifica aquele que para ele é o interesse de maior relevância entre os seres humanos, e, por isso, o interesse especialmente observado pela utilidade geral: a segurança. Conforme afirma Mill, a segurança é a mais indispensável das necessidades humanas, “depois do alimento físico”, sendo então, em termos de anseio moral, o interesse mais importante (idem: ibidem, pp. 82-83). Para ele, (...) nenhum ser humano pode prescindir da segurança. Dela depende toda a nossa imunidade ao mal e graças a ela conferimos, para além do momento passageiro, pleno valor a todos e a cada um dos bens. Pois não poderíamos conferir valor senão à satisfação do presente, se, no instante seguinte, pudéssemos ser privados de tudo por alguém que fosse momentaneamente mais forte do que nós (idem: ibidem, p. 83). Dada sua relevância, a segurança não é considerada, para Mill, como outros interesses ou benefícios, que são caros a uns, mas também são totalmente ignorados, e até rejeitados, por outros. Quando se trata da segurança, o autor destaca estar se referindo a algo que não se pode ignorar, muito menos


renunciar, visto ser esse interesse essencial para o perfeito gozo de todos os demais. Entretanto, Mill adverte que, mesmo sendo a segurança algo tão caro e imprescindível, ela somente pode ser obtida se houver disposição e observância por parte da sociedade como um todo. Em virtude dessa necessidade, Mill destaca que é preciso, e legítimo, que os seres humanos exijam uns dos outros uma união de esforços em prol daqueles interesses que formam o alicerce da sociedade, figurando, dentre estes, a segurança como o interesse mais importante. Dada sua destacada qualificação, Mill acrescenta que o interesse pela segurança faz despertar nas pessoas sentimentos muito intensos, sentimentos estes que se manifestam em diferentes dimensões, seja no anseio por ter sua segurança preservada, na exigência de que os outros observem sua segurança e na vontade de que qualquer atentado contra a segurança seja coibido por uma sanção adequada.

posse a sociedade deve defender. Se algum opositor insistir e perguntar por que a sociedade deve fazê-lo, não posso dar-lhe outra razão além da utilidade geral (idem: ibidem, p. 82).

Os sentimentos envolvidos são tão poderosos e esperamos com tanta confiança encontrar nos outros um sentimento equivalente ao nosso (já que estão todos igualmente interessados), que o ‘deve’ e o ‘deveria’ se tornam um ‘ter que ser’, e a reconhecida indispensabilidade torna-se uma necessidade moral, análoga à necessidade física e muitas vezes não inferior a esta em força vinculante (idem: ibidem, p. 83).

50-72.

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BENHTAM, Jeremy. Sofismas anarchicos. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1823. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. 3ª edição. São Paulo: Abril

Como se percebe, Mill não entende o interesse pela segurança como algo ligado aos conceitos de conveniência ou inconveniência, mas sim às idéias de certo e errado, noções estes calculadas através do princípio da utilidade geral. Na medida em que foge dos julgamentos particulares para se postar como um anseio geral, será a segurança, segundo Mill, um interesse a ser protegido e perseguido pelo princípio da utilidade. Ora, de acordo com a idéia até aqui desenvolvida, percebe-se, por fim, a relação estabelecida por Mill entre direito moral e utilidade geral. Compreendendo o direito moral como uma manifestação de um “dever de obrigação perfeita”, ou seja, de uma obrigação moral cujo cumprimento é desejado por todos, obrigação esta também dotada da idéia de sanção, na medida em que a sociedade espera a punição daquele que a descumprir, é possível clarear a conexão possível entre direito moral e utilidade geral. Os elementos característicos do conceito de direito moral vinculam-no ao interesse social pela segurança. Se o direito moral corresponde a uma obrigação moral que todos devem cumprir, gerando, por isso, o direito por parte dos titulares dessa obrigação de exigir de todos tal comportamento, é preciso que haja uma punição para aqueles que desrespeitarem essa obrigação, pois só assim prevalecerá a segurança entre as pessoas, tanto a segurança no sentido de que haverá respeito às obrigações morais, quanto à segurança de que se poderá exigir dos outros seu cumprimento. Mill estrutura, desta forma, seu conceito de direito moral. As características da obrigação moral, do “dever de obrigação perfeita” e da sanção acabam encerradas na idéia de segurança e, uma vez que esse interesse é justificado pela utilidade geral, é também o princípio da utilidade, em último caso, que justifica, e assim possibilita, a existência dos direitos morais.

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Ter um direito é, pois, na minha concepção, ter algo cuja

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S pes


“La droga entre nosotros: una mirada desde la región”

Salón Verde-Facultad de Derecho- UBA-Buenos Aires. Argentina. 4 DE JUNIO 14 a 21 hs. Entrada libre y gratuita con la entrega de un útil para la escuela/guardería de los hijos de los cartoneros.

Latinoamérica, como otras partes del mundo, no ha quedado al margen del flagelo de las drogas y la violencia del narcotráfico. Por eso hoy, nos hemos auto convocados con los actores sociales, para reflexionar sobre nuestro presente y para trazar líneas sobre el futuro. Para eso, contaremos con las palabras del Licenciado José Luis Armendáriz, desde TV Derecho Humanista, Chihuahua México (DH Net) quien, de algún modo, nos participará de una realidad aún más cruda que la nuestra, y la manera en que México la enfrenta. Desde lo local, contaremos con el Padre Pepe, con el Pastor García, con el Rabino Yafe, con el licenciado Anapolsky, quienes nos contarán cómo ven el fenómeno desde sus respectivos ámbitos y cuál es el trabajo que realizan con sus comunidades. También nos acompañará Ángel Lito Borello, del comedor “Los Pibes”, informándonos de igual modo. A su vez, la profesora Ana Prawda esbozará el rol de compromiso que debe desarrollar la universidad ante este problema, así como la División Drogadicción de la Policía Federal Argentina, con la Comisario Liliana Do Santos y su equipo. Por su parte, la justicia argentina aportará el enfoque de la Dra. Patricia Llerena, quien nos brindará información acerca del estado de la jurisprudencia de la Corte y la influencia de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.


Ponencias para las jornadas de Drogadicción LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL FENOMENO DEL NARCOTRÁFICO EN LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS DE LA SOCIEDAD.

Por Facundo Taboada (S) 1.- INTRODUCCIÓN.

2.- LA DINAMICA INTERNA DE LA VILLA.

Como es sabido el fenómeno del narcotráfico, o mejor dicho, el del consumo de drogas, es un fenómeno que no conoce de clases sociales. Indudablemente, la sustancia consumida varía de acuerdo al poder adquisitivo, pero incluso hasta los proveedores muchas veces son los mismos. El fenómeno del consumo de drogas, por ejemplo, llevó a muchas personas que habitualmente no frecuentan las villas miseria, a ingresar a estos barrios para abastecerse. Pensemos por un momento en esa imagen, el chico o chica de clase media o incluso de clase alta, entrando en la villa para comprar alguna sustancia prohibida. Esta imagen es todo un símbolo. Un símbolo no solo de los alcances del fenómeno del consumo de drogas y de cómo atraviesa a toda la sociedad, sino también un símbolo de la importancia de “la villa” en la subsistencia, desarrollo y consolidación de la logística de distribución de drogas. De allí que, en tanto eslabón fundamental de la cadena de distribución, la villa tiene para nosotros un particular interés, pero también lo tiene como fenómeno disciplinario para el resto de la sociedad, como fenómeno en sí mismo, con sus propias reglas y formas de relaciones internas, y con todo lo que implica en términos de territorio del Estado, donde el Estado no existe y donde se establecen los grandes y crecientes universos de personas que el mercado formal no contiene. Este ámbito, por sus propias características es un ámbito propicio para el desarrollo de actividades ilícitas, y particularmente favorable para el establecimiento y consolidación de grupos ligados al narcotráfico. Y esto, requiere entonces que quienes pretenden favorecer el desarrollo de ésta actividad, se vean en la obligación de intervenir en la dinámica interna de las villas de modo de garantizar los disciplinamientos requeridos para la continuidad de su actividad. Indudablemente, sumado a las terribles condiciones de vida existentes en la villa, el fenómeno del narcotráfico es el enemigo principal de cualquier persona que conserve algo de sensibilidad en su seno. De allí que, a continuación haremos una mención de la dinámica interna de la villa en términos generales, señalando particularmente el modo de funcionamiento de los sectores ligados al narcotráfico para tratar de comprender cuales son las implicancias políticas de éste fenómeno y en qué medida afecta a los sectores mas golpeados de la sociedad.

Como destacan en numerosos documentos los curas villeros, generalmente prevalece una visión negativa de la villa y de su dinámica. Esta visión es absolutamente parcial e interesada en tanto resulta funcional a estructuras políticas de la economía concentrada y los negocios corruptos de intermediarios del estado. La villa, además de todo lo negativo que diariamente difunden los medios masivos de comunicación, es también un espacio en el que existen otros valores y una riqueza cultural inmensa, tanto en materia arquitectónica, como culinaria, festiva, solidaria y de relaciones entre personas que muchas veces están desesperadas. Concretamente, la cantidad de obstáculos que implica de por sí la pobreza extrema, y la escasez de medios para sortearlos, desarrollan en la villa una idea de solidaridad sustancialmente distinta a la existente en otras zonas urbanísticas de la ciudad. En la villa es común que una familia o alguna mujer u hombre se quede cuidando a los hijos de muchos vecinos que salen a trabajar, o que aún sin tener casi nada se comparta lo poco que hay para comer con alguien que no tiene como alimentarse –incluso sin que exista una relación personal previa. En la villa existe otra concepción y otra utilización de lo publico, mucha gente conserva esa idea del barrio en la que los vecinos comparten el espacio publico, se sientan en la calle a conversar, se conocen mutuamente, los chicos juegan, en las fiestas se reúnen todos afuera y se comparte lo que hay, se cortan las calles y se festeja con los vecinos. Se comparte el acceso clandestino al agua, o a la luz eléctrica, asumiendo incluso el riesgo de incendio que a nadie se le escapa que existe. Se funden las comunidades, con sus culturas, sus fiestas, sus comidas, sus celebraciones religiosas. Y, fundamentalmente, se establecen pautas de convivencia propias en un espacio geográfico donde el Estado no existe. La precariedad en la registración dominial genera severas dificultades de convivencia sin que esto impida que se instrumenten desalojos forzados (en los que obviamente no interviene ningún juez). Las diferencias entre vecinos muchas veces se dirimen por la fuerza, o incluso a los tiros. La villa es un espacio en el que buena parte de la normativa legal existente no rige de hecho. Y en ese marco, las pautas de convivencia se nutren en buena medida de la cultura “tumbera”, del modo de convivencia carcelario. Indudablemente, no es la villa un lugar idealizado o idealizable donde no existen situaciones dramáticas cotidianamente. Narcotráfico, prostitución infantil, violencia, asesinatos, robos, corrupción, aprovechamiento de las necesidades más elementales, son también moneda corriente. Sin embargo, lo son, paralelamente con toda una serie de valores y conceptos distintos de los de la clase media, y


sustancialmente mejores en términos morales. Como es de imaginar, salvando las particularidades existentes en cada una de las villas, pueden enumerarse algunos actores que tienen importantes niveles de incidencia en lo que efectivamente termina sucediendo en éstos barrios. Estos actores son, el Estado –por acción o por omisión-, el narcotráfico, y los curas villeros. A continuación, haré una caracterización de cada uno de ellos. a) El Estado. En un esquema mundial, al que nuestro país no escapa, de profunda concentración de riqueza con su consecuente masa creciente de excluidos del acceso al consumo elemental, el Estado interviene del modo que puede en virtud de las contradicciones que alberga. Es decir, en tanto “el Estado somos todos” el diseño de política pública para los sectores más desfavorecidos de la sociedad se integra con el frágil equilibrio de consensos sociales existentes y los intereses económicos creados en la utilización y gestión de los fondos públicos. En efecto, si bien es cierto que desde el año 2003 hasta la fecha se registran niveles sustanciales de recuperación del empleo, sumado a las medidas recientes de distribución de riqueza de manera directa (fundamentalmente la distribución por hijo entre otros planes sociales), la dinámica económica progresivamente tiende a dejar gente afuera del circuito formal de consumo, y esta gente paradójicamente conserva sus necesidades naturales de alimento, vestido, vivienda y salud (entre otras). Además, esta gente tiene las mismas necesidades de consumo que el resto de la sociedad pues la comunicación sistemática que lo fomenta no les es ajena. La única diferencia es que teniendo las mismas necesidades de consumo les está vedado el acceso a los medios formales o lícitos para consumir. La dinámica económica de a poco ya no contempla muchas de las necesidades de importantes universos de personas pero que continúan existiendo. En este marco, el Estado se enfrenta con la disyuntiva de intentar modificar esa dinámica económica en la medida de sus capacidades (de por sí debilitadas por el proceso de globalización), o intentar “compatibilizar” la existencia subhumana de importantes grupos de personas con la subsistencia de la dinámica económica excluyente. Es decir, que en esta segundo opción, el Estado funciona como elemento de contención de los sectores excluidos para evitar que estos sectores minen la subsistencia de la economía tal y como está funcionando. En tanto los sectores desposeídos son los que tienen menor capacidad de incidir en las decisiones estatales, la primera de las opciones, es decir la de intentar modificar la dinámica económica, encuentra severas limitaciones prácticas. Va de suyo que, aquellos sectores que son los beneficiarios de ésta dinámica económica excluyente y concentrada que se describió sucintamente, digo, va de suyo que los sectores más poderosos (por su capacidad de pago y compra, de “dar” empleo, de acceder a espacios en los medios masivos de comunicación, etc.) lo son en tanto puedan conservar la capacidad de incidir sustancialmente en las decisiones estatales (es bastante visible este fenómeno por ejemplo en la batalla suscitada a raíz de la promulgación de la ley de comunicación audiovisual). Conclusión, buena parte de las decisiones estatales –con buenas o malas intencionesimplican la contención de los sectores más desfavorecidos a la vez que el intento de respuesta a las necesidades más urgentes

y elementales pero muchas veces de manera ineficaz. Pues bien, por acción o por omisión el Estado incide sustancialmente en lo que efectivamente termina sucediendo en las villas. E interviene a su vez, a través de distintos actores. A saber: la policía; los intermediarios de la política pública y los programas estatales en términos generales, pero particularmente en materia de emergencia habitacional, vivienda, salud y alimentación. Las relaciones de poder en la villa se cimientan entonces sustancialmente sobre estos dos primeros actores enumerados, es decir, la policía y los “intermediarios” de la política pública. Pero el modo de ejecución de los programas gubernamentales –o la imposibilidad de su instrumentación en muchos casostambién tiene una importancia central. A continuación haremos una breve mención de cada uno de los actores estatales enumerados. a.1. La Policía. En un ámbito geográfico como el que se describió sucintamente, donde existen severas dificultades de infraestructura pública (iluminación deficiente o inexistente, calles de barro, etc.), que entre otras cosas dificulta el tránsito de personas, se crea un ambiente propicio para el desarrollo de actividades ilícitas. Es que indudablemente no es lo mismo distribuir drogas en la villa que en las zonas más iluminadas y visitadas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Es así que las villas progresivamente se fueron transformando en centros de distribución de drogas, en basurales clandestinos, en desarmaderos de autos, en espacios propicios para la prostitución infantil, y en menor medida el juego ilegal entre otras. Además las villas son lugares apropiados para reclutar mano de obra barata, devastada por el efecto de las drogas, sea para realizar robos, asesinatos por encargo o ejercicios diversos de la violencia. Al contrario de lo que piensan muchos, todas estas actividades cuyo desarrollo es exponencial en las villas, no se extienden eludiendo la persecución policial sino en connivencia con la policía y las más de las veces con control directo de la policía lo que incluye la apropiación de parte del “botín”. Es decir que, sacando el fenómeno del narcotráfico que es algo más complejo, y donde los términos de negociación son distintos y más equitativos, digo, sacando el fenómeno del narcotráfico, en los hechos la policía ejerce un control importante sobre la totalidad de las actividades ilegales realizadas en la villa y sus “utilidades”. En lo que respecta a las pautas disciplinarias internas, la policía ejerce un control muy importante, que obviamente se vale de métodos no ortodoxos ni contemplados en la Constitución. El incendio de casas (como el caso del Sr. Bernal de la villa 20), las palizas, el amedrentamiento o el asesinato liso y llano son instrumentados sistemáticamente por los oficiales policiales para forzar a integrantes a cumplir con las órdenes recibidas. Causas fabricadas, cárcel porque sí, son consecuencias posibles para aquellos que se nieguen a robar o delinquir y reproducir la estructura delictiva villera de la que la policía resulta el principal beneficiario. El ofrecimiento de drogas a los “fisura”, es decir a aquellas personas que están absolutamente privados de decidir nada por la profundidad de su adicción a las drogas, con el objeto de ejercer violencia e incluso la muerte para aquel que no se discipline a las mandas policiales, también es un recurso


utilizado. Como puede verse, la policía a través de la droga y la violencia resulta un actor fundamental de disciplinamiento en la villa. Otro actor importante es el “intermediario” estatal de la política pública, es decir, aquel que “decide” en el territorio mismo quien accede a la comida y los materiales de construcción entregados por el Estado en la villa y quien no. a.2. Los intermediarios de la política pública Como es sabido, desde mucho tiempo a esta parte, el Estado, o sus agentes, mayoritariamente de clase media, han intentado evitar intervenir personalmente en la villa. Es decir, son pocos los agentes o funcionarios del Estado que se instalan en la villa todos los días para conocer su dinámica y operar en consecuencia. Vedados de ése conocimiento, necesitan de habitantes de la villa que les cuenten “como es” la villa y “quien es quien”. Esta dinámica instrumentada desde la visión de clase media para intervenir en la villa, inicialmente con buenas intenciones, progresivamente su fue corrompiendo y dejando lugar a suculentos negocios vinculados con la desviación de materiales de construcción y de cajas alimentarias, junto con la provisión de planes sociales y demás instrumentación de la política pública en el barrio. El modo de operar consiste en que determinados sujetos establecen acuerdos con cuadros intermedios del Estado. Estos acuerdos consisten en que estos “habitantes del barrio” vulgarmente conocidos como “punteros”- se comprometen a garantizar el “control del barrio” y su sujeción a las necesidades políticas del agente estatal de que se trate (movilizaciones, votos, etc.) y a cambio el Estado le ofrece el “monopolio” de la política pública en el barrio, es decir, que todo lo que llegue a ese barrio como política estatal será intermediado por él. Este sistema, también llamado clientelar, le concede al “intermediario” una porción importantísima de poder en tanto es él quien decide a quien le llega la caja de comida y a quien no, a quien le llegan los materiales y a quien no, quien recibe planes sociales y quien no. Sin embargo, buena parte de ese acuerdo es ficticio y engañoso pues lo “comprometido” en los hechos, no se cumple. A la luz de lo que vino sucediendo electoralmente, hoy puede saberse que estos intermediarios ya no garantizan ni votos ni “disciplina barrial”. Actualmente, en materia de representación barrial, éstos intermediarios tradicionales se limitan a efectuar una invocación ilegítima (en tanto no es representativa en absoluto) e ilegal (pues carece del más elemental sustento normativo). Ello, porque el supuesto ejercicio de la representación barrial solo lo es por parte de un pequeño grupo o directamente de una persona. En concreto esta representación ilegítima priva a quienes no están integrados a ese grupo o disciplinados por este grupo del acceso a la política pública en mayor medida local y no tanto respecto de la política pública nacional en materia de villas. En efecto, en las villas de la ciudad, éstos grupos que no están encolumnados con los “intermediarios” o disciplinados, son la inmensa mayoría de los habitantes de las villas. Estos intermediarios, a pesar de no haber sido elegido en comicios regulares, afirman que ostentan la representación de los barrios pobres de la ciudad, con lo que, según su parecer, se verían legitimados para intermediar al Estado local en el

desarrollo de su política en materia social, habitacional y alimentaria en estos barrios. Es decir que, el hecho de pretenderse representantes del barrio (reiteramos, aún sin haber sido elegidos), los autorizaría a ejecutar a su antojo los programas gubernamentales para el barrio sin criterio alguno y utilizando esta potestad en beneficio personal. Sin embargo, ésta supuesta representación barrial no solo carece de legitimidad alguna, en tanto los habitantes de los barrios que dicen representar muy lejos están de sentirse representados por estos personajes. Además, ésta supuesta representación carece del más elemental sustento legal. Fue así que, la máxima que llevó a Montesquieu a diseñar su sistema de frenos y contrapesos que luego derivaría en la técnica de la división de poderes, digo, la máxima que da sustento a toda su teoría que afirma que “quien tiene poder tiende a abusar de él” se hizo carne en las villas de nuestra ciudad. Escenas patéticas, de intercambio de materiales de construcción por favores sexuales de madres solteras, extranjeras y desesperadas, o de “desalojos informales” a los tiros, o incendio de casillas, o desvío de planes, de proyectos estatales, de cajas de alimentos para su reventa, a la par de que se desconocían las situaciones más dramáticas en la medida en que dichas personas no aceptaban ir a las manifestaciones que les eran indicadas o a los “actos políticos” de que se trate; firmar la recepción indiscriminada de materiales de construcción, planes sociales, cajas de comida o cualquier otra actividad que justifique el envío de fondos públicos o privados a la villa; servir de mano de obra violenta y barata, hacer como que vota a tal o cual candidato o simplemente conceder algún beneficio personal al “puntero”. Por otra parte, las más de las veces, éstos “intermediarios” trabajan al menos en connivencia con la policía y sus negocios (narcotráfico, prostitución, etc.). Los niveles de acuerdo y participación en dicho negocio varían. Algunos se limitan a “hacer la vista gorda” con los negocios ilegales en una “complicidad por omisión” aunque seguramente sin recibir nada a cambio; y otros participan directamente. Lo que resulta indudable es que todos saben de la existencia y los detalles de lo que hace en su barrio. Crecientemente, este fenómeno despreciable va ganando espacio en los medios y su consiguiente repudio generalizado. a.3 Los programas estatales en términos generales, pero particularmente en materia de emergencia habitacional, vivienda, salud y alimentación. A este panorama de por sí complejo, resta agregar un elemento que termina de conformar la visión existente respecto del Estado en las villas: la compartimentación de la respuesta a las problemáticas sociales. En efecto, a la ya conocida ineficacia estatal en numerosos aspectos de la gestión, debemos adicionar el fenómeno de la compartimentación de los programas que pretende dar respuestas parciales a problemas globales o integrales. Es decir, muchas veces sucede que habitantes de la villa o directamente de la calle, que tienen un gran problema que es su imposibilidad de ingresos, que a su vez se traduce en numerosas problemáticas concretas para ellos y sus familias que muchas veces incluyen menores (vivienda, salud, educación, trabajo), obtienen por respuesta del Estado,


“soluciones” parciales. Un subsidio para responder a la situación de emergencia habitacional, que no soluciona siquiera la situación de emergencia habitacional, pero mucho menos las enfermedades de los niños, la alimentación, y otros problemas de condiciones elementales de vida. En conclusión, para cerrar el círculo de la incredulidad respecto del Estado, éste se presenta compartimentado, trasladando al necesitado el problema. Si alguien no come o no tiene donde dormir, o sus hijos tienen enfermedades deficientemente tratadas por la salud pública, entonces ésa personada debe transitar un derrotero de oficinas durante días y días sin obtener –seguramente- alguna respuesta satisfactoria. Es decir, el Estado en la Villa no sólo no existe, sino que además se ocupar de no dejar dudas respecto del estado de total indefensión de los ciudadanos que la habitan. El Estado manda un mensaje permanente que indica que cada persona que allí vive está librada a su propia suerte. b) El narcotráfico En este contexto, de profunda indefensión, indudablemente existen condiciones para la irrupción de un fenómeno ilegal, económicamente viable y sostenido sobre bases de utilización de la violencia indiscriminada y dádivas según resulte conveniente. De allí que, el otro actor central en la dinámica de la villa es el narcotráfico. Desde un tiempo a esta parte, y merced a ésta inexistencia del Estado en las villas, y a la situación absoluta indefensión se fue consolidando éste actor central. Actualmente, existen en la mayor parte de las villas bandas armadas dedicadas a la distribución y comercialización de drogas. Estas bandas pueden tener mayor o menor nivel de autonomía respecto de la policía. En muchos casos, conformaron un poder de fuego propio, desconociendo al propio Estado dentro de la villa, y valiéndose de las condiciones particulares de la “economía negra villera” para reproducirse. El narcotráfico es una alternativa para muchos jóvenes pobres que no tienen alternativa. En primer término de acceder al consumo de drogas. Así es como reclutan a buena parte de sus integrantes, llevándolos a una situación de adicción que los torna absolutamente dependientes y obedientes a los mandatos de los líderes. En otros casos, ofrece una “salida laboral” con “sueldos” muy por encima del mercado de trabajo, o mejor dicho, de aquellos empleos a que pueden acceder éstos jóvenes estigmatizados por el lugar donde viven. En algunos pocos barrios, como la villa 1.11.14 de la ciudad de Buenos Aries, el narcotráfico alcanzó un desarrollo importante, que dista bastante del resto de las villas donde sus niveles de organización y su capacidad operativa es menor. Sin embargo, no por eso deja de ser un actor central en la dinámica de la villa. A esto debemos sumar, que ésta inexistencia Estatal para dirimir las diferencias entre los habitantes de las villas, fue consolidando una disciplina interna en la villa muchas veces muy similar a la disciplina existente en los pabellones carcelarios. La ley del más fuerte y la dinámica de dirimir las diferencias mediante el uso de la violencia sin intermediación estatal. Este cóctel, junto con la existencia de delincuentes comunes redunda en la organización de otro polo de poder en la villa: el narcotráfico. Sin embargo, crecientemente quienes se dedican a estas tareas

(conocidos como tranzas) van acumulando el desprecio de buena parte de la población del barrio. Las consecuencias del consumo del paco y otras drogas profundamente destructivas sobre los chicos y jóvenes de las villas impuso la reorganización de madres y otros grupos contra este flagelo, que a veces incluye también la utilización de la violencia, o la denuncia a la justicia a través de cámaras ocultas, entre otras. Ahora bien, hemos enumerado hasta aquí dos actores fundamentales en la dinámica interna de la villa, el Estado –con sus diversas formas de intervención- y el narcotráfico. Nos queda un tercer actor importante: los curas villeros.

c) Los curas villeros Indudablemente, los curas villeros son otro actor central en la dinámica interna de las villas. Principalmente, porque a diferencia de la mayoría de los que pretenden intervenir en la villa, ellos viven allí. Esta circunstancia les da un conocimiento del territorio y genera una confianza entre los habitantes del barrio sustancialmente distinta en comparación con cualquier otro actor del barrio. Esta confianza y fluidez de diálogo trasciende la cuestión estrictamente religiosa. En un espacio en que lo que abunda es la estafa a personas desesperadas, tanto por el estado como por los privados (telefónica, etc.), digo, en un espacio con esas características los curas villeros son un cable a tierra, una referencia de consulta y de desinterés particular que desentona con el resto de los actores. A lo largo de estos últimos años –con mucha más fuerza desde el año 2007 hasta la actualidad-, el equipo de curas villeros de la Ciudad de Buenos Aires –que incluye sacerdotes de las villas más importantes de la ciudad-, se ha venido pronunciando sobre su visión de las villas y de cómo debe intervenirse allí. Lo hizo a través de tres documentos que, para el lector atento, dicen mucho más que lo que aparentan. En efecto, el primer documento suscripto por los sacerdotes Rodolfo Ricciardelli, Enrique Evangelista y Adolfo Benassi de la Villa 1-11-14; José María Di Paola, Carlos Olivero y Nibaldo Leal de la Villa 21-24 y N.H.T. Zabaleta; Sebastián Sury y Walter Medina de la Villa 15; Guillermo Torre y Marcelo Mirabelli de la Villa 31; Gustavo Carrara y Martín De Chiara de la Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo; Sergio Serrese de la Villa 19; Jorge Tome y Franco Punturo de la Villa 20; nucleados en el “Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia” el 11 de junio de 2007, bajo el título “Reflexiones sobre la urbanización y el respeto por la cultura villera” entre otras cosas dice: “Vivir en la villa hace que los sacerdotes del equipo para villas de emergencia tengamos una mirada particular de esta realidad, que difiere la mayoría de las veces de la observación que pueda tener alguien que viene de afuera de la villa, ya sea un profesional o alguien vinculado a la actividad política”. Y luego agrega “En estas reflexiones queremos acercar una mirada positiva de la cultura que se da en la villa, ya que para nosotros es una gracia de Dios vivir en ella”. Luego, señalan “Valoramos la cultura que se da en la villa, que surge del encuentro de los valores más nobles y propios del interior del país o de los países vecinos, con la realidad urbana. La cultura villera no es otra cosa que la rica cultura popular de nuestros pueblos latinoamericanos. Es el cristianismo


popular que nace de la primera evangelización; el pueblo siempre lo vivió como propio, con autonomía y siempre desde su vida de cada día. Es un cristianismo no eclesiástico, ni tampoco secularista, sino con auténticos valores evangélicos”. También sostienen “El pueblo que celebra en la villa celebra la vida, porque se organiza en torno a ella, anhela y lucha por una vida más digna. Y, en este sentido, la cultura villera tiene un modo propio de concebir y utilizar el espacio público. Así la calle es extensión natural del propio hogar, no simplemente lugar de tránsito, sino el lugar dónde generar vínculos con los vecinos, dónde encontrar la posibilidad de expresarse, el lugar de la celebración popular”. En efecto, indican que “La cultura de la villa tiene características muy positivas, que son un aporte para el tiempo que nos toca vivir, se expresa en valores como la solidaridad; dar la vida por otro; preferir el nacimiento a la muerte; dar un entierro cristiano a sus muertos; cuidar del enfermo, ofrecer un lugar para el enfermo en la propia casa; compartir el pan con el hambriento: "donde comen 10 comen 12"; la paciencia y la fortaleza frente a las grandes adversidades, etc. Valores que se sustentan en que la medida de cada ser humano es Dios, y no el dinero”. Y en lo que aquí fundamentalmente interesa, respecto del concepto de urbanización afirman: “Por eso, ante el planteo de *urbanización* de las villas -planteo que preferimos al de *erradicación* la cual nos recuerda las topadoras- nos preguntamos qué significa. Porque, ¡Atentos! Si urbanización significa que la cultura porteña invada con su vanidad la cultura villera pensando que progreso es darle a los 'villeros' todo lo que necesitan para ser una "sociedad civilizada", no estamos de acuerdo. ¿Por qué pensar que el cambio de apariencias -cambio de una casa de ladrillo y chapa hecha por el esfuerzo del villero por otra casa del Instituto de la Vivienda de varios pisos- es ya un progreso?; en este caso, ¿urbanización no será más bien otra cosa que aprolijar la villa para que el resto de la ciudad no chille y dejarla conforme?; ¿cuando se piensa en urbanizar, se piensa solamente en hacer casas que estén pintadas?, ¿acaso no hay sobrados ejemplos de barrios que cambiaron su fisonomía y su realidad es peor que la vivida hace tiempo?” Y agregan “Creemos que la ciudad piensa que debe eliminar la villa y que desconoce su cultura popular multifacética. El planteo de urbanización debe ser respetuoso de una *auténtica cultura* como es la villera y no querer barnizarla, o lo que es más grave aún borrarla de un plumazo. No creemos en esta urbanización, más bien creemos en un encuentro de culturas que conviven, aprenden, comparten. ¿Acaso no sería bueno que el resto de los barrios porteños conozcan y valoren las vivencias y creencias de los villeros? Si la ciudad no quiere *colonizar* la villa deberá tener un corazón humilde capaz de escuchar la palabra de inmensas barriadas que tienen mucho para decir” (la negrita me pertenece). Especialmente importante resulta su visión acerca del modo en que ha venido interviniendo el Estado hasta aquí. Al respecto sostienen que “La excesiva mediatización del gobierno y organismos a través de los punteros barriales ha sido a lo largo de los años uno de los factores del gran desconocimiento de la villa y de su cultura. A algunos que quizás comenzaron como representantes de su barrio los han convertido en representantes remunerados de otros intereses, la referencia de lo que es la villa quedó en manos de este puñado serviles al sistema.

Por eso, son pocos los que desde los estamentos del gobierno u organizaciones conocen y valoran la cultura villera”. Finalmente, respecto de los alcances concretos de la urbanización señalan: “¿Acaso urbanizar no sería más bien crear situaciones positivas donde se den las mismas posibilidades a los que viven en la villa que a los que viven en Belgrano o cualquier otro lugar de la ciudad? ¿No será urbanizar garantizar el acceso escolar para todos los niños y jóvenes de las villas, o que cuando se inauguren las salitas de salud cuenten con lo mínimo indispensable como son las cloacas? ¿No será urbanizar el día que los médicos, sacerdotes, abogados, profesores o capataces surjan de las villas para que imbuidos de la solidaridad de la cultura villera pongan su vida al servicio de su barrio, de la ciudad, del país?” Y finalmente “Más que *urbanizar* nos gusta hablar de *integración urbana*, esto es, respetar la idiosincrasia de los pueblos, sus costumbres, su modo de construir, su ingenio para aprovechar tiempo y espacio, respetar su lugar, que tiene su propia historia”. Y concluyen, “Sin duda debe haber un camino de mejoramiento de la calidad de vida en las villas -fue y es una preocupación de este equipo- pero es fundamental en este camino poner el oído en el corazón del villero para que las posibles soluciones no provengan de oficinas donde trabajan técnicos que ignoran la realidad, y que en lugar de mejorarla la empeoran. Sirvan de ejemplo esos planes que se bajan indiscriminadamente, y que en vez de incentivar el estudio facilitan que el chico deje la escuela para cobrarlos, o que la motivación para hacer una actividad deportiva vaya detrás de un plan. Este tipo de asistencialismo -o habría que decir clientelismo- perpetúa la dependencia mental y atrofia la capacidad de los asistidos para convertirse en ciudadanos responsables de su futuro”. Más adelante, el 25 de marzo del año 2009, el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires publicó su segundo documento referido a la despenalización de las drogas. Este documento le valió la amenaza de muerte al Padre Pepe, y es el que nos interesa particularmente. Allí, literalmente se afirma que “El lado oscuro de nuestros barrios, es la droga instalada desde hace años, quizás con más fuerza desde el 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado. Habitualmente ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos” (la negrita está en el original). Agrega luego que “Ante la confusión que se genera en la opinión pública con la prensa amarilla que responsabiliza a la Villa del problema de la droga y la delincuencia, decimos claramente: el problema no es la Villa sino el narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en las Villas, en estos barrios donde se corta la luz, donde una ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra cosa distinta es que el espacio de la Villa como zona liberada- resulte funcional a esta situación. La vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue tornando cada vez más difícil hasta convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho. Miles arruinados en su mente y en su espíritu se convencieron que no hay posibilidades para ellos en la sociedad”. Y luego, lapidariamente: “La destrucción pasó como un


ciclón por las familias, donde la mamá perdió hasta la plancha porque su hijo la vendió para comprar droga. Estas familias deambularon por distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones año a año. Toda la familia queda golpeada porque su hijo está todo el día en la calle consumiendo. Asombra ver como ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien en el fútbol dominguero, hoy " está perdido". Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy se prostituye para fumar "paco" . La despenalización de hecho generó inseguridad social. La raíz de la inseguridad social hay que buscarla en la insolidaridad social (Cf. Mons. Miguel Esteban Hesayne. Jesús, el Reino y la inseguridad. Homilía del 32º domingo durante el año, 9/11/ 2008). A poco que nos pongamos a la luz de Palabra de Dios, descubrimos que como sociedad no nos hemos movilizado suficientemente ante el hecho dramático del hambre de los niños, que da lugar a adolescentes débiles física y mentalmente. Con madres y padres angustiados sin trabajo o changas mal remuneradas. A los que les resulta más difícil entusiasmar a sus hijos con actividades en clubes y cursos o cualquier otra forma positiva de ocupar el tiempo, ya que no cuentan con el apoyo y el dinero necesario. Se generan así situaciones infrahumanas aprovechadas a su vez, por los gananciosos distribuidores de droga”. Y luego empiezan a proponer: “No hay que ser ingenuos, la tríada hambre-criminalidad-droga es demasiado fuerte. Frente a esta dramática situación tenemos que tomar conciencia de que hay que realizar un trabajo de prevención sistemático y a largo plazo.

un tipo de prevención que transmita a los chicos que tenemos vida y esta vida es sagrada y por eso tenemos que aprender a cuidarla. Hay material elaborado a partir de experiencias en zonas de alta vulnerabilidad social que se puede utilizar.[6] Si fuera necesario, la delicadeza del tema amerita un proyecto de ley en la legislatura que al aprobarse posibilite el dictado de la misma.” Y finalmente: “El primer paso es acercarse a los chicos, no esperar a que estos golpeen las puertas de nuestras instituciones. Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de estas chicas, de estos chicos, del valor sagrado de sus personas; no son vidas que ‘están de sobra', que molestan, o que afean nuestros barrios. Este primer paso es acercar el corazón. Corazón que se acerca es corazón que ve y se deja tocar por este doloroso grito y por eso se pone a su escucha. El hábito de la escucha no es algo común en nuestros días y es esencial para un verdadero encuentro. Si escucháramos más, seguramente el nivel de violencia que vivimos bajaría notablemente. Ponerse a la escucha no es buscar que rápidamente acaten las pautas sociales. A veces queremos que rápidamente cumplan normas, que respeten derechos para entrar en sociedad, cuando como sociedad no les hemos respetado sus derechos más elementales. Acercarse, caminar los barrios, escuchar, encontrarse es el primer paso imprescindible. Adaptar nuestros programas e instituciones a la realidad y no la realidad a ellos.

Nos parece que se trata principalmente de crear ámbitos de contención y escucha de nuestros niños, adolescentes y jóvenes -en este sentido no es menor todo lo que se haga para fortalecer a sus familias- Ámbitos de recreación y de construcción de un proyecto real para su vida. La verdad es que se logra poco con el no a la droga sin un fuerte sí a la vida.

La burocracia expulsa, pone trabas (excesivas entrevistas y requisitos), en definitiva pone en riesgo la vida de muchas personas. Además muchas veces la realidad de los procesos de recuperación está marcada por los números-dinero (becas por un año, ese sería el tiempo de recuperación), dejando a un segundo plano los procesos personales.

Muy unido al tema del consumo de droga, tal vez como una de sus grandes causales esta la falta de sentido, de un horizonte hacia el cual caminar. El aburrimiento, el tedio, el no tener que hacer, van minando la pasión por la vida y donde no hay pasión por ella, aparece la adicción. El gran trabajo de prevención nos parece que tiene que tener como eje el mostrar que la vida tiene sentido. Por eso nos parece que las adicciones son principalmente enfermedades espirituales, sin negar obviamente su dimensión biológica y psicológica. [3] Una persona espiritualmente saludable está convencida de que la vida merece vivirse, le encuentra sentido a lo que hace, tiene la "alegría de vivir".

Por consiguiente teniendo en cuenta el proceso de cada persona hay que discernir que camino de recuperación proponerle: atención ambulatoria en un centro de día; internación en una comunidad terapéutica, etc.

Nuestro país tiene una enorme deuda social. "La deuda social es también una deuda existencial de crisis de sentido de la vida: se puede pensar legítimamente que la suerte de la humanidad está en manos de quienes sepan dar razones para vivir " (CEA. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. (2010-2016) Nº 25). Agregando: “Nos parece conveniente proponer la posibilidad de que se dicte una materia específica de prevención de adicciones ya desde la primaria, tal vez desde el preescolar. No nos referimos a esa prevención que explica el tipo de drogas, o como se consumen etc. Nos parece más conveniente

Por otro lado es necesario adaptarse a la realidad de los más pobres. Por ejemplo se da el caso de mamás que consumen y no tiene con quién dejar a sus hijos; hay que plantearse entonces la posibilidad de que ingresen juntos en un mismo lugar. Hay que poner el centro de nuestro esfuerzo en adaptar nuestros programas e instituciones a la realidad y no la realidad a ellos; creando ámbitos que rompan las cadenas invisibles que esclavizan a nuestros adolescentes y jóvenes.” Este documento fue suscripto por: - José María Di Paola, Carlos Olivero, Facundo Berretta y Juan Isasmendi de la Villa 21-24 y N.H.T. Zabaleta. - Guillermo Torre y Martín Carrozza de la Villa 31. - Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco de la Villa 1-11-14. - Jorge Tome y Franco Punturo de la Villa 20. - Sebastián Sury y José Nicolás Zámolo de la Villa 15. - Pedro Baya Casal y Martín De Chiara de la Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo.


- Nibaldo Valentín Leal de la Villa 6. - Sergio Serrese de la Villa 19. - Enrique Evangelista de la Villa 26. - Jorge Torres Carbonell de la Villa Rodrigo Bueno.

Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009. Finalmente, el más reciente de todos los documentos fue publicado este 11 de mayo del año 2010 con el título “Celebrar el bicentenario en la ciudad de Buenos Aires (20102016)”. Pues bien, como puede verse, el fenómeno del narcotráfico en las villas es un fenómeno mucho más profundo de lo que aparenta, y respecto del cual han venido llamando la atención numerosos e importantes sectores sociales sin encontrar hasta la fecha una política enérgica para erradicarlo.

3. CONCLUSIÓN La conclusión, sintéticamente, impone que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno cuyas implicancias políticas son de tal magnitud que exigen un abordaje profundo que implicaría plantear severas transformaciones. De allí que, cualquier intervención en este sentido que se plantee en la villa requiere de una ruptura profunda respecto de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Esta ruptura tiene que ser lo suficientemente profunda para hacerse muy visible respecto de los vecinos de las villas. En primer lugar, el narcotráfico crece en los sectores marginales con la misma fuerza que el hambre, la desidia estatal y el desinterés por el destino de millones de personas libradas a su propia suerte. En estas condiciones, una primer decisión central a tomar radica en la cantidad de recursos a destinar a un sector de la sociedad históricamente relegado, de modo de garantizar las condiciones mínimas de existencia en un país cuya riqueza resulta indudablemente suficiente para realizarlo. Ello implicaría, modificar la estructura política clientelar que sostiene todo el sistema político de nuestro país (y a la mayor parte de los sistemas políticos de los países del mundo sacando los pocos cierta equidad en la distribución de la riqueza) en la actualidad, es decir, significaría conceder a un importante universo de votantes la posibilidad de “elegir libremente”. Esta sola decisión, indudablemente detendría el crecimiento del “estado alternativo” - en el peor de los sentidos- que va creciendo en la villa, y respecto del cual el narcotráfico es un actor principal. En efecto, cualquier intervención en la villa implica dar cuenta de los fenómenos obstructivos más sustanciales, para elaborar una estrategia de neutralización. Estos fenómenos son centralmente el narcotráfico y la policía con sus negocios. Y la policía es otro fenómeno muy complejo en sí mismo y cuya transformación implica otras decisiones sustanciales y de una profundidad sin precedentes. Ello en tanto existe un visible consenso de la clase política para convivir con la corrupción policial, que en buena medida cubre buena parte de los costos operativos de la fuerza y genera un ambiente propicio para el enriquecimiento de su cúpula y muchas veces de algunos dirigentes políticos. Todo a cambio de cierto disciplinamiento político de la fuerza a dirigentes locales que

formalmente no deberían ejercer autoridad sobre los mandos policiales. Es decir que, el fenómeno de la policía en sí mismo, es un fenómeno profundamente político y en este marco, obviamente, la relación de convivencia entre la policía y el narcotráfico no escapa a éste proceso. Por otra parte, es preciso dar por terminado el proceso de intermediación en la villa, contribuir al recambio de la dirigencia villera tradicional corrompida, y consolidar procesos de consenso directo con los vecinos. Escuchar, por primera vez en treinta años, las necesidades, las ideas y las propuestas de los vecinos para empezar a pensar una estrategia de intervención estatal que los contemple. En síntesis, intervenir en la villa implica romper de raíz con las prácticas tradicionales del estado en la villa, creer en la validez de la opinión de los habitantes de la villa para encontrar las soluciones, desidealizar la “visión de clase media” y comenzar una nueva etapa con la compañía y el consenso de los vecinos o de la mayor parte de ellos. Sobre esta base, podremos comenzar a dar la batalla contra el narcotráfico, que será larga y tediosa porque en tanto fenómeno, está profundamente arraigado en dinámica política existente en la actualidad y por consiguiente en las propias estructuras del Estado.


Nuestros alumnos en las jornadas La Falta de Comunicación: Causa Primera de las Adicciones El resultado del análisis etimológico de la palabra “Adicción” es “no comunicar”. Toda adicción tiene como conducta en común que el adicto no logra comunicar o aceptar la compulsión que tiene hacia determinado objeto, sustancia o conducta. Esto me lleva a pensar que en realidad el problema de las conductas adictivas es la falta de comunicación. Para analizar este fenómeno conviene analizar ciertas conductas y estructuras de la sociedad en que vivimos. La sociedad, por lo menos acá en la Argentina, es altamente competitiva, y tiene una gran carga machista. Machismo no solamente relativo a la discriminación sexual hacia las mujeres, sino con respecto a las conductas esperadas en la gente. Es realmente difícil encontrar a alguien que exprese cosas sentimentales o profundas acerca de sí mismo. Hasta tal punto sucede esto que es también muy raro encontrar hombres que vuelquen sus sentimientos y pensamientos en un diario, o incluso en la literatura. El ser humano se presiona tanto con la ideal de ser indestructible, con tener el orgullo o el ego tan grandes que no permitan reconocer debilidades, que termina reprimiendo sus sentimientos más básicos, no pudiendo comunicarlos, sacarlos de su sistema. Por más que se piense sobre determinado tema, la opresión o aflicción que este genera no se soluciona sin volcarlo hacia fuera. Esta, considero yo, es la puerta de entrada a las adicciones, que no siempre son las tradicionales (drogodependencia, tabaquismo y alcoholismo). El punto central que quiero tratar en este escrito son justamente las conductas adictivas. Nosotros solemos ponerle atención únicamente a las adicciones que consideramos más peligrosas, las que afectan directamente y con mayores consecuencias a nuestra salud fisiológica. El problema es que hay una gran cantidad de adicciones que muestran un comportamiento compulsivo que son ignoradas por considerarse inocuas, o por lo menos inocuas en comparación a las tres anteriormente mencionadas. Y la realidad es que estas adicciones descuidadas comparten la misma causa inicial, por lo que se las puede considerar puerta de entrada de las otras tres. Además la mayoría del resto de los trastornos adictivos no suelen afectar al resto de la sociedad, como sí sucede con la drogodependencia (familiares afectados, víctimas de los actos hechos bajo el efecto de los estupefacientes, políticos que buscan imagen positiva combatiéndola), tabaquismo (fumadores pasivos, familiares de muertos por cáncer de pulmón, médicos) y alcoholismo (familiares afectados, gente agredida por alcohólicos y sus familiares). Los mejores ejemplos de estas otras adicciones vendrían a ser la adicción a Internet o la adicción al trabajo (que incluso es funcional a los empleadores que tienen trabajadores en relación de dependencia). Lo que busco con esto es combatir la causa de TODA adicción, sin centrarme en las tres de siempre. En cuanto a lo concerniente a las clases bajas, la exclusión se suma a la causa ya mencionada. Demasiada gente usa las conductas adictivas para abstraerse de sus problemas y entre

los bajos ingresos y el dinero destinado a la compra de drogas, la idea de la psicología y la rehabilitación no encuentra resquicio alguno. A mi criterio, mucha de la culpa de la exclusión y el ostracismo que sufren las clases bajas es de la Economía. Y no me refiero al Capitalismo, sino que me refiero a la cómoda situación en que están los analistas económicos, los cuales hablan de crecimiento a largo plazo (cabe aclarar que es innegable que se requiere de mucho tiempo para hacer crecer un país), pero que hacen este diagnóstico sentados tranquilamente en su casa o su oficina, con un ingreso suficiente como para vivir bien. Lo que en realidad pasa es que mientras que los economistas dicen que hay crecimiento a largo plazo y que tan solo hay que esperar unos años para que esto quede plasmado en la vida diaria, hay una gran cantidad de gente que no puede darse el lujo de esperar tanto tiempo. ¿Cómo explicarle a una persona que tiene que tomar mate para escaparle al hambre que en veinte años la situación mejorará? Aparte, ¿cómo tiene que sentirse esa persona? Puedo asegurar que no va a estar feliz por la perspectiva de la mejora del país en el largo plazo, sino que va a estar preocupada y angustiada por su subsistencia y la de su descendencia. Definitivamente la falta de empatía y consideración de quienes formulan las políticas económicas de Estado para con las clases bajas generan una sensación de incomprensión y desesperanza en ellos, sumada a las presiones laborales (no vayamos a creer que el stress es únicamente propiedad de la clase media y alta) y de familia, que se pueden vincular directamente con las adicciones. Lo que es peor es que en este caso por más que ellos lo comuniquen, no tienen respuesta alguna de la gente que puede proveerles alguna solución. Esto lamentablemente los lleva a dos causas distintas pero con el mismo resultado: o se drogan para abstraerse de esta situación desesperante, o se drogan para juntar agallas para salir a delinquir, sea para comprar más droga para seguir abstrayéndose, o para poder comer y aguantar unos días más. Ni siquiera pueden llegar a tener otras conductas adictivas compulsivas que no sean la droga o el alcohol: estas no les proveen de la alienación necesaria para escapar, aunque sea de forma ficticia, de esta penosa situación. En cuanto a las soluciones, creo que hay un montón de campos que no se han explotado, pero no hay que especular con el largo plazo, sino que tienen que ser de acción efectiva, urgente, porque cuanto más tiempo se deje pasar, más gente caerá en las adicciones. Creo que desde el Derecho Laboral se podría ayudar a esta situación, la suba de salarios no tendría que ser causada por la presión sindical, sino que tendría que haber una política de Estado que garantice un salario mínimo de subsistencia, que se actualice automáticamente según el índice de inflación (por más que esta se maquille, cuanto menos habría que mantener una coherencia con respecto a los números oficiales). A los hechos, esta medida no debería ser para toda la población,


sino que habría que establecer un límite según el salario, porque hay que privilegiar a los sectores bajos que son los que más expuestos están a este flagelo. Idealmente debería suceder con todos, pero esto sería una solución para ir implementando en el largo plazo. En Argentina hay 649 habitantes por psicólogo, lo que es un alto porcentaje. A lo largo del país este año se van a egresar 12.268 psicólogos. Una acción conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación podría ser iniciar un plan para darles experiencia a los nuevos psicólogos mediante consultas gratis a los sectores más necesitados, a cambio de cierta distinción en el título universitario, o creando una última materia anual que requiera un tratamiento anual gratuito a 5 personas para poder recibir el título. Esto proveería de asistencia psicológica a 61.340 personas al año, ayudaría a la difusión de la psicología en todos los sectores sociales y daría experiencia a los nuevos psicólogos. En cuanto a implantar esto, creo que podría ser clave el vínculo con ciertas empresas industriales o constructoras para ofrecerles estas consultas psicológicas a los empleados. No digo que la psicología sea la llave para solucionar el problema de las adicciones, pero estoy seguro que ayuda a solucionar parte de la falta de comunicación que éstas generan. Dan cuanto menos unas horas a la semana a alguien para que se abra y cuente lo que tenga que contar, avalado por el resguardo que provee el secreto profesional. Y ese individuo que tuvo acceso a la psicología podría incluso ayudar a algunos de sus familiares. También podría fomentarse la formación de ONGs u otros organismos que fomenten la psicología “pro bono” para tratar de combatir la causa primera de la adicción y también ayudar a la gente a que direccionen su potencial a causas mejores que la drogadicción, a buscar una salida digna de su situación. Una idea para fomentar esto es ofrecer una reducción en el impuesto a las ganancias a los psicólogos que se apunten a una lista para ofrecer asistencia psicológica gratuita. Otra cosa que a mi juicio sería esencial es la reducción de los planes sociales. No se trata de erradicarlos, sino que hay que reducirlos a la mínima expresión. En lugar de pagar dinero a cambio de nada, debería fomentarse el trabajo social a cambio del dinero. Es preferible dar un trabajo que solamente dar plata, es preferible instruir a la gente sin trabajo en algún oficio en lugar de dar subsidios para quitarse el problema de encima. Y no se busca la retribución del dinero que paga el Estado de alguna forma, sino que la idea es evitar el no tener nada para hacer, que es un gran generador de depresión en la gente. Por eso considero que el pago de planes sociales a cambio de nada es contraproducente para combatir las adicciones. Toda adicción se ve más “tentadora” cuando el adicto está deprimido por algo. Y el “sentirse inútil” no es algo de lo que la gente suele hablar, esta sociedad atenta contra quien se muestra débil frente al resto. Igualmente queda muy claro que esta solución es casi impracticable, porque toca muchos intereses políticos, dado que atentaría contra el clientelismo político. De todas formas que hay planes sociales que son necesarios, pero hay que evitar la proliferación de ellos por cuestiones puramente políticas. Tampoco es cuestión de centrarse únicamente en los sectores bajos porque el problema de las adicciones debe ser combatido de forma integral. Las razones que llevan a la gente a las conductas compulsivas pueden variar según la clase social, aunque siempre se trate de ocultar algún

problema. Podría obligarse a las empresas de una rentabilidad alta a que tengan un psicólogo a disposición para los empleados, así pueden alivianar sus presiones laborales, o que por lo menos no tengan que descargarlas en la familia, con todo lo que eso implica. Con una contundente campaña de concientización para los dueños de las empresas en la cual se les muestre que la asistencia psicológica aumenta el nivel de productividad, ni siquiera haría falta hacer esta disposición obligatoria, o por lo menos justificaría la no bonificación a la empresa por parte del estado por haber prestado este servicio. Económicamente hablando, todas estas medidas, que si bien implicarían gastos para el estado, al mismo tiempo generarían empleo y una mejor calidad de vida de la gente, aumentando la utilidad. Si se logra combatir de forma más eficiente a la drogadicción de este modo, los beneficios serían mayores que las pérdidas, y podría considerarse todos los gastos del estado como inversiones. El problema de la poca salida laboral que tienen los psicólogos sería combatido, la gente desocupada podría pasar a ser población económicamente activa. También al contrarrestarse el flagelo de las drogas y otras adicciones estaríamos frente al ahorro de millones de dólares en Salud, en rehabilitación, y ¡en el consumo mismo de drogas! Además, que bajen los consumidores es un golpe directo al narcotráfico, y entre la menor presencia de gente drogada en la calle y el menor poder del narcotráfico, la consecuencia directa sería una baja sensible en la inseguridad, que a su vez podría hacer posible una reducción presupuestaria en la policía, o al menos una mejor administración de los recursos, haciéndola más efectiva. Finalmente, la suba en el empleo se traduciría directamente en un aumento de la recaudación impositiva y en una reactivación del consumo, que también implicaría otro aumento en la recaudación de impuestos lo cual es beneficioso para la economía tanto en el corto como en el mediano plazo. Aparte, la erradicación de la droga le daría más tamaño al presupuesto familiar, dando más facilidades para la movilidad social. De todas formas, para que todo esto funcione, se necesita un sinceramiento de toda la clase dirigente, un saneamiento de las fuerzas de seguridad para evitar la corrupción y poder destruir las mafias que defienden el narcotráfico a costa de la vida de muchísima gente y un gran compromiso social de todos los que queremos ponerle fin a esto. Es hora de tomar cartas en el asunto y dejar de delegar las responsabilidades a una clase dirigente que tiene intereses claramente contrapuestos con lo que llamamos el bien común.


POLICIA FEDERAL ARGENTINA a través de la Superintendencia de DROGAS PELIGROSAS -División PREVENCION SOCIAL DE LAS TOXICOMANIAS, es la institución pionera en la prevención de las toxicomanías, con más de treinta años de labor ininterrumpida. Para llevar adelante esta función cuenta con un grupo interdisciplinario integrado por Oficiales, Licenciados en Psicología, en Trabajo Social y Abogados, quienes tienen a cargo la ejecución de esta tarea que se desarrolla en todo el país. Actividades de difusión preventiva, que se realizan, con el objetivo de lograr una toma de conciencia sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas:

- Talleres de prevención para niños de once a doce años: Consiste en organizar grupos de niños, los cuales deberán responder a ciertas consignas o preguntas referidas a la problemática drogal, y en base a esta modalidad realizar las correcciones pertinentes y explicar en forma sencilla y concreta, solo enfocando las características de las sustancias en forma relacionada y no taxativas. Ahondando mayormente en los valores humanos como ser la promoción de la calidad de la vida humana, la responsabilidad, la amistad entre otros y analizando la incidencia que tiene la presión grupal en el inicio de esta enfermedad. Cabe destacar que la actividad con los niños se realiza con un "equipo preventor" conformado por un oficial subalterno especialista en el tema, un trabajador social y un psicólogo.

- Encuentros preventivos con adolescentes: En el encuentro con los adolescentes, el equipo preventor, explica cuáles son las posibilidades de lograr un lugar social sin la necesidad de dejar de transitar un camino de vida sana. Se elabora una estrategia de abordaje del adolescente, donde lo que se pretende es su concreta participación y acercamiento. Cuando se inicia el encuentro preventivo, la primera concepción que tiene el equipo, es lograr conocer la necesidad del auditorio hablando su idioma y conociendo su cultura y explicando que se sabe cuanto les cuesta obtener ese "lugar" en una sociedad normatizada por los adultos. Es importante esclarecer todos los factores que hacen a la desinformación como así también observar su sistema de inserción, fomentando las características de "líder por la vida", en contraposición a la de "líder por la transgresión". La modalidad utilizada en muchos casos es la del juego de roles (rol-playing), donde ellos facilitan el conocimiento de sus necesidades y otras veces hacen saber de sus carencias, que en general están vinculadas y tienen su origen en el primero de los grupos de pertenencia primaria, es decir, la familia. Muchas veces los otros grupos de integración son los dadores de modelos, que no siempre son precisamente referentes sanos. Se marca la diferencia entre dos concepciones fundamentales, una la de salud y otra la de normalidad, cuyo ideal sería "ser normales y sanos".

- Encuentros preventivos con adultos: Otra temática totalmente diferente es el dialogo con los adultos, profesionales o no, para, de alguna manera, generar conciencia de lo que significa en el ámbito de salud y de seguridad pública, el fenómeno de la drogadependencia. El grupo adulto plantea como necesidad el hecho de saber detectar si un hijo, nieto, familiar o conocido, consume drogas. Se tiende a no mostrar ni aceptar perfiles, sino simplemente a promover el diálogo y la participación, para generar una toma de conciencia, donde lo importante pasa por la capacidad de escuchar el discurso adolescente, y desde esta escucha, entender cuáles serían las acciones que permitan la orientación hacia un proyecto de salud, sin recurrir a formulas preexistentes. Los adultos manifiestan que este problema es de "otros" y no de "ellos", por eso es importante, lograr que la familia se "asuma como responsable" y no como "culpable" de los proyectos equívocos de los jóvenes. La prevención familiar comienza cuando la pareja parental ésta dispuesta a escuchar respuestas que no se corresponden con las esperadas, pretendiendo que a partir de esta situación, se realice un aprendizaje y un aprehender integrado. Esta integración es vital para el logro de un proyecto de salud por parte de los jóvenes, quienes verán en sus padres referentes confiables y no como sucede a veces, personas excluyente y marginadora de quienes padecen esta patología.

- Encuentros preventivos con la tercera edad: Este sector de población totalmente inexplorado en la materia que nos ocupa, es de mucha importancia para poder incorporarlos como agentes multiplicadores de salud, ocupando de este modo un lugar en la sociedad que frecuentemente los olvida y que a veces lo considera una carga. Al revalorizar el rol del abuelo como dador de ejemplo mejora su calidad de vida


dándole un sentido a través de su participación activa en esta real problemática. - Encuentros preventivos en el ámbito laboral: La estructura general de estos encuentros es similar a la implementada en la de adultos, aunque con algunas características específicas como la incidencia de accidentes de trabajo respecto al consumo de sustancias tóxicas, el ausentismo después del fin de semana y con el objeto de dar las herramientas necesarias para un correcto abordaje y derivación del problema. - Difusión preventiva destinada a profesionales: Se encara la temática de acuerdo al grupo profesional, siempre recordando que al margen de su actividad laboral, los adultos son en su mayoría también padres y madres. - Cursos de capacitación docente: (Modalidad: Presencial, Semipresencial y Curso No Presencial a distancia: destinado a docentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Neuquen y San Juan). - Difusión preventiva destinada: a profesionales, asociaciones deportivas, culturales, religiosas, entidades de bien publico en general que requieran nuestra presencia. - Cursos de capacitación: dirigido al personal de la institución y becarios de otras policías y fuerzas de seguridad. - Actualización en la materia mediante jornadas destinadas a oficiales jefes de: Policía Federal Argentina, becarios de otras policías y fuerzas de seguridad. - Nuestra dependencia cuenta con un gabinete de orientación para el drogadependiente, atendido por profesionales idóneos, es gratuito y abierto a la comunidad. Donde se realiza una aproximación diagnóstica del caso presentado, ya que una buena orientación facilita un mejor y rápido tratamiento de rehabilitación, si este es necesario y aceptado por el demandante. La actividad no es impuesta por Prevención Social de las Toxicomanías y solo requiere ser solicitada por el establecimiento educativo, institución, organismo, entidad o la persona interesada. El trabajo de prevención en drogas debe ser integral, por ello se trabaja:

- En el aula se realizan: talleres de reflexión con niños de once y doce años; encuentros preventivos con adolescentes con diferentes estrategias teniendo en cuenta su demanda o mediante el uso de disparadores temáticos. Apuntando a disminuir los factores de riesgo detectados y fortaleciendo los de factores de protección. - Con los adultos para acercar la brecha entre estos y sus hijos. Siendo los padres responsables de la educación y acompañamiento de los mismos. Recordando que la primera demanda va a pasar por el hogar y ante la falta de respuesta de la familia se trasladará afuera. Resaltando la necesidad de la puesta de límite, de comunicación y de afecto, reflexionando sobre la importancia a perder el miedo, dejar de lado la omnipotencia y saber pedir ayuda a tiempo. - Con la tercera edad, quienes en muchos casos son los que están a cargo de los educandos e informando sobre los riesgos de la automedicación de psicofármacos. - Con los docentes quienes en su actividad diaria van a observar situaciones de riesgo y factores protectores que deben fortalecerse para impedir el consumo. Se los acompaña con capacitación (avalada mediante resolución y puntaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Se busca llegar a la comunidad educativa, con la finalidad de contribuir al conocimiento en la materia para que todos juntos bajo un precepto eminentemente comunitario, podamos contrarrestar el avance de este fenómeno que tanto daño nos genera como civilización, ya que no solamente quita la salud de nuestra gente sino que


además hace perder un don tan preciado, como es la libertad. - En la actividad comunitaria con los diferentes establecimientos que integran la misma (clubes, instituciones parroquiales, biblioteca), generando el ocio dinámico mediante actividades lúdicas grupales u otras que permiten el ordenamiento psicofísico del joven, el reconocimiento del lugar del otro teniendo en cuenta el respeto de las reglas o pautas del juego, colaborando en el proceso de socialización del individuo. - En la capacitación del personal policial para una mejor comprensión de esta enfermedad y abordaje de la misma. - Con los profesionales de la salud, en cuyo caso se encara la temática de acuerdo a su actividad aportándole nuestra experiencia de campo para agudizar la mirada en la detección y precoz abordaje de las situaciones de riesgo. - Poniendo a disposición nuestro gabinete de considerarse necesario si surge la demanda. Desde el 2009 se implementó: El operativo Escuela Prevenida, para coadyuvar en la prevención mediante la observación y detección. Lo que permitió un mayor acercamiento a la comunidad de nuestros profesionales contestando inquietudes y orientándolos en la temática. El mismo se implementa con móviles de la institución, personal de esta dependencia y de canes detectores de drogas. El próximo 28 de Junio, esta dependencia conmemorará el "Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de Drogas" Para tal celebración nuestra Dependencia lanzará el programa de prevención específica, denominado "Dominando mi vida", mediante el cual se disminuyen las edades para realizar prevención universal a 7 años, abarcando con dicho programa la franja etárea de 7, 8 y 9 años de edad, la misma no se encontraba dentro de nuestra tarea de prevención. Invitamos a participar a todos los interesados quienes pueden inscribirse telefónicamente o por correo electrónico.

Policía Federal Argentina Superintendencia de Drogas Peligrosas División Prevención Social de las Toxicomanías Av. Belgrano 1613, 2º piso, Capital,

Telefax: 4346-5711/5712

preventoxico@yahoo.com.ar

prevsoctox@policiafederal.gov.ar


Aporte Materia de Drogadicción. Por German Galeano (S) y Mirta Fretes.

DROGAS: Son aquellas sustancias que introducidas en un organismo vivo puede alterar la estructura o modificar una o más funciones. DOSIS: La cantidad de droga que debe administrarse a un ser vivo para producir un efecto determinado. Depende de varios factores, tales como: el peso corporal, la idiosincrasia, la edad, el sexo, etc. DÓPING IRREVOCABLE: Es la detección de la presencia de una sustancia que pertenezca a las clases “A”, “B”, “C”, “D” y “E” (sustancia prohibida). DROGA DE ABUSO: Como droga peligrosa, cualquier clase de droga. DROGODEPENDENCIA: Involucra la adicción y el hábito singularizando respecto de un tipo de droga determinada. Entre otros rasgos, esta patología presenta en el usuario un fuerte deseo inclinado al consumo de ésta; al punto en que se llega a perder la noción en relación a las cantidades ingeridas. El usuario presenta dificultades para controlar el consumo de la sustancia en cuestión. DROGAS BLANDAS: Aquellas drogas ilícitas (marihuana, derivados anfetaminicos) que van marcando el camino de la droga dependencia, al consumir peldaños progresivos en su consumo para el acceso al abuso de droga pesada. DROGAS DURAS: LSD – 25 – heroína - cocaína “crack o rock” y todas aquellas que crean adicción tolerancia o dependencia en el usuario, con sus devastadoras consecuencias. DROGAS ILICITAS: Aquellas que la autoridad competente de un estado sanciona con esa categoría en distintas figuras penales, civiles, administrativas, deportivas (uso, tenencia, comercialización). DROGAS IMPOSTORAS: Sustancia química (comprimidos, polvos, cápsulas) que contienen ingredientes de venta libre pero de uso controlado. Generalmente contienen distintas combinaciones de cafeína, de sulfato de efedrina,( descongestivo nasal) carbohidratos o clorhidrato senilpropanolamina. DROGAS LÍCITAS: Aquellas de uso permitido, legal o culturalmente institucionalizadas (café, tabaco, alcohol). Drogas livianas: Sinónimo de drogas blandas Drogas naturales: Obtenidas de la naturaleza *Hay diferentes clases de drogas, cito algunas: marihuana, cocaína, ganja, bang o blang, hachís, LSD/ 25, inhalantes Datura Stramonium, anfetamina, cocaísmo /coquismo /

coqueo, anorexígenos, PBC (pasta base de cocaína) / pasta coca / pasta cocaína /sulfato base de cocaína, éxtasis, paco, morfina. Marihuana: Sustancia activa – cannabis sativa linneo (más de 421 componentes quimicos) * Delta – 9 – Trans – Tetrahidrocannabis (THC) y 30 “cannabinoides”. * Lipófilos aislados (atraídos de sustancias grasas) * ”Cannabis”, planta de la familia angiospermas dicotiledóneas. “Sativa” Cultivada.

Intoxicación aguda: Trastornos de equilibrio, palpitaciones, alucinaciones, taquicardia (al cabo media hora, luego de la ingesta). Sensación de hambre y sed, respiración corta y fatigosa, opresión precordial, incoordinación muscular y motora, Gran somnolencia. Efecto a corto plazo: Bronquitis, asma, temblor, pánico, alteración del Sistema Nervioso Central, alucinaciones visuales, cefalea, vértigo, extenuación y desarticulaciones temporales, delirios, infantilidad. Efectos a largo plazo: Conjuntivitis, daños de los cromosomas, alteraciones somáticas y sensoriales (visual, auditiva y espacio-temporal), trastornos de juicio y teratogénicos (malformaciones congénitas) Aspectos del producto: Puede hallarse como flores, hojas de la planta parecida al perejil seco, con tallos y semillas y con aspecto al tabaco (hebras). Se enrolla sobre un papel de cáñamo, formando así el “cigarrillo de marihuana”; comúnmente llamado “porro”; el cual suele pesar entre 0,5 y 1 gr. El “THC” obtenido en laboratorio viene en forma de cápsulas blandas de gelatina. Es incoloro, inoloro e insípido. Modos de uso: Generalmente se consume en cigarrillo o en pipa. La sustancia se incinera e ingresa mediante el sistema respiratorio. El período de vida del THC en organismo es de 72 horas, en algunos organismos tarda hasta 18 días en desaparecer en su totalidad. Hoy el THC es 800 veces más tóxico que el usado en 1970

Inhalantes: sustancia activa: · · · ·

Hidrocarburos Aromáticos o Halogenados Óxido Nitroso Nitrito de Amilo Nitrito de Butilo


·

Cloro Hidrocarburos

Intoxicaciones agudas: Síntomas: Embriaguez, diplopía, depresión respiratoria, riesgo de asfixia, euforia, delirio convulsiones, alucinaciones, hemorragias nasales y pérdida del apetito. Efectos a corto plazo: Signos específicos de “benzolismo”, leucemia y anemia grave, disminución del número y de la movilidad de los espermatozoides en el hombre y alteración del ciclo menstrual en las mujeres. Efectos a largo plazo: Produce daños en la percepción y en la coordinación del juicio; puede desembocar en lesiones cerebrales, hepáticas, renales, genéticas, hemáticas y en neuropatías periféricas, como así también en pérdida de la capacidad de aprender. Se ha comprobado la existencia de riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte súbita

Aspecto del producto: Puede hallarse de maneras variadas, éstas son; cemento de doble contacto, líquido, solvente, cola y pegamentos, anestésicos. Forma de uso: Se inhala (vía osmótica), ingresa a través de la membrana pulmonar.

Cocaína: Sustancia activa: · Metilbenzoecgonina · Éter metílico de benzoilecgonina (clorhidrato de cocaína) · Erythroxylum coca lamarck · Erythroxylum nova granatense · Rubogranatense · Truxilense · Hidrido Jáuregui · Variedad coca · Variedad epadu o ipadu · Variedad Trujillo · Variedad Huanco

Intoxicación aguda: En su caso, se observa, midriasis (dilatación de las pupilas), exaltación del ánimo, taquicardia, desmayo súbito, palidez extrema, temblores, verborragia, hiperquinesia, alucinaciones auditivas visuales y táctiles. Efectos a corto plazo: Síndrome de Magnan (cuadro alucinatorio microzóopico o formicación), insomnio, anorexia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, persistente resfrío (de aspecto alérgico). Efectos a largo plazo: · Psicopatías · Trastornos psíquicos (con intervalos de lucidez) Melancolía · Manía suicida u homicida. · Perforación del tabique nasal (tabique de platino) · Hijos del usuario con trastornos físicos o mentales (Retraso mental, deformaciones, problemas motrices graves). · Pérdida del apetito (que desemboca en cuadros de desnutrición)

Aspecto del producto: Polvo blanco cristalino con ligero sabor a éter, inoloro. Puede licuarse. Al microscopio se asemeja a un vidrio astillado. Modo de uso: Se aspira por vía nasal, se ingiere o se mastica por vía oral. Provoca fricción sobre la mucosa bucal. Otra opción es el ingreso al sistema circulatorio mediante vía intravenosa o subcutánea.

Anfetamina: Sustancia activa · · · ·

Methedrina Anfetamina Dexatroanfetamina Methanfetamina y otros

Intoxicación aguda: Lesiona el sistema nervioso central. Presenta trastornos en las respuestas emotivas, el aprendizaje, la conducta, y hasta puede incurrir en un estado vegetativo. Efecto a corto plazo: Euforia, sensación de confianza, “alerta mental”, contracción cardíaca acelerada, aumenta la presión sanguínea, reduce la actividad gastrointestinal, inhibe el apetito. Efecto a largo plazo: Presenta daños comparables a los alucinógenos, paranoias, y posible muerte por anomalías cardíacas. Aspecto del producto: Tabletas, comprimidos, polvo blanco, líquido. Modo de uso: Se ingiere, se inyecta o se inhala

Pasta base de cocaína: Sustancia activa Cocaína: En vía de elaboración de su clorhidrato contiene: · · · · · · · · · ·

Ecgonina (Principio activo de la “atropina”) Otros alcaloides de la coca (Ej:Tropeína) Ácido benzoico Alcoholes de madera Querosén Acido Sulfúrico Acido Clorhídrico Bases Alcalinas Permanganato de Potasio Éter, cal, nafta.

Intoxicación aguda: Desorden disforia, alucinaciones, psicosis)

mental

severo

(euforia,

Efectos a corto plazo: Adormecimiento en la boca, ojos “quemantes”, sudor, palpitaciones, temblores, mareos, cólicos, y deseo de orinar o mover el vientre. Efectos a largo plazo: Como el “high” (estado de intoxicación) es drástico, inmediato y poco duradero (su efecto se extiende por un tiempo estimado de 10 minutos), la


adicción resulta salvaje. Presenta un síndrome paranoide extremo y trastornos mentales iguales o mayores a los de la cocaína.

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Consumidor ocasional Consumidor disfuncional Consumidor habitual Consumidor destructivo

Aspecto del producto: Puede ser blanco o marrón (dependiendo de la proporción de cocaína que se utilice). Morfina Modo de uso: Se fuma, se mezcla o se convierte en crack o rock.

Sustancia activa: sulfato de morfina. Su aspecto es el de polvo liviano blanco (cristales) o en copos amarillos. También puede hallarse en forma de píldoras o cápsulas (tabletas), o en estado líquido.

Estimulante del Sistema Nervioso Central – Alucinógeno Forma de uso Dogas de diseño: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

“DET” “DMT” “LBJ” “MDA” “MMDA” “TMA” “STP” “DOM” “MDMA” “PCP” (Fenciclidina y análogos) Tebaína Etorfina Morfinanos Benzomorfanos Metadonas (Análogos Monocíclicos) Ketamina (Anestésicos Disociativos) Black Tart Heroin Chica Cat Crystal Raves Heroína Nº 4 y Nº 5 Esteroides – Anabólicos Fenilpiperidinicos

Alcohol Líquido fabricado y comercializado legalmente. Su uso es oral. La sustancia activa es el etanol o alcohol etílico. Afecta al sistema nervioso central y a la médula espinal. Con dosis elevadas puede desembocar en una polineuritis, depresión respiratoria y hasta llegar a la misma muerte del usuario. Consecuencias · Daño irreversible al cerebro, hígado (cirrosis alcohólicas) y páncreas. · Gastritis · El consumo durante el embarazo de la mujer, puede repercutir en el feto al punto de acarrear malformaciones congénitas o deficiencias mentales.

Por vía oral, se puede ingerir en cápsulas o píldoras. Para solubilizarla se mezcla con ácido clorhídrico. También se fuma, se aspira en polvo, o se inyecta (por vía intramuscular o intravenosa y subcutánea). Las drogas de mayor consumo · Cocaína · Marihuana · Alcohol · Psicofármacos · LSC / Alucinógenos · Opiáceos · Inhalantes · Anfetaminas · Heroínas · Crack · Otros: Barbitúricos, Pasta Base, Hachís, Morfina, Láudano. Algunas enfermedades con que se utiliza más la droga El consumo de ciertas drogas presenta un aumento en personas que padecen las siguientes enfermedades · HIV – SIDA · Problemas psiquiátricos · Problemas respiratorios · Problemas alérgicos · Problemas hepáticos · Problemas cardíacos · Anorexia · Problemas gástricos · Diabetes Modos de consumo · ·

Monoconsumo Policonsumo

Drogas usualmente consumidas por usuarios que padecen HIV Cocaína – Marihuana – Medicamentos – LSD / Alucinógenos – Anfetaminas – Anfetaminas – Inhalantes – Opiáces. Medicamentos más consumidos por nombre comercial

Diferentes tipos de consumidores

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Rohypnol / Primum Aseptodrom


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Aseptodron unicap Lexotanil Artane Trapax Valium Rivotril Akineton Alplax Dormicum Tegretol Barbituricos Zicar

Drogas comúnmente incautadas Marihuana picadura – Marihuana planta – Haschis – Cocaína clorhidrato – Hojas de coca – Psicofármacos – Opio – Morfina – Heroína – LSD – 25 – Pasta Base – Sales de Anfetamina – MDMA (éxtasis) – Acetona – Ácido clorhídrico – Alcohol etílico – Amoníaco – Éter – Permanganato Potasio – Bicarbonato de Sodio – Xylocaína – Marihuana semillas – Cucumelo – Hong – Silore. ¿Cómo se clasifican las drogas? · · · · · · · · · · · · · ·

Las más baratas: Anfetamina, marihuana Las más caras: Cocaína, éxtasis, LSD Las más fuertes: Cocaína, éxtasis, LSD, morfinas Las más suaves: Anfetaminas, marihuana Legales. Anfetamina, morfina Prohibidas: Cocaína, éxtasis, hachís, LSD, marihuana De moda: Anfetamina, cocaína, éxtasis, marihuana Fuera de moda: Hachís, LSD, morfina Fáciles de conseguir: Anfetamina, cocaína, marihuana Difíciles de conseguir: Éxtasis, hachís, LSD, morfina De los jóvenes: Éxtasis, marihuana De los adultos: Anfetaminas y cocaína Más dañinas: Cocaína, éxtasis, hachís, LSD, marihuana Menos dañinas: Anfetamina, marihuana

¿En qué sector entran más las drogas? · · · · · · · · ·

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Desde el Doctorado dela UBA El FALLO GARCIA MÉNDEZ Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Por Alicia Curiel.

“Tengo un sueño; que un día los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos se sentarán juntos en la mesa de la fraternidad” Martin Luther King

THE GARCIA MÉNDEZ RULING AND THE AFFIRMATIVE ACTIONS IN THE INTERNATIONAL LAW OF HUMAN RIGHTS. By Alicia Curiel.

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RESUMEN: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre 2 de 2008 dictó sentencia en el caso conocido como García Méndez. En atención a su temática propia pero no exclusiva del Derecho Penal, fue y es usualmente analizada, comentada y criticada con tal proyección, sin embargo su lectura y análisis es más específico y profundo. Este trabajo pretende mirarla desde una perspectiva algo distinta, como referente en el campo de las medidas afirmativas adoptadas por nuestro Máximo Tribunal, y por los otros poderes del Estado, que deberían ejecutar sus decisiones, para garantizar el pleno goce de los derechos enunciados en la Convención de los Derechos del Niño, conforme con las sugerencias y recomendaciones adoptadas por su órgano de supervisión.

KEY WORDS Child- Affirmative Actions- Ruling- Argentina- Supreme Court of Justice.

SUMARIO: I. Introducción. II. Los principios de la Convención. 1. No discriminación. 2. Interés superior del niño. 3. Derecho a la vida. 4. Respeto de las opiniones del niño. III. Las acciones afirmativas. IV. Instrumentos, doctrina y jurisprudencia del Derecho de los Derechos Humanos aplicados en el caso.V. El artículo 75 “23” de la Constitución Nacional. VI. Conclusiones

I.Introducción. ABSTRACT: On December 2nd of the year 2008 the Supreme Court of Justice of the Nation entered judgment on the case known as García Méndez. Its subject matter that is characteristic but not exclusive of Criminal Law and still is analyzed, commented an criticezed with such a projection. However, its reading and study are deeper and more specific. This paper aims at considering it from a different perspective, as a reference in the field of the affirmative measures adopted by our High Court and by the other branches of the State, wich should execute their decisiones in order to guarantee the full enjoyment of the rights mentioned in the Convention in the rights of the Child in accordance with the suggestions and recommendations adopted by its supervision body. PALABRAS CLAVES Niño – Acciones Afirmativas – FalloSuprema.

Argentina – Corte

El siglo XXI nos sorprendió en una etapa evolutiva de la conciencia jurídica universal, el derecho internacional abandonó su postura estatocéntrica para transformarse en antropocéntrico, el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos adquirió plena vigencia. En concordancia, nuestra Constitución Nacional, en su reforma de 1994, otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos1, uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño2, en adelante la Convención.

II. Principios Generales de la Convención. A priori al desarrollo del tema propuesto, es imprescindible establecer los Principios Generales de la Convención, conforme las interpretaciones realizadas por el Comité de los derechos del niño3 en sus Observaciones Generales4, para una correcta aplicación por los Estados Partes.


1. No discriminación (artículo 2). Es obligación de los Estados adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato de los niños que se hallen en conflicto con la justicia. Esto implica adoptar una política coherente, impartir formación a todos los agentes del Estado vinculados con la administración de la justicia de menores. En atención al artículo 56 de las Directrices de RIAD5, deben ser descriminalizados los niños de la calle, usualmente sus conductas y comportamientos son tipificados en algunas legislaciones como delitos, cuando en realidad son problemáticas psicológicas y socioeconómicas6. 2. Interés superior del niño (artículo 3)7. Debe estar presente en todas las medidas tomadas por las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y lo órganos legislativos. La aplicación del principio exige la adopción de medidas activas estudiando de modo sistemático cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados, directa e indirectamente, por las decisiones y por las medidas adoptadas8.

Observaciones Generales es congruente y coherente13. Los artículos 2 y 4 de la Convención enuncian como obligación de todo Estado Parte la adopción de medidas apropiadas, la adopción de todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos enunciados en ella.

IV.Instrumentos, doctrina y jurisprudencia del Derecho de los Derechos Humanos aplicadas en el caso. 1.Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención es un tratado de derechos humanos cuya interpretación debe hacerse en forma dinámica, en concordancia con la evolución de los tiempos y al medio social en que se ejercen los derechos protegidos14. Los derechos enunciados en la Convención fueron interpretados y aplicados por la Corte Suprema de Justicia en adelante (la Corte), a la luz de los principios generales, elaborados por el Comité en distintas Observaciones Generales15.

3. Derecho a la vida (artículo 6). Este derecho es considerado todo un principio directriz e inspirador para que los Estados establezcan y ejecuten políticas y programas nacionales eficaces de prevención de la delincuencia juvenil, sin olvidar el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del niño, acorde con el artículo 37 b) de la Convención la privación de libertad deberá ser la última ratio y de aplicarse, debe ser breve9. 4. Respeto de las opiniones del niño (artículo 12). En cada etapa del proceso judicial, el niño debe expresar su opinión libremente, en materia penal, es esencial garantizar este principio, el Comité observó, que se ha convertido en una fuerza poderosa de mejora y reforma para el disfrute de los derechos10.

III.Las Acciones Afirmativas. La acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en uno o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva11. Estas tienen por fin enderezar y reparar injusticias históricas, reparar discriminación social o estructural, crear una mayor eficacia del sistema socioeconómico y constituir un medio de construir la nación.12 Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos definen y establecen límites a estas acciones, no de modo uniforme, sin embargo coinciden en una característica que les es propia, imponer a los Estados el compromiso de adoptar medidas legislativas o de otro carácter. En este aspecto la doctrina de los órganos de supervisión contenida en las

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su artículo 1° enuncia la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos, a toda persona que bajo su jurisdicción se encuentre. Esta obligación se hace efectiva mediante la adopción de medidas afirmativas. En el fallo, la Corte refiere a los roles de garante de todos los órganos del Estado, en consecuencia corresponde a cada uno de ellos, conforme sus respectivas atribuciones constitucionales dictar medidas legislativas o de otro carácter, en cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En este orden, la Corte asume su rol mediante el dictado de las sentencias judiciales16. 2.Otros instrumentos. 2.1. Reglas de Beijing17, 2.2. Reglas de Riad18 4. Jurisprudencia. Entre otros fundamentos invoca el caso de los “Niños de la Calle”19; en este precedente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad decidió declarar responsable a Guatemala, al constatar la especial gravedad de una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo que conllevó la violación del derecho a la vida. 5. Observaciones Finales del Comité20. La Corte se remite a la Observación Final en el marco del estudio y consideración al segundo informe periódico presentado por la Argentina21. Siguiendo las recomendaciones del documento, se refiere en concreto a la cuestión aún pendiente al momento de pronunciarse, esta es la adopción de medidas afirmativas que dejen sin efecto el régimen de la ley 22.278, para avanzar y abolir toda práctica concordante con la doctrina de la situación irregular.22 En idéntico sentido se mencionan las pertinentes Observaciones realizadas a otros Estados Latinoamericanos como Paraguay, El Salvador y Guatemala. Poner en práctica esta Observación implica ejecutar medidas afirmativas, como adecuar leyes internas a los estándares


internacionales vigentes. 6. Observaciones Generales. En el considerando 12 del fallo, el tribunal menciona la Observación N°10 - “Los Derechos del niño en la justicia de menores”- en relación con el deber de los Estados de adoptar medidas especiales de protección para los niños que cometen un delito cuando no cumplieron aún la edad mínima, pues estos niños no deberían ser acusados ni considerados responsables en un procedimiento penal. Señala que es función de los magistrados adoptar estas medidas orientadas a sustituir la internación, tomando para ello, el principio de interés superior del niño. El tribunal, “requiere”, “exhorta”; puntualiza “un plazo razonable”, pero propiamente, de la lectura en análisis, no se concluye la ejecución a lo dispuesto en la Observación del Comité. Fundándose la Corte en su rol institucional como Poder del Estado y en las relaciones que deben existir con los otros poderes, los convoca e instruye como canal adecuado para ejecutar las acciones afirmativas requeridas y exhortadas dentro de un plazo razonable23. V.El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional. Citando sus propios fallos el máximo tribunal, tomó este artículo e inciso, como un llamado al Poder Legislativo, nuestra Constitución lo dispone entre las atribuciones del Congreso, a mi entender se constitucionalizan las medidas afirmativas como obligaciones que competen al Poder Legislativo. En este contexto, el fallo identifica la realidad, el sistema vigente, enfatizando la competencia del Poder Judicial, exhorta a los otros poderes del estado a concretar medidas de política pública con carácter previo, (planes, programas generales y específicos en materia de educación, salud deporte, adicciones, estrategias, instituciones, instalaciones calificadas, personal idóneo, recursos y normas de coordinación)24, y concluye que, atento la delicadeza y complejidad de la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, es necesario el diseño de políticas públicas en general y la criminal en particular, por cuanto esto excede su competencia.

VI.Conclusiones. En el sistema de valores y principios de toda sociedad democrática “los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”25. El niño como persona humana tiene derecho a la dignidad, “por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso protección legal”26 . Hasta parece absurdo, dado el desarrollo logrado por la ciencia jurídica, que los niños marginados y olvidados no puedan aún ejercen plenamente sus derechos, por múltiples causas, entre estas, la vigencia de la situación irregular. En el caso analizado, la Corte Suprema asumió su rol ante una eventual responsabilidad internacional del Estado, aplicó e interpreto la Convención conforme con la doctrina del Comité.

En si mismo el fallo, desarrolla toda una estructura de acciones afirmativas, y se propone otorgarles operatividad, para afrontar, atacar e impedir la subsistencia de todo el conglomerado de asimetrías e inequidades derivadas de la situación irregular. Pero en la práctica este desarrollo armonioso resulta insuficiente, ante el lento y esquivo accionar de los otros Poderes del Estado, cuyas sistemáticas omisiones, son inconsecuentes con los principios rectores de los derechos humanos, e incompatibles con el pleno goce y ejercicio de los derechos enunciados en la Convención. Podrán los niños, nuestros niños, olvidados, excluidos, marginados, descubrir y desarrollar esa poderosa capacidad humana llamada resiliencia.


1- El conocido artículo 75 en su inciso 22 otorgó esta jerarquía solo a once instrumentos internacionales taxativamente enunciados, establece asimismo un mecanismo derivado o agravado que debe seguirse para que otros instrumentos también sobre derechos humanos obtengan tal jerarquía. Al presente la obtuvieron la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. 2- www.un.org/treatis/Pagues. Asamblea General, Resolución 44/25 del 20 noviembre de 1989 en vigor el 2 de septiembre de 1990 conforme con su artículo 49. Argentina la ratificó el 4 de diciembre de l990. 3- Órgano creado por el artículo 43 de la Convención, es su función supervisar la aplicación de la Convención por los Estados Partes, en la actualidad le compete asimismo supervisar la aplicación de los dos protocolos facultativos, relativo uno a la participación de los niños en conflictos armados y el otro a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Ambos fueron ratificados por Argentina. 4- Se denominan Observaciones Generales a las interpretaciones sobre cuestiones temáticas de las disposiciones emanadas de los tratados de derechos humanos publicadas por los respectivos Comités. Al presente el Comité de los Derechos del Niño lleva publicadas 12 Observaciones Generales. 5- www.un.org/AG/45/12. 14 de diciembre l990. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Refieren a medidas de protección para jóvenes en situación de riesgo. 6- www.un.org.CRC/C/GC/10 p.4, 5. 7- Asimismo este principio se destaca en los artículos 9, 18, 20, 21,37 y 40. 8- www.un.org..CRC/GC/2003/5.2003. p.5. 9- CRC/C/GC/10. p.5. 10- Ídem.6. 11- www.un.org./ E/CN.4/sub. 2. /2001. 12- Ibídem. 13- Los órganos de supervisión de los Tratados son los Comités, fueron creados en el texto del mismo tratado, o en sus protocolos facultativos, a excepción del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, creado por resolución del ECOSOC. 14- A este respecto se pronunció reiteradas veces la Jurisprudencia internacional, a modo de ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su O.C.-16/99, Serie A, N° 16.”El Derecho a la Información sobra la asistencia Consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”. 15- Toda labor interpretativa emanada de los Comités, por ser estos órganos cuasi judiciales, conforma la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 16- En este contexto corresponde mencionar el caso Ekmekdjian c/ Sofovich, la Corte otorgó operatividad mediante su sentencia al derecho de rectificación o respuesta enunciado en el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos; en el Asunto Maqueda c/ Argentina, hallándose el caso en la Corte Interamericana de derechos humanos, el Estado Argentino dictó el Decreto N° 1680/94 que permitió a Maqueda obtener la libertad condicional por conmutación de pena.www.oae.org CIDH/ jurisprudencia/Argentina. Caso Maqueda. Resolución de 17 de enero de l995. 17- www.un.org. AG/40/33. 29 noviembre 1985.Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. Establecen el estándar mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. 18- Ídem.5. Refieren a medidas de protección para jóvenes en situación de riesgo social, asimismo a niños, destacando que debe ser contrarestada toda situación que afecte el sano desarrollo del niño, proponiendo medidas exhaustivas y multidisciplinarias. 19- CIDH, Sentencia de Fondo. Serie C, N° 63. 1999. 20- Del artículo 44 de la Convención, emana el compromiso de los Estados Partes de informar en principio a los dos años, en lo sucesivo cada cinco años, sobre las medidas que hayan adoptado para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma y sobre el progreso realizado respecto al goce de tales derechos, el Comité se emite al respecto en Observaciones Finales. 21- Es necesario aclarar que Argentina presentó este informe en agosto 12 de l999, cuando aún no había sido sancionada la ley 26.061. 22- www.iin.oea.org/publicaciones Zaffaroni toma tres ejemplos para ilustrar la situación irregular: Judicialización de las causas sociales, el poder ejecutivo dejó de hacer, y el judicial actúa en nombre de la tutela /protección; Justicia penal arbitraria e inconstitucional, como ser la aplicación de figuras penales inexistentes en el derecho penal, violación de las garantías del debido proceso; Los niños como objetos de protección, destinatarios de medidas de protección en correlación al actuar del Estado. 23- CSJN. G. l47 XLIV. Considerando 9°. 24- CSJN. G. l47.XLIV, Considerando 6°. 25- www.oea/CIDH/ jurisprudencia. CIDH. O.C. 8/86. “El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías”, párr 26. 26- Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.


TEORÍA GENERAL DEL DERECHO COMISIÓN 6030 Roberto H. L. Cavanna DNI 4.423.507 LAMBDA Soberbia actitud, la del hombre en su acción creadora. Desarrolló a través de los tiempos sofisticadas técnicas las cuales le permitieron dominar parcialmente la naturaleza y perder su primera inocencia. Tomó la palabra y tuvo sed de conocimiento. Nació a la ciencia y hubo una historia. Se reconoció como animal y como materia se pensó a si mismo. Creó dioses perfectos y no tanto, y los negó. Creó su medio ambiente. Hoy en su soledad, desconoce a sus ancestros que sólo habitan su inconsciente. Atrapado en el tiempo lucha por su trascendencia. Su alma inserta en un determinismo biológico sufre la necesaria y vital incógnita de su fin y supone su origen. Mientras tanto, otro tiempo, el cósmico, juega su juego inexorable. Vanidad, la del hombre que cuestiona. En el principio fue el verbo y quedó atrapado en él. Quizá el fin sea el lenguaje, o su soberbio descubrimiento: El origen de los tiempos.


Colaboraron con estas Jornadas

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Diego Pablo Calo Maiza (S) Marina Natalia Sanchez (S) Analía Julieta Vigano (S) Facundo Taboada (S) Patricia Inés Fonseca (S) Germán Galeano (S) Julia Bianchi (S) Joaquín Tuñez (S) Agustina Yedro (S) Ayelen Brizuela (S) Cynthia Lembo (S) Gonzalo Lopez (S) Facundo Rijo (Centro de Estudiantes) Valentina Payo (S) Germán Galeano (S) Diseñador y compaginador Ezequiel Gustavo Morell (S) Coordinadora Diana Cañal (S)

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Revista Spes Nº32 2010  

10º Jornadas: Jornadas sobre Drogadicción.

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