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Crece la inseguridad en el DF

Director: Carlos Ramírez

Lunes 25 de febrero de 2013

Abigail A. Correa

Número 82

Modernización del Ejército, blindaje vs presiones de EU Foto: Presidencia de la República

Por Carlos Ramírez

Saqueo nacional Por Samuel Schmidt

Pedro ¿Romano?, papable keynesiano Fernando Amerlinck

Escriben: Adrián Rueda, David Colmenares, Raymundo García García, José Manuel Suárez Mier, Eduardo López Betancourt, Samuel Schmidt, Pedro Echeverría V., Fernando Amerlinck


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Editorial

18 Brumario

Índice Modernización del Ejército, blindaje vs presiones de EU Por Carlos Ramírez

Crece la inseguridad en el DF

Por Abigail A. Correa Cisneros

La Auditoria Superior denuncia irregularidades en la cuenta pública de 2011 Por Abigail A. Correa Cisneros

Saqueo nacional

Por Samuel Schmidt

Calderón, Zedillo y Salinas deberían estar en la cárcel para restaurar la confianza en México Por Pedro Echeverría V.

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El Estado, responsable de la educación pública El uso político que dieron varios gobiernos federales a la fuerza numérica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación permitió generar poderes apartados de la ley a la dirigencia gremial. Para corregir esa equivocada ruta, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, propinó dos golpes secos y directos a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Paró la desaparición de reprobados y la cartilla de educación, promovidos por el yerno de la “maestra”, Fernando González, cuando fue subsecretario de la SEP. No obstante, el titular de la SEP fue más allá al advertir: “El silogismo jurídico es lo más maravilloso que hay. Si no vas a dar clases, entonces te quito tu salario. Ese es el silogismo jurídico. El derecho lo hemos ido abandonando para hacer acuerdos, acuerditos y acuerdazos en lugar de aplicar la ley como debe ser aplicada”. Al reunirse con senadores la semana pasada, Chuayffet anunció que enviará la propuesta para crear la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente, como consecuencia de los cambios que requiere la Ley General de Educación. Además, frenó la desaparición del certificado de primaria y la aparición de la Cartilla de Educación Básica, que pretendía entregarse al concluir la secundaria, porque no hay sustento para dejar a la deriva a los menores que solo terminan la primaria, sin tener un documento que los acredite en ese grado escolar. Sin embargo, su remate fue magistral: “Oiremos a los maestros, no al SNTE”. De tal forma empezó la respuesta del gobierno a las amenazas de Elba Esther Gordillo. A todo esto no se debe olvidar que el Estado es el responsable de la educación pública y no la cúpula sindical que maneja la “maestra” Gordillo.

Por Francisco Zarco “Entre los obstáculos que hay, a nuestro juicio, para la mejora rápida de esta sociedad, debe contarse la funesta división que se nota entre los republicanos, en los bandos denominados puros y moderados”.

Carlos Ramírez (carlosramirezh@hotmail.com) Director Oscar Dávalos (odavalos@grupotransicion.com.mx)

Gerente Editorial

Lo de Pemex en duda

Por Eduardo López Betancourt

Bejarano, por el dinero de la UACM

Por Adrián Rueda

Álamos XX

Por José Manuel Suárez Mier

Ataque a la Autonomía Universitaria

Por Raymundo García

Pedro ¿Romano?, papable keynesiano

Por Fernando Amerlinck

Gastos fiscales

Por David Colmenares Páramo

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Tips Famosas últimas palabras: “En 30 años han fallado las políticas públicas contra la corrupción”: Juan Manuel Portal, de la Auditoría Superior de la Federación. PLAN: Siguen las revelaciones con relación a la renuncia de Benedicto XVI. Resulta que el aún Obispo de Roma se enteró el 17 de diciembre pasado de nuevas turbiedades en El Vaticano, al grado de indicar: “Ya no puedo más…Dios”. Tales inconvenientes van desde casos de pedofilia en el primer círculo de la Curia hasta sospechas de malos manejos en el banco de la Santa Sede. Por eso el plan que introduce el renunciante Papa, para que la elección del nuevo jerarca de la Iglesia católica esté libre de esos escándalos y pueda reconducir al clero hacia la verdadera vocación del evangelio. Como sea, el velo de la sospecha estará presente en todo lo que representa esa iglesia. ¿Y luego se preguntan por qué va a la baja el número de sus creyentes? ES VERDAD: La Universidad Nacional Autónoma de México se ha convertido en el escenario de impunidad, agresiones y signos de debilidad disfrazados de tolerancia. Si bien es cierto que la casa de estudios es sinónimo de apertura y diálogo, el vandalismo y desmanes cometidos por “estudiantes” del CCH Naucalpan trastocaron el Estado de derecho, para convertirse en delitos que pueden ser calificados puntualmente por el ministerio público. La situación se ha agravado a tal punto, que tuvo que intervenir el rector José Narro Robles, para advertir que no se va a tolerar la violencia. Hechos como este en el pasado se han catapultado y se han convertido en una bola de nieve, que por no pararse a tiempo derivan en un conflicto mayor. Es momento de actuar en la UNAM y no permitir que jóvenes tomen de rehén a la autonomía universitaria y la pretendan confundir convenencieramente con impunidad. Es pregunta: ¿Se valoran justamente las grandes aportaciones que ha dado el Ejército Mexicano a la nación?

José Luis Rojas (joselrojasr@hotmail.com) Coordinador Editorial Roberto Vizcaíno (rvizcaino@gmail.com) Coordinador de Opinión Rafael Abascal (rabascal51@hotmail.com) Coordinador de Análisis Político Abigail Correa Cisneros (acorrea@grupotransicion.com.mx)

Redacción

María Eugenia Briones Juárez (mbriones@grupotransicion.com.mx)

Diseño

Roberto Eduardo Aguilar Malvaez Formación www.grupotransicion.com.mx revista18brumario@hotmail.com 18 Brumario es una revista política semanal editada por Grupo de Editores del Estado de Mexico y el Grupo Editorial Transición. Las opiniones son responsabilidad de sus autores. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández.


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Modernización del Ejército, blindaje vs presiones de EU • Se actualizan doctrinas de defensa y seguridad nacional, y la cohesión en las 3 armas • La Ley de víctimas protege a pillos; fuerzas armadas pagan el costo de indefiniciones Por Carlos Ramírez

E

n el contexto de las presiones estadunidenses sobre las fuerzas armadas mexicanas vía el The New York Times, una respuesta fue expresada en dos ocasiones pero no registrada como se debe en medios mexicanos y menos extranjeros. Eso sí, se leyó con interés en la comunidad de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad nacional de Washington. La respuesta mexicana tiene cuando menos dos objetivos: 1.- Por primera vez, el presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas instruyó al ejército a “elaborar y proponer una política de defensa nacional” y a “revisar y actualizar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto”. 2.- También por primera vez hubo una instrucción concreta para unificar criterios entre las tres ramas de las fuerzas armadas: ejército, marina-armada y fuerza aérea, las cuales habían operado sin coordinación central. La instrucción fue dada por el presi-

dente Enrique Peña Nieto el 15 de febrero al recibir la Espada y el Sable de Mando de las fuerzas armadas y el martes 19 de febrero el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda anunció cuatro acciones en torno a los dos mandatos presidenciales; de ellas, cuando menos dos serán determinantes para modernizar a las fuerzas armadas: 1.- La “reingeniería integral de dos grandes trabes del quehacer castrense: la doctrina y el sistema educativo”. 2.- Como segunda “acción prioritaria”, en amplia coordinación y colaboración con las otras fuerzas armadas, será imperativo modernizar al ejército acorde a la importancia de nuestra nación, teniendo a la vista un claro rumbo de proyección y desarrollo nacionales”. La reorganización o reingeniería de las fuerzas armadas había sido un tema latente desde finales del 2006 cuando el presidente Calderón las llamó para atender la seguridad interior rota por el activismo violento, territorial y político de las bandas del crimen organizado en espacios del Estado nacional. La falta de una doctrina de defensa nacional, de una doctrina de seguridad nacional-seguridad interior y de coordinación entre las armas había sido manipulada por los EU para tratar de aumentar su penetración en las estructuras castrenses mexicanas. Las presiones estadunidenses se dieron con mayor presencia de estrategas militares y marinos en México, mayor actividad de agentes de la DEA y presiones crecientes para meterse hasta el fondo del ejército, pero siempre encontrándose con

algunas resistencias institucionales. El contenido de algunos cables de Wikileaks en 2010 reveló, por ejemplo, afirmaciones denigrantes hacia el ejército del anterior embajador de Washington en México, Carlos Pascual, quien se vio obligado a renunciar en marzo del 2011. En sus típicos juegos de poder, los EU habían presionado a México a través del NYT y del Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés) para desautorizar las acciones militares demeritando el profesionalismo castrense y el papel social del ejército en la vida nacional. Otro de los puntos culminantes de la ofensiva ocurrió el pasado 5 de febrero cuando el The New York Times difundió versiones de mexican desk --oficinas de asuntos mexicanos-- en los pasillos del poder militares, de inteligencia y de seguridad nacional en el sentido de que la Casa Blanca había bloqueado a un general mexicano que estaba en la lista de posibles titulares de la Sedena para dejar la impresión de que desde ahí se controlaban los hilos militares mexicanos. Una de las intenciones subyacentes de ese misil enviado por la comunidad militar estadunidense contra México era la de promover las divisiones entre el ejército y la armada de México por la percepción de que la Marina tenía más relaciones con su correspondiente de EU y desde luego para introducir la inestabilidad en los altos mandos militares mexicanos. La maniobra fracasó diez días después cuando el actual embajador estadunidense Anthony Wayne se vio obligado a desmentir al NYT las versiones sobre el presunto veto

de la Casa Blanca a un general mexicano. Días después de esa nota filtrada por estrategas de Washington, el presidente Peña Nieto decidió modernizar los aspectos de centrales de las fuerzas armadas: las doctrinas de defensa y seguridad nacional y la cohesión en las tres armas para cerrarle espacios a los marines. Las instrucciones presidenciales para modernizar a las fuerzas armadas mexicanas tienen la intención de blindarlas ante presiones externas que buscan sobre todo alejar a los militares de las tareas de mantenimiento de la seguridad interior. Asimismo, para profesionalizar a las tres armas a fin de disminuir también las presiones internas que también buscar etiquetar a las fuerzas armadas de violadoras de derechos humanos, cuando las instituciones castrenses han aumentado como en ningún país las oficinas propias de defensa de derechos humanos y cuando responsables han sido ya procesados. La estrategia estadunidense busca alejar a las fuerzas armadas de la seguridad interior ante la amenaza interna de las bandas del crimen organizado, a fin de que sean organismos castrenses extranjeros los que se hagan cargo de esas tareas pero dentro del territorio nacional, un mecanismo similar al colombiano en donde las fuerzas armadas locales se sometieron a las estadunidenses. Lo que falta a la modernización doctrinal de las fuerzas armadas es la reforma a la ley de seguridad nacional para fortalecer el marco jurídico de los organismos castrenses en la lucha contra el crimen organizado como parte de la seguridad interior, una facultad consagrada en la Constitución. Por lo pronto, en su discurso de anuncio de los trabajos de modernización de las fuerzas armadas, el general secretario Cienfuegos Zepeda fijo el latente principio histórico que permitió la fundación, hace cien años, del ejército mexicano: “el consenso entre líderes revolucionarios y buenos mexicanos nacionalistas, resultado de una marcada voluntad nacional plasmada en la Constitución de 1917, delineó la fisonomía del ejército posrevolucionario”. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh


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Modernización del papel del ejército • Y doctrinas de seguridad y defensa Por Carlos Ramírez

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n la celebración de los primeros cien años del ejército mexicano se olvidó o al menos se soslayó la parte fundamental de la modernización de las fuerzas armadas: el replanteamiento doctrinario a partir del nuevo escenario de reorganización interna y externa de sectores contrarios al Estado nacional.


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La principal deuda institucional con el ejército radica en los retrasos en las redefiniciones de su papel en la sociedad; México es de los pocos países que ha ido posponiendo la definición de doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional, los dos pilares básicos de la soberanía, la paz, el bienestar y la vigencia de la Constitución. Los intentos más de fondo para arribar a nuevas formas doctrinarias sobre el papel de las fuerzas armadas en la vida institucional se dieron en el contexto de la iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional durante el sexenio pasado y en medio de una creciente participación del ejército en la lucha contra los cárteles de la droga. Pero la iniciativa se atoró en el congreso por la falta de un consenso político y conceptual sobre la seguridad nacional y sus vertientes, pero a costa de afectar la coordinación en la toma de decisiones ante la presencia del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado. El punto de debate radicó en la conceptualización de la seguridad nacional, cuyos principios están ya contenidos en la ley vigente: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, entre ellas, la soberanía, orden constitucional, unidad territorial y defensa de fronteras; y la fracción VI no deja ninguna duda sobre el objetivo de la seguridad nacional: “la preservación de la democracia, fundada en

Indicador Político el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”. El problema surgió por la participación del ejército en la estrategia de combate contra el crimen organizado que había expropiado parte de la soberanía territorial del Estado nacional, hechos que se siguen repitiendo en lugares donde el crimen organizado ha asumido condición casi de gobierno. Y el punto central se localizó en la participación del ejército en tareas domésticas: cuando la seguridad pública que corresponde a la policía es violentada en espacios de soberanía del Estado, viabilidad constitucional y peligro para la sociedad. Ahí es donde los legisladores han fallado: debatir la posibilidad de un enfoque doctrinario sobre el papel de las fuerzas armadas cuando la violencia criminal es un asunto de seguridad interior, que sería algo así como una variante similar a la seguridad nacional: el riesgo de la viabilidad del Estadio nacional y del orden constitucional. En este contexto, la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal priísta debe de entrar de lleno a la definición de las dos doctrinas torales de la seguridad del Estado: la nacional y la de defensa nacional. Se trataría de doctrinas que fortalecerían el papel del Estado como la institución central de la república. El temor legislativo radica en el hecho de que las doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional tendrían que definir la vertiente de autoridad superior del Estado y la necesidad de utilizar la fuerza para combatir distorsiones. Las

doctrinas modernas del Estado señalan tareas de poder y de fuerza del Estado manteniendo el respeto a la democracia y los derechos humanos. En este contexto, por ejemplo, la doctrina de defensa nacional de Chile es clara en sus alcances sin tentaciones dictatoriales: “la defensa nacional es el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus intereses(…) Es una función intransferible del Estado que se orienta por claros principios estatales y es conducida por un conjunto de autoridades e institucionales”. Y la doctrina de defensa y seguridad nacional de Colombia, país azotado por las amenazas externas y sobre todo por el crimen organizado y la guerrilla en el aspecto interno, también asume compromisos sociales: “es deber del Estado diseñar, en el marco del respeto de los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para ofrecer a sus asociados un grado relativo de garantías para la consecución y mantenimiento de niveles aceptables de convivencia pacífica y seguridad ciudadana”. Muy al estilo mexicano, la discusión aquí ha comenzado con el final: la ley de víctimas ha buscado detener la lucha gubernamental contra los delincuentes que han asesinado intencionadamente a ciudadanos que se oponen a sus delitos. El analista Carlos Elizondo Mayer-Serra ha recordado (Reforma, 14 de febrero pa-

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sado) el planteamiento doctrinario del poeta Javier Sicilia que proviene de un concepto religioso que nada tiene que ver con las leyes terrenales: “los muertos culpables (delincuentes) son también seres humanos que un Estado corrupto y omiso arroja día con día a la delincuencia...”, porque, sería el complemento lógico, todos somos hijos de Dios. Al final, la ley de víctimas protege a los delincuentes, mientras las fuerzas armadas pagan el costo de las indefiniciones legislativas. Se trataría de una dialéctica poética: el Estado como el demonio a exorcizar por asumirse como Dios en la tierra, pero en el entendido de que el Estado ya no puede ser corrupto si combate a los delincuentes no sólo en sus madrigueras sino en sus complicidades con los sectores políticos, gubernamentales, religiosos y sociales. De ahí que el planteamiento religioso de Sicilia esté lejos de la preocupación por los mexicanos que son extorsionados, secuestrados y asesinados por los delincuentes y se acerca más al anarquismo católico en donde la maldad se castiga con el infierno, a pesar de las carcajadas de los delincuentes que paradójicamente creen en Dios y se persignan pero siguen asesinando con impunidad y protegidos por los derechos humanos. De ahí que a cien años de fundación, el ejército siga a la espera de las doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional que le den certeza a su papel fundamental en la sociedad mexicana. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh


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inseguridad L

a inseguridad en el país sigue en escalada. Se ha cuestionado si el gobierno federal así como los locales podrán contener la ola de violencia que crece cada vez más. En el Distrito Federal el índice de delitos se incrementó, a pesar de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, insiste en que se trata de hechos temporales que nada tienen que ver con el crimen organizado.

en el DF • Mancera insiste en que el incremento del delito es un hecho temporal • Se niega la incursión del crimen organizado en las recientes ejecuciones en las calles de la ciudad Por Abigail A. Correa Cisneros Sin embargo, en enero se registraron en solo 15 horas, 11 homicidios en el DF. Algunos mostraron signos de tortura, otras fueron por riñas y algunos mostraron el tiro de gracia e incluso se hallaron con las manos atadas con alambre. Hace unos días un empresario fue ejecutado a plena luz del día sobre una avenida muy transitada, en la colonia Juárez. El modus operandi de los asesinos fue muy similar al que se acostumbraba por sicarios en los años 80 en Colombia, cuando también era afectada por la violencia. Por este brote de inseguridad, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a trabajar en conjunto con el gobierno federal e implementar el “Escudo centro”, que serviría para proteger a la región centro de los grupos del crimen organizado. Mancera explicó que el escudo se basaría en una estrategia de acción conjunta con operativos e intercambio de información. “En la reunión en el Estado de México nos fue muy bien, pudimos hacer la exposición del programa Escudo Centro, se han tomado líneas generales de acción para la región centro, comentó.


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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que los delitos con mayor índice en 2012 fueron robo, robo de vehículo, golpes y lesiones, abuso sexual, violencia familiar y homicidio, a nivel nacional. En 2011, el Distrito Federal, fue la entidad con mayor tasa de incidencia delictiva. En 2010, el Inegi reportó que en el Distrito Federal se llevaron a cabo 195 mil 450 averiguaciones previas del fuero común. El último reporte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, dice que son cuatro las delegaciones que concentran el mayor número de delitos: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, tomando en consideración que son las que mayor población concentran. Respecto al señalamiento de José Antonio Ortega Sánchez presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de que la delegación Cuauhtémoc tiene la

El jefe capitalino, explicó que el programa Escudo Centro que impulsa el Gobierno del Distrito Federal incluye operativos focalizados y controlados en las zonas limítrofes de la ciudad de México con las entidades de la región. Al comienzo de su gestión, Mancera dio a conocer que destinaría un aumento presupuestal a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) y la Procuraduría General de Justicia del DF. La encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del 2012, indica que más de dos millones 200 mil personas fueron víctimas de algún delito del fuero común, es decir, el 92.7 %. La PGJDF señaló que en total, se iniciaron durante junio del 2012 en la capital, 14 mil 995 averiguaciones previas, lo que representa un promedio diario de 499.83 denuncias. Los delitos más comunes en la capital son robo a negocio con violencia, de vehículos, a transportistas, en taxis y en el Metro. El DF se encontraba el año pasado en el número 22 en índice delictivo a nivel nacional.


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tasa más elevada de robo con violencia, comentó que esto es difícil de precisar. “Nosotros medimos todos los días dónde hay mayor número de hechos delictivos y tomando en consideración la población que tienen las demarcaciones que pueden tener más ilícitos”, apuntó. La Procuraduría General de Justicia del DF, reportó diariamente el mes pasado, 505.4 averiguaciones previas, del fuero común 459, con violencia 110.5 cada día y de alto impacto social 120.8, diario. En total fueron 15 mil 668 delitos en el mes. El delito común es el robo de vehículos, en total fueron mil 452. Reportaron 71 violaciones, 67 homicidios dolosos, tres secuestros; 105 lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Hubo 187 asaltos en transporte público. Se registraron 90 asaltos a cuentahabientes. En promedio, reportan 120.8 delitos diarios de alto impacto social. Los delitos de bajo impacto social muestran que el asalto a casa habitación marcó 546 eventos en el mes. En delitos sexuales reportó 191. En 2012, en el mismo mes, se reportaron 15 mil 903 delitos, lo que indica que aumentaron este enero. En el año fueron 197 mil 596 crímenes, pero fue menor al año anterior, 2011 registró 203,398 averiguaciones previas. El año pasado cerró con 15 mil 141 delitos, en promedio se cometieron 488.4 al día. Fueron 3 mil 472 con violencia, 112 por día. Sin violencia 10 mil 248, al día 330.6. Las cifras indican que en un mes se cometieron 527 delitos más.

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Robo de autos

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mil 420 autos Diciembre 2011

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18 mil 515 autos Durante 2012

Meses de mayor incidencia para este ilícito son Gustavo A. Madero

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Cuauhtémoc

Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Iztapalapa

Delegaciones con

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

este delito

El Distrito Federal ocupa el lugar en el país en que se comete este delito, lo anteceden el Estado de México y Nuevo León.

3er

Modelos más hurtados de Nissan

Agosto

Horarios de mayor frecuencia de

Indice

Tsuru

Julio

Estudios de la Fiscalía de Robo de Vehículos de la dependencia capitalina, revelan que un vehículo de lujo no es desmantelado sino alterado, para posteriormente venderlo con documentos apócrifos.

aseguran, “es fácil de abrir” y es utilizado por los delincuentes para desarmarlo y venderlo por piezas.

Bora y Jetta, de Volkswagen

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El robo a autos es la 2a. actividad delictiva

+ redituable después del narcotráfico Ingresos anuales +12 mil millones de pesos

5%

Solo de los responsables son capturados

Fuente: Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular


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La Auditoria Superior denuncia irregularidades en la cuenta pública de 2011 • La Estela de Luz, de los casos más representativos, arroja irregularidades por cerca de 400 millones de pesos Por Abigail A. Correa Cisneros

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l informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expone varias irregularidades en el ejercicio del gasto público, derivadas de la presentación de 134 denuncias de hechos por presunto uso indebido de recursos. El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, entregó 1,111 informes de auditoría a la Cámara de Diputados que destacan, entre otros, el elevado costo de la Estela de Luz; gastos irrisorios en la Cámara de diputados como una costosa comida para el día del amor y la amistad; la devolución de impuestos a altos contribuyentes; inspección de casinos y las deudas de varios estados. En 2011, el entonces presidente Felipe Calderón realizó gastos “improcedentes”, califica el informe, por 399.2 millones de pesos para levantar la controversial Estela de Luz del Bicentenario. El informe de la ASF detalla que para erigir el monumento se efectuaron pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en el insumo principal que es acero estructural; y 150.3 millones más por la incorrecta integración de precios extraordi-

narios y por diferencias en volúmenes y conceptos de obra. Al respecto la ASF presentó dos denuncias de hechos, una por el pago en exceso de 248.9 millones de pesos en el concepto de acero inoxidable para la estructura de la Estela de Luz y la otra por las diversas acciones u omisiones de servidores públicos y terceros que implican presuntas responsabilidades penales. Aunado también en el mismo rubro de gastos por la celebración del Bicentenario, informó que el costo total del Parque Bicentenario ascendió a mil 573 millones de pesos, cuando el proyecto fue avalado en 677.6 millones de pesos. En el mismo proyecto se detectaron pagos improcedentes” por 4.2 millones de pesos. Detectó otros daños a las arcas públicas por 150 millones 338 mil 743 pesos por problemas relacionados con diferencias en precios unitarios, cantidades utilizadas, costos no justificados y retenciones indebidas de recursos que generaron rendimientos financieros. La Auditoría Superior de la Federación generó 12 procedimientos para fincar responsabilidades administrativas y dos denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que considera que es probable recuperar un total de 399.2 millones de pesos. Otro concepto ridículo de despilfarro es el que día con día dan de qué hablar los diputados. Una comida en celebración del día del amor y la amistad, que cargaron en la partida presupuestaria 3290 “Otros Arrendamientos”, se erogaron 28.4 miles de pesos por concepto de renta de los bienes necesarios


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para organizar una comida para 150 personas que ofreció el entonces Presidente de la Mesa Directiva a los reporteros acreditados de la H. Cámara de Diputados con motivo del 14 de febrero. Otra irregularidad está en la partida 3820 “Gastos de orden social y cultural”, en la que se registró el pago de 998.1 miles de pesos que fueron destinados a la compra de corbatas de seda, despensas, arreglos florales, canastas de dulces árabes, carpetas de piel, vinos y licores, entre otros; así como 63.8 miles de pesos por concepto de diseños de publicidad y presentación de espectáculos. Un caso más fue el de autos olvidados, por lo que se paga tenencia y seguro. Son 33 vehículos en desuso y a la intemperie, de los que 12 forman parte de los 13 que ya se había propuesto dar de baja desde el ejercicio anterior. Esto muestra dice la ASF, que la H. Cámara de Diputados no ha concretado las acciones necesarias para tramitar el destino final de los citados vehículos y así evitar seguir erogando recursos por concepto de tenencia y seguro vehicular de unidades que ya no son de utilidad para las actividades de la misma”. Denunció un manejo no transparente de los mil 244 millones 221 mil 600 pesos asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados durante 2011. “No se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados mediante dicha partida, por lo tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejer-

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cieron en trabajos legislativos”, dijo el órgano fiscalizador en su reporte. “Persiste la limitada rendición de cuentas en esta partida”, añadió. El informe de la ASF sobre la devolución a contribuyentes detectó que, durante su último año de gestión, el gobierno del presidente Felipe Calderón realizó devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes que representaron el 13% de la recaudación anual total. Las devoluciones de impuestos son por 283 mil millones de pesos, de los cuales 63 mil millones fueron entregados a 20 grandes compañías, de negocios como fabricación de camiones, comercio de supermercados, comercio de tiendas departamentales, de alimentos y de telefonía celular. El mayor monte de devoluciones correspondió a empresas cuyas oficinas están ubicadas en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, estado de México, Coahuila y Sinaloa. Entre las irregularidades en el tema de centros de juego, la ASF detectó que 237 de los 298 establecimientos en operación durante 2011 no se inspeccionaron, por lo que el “índice de cobertura” de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (DGAJS) fue de apenas 20.5%. De igual forma se reveló que de los 49 inspectores de las casas de apuestas, el 69% reprobaron los cursos de capacitación. Por otra parte, la ASF destaca que 13 entidades federativas concentran el 70% de la deuda subnacional. Nueve de las cua-


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Artículo les se encuentran en “situación crítica”, mientras las cuatro restantes están “altamente endeudadas” pero en situación controlable. Destacan las deudas de Coahuila con un aumento de 144.2%, Zacatecas con 76.6%, Chiapas con 74.4%, Tamaulipas con 70.5% y Nayarit con 58.8%. Por entidad federativa, los montos más elevados de deuda se observaron en Coahuila con 46 mil 768.7 millones de pesos, Quintana Roo con 27 mil 306.7 millones de pesos, Veracruz con 17 mil 985.6 millones de pesos, Michoacán con 15 mil 248 millones de pesos y Nuevo León con 13 mil 280.5 millones de pesos. Los montos de endeudamientos de esos cinco estados sumaron 120 mil 589.5 millones de pesos, equivalentes a 59.9% del total registrado, mientras para las entidades federativas restantes fue de 80 mil 867.3 millones de pesos. La ASF recomendó a la Cámara de Diputados emprender un análisis, a través de la Comisión de Hacienda, sobre “la posibilidad de reformar la Ley General de Deuda Pública para que sea acorde con la situación actual de las finanzas públicas nacionales e internacionales”. Y alertó sobre la carencia de normas que establezcan un límite al endeudamiento de entidades federativas y municipios, el cual se disparó de 2006 a 2011 de 205 mil 287.9 a 390 mil 777.5 millones de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 13.7% en términos reales. En el Seguro Popular, impulsado por el ex presidente Felipe Calderón, también se reportaron anomalías que pudieron haber generado un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 5 mil 743 millones 225 mil 300 pesos durante 2011. La ASF reportó que estas irregularidades representan el 12.7% de los 45 mil 165 millones 806 mil 100 pesos ejercidos en 2011 por este programa de salud federal. Este órgano fiscalizador solo hizo la revisión del 57.8% de los recursos financieros ejercidos por el Seguro Popular, y se detectó inconsistencias en uno de cada ocho pesos asignados al mismo. Concluyó por lo tanto, que 2 mil 361 millones 58 mil 900 pesos se ejercieron pero no se presentó la documentación comprobatoria de los gastos; mil 295 millones 52 mil 400 pesos fueron transferidos a otros programas por los gobiernos estatales, y otros dos mil 87 millones 116 mil 600 pesos presentaron otras fallas en su gasto. Se levantaron por este motivo tres denuncias de hechos ante la PGR: una contra la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán; otra contra un servidor público de Sinaloa, y una más contra un funcionario de Tlaxcala. Otro rubro fue el de Educación Básica y Normal, donde se ven irregularidades por 12 mil 753 millones de pesos en el gasto de la Federación, recursos que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) el cual recibió en 2011 más de 292 mil 776 millones de pesos; con lo que estas posibles afectaciones superarían el 4.3% del total del fondo. No se sabe el destino de seis mil 94 millones de pesos del FAEB; otros mil 456 millones corresponden a gastos de ejercicios anteriores y mil 411 millones de pesos representan pagos indebidos a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como 582.8 millones en apoyos irregulares en el Estado de México a esta asociación gremial encabezada por Elba Esther Gordillo, señala la ASF. También destacan anomalías por conceptos en otros tres mil 209 millones de pesos ejercidos por el FAEB, e inconsistencias que ya fueron subsanadas por mil 459 millones de pesos. La ASF realizó 1,111 auditorías, de las cuales 610 fueron financieras y de cumplimiento normativo, 287 de desempeño, 141 de inversiones físicas, 54 especiales, 11 forenses y ocho evaluaciones de políticas públicas. A raíz de estas revisiones, se iniciaron 1,633 procesos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y 134 denuncias penales. Asimismo, se recuperó 59 mil 689 millones de pesos, recursos que fueron devueltos por estados y la Federación, después de la fiscalización a las Cuentas Públicas de 2001 a 2010.

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Saqueo nacional Por Samuel Schmidt

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no tras otro los nuevos gobernadores mexicanos denuncian malos manejos, desviación de recursos y también un aumento desmedido en el endeudamiento de los Estados. El tema no es menor porque entre otras cosas se habla de miles de millones de pesos, pero lo más grave del caso es que no se encuentra por ningún lado la obra que justifique esa deuda. Las calles en todo el país están hechas un desastre, Gabriel Zaid escribió hace unas semanas un artículo sobre el peso económico de los accidentes dándole una importancia fundamental a los baches y sí que tiene razón, las carreteras, hasta las de paga, y las calles están hechas un desastre. Aceptemos que nuestro dinero, que el gobierno controla, no necesariamente tiene que usarse para arreglar vialidades, y veremos que la transportación

pública no merece mejor consideración; ¿qué tal si hablamos de los servicios de salud?, están para llorar, se llega al extremo que muchos gobiernos de los estados le están transfiriendo sus obligaciones en la materia al gobierno federal cargándole lo que ellos deberían pagar al seguro popular. Si usted está pensando en la seguridad pública porque se lleva una fortuna, resulta que el tema está que arde a nivel nacional, aunque hay ciudades como Cuernavaca que ni siquiera solicitaron esos fondos para arreglar su problema, pero ¿acaso usaron bien los fondos que si pidieron? Me llama la atención que el gobernador de Morelos repita que invertirán en la construcción de cuarteles nuevos donde los policías puedan entrenarse y descansar con dignidad, no quiero ni imaginarme la condición en la que están ahora. En las acusaciones de los gobernadores abundan las referencias a obras incompletas, el DIF de Tabasco cerró una casa de atención gerontológica por no contar con recursos para su operación adecuada. Las palmas por este tipo de cuestión más lo escandaloso del endeudamiento es Coahuila, donde el ex gobernador, que ya

se fue a estudiar a Europa, dice que invirtió en obra pública, pero no nos muestra ninguna evidencia de su dicho. Claro que podríamos ir a Coahuila a cerciorarnos, o preguntarle a los coahuilenses, pero ninguno habla bien del susodicho gobernante ni del legado que dejó. Hasta aquí uno podría estar perfectamente escandalizado por estas revelaciones, pero no dejamos de sorprendernos que después de las acusaciones no haya la menor consecuencia legal. Al ex gobernador de Morelos lo acusan de mal gobernante, de malos manejos de dinero y hasta de estar asociado con narcotraficantes, pero no hay ninguna consecuencia en su contra y que se sepa públicamente, ni siquiera una demanda judicial. Entonces para qué tanto brinco estando el piso tan parejo. Como que ya está bien de que se litigue en los medios la salud financiera del país. Los medios se dan vuelo denunciando los negocios de los gobernantes y nada. Proceso publicó las propiedades millonarias de los panistas del círculo cercano a Calderón y detalló los negocios del ex gobernador de Tabasco Granier y su hijo, pero ante esa publicación no sucede nada. Tal parece que un reportaje periodístico

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no amerita la atención de ninguna autoridad judicial. Si esto es preocupante, lo es más descubrir que en los últimos doce años la corrupción se disparó en el país a alturas insospechadas y no se vaya a pensar que esta conducta corresponde a una de las fuerzas políticas en especial, en realidad desde todos los partidos políticos se escuchan escándalos mayúsculos. ¿Habrán usado el dinero para la pasada campaña presidencial? El IFE dirá que no tiene atribuciones para esa investigación. Tal vez una de las ventajas de la alternancia es que como llegan políticos nuevos, a veces de otro partido, y de grupos políticos distintos, no se tocan el corazón para denunciar malos manejos. En Michoacán y Zacatecas el PRI a su regreso se regodea en señalar los malos manejos de los perredistas. Aunque insisto, la venganza no llega al extremo de encarcelar a un ex gobernador o gobernadora. Uno supondría que una mayor competencia política debería llevar a una elevación en la ética, pero parece ser lo contrario. Parecería reforzarse el manejo corrupto de las posiciones de gobierno y un avance en las complicidades de los políticos. Esta semana la Auditoria Superior de la Federación dio a conocer su revisión del gasto de Calderón, el auditor se apresuró, con toda imprudencia, a un noticiario televisivo, el también litiga en los medios, tal vez a sabiendas que a final de cuentas no sucederá nada. En México parece haberse instalado el principio de lo caído caído. Y lo que ya se llevaron los políticos fue para el vencedor, mientras los que llegan denuncian el latrocinio para que creamos que ellos son distintos, seis años después veremos que son la misma gata revolcada. ¿Cuánto más durara el estoicismo mexicanos frente al saqueo?


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Calderón, Zedillo y Salinas

deberían estar en la cárcel para restaurar la confianza en México Por Pedro Echeverría V.

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. Después de conocer que en más de tres millones de mexicanos subió el número de hambrientos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-12), además de los 100 mil muertos; de conocer que Ernesto Zedillo (1994-2000) fue el culpable de la matanza de medio centenar de indígenas que rezaban en un templo en Acteal Chiapas y de estar enterado de los gigantescos desfalcos y robos del presupuesto público durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-94), no me queda otra pregunta: ¿Por qué no están en la cárcel, junto a sus cómplices, si está más que probado todo lo que se les acusa? Dos cosas: a) Porque la clase dominante está muy unida, es grande y poderosa y, b) Porque la inmensa mayoría de los mexicanos somos unos tontos, no sabemos organizarnos y mucho menos luchar. Exactamente lo contrario de lo que habla la madurez para destruir la sociedad capitalista: Que la clase burguesa no pueda gobernar y que los trabajadores ya no aguanten más este tipo de gobierno.


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2. Se publicó hoy que “uno de cada cinco mexicanos, o sea, más de 22 millones de personas, vive con hambre”. Son familias que, aun cuando hagan uso de todo su ingreso para la compra de comida, no pueden adquirir lo indispensable para tener una alimentación adecuada. Según el Banco Mundial, México en 2012 es la 14 economía del mundo por su producto interno bruto (PIB), pero se ubica en el lugar 81 por el poder de compra de sus habitantes. En el otro extremo solo dos de cada diez mexicanos no son pobres ni sujetos a alguna carencia relacionada con vivienda, educación, salud y acceso a la seguridad social, subraya el Consejo Nacional para la Evaluación (Coneval). El resto, ocho de cada diez, se ubica en un amplio abanico que va desde la falta de alguno de los satisfactores básicos a, definitivamente, no disponer de los medios para alimentarse. (Ver La Jornada) Sólo faltó la cifra de la ínfima cantidad de familias millonarias. 3. Pareciera que no nos damos cuenta del desplome en la capacidad de acceso de las familias mexicanas a la alimentación, es decir, que se ha derrumbado su capacidad de compra; el precio de la canasta básica de alimentos, es decir de los productos indispensables para vivir (según Coneval) creció mucho más rápido que el promedio general de precios en la economía, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El huevo, el maíz, los frijoles, el agua, (de la carne, ni hablar) no están al alcance del presupuesto de la cuarta parte de la población. ¿Cómo puede alcanzar un “salario mínimo” de 60 pesos, es decir, de cuatro dólares y medio al día por ocho horas de trabajo? ¿Y qué decir de los millones de desempleados que en lugar de disminuir han aumentado de manera global en los últimos 30 años de neoliberalismo? Si esos tres personajes, por lo menos, fueran enviados a la cárcel, se restauraría la confianza. 4. En el paquete fiscal de 2012, el Poder Ejecutivo plantea incrementar

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salarios para 2013. En la Suprema Corte (SCJN), por ejemplo, ganarán cinco millones 892 mil 778 pesos anuales, incluidos sueldo base, compensación, prestaciones de previsión social, prima vacacional, aguinaldo, seguros de vida de gastos médicos mayores y de separación individualizada, estímulo de antigüedad y demás. En la Judicatura percibirán 3 millones 999 mil 413 pesos; más 5 millones 892 mil 778 pesos, y los Magistrados de la Sala Superior 3 millones 999 mil 413 anuales. Los Consejeros Electorales ganarán 3 millones 33 mil 617 pesos y bruta de 4 millones 124 mil pesos anuales. En el Instituto Federal Electoral, el Secretario Ejecutivo obtendrá 221 mil pesos mensuales; el Secretario Particular del Consejero Presidente, 186 mil 492; los líderes de proyecto, 145 mil 216, 5 mil pesos menos que un diputado federal, y los coordinadores de enlace institucional, 120 mil. (Ver Álvarez Acevedo)

5. Por encima de las luchas reivindicativas de la salud, la educación y la vivienda, está indudablemente la batalla por la alimentación. A pesar de las declaraciones de la ONU, la FAO, de los comités de derechos humanos y económicos, en África, Asia y América Latina, el hambre sigue estando presente. Mientras se registra el hambre en el mundo, los países que conforman el G 8 y el G 20, así como los gobiernos de casi todo el mundo, están dilapidando riquezas que no les pertenecen. La realidad es que, como han escrito muchos estudiosos de la economía mundial, dado el gran desarrollo de la tecnología, bastarían tres o cuatro horas de trabajo de cada campesino, obrero o empleado, para que todo el mundo viva en condiciones óptimas de alimentación y para cubrir todas sus necesidades. Pero obviamente no alcanzará para despilfarrar en compras o adquisiciones inútiles a personajes que no tienen llenadera.

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6. Cuando recuerdo el gobierno funesto de Carlos Salinas en México, inmediatamente se me reflejan los parecidos de Carlos Ménem de Argentina y a Alberto Fujimori del Perú por ejecutar parecidos desfalcos, robos y negocios. Los peruanos pudieron poner a Fujimori tras las rejas hace unos años, pero mexicanos y argentinos aún siguen montados por esos personajes. Salinas no sólo sigue cabalgando sobre los dirigentes del PRI, sino que llegó a montarse sobre los gobiernos panistas de Vicente Fox, Calderón y del actual del PRI, Enrique Peña Nieto. Por el hecho de que el presidente Zedillo se vio obligado a encarcelar al hermano de Salinas por un gigantesco desfalco de miles de millones de pesos, éste se sintió obligado a exiliarse un sexenio; pero al ascender Fox a la Presidencia, regresó a México para recuperar su enorme fuerza entre los empresarios y los priístas que benefició. Salinas, como Ménem y otros, andan libres gozando de sus riquezas. 7. El expresidente Zedillo es otra ficha. Escribe el periodista Riva Palacio: “El Zedillo que llegó a la Presidencia de México desapareció. Hoy es un político global con una influencia que sólo soñó Salinas. Qué paradoja. Sobre la hoy utopía de Salinas, construyó Zedillo todo lo que su antecesor quiso ser. Zedillo ha venido regresando de manera discreta al escenario público mexicano, pero de manera más notoria desde la acusación en su contra sobre Acteal. En lo privado, mantuvo una relación fluida con el presidente Felipe Calderón, y tiene puentes de comunicación muy sólidos con el presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de uno de los mejores amigos de ambos, el empresario Jaime Camil, y de personas cercanas a próximo mandatario, como Sáenz, Ortiz y el director de la OCDE, José Ángel Gurría”. Zedillo vendió (privatizó) todo el sistema ferroviario mexicano y luego se convirtió en los EEUU en director de la empresa de ferrocarriles. 8. En febrero de 1995, a los dos meses de asumir a la Presidencia, Zedillo preparó una traición –idéntica a la realizada en 1919 a Emiliano Zapata en Morelos– al dirigente del EZLN invitándolo a una reunión; aquella trampa le falló porque Marcos pudo escapar y denunciar; pero al poco tiempo preparó Zedillo la masacre de indígenas en Acteal y por ello ha sido acusado penalmente pero no se le ha juzgado. ¿Cómo podrá hacerlo el presidente Peña Nieto si Zedillo es hoy uno de los pilares de su gobierno? Además, no debe olvidarse que fue el mismo Calderón el que abogó por Zedillo en los mismos EEUU preparando el terreno para evitar que a él le suceda lo mismo. ¿Se imagina la población lo que ganaría el país si estos funestos personajes estuvieran en la cárcel y los gobiernos en turno supieran que así pueden ser castigados por mal comportamiento? Las inversiones extranjeras y mexicanas se multiplicarían en el país e igual que el empleo y bienestar. pedroecheverriav.wordpress.com pedroe@cablered.net.mx


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Lo de Pemex en duda Por Eduardo López Betancourt

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odo el orbe se enteró de la gran desgracia, donde se dieron decenas de muertos y heridos; sin embargo, la incertidumbre hasta hoy nos invade, al no saber qué realmente sucedió u originó la explosión en la emblemática Torre de Pemex. Como es natural, diversas opiniones se vertieron, algunos consideraron que se trató de un acto de sabotaje, especulación que se intensifica día con día; empero la interrogante de quiénes y por qué lo hicieron sigue en el aire. Por supuesto, el gobierno optó por la salida fácil; los altos dignatarios señalaron que todo se debió a un lamentable “accidente”. La palabra accidente para muchos representa descuido, imprudencia o negligencia; por ejemplo, cuando un automovilista distraído golpea a otro coche, se habla de “accidente”, empero en realidad no lo es, estamos ante un hecho imprudencial que trae consecuencias jurídicas, donde los delitos se convierten en dolosos y culposos, también llamados intencionales o no intencionales. El verdadero accidente en materia penal también se denomina caso fortuito, es decir, aquello que es ajeno a la voluntad del sujeto, y cuya principal característica, es que no se sanciona; verbigracia, cuando un mecánico

adquiere cierto producto para inducir el buen frenado en un automóvil, pero a pesar de confirmar lo que a su buen saber es correcto, posteriormente los frenos no detienen la velocidad del vehículo y ocurre un incidente; es claro que ni el mecánico ni el chofer son responsables, y en este evento, insistimos, no hay sanción. En lo acaecido en la Torre de Pemex, los muertos y heridos claman justicia. Si

se colocó una bomba o un artefacto parecido por parte de algún grupo extremista, se debe saber y sancionar sin ninguna limitación; si por el contrario, la tragedia se dio por indolencia, o peor aun, por omisión, hay sin duda culpables y se deben condenar. En definitiva, no se acepta que el hecho quede impune y que al final de cuentas no haya nadie en la cárcel, ni a quien exigirle cuentas por la pérdida de

vidas, lesionados y el pago de los daños materiales. La versión que el gobierno ha planteado, sobre una acumulación fortuita de gases es inverosímil. Los mexicanos, con sobrada razón, no creen en sus dirigentes y políticos, ya que mienten de manera sistemática. Tal vez el director de Pemex sea una persona capaz, pero en el problema de la Torre se le ha visto bisoño, con marcado temor y falto de autoridad. Lo acontecido en la Torre de Pemex debe hacer reflexionar al presidente Peña Nieto. México es un país de grandes y severos problemas, necesita la participación de todos para salir adelante. El petróleo es fundamental, contar con él es un privilegio; por ende, se debe procurar intensamente. Nadie ignora la corrupción imperante en el ámbito de los hidrocarburos en nuestra patria, no solo a nivel sindical, donde existe un personaje aciago e incalificable, sino en los alto mandos, esto es, en la Dirección de la paraestatal, donde abundan los graves conflictos y las picardías son verdaderamente criminales; resulta indignante ver cómo los hombres del gobierno se enriquecen a manos llenas, dejando en la inopia al pueblo mexicano. Por si fuera poco, malhechores “ordeñan” los ductos de Pemex en tomas clandestinas, lo cual implica terribles y patéticas mermas. Es evidente, Pemex reclama un cambio sustancial urgente, amén de modernización, pero sobre todo, de gente honrada y patriota. Pemex es y debe seguir siendo de y para los mexicanos; la técnica foránea es bienvenida, tal vez la inversión, pero nunca, bajo ningún concepto, el manejo de Pemex se debe entregar al extranjero. elb@unam.mx


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Capital Político

Bejarano, por el dinero de la UACM • Las huellas del oscuro profesor son más que evidentes en la búsqueda de más espacios Por Adrián Rueda

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ndependientemente de la capacidad o incapacidad de Esther Orozco como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que en realidad está en juego es un presupuesto de casi 900 millones que René Bejarano busca para su nómina.

Las huellas del oscuro profesor son más que evidentes en la búsqueda de más espacios para colocar cuadros afines, pues para nadie es un secreto que los impuestos de los ciudadanos representan la totalidad del ingreso del PRD y de sus huestes. Para la inmensa mayoría de dirigentes y militantes de ese partido, los fondos públicos son la única entrada económica, y no precisamente los del financiamiento oficial a partidos —que es legal—, sino los puestos públicos en delegaciones, secretarías y órganos autónomos. Desde siempre Bejarano ha sido un parásito del sistema y ahora va por los recursos de una institución educativa que, sin importar si ha alcanzado o no un alto grado de eficiencia, es la única opción para

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Según datos de la propia UACM, hay profesores de tiempo completo sin licenciatura que asisten entre dos y tres horas a la semana, y personal sindicalizado que están dados de alta como trabajadores de confianza con contratos por tiempo indefinido. Orozco ha denunciado también que hay un número importante de “asesores académicos”, con salarios de 41 mil pesos al mes, que no participan en la docencia, la investigación ni en la administración. Este es el tamaño del botín que Bejarano y sus secuaces buscan; quieren el dinero y no la excelencia académica que de por sí está lejana; los números indican que entre 2001 y 2009 esta institución solo tuvo 43 egresados y un elevado ausentismo de estudiantes y maestros. Entre ellos, por cierto, está la perredista Yuriri Ayala, quien en nueve años de inscrita no ha completado ni 20% de la carrera y a pesar de ello Bejarano no solo la hizo diputada, sino que la impuso como presidenta de la Comisión de Educación en la ALDF. Yuriri, junto con los también bejaranistas Eduardo Santillán y Angelina Hernández fueron negociadores en el conflicto de la universidad; los tres exigen la renuncia de Orozco para solucionar el conflicto… y, por supuesto, favorecer al bejaranismo.

Centavitos

muchos estudiantes. Para este año Orozco había pedido a la Asamblea Legislativa un presupuesto de mil 340 millones de pesos; los diputados le autorizaron 897 millones, nada despreciables para los voraces perredistas que sólo buscan vivir bien sin trabajar.

Diputados de varios partidos pusieron presión extra a Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, al pedir la cabeza del titular de Servicios Parlamentarios, Ángelo Cerda, descalificado por los grupos parlamentarios de oposición y parte del PRD por manejar a su antojo las minutas de las sesiones y perjudicar la buena marcha de las sesiones. El problema es que, aunqu Granados tiene la facultad de removerlo, Cerda es uno más de los alumnos de Bejarano y está visto que el líder de la bancada no acostumbra molestar al profesor con esas minucias… Los que se quieren subir a la reforma política del Distrito Federal son los priistas capitalinos, quienes anunciaron que designarán a una figura del tricolor para que le dé seguimiento en exclusiva a ese tema. Cuando menos ya se empieza a ver que el PRI en la ciudad no estaba muerto, andaba de parranda… Quien también se encuentra activa es la panista Laura Ballesteros, segunda de a bordo de AN en la ALDF, que primero arrebató al PRD la bandera de la movilidad y ahora empuja una campaña a favor de peatones; ambos temas son importantes y, bien manejados, pueden redituar políticamente. a.rueda@contactodf.com


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a semana pasada se celebró en el bello poblado minero de Álamos, Sonora, la vigésima conferencia que un grupo de economistas internacionales viene realizando anualmente allí, para discutir los problemas económicos y políticos que afectan al mundo, pero con un marcado énfasis en América Latina y sobre todo en México. En esta ocasión los temas tratados fueron: 1. El falso dilema entre austeridad y crecimiento económico. Hoy en día hay un enconado debate entre economistas “keynesianos” y ortodoxos. Los primeros consideran que la crisis de 2008 no se ha superado cabalmente porque los gobiernos de los países desarrollados no han gastado lo suficiente en “estímulos” fiscales deficitarios y no han expandido el crédito de sus bancos centrales en el volumen requerido para reanimar sus economías. Los economistas ortodoxos, por su parte, toman una posición escéptica respecto a la capacidad de acelerar el crecimiento económico mediante déficit públicos e impresión de dinero irrestricta, y señalan los peligros que estas políticas representan: nuevas burbujas especulativas en diversos activos que pueden llevar a renovadas crisis; insostenibles deudas públicas, sobre todo cuando empiecen a elevarse las tasas de interés; pérdida de confianza en la solidez de las monedas; y una eventual y devastadora inflación. El panel que discutió este apasionante debate, integrado por expertos economistas y exfuncionarios financieros del más alto nivel y prestigio, presentó un sólido caso empírico en el que se mostró la indudable correlación positiva entre equilibrios fiscal y monetario,

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Aquelarre Económico

Álamos XX Por José Manuel Suárez Mier con un crecimiento económico acelerado y sostenido. 2. Respuestas populistas a desequilibrios financieros y económicos. El resurgimiento del populismo en partes de América Latina en los últimos tres lustros representa una ingrata sorpresa pues un fenómeno que se creía superado por los elevados costos que ha impuesto a los ciudadanos que lo han sufrido, ha resurgido con renovado vigor. Por lo visto, el hipnótico arrullo de la demagogia populista es aparentemente insuperable en ciertas latitudes. El fracaso populista es ya evidente en Venezuela, manifestándose en devaluación de la moneda; inflación elevada y creciente; estancamiento económico; deterioro grave de la planta productiva; y en una inseguridad pública rampante, la peor del continente. Pero esto aún no es tan obvio en el caso de otros regímenes populistas, como Bolivia y Argentina, beneficiados por precios altísimos de sus exportaciones. El panel de expertos que trató el tema hizo una larga revisión histórica e incluyó el análisis de manifestaciones populistas que surgen hoy en países desarrollados, como está ocurriendo en naciones de Europa y Japón, y con el gobierno de Barak Obama en Estados Unidos como un caso especialmente agudo. La conclusión indudable fue que los excesos populistas, si bien ofrecen gratificación instantánea al “pueblo,” conducen invariablemente a los elevados costos ya enumerados para Venezuela. 3. Retos para el crecimiento de México. Los especialistas que analizaron el futuro de nuestro país al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, presentaron los que a su juicio constituyen los principa-

les obstáculos a los que se habrá de enfrentar el nuevo régimen para conseguir avanzar en la senda de un crecimiento mucho más rápido, pero manteniendo los equilibrios económicos logrados, que hoy en día constituyen una envidiable virtud para México. La esencia de sus recomendaciones se resume en la imperiosa necesidad de adoptar reformas económicas e institucionales que permitan elevar la productividad de los trabajadores en forma acelerada, lo que aunado a mayor inversión y ahorro, se debe traducir en crecientes niveles de competitividad de la planta productiva. Mi estimado colega de American University Robert Pastor, presentó su excelente libro La idea de América del Norte en el que propone innovadoras formas de emprender una más estrecha integración entre los países que hoy formamos parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, EU y Canadá. La conferencia magistral, que tuve el privilegio de presentar y moderar, estuvo a cargo de la gran economista, experta en comercio y desarrollo, Anne Krueger quien hizo una revisión histórica de cómo

los procesos de globalización, avance tecnológico y creciente integración de las economías nacionales en los últimos tres siglos, han llevado a una prosperidad sin precedente alguno en la historia de la humanidad. Estas breves pinceladas de lo ocurrido en Álamos este año no representan ni de lejos la verdadera crónica que sería necesario hacer para mostrar la riqueza de los materiales presentados y del elevado nivel de los debate subsecuentes, pero espero que al menos sirvan como una probada del festín intelectual al que tuvimos acceso. aquelarre.economico@gmail.com


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Ataque a la Autonomía Universitaria Por Raymundo García

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espués de varios meses cerrada la UACM, y de un camino tortuoso en su estabilidad institucional, considerado esto dentro de un Estado neoliberal como el mexicano, curiosamente representantes políticos de la izquierda, otrora guardianes de la universidad pública, defensores a ultranza de la autonomía; impulsaron un punto de acuerdo para persuadir, solicitar, sugerir a la rectora de la citada universidad, valorar la posibilidad de dimitir al puesto. La decisión de los asambleístas perredistas, no tiene desperdicio: es un grave atentado a la autonomía universitaria constitucionalizada en los momentos más sobresalientes del despliegue y del papel de la Universidad pública mexica en la década de los años setenta.

La fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es precisa, su texto vigente no tiene mayores problemas de interpretación, anota: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de

las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio..”. Esta disposición deja en claro que toda universidad pública que goza de autonomía, está facultada y responsabilizada para gobernarse a sí misma; y por supuesto que lo hace a través de su única autoridad máxima que no es otra que el Consejo Universitario. La constitucionalización de la autonomía universitaria, vino a fortalecer la vida

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interna de la universidad mexicana, apuntalando el funcionamiento de un sistema de gobierno de tipo parlamentario en manos del Consejo Universitario como autoridad soberana y máxima de la universidad. Por ende, el acuerdo de los señores asambleístas del DF, en su ánimo de inmiscuirse inconstitucionalmente dentro de la vida de la UACM, para “solucionar” los problemas internos de esa universidad, también están pisoteando la Ley de la Universidad y de paso, ninguneando, desconociendo la autoridad que representa la máxima autoridad encarnada en el Consejo Universitario. Muy lamentable todo esto, porque quienes votan una solicitud de renuncia ilegal, provienen de los cuadros políticos que en otro momento han defendido y vivido del discurso de la autonomía universitaria. Seguramente la inconstitucional decisión, en lugar de restablecer el buen funcionamiento de la universidad, lo alargará en perjuicio de estudiantes, docentes e investigadores. Ahora bien, no se puede permitir, ni mucho menos quedarse callado de esta atrocidad, cuando en México se están generando varios movimientos universitarios que tienen paralizadas a universidades, o por lo menos, las mantienen en funciones discontinuas por asuntos internos de tipo académico, estudiantiles o laborales como sucede en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, el CCH, la UACN y otras. Aplaudir la violación de la autonomía universitaria, simplemente provocaría un fenómeno en cascada o dominó, a través del cual, los Congresos estatales sigan el mal ejemplo e intenten inmiscuirse en la vida interna de la universidad. Lamentablemente el hecho de que pervivan rescoldos de lo que fue un presidencialismo omnímodo y su práctica se reproduzca en otras esferas de poder, -como la universidad pública-, donde la rectoría es solo la representación personal y ejecutiva de decisiones del Consejo Universitario, lleva a extremo de confundir inclusive a los representantes populares como los diputados asambleístas de izquierda en el DF.


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Pedro ¿Romano?, papable keynesiano Por Fernando Amerlinck

En extrema persecución de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones; tras lo cual, la ciudad de las siete colinas será destruida y el Tremendo Juez juzgará a su pueblo.” Conocí esa “profecía” de san Malaquías (1094-1148) cuando era Papa el Pastor Angélico Pío XII (1876-1958). Me la creí; supuse que el mundo se acabaría apenas con 6 papas más, y dudé —mejor dicho, deseé— evitarme tal tribulación. Inimaginable para el niño que fui, estar hoy a punto de conocer a ese papa. Hay un papable llamado Pedro: Peter Turkson (1948), de Ghana. Encontré un largo documento de 2011 en que, basándose en documentos papales desde Juan XXIII hasta el dimitente Benito XVI, propone un remedio a la actual, grave, crecientemente inminente debacle financiera. (http://www.zenit.org/en/articles/ pontifical-council-for-justice-and-peaceon-the-global-economy) Refiere que a partir de los tempranos años 70 perdió el FMI un elemento sustancial para estabilizar las finanzas mundiales y la oferta de dinero. (Sin decirlo por nombre habla del abandono del patrón de cambio de oro en agosto de 1971, que dio vía libre a las impresoras de billetes verdes y al mayor fraude monetario de la historia.) “En las recientes décadas, fueron los bancos los que extendieron el crédito, que generó dinero, y que provocó una expan-

sión adicional del crédito… el dinero y la inversión … con excesiva liquidez y burbujas especulativas”. Elemental diagnóstico. ¿Y quién es el culpable? Avezado lector, adivinaste: ¡¡el neoliberalismo!! “…debemos de evitar el error —producto de un pensamiento neoliberal— de considerar que todos los problemas deben de atenderse exclusivamente de manera técnica… evadiendo una evaluación ética”. Las decisiones económicas que toma libremente una persona, aduce, pueden ser solamente económicas. Y pueden provenir de “egoísmo, codicia colectiva (?) y la acumulación de bienes en gran escala”. “Sólo un espíritu de concordia que surja sobre las divisiones y conflictos permitirá a la humanidad ser auténticamente una familia y concebir un mundo nuevo con la creación de una autoridad pública mundial al servicio del bien común.” Instintivamente revisé mi cartera al leer eso. Y viene una crítica digna de la Cepal y de la ideología tercermundista latinoamericana: “Nadie puede en conciencia aceptar el desarrollo de unos países en detrimento de otros”. Suma cero: tú ganas, por tanto yo pierdo. Y los caballitos de batalla de las buenas conciencias enemigas de la libertad y su cultura económica standard: Hay que poner “la ética por encima de la economía” (yo no sabia que estuvieran peleadas, o que jugaran en distintos equipos), “abandonando toda forma de pequeño egoísmo y abrazando la lógica del bien común… (con) un claro sentido de pertenencia a la familia humana” etcétera etcétera etcétera. Y nuevamente el riesgo de “la idolatría del mercado”. (¿Hay alguien que idolatre las conversaciones libres de intercambio? Cuando alguien deturpa así al “mercado” no sabe de qué habla; usa la metáfora de la idolatría para desprestigiar lo que no

Peter Kodwo Appiah Turkson (Wassaw Nsuta, Ghana, 11 de octubre de 1948) conoce.) Mas independientemente de insensateces indignas de una persona culta, repite lo esperable de un jerarca de una institución religiosa: buscar “una creciente interdependencia entre estados” (la cual por cierto ocurre con la acción libre en ese “idolatrado” mercado) con “la necesidad de respuestas que no sólo sean aisladas y sectoriales sistemáticas e integradas, ricas en solidaridad y subsidiariedad y enderezadas hacia el bien común”. Suena bonito. Pero si eso no se logra bajo el cobijo de la ley con el intercambio libre de bienes que algunos idolatran, ¿con qué? ¿Con autoridades bien intencionadas, rectoras de la actividad ajena, garantes del bien común, libres de los prejuicios

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economicistas neoliberales, antiadoradoras del mercado? Ah, pues sí: con una gran burocracia mundial. Su propuesta está “inspirada por los valores de la caridad y la verdad”, con “acuerdos libres y compartidos” (yo a eso —que no idolatro— lo llamo mercado libre) “con un proceso de progresiva maduración de consciencias y libertades así como de crecientes responsabilidades”. Luego habla de “políticas financieras y monetarias que no dañen a los países débiles” y consigan “mercados libres y estables y una distribución justa de la riqueza mundial, que derive en formas inéditas de solidaridad fiscal global”. Hermosos objetivos. Con “estructuras que puedan garantizar, además de un sistema de gobernanza, un sistema de gobierno para la economía y la finanza internacional.” Seré curioso: ¿cómo? No dice que regresando a una moneda dura —recuperar la liga con el oro, que luego de 1971 precipitó la expansión loca de dólares y crédito— sino con otra solución: fundar paulatinamente una gran autoridad mundial que promueva el bien común, la solidaridad financiera, la distribución mundial de la riqueza, la recapitalización de los bancos, etcétera etcétera etcétera. ¿Y cómo darle fuerza? ¡Adivina de nuevo, adivinador! ¡Con impuestos! Sobre las transacciones financieras internacionales; los redistribuirá esa magnánima, magnífica y munífica autoridad mundial. Como todo impuesto, servirán para la justicia social y el desarrollo global y la solidaridad internacional y la recapitalización de los bancos tronados y las necesidades de la humanidad. “Una autoridad al servicio del bien común.” Ante tan bellos ideales e intenciones, al terminar el mamotreto me quedo temiendo que si este cardenal tercermundista llegase a Papa, de veras sobrevendrá el fin del mundo y no sólo mi entrañable Roma será destruida; el Tremendo Juez juzgará a su pueblo pero no por las bellísimas intenciones platónico-agustiniano-utópicas de la Iglesia sino por sus fríos, implacables, ineludibles resultados. Por la canijísima realidad. Dicho lo cual, esperemos que el Espíritu Santo bata sus alas durante el próximo cónclave. Que en Pascua nos dé la bendición Urbi et Orbi un Papa —Pedro o no Pedro, romano o no— responsable y valiente, sensato e inteligente.


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a Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 27, que da cuenta de la obligación para la Secretaria de Hacienda de entregar al Congreso el Presupuesto de Ingresos Fiscales. De acuerdo con la Ley el PGF “comprenderá los montos que deje de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes tributarias a nivel federal”, señala la información que deberá contener, esto es los montos referidos, estimados para el siguiente ejercicio fiscal:

Artículo

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Signos y Señales

Gastos fiscales • Instrumento de Política Económica • Revisarlos y evaluarlos periodicamente Por David Colmenares Páramo El monto estimado de los recursos que dejará de recibir el erario Federal; La metodología utilizada para realizar la estimación; la referencia o sustento jurídico, que respalde la inclusión de cada concepto o partido; Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso; y Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales. Dicho presupuesto ha sido un material interesante para tener una dimensión clara de los gastos fiscales, cuya revisión forma parte obligada para la elaboración de cualquier propuesta de reforma tributaria. Algunos de los conceptos, particularmente aquellos que apoyan la inversión y la creación de empleos productivos, así como el desarrollo regional se deben perfeccionar, y mantener, pero otros no. Ello obliga a considerar que los gastos tributarios o fiscales, significan menores ingresos para el fisco, que pueden tener diversas formas, como las mencionadas en la Ley de Ingresos, que podría recapitular en las exenciones, deducciones, créditos, tasas preferenciales, diferenciadas, y prórrogas, lo que es claro es que for-

man parte de la política pública de la importancia dada a su elaboración. Existen diversas metodologías para hacerlo, sin embargo, algo que tienen que tener todas son sistemas de información, transparencia fiscal y no debe existir discrecionalidad en su aplicación. Los gastos fiscales han sido considerados por la OCDE como un traspaso de ingresos públicos, a través de la reducción de las obligaciones impositivas con respecto a un impuesto de referencia, más que por la vía del gasto directo. En 1996 la propia Organización Internacional en su Informe Anual, destacaba algunos requisitos exigidos por algunos países: “las concesiones tributarias deben beneficiar a una industria, actividad o clase de contribuyentes en particular; deben servir a un propósito particular (diferente de la operación eficiente del sistema), que sea fácilmente identificada con un objetivo que pueda ser llevado a cabo en forma alternativa con otros instrumentos; el impuesto en cuestión tiene que ser lo bastante amplio como para que haya un impuesto de referencia adecuado contra el cual medir el valor de la concesión; tiene que ser administrativamente factible cambiar el sistema tributario, para eliminar el gasto tributario; y en el sistema tributario no debe haber otras disposiciones que compensen con holgura los beneficios del gasto tributario”. Hoy prácticamente todas las economías importantes de América Latina, elaboran presupuestos de gastos fiscales, atendiendo a los princi-

pios mencionados. A fines de los 90 el FMI impulsó el Código de Buenas Prácticas en Transparencia Fiscal, trabajado por George Kopicks, lo que fortaleció la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como una mejor rendición de cuentas. Para la sociedad es fundamental conocer a detalle la información de los presupuestos de gastos fiscales, de forma tal que esté convencida de que no hay discrecionalidad en su aplicación y conocer también los resultados. Su elaboración ayuda por ejemplo a tener estructuras tributarias más sencillas, lo que contribuye los costos de la administración tributaria, además de ayudar a reducir no solo la evasión fiscal, también la elusión que leyes complejas incentivan y facilitan. Resulta importante entonces, considerar el aprovechamiento del potencial extra fiscal de los tributos, como complemento de la política económica, sectorial, regional o nacional. La renuncia a los ingresos que implica un gasto o un estímulo fiscal tiene que ser revalorada periódicamente, para mantenerlo o eliminarlo.

brunodavidpau@yahoo.com.mx


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ArtĂ­culo

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Revista 18 Brumario #82  

Revista política semanal dirigida por el periodista Carlos Ramírez. Medio de comunicación, que informa de la política mexicana.

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