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2 019/2 0 2 0 Gr a n L o g ia d e C hil e

Conclusiones

Convento Masónico Nacional

Nuestro país se encuentra en un momento de inflexión, en que los masones deben aportar con sus fortalezas éticas y sus virtudes cívicas, para ayudar a construir los mejores caminos para bien de la República. En la amplia diversidad que caracteriza a las membresías de las logias, sin lugar a dudas, existen distintas alternativas para resolver los problemas y los desafíos que nos han planteado las movilizaciones sociales y sus demandas, así como el escenario político que surge luego del estallido social de octubre de 2019. Sin embargo, en esa amplia diversidad, los masones - unidos por el lazo fraternal de la Iniciación -, somos capaces de consensuar aquellos aspectos éticos fundamentales, a partir de los cuales se pueden construir las soluciones y las políticas que hagan posible la paz, la armonía y la comunidad de propósitos entre todos los chilenos, para tener un país más justo, unido por un sólido contrato social. En comunión ética, los masones tenemos la capacidad de aportar con su diversidad a la reflexión sobre aquello que debe ayudar a quienes tomarán decisiones, para encontrar los mejores caminos, en el marco de la democracia y la participación. En ese contexto, hemos convocado a las logias de la Obediencia a un Convento Masónico Nacional, en torno al desafío de construir un Nuevo Contrato Social para Chile, al constatar que el estallido social y la movilización de la gran mayoría de la sociedad rechaza profundamente el contrato social que surgiera de la transición a la democracia, en la última década del siglo XX. Un nuevo contrato social como objetivo de la reflexión aspiró a determinar cómo podemos convivir en el futuro y como nos vamos a relacionar los ciudadanos con quienes tienen poder, y cómo el poder del Estado de Derecho es capaz de garantizar

más humanidad para las personas, aquello más cercano a sus sueños, a su realización personal y colectiva, una realidad más vinculada a una moral más próxima al sueño humano por excelencia: encontrar la felicidad. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 se realizaron casi 700 conventos de cámaras de los tres grados simbólicos, para luego confluir en más de 100 conventos jurisdiccionales de los respectivos grados, que culminaron en el Convento Nacional del día 29 de enero de 2020. Previo al Convento Nacional se consolidaron los informes de los conventos jurisdiccionales, en un documento final por grado, por parte de una comisión redactora integrada por los Queridos Hermanos Osvaldo Ainzúa, Carlos Behnke, Guillermo Vásquez, Jaime Jiménez, Jaime García y Rodrigo Larraín, bajo la coordinación del Querido Hermano Víctor Herrera. Estos informes, despachados previamente a los delegados jurisdiccionales para su debate en el Convento Nacional, y los contenidos de alrededor de 60 intervenciones de delegados conventuales, fueron sometidos a la aprobación del Convento Nacional, recibiendo el voto aprobatorio del 91,5% de los asistentes al momento de la votación. Tales insumos fueron fundidos en un solo documento por la Gran Secretaría General, constituyendo el informe final, que es materia de esta publicación. El compromiso patriótico de la convocatoria fue la publicación de estas conclusiones, para su conocimiento por la sociedad toda. Ellas no constituyen obligación para masón alguno. Sólo representan un momento de reflexión colectiva, de todos los que trabajaron en sus Cámaras a lo largo del país, sintiéndose conminados moralmente a expresar su libre e ilustrada opinión. En la sociedad, en el espacio en que cada masón actúa, cada cual debe aplicar los dictados de su conciencia, bajo la conminación moral de la Orden, en cuanto a ser un esforzado Obrero de Paz. En esa labor insoslayable, cada cual estará en condiciones de utilizar los insumos de estas conclusiones, de acuerdo a sus personales convicciones. SEBASTIAN JANS PÉREZ Gran Maestro Oriente de Santiago, 15 de febrero de 2020 e:.v:.


Introducción La Masonería tiene por objeto la búsqueda incesante de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de las virtudes. Sometida a las leyes de la República, procura la Masonería que sus miembros sean actores de toda reforma que coadyuve siempre a la justicia y al imperio de la razón, que no es otra cosa que el consenso social sobre el modo de enfrentar los desafíos, que permita conducir a los conglomerados humanos hacia la felicidad individual y a la convivencia fraternal entre todos sus miembros.

La efervescencia social que está viviendo nuestro país, que se ha manifestado en descontento y movilizaciones a lo largo de todo el territorio, contenidas en un comienzo y, luego, con incontrolable intensidad desde octubre pasado, nos obliga a repensar el modo como el Estado está cumpliendo este rol, particularmente en lo que dice relación con la protección de los más desposeídos y la eficacia de las herramientas que dispone la ley para evitar los abusos de los poderosos.

El masón de cada tiempo es inseparable de la comprensión de su época, y ese fue desafío del Convento Masónico: interpretar nuestra realidad social, para proponer aquello que ayude a la realización humana, en los ámbitos de la sociedad en la cual convivimos en el día a día, repensando el contrato social que nos une en torno al proyecto común que representa nuestra República.

Surge, pues, la posibilidad de construir un nuevo contrato social, y ello no tiene que ver con el simple hecho de generar una nueva Constitución. Un nuevo contrato social tiene que ver con determinar cómo nos vamos a relacionar los ciudadanos con quienes poseen diferentes cuotas de poder, y cómo el poder del Estado de Derecho es capaz de garantizar más humanidad para las personas, permitiéndoles avanzar hacia la concreción del sueño humano por excelencia: encontrar la felicidad.

Para vivir en sociedad surge la necesidad de generar un orden, legitimado por la voluntad de sus integrantes, donde todos renuncian a parte del derecho a ser naturalmente libres y acuerdan las condiciones de convivencia, donde el Estado es el encargado de garantizar y facilitar las condiciones que impidan que alguien sea abusado por quienes tienen poder. Aquello es lo que establece el contrato social, que se expresa en el marco constituyente del Derecho, en las leyes que el Estado debe hacer efectivas, y en las convenciones de vida social, donde los aspectos morales cumplen aquello que no es necesariamente regulado por la ley, o que complementan, por tradición, el sentido y propósito de la ley.

El Convento Masónico de la Gran Logia de Chile, cuyas conclusiones son sintéticamente expresadas en este documento, tuvo por propósito ayudar a identificar de qué modo los principios de la Francmasonería podían ayudar a dar forma y canalizar las ideas, los sueños, las aspiraciones y las reivindicaciones de nuestros compatriotas, con el simple ejercicio del intelecto y la reflexión, para aportar, de ese modo, al trascendental debate que tendrá lugar en nuestro país en el futuro inmediato, en el que todos los miembros de nuestra Orden están comprometidos a participar, inspirados en los altos principios que la Francmasonería sugiere a la conciencia individual, en su proceso de desarrollo iniciático, esotérico y simbólico.


Principios y valores

relevantes para la construcción de un nuevo Pacto Social

La Constitución de la Gran Logia de Chile, actualmente vigente, y a la cual adhieren todos sus miembros regulares, contiene directrices orientadoras respecto de la reflexión a la que convocó el Convento. Sus principios comprometen al masón a esmerarse en el conocimiento del medio en el que vive, con el propósito de alcanzar la fraternidad universal del género humano, proyectando sobre la sociedad la acción bienhechora de sus valores e ideales. Al sustentar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, los masones se encuentran alineados en la acción en favor de la justicia social y en contra de los privilegios y la intolerancia, comprometiéndose, asimismo, con la práctica de la solidaridad humana. Respetuosos de la autoridad legítima del país en el que viven, los masones deben mantenerse, sin embargo, en un lugar de avanzada en el proceso de integración del hombre y de la sociedad, propendiendo a la práctica de una moral universal que promueva la paz y el entendimiento, eliminando los prejuicios de toda índole. Las conclusiones alcanzadas en los conventos logiales y jurisdiccionales, recogidos por las

comisiones redactoras, reflejaron el modo como un importante y mayoritario número de masones chilenos estiman que estos principios y valores, que propugna la Orden, deben orientar las necesarias modificaciones que la ciudadanía exige del contrato social que nos rige. Todas ellas sitúan en un lugar destacado el valor de la solidaridad por sobre el individualismo egoísta y la codicia, y el valor de la justicia social por sobre el enriquecimiento desmedido de unos pocos, propiciando la participación activa en todos los procesos cívicos que la sociedad se otorgue, para alcanzar un nuevo acuerdo de convivencia fraternal y pacífica, fomentando el diálogo respetuoso en lugar de la descalificación sectaria y favoreciendo, siempre, la salida pacífica a cualquier controversia, respetando la autoridad legítimamente establecida y actuando, decididamente, en promoción y defensa de los Derechos Humanos de todos nuestros congéneres. Terminado el proceso conventual en todas sus partes, las conclusiones de las ideas y reflexiones expuestas en forma resumida son las siguientes:


1. La construcción de un nuevo contrato social

En un número importante de las actas de los conventos jurisdiccionales se hace presente que la sociedad chilena se encuentra en un estado de crisis, y en su mayoría sostienen que ello fue generado por un modelo socio-político-económico que se ha aplicado durante varias décadas y que mantiene postergado de derechos y oportunidades a un alto número de chilenos. El modelo es amparado por un Estado disminuido y débil, en una sociedad con severas diferencias socioeconómicas y con trazas de corrupción y abuso en varios sectores. Como producto de ello, nuestro sistema democrático fue incapaz de orientarse hacia valores sociales, éticos y morales, puesto que el modelo consolidó como objetivo central el crecimiento de la economía, incentivando el individualismo, el consumo y la depredación, la explotación indiscriminada de recursos naturales, el endeudamiento y consecuente empobrecimiento y precarización de la población, provocando a cambio una concentración excesiva de la riqueza económica que ha generado frustración, desconfianza, desesperanza y rabia, en un gran número de chilenos. Mayoritariamente se afirma que, desde la Independencia, el contrato social en Chile se entiende como un pacto político-social, que se cristaliza en la Constitución, en la que se establecen las bases del Estado, contrato que hoy requiere de su sustitución por no haber podido superar su cuestionamiento de origen, encargada a un grupo de personas que redactó

un documento afín a una ideología determinada, gran parte de cuyo texto original sigue vigente. Se afirma, en numerosas conclusiones de los trabajos conventuales, que la Constitución vigente no adhiere a virtudes como la solidaridad, la igualdad de oportunidades o la justicia, ni se vincula con los conceptos de humanidad y sensibilidad social, ni entrega los fundamentos para una convivencia armónica, sino que de su lectura se desprende más bien la consideración del hombre con un agravado sesgo economicista. Es de consenso mayoritario en las actas, que el modelo económico y social inserto en la Constitución de 1980 requiere profundos cambios, en orden a transformar una concepción más bien individualista en un Estado Democrático y Social de Derecho, donde el principio de la Fraternidad y de convivencia armónica, fundados en la justicia social, sean los ejes del nuevo pacto que requiere el país, centrados en los valores republicanos y la ética. En este escenario, se formula un llamado a participar activamente en la redacción de una nueva Constitución para nuestra República, en un proceso participativo, democrático y transparente, respetando la opción, minoritaria entre los documentos recibidos, de quienes creen que una mejor opción de promover un Estado solidario se encuentra en la modificación de los cuerpos legales vigentes, al amparo de la actual Constitución.


2. La responsabilidad actual de los masones

Es una concepción generalizada que la promoción de los valores de la fraternidad y la solidaridad es una contribución esencial que la Masonería puede hacer al Contrato Social, dado que el trabajo del masón debe ser la búsqueda de la concreción de esos ideales, dándoles contenido y practicándolos. Del mismo modo, la redacción de una nueva Constitución representa una oportunidad, invaluable, para traducir en todos sus contenidos los valores y principios que identifican el ideario masónico: la búsqueda de la libertad, la igualdad, la verdad, el conocimiento del hombre, la tolerancia, la justicia social, la solidaridad, el diálogo, la convivencia sin violencia, el amor a la Patria, el respeto a la ley y a la autoridad legítima. Estas aspiraciones radican en el ámbito de la ética, desde donde los Masones debemos realizar una reflexión crítica y, por lo mismo, no se trata solo de agregar las palabras fraternidad y solidaridad a nuestro Contrato Social, como lo hacen otros cuerpos doctrinarios, sino de relevar y plasmar en nuestras normas de convivencia estos valores esenciales para la cohesión social, respecto de los cuales nuestro país muestra carencias alarmantes. Asimismo, no se debe creer que estos valores se practiquen solo en grupos reducidos, acotados y unidos a un determinado objetivo sino, por el contrario, deben ser llevados a la comunidad nacional toda, no solo en su mutua comprensión conceptual sino también en su práctica ampliada y consciente. La mayoría de los participantes en el Convento consideró que la redacción de una nueva Constitución entrega una oportunidad, para avanzar en estos nobles propósitos.


3. La protección de la condición humana Fue opinión mayoritaria de las Logias que el nuevo contrato social debiera privilegiar el bien común, cuyos pilares fundamentales son la persona humana, la familia y el tejido social, entendiendo que la persona es la riqueza más valiosa de toda sociedad y por ello debe ser respetada, reconociendo que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Lo anterior exalta como prioridad la promoción y defensa de los Derechos Humanos, exigiendo una institucionalización efectiva de ellos desde y en el Estado, tanto en tiempo y recursos, como en esfuerzos educadores sobre los valores que definen a una nación democrática, sin necesidad de esperar que sean otras instancias las que concreten el papel cohesionador y virtuoso que construya un tejido social sólido y flexible asociado al comportamiento fraternal, tolerante y la amistad cívica de sus miembros. Hay consenso, en gran parte de los informes, en introducir la solidaridad como elemento pilar de un sistema nacional de salud, al igual que en el ámbito de la seguridad social, eliminando todo tipo de discriminación y, de ese modo, valorar al ser humano en su dignidad, alcanzando la anhelada justicia social que promueve nuestra Orden. Se entiende esta postura como la cristalización de nuestros principios de fraternidad y solidaridad humana,

poderosas herramientas para combatir el individualismo exacerbado, incentivado y anclado en una economía basada en el consumo, de forma tal de darle al ciudadano un sentido de pertenencia cultural y de colectividad. Se observa, en todos los informes, plena concordancia sobre la imperiosa necesidad de solventar las graves carencias en materia de salud para quienes están afiliados al sistema público, y se extiende dicha posición a la urgencia de proteger de mejor forma a los adheridos a las ISAPRES, quienes en su mayoría tampoco ven satisfechos sus requerimientos y derechos, en ausencia de una regulación estricta que impida que dichas aseguradoras privilegien el lucro, por sobre el rol social que están llamadas a cumplir. Se manifestó, como unánime demanda y de máxima urgencia, la necesidad de mejorar el sistema de seguridad social, aumentando el monto de las pensiones, llevándolas a un nivel de dignidad y respeto, que permita una vejez protegida y garantizada por el Estado. Si bien hay fuertes críticas al sistema individual de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), no se encuentra una expresión mayoritaria de reemplazar íntegramente el mecanismo de capitalización por un


sistema de reparto puro, sino una invocación a tener un Estado más participativo en actividades que impacten en la seguridad social, ya sea a través de mayor y mejor regulación o participación directa y eficaz en dichas áreas, igualando los sistemas de pensiones, ya sea de reparto o de acumulación individual, evitando que haya grupos desprotegidos y se mantengan sectores privilegiados por sobre el resto de la sociedad. Al efecto, un número importante de propuestas sugieren establecer un sistema de cotización tripartito (trabajador, empleador, Estado), y que el Estado regule las ganancias y utilidades de las empresas que desarrollan actividades en las áreas de seguridad social, orientando su existencia hacia el bien común con rentabilidad social, en lugar de las ganancias particulares de los entes privados administradores. En algunas ponencias, se sugiere que el sistema de pensiones sea solidario y de reparto, y no se acepte en caso alguno la capitalización privada. En este catálogo de derechos, sin que se haya explicitado expresamente, los proponentes se sumaron a una tendencia más moderna, en cuanto no basta el mero

enunciado de derechos protegidos, sino que se requiere que estos sean transformados en garantías exigibles de prestación cuya última aplicación sea la jurisdiccional, pudiendo reclamarse en forma previa su respeto y cumplimiento a las autoridades administrativas o a los servicios encargados. De esta forma se desjudicializaría la reclamación de cumplimiento y sería reclamable ante los entes administrativos superiores, logrando un procedimiento más rápido y eficiente. Hubo jurisdicciones que plantearon, al igual que ponencias en la reunión de cierre del Convento, que conjuntamente con los derechos y garantías, deberían contemplarse constitucionalmente los deberes de las personas, reconociendo que el ejercicio de ciertos derechos colisiona con el respeto de otros derechos de personas distintas, y que entienden que ese conflicto debería ser resuelto por alguna disposición constitucional. La preocupación por la igualdad de derechos se hizo reiteradamente presente, sobre todo en lo referente a la mujer, que sigue siendo postergada en el trato económico, social y político. Esa preocupación se hizo presente con mucha fuerza en los conventos logiales.


4. Definiciones del Estado y del sistema político Hay una total concordancia en que el Estado debe ser laico, entendido no sólo como ente neutral, que no privilegie posiciones religiosas o no religiosas, es decir, ajeno a cualquier orden de creencias, sino también debe ser un sujeto ajeno a estas influencias, debiendo sus instituciones inhibirse de la promoción de posturas o creencias al interior de sus órganos institucionales. Ningún convento jurisdiccional patrocinó un avance hacia un Estado federal, sino que se insistió en un Estado descentralizado y regionalizado, reconociendo que Chile tiene un centralismo exacerbado, constituyendo un modelo de gobernanza que contribuye a la desigualdad en diferentes expresiones, y que las instancias regionales apenas cuentan con medios para generar proyectos y programas, pues las transferencias necesarias están mayoritariamente condicionadas por una política fiscal central que asigna y determina el uso de los recursos públicos anuales. También hay concordancia mayoritaria en declarar al Estado de Chile, en la futura Constitución, integrado multiculturalmente y, en algunos casos se definió como Estado plurinacional, manteniendo su carácter de país único, con explícita regulación para proteger y respetar las etnias y culturas de los pueblos originarios, con un claro propósito de reforzar y fomentar las costumbres, el lenguaje, los ritos y la cultura de cada pueblo originario. Aparece esta proposición como una necesidad de mayor equidad, acción que debe eliminar una grave distorsión en el respeto de los ancestros y que permita el fin de discriminaciones odiosas. Existe amplio consenso de la necesidad de asignar al Estado un rol muy diferente al que actualmente define la Constitución, con relación a la protección de las personas, sus derechos y su dignidad especialmente en el ámbito y bienestar económicos, sea como Estado Solidario, Estado Benefactor, Estado Educador, Estado Garantista, etc.

En este sentido, se pueden observar tres grandes vertientes en el papel que se le asigna al Estado. El primero como defensor y garante del respeto, ejercicio y protección de los derechos sociales de cada persona; el siguiente como agente económico que tienda a distribuir de modo equitativo los frutos del crecimiento para todos los chilenos y ser fiscalizador, contralor y sancionador de los abusos en el mercado por los grandes conglomerados y empresas dominantes y, el tercero, como defensor, interventor y agente de la explotación de los principales recursos del país. La primera función es la de asumir mecanismos de protección de los derechos sociales que ampara la Constitución, en especial los que se estimaron de mayor categoría, especialmente referidos a salud, educación y seguridad social, materias en las que no solo debe ser un guardián de su cumplimiento sino también un activo gestor y desarrollador de las funciones en estas áreas, propendiendo al logro de la justicia social a la que aspira nuestra Orden. Una segunda preocupación que se le exige, es la de equiparar los beneficios del crecimiento económico, a fin de que sus frutos sean distribuidos con mayor equidad, lo que exige un adecuado sistema tributario de mayor alcance y una eficaz asignación de los recursos fiscales, de forma tal que las personas más vulnerables y las capas de menores recursos gocen también del crecimiento económico del país, paliando las abismales diferencias que se observan en los ingresos antes de impuestos, materializando por esa vía la solidaridad humana a la que aspiramos. En tal sentido, se aspira a que Chile se acerque a la disminución de brechas que logran los países de la OCDE, mediante traspasos monetarios y no monetarios de recursos en favor de quienes ganan menos, y las que se producen en las rentas del capital y del trabajo.


En esta misma función, se requiere del Estado un rol fiscalizador, contralor y sancionador de los abusos de las empresas, ya sea por fijación de precios abusivos, como por la colusión entre ellas, que se ha logrado detectar en los últimos años, donde las empresas acuerdan precios, cuotas, zonas o crean mecanismos similares, con el fin de aumentar indebidamente sus ganancias. En el mismo sentido, se señaló la necesidad de controlar, o al menos regular debidamente, las tarifas de las empresas concesionarias de bienes y servicios públicos, como son las de carreteras y autopistas, de servicios eléctricos, sanitarias y otras similares.

Para todas estas situaciones se propone no sólo aumentar drásticamente las sanciones económicas mediante multas e indemnizaciones a los consumidores, sino, en los casos más graves, castigar con altas penalidades y privación de libertad a los delitos económicos, como son la evasión de impuestos y el financiamiento ilegal de la política, ya que no es tolerable que a quienes cometen esta clase de delitos se les sancione, simplemente, con multas u obligaciones testimoniales.

5. El desarrollo económico y la protección del medio ambiente Se refleja, en los informes, una conformidad con la necesidad de apoyar el crecimiento económico para el avance y desarrollo económico del país y sus habitantes, teniendo presente la exigencia de mayor igualdad en el reparto de sus frutos, única forma para financiar las necesidades que debe cubrir un nuevo contrato social. Pero también se dejó constancia que deben crearse los mecanismos de control adecuados para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo, con respeto al uso de los recursos naturales y su posible impacto en el cambio climático. Se sostiene que el Estado no puede perder la oportunidad de participar y aprovechar la explotación de los recursos que posee, concesionándolos o entregando su explotación a terceros, sin negociar una mayor participación en las utilidades, más aún cuando estas significan la riqueza del país. Del mismo modo, debe ser eficiente, eficaz y transparente en su administración, cuando del propio Estado dependa, directamente, su explotación. Especial importancia se asignó, tanto en los informes como en las intervenciones en el evento

de cierre, a que un mayor crecimiento se condiciona a la imprescindible necesidad de que el modelo de desarrollo sea sustentable y en armonía con el medio ambiente, y que sea prioritario que el nuevo modelo de desarrollo económico y social tenga esta impronta. Con una mirada prospectiva se recomienda, adicionalmente, que el Estado incentive el desarrollo tecnológico y científico, especialmente en el uso racional y eficiente de los recursos naturales. Esta especial preocupación por la protección del medio ambiente, se señaló, debiera traducirse en que este sea declarado como un bien común, esencial para el desarrollo de la vida y convivencia de las personas, debiendo velarse por una adecuada protección del mismo, basado en la sustentabilidad y sostenibilidad. Bajo este contexto, deben establecerse reglas que regulen su adecuada protección, que sancionen a quienes cometan acciones que atenten en su contra, y que prescindan del criterio que permite que “el que paga puede contaminar”. Por el contrario, se deben promover procesos no contaminantes o que disminuyan crecientemente los niveles de contaminación.


6. Educación para la libertad de conciencia y los derechos ciudadanos En el desarrollo del proceso conventual no hubo definiciones respecto a cuestionar el rol privado en la educación, sin embargo, hubo una poderosa corriente hacia la necesidad de consagrar una educación pública en todos sus niveles, de calidad, liberadora, laica, integradora y humanista, que actúe como promotora de la igualdad y articuladora del tejido social, la que debiera enseñar, de modo preferente, la solidaridad entre las personas como un valor fundamental. En varias propuestas se adiciona, además, la obligación del Estado de proveer educación gratuita en todo el sistema público, desde el preescolar hasta el pre y posgrado universitarios.

Debe eliminarse toda obligatoriedad de enseñanza de religión, que ha quedado como resabio de comprensiones autoritarias y excluyentes de la sociedad, que vulneran la libertad de conciencia de los educandos. Hubo proposiciones que buscan una mejor participación ciudadana a partir del restablecimiento de la enseñanza de la educación cívica y el conocimiento más profundo de la historia chilena, a fin de que las personas puedan entender y ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, y así incentivar a una mayor participación en las tomas de decisiones que impactan en la vida y quehacer de la sociedad.

7. Profundización de la democracia y del republicanismo Los conventos en sus distintas instancias otorgaron un valor y función insustituible a la democracia y al republicanismo, es decir, a una constitución institucional fundada en la soberanía popular, donde los ciudadanos y ciudadanas actúan en los procesos de definición de los derechos y deberes que corresponden a cada integrante de la sociedad.

Todos los integrantes de la sociedad deben hacer una eficaz aportación al interés público, tanto en el cumplimiento de las obligaciones cívicas y sociales, como en su participación en iniciativas populares de ley o variados mecanismos de consulta, donde se requiere la opinión de la ciudadanía, ya sea a través de plebiscitos, referendos y similares, ya sea de tipo nacional, regional o comunal, y cuyos acuerdos debiesen ser vinculantes.


8. Seguridad pública En algunos informes, los conventos jurisdiccionales hicieron énfasis en que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad pública, como requisito de una vida pacífica en sociedad. Al efecto deben buscarse, regularse y mejorarse los mecanismos de formación, entrenamiento y operación de las fuerzas de orden y seguridad, con fuerte énfasis en el respeto a los Derechos Humanos. Se reconoció, en algunos casos, que la seguridad es un concepto que debe fundarse también en la participación ciudadana.

Explícitamente se reconoció el derecho a la manifestación pacífica y se expresó, asimismo, un decidido rechazo a las acciones violentas, pues los derechos de una persona o grupo no pueden conculcar los derechos de los otros a vivir en paz y con tranquilidad, afectando a los demás en su integridad física y psíquica, en sus bienes y en su derecho a movilizarse con seguridad, o dañando la infraestructura pública o privada.


Palabras finales En resumen, tanto en la opinión mayoritaria de los conventos jurisdiccionales, como en la aprobación otorgada en el evento de cierre a las síntesis presentadas por las comisiones redactoras, y en las numerosas ponencias expuestas en el evento de cierre, se destacó la oportunidad que significa, para nuestro país, la discusión sobre un nuevo contrato social que, acordado a través de un proceso democrático y participativo, inédito en nuestro país, permita a los integrantes de la Orden la expresión de su voluntad de integrar, en sus contenidos, los valores que nos inspiran como masones. En ese sentido, el proceso constituyente en marcha, cuya primera etapa es el plebiscito de abril, es la oportunidad histórica insustituible de depositar en la soberanía popular la decisión sobre el futuro del país, la institucionalidad que debe regirla y la consecución del sueño patriótico de los fundadores de la República, de hacer posible la felicidad de los chilenos a través de un contrato social integrador y justo, donde la fraternidad sea el camino de unidad, para propósitos y objetivos comunes.


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Convento Masónico Nacional 2019-2020  

Un Nuevo Contrato Social para Chile, la Fraternidad como camino de Unidad.

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