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Expediente Florence Cassez. Trampa legal, escamoteo de justicia

Carlos Ramírez

Director: Carlos Ramírez

PEMEX

Lunes 04 de febrero de 2013

Número 79

¿Accidente o negligencia?

Promoción personal, precampañas y Art. 134 Constitucional

Por Raymundo García G.

Desenmascarando racistas Samuel Schmidt

Escriben: Adrián Rueda, David Colmenares, Raymundo García García, José Manuel Suárez Mier, Samuel Schmidt, Pedro Echeverría V.


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Editorial

18 Brumario

Índice Expediente Florence Cassez. Trampa legal, escamoteo de justicia

Por Carlos Ramírez

PEMEX ¿Accidente o negligencia?

Por Abigail. A. Cisneros

Reaparece Óscar Espinosa, “el demócrata” Por Adrián Rueda

Dilemas no resueltos

Por David Colmenares

Promoción personal, precampañas y Art. 134 Constitucional

Por Raymundo García

Peña Nieto y el PAN, por privatizar PEMEX e imponer el IVA en medicinas y alimentos Por Pedro Echeverría

Desenmascarando racistas

Por Samuel Schmidt

Avance del sexenio Peña Nieto

Por José Manuel Suárez Mier

Extinción del SME

Por Gustavo Ramírez

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Editorial Autodefensa y legalidad 3

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En el último mes se han multiplicado los llamados comités de autodefensa en varios municipios rurales del país. En los estados de Guerrero y Michoacán se han constituido con el supuesto argumento de dar seguridad a esas comunidades ante la ola de delitos que son víctimas del crimen organizado. La mayoría de los integrantes de estos cuerpos de seguridad están embozados o enmascarados, para evitar ser identificados. Esta situación ha generado varios escenarios que se pueden salir de control. Para empezar se trata de personas sin capacidad o entrenamiento para responder ante una verdadera emergencia de seguridad pública. Por otro lado, tampoco están uniformados o poseen distintivos, por lo cual pueden ser confundidos con delincuentes por los usuarios de las redes carreteras o por otras instituciones de seguridad. Esto ya causó al menos una persona muerta por bala al “no respetar el alto del comité”. La situación puede salirse de control, debido a que autoridades estatales, como el gobierno de Guerrero, han declarado que estos comités pueden trabajar bajo el precepto de “usos y costumbres”, lo cual da pie a que se carezca de un control real. Es incuestionable que la sociedad debe reclamar a las autoridades seguridad pública cuando no se tiene, pero nuestra norma es clara y para esos casos existen instituciones sólidas, como el Ejército Mexicano para proteger a la población en estas situaciones similares. Además, se tienen los registros del éxito que se ha dado en comunidades del norte del país, las cuales fueron recuperadas por el instituto armado y devueltas a los pobladores. Los comités de autodefensa se pueden convertir un arma de dos filos. La seguridad pública solo la deben ejecutar los cuerpos entrenados para aplicarla.

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Famosas últimas palabras: “No manchen, ahora sí se les pasó la mano a los del IFE”: Andrés Manuel López Obrador, ex candidato del PRD a la Presidencia. PLAN: Si algún político sabe de mañas es Andrés Manuel López Obrador. Ante la evidente ola de pifias contables que cometieron tanto el Partido del Trabajo como el Movimiento Ciudadano, la Unidad de Fiscalización del IFE las detectó y reportó en forma documentada, para proceder conforme a derecho. La solución que sugirió el ex candidato fue muy “pragmática”: Si el IFE pretende hacer efectiva la multa, el PRD anunciará que se sale del Pacto Por México. No obstante, en el escenario político, la reacción fue inmediata, tanto los legisladores del PAN como del PRI argumentaron que nada tiene que ver el IFE, instituto autónomo y ciudadano, con dicho acuerdo. Pero “ni tardo ni perezoso”, Andrés Manuel dejó ir el comentario: “no confío en las instituciones”. En consecuencia, ahora la respuesta formal del PRD es condicionar el retiro de la posible multa millonaria a cambio de participar en el Pacto por México. Es incuestionable que pretender negociar la justica sea la madre de la impunidad y lo peor es que lo protagonice quien buscó ser presidente de la República. ES VERDAD: Mientras que en México cuesta mucho trabajo digerir las consecuencias de la liberación de Florence Cassez; en París, la francesa procesada y sentenciada en nuestro país por secuestro se ha convertido en una verdadera celebridad de alfombra roja. Con la misma capacidad para manipular mediáticamente el caso, ahora en su nación, Florence es tratada como una nueva Juana de Arco. Desde el parisino ordinario que la aclama al verla pasar, hasta el presidente francés, Francois Hollande, le rinden homenaje por su valor de “enfrentar y vencer la injusticia y la privación de su libertad durante siete años en el violento y salvaje México”. En este caso la lista de perdedores en muy grande, en especial la procuración de justicia y el Estado de derecho. Mientras la Cassez ya se frota las manos al preguntar ¿quién da más por su historia para una película? Indudablemente en ese guión los malos seremos los mexicanos y las mártires serán ella y la justicia. ES PREGUNTA: ¿Qué tipo de animales protege la nueva ley del DF?

Por Francisco Zarco “Entre los obstáculos que hay, a nuestro juicio, para la mejora rápida de esta sociedad, debe contarse la funesta división que se nota entre los republicanos, en los bandos denominados puros y moderados”.

Carlos Ramírez (carlosramirezh@hotmail.com) Director Oscar Dávalos (odavalos@grupotransicion.com.mx)

Gerente Editorial

José Luis Rojas (joselrojasr@hotmail.com) Coordinador Editorial Roberto Vizcaíno (rvizcaino@gmail.com) Coordinador de Opinión Rafael Abascal (rabascal51@hotmail.com) Coordinador de Análisis Político Abigail Correa Cisneros (acorrea@grupotransicion.com.mx)

Redacción

María Eugenia Briones J.

(mbriones@grupotransicion.com.mx)

Diseño

Roberto Eduardo Aguilar Malvaez Formación www.grupotransicion.com.mx revista18brumario@hotmail.com 18 Brumario es una revista política semanal editada por Grupo de Editores del Estado de Mexico y el Grupo Editorial Transición. Las opiniones son responsabilidad de sus autores. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández.


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Expediente Florence Cassez. Trampa legal, escamoteo de justicia Por Carlos Ramírez

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n el cierre del expediente de Florence Cassez quedan cuando menos seis puntos conflictivos:

1.- En su road show en París, la secuestradora Cassez ha reiterado que la Corte Suprema de México determinó su inocencia, cuando la ministra Sánchez Cordero fue muy clara en establecer que no se pronunciaba sobre inocencia y culpabilidad sino que concedía el amparo liso y llano por contaminación de las pruebas con el montaje policiaco. Por tanto, la francesa lisa y llanamente ha mentido para salvar su imagen contaminada por las pruebas que constan en su expediente y por los votos de los ministros Cossío y Pardo al señalar como válidas las pruebas anteriores al montaje. 2.- En la más polémica de sus declaraciones, en entrevista para la televisora BFM, Cassez realmente se abrió y dejó entrever su culpabilidad en algunos secuestros. Afirmó que “fui ingenua al involucrarme con Vallarta (su novio que era jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco)”. Y agregó: “¿quién a los treinta años no ha tenido una relación como ésa”. A no ser por las Miss Bala, las novias de narcos que han caído presas y que se cuentan con los dedos de la mano, son abrumadoramente mayoritarias las mujeres que no han tenido “una relación como ésa”. En estas declaraciones, Cassez no negó haber estado involucrada con un jefe de una banda de secuestradores ni ha probado que estuviera al margen de algunas de las actividades de la pandilla de plagiarios. Sólo se justifica que por problemas sentimentales haya quedado en el centro de una organización criminal. Con ello se confirman las versiones de varios de los secuestrados de que Cassez había sido activa en los secuestros, además de que en algunos otros no investigados ella había sido el señuelo para atraer a las víctimas. 3.- En el máximo punto mediático de su road show, Cassez afirmó que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, “me quería asesinar”, aunque no aportó ningún elemento probatorio y sí buscó sólo seguir haciéndose la víctima en un conflicto penal y escalar la provocación a México. Pero resulta que Cassez, con el apoyo del PRD y del anterior jefe perredista de gobierno Marcelo Ebrard, tuvo en prisión todas las facilidades, comodidades y acceso de medios, algo contrario a cualquier intento criminal. En realidad, Cassez ha tenido que sobrecalentar su caso para tratar de disminuir el centro de su caso: su participación activa en una banda de secuestradores que se encuentra en prisión. 4.- Muy dada a la hegemonía cultural y a la arrogancia, la prensa francesa se ha mostrado profesionalmente apática, incapaz de buscar detrás de la noticia, sin ganas para investigar el fondo de la cuestión y convertida sólo en bocina de los intereses de Cassez. Los periodistas franceses han sido ineptos siquiera en reconstruir los senderos de Cassez en México, en intentar comprobar algunos de sus dichos o en indagar el fondo de la relación de Cassez con el jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

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Indicador Político Aunque más que un asunto de profesionalismo periodístico, se trata del hecho de que el gobierno de Francia --en sus versiones de derecha e izquierda-- quiso convertir el caso Cassez en una moderna guerra de los pasteles, aquella provocación de 1838 sólo para justificar la primera invasión francesa a México y luego la segunda de 1861 contra Juárez por asuntos de deuda pero que trajo a México a Maximiliano como emperador extranjero. 5.- Los cuestionamientos sobre el montaje o reproducción escenográfica del arresto de Los Zodiaco se han acreditado al gobierno del presidente Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aunque el operativo contra Los Zodiaco ocurrió el 5 de diciembre de 2005 y formó parte de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Vicente Fox, en el cual el secretario de Seguridad Pública era Eduardo Medina Mora, hoy embajador en Washington del gobierno priísta del presidente Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la república era Daniel Cabeza de Vaca. Los funcionarios foxistas han sido soslayados del asunto de diciembre del 2005; en el gobierno de Calderón, inclusive, Cabeza de Vaca fue director del jurídico de la presidencia y luego subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación. En el 2005 García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y encabezó un programa antisecuestros bastante efectivo. ¿Por qué no se ha criticado a Fox y a sus funcionarios que tenían cierta relación de jerarquía sobre la AFI y por qué no se le han exigido responsabilidades por el operativo de la policía federal de 2005? 6.- ¿En razón de que tipo de negociaciones de alto nivel se logró separar el caso Cassez del caso de la banda de Los Zodiaco y su jefe Israel Vallarta? Al final de cuentas, el montaje debió de haber afectado a toda la banda. Y en los argumentos de la defensa, la objeción más importante fue la del montaje y mucho menos lo de la tardanza en la asesoría consular. Vallarta, por cierto, está a la espera de sentencia pero con confesiones que no lo dejarán libre aunque sí con sospechas de haber pactado el deslindamiento de su novia Cassez. Los puntos anteriores revelan algunas de las inconsistencias del caso Cassez que ya se extraviaron. Y queda la mala respuesta diplomática de México ante las maniobras del gobierno francés del socialista François Hollande para presentar a Cassez como una heroína y no como una secuestradora que se benefició con las nuevas formas penales en México y por efecto liso y llano de la Doctrina Sánchez Cordero de optar por los derechos de una delincuente por encima de los derechos de las víctimas secuestradas. Ahí están las fotografías con la sonrisa del presidente Hollande al recibir a una delincuente en el Palacio del Elíseo. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh

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El derecho y las terribles injusticias • Olga: traición jurídica a Recaséns Por Carlos Ramírez

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i los jueces se inventaron para interpretar las leyes que no pueden prever todo, el asunto clave radica en el hecho de que hay de justicias a injusticias. El punto fino se localiza en la interpretación del derecho, un tema que sin duda es del conocimiento de la ministra Olga Sánchez Cordero, clave en la liberación de Cassez, porque su tesis de licenciatura de julio de 1970 se tituló justamente “Una revolución en la interpretación del derecho”. Pero por su maniobra perversa de cambiar su propuesta para otorgarle a la secuestradora Florence Cassez un amparo liso y llano y liberarla de inmediato pareció olvidar no sólo el sentido de su tesis sino las enseñanzas de su maestro Luis Recaséns Siches. La forma en que se interpreta las leyes marca la diferencia entre aplicar dogmas o hacer justicia. En la reunión de la Primera Sala el miércoles de la semana pasada, la ministra Sánchez Cordero y los ministros Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar, ante dos reclamantes de justicia --la secuestradora y los secuestrados-- aplicaron lisa y llanamente la ley: el montaje de la policía

pervirtió el proceso y por ello, olvidándose de los secuestrados y de pruebas acumuladas de antes del montaje, decretaron la libertad absoluta. La decisión se basó en la interpretación de las leyes. Y la ministra Sánchez Cordero establece en su tesis la existencia de tres escuelas en la interpretación: la exegética que “sostiene que todo el derecho positivo está contenida (sic) en la ley escrita”, la histórica que “se inclina por interpretar las leyes según el sentido objetivo que ellas mismas expresan” y la de derecho libre que señala que “el juez es el verdadero creador del ordenamiento jurídico” y que “el juez no solamente está llamado a crearlo cuando las circunstancias así lo exijan teniendo como fin último la realización de la justicia”. Y sobre la escuela del derecho libre remata la hoy ministra: “el juez debe obedecer el orden jurídico pero no profesar una sumisión incondicional y servil a los textos legales”. La propuesta sobre Cassez que ganó por tres votos estuvo basada justamente en la sumisión incondicional a la ley y en una interpretación “físico-matemática”, sobre todo por la existencia de derechos de los secuestrados. La tesis de 1970 de la ministra Sánchez Cordero se basó en la existencia de una aplicación textual de las leyes: el legislador elabora normas generales, pero “el juez es el que en su función de intérprete de la norma general” elabora

“la norma individualizada, concreta, particular, conciliando los intereses que por una parte presenta la seguridad y la certeza de la ley y por la otra aquella estimación valorativa que se presenta al juez en los hechos concretos clamando justicia”. Asimismo, la ministra asume en su tesis de licenciatura el desafío de tomar el derecho como “producto social”, como obra humana. En este sentido, toma como propia la propuesta de Recaséns de introducir al derecho la escuela del derecho libre a través del “método de la lógica de lo humano” y de señalar que existe sólo un método de interpretación del derecho: la equidad. La razón es simple: para la escuela del derecho libre el derecho lo producen los hombres para “la solución de los conflictos que se presentan en la vida social”. Por ello existe el principio de que “la ley NO (con mayúsculas en la tesis) es todo el derecho sino una parte de él”. Al diferenciar entre la ley y el papel del juez, la ministra afirma en su tesis de 1970 que el juez está subordinado a la ley y la se interpreta en función de lo que fijó el legislador al crear las leyes, pero al final el juez “debe conciliar la seguridad y certeza que proporciona la ley con la justicia”. Así, el legislador y el juez tendrán que tomar en consideración “criterios estimativos, estudios sociológicos, la vida humana misma, proponiéndose con esto la realización

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de la mayor justicia posible”, sin duda lo que la ministra y los ministros que liberaron a Cassez olvidaron en su fallo. La interpretación jurídica del derecho libre se opone a aplicar la ley con “la lógica tradicional o físico-matemática”, a las leyes del silogismo (premisa mayor, premisa menor, conclusión), a los axiomas. “La aplicación de la lógica a la interpretación del derecho a manera de silogismo es errónea, puesto que traerá en muchas ocasiones terribles injusticias”. Así, “el derecho es vida humana objetivada”. La función del derecho no es la de aplicar la ley tal cual, sino de utilizar la interpretación de la ley con un solo objetivo: “la mayor justicia posible”. De nuevo la incongruencia entre la titulada Sánchez Cordero de 1970 y la ministra del 2013: en el fallo del pasado miércoles 24 de enero se hizo justicia a la secuestradora pero no a los secuestrados. La tesis de licenciatura de la ministra Sánchez Cordero califica de revolucionaria la propuesta de Recaséns en materia de interpretación del derecho. En su libro Nueva filosofía de la interpretación del derecho (FCE, 1956), Recaséns señala que se necesitan “jueces valientes” para superar las limitaciones del derecho aplicado sin reflexiones y hasta justifica que tuviese que “retorcerse hábilmente la interpretación de la ley” para hacer una mejor justicia y alejarse de “la tiranía de la escuela exegética o de la jurisprudencia conceptualista”. Asimismo, Recaséns señala que cuando estén en juego valores supremos y derechos del hombre, “debe darse primacía a la justicia sobre la certeza y seguridad formales”. En el Caso Cassez estaban en juego no sólo los intereses de la secuestradora sino la de las víctimas de los secuestros, aunque la ministra Sánchez Cordero optó por la formalidad de la ley. Recaséns, en cambio, habló de “interpretación razonable” que tomara en cuenta “la idea que de los requerimientos de justicia se tiene en la sociedad y en la época concreta que se vive”. Al final, el dilema Cassez fue: derecho estricto a favor de la secuestradora o justicia también para los secuestrados. Y la ministra y los ministros que decidieron su libertad prefirieron el primero.

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Cassez: los pendientes de la Corte

• Final: SCJN liberó a secuestradora Por Carlos Ramírez

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i bien la Corte Suprema de Justicia quiere darle el cerrojazo al caso de la secuestradora Florence Cassez, el sistema judicial dejó varios pendientitos: 1.- La certeza de que la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar desconocieron el hecho de que no hay derechos absolutos. Y que ante dos derechos en pugna, la peor injusticia es la de favorecer a uno en detrimento del otro. 2.- En la votación en la Primera Sala, de asuntos penales, se localizan dos datos: la ministra Sánchez Cordero ha sido maestra del Colegio Francés y Gutiérrez es fiscalista y fue enviado a la sala penal para evitar conflictos de intereses en la Segunda Sala con temas administrativos y laborales que se cruzaran con su pasado en el sistema fiscal del gobierno. 3.- Si bien la justicia debe ser ciega para no mirar a quién beneficia, también

debe ser balanceada porque al final de cuentas su símbolo es la balanza que busca el justo equilibrio o el justo medio aristotélico. Beneficiar con la justicia a una parte y desproteger de la justicia a otro simplemente no es justicia. 4.- El sistema policiaco y de impartición de justicia no se ha ajustado a las nuevas reglas del derecho constitucional de los derechos humanos. El reciente protocolo de la policía federal es apenas un pequeño avance tardío que requiere de nuevas reglas, nuevas técnicas y una urgente capacitación policiaca. 5.- La modernización de las instituciones judiciales debe alcanzar a la Corte Suprema porque más parece un Papado por el principio de la infalibilidad, aunque el debate en torno a sus decisiones es culpa de la misma Corte cuando decidió meterse de lleno al mundo mediático. El Caso Cassez debe llevar a una reflexión en la Corte sobre la complejidad del tema de los derechos humanos. 6.- Y urge un debate sobre los derechos humanos y los tratados internacionales porque han afectado la condición hegemónica y dominante del Estado frente a la

ofensiva del crimen organizado; los narcos han instruido a sus seguidores a invocar los derechos humanos a la hora de los arrestos y con ello se ha detenido el avance de la seguridad. No se trata de terminar con la delincuencia violando los derechos humanos, pero se ha llegado al punto en que los criminales son los más beneficiados con la invocación de los derechos humanos. En el fondo, la Corte Suprema está obligada a responder a los criterios de justicia que a buscar, como ahora, la justificación de sus actos. La “tarjeta informativa” distribuida selectivamente el lunes por la Corte no analizó a fondo la complejidad de la votación en la Primera Sala ni respondió a las quejas de la ciudadanía contra el fallo final que liberó a la secuestradora Cassez y dejó en el abandono de la justicia a los secuestrados por la banda de Los Zodiaco. Inclusive, esa “tarjeta informativa” estaba amañada: afirmaba que la Corte Suprema había decidido otros casos de otorgamiento de amparo liso y llano que llevaron a la liberación de detenido, pero el documento no aclara que se trató sólo de víctimas que sufrieron violación en sus derechos humanos a lo largo del proceso y en

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ninguno de los casos hubo otra víctima afectada. Es decir, fueron asuntos sencillos, en tanto que el de Cassez ofreció el desafío de técnica jurídica y constitucional al ver enfrentados los derechos de dos partes. La decisión de la ministra y dos ministros en la Primera Sala retrocedió la práctica constitucional del máximo tribunal al violar el criterio de que los derechos no son absolutos. Ahí se presentó el desafío para la Corte: como atender la denuncia de violación de derechos humanos de una secuestradora ante los derechos de las víctimas secuestradas. La aplicación del derecho absoluto --una derivación de la teoría pura del derecho de Kelsen-- constituyó también una censura grave a todas las instancias del procedimiento judicial contra Cassez, más allá del asunto de la reproducción posterior de escenas del arresto para satisfacer la petición de Televisa. Cassez fue condenada a permanecer en la cárcel por sesenta años, después de haber pasado por filtros judiciales que tendría que dar una explicación y que obligarían a la intervención del consejo de la judicatura: ministerio público, juez que concedió la formal prisión, juez que sentenció, tribunal colegiado que ratificó la sentencia. En última instancia, la institución responsable del poder judicial es la Corte Suprema y por tanto ahí debería iniciarse una investigación sobre las razones jurídicas que tuvieron esas instancias para sentenciar a Cassez, sobre todo por la posibilidad de que otros delincuentes sentenciados vayan a acudir a la Doctrina Sánchez Cordero para obtener su libertad no en función de su inocencia sino de la violación a su debido proceso. México le entró a la reforma judicial más por cargos de conciencia de historias institucionales de represión en el largo reinado priísta que por convicción jurídica y mentalidad humanista. Y lo hizo por el solo hecho de hacerlo y sin pasar por mecanismos de modernización, adecuación, profesionalización y capacitación en las nuevas reglas del trabajo judicial. Esta apreciación fue ratificada por la aprobación de un protocolo de arresto de delincuentes pero después del conflicto derivado del voto en la Corte para liberar a Cassez, cuando debió de haber sido puesto en marcha antes inclusive de las reformas constitucionales sobre derechos humanos. En esa modernización también deberían entrar las instituciones encargadas de aplicar la justicia --como la propia Corte Suprema-- porque el Caso Cassez evidenció que esa institución aplicó la doctrina fascistoide de los derechos absolutos a favor de los poderosos sin reconocer la existencia de derechos no absolutos. El fallo --en el doble sentido de la palabra-- de la Primera Sala a favor de la secuestradora Cassez mostró que la justicia también puede ser injusta y violatoria de los derechos humanos de terceros en un mismo conflicto, aunque en nombre de la defensa de los derechos humanos de los delincuentes.

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l punto clave de la decisión de la ministra y los dos ministros que liberaron a la secuestradora Florence Cassez radica en saber en qué argumentos jurídicos basaron su decisión de poner los derechos de una delincuente sentenciada por encima de los derechos de las víctimas de los secuestros. El gran tema se localiza en la existencia de principios y procedimientos para decidir en situaciones en la que se confrontan dos derechos y que son procesos jurídicos que se aprenden en la Facultad de Derecho. Por lo pronto, existen cuando menos tres espacios para analizar la decisión de la y los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez que han permitido el regreso de Cassez --sentenciada como secuestradora-- a Francia como heroína. Se trata del dilema entre dos derechos: los de los secuestrados y los de la secuestradora.

Cassez: principios del derecho • Señores ministros reprobados Por Carlos Ramírez 1.- Principios generales del derecho. Son axiomas que se asumen como principios (versión de Luis Raúl Díaz González, presidente de la Academia de Derecho de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM): --Aunque funciona en derecho laboral, opera en lo general: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable a la víctima. --Las dudas deben resolverse en el sentido más favorable. --No se debe cumplir la palabra a quien se niega a cumplir la suya. --Lo que es notorio no necesita probarse.

--Mejorar la condición de una parte pero sin empeorar la del otro. O basta sólo aplicar el sentido común: el derecho de secuestrados (víctimas) por encima de los derechos de secuestradores (delincuentes). 2.- Principio de proporcionalidad. Ante la nueva avalancha de derechos, la aplicación de la ley necesita ponderar su ejercicio para evitar la imposición y la violación de otros derechos; es decir, cómo resolver entre dos derechos en pugna: --En el prólogo al libro El principio de la proporcionalidad y la interpretación constitucional, editado en Ecuador, el mexica-


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no Miguel Carbonell señala que la proporcionalidad parte del criterio de que “no existen derechos absolutos” y que se trata de “técnicas de interpretación”. “Los jueces constitucionales y demás operadores jurídicos han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros interpretativos nuevos”. Se requiere, por tanto de

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una técnica hermenéutica o de interpretación. En el fondo, agrega, el principio de proporcionalidad trataría de evitar que ante derechos nuevos y viejos “el aplicador constitucional pueda disfrazar como decisión del poder constituyente lo que en realidad es una decisión más o menos libre tomada por él mismo”.

--En el libro El principio de proporcionalidad, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rubén Sánchez Gil habla de la aplicación de esa técnica cuando hay dos derechos “en colisión”. Este principio busca “abandonar una concepción conflictivista de los principios constitucionales que los ve (dos derechos) como “opuestos”, que obliga a imponer uno de ellos sobre otro e igualmente con los bienes que tutelan”. Se trata de encontrar una “vigencia armoniosa” entre dos derechos. 3.- Juicio de ponderación. Cuando hay dos derechos en pugna --los de los secuestrados por Los Zodiaco y los de la secuestradora Cassez-- existe el método del juicio de ponderación para saber cuál tiene supremacía. Lo contrario sería la solución salomónica: partir el niño en dos y repartir los restos entre las dos madres. Este juicio lo conduce un juez. Se ha aplicado en casos de libertad de expresión versus derecho a la intimidad. Es, por tanto un método de interpretación constitucional entre dos derechos constitucionales en conflicto: la defensa de víctimas y la defensa de los delincuentes. El abogado Luis Rodríguez Mendoza, del Colegio de Profesionales del Derecho, define el juicio de ponderación: “una acción de consideración imparcial y proporcional entre aspectos contrapuestos con la finalidad de resolver un conflicto de principios --derechos, bienes jurídicos, intereses, etcétera-- que suministran justificaciones diferentes y oponibles al momento de adoptar una decisión en un caso concreto, de la que necesariamente habrá de prevalecer uno sobre otro dependiendo de circunstancias específicas”. Y aporta algunos elementos para decidir: fin legítimo, idoneidad o adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido

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estricto. Pone el ejemplo de la limitación a los fumadores: la necesidad de salvaguardar el derecho a la salud de los no fumadores y/o menores de edad, resulta más beneficiosa o de grado más alto para el interés general en relación con el perjuicio y dañó para los comerciantes que lucran con la venta y consumo de tabaco en restaurantes Por eso la salida ideal al Caso Cassez era la de los ministros José Ramón Cossío y Jorge Pardo: un amparo para efectos, de tal manera de reconocer violaciones a los derechos humanos de la secuestradora pero también las pruebas en su contra y los derechos de las víctimas de los secuestros de Los Zodiaco. Sin embargo, la ministra Sánchez Cordero y los ministros Gutiérrez y Zaldívar aplastaron los derechos constitucionales a un debido proceso de las víctimas por la prisa por liberar a una secuestradora y decretaron el amparo liso y llano violando principios jurídicos, la proporcionalidad y la ponderación La liberación de Cassez, así, no fue una falla del sistema judicial sino de errores de técnica jurídica y constitucional de la ministra y los ministros que eludieron el conflicto entre dos derechos y apoyaron uno a costa del otro. Lo malo es que de nueva cuenta la Corte Suprema aparece como Tremenda Corte: ayer lunes hubo una reunión especial para control de daños, pero en realidad se trató de proteger Sánchez Cordero, Gutiérrez y Zaldívar de la abrumadora condena social a la liberación de la secuestradora Cassez y otra burla hacia los mexicanos. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh


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Cassez: bofetada de Francia a Corte

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• Humillan en Elíseo a la ministra Olga Por Carlos Ramírez

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a recepción como heroína a la secuestradora Florence Cassez en Francia evidenció la existencia de una nada fina operación política que involucró a la ministra Olga Sánchez Cordero. Y la audiencia especial del presidente François Hollande a la delincuente fue una bofetada a la Corte Suprema de México. El costo político y diplomático de la decisión de la Corte aún está por determinarse. Si en Francia tomaron el fallo judicial como una muestra de buena voluntad de una ministro con simpatías francesas, en México el repudio mayoritario a los ministros que liberaron a Cassez --Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar-- fue mayor al reconocimiento a la pureza franciscana del derecho. La fotografía de Cassez y sus padres en el despacho presidencial del Palacio del Elíseo aplastó la argumentación jurídica de los tres ministros favorables al otorgamiento del amparo liso y llano y dejó en Francia la percepción de que Cassez fue una víctima no de la escenificación del arresto de la banda de Los Zodiaco, en la cual participaba como secuestradora, sino un voto de confianza por su inocencia. En el fondo, la responsabilidad del nuevo perfil de Cassez fue de la ministra Sánchez Cordero, quien en su argumentación se enredó en una dialéctica de barandilla de juzgado municipal: “no me arrepiento de liberar a una víctima; se le hizo justicia a todos, hasta a las víctimas”. En este punto, valdría la pena que la Doctrina Sánchez Cordero aclarara cómo beneficia la liberación de Cassez a los secuestrados por Los Zodiaco y a las pruebas presentadas de que Cassez sí formaba parte de la banda y también participaba de las amenazas a los plagiados. La equiparación de víctimas entre una secuestradora a la que violaron el debido proceso con las víctimas que fueron secuestradas, con varios días amarradas y los ojos vendados y a la espera del cobro del rescate, representa todo un desafío conceptual al derecho mexicano, sobre todo cuando la Ley de Víctimas ya promulgada señala con claridad cuál es la condición de una víctima. La diferencia entre el abuso procesal con la agresión física a las personas contiene una diferenciación no sólo de argumentos sino --lo que le faltó a la ministra Sánchez Cordero-- de tipo moral. La fotografía de Cassez con sus padres al lado del presidente Hollande y su compañera en el Palacio del Elíseo podría caer en el terreno de la ofensa diplomática y por tanto debería llevar a la profundización del enfriamiento de las relaciones diplomáticas. Francia debió de haberse mantenido al margen de la calificación del caso Cassez pero prefirió darle a la secuestradora el trato de víctima de un sistema judicial de un país bananero. En los hechos, la audiencia de Hollande a una secuestradora revela el carácter del viejo colonialismo francés. De nada sirve el hecho de que el padre de Cassez les haya mentido al presidente Sarkozy y al presidente Hollande con la afirmación de que no conocía

a Ignacio Vallarte, el líder de la banda de secuestradores de Los Zodiaco, si aquí en Indicador Político se publicaron fotos de una reunión social de Cassez, su novio Israel Vallarta y los padres de la francesa, en una sala justamente del rancho usado por la banda de plagiarios para encerrar a sus víctimas. Y tiene mucha validez moral y jurídica la afirmación de la propia Cassez de que ella vivía en ese rancho, en donde estaban los Elizalde secuestrados, porque su novio Israel Vallarta le daba “chance” de dormir ahí, ¿Cómo arrimada o como novia? Y se olvida la parte de la investigación que señala que Cassez aprovechaba su belleza para atraer incautos que luego secuestraba Vallarta. Lo que la Doctrina Sánchez Cordero tiene la obligación jurídica y moral de aclarar es la diferenciación de los conceptos de víctima. ¿Cómo se tasó y se tasará en la Corte el valor de la caracterización entre una víctima que vio violado el debido proceso por un montaje que no eliminó todas las pruebas y que quedaron para el Archivo Tres Patines de la Corte Suprema de México las suficientes para acreditar la responsabilidad de Cassez como secuestradora, y las víctimas que fueron plagiadas, torturadas y privadas de su libertad por esa banda? La otra parte del problema radica en el hecho de que el caso Cassez, como se ha repetido hasta la saciedad y algunos ministros lo han enarbolado como argumento válido, era un asunto procedimental y no de constitucionalidad. Como se ha reafirmado en círculos jurídicos, la Doctrina Sánchez Cordero metió ya a la Corte en casos que debía de resolver el tribunal colegiado. La decisión de la ministro Sánchez Cordero convirtió al tribunal constitucional en un tribunal colegiado espurio. Si cada institución debe ser responsable de las consecuencias de sus decisiones, entonces los ministros Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar tendrán que asumir la suya en función de los efectos del caso Cassez en Francia y la fotografía del presidente de la república francesa con la secuestradora en el despacho presidencial. Y no saldría sobrando que la Corte Suprema y la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores emitieran un punto de vista sobre esa fotografía porque representó una bofetada del presidente Hollande y Cassez al tribunal constitucional mexicano, al sistema de justicia y a las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Si no hay un posicionamiento mexicano, entonces ante el mundo México aparecerá como un país bananero con un sistema judicial municipal y no como una nación en transición institucional hacia un sistema más adecuado a la democracia. Pero sobre todo,

quedará la impresión de que México benefició a una secuestradora por encima de los secuestrados. Y que Cassez es inocente a pesar de las pruebas contundentes de que pertenecía a la banda de Los Zodiaco y que como secuestradora aparece sonriente y coqueta en el despacho presidencial de la república de Francia. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh


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¿Accidente o negligencia? Por Abigail A. Correa Cisneros

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a tarde del jueves una explosión cimbró el edificio B2 de la Torre de Pemex en la ciudad de México. En poco tiempo todo fue escombros en el sótano 1 del edificio, el estallido provocó la muerte de 37 personas y en los hospitales se presentaron 121 heridos. De los 37 fallecidos, 24 eran trabajadores sindicalizados, cinco de confianza, un jubilado, un derechohabiente y seis de empresas contratistas; sobre los heridos, 11 se encuentran en el hospital de Pemex de Picacho, 11 en el de Azcapotzalco, dos en el de los Ángeles del Pedregal, y seis más en el de los Ángeles de Interlomas. Fue gas lo que provocó la explosión, informó el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien negó que pudiera ser un artefacto explosivo lo que provocó el estallido, al referirse a una maleta negra hallada en la zona, que resultó sospechosa en su momento; sin embargo, esta sólo contenía cosméticos, detalló. Aunque la investigación arrojó resultados preliminares, hay varios elementos para aseverar que el siniestro ocurrido fue resultado de una explosión difusa, lenta y definida, y no provocada por artefactos explosivos, dijo Murillo Karam.

Detalló que no se encontró en los cuerpos de las víctimas desmembramientos de órganos, no hay un solo objeto quemado en el lugar de los hechos, y que ninguna de las víctimas presenta daños severos en los oídos, elementos que pudieron haber apuntado a otra causa. Por su parte, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, notificó que este miércoles 6 de febrero, se reanudará las actividades en la paraestatal, a excepción de la zona de la explosión. Los trabajadores que laboraban ahí serán reubicados en lugares especiales. También dijo que comenzarán los pagos de seguros de las víctimas. Lozoya Austin aseguró que el edificio se encuentra libre de flujo de gas y que no existen daños que pudieran comprometer al resto de las instalaciones, además de estar en constante búsqueda de la ausencia de daños en edificios no estructurales, a través de recorridos en todos los sótanos e instalaciones, empleando “la más alta tecnología”, e inspeccionando todos los servicios de calefacción, agua, luz, alarmas y accesos eléctricos. Aquél día, 31 de enero, fueron evacuados en minutos los trabajadores, pero los que quedaron atrapados fueron víctimas no solo de su suerte, sino de la lenta acción de los cuerpos de rescate. Los Topos reprocharon la falta de coordinación con la Secretaría de Gobernación, Pemex y Protección civil. Roberto Hernández de la Brigada de Rescate Topos México, dijo a El Universal, que la paraestatal cuenta con los recursos para salvar más vidas, pero no existe un plan de rescate. Pero Emilio Lozoya, insistía en que “las dos prioridades para la dirección general de Pemex son atender a las familias que han perdido a sus seres queridos y apoyar a nuestros compañeros que están le-


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sionados. Segundo, recalcar que Pemex hoy opera sin disrupción alguna”, indicó Lozoya ante los medios. También aseguró que peritos de la PGR, UNAM y la Marina, y expertos internacionales colaboran en las investigaciones. “Quiero enfatizar la complejidad de estos peritajes”, recalcó. Lozoya informó que la paraestatal opera con normalidad en materia de abasto de energéticos. La entidad produce 2.57 millones de barriles al día y cumple con sus obligaciones financieras y sus obligaciones ante la sociedad. Detalló que la zona de afectación abarca 4 niveles y asciende a 1,300 metros cuadrados, en la que laboraban entre 200 y 250 personas. Destacó que al suscitarse el incidente acudieron vecinos de la zona y los propios trabajadores a atender a los heridos que fueron trasladados a hospitales en el sur y poniente de la capital, además de la Cruz Roja de Polanco, el Hospital Español, y el Ángeles del Pedregal. La planta baja y el mezzanine del edificio B2 quedaron destrozados. Casi de inmediato comenzaron a llegar ambulancias, policías y bomberos y poco después elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. La Secretaría de la Defensa aplicó el Plan


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DNIII en auxilio y seguridad en el área. También llegaron al lugar los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el subsecretario Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Más tarde acudió el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que se llevará a cabo una investigación a fondo para determinar el origen de la explosión. La apoderada legal de Pemex, Sofía Ricano Rivas, presentó una denuncia en la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 1, por daño a la propiedad culposo y por lesiones al personal. La averiguación previa MH1-T3/228/13-01, será enviada a la Procuraduría General de la República, al tratarse de un hecho registrado en una institución federal, informó personal de la Procuraduría capitalina. También fueron evacuados otros edificios públicos, como el de la Comisión Federal de Electricidad, en Reforma e Insurgentes, y el Palacio Legislativo de San Lázaro, para realizar revisiones protocolarias de seguridad, dijeron. Los relatos de la gente que estaba en la torre narran que de pronto todo fue polvo, durante minutos sordos, retumbó la tierra y al disiparse la nube corrieron a socorrer a sus compañeros. Muchos en shock pero mecánicamente ayudando, trataron de sacar lo más pronto posible a la gente atrapada que laboraba en esos momentos, era el área de Recursos Humanos. Familiares atormentados por no saber la situación de sus seres queridos llegaron a los hospitales, las imágenes también fueron desgarradoras ahí, madres que al recibir la

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noticia de la muerte de sus hijos; lo mismo esposos, esposas, hermanos, todos en llanto. Al principio se especuló que el estallido se produjo tras “una acumulación de gas, en una planta de electricidad”, pero no hay ninguna versión oficial de las causas. Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya analizan las causas. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que están abiertas todas las líneas de investigación para establecer las causas del siniestro, y agregó que habrá expertos del extranjero que ayudarán en los trabajos periciales. El viernes pararon las labores de

rescate, integrantes de la Cruz Roja Mexicana anunciaron que las actividades de salvamento terminaron al no encontrar más cuerpos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong permaneció en el lugar reunido con diferentes directivos de la paraestatal así como las autoridades de Protección Civil y personal de comunicación social. Por su parte, en el DF, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró tres días de duelo como muestra de solidaridad con las víctimas mortales. El GDF hizo una movilización de 10 cuadrillas de trabajadores, entre peritos en estructura y Protección Ci-

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vil, quienes revisan los edificios aledaños a donde ocurrió la explosión para descartar daños en su infraestructura. Mancera dijo que en una unidad habitacional, localizada a espaldas de los edificios de Pemex se encontró “riesgos en lozas que se iban a apuntalar; son inmuebles aledaños en un radio próximo al suceso”. También el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó mediante un comunicado que se deben esperar los resultados de los peritajes y deslindar responsabilidades. El diario Milenio, destacó que Petróleos Mexicanos advirtió desde 2008 a la Secretaría de Hacienda


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y Crédito Público que requería de recursos presupuestales para la adquisición de equipos tecnológicos que pudieran evitar este tipo de siniestros. Según su investigación, basada en documentos oficiales de la secretaría de Hacienda, Pemex le reportó a la SHCP que no contaban con suficientes equipos tecnológicos que le permitieran prevenir actos hostiles en contra de la empresa, por lo que se hacía necesario la adquisición de equipos detectores de explosivos y la ampliación del equipo cerrado de televisión del centro administrativo de Pemex. Pemex advirtió nuevamente de esto en el 2010 a la SHCP, solicitó nuevamente presupuesto: “En lo referente a los sistemas de protección contra incendios de los edificios, cuentan ya con más de 20 años de vida útil y presentan ya un deterioro considerable, y un aumento en los mantenimientos correctivos, lo cual no cumple con los requerimientos y necesidades de los edificios mencionados”, dice un documento. Reiteró la petición en el 2011. Dentro del rubro de proyectos que no recibieron recursos en Pemex, se encuentra el de “Salvaguardar la integridad física de las instalaciones” de la torre del corporativo, se encontró que en el “Programa Ampliación de la Capacidad de Sistemas contra Incendios”, Pemex dejó en claro que la estructura actual de la torre no cumplía con las medidas mínimas de seguridad. En cuanto a equipos detectores de humo, respectivamente cuatro tableros de control, otro reporte del corporativo de Pemex explica que “es equipo obsoleto cuyo funcionamiento no es confiable, además de falta de refacciones en el mercado”, dice Milenio. El procurador general de la República Jesús Murillo dijo en con-

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ferencia de prensa que se invitará a observadores del Congreso a las investigaciones, donde intervienen las instancias federales, para que puedan acercarse a los lugares que se revisan y no dejar nada a la imaginación. Señaló que hay dos empresas internacionales ayudando en los peritajes, además de peritos de la secretaría de la Defensa Nacional y de Petróleos Mexicanos. Faltan 2 cuadrantes por revisar, indicó el procurador, se dice que quedaron más personas que daban mantenimiento, bajo los escombros; sin embargo es muy difícil llegar a esa área.

Sobre la hipótesis manejada por algunos medios, sobre que se trató de una implosión causada por gas halón, el procurador lo descartó, pero insistió en que se investigará cada una de

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las hipótesis. Aseguró que no se encontró ningún indicio de fuego, ni en el área ni en heridos o fallecidos. Sentenció que no se detendrán en la búsqueda de más víctimas.


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uando Cuauhtémoc Cárdenas llegó al poder como primer jefe de Gobierno del DF elegido en las urnas, una de sus primeras acciones fue iniciar una persecución en contra de su antecesor, el último regente priísta, Óscar Espinosa Villarreal. Aunque Espinosa Villarreal fue reconocido como el artífice de la primera gran reforma política del DF, que permitió a la oposición ganar las elecciones en la ciudad, la izquierda no le perdonó que en 1994 hubiera operado las finanzas del PRI en contra de Cárdenas y buscó incriminarlo. Para protegerlo de esa venganza, apenas una semana después de dejar la Regencia, el presidente Ernesto Zedillo lo nombró secretario de Turismo de su gobierno, aunque eso no frenó las investigaciones que, tres años despu��s, a semanas de que el tricolor le entregara Los Pinos al PAN, culminó con una petición de desafuero ante el Congreso. La destitución de los diputados no fue necesaria; Espinosa Villarreal pidió licencia el 7 de agosto de 2000 y para el 12 de noviembre de ese mismo año ya estaba en

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Capital Político

Reaparece Óscar Espinosa, “el demócrata” • El ex prófugo exonerado es una pieza priísta para concretar la Reforma Política del DF Por Adrián Rueda

Reforma, que se había reunido con Muñoz Ledo para intercambiar — informalmente— opiniones sobre la citada reforma y que le gustaría representar al PRI en el tema. Ahora está a punto de oficializarse su encargo, con lo que reaparecería públicamente; en el PRI capitalino están evaluando su nombramiento: no lo ven mal a pesar de la persecución de que fue objeto y de la cual salió libre. Casualmente, una de sus contrapartes sería el mismo Muñoz Ledo, quien fue comisionado por Mancera para ser su negociador en el tema. Nicaragua pidiendo asilo político, el cual le fue negado. Si el 12 de diciembre de 1997 fue nombrado secretario de Turismo, también un 12 de diciembre, pero de 2000, fue arrestado en Managua a petición del gobierno mexicano, pues el entonces procurador del DF, Samuel del Villar, había pedido desde marzo su detención. El cargo fue la malversación de 420 millones de pesos que supuestamente desvió para las campañas del PRI; el 19 de agosto de 2001 Espinosa Villarreal fue extraditado a México y, luego de unos días en prisión, fue liberado bajo fianza; tras un largo proceso fue declarado inocente. La importancia de esa historia descansa en que, a pesar de las acusaciones y la persecución de perredistas, Porfirio Muñoz Ledo —uno de los fundadores y ex dirigentes de ese partido— lo ha llamado en público como el gran demócrata del DF. Varios recuerdan la frase de: “lo saludo, es usted un verdadero demócrata”, que Muñoz Ledo le dijo al

político mexiquense, al que reconoce como artífice de la primera gran reforma política que permitió elecciones libres y con ello el ascenso del PRD al poder en el DF. Y es que en ese entonces, luego de la promesa de varios gobiernos, el presidente Zedillo dudaba sobre concretarla y fue Espinosa Villarreal quien, incluso en contra de la opinión del PRI, se aferró a sacarla y convenció al mandatario. Gracias a ello, en 1997 la Ciudad de México celebró por primera vez elecciones para elegir un jefe de Gobierno, y Cárdenas se impuso al priísta Alfredo del Mazo y al panista Carlos Castillo Peraza. Ese ex prófugo exonerado es ahora una de las principales piezas priístas para concretar la tan ansiada reforma política del DF, anunciada por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y apoyada por los principales partidos. Hace apenas unas semanas, en un programa de radio por internet, dijo al periodista Alejandro Ramos, de

Centavitos… En un artículo publicado ayer en Excélsior, el diputado panista Federico Döring denunció la falta de transparencia en la operación de los parquímetros y propuso que las tarifas sean por minuto, las fije la ALDF, que los aparatos den cambio y que se puedan pagar con tarjeta o prepago. Parece que Döring coincide con varios de sus colegas, como el panalista Jorge Gaviño, en que los parquímetros son necesarios pero urge transparentar el negocio; ojalá sumen esfuerzos en la ALDF y lo logren. a.rueda@contactodf.com


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Signos y Señales

Dilemas no resueltos • Entre progresividad y regresividad • Hacen falta recursos a las haciendas públicas Por David Colmenares Páramo

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uando hablamos de la reforma fiscal integral, de los ingresos y del gasto público, no hay nada nuevo. Por el lado de los ingresos el eje central de las discusiones es y ha sido la reforma tributaria, lo que tiene que ver con un nuevo reparto de la carga impositiva, esto es la progresividad del sistema, así como el acento de las reformas en los impuestos directos o indirectos, de la progresividad o regresividad de los cambios. Este dilema no se ha resuelto de fondo desde hace más de 40 años, además seguimos teniendo una carga fiscal reducida que ronda el 10% del PIB, seguimos dependiendo de la volátil tributación derivada de los hidrocarburos en más de una tercera parte –con el riesgo que ello implica–, mantenemos una fuerte concentración del potencial recaudatorio en el orden central o federal y por tanto una debilidad de las haciendas estatales y locales. Se ha avanzado más en la Administración Tributaria, pero siguen pendiente más simplificación y más seguridad jurídica por el lado de política de ingresos.

Por cierto una regresión académica, referente a la palabra de moda, esto es hacendaria, que se usa en los nuevos usos y costumbres cuando se quiere decir que se deben reformar los impuestos y el gasto público. De hecho el concepto hacendario no existe, y es más correcto hablar de haciendas públicas. En fin, sin importar cómo se le llame, lo real es que es un tema que periódicamente, más al inicio de cada nueva administración, se plantea como el eje de las reformas pendientes, y mucho hay de cierto en ello. Sin embargo por la falta de acuerdos integrales para la distribución de la carga tributaria y el reparto de los costos, sigue siendo un tema pendiente. El tema está vivo desde hace muchos años, recordemos que fue en el Gobierno de Díaz Ordaz, siendo Secretario de Hacienda Don Antonio Ortiz Mena, cuando ya estaba en la mesa la necesidad de una reforma fiscal o tributaria. Don Antonio formó un grupo de trabajo con los mejores economistas de la época, para elaborar una propuesta viable, además de haber contratado como distractor de la opinión pública y los grupos de presión a Nicholas Kaldor economista inglés, que hablaba de un impuesto único al gasto, no instrumentado en ningún país del Mundo, cuyo textos por cierto ha publicado el Fondo de Cultura Económica. Después de la introducción del IVA en 1980 y la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no ha habido una

reforma en la materia tan relevante. El incremento recaudatorio de 2000 a 2006 se dio básicamente por eficiencia administrativa, así como avances en la simplificación y la colaboración administrativa. No es un problema técnico, propuestas existen y muchas, lo mismo que diagnósticos, tanto desde el gobierno como de los funcionarios fiscales estatales, de los ciudadanos, esto es de grupos empresariales y de trabajadores, gremiales y aca-

démicos, de universidades privadas y públicas, así como muchas recomendaciones de organismos públicas internacionales. Sigo recomendando los trabajos del seminario que organizó el CNE sobre experiencias de reformas fiscales en el mundo en el año 2000 y los acuerdos de la CNH de 2004. Una reforma fiscal para ser viable requiere ser sencilla, fácil de administrar, progresiva y equitativa, federalista y políticamente viable. Donde dejen de ser lugares comunes, simplificar, desregular, transparencia, rendición de cuentas, descentralizar, concertar. No es tarea fácil por supuesto. Hay temas pendientes y urgentes, como el frente federalista que coadyuve a resolver de raíz el problema del endeudamiento creciente de algunas entidades federativas y municipios. Al respecto los funcionarios fiscales, están planteando las características más urgentes para una reforma del federalismo fiscal, que lo haga descentralizador y fortalezca los mecanismos de la coordinación intergubernamental, recuperándole la fortaleza que ha llegado a tener. Con la misma pretenden recuperar facultades impositivas e incrementar el porcentaje participable entre otras medidas. brunodavidpau@yahoo.com.mx


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Promoción personal, precampañas y Art. 134 Constitucional Por Raymundo García

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a práctica política de quienes adoptan el rol de político profesional, no es otra que la de promocionarse como tal. Las formas de promoción han sido diversas y están relacionadas con el tipo y grado de desarrollo de la sociedad y del tipo de Estado nacional que la contiene. México es un país rico en este tipo de ejercicio en ese camino escabroso y difícil de andar, actuar, asumir el comportamiento de político adquiere sus propios matices. En principio la mercadotecnia económica invadió a la política, hoy los políticos apuntalan al mercado económico promocionando se bajo la bandera de promocionándose de la economía. Con la introducción de la mercadotecnia dentro de la economía con el fin de impulsar al mercado económico, pronto saltó hacia la política para crear y fomentar el mercado político. Así, antes de las reformas estructurales de diciembre de 1982, en la elección presidencial de ese año irrumpieron las primeras encuestas y sondeos de opinión para conocer las preferencias ciudadanas del candidato presidencial del PRI; con esto se dio principio a la medición de los políticos como una actividad necesaria para los momentos de la competencia que pronto llegarían. Los textos como el de Edmundo González Yaca sobre,


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dentro del naciente mercado político. El colapso del PRI en las elecciones de 1988, y el impulso de una competencia electoral nacional en tres fuerzas políticas, obligó a una hacer una reingeniería institucional para responder a la llegada de elecciones competitivas. No obstante la creación del IFE en 1990 y las reformas siguientes, fue hasta la reforma electoral de 1996, cuando la libre competencia entró al mercado político de manera plena; por supuesto, con regulación apropiada, la cual produjo altos dividendos a los empresarios de radio y televisión. La promoción de ciudadanos para asumir o continuar con tareas de político profesionales, llegó a todos los rincones del país adoptando las más inimaginables formas de promoción individualista. Este fenómeno produjo en el 2000 escándalos nacionales como “el Pemexgate” y “los amigos de Fox”. En las elecciones federales del 2006, bajo los supuestos de la utili-

propaganda política, se hicieron necesarios, pero exigieron el acompañamiento de nuevas disciplinas para una mejor explotación del nuevo mercado –el políticoCon la adopción neoliberal-social del Estado mexicano hecha pública el 28 de diciembre de 1982 y el 3 de febrero de 1983, pronto se reducirían a los políticos a instrumentos de mercado y de la mercadotecnia, para poder ser vendidos por votos

zación de recursos públicos para promocionarse políticamente servidores públicos y promocionar a aspirantes a puestos de elección popular, una vez derrotadas las izquierdas mexicanas, éstas promovieron una reducción del ejercicio mercadológico de tipo privado de los candidatos, quisieron controlar y de hecho se controla el sistema de precampañas, además se buscó frenar el uso de recursos públicos destinados a la promoción de la imagen personal de funcionarios y políticos sustituyendo la imagen institucional por la imagen personal del funcionario. Reforma plasmada en el artículo 134 de la Constitución federal, peor la fuerza del neoliberalismo es mayor y ni la Constitución, ni la ley, han podido frenar los lógica de competencia natural del mercado que ahora se ha apropiado y adelantado a la mercadotecnia política. Programas de radio, revistas, diarios, títulos profesionales y demás, se promocionan por todos lados dentro del mercado económico con fines políticos. Mientras el espíritu del artículo 134 se mantiene incólume.


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Peña Nieto y el PAN, por privatizar Pemex e imponer el IVA en medicinas y alimentos Por Pedro Echeverría V.

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. El PRI anunció ayer que cambiará sus estatutos para impulsar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas y la apertura de Pemex a mayor inversión privada; “está actuando de manera pragmática y sin consistencia ideológica, además de que engañó al electorado, pues acudió a los comicios del año pasado con una plataforma, y una vez en el poder la va a cambiar, dijeron por separado integrantes del PAN y el PRD”. Pero el PAN fue más sincero y cínico: Resaltó que ambos temas han sido propuestos por el PAN, con el fin de dar mayor vigor a la economía nacional, pero “en el pasado el tricolor no tuvo deseo ni ánimo de entrar a fondo a estas reformas, y por ello se lograron pocas cosas. Pero se trata de planteamientos que el país requiere, y por tanto Acción Nacional los va a empujar”. El “pactista” PRD también avalará a cambio de algo, ¿o no? 2. López Obrador, por su parte, afirmó que encabezará las acciones para “evitar que el gobierno privatice el petróleo y suba de 16 a 19 % el impuesto al valor agregado (IVA), sin importar que eventualmente eso ponga en riesgo el proceso de registro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como partido político”. Esto suena muy bien porque Morena ha estado aislado de los movimientos de protesta en los últimos meses. Los que no tengo duda que saldrán a la calle, como lo han hecho desde hace 30 años son los compañeros de la CNTE; y espero que todos los grupos de oposición (zapatistas, atencos, pancho villas, frentes, movimientos y sindicalistas que han sido aplastados por el gobierno: los electricistas, mineros, el IMSS y otros acompañan esta batalla en defensa de la mayoría del pueblo. Es la lucha contra la privatización y mucho más.

3. El PRI engaña en su campaña política a los tontos, no a quienes los conocemos ampliamente. ¿Recuerdan que en su campaña Calderón dijo que sería el “presidente del empleo” y fue el del más grande desempleo? ¡Basta ya de tonterías de creer en las palabras de los políticos! Para conocerlos hay que ver sus historias y sus relaciones políticas de entreguismo hacia la clase dominante. Aquello de: “dime con quién andas, en qué partido militas, qué periódicos lees, y te diré quién eres”, me parece más cercano a la realidad. No por los videos o fotos que te tomen, sino por la idea y actuación que tengas respecto a los trabajadores y las clases explotadas. Ya desde la campa-


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ña de Peña se anunció la privatización de Pemex y el aumento del IVA. Los votos comprados, bien pagados, bien manipulados, apoyaron a Peña y dentro de ello lo que se proponía hacer. 4. Ahora hay que decir que a nadie engañan fácilmente, que los más se dejan “engañar” con unas cuantas monedas que les quitan el hambre uno o dos días. ¿Puede olvidarse que en el sistema capitalista –que mantiene a la mayoría de la población en la miseria– se compran y venden acciones, voluntades y amor por dinero contante y sonante? Con la privatización de Pemex y el aumento del IVA la pobreza de nuestro pueblo se extenderá más y crecerá más la clientela dispuesta a venderse por un plato de lentejas. Esto demuestra que el discurso de la burguesía de querer construir “un país moderno y con mejor edu-

cación” es la pura demagogia porque siempre se han aprovechado de la ignorancia política y del hambre de los mexicanos para someterlos más. Así que con estas medidas el PRI busca ampliar más su base social de apoyo. 5. La situación económica y política de PEMEX ha sido discutida y analizada mil y un veces por todos los medios; hoy parecería un ejercicio lingüístico más. No es cierto que

su amplia apertura a la inversión privada y extranjera vaya a solucionar los problemas de los mexicanos que son estructurales; es decir, que mientras haya gigantesca acumulación de riquezas en unas cuantas familias, así como pobreza y miseria en el 80 por ciento de población, la clase empresarial y gubernamental se quedará con todas las ganancias. ¿Que seguirá el control de Pemex por el Estado? Solamente es un de-

cir porque muchas partes de Pemex están en manos privadas y el mismo Estado está al servicio de quienes hacen negocio con la empresa. El problema es de fuerza y parece que el PRI y el “pacto” se impondrán de nuevo. Espero que no se llore por cobardía. 6. En IVA a alimentos y medicinas quizá se provocará una lesión menos grande que el daño a Pemex, pero será más directa en la econo-

mía de la población. Las medicinas son producidas por gigantescos monopolios yanquis y de otros países y, paralelo a ello, las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Salubridad) han derrumbado sus servicios de médicos y medicinas, provocando el aumento del IVA un doble golpe que solo beneficia a productores y distribuidores. En cuanto a los alimentos, estaría de más decir que la comida es el factor más importante de vida y su alza representa una agresión directa a los sectores mayoritarios de la población. No solo aumentará la comida en restaurantes o fondas, sino que la carestía de todos los artículos de consumo diario impediro en mayor grado que la población pudiera alimentarse adecuadamente. 7. Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong buscan aprovechar estos primeros meses que han logrado el control político y empresarial, para poner en práctica sus principales reformas. Están dispuestos a hacer pequeñas concesiones a los partidos (sus iguales) que han firmado el pacto, pero solo cederán en aquellas cosas que no desvíen sus objetivos privatizadores. La realidad es que lucha social de resistencia en México se ha debilitado en los últimos seis meses, sobre todo a partir de que se anunció “el triunfo electoral” del PRI; esto aprovechará para hacer aprobar todas sus reformas. Espero que el lópezobradorismo siga cumpliendo con su papel movilizador y que se siga apuntalando el movimiento estudiantil que se agrupa en el Yo soy 132. Desde luego el PRI recibirá el apoyo de toda la derecha encabezada por los empresarios, el panismo y los grandes inversionistas. El pueblo debe oponerse.

pedroecheverriav.wordpress.com pedroe@cablered.net.mx


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Desenmascarando racistas Por Samuel Schmidt

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n veterano de Vietnam hijo de pastores protestantes, se matriculó en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como parte de un ejercicio escolar fue a un campamento de refugiados palestinos y preguntó sobre el holocausto, le respondieron que era algo inventado por los sionistas. Una semana después volvió con un libro de fotografías cuya edición no era judía ni editada por judíos, las mostró y registró el desconcierto de la gente que comprobaba que les habían mentido en un tema tan grave. Hay quien piensa que negar el holocausto implica debilitar a los judíos y especialmente a Israel, como si los judíos manejaran esa tragedia de la hu-

manidad como moneda de cambio. Tal vez porque se comete el error en el mundo de no entender que el holocausto no es un tema exclusivamente judío. Los nazis elaboraron una postura que formulaba la existencia de una raza aria que era pura (Hitler no lo era), así justificaron la eliminación de aquellos que no se ajustaban a la misma. Encontraron la vía a los campos de exterminio, gitanos, curas católicos, homosexuales, comunistas y todos aquellos que eran diferentes. Respecto a los judíos hubo una modificación programática sustancial: la iglesia católica proponía la eliminación de los judíos por la vía de la conversión, mientras que los nazis pasaron al exterminio físico. El grupo que más sufrió fueron los judíos (seis millones de víctimas), pero los nazis agredieron a la humanidad completa, como los racistas no son monotemáticos exterminaban a los diferentes, ya sea por sus preferencias ideológicas y hasta sexuales. En México había movimientos antisemitas que también preconizaban el ataque al comunismo. La literatura de derecha ensalza a los Abascal como patriotas, siendo que ya son por lo menos tres generaciones de racistas, antisemitas y anti comunistas; Vasconcelos que es reverenciado por un sector intelectual nunca esconde su racismo, prologó a Salvador Borrego y dirigió la revista Timón donde se alababa a Hitler y Mussolini. Tuvimos

suerte que no alcanzó la presidencia de la república, de haberlo hecho hubiera instituido un mundo de terror y fanatismo. El reverenciado Lázaro Cárdenas abrió la puerta a muchos refugiados del fascismo, destacan los españoles que huyen de Franco y judíos que pueden entrar al país, mientras al mismo tiempo le vende petróleo y sus derivados a los nazis. Por un lado salva a las víctimas y por el otro apoya la labor de exterminio. Cosas de la política de doble personalidad, esquizofrénica, dirían algunos. De Miguel Alemán ni hablar porque era amante de una espía nazi y ni pensar que el secretario de gobernación no se enterara con quién compartía la cama. Díaz Ordaz sale de un grupo de ultraderecha de Puebla, justo de la entidad donde se crea El Yunque, lo que explica la rudeza en su persecución a los comunistas y su respuesta brutal contra los jóvenes que protestaban en el 68. Echeverría equipara al Sionismo con el racismo.

No perdamos de vista que durante varias décadas en el siglo XX el gobierno mexicano clasificaba a los israelíes como nacionalidad restringida, generándoles trabas para otorgarles visas. La ultraderecha siempre estableció canales de comunicación con la derecha del PRI, su penetración fue muy importante y empezó a mostrarse públicamente cuando el PAN llega al poder, caen las caretas y éstos políticos no necesitan ocultar sus posturas ideológicas. No sorprende que el coordinador de asesores del subsecretario de gobernación con Calderón haya creado una célula nazi. Con el tiempo aflorara información que nos muestre lo extendido de este tipo de posturas en la élite política. El antisemitismo no es exclusivo de la derecha y ciertos grupos de la pseudo izquierda (por honestidad intelectual no puedo calificarlos de izquierda) lo disfrazan de anti sionismo. El gobierno de la Ciudad de México ha apoyado una sesión en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde se ha negado el holocausto (2013), no obstante que el mundo ha determinado una fecha internacional para su conmemoración. La sesión se realizó justamente en el contexto del día internacional del holocausto, ¡nada más perverso! En la mesa redonda participaron simpatizantes de los palestinos, no se puede estar más confundido en la vida. Negar el holocausto no apoya en nada la causa palestina. Los argumentos esgrimidos son los de siempre: contra el imperialismo yanqui, contra el peligro mundial de los judíos, se equipara a los judíos con todo lo que es peligroso para la humanidad, al mismo tiempo son comunistas y capitalistas, satán y dios. La lección debe aprenderse. Los racistas de izquierda y derecha realizan limpiezas étnicas y genocidios (remember nazis, Stalin, Pol Pot, etc.) y si algo hay que aprender de la segunda guerra mundial, es que esto no debe suceder contra nadie y nunca jamas. schmidt@mexico.com


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Avance del sexenio de Peña Nieto

Por José Manuel Suárez Mier

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continuación resumo mi presentación en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la ciudad de Washington hace un par de semanas –la liga para acceder al video de esa reunión es http://csis. org/multimedia/video-mexicopan-pri-preview-next-sexenio. Se me había encargado hablar de la economía mexicana desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las reformas necesarias y posibles con Enrique Peña Nieto, temas perfectamente complementarios pues el mediocre desempeño económico de México desde entonces se debe en buena medida a la incapacidad de tres gobiernos sucesivos de hacer las reformas indispensables. Algunos ingenuos pensaron que la sola aprobación del TLCAN sería suficiente para hacer de México un país avanzado sin reparar que era un paso inicial, de una enorme importancia por supuesto, pero que tendría que acompañarse de un denso paquete de otros cambios radicales necesarios para elevar la competitividad nacional. Primero, fue la incompetencia de Ernesto Zedillo que logró quebrar al país en solo 19 días, seguidos de tres años en los que no envió las reformas a un Congreso dominado por el PRI solo para hacerlo cuando el control de la Cámara de Diputados se había perdido, y allí falló sistemáticamente en construir las alianzas necesarias.

Después, la llegada al poder alentada por Zedillo del inepto Vicente Fox, quien pensaba que ser Presidente de México era como ser la Reina de Inglaterra y que su única función era cortar listones inaugurales y hacer reiteradamente el mismo discurso promocional del país. Cada vez que se percibía la oportunidad de construir alianzas, Fox se atoraba con su lengua e insultaba a sus potenciales asociados. Por último Felipe Calderón tampoco logró establecer las alianzas necesarias para pasar reformas de gran calado, con excepción de la alusiva a las pensiones de los burócratas, salvo en los últimos tres meses de su mandato, ya con el nuevo Congreso en funciones y en productiva coordinación con el Presidente Electo y los priístas. Los cambios que ya han sido aprobadas, con la alianza de legisladores del PAN y del PRI, no son triviales: una reforma laboral que hace al sistema de contratación de personal más flexible y elimina la posibilidad de recurrir a interminables manio-

bras legales y juicios espurios y costosos, al tiempo que empieza a modernizar las reglas de operación y transparencia de los sindicatos. Una nueva ley de contabilidad gubernamental que plantea corregir la opacidad que actualmente tienen el gasto y el endeudamiento públicos, sobre todo a niveles estatales y municipales, y que impone ahora una mejor rendición de cuentas. La reforma educativa aprobada propone crear un servicio civil de carrera en el magisterio que privilegie la calidad de los maestros, imponiéndoles calificaciones académicas elevadas y exámenes rigurosos. La modificación de la estructura organizativa del sector público, regresando la responsabilidad de seguridad nacional a Gobernación, al tiempo que se cambian las funciones/estructuras de las secretarías de la Reforma Agraria y de la Función Pública, ésta última indispensable para superar la parálisis que sufre el gobierno. Por último, el presupuesto y la ley de ingresos fueron aprobados en tiempo récord con el compromiso de un déficit fiscal de cero -viniendo de 2.4 por ciento del PIB en 2012-, sin subir impuestos y con un mayor gasto en nuevos programas sociales que había prometido Peña Nieto

en su campaña, que representa 0.5 por ciento del PIB. La meta de déficit cero se consiguió excluyendo del presupuesto de gasto 2 por ciento del PIB de las inversiones de Pémex en este año y con ingresos provenientes de no reducir en un punto porcentual el ISR, como estaba previsto, y ajustando la tasa de crecimiento para 2013 a 3.5% y el precio del barril de petróleo a 85 dólares. Dos buenas señales que se dieron en enero, consolidaron la confianza que las finanzas públicas se mantendrán equilibradas: primero, la negativa de la secretaría de Hacienda de rescatar a estados y municipios quebrados o en vías de estarlo; y que el ajuste al precio de la gasolina fuera el mayor en un año, lo que ayudará a disminuir ese fatal subsidio que cuesta al erario más de 150 mil millones de pesos. ¿Qué tanto debieran preocuparnos las implicaciones fiscales de los 95 compromisos del Pacto por México que ultimó Peña Nieto con las principales fuerzas políticas? Es muy pronto para tener una idea precisa pero serán necesarias una reforma fiscal a fondo que acomode el mayor gasto y permita una reforma energética también radical. Y allí es donde el consenso se terminará…

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Extinción del SME Por Gustavo Ramírez

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os ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, negaron un amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al revisar el fallo del II Tribunal Colegiado (Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje), que había determinado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería fungir como patrón substituto. Este revés afecta a 16 mil trabajadores que no han cobrado todavía su liquidación ofrecida por el gobierno federal hace 42 meses y, por supuesto, afecta también al Comité Ejecutivo Sindical que obtuvo, vía negociación con la Secretaría de Gobernación, la Toma de Nota avalada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); pero sin duda, el más afectado será Martincito,

que funge como “propietario” de los bienes del sindicato, ya que él no ha querido liquidar las propiedades y el patrimonio sindical cuyo costo tendría que repartirse entre el total de trabajadores del SME. Se estima un patrimonio multimillonario para aplicarse entre 44 mil trabajadores más los jubilados.

En conclusión, el tribunal supremo ratifica la extinción de la fuente de trabajo y en consecuencia la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, desde el decreto de extinción del 11 de octubre de 2009. El SME dejó de tener motivo o razón de existir porque ya no tiene materia de

trabajo tras la extinción de la fuente de trabajo y ahora ya no tiene relaciones colectivas de trabajo; por lo tanto, ya no hay qué y por qué cuidar los intereses de los trabajadores, al no existir contraparte. Lo que sigue para la dirigencia del SME es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin entender que ya en el pasado reciente la propia Organización Internacional de Trabajo (OIT) les “bateó” otra queja. Veamos un artículo publicado en el Boletín de Análisis Laboral Traslíneas, número 301 del 20 de Junio de 2011: “La Organización Internacional de Trabajo (OIT) durante su reunión del Consejo de Administración, celebrada en su sede de Ginebra. Suiza, aprobó el informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) quien se encargó de examinar la queja presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en noviembre de 2009. “Se ajustó a los principios contenidos en los convenios número 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ya que en todo momento se garantizaron los derechos sindicales de los trabajadores“, declarando así que la queja en cuestión no era admisible.


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Con esto, el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro es viable, legal y contundente, cerrándose así un capítulo más en la lucha y protesta de Martincito, quien nunca entendió a pesar de haber sido vapuleado legal y jurídicamente desde el principio. Mientras tanto, el SME de Martincito inició el 16 de junio – por segunda ocasión desde la extinción de LFC – un proceso electoral interno para – otra vez – reelegirse, ya que la Toma de Nota vence el 16 de julio de 2011. El objetivo es obtener la Toma de Nota y consecuentemente la legalidad para mantener “vivo” un sindicato muerto y sin materia de trabajo. Y también tener acceso a las cuentas bancarias congeladas y poder vender todos los activos sindicales acumulados a lo largo de muchos años en once divisiones foráneas. Sin embargo este segundo intento está viciado de origen porque el proceso electoral viola los estatutos del gremio ya que está basado en “una supuesta reforma de estatutos” que es a todas luces ilegal. Por supuesto, la única planilla es la de Martincito y sus testaferros, muchos de los cuales ya perdieron su condición de trabajadores, pero ahí siguen. Solo los jubilados, éstos son los únicos que tienen la calidad de miembros activos con derechos sindicales incólumes. Golpe a golpe todas las argucias de los abogados leguleyos del SME han sido desarticuladas en base a la ley, a pesar del apoyo del jefe de Gobierno, el Sr. Ebrador. “Ni así ha podido con la estructura legal del Estado, pero…ahí sigue”. Hasta ahí la referencia. Lo cierto es que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLYFC) está extinguida, que la CFE no es patrón substituto, que el sindicato no tiene materia de trabajo, que los trabajadores no tiene fuente de trabajo ni patrón, por lo tanto, no existen relaciones laborales ni individuales y mucho menos colectivas, es decir, se acabó; el SME es un caso cerrado y juzgado. Pero Martincito, una vez más, va a explotar ahora en contra de los ministros de la SCJN, pero sobre todo va a generar nuevas esperanzas en los trabajadores y las protestas incrementarán su violencia. El fallo de la corte es inapelable. ¿Qué parte no entiende?


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Revista 18 Brumario #79