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Vernos en el espejo de África: programas autoritarios de intensificación de cultivos, acaparamiento de tierras, devastación y despojo de recursos naturales


BIODIVERSIDAD

Contenido

SUSTENTO Y CULTURAS

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad yCulturas

Número 68, abril de 2011 Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de la biodiversidad, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de la biodiversidad, la diversidad cultural y el autogobierno, especial­mente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campe­sinos, pescadores y pequeños productores. Organizaciones coeditoras Acción Ecológica notransgenicos@accionecologica.org Acción por la Biodiversidad agenciabiodla@gmail.com Campaña de la Semilla de la Vía Campesina – Anamuri internacional@anamuri.cl Centro Ecológico revbiodiversidade@centroecologico.org.br grain carlos@grain.org Grupo etc etcmexico@etcgroup.org Grupo Semillas semillas@semillas.org.co Red de Coordinación en Biodiversidad rcbcostarica@gmail.com redes-at Uruguay biodiv@redes.org.uy Sobrevivencia biodiversi@sobrevivencia.org.py Comité Editorial Carlos Vicente, Argentina Ma. Eugenia Jeria, Argentina Maria José Guazzelli, Brasil Germán Vélez, Colombia Silvia Rodríguez Cervantes, Costa Rica Camila Montecinos, Chile Francisca Rodríguez, Chile Elizabeth Bravo, Ecuador Ma. Fernanda Vallejo, Ecuador Silvia Ribeiro, México Verónica Villa, México Magda Lanuza, Nicaragua David Cardozo, Paraguay Norma Giménez, Paraguay Martin Drago, Uruguay Administración Ingrid Kossmann ingridbiodiversidad@gmail.com Edición Ramón Vera Herrera constelacion@laneta.apc.org ramon@grain.org Diseño y formación Daniel Passarge danielpassarge@gmail.com

Depósito Legal núm. 340.492/07 Edición amparada en el decreto 218/996 (Comisión del Papel) issn: 07977-888X

editorial

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La Revolución Verde en Ruanda: un programa autoritario de intensificación agrícola al servicio de la agroindustria

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Voces de África

Mamadou Cissokho: “Déjennos trabajar y alimentaremos África” e Ibrahim Coulibaly: “El acaparamiento de tierras en Mali”

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Ya apareció el número 5 de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicada con el apoyo de varias organizaciones ambientalistas. En esta ocasión el eje temático abordado es la salud en el medio rural y en la agricultura. En ella encontrarán, entro otros temas: •Sin soberanía alimentaria no hay seguridad alimentaria •Con los alimentos, o nos construimos o nos destruimos •Transgénicos, experimentando con nuestra salud. De esto y más se reflexiona y profundiza en el número 5 de la revista, complementado con ejemplos de luchas campesinas, rurales o urbanas que con imaginación y tesón, se organizan colectivamente para combatir legislaciones inadecuadas, recuperar sabidurías desprestigiadas, variedades de cultivos locales o espacios urbanos en desuso, donde crecen ya alimentos sanos.

Colombia:

Promoción del mercado de tierras en el plan de gobierno

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Guatemala:

Desalojos violentos: otra vez las mismas causas

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Argentina: acaparamiento de tierras en Río Negro

Un “manual de instrucciones” para entregar el territorio

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ataques, políticas, resistencia, relatos

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Si desea recibir trimestralmente la revista puede enviar sus datos completos a Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, por correo postal a: [GRAIN. c/ Girona 25, principal. BARCELONA, 08010 ] ó por correo electrónico a: [suscripciones@soberaniaalimentaria.info] Debe facilitarnos su nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. El coste de la suscripción es de 40 € anuales que deberá ingresar en la cuenta corriente: 0128 0505 23 0100026011, haciendo clara referencia en el concepto a su nombre. Las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden solicitar recibir ejemplares gratuitamente solicitándolos a alguna de las organizaciones colaboradoras o a la propia revista.

Colombia: la resistencia social contra las “locomotoras” de Santos | Tamaulipas, México: la plaga del maíz transgénico | transgénicos en México: trampas legales | Honduras: agarren a ésa, no la dejen ir | Colombia: allanamiento y amenazas contra el maestro Mario Mejía | Vía Campesina: la semilla es la base de la soberanía alimentaria | sanidad alimentaria para quién: el bienestar de las corporaciones contra la salud de la gente, un resumen | biomasa: el próximo asalto a la biodiversidad de un vistazo y muchas aristas

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Algunos indicios de la crisis global y las devastaciones venideras

Las fotografías de este número fueron tomadas en Ruanda por Manuel Milz, quien nos hace un relato de la Revolución Verde en ese país, con su cauda de monocultivo, intensificación agrícola, agrotóxicos y semillas “mejoradas”. Hay también algunas fotos sueltas que son parte de un trabajo más amplio, tomadas por nuestro colaborador Jerónimo Palomares en torno a granjas agroecológicas campesinas en Chiapas, México. Presentamos ahora algunas de estas fotos, pero la serie completa la reservamos para números subsecuentes. Los dibujos son diseños textiles, arquitectónicos, de alfarería y cestería que provienen de los pueblos de Egipto, que ahora están en los ojos del mundo. Sirva ésta muestra como una celebración para el pueblo de Egipto y de toda la región. Fueron tomados del libro Diseños islámicos de Egipto, The Pepin Press/Agile Rabbit Editions, Amsterdam, 2007. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus experiencias, sugerencias y comentarios. Dirigirse a Ingrid Kossmann ingridbiodiversidadla@gmail.com Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por favor envíennos una copia para nuestro conocimiento. Agradecemos la colaboración de la Fundación Siemenpuu, de la Fundación Heifer y de CNCD 11.11.11. Agraim el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Se distribuye la versión electrónica gratuitamente para todas las organizaciones populares, ONGs, instituciones y personas interesadas. Para recibirla deben enviar un mail con su solicitud a: Acción por la Biodiversidad sitiobiodla@gmail.com Asunto: suscripción revista Por favor envíen los siguientes datos Correo electrónico, Organización, Actividad principal de la organización, Nombre y apellido, Teléfono, País, Dirección postal: código postal, ciudad, provincia (municipio), departamento (estado o entidad)


Editorial

E

sta vez, la portada nos asoma a un campo agrícola en África. La foto lo dice todo: quienes lo trabajan tienen que cubrirse y protegerse lo más posible de eso que supuestamente aplican para cuidar el cultivo que ya se alza, único, en medio de una extrema “limpieza”, una especie de “limpieza étnica agrícola”. Y se protegen porque su quehacer es tóxico, es nocivo, como lo son también los lla­ mados “programas de intensificación de cultivos” que el gobierno de Ruanda apli­ ca en cumplimiento de la Alianza por una Revolución Verde en África. Estos pro­ gramas definen qué semillas sembrar, excluyen al extremo cualquier asociación de cultivos y determinan cuáles pueden plantarse y en dónde, y hacen un uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas químicos, venenos puros, todo con el fin de aumentar drásticamente la productividad aunque en el proceso se pierda la enorme variedad agrícola en aras de unas cuantas variedades legalizadas. Y aunque en el largo plazo esto arrastre conse­ cuencias irreversibles en la diversidad biológi­ ca, y en la riqueza de los suelos para producir alimentos sanos y nutritivos. Tales programas (como ya lo saben los cam­ pesinos en Asia y en América Latina donde la Revolución Verde se aplicó desde los años se­ senta), devastan las relaciones sociales, la co­ munidad misma, menosprecian el cuidado an­ cestral de la vida y los saberes que lo han hecho posible, erosionan en grado sumo la fortaleza y diversidad de las semillas nativas, y someten a controles centralizados, ajenos e ignorantes, los modos de trabajo detallado que hubo siempre y que ahora son considerados “inútiles, ilegales, irrelevantes” o in­ cluso “estúpidos”, “actos no autorizados”, fiscalizados por autoridades racistas que privilegian las disposiciones de empresas, gobiernos y “expertos”. Por si fuera poco, las comunidades de África (como también en Asia y ahora en América Latina), también sufren invasiones, expropiaciones y expulsión de sus tierras y territorios, en nombre de un acaparamiento de tierras transnacional, corporativo, o de plano especulativo, que tiene en los gobiernos de la región siste­ mas jurídicos “permisivos” que criminalizan y reprimen la indudable resistencia. Debe quedar claro que la Revolución Verde mencionada recibe el “entusiasta apoyo” de fundaciones tan renombradas como la Rockefeller y la Bill y Melinda Gates, y que el acaparamiento de tierras lo respalda el mismísimo Banco Mun­ dial, claro, con algunos “principios de inversión responsable” que intentan mi­ nimizar las posibles “reacciones negativas” que provoca tal apropiación agraria. África, vista también como botín por las mineras aun a costa de millones de muertos, se ha vuelto un espejo donde debemos mirarnos para entender de antemano lo que se nos viene y así prevenirnos de los extractivistas, del siste­ ma agroalimentario industrial mundial, de los inversionistas y especuladores que acaparan tierras por el planeta, y de sus promotores en gobiernos, fundaciones, sectores académicos y organismos internacionales.

Y

van por todo. A las crisis combinadas que sufre el mundo, debemos empare­ jarle los numerosos esquemas de negocio de los cuales el acaparamiento de tierras es uno de los más decisivos, porque intenta arrebatarle a las comunidades locales, indígenas, campesinas, e incluso a las comunidades urbanas (que mu­

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chas, antes, fueron campesinas), el control de sus ámbitos comunes y sus territo­ rios que son clave para resistir los otros ataques y para construir una autonomía y una soberanía alimentaria urgentes. Lo intentan con los esquemas de comercio de carbono (la venta de aire) que nos venden como “mitigación del cambio climático”. Lo intentan con las reservas de la biosfera, con la agricultura por contrato, con las asociaciones entre cam­ pesinos y corporaciones que implican la tierra en garantía. Lo intentan con la certificación agraria que individualiza lo que siempre fue comunal, con el registro de pozos y manantiales, con los inventarios de semillas y con el propio catastro o registro de productores, que definirá quién puede sembrar y quién no. Nada puede ser común ni libre, por eso también se ahondan los esquemas de “sanidad alimentaria” para criminalizar los modos tradicionales e independientes (sin certificaciones variadas) de producir alimentos, los mercados al aire libre, los puestos callejeros. Son, en fin, todas aquellas leyes nocivas que nos impiden la posibilidad de defendernos por la vía de la ley.

P

ero la resistencia no descansa tampoco. “La apropiación de tierras es ban­ dolerismo de Estado”, dice Ibrahim Coulibaly, miembro de la CNOP de Mali en África Occidental. “Tenemos que tratarlos como bandidos porque tratan de apoderarse o tomar el único recurso que les queda a los pobres y dárselo a los que ya tienen demasiado, los que ya son extremadamente ricos. Y eso es inaceptable”. Mamadou Cissokho, presidente honorario de la Red de las Organizaciones Cam­ pesinas y de Productores de África del Oeste (ROPPA) dice a su vez: “pensamos que si ya no hay Estado, si ya no quedan estructuras que nos apoyen, tenemos que cuidarnos solos. Tenemos que seguir luchando por sobrevivir, combatir el acaparamiento de nuestras propias tierras a manos de países extranjeros y empre­ sas privadas. ¿Debemos no ser nadie en nuestras tierras? Si un inversionista viene a nuestra casa, debe gozar de absoluta seguridad. ¿Por qué todos pueden tener seguridades y nosotros no? ¿Por qué los campesinos no tienen ninguna garantía?” También lo dijo la Red en Defensa del Maíz en México: “La soberanía alimenta­ ria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercam­ biar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catá­ logo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros terri­ torios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carre­ teros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente”.

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Qué pueden hacer las poblaciones urbanas, las clases medias, ante esta guerra que tienden contra los campesinos las empresas, los gobiernos y los organis­ mos internacionales? Por lo pronto mirarse en el espejo de África y mirarse tam­ bién en el reflejo de quienes han cuidado el mundo por milenios. Y saber que la urgencia por una soberanía alimentaria, por la producción propia de alimentos, ya está impactando las ciudades y terminará por sumirnos en una esclavitud no imaginada si no enlazamos barrios urbanos y comunidades campesinas, si no le abrimos un hueco en la ciudades a nuestra propia creatividad y a nuestro propio anhelo de no depender de quienes nos envenenan con comida a precios que nadie puede pagar.l

biodiversidad


La Revolución Verde en Ruanda: un programa autoritario de intensificación agrícola al servicio de la agroindustria Manuel Milz

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en África (entidad creada en 2006 por la Fundación Rockefeller y la Funda­ ción Bill y Melinda Gates), y de la cual Kofi Annan es presidente desde 2007. El programa pretende “financiar a los criadores públicos para que desarrollen nuevas variedades, financiar empresas privadas para que vendan éstas a los agricultores y proporcionar créditos a los agricultores para que compren ta­ les semillas”2. No hay que olvidar los fertilizantes químicos y los productos fitosanitarios que los acompañan. Ruanda se involucra a lo grande en la Revolución Verde. Siendo el primer

país africano que firmó un acuerdo “compacto”3 respecto del PDDAA, en 2007 Ruanda se aprestó a convertirse en un alumno modelo en esta nueva ca­ rrera por la Revolución Verde en Áfri­ ca. En un país involucrado en una vía autoritaria de desarrollo, el gobierno blande ahora la consigna de la “green revolution”4, la revolución verde, para designar la transformación de la agri­ cultura que se pretende implantar: un un proceso donde se acentúa la espe­ cialización regional y se fortalecen los monocultivos, se aumenta el uso de in­ sumos modernos (semillas comerciales, fertilizantes y pesticidas químicos) y desechos animales, se combate la ero­ sión, se desarrollan redes y se empren­ de el cambio de una agricultura de sub­ sistencia a una agricultura comercial orientada hacia el mercado5. Para cumplir con estos compromi­ sos y con aquellos pactados con el FMI6, el gobierno ruandés lanzó en agosto del 2007 el Programa de Intensificación de Cultivos (CIP por sus siglas en inglés),

Detalle. Foto: Manuel Milz

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a idea de que África debe benefi­ ciarse con una Revolución Verde de la cual “se perdió” en los años sesenta, ha buscado implantarse desde 2004, cuando Kofi Annan —en­ tonces Secretario General de las Nacio­ nes Unidas— declaró estar a favor de una “revolución verde auténticamente africana”. El Programa Detallado para el Desarrollo de la Agricultura Africa­ na (PDDAA) —aprobado por la Unión Africana en 2003 a través del NEPAD (New Partnership for Africa’s Deve­ lopment)— ya había lanzado el pro­ ceso al fijar el objetivo de crecimiento del sector agrícola en 6% al año, y un aumento de la inversión pública en la agricultura para que alcanzara 10% de los presupuestos nacionales. Metas loables, pero su aplicación se basa una vez más en los dogmas productivistas de la Revolución Verde financiada por la Fundación Rockefeller en los años sesenta. Tales dogmas afirman que “las semillas mejoradas son los catalizado­ res que ponen en marcha el motor de la revolución verde y los fertilizantes mi­ nerales (químicos) son el combustible para hacerla funcionar”1. El programa de la Unión Africana se redondeó en 2006 con la Declaración de Abuja en el marco de la Cumbre de África sobre fertilizantes. Los Esta­ dos miembros de la Unión Africana se comprometieron a multiplicar al me­ nos por seis el consumo medio de fer­ tilizantes químicos para 2015. Por su parte, el sector privado lanzó una ofen­ siva mediante semillas comerciales, lla­ madas “mejoradas” o “seleccionadas”, a través de AGRA, siglas en inglés para la Alianza para una Revolución Verde

1 Según la cita de Norman Borlaug, considerado como el padre de la Revolución Verde, International Fertilizer Development Center, informe de junio de 2006, http://www.ifdc.org 2 Une nouvelle révolution verte pour l’Afrique?, GRAIN, diciembre de 2007, http://www.grain. org/briefings/?id=206 3 Acuerdo nacional “compact, entre el gobierno, el organismo económico regional involucrado, el sector privado, la sociedad civil y los socios para el desarrollo.


Producción agrícola de subsistencia anual de Ruanda Evolución de la producción agrícola alimentaria en Ruanda (millones de toneladas)

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Año

4 Ruanda se adhirió al Commonwealth en 2009 y promueve el uso del idioma inglés en sus instituciones. 5 Plan estratégico de transformación de la agricultura, Fase II. PSTA II, febrero de 2009, disponible en http:// www.primature.gov.rw/ index2.php?option=com_ docman&task=doc_ view&gid=903&Itemid=95 6 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial imponen a los países de bajos ingresos la elaboración un documento estratégico de lucha contra la pobreza (PRSP por sus siglas en inglés) como condición de acceso a los financiamientos internacionales. 7 http://www.fao.org/ giews/countrybrief

hoy en su séptima temporada de aplica­ ción. El programa pretende aumentar la productividad de la agricultura ali­ mentaria mediante diferentes medios: un aumento de las importaciones y del uso de fertilizantes químicos —de 4 a 22 kilos por hectárea al año hasta el 2011—; el uso masivo de semillas co­ merciales; fortalecimiento del papel de los agrónomos locales; una política de consolidación de las tierras [ese reajuste y reacomodo planificado de las parcelas y de su propiedad]; la organización del mercado y del sector privado, además de brindar facilidades para el acceso a créditos. Con un presupuesto anual de 22.8 millones de dólares asignado al Pro­ grama de Intensificación de Cultivos, el gobierno ruandés parece resuelto a invertir enormes cantidades en la agri­ cultura para reducir de manera signi­ ficativa las importaciones de produc­ tos alimentarios agrícolas. Según las estadísticas nacionales, desde el inicio del CIP, la producción agrícola creció 14% al año, gracias a la triplicación de las cosechas de maíz, trigo y yuca [mandioca]. Las importaciones de ce­ reales bajaron casi 20% al año7. El rendimiento medio del maíz pasó de 1.5 toneladas por hectárea a más de 4 toneladas para las variedades de poli­ nización abierta, y de 6 a 7 toneladas por hectárea para las variedades híbri­ das importadas de Kenya y Tanzania. Por último, los rendimientos de maíz y trigo subieron respectivamente 227% y

Detalle. Foto: Manuel Milz

Fuente: MINAGRI, estadísticas agrícolas 2000-2009, disponibles en http://www.amis.minagri.gov.rw


173% de 2007 a 2009 en todo el país.8 Estos espectaculares resultados —que se vieron favorecidos por las excelen­ tes lluvias de 2008 y 2009— muestran de manera irrefutable que los métodos empleados tienen efectos cuantitativos a escala nacional, por lo menos a corto

principales interesados. Después de lo­ grar la reconstrucción y estabilización de un país devastado por la guerra y el genocidio de 1994, el gobierno ruan­ dés, encabezado por el presidente Paul Kagame, usó grandes recursos para impulsar una voluntarista política de

Monocultivo de maíz en Kigali, Ruanda. Foto: Manuel Milz

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plazo. Pero debemos mantener en men­ te que son sobre todo producto de la voluntad y de los colosales medios fi­ nancieros nunca antes invertidos. Tras el innegable aumento en la producción nacional se esconden otros aspectos mucho menos positivos para la pobla­ ción ruandesa y para los campesinos en particular. Un programa autoritario de intensificación agrícola. Para empezar, el

no es un proceso de concertación nacional donde se tomen en cuenta las necesidades y las opiniones de los CIP

desarrollo a marchas forzadas, con muy poco espacio para el debate y la crítica. Las reformas y los planes de acción de desarrollo, conducidos con rigor y eficacia, afianzaron la buena reputación del gobierno entre los do­ nantes y financiadores y volvieron una cuestión de honor el demostrar que un crecimiento económico sostenido, basado en la agricultura y en los servi­ cios, era posible en un país desprovisto de recursos estratégicos. Las autori­ dades dispusieron de importantes me­ dios administrativos y financieros para obtener resultados inmediatos. Cada

8 Crop Intensification Program, 2008-2009, Informe de Evaluación, IFDC, marzo de 2010, p. vi, http://www. amis.minagri.gov.rw/ sites/default/files/ user/CIP_2008-2009_ Evaluation_report.doc.pdf


distrito administrativo recibió presio­ nes evidentes del nivel superior para alcanzar resultados precisos en térmi­ nos de producción agrícola. Al mismo tiempo, se exigió a los dirigentes de las cooperativas que obtuvieran resultados concretos y siguieran la consigna de la “green revolution”: de no hacerlo, su mandato podría ser cuestionado. Para asegurar que el programa se aplicara en los perímetros identificados por los agentes de la administración, se forzó a los campesinos a reagrupar­ se en cooperativas. Los dirigentes de las cooperativas fueron sustituidos de

Monocultivo de papa en Ruanda. Foto: Manuel Milz

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9 Albert-Baudoin Twizeyimana, “Ruanda: los agricultores producen más... y comen menos”, abril 2010, en Syfia Grands Lacs, http://www. syfia-grands-lacs.info/ index.php5?view=articl es&action=voir&idArtic le=1737 10 Ley n°08/2005 sobre la propiedad en Ruanda J.O. N°18 du 15/09/2005.

manera autoritaria por otras personas más dispuestas a acatar las disposicio­ nes y objetivos de las autoridades ad­ ministrativas. Para cada distrito, se priorizaron cultivos identificados como estratégi­ cos: maíz, arroz y yuca en el sureste; papa, trigo y maíz en el norte; flores en la provincia de Kigali, etcétera. Los so­ cios (voluntarios o a la fuerza) del CIP deben ajustarse al programa implemen­ tado por el ministerio de Agricultura: es obligatorio sembrar sólo ciertos cul­ tivos, está prohibido asociar cultivos, son obligatorios los monocultivos y la consolidación de tierras. En Cuyne, en el distrito de Musan­ ze, por ejemplo, los nuevos dirigentes

locales mandaron arrancar todos los cultivos que no fueran maíz, cultivo elegido para esta región a principios de la temporada 20099. En Gitamara, un dirigente de la coo­ perativa IABM cuenta que obligaron a los miles de miembros de la coopera­ tiva a adoptar ciertas semillas de maíz y de soja para el cultivo: “Las autori­ dades nos exigieron volvernos produc­ tores con semillas comerciales, mien­ tras que las mujeres de la cooperativa querían seguir cultivando camote, col y otras legumbres en los humedales. Como ellas no cedieron, las autorida­ des terminaron enviando a los militares para destruir nuestros campos”. El monocultivo obligatorio. Las aso­ ciaciones de cultivos ocupan espacios aéreos y subterráneos complementarios y tienen efectos benéficos (fijación del nitrógeno atmosférico en el suelo por las leguminosas, protección contra pla­ gas y parásitos, contra la erosión, etcé­ tera). Permiten a los campesinos apro­ vechar mejor sus tierras y lograr una producción diversificada. En cambio, el uso de semillas mejoradas, de ferti­ lizantes y plaguicidas químicos, exigen el paso obligatorio al monocultivo con el fin de hacer rentable este paquete de insumos, lo cual dista mucho de un modo de gestión centrado en la di­ versidad. La creciente importancia del monocultivo en Ruanda es una conse­ cuencia del CIP. Para poder mantenerse en el cargo, el presidente de una coope­ rativa del distrito de Kayonza asegura que tuvo que obligar a los miembros de la cooperativa a abandonar la idea de cultivar frijol junto con el maíz. Para poder aplicar la política de regionalizar cultivos en un país cuyas tierras están tan fraccionadas, el go­ bierno recurrió a la explotación de las vastas zonas fértiles de los humedales y reforzó su política de consolidación de tierras. La administración local intervi­ no las cooperativas y se metió también con los campesinos no organizados, y los puso a practicar el mismo mono­ cultivo en inmensas superficies, antes heterogéneas, con el fin de facilitar la


Pulverización de plaguicidas en el monocultivo de maíz en Ruanda. Foto: Manuel Milz

puesta en marcha y el seguimiento de los itinerarios de cultivos en las suso­ dichas “tierras consolidadas”. La ley sobre la propiedad de 2005 menciona que en el caso de que alguien no pue­ da cumplir con la producción de cul­ tivos particulares que adoptaron las instancias habilitadas, las autoridades pueden recurrir a la requisición o in­ cluso a la confiscación de las tierras10. Además de las sanciones a las que se exponen los productores que no acep­ ten las opciones establecidas, la ley promueve que los agricultores usen su tierra como garantía para facilitarles créditos, lo cual implica un riesgo para los campesinos más pobres que pueden perder sus tierras si no pueden reem­ bolsar los préstamos. Según un estudio de 2009 sobre la aplicación del CIP en el distrito de Buge­ resa11, varios productores comprometi­ dos con el programa “expresan ciertas reticencias a los cambios que conside­ ran forzados. Algunas personas entre­ vistadas explican que no se atreven a interferir en las decisiones del distrito

y aplican las recomendaciones aunque sean contrarias a sus convicciones. Al­ gunos productores comentan también que los monocultivos no se adaptan a las condiciones que muchos de ellos conocen, pues sólo tienen pequeñas su­ perficies de cultivo y prefieren sembrar varios cultivos para minimizar riesgos y garantizar una producción diversifi­ cada”. Las encuestas efectuadas para el estudio muestran que los productores identifican los aportes técnicos del CIP en el siguiente orden: el monocultivo, el sembrado en línea con distancias fi­ jas entre los surcos, el uso de semillas “de calidad”, la lucha fitosanitaria y el uso de abonos químicos12. Se trata de la renovada aplicación de las mismas fórmulas que en la Revolución Verde de Asia y América en los años sesenta, que no toma en cuenta los saberes de los campesinos en materia de selección de variedades, la asociación de cultivos y la rotación de los mismos. Aunque Ruanda todavía no produce semillas híbridas13, todos los esfuerzos convergen en esta dirección. En el mar­

11 “El programa de intensificación de los cultivos de maíz en Ruanda frente al desarrollo sustentable: prácticas y perspectivas. El caso del distrito de Bugeresa”, D. Binart, Universidad de Maine, 2009, p.54 12 D. Binart, op. cit., p.51 13 Las semillas híbridas, contrariamente a las de polinización abierta, degeneran tan rápidamente que el campesino no puede volver a sembrar su cosecha. Si quiere obtener plantas con las mismas características, tiene que volver a comprar cada temporada un nuevo paquete de semillas híbridas.

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Al introducir una o dos variedades “mejoradas” por especie en grandes superficies consolidadas (varias centenas de hectáreas), se corre un riesgo de catástrofe sin precedentes en caso de peste severa o de mala cosecha.

co del CIP, el gobierno importa enor­ mes cantidades de semillas híbridas de origen extranjero, sobre todo maíz. En numerosos casos, las semillas híbri­ das no han sido homologadas por los servicios del Estado y se les imponen sin consulta previa a los agricultores sujetos al programa. Aunque se per­ catan del efecto que éstas tienen en la productividad, numerosos agricultores se quejan de los inconvenientes de las semillas híbridas. Explican que no les previnieron que las semillas obtenidas en sus cosechas no podían volver a sembrarse, y que en los cálculos de ren­ tabilidad de sus proyectos no tomaron en cuenta este factor. Además, el pre­ cio de las semillas híbridas es 30% más

Evolución de las acciones del CIP para las temporadas A15 Acciones del CIP

2008A

2009A

2010A

Consolidación de las tierras (hectáreas)

28 mil

66 mil

254 448

Distribución de semillas mejoradas (toneladas) Importación de fertilizantes químicos (toneladas) Número de hogares en el programa CIP

600

1 200

3 mil

6 mil

14 427

33 500

85 mil

200 mil

750 mil

Fuente: Programa de Intensificación de Cultivos, 2008-2009, Evaluación, IFDC, marzo 2010, p. 6`

14 D. Binart, op. cit., p.66 15 Ruanda tiene dos temporadas de lluvia: la temporada A, de septiembre a enero, y la temporada B de febrero a junio. 16 D. Binart, op. cit., p. 48 17 Datos sin cifrar. Destacan los cultivos en orden de importancia por superficie cultivada en 14 cooperativas que integran alrededor de 10 mil miembros en más de 3 mil hectáreas. D. Binart, op. cit., p. 47. 18 Datos disponibles en http://www.amis. minagri.gov.rw 19 http://www.indexmundi. com/rwanda/inflation_ rate_%28consumer_ prices%29.html

alto que el de las semillas comerciales comunes14. Los agricultores se vuelven entonces dependientes de los múltiples actores de una red compleja que les abastece de semillas, cuando antes go­ zaban de soberanía. La fecha de siem­ bra de un cultivo ya no depende de la observación de las condiciones meteo­ rológicas por parte del campesino, sino de la organización más o menos eficien­ te de la administración encargada del programa de intensificación agrícola. La erosión de la biodiversidad agrícola. Desde el punto de vista de la bio­

diversidad, el CIP pasa completamente por alto la importancia que tiene la diversificación de las especies y varie­ dades cultivadas como medio de lucha contra las enfermedades, y como forma de preservar la agrobiodiversidad nece­ saria para la evolución conjunta de las plantas y de las condiciones ambienta­ les. Al introducir una o dos variedades “mejoradas” por especie en grandes superficies consolidadas (varias cente­

nas de hectáreas), se corre un riesgo de catástrofe sin precedentes en caso de peste severa o de mala cosecha. La regionalización obligatoria de los cultivos fijos se hace a costa de otros cultivos esenciales para la segu­ ridad alimentaria y para el equilibrio nutricional de la población. Aunque se acondicionaron humedales que no se habían explotado para lograr dicha re­ gionalización de cultivos, la producción de maíz híbrido “se realiza en lugar de otros cultivos que se producían antes (camote, sorgo), y eso por la exigencia de los supervisores locales. Esto entra­ ña la desaparición de las producciones tradicionales, consideradas poco pro­ ductivas, en beneficio de una que otra especie, la mayoría de origen externo a la región, consideradas rentables, sobre todo desde el punto de vista económi­ co”16. El estudio de la importancia rela­ tiva de los cultivos en las cooperativas involucradas en el CIP en el distrito de Bugesera, muestra una severa tendencia a la pérdida de diversidad agrícola: el maíz incrementó su pérdida de diver­ sidad a 89%, cuando antes presentaba 48% de tal pérdida.17 Hacia un modelo agrícola cada vez más inequitativo. La regionalización

de los cultivos y la pérdida de diver­ sidad agrícola provocan también una disminución en la disponibilidad de ciertos productos locales. Esto lleva a un incremento del transporte de mer­ cancías al interior del país, a una de­ gradación de la calidad nutritiva de la mayor parte de las hortalizas y tubér­ culos, conduce a pérdidas posteriores a las cosechas más importantes y a un aumento del precio de los productos alimenticios que se producían antes y que estaban disponibles a nivel local. Así, en los mercados locales, el precio medio anual de los productos alimen­ ticios básicos subió 24% entre 2006 y 2008, y respectivamente 27% y 34% para el frijol y el maíz de 2006 a 2009,18 cuando la tasa de inflación media en este periodo era de 9.8%.19 El gobier­ no pretende concentrar la producción en almacenes nacionales estratégicos y


prohibe que los campesinos del CIP ven­ dan sus producciones antes de que los servicios encargados les compren sus cosechas. Pero en el norte del país, los campesinos que tuvieron que practicar el monocultivo sólo tenían maíz para comer y no tuvieron dinero para com­ prar otros víveres. Los mercados agrí­ colas nunca habían estado tan vacíos.20 Por último, como sucedió con la Re­ volución Verde en Asia y América La­ tina, el CIP concentra sus esfuerzos en una minoría campesina a la que favo­ rece más (casi todos los cuales están or­ ganizados en cooperativas y explotan las tierras más fértiles —humedales y relieves planos—) e ignora al resto, que vive en colinas con fuertes pendientes, y sufre los más graves problemas de erosión y de pérdida de fertilidad de los suelos. Aunque otros programas públicos construyan terrazas en las colinas y luchen contra la erosión, la gran mayoría de los campesinos sigue enfrentando muchos problemas en su­ perficies más y más reducidas y no deja de aumentar por todo el país el número

de campesinos sin tierras (actualmente se calcula en 15%). Aunque admitié­ ramos que es factible percibir efectos positivos en cuanto a la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional, los resul­ tados de la Revolución Verde podrían llevar a una sociedad agraria de dos velocidades que, a largo plazo, perju­ dicará al pequeño campesinado en lo

20 Albert-Baudoin Twizeyimana, op.cit.

Evolución de las cantidades de fertilizantes químicos importadas en Ruanda (en toneladas) Cantidad de fertilizantes importados 1969-2009 en millones de toneladas

Fuente: Programa de Intensificación de Cultivos, 2008-2009, Evaluación, IFDC, marzo 2010, p. 8b

Parcelas campesinas en pendientes erosionadas de Gisenyi, Ruanda. Foto: Manuel Milz

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relativo a sus territorios, en el acceso al mercado y en contar una alimentación suficiente y diversificada. Un programa en beneficio de la industria agroquímica. Las proezas de

Detalle. Foto: Manuel Milz

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21 http://www.worldbank. org/foodcrisis/pdf/ GFRPProjectStatus.pdf y http://web.worldbank. org 22 Crop Intensification Program, 2008-2009, Informe de Evaluación, IFDC, marzo de 2010, p. 14 23 Consultar httm://www. yara.com y http:// agrforum.com/sites/ agrforum.com/files/ AGRF_FdeD4.pdf 24 Crop Intensification Program, 2008-2009, Informe de Evaluación, IFDC, marzo de 2010, p. 14

producción de los primeros años de la Revolución Verde en Ruanda podrían parecer una demostración del éxito de la agricultura química. Pero no hay que perder de vista que el aumento efecti­ vo de la producción nacional desde la aplicación del CIP revela sobre todo lo que se puede lograr si en la agricul­ tura se invierten medios financieros y voluntad. Si bien este modelo agrícola debe su productividad a los abundan­ tes medios puestos a su servicio, no se consideran los efectos desastrosos que provoca a largo plazo en la calidad de los suelos, el medio ambiente, la bio­ diversidad y el bienestar de los seres humanos. Además, con el pretexto de volver el país más autónomo en lo ali­ mentario mediante técnicas modernas estandarizadas basadas en el uso de costosos insumos exógenos, todo se en­ camina a que en el largo plazo la agri­ cultura ruandesa dependa mucho más de la industria agroquímica y de los or­ ganismos de créditos, destruyendo los mecanismos de la autonomía alimenta­ ria —perfeccionados durante siglos por los campesinos ruandeses. La implementación acelerada de la Revolución Verde en Ruanda confirma también que, a pesar de los sermones acerca de la democracia en los países del Sur, los organismos financiadores internacionales se entienden muy bien con los Estados autoritarios para apli­ car fórmulas liberales y hacer fructifi­ car mercados tan lucrativos como la agroquímica. A través del “Global Food Crisis Response Program” [Programa Global de Respuesta a la Crisis Alimentaria] el Banco Mundial liberó 10 millones de dólares en 2008 para la adquisición de fertilizantes químicos en Ruanda.21 Las grandes empresas occidentales venden decenas de miles de toneladas de abo­ no, y la mayoría del dinero invertido acaba por regresar a la economía de

los países industrializados. Sin duda el caso más revelador en Ruanda es el de la compañía noruega Yara Internatio­ nal ASA, primera proveedora de fertili­ zantes químicos de origen mineral en el mundo, fundadora del Foro sobre la Revolución Verde en África (AGRF) que tuvo lugar en Ghana del 2 al 4 de sep­ tiembre del 2010 bajo la presidencia de Kofi Annan. En realidad, el principal beneficiario del programa de intensificación agrí­ cola en Ruanda22 es la multinacional: cada año, acumula varios millones de dólares a partir de los fondos del pro­ grama. Se beneficia también con los principales mercados que surten ferti­ lizantes químicos en la mayor parte de los demás países africanos involucrados en la Revolución Verde, como Ghana, Malawi, Mozambique y Tanzania23. En total, 80% del presupuesto del CIP se asigna a la compra de abonos químicos de multinacionales especializadas en la producción y exportación de abonos y pesticidas químicos24. La nueva Re­ volución Verde concebida para África sigue los lineamientos económicos y agrarios liberales de los organismos financiadores internacionales. Con el pretexto de discursos humanistas de lu­ cha en contra de la pobreza, sirve clara­ mente los intereses de la agroindustria. Otra revolución agrícola para Ruanda. Al invertir masiva y eficazmente en

varios sectores de su economía, en par­ ticular en el desarrollo rural y la agri­ cultura, el gobierno ruandés demues­ tra que tiene la firme voluntad de sa­ car al país adelante. Por otra parte, al cancelar los programas internacionales de ayuda alimentaria, parece querer aprovechar los fondos disponibles y la confianza de los organismos finan­ ciadores para mejorar la seguridad alimentaria y disminuir las importa­ ciones de productos agrícolas. Aunque el país no tiene muchas más opciones, dados su aislamiento y la casi total au­ sencia de yacimientos de materias pri­ mas estratégicas, es loable su actitud soberanista. Pero Ruanda debe traba­ jar buscando un nuevo enfoque para


su agricultura con el fin de alimentar a más de 10 millones de personas en un territorio más pequeño que Bélgica, pues la gestión actual de los programas de intensificación agrícola no aportan soluciones a largo plazo para las nece­ sidades de la mayor parte de los cam­ pesinos ruandeses. En la última versión del programa de transformación de la agricultura (PSTA II, 2009), se ve claramente que,

ra sustentable reducen la erosión y el decenso en fertilidad, lo cual significa que la productividad agrícola se man­ tiene con costos menores”25. Mas el gobierno ruandés debe pasar de las palabras a los actos, demostrar una verdadera voluntad política y to­ mar medidas de gran envergadura como lo hizo con el CIP. Porque, mientras tanto, la cantidad de abonos químicos importados se ha multiplicado por cin­

Monocultivo de judías (habas) en las afueras de Kigali, Ruanda. Foto: Manuel Milz

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a pesar de lo dicho, el gobierno podría promover el aumento del uso de abo­ nos orgánicos, en particular el estiér­ col de bovinos estabulados. Reconoce que “para compensar el declive de la fertilidad de los suelos, una solución podría ser el mayor uso de fertilizan­ tes químicos, pero esto implica un costo que requiere divisas extranjeras y crea una espiral donde se necesitan cada vez más fertilizantes en aras de compensar que se agrava el problema. Además, el excedente de fertilizantes acarrea impactos ambientales […]. En cambio, las prácticas de agricultu­

co desde 2005 y la superficie afectada por el CIP en 2010 casi se cuadruplicó respecto al año anterior: se estima que el 17% de la superficie total cultivada del país está bajo los esquemas de consolidación.26 Porque existen otras solu­ ciones. Numerosos estudios científicos y acciones prácticas demuestran que la vía más sustentable —y más económi­ ca– es la de tomar en cuenta los saberes de los campesinos y aprovechar las téc­ nicas que permiten restaurar y conser­ var la fertilidad de los suelos por medio del reciclaje de los elementos nutriti­ vos. Métodos como la agroforestería,

25 Plan estratégico de transformación de la agricultura, Fase II. PSTA II, febrero 2009, p.20 (traducción del inglés del autor), http://www. primature.gov.rw/index2. php?option=com_ docman&task=doc_ view&gid=903&Itemid=95 26 Crop Intensification Program, 2008-2009, Informe de Evaluación, IFDC, marzo de 2010, p. 14


La implementación acelerada de la Revolución Verde en Ruanda confirma también que, a pesar de los sermones acerca de la democracia en los países del Sur, los organismos financiadores internacionales se entienden muy bien con los Estados autoritarios para aplicar fórmulas liberales y hacer fructificar mercados tan lucrativos como la agroquímica.

Centro de cultivo orgánico Gako, Kabuga, Ruanda. Foto: Manuel Milz

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el cultivo de leguminosas que fijan el nitrógeno, los cultivos intercalados, las asociaciones y rotaciones de cultivos, la preparación de insecticidas natura­ les y las compostas, han demostrado su eficiencia y permiten a los campesinos mejorar la fertilidad de los suelos y el rendimiento. El centro Gako Organic Farming de Kabuga es un excelente ejemplo de las posibilidades que ofre­ cen las técnicas sustentables de gestión de la fertilidad de los suelos. Richard Munyerango estudió la agroecología en Uganda y creó en el 2000 esta gran­ ja y centro de formación en agricultura orgánica a unos kilómetros de Kigali. “Con la agricultura orgánica, podemos producir alimentos sanos y diversos en cantidades suficientes —y protegemos los suelos, aumentando la tasa de ma­ teria orgánica año tras año. No depen­ demos de los costosos fertilizantes quí­ micos importados que dañan nuestro suelo. Los abonos que usamos no tie­ nen ningún costo, pues los elaboramos con los residuos de la cría de ganado y de las cosechas. Usando técnicas como la composta y las asociaciones de cul­

tivos, incluso las familias muy pobres pueden mejorar su autonomía alimen­ taria de manera sustentable y recobrar su dignidad de campesinos, con la con­ dición de contar, para empezar, con algunos animales para producir estiér­ col”. El éxito del centro hizo que en los últimos años, varias organizaciones no gubernamentales apoyaran la capacita­ ción de miles de campesinos ruandeses en agricultura orgánica. Tales resulta­ dos nos hacen pensar que los métodos sustentables, asequibles y respetuosos de la soberanía de los campesinos son viables para la agricultura en Ruanda y por tanto merecen un reconocimiento y un apoyo más importante por parte de las autoridades —que la actual Revolu­ ción Verde. Alcanzar un progreso agrícola que beneficie a todos, implica aprovechar medios de intensificación que tomen en cuenta la experiencia y los saberes de los campesinos de Ruanda, en vez de empeñarse en embarcar a una minoría de agricultores en una costosa agricul­ tura química. En Ruanda, como en el resto del mundo, las inversiones y subvenciones de gran magnitud —utilizadas hasta el momento para la agroindustria—, de­ berían de ser usadas para restaurar y mejorar de modos sustentables la fer­ tilidad de los suelos, para impulsar el acceso a la tierra, para promover las semillas de los campesinos y su me­ joramiento participativo, para prote­ ger la biodiversidad y la investigación concertada de técnicas apropiadas que permitan a los campesinos asegurar una producción alimentaria de calidad y una vida digna a largo plazo. Se ne­ cesita una revolución de las mentalida­ des, un cuestionamiento de los dogmas económicos y una voluntad real de ins­ taurar programas radicales que obren en favor de la soberanía alimentaria de los pueblos y para el futuro de los cam­ pesinos. l

Septiembre de 2010 Traducción: Amandine Semat


Voces de África Déjennos trabajar y alimentaremos a África Mamadou Cissokho

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H

ubo un tiempo en que los Esta­ dos africanos apoyaban a sus campesinos. Y luego vino un tiempo de sequía para los Estados, que se vieron endeudados. Entonces, fue­ ron puestos bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial. “Privaticen, libera­ licen, abran bien grandes sus fronte­ ras”, nos dijeron, dándonos a enten­ der claramente que, a partir de este momento, la gestión de los asuntos económicos de nuestros países ya no nos incumbía. Fue en ese momento que el Estado desapareció: no más asesoramiento, no más créditos, nada más para nosotros, los campesinos. Al mismo tiempo, Europa se hundía bajo los excedentes agrícolas. ¿Y qué fue lo que pasó? Inundaron con ellos nuestros países. Nosotros, los campe­ sinos, sin subvenciones, sin ayudas, de repente tuvimos productos demasiado caros frente a la competencia desleal de los productos de los campesinos eu­ ropeos, que tienen muchas subvencio­ nes. Despojados de medios de subsis­ tencia, los campesinos fueron barridos a las ciudades para engrosar las filas de los miserables. Entonces, para que los habitantes de las ciudades no se re­ belaran, se justificó con bajos precios la entrada masiva de productos agrí­ colas. Pero al mismo tiempo mataban a los campesinos locales. Después nos inundaron con exper­ tos, para ayudarnos. Nos dijeron que no éramos competitivos porque seguía­ mos usando la daba (la azada). Pero no hubo nadie que nos diera nada. Y sin

sostén, sin apoyo, nos quedamos por completo librados a nuestra suerte. Los programas de reajustes estructurales rompieron la confianza entre el Estado y los campesinos, que sin embargo su­ ministraban la mayor parte del Produc­ to Interno Bruto. Nosotros pensamos: si ya no hay Estado, si ya no quedan estructuras que nos apoyen, tenemos que cuidarnos solos. Fue en este con­ texto que nacieron las organizaciones de productores agrícolas tal como las conocemos hoy. Los movimientos de los campesinos indignados por su si­ tuación, se originaron en los poblados, y llegaron a nivel nacional. En aquella época, el estatus de campesinos estaba tan devalorado que si le preguntaban a un campesino qué oficio tenía, contes­ taba: “no tengo oficio”: así de intenso era su sentimiento de no ser nada. Hemos remontado muchos obs­ táculos con tal de mejorar nuestra si­ tuación. Pero tenemos que seguir lu­ chando por sobrevivir. Ahora el reto es combatir el acaparamiento de nuestras propias tierras a manos de países ex­ tranjeros y empresas privadas. Estas tierras son malbaratadas por nuestras autoridades, muy a menudo por la presión de los más altos responsables del país. Intentamos presionar a nues­ tros dirigentes locales para que dejen de vender nuestras tierras al mejor postor. Pero en Senegal, el movimiento campesino que lucha contra el acapa­ ramiento de las tierras sigue siendo de­ masiado débil, sobre todo porque falta información. Hemos exigido que nos

Hemos remontado muchos obstáculos con tal de mejorar nuestra situación. Pero tenemos que seguir luchando por sobrevivir. Ahora el reto es combatir el acaparamiento de nuestras propias tierras a manos de países extranjeros y empresas privadas. Estas tierras son malbaratadas por nuestras autoridades, muy a menudo por la presión de los más altos responsables del país. Intentamos presionar a nuestros dirigentes locales para que dejen de vender nuestras tierras al mejor postor.


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La crisis alimentaria ha demostrado que los países que dependían del mercado para su suministro de alimentos quedaron muy vulnerables. Así que realmente era el momento para fortalecer la agricultura local, invertir en la agricultura familiar, con el fin de producir más, o mejor aún, alimentar a nuestros países. En su lugar, se decidió entregar tierras a Estados que tienen problemas de suministro de alimentos. Cuando un Estado como Libia, que no tiene agua y cuyas tierras son totalmente improductivas, llega a tener más de 100 mil hectáreas de tierras agrícolas en Mali, no es para producir alimentos para los malienses, eso es obvio. Entonces ¿por qué el Estado de Mali cede nuestras tierras más productivas y mejor irrigadas a intereses extranjeros o a países que las necesitan para producir sus alimentos? Eso es lo que denunciamos.

reconozcan el derecho de las familias a explotar las tierras que ocupan, que los espacios de sabana de cada poblado, sean reconocidos como propiedad de la comunidad, que los demás espacios que rodean el pueblo se consideren bie­ nes comunitarios administrados entre todos nosotros. Entonces nos dicen: si eso sucede, no vendrán los inversionistas, porque no se sentirán seguros. Así que, para atraer inversionistas, ¿debemos no ser nadie en nuestras tierras? Si un in­ versionista viene a nuestra casa, debe gozar de absoluta seguridad. ¿Por qué todos pueden tener seguridades y no­ sotros no? ¿Por qué los campesinos no tienen ninguna garantía? Nadie se pre­

ocupa por nosotros; si tenemos proble­ mas, vamos a la mezquita o a la iglesia a rezar. Nada más. Pero la economía debería ser justa para todos, no sólo para los inversionistas extranjeros. ¿Cómo alimentar a África? Nosotros, los campesinos, lo sabemos muy bien: simplemente déjennos trabajar, sin po­ nernos trabas a cada momento como la OMC, el Banco Mundial, el FMI, la li­ quidación de nuestras tierras, las semi­ llas transgénicas, y todos esos expertos que nos fastidian. l

Traducción: Amandine Semat Mamadou Cissokho, es presidente honorario de la Red de las Organizaciones Campesinas y de Productores de África del Oeste (ROPPA)

El acaparamiento de tierras en Mali Ibrahim Coulibaly

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l acaparamiento de tierras es un problema que se ha acelerado des­ de la crisis alimentaria de 2008. Se ha convertido en un problema muy grave en Mali, donde, en pocos años, hemos visto casi 700 mil hectáreas cedidas por el gobierno a empresas extranjeras, Es­ tados extranjeros o a los llamados in­ versionistas nacionales. Lo que tenemos que entender, es que esta tendencia hacia el acaparamiento de tierras juega a la derecha en la lí­ nea de las políticas neoliberales, ya que quieren hacer creer a la gente que los campesinos no pueden darnos de co­ mer. Ése fue el mensaje de los gobiernos después de la crisis alimentaria: que te­ nemos que aumentar la producción de alimentos. Pero si eso fuese cierto, creo que fueron esas mismas políticas, apli­ cadas en nuestros países durante los últimos 30 años por el Banco Mundial y el FMI, que no permitieron alimentar

a nuestros países. Y no vamos a resol­ ver el problema de la alimentación al entregarle tierras a los intereses extran­ jeros. Sobre todo porque la crisis ali­ mentaria ha demostrado que los países que dependían del mercado para su suministro de alimentos quedaron muy vulnerables. Así que realmente era el momento para fortalecer la agricultura local, invertir en la agricultura familiar, con el fin de producir más, o mejor aún, alimentar a nuestros países. En su lugar, se decidió entregar tie­ rras a Estados que tienen problemas de suministro de alimentos. Cuando un Estado como Libia, que no tiene agua y cuyas tierras son totalmente impro­ ductivas, llega a tener más de 100 mil hectáreas de tierras agrícolas en Mali, no es para producir alimentos para los malienses, eso es obvio. Entonces ¿por qué el Estado de Mali cede nuestras tie­ rras más productivas y mejor irrigadas


a intereses extranjeros o a países que las necesitan para producir sus alimen­ tos? Eso es lo que denunciamos. Una cosa que queda clara es que todo esto se debe a la pérdida de con­ trol sobre la formulación de políticas y su aplicación a nivel nacional. En otras palabras, todas las ideas que dan forma a las políticas de nuestro Estado son dictadas desde el exterior. Daré un ejemplo. Fue el propio pre­ sidente de la República, quien decidió asignar tierras a la región conocida Office du Niger, lo cual es para noso­ tros totalmente anacrónico. No es el papel o el trabajo de un jefe de Estado ceder tierras agrícolas. Y hay normas para la adecuada gestión de estas tie­ rras que “pertenecen”, por así decirlo, al Estado de Mali. Hay un decreto, casi una ley, que define cómo administrar estas tierras. Pero ahora estas reglas fueron deja­ das de lado, porque el presidente de la República, ante la insistencia del Banco Mundial, ha creado un Consejo Presi­ dencial para la Inversión. ¿Qué es este Consejo Presidencial para la Inversión? Es un mecanismo que se puso en mar­ cha con el fin de acelerar el proceso de inversión en nuestros países. Tenemos uno en Mali, muchos países africanos tienen uno, son una creación del Ban­ co Mundial. Y ¿qué hacen? Nuestros jefes de Estado básicamente contra­ tan gerentes muy jóvenes, licenciados recién salidos de universidades esta­ dounidenses que viven en un planeta completamente diferente, que no saben nada acerca de las realidades de nues­ tros países y que sólo han realizado es­ tudios de administración o afines. Son reclutados y se convierten en asesores presidenciales de inversión. Así que cualquiera que venga con dinero, incluso si se trata de dinero de la droga, mientras que traiga dinero, le despliegan la alfombra roja. Eso es sumamente peligroso. Creemos que mañana será posible que el dinero de la droga tome el poder en nuestro país porque nadie está buscando o tratan­ do de entender quién entra. Tan pron­ to como llega el dinero, las puertas se

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abren de par en par y se entregan las tierras de cultivo muy fácilmente, sin transparencia. No podemos aceptar esto. Especial­ mente porque se trata de problemas relacionados con la tierra. Y hay mu­ chos seres humanos que viven en estas tierras. Estamos hablando de miles de pueblos, millones de personas que siempre han existido: pastores, campe­ sinos, pescadores que se encuentran en estos territorios desde hace milenios. Ellos tienen derechos. Nadie puede ne­ garles sus derechos. Es por eso que nos hemos movili­ zado. Hicimos una gran movilización el 22 de noviembre de 2010 para de­ mostrar que no vamos a aceptar esto, nunca vamos a aceptar esto. Para mí, no hay otro término. La apropiación de tierras es bandoleris­ mo de Estado. Tenemos que tratarlos como bandidos porque tratan de apo­ derarse o tomar el único recurso que les queda a los pobres y dárselo a los que ya tienen demasiado, los que ya son extremadamente ricos. Y eso es in­ aceptable. l Entrevista con Ibrahim Coulibaly, miembro de CNOP, Mali, Foro Social TV, Le Temps, 9 de febrero 2011

Nuestros jefes de Estado básicamente contratan gerentes muy jóvenes, licenciados recién salidos de universidades estadounidenses que viven en un planeta completamente diferente, que no saben nada acerca de las realidades de nuestros países y que sólo han realizado estudios de administración o afines. Son reclutados y se convierten en asesores presidenciales de inversión. Así que cualquiera que venga con dinero, incluso si se trata de dinero de la droga, mientras que traiga dinero, le despliegan la alfombra roja. Eso es sumamente peligroso.


Colombia

Promoción del mercado de tierras en el plan de gobierno Paula Álvarez Roa Grupo Semillas

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n Colombia se aprobó recientemente en el congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, un plan de gobierno del nue­ vo presidente Juan Manuel Santos por el periodo (2010-2014). Uno de los temas centrales de este gobierno, que quedó incluido en dicho plan, es el de las tierras y para ello se ha anunciado una Política integral de tierras que pasa por 4 elementos básicos: restitución de tierras a las víctimas que les fueron arrebatadas a partir del conflicto; el modelo de desarrollo rural, con un Estado que provee con bienes públicos como in­ fraestructura, investigación, electricidad entre otros para garantizar la agroexportación; formalización de la propiedad, para asegurar la inversión y compra de tierras de nacionales y extranjeros, y una política de subsidios y créditos para proyectos productivos. Estos elementos de la política forman parte de las “recomendaciones” del Banco Mundial, para el cual resolver el problema de la tenencia de la tie­ rra y en consecuencia formalizar la propiedad es un requisito indispensable del mercado de tierras, que permitirá dar todas las garantías y seguridad a in­ versionistas interesados en adquirirlas. Lo anterior se comprende si se tiene como refe­ rencia la discusión frente a la crisis alimentaria y la carestía de alimentos en el mercado mundial1, la cual ha conllevado que grandes compañías y gobiernos es­ tén buscando tierra en todo el mundo para producir alimentos. La FAO calcula que en el mundo hay cer­ ca de 2 mil 600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete países: Brasil, la República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y Colom­ bia2. Esto ayuda a explicar por qué se avanza en el país en esta “política integral de tierras” y por qué es tan importante para el gobierno seguir al pie de la letra las “recomendaciones” del Banco Mundial.

Con el proyecto de ley del Plan Nacional de Desa­ rrollo que se aprobó en abril de 2011, en particular mediante los artículos 56, 57, 58 y 59 se pretende facilitar el acceso a tierras a inversionistas colom­ bianos y extranjeros para la puesta en marcha de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, especialmente en regiones como la Altillanura. Con esas reformas no sólo se conduce a agudizar el monopolio de la propiedad rural en un país que tiene una de las mayores concentraciones de la tie­ rra en el mundo (Gini de 0.87), gracias a erráticas políticas públicas y a fenómenos como el éxodo y desplazamiento forzado y el consecuente abandono y expolio de tierras y territorios. Se busca también monopolizar el uso del suelo en cultivos permanen­ tes, semipermanentes y forestales destinados a la producción de alimentos para la exportación o de agrocombustibles, en menoscabo de los pobladores rurales y de la economía campesina, proveedora de alimentos y fuente de empleo rural. Con estos cuatro artículos del Plan se levanta la prohibición de adquirir más de una unidad agrícola familiar (UAF)3 y se fomenta la conformación de Zo­ nas de Desarrollo Empresarial en tierras “baldías” de la nación. Esto significa desconocer los princi­ pios y valores de la Constitución política desarrolla­ dos en la Ley 160 de 1994, en la que se reglamenta, de una parte, el derecho de campesinos de escasos recursos y de los indígenas y afrodescendientes, al acceso justo y equitativo a la propiedad de la tierra rural y, de la otra parte, la unidad agrícola familiar como mecanismo para prevenir la inequitativa dis­ tribución de la tierra y su fraccionamiento. Incluir esta modificación de la UAF beneficiará a grandes empresas, tanto nacionales como extran­ jeras, que ya no tendrán que fraccionar compras, como por ejemplo la que hizo la empresa brasilera


Granja agroecológica en Esquipulas, Chiapas. Foto: Jerónimo Palomares

Mónica Semillas, que en 2008 compró 13 mil hectáreas para la siembra de maíz y soya en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Pero como no podía hacerlo de manera total, pues­ to que la UAF en esta región más o menos es hasta mil hectáreas, lo que hizo fue constituir seis empresas: Catanaribo, Agromarchett, Agrocaxias, Tilava, Manacacias y Monicol, que compraron, por partes, burlándose así de la legislación colombiana. Entonces, refor­ mas como las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo están hechas a la medida de grandes empresas que como Mónica Semillas quieren adquirir grandes extensiones de tie­ rra. Hay que resaltar que hay otros inversio­ nistas interesados en llegar al país como ar­ gentinos, chilenos, chinos, estadounidenses, que seguramente están esperando que se modifique la ley para poder establecerse en Colombia. Aparte de los contratos de inversión en las zo­ nas de desarrollo empresarial, en los contratos de renta (artículo 59) que transferirían finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción, se terminaría sustituyendo el necesario estímulo a la producción agropecuaria por un estí­ mulo a la acumulación de tierra en propiedad y a la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional4. Varios de los aspectos mencionados anterior­ mente han sido señalados por organizaciones agra­ rias del país. Éstas plantean que las reformas conte­ nidas en el Plan Nacional de Desarrollo no pueden hacerse a espaldas de la opinión pública, por lo que elaboraron una carta que fue radicada en el congre­ so de la República con copia a varias entidades que manejan el tema rural, y que fue suscrita amplia­ mente por organizaciones y personas a nivel nacio­ nal, solicitando que se retiren los artículos mencio­ nados. Han propuesto además realizar foros nacio­ nales de discusión sobre estos temas. De igual forma el congresista Wilson Arias ha advertido en varios debates sobre el fenómeno de extranjerización de la tierra en Colombia para desarrollar grandes proyec­ tos agroindustriales, minero-energéticos y foresta­ les. Arias ha hecho importantes denuncias acerca de irregularidades de empresas como Mónica Semillas, que fraccionó su compra para evadir la legislación colombiana y adicionalmente recibió subsidios por más de ¡3 mil 600 millones de pesos! Por lo anterior, consideramos que este modelo que se promueve en el país en materia de tierras, profundizará mucho más la concentración de la propiedad en manos de grandes empresarios (na­ cionales y extranjeros). La visión que se promueve

desde el gobierno a través del ministerio de Agri­ cultura privilegia la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse en activi­ dades más productivas y por usuarios más “eficien­ tes”, haciendo progresivamente de la agricultura de gran plantación la única forma de producción en el campo, lo cual arrasa la agricultura y la economía campesina. Con estas reformas incluidas en el Plan Nacio­ nal de Desarrollo, el campo ya no tiene por núcleo distributivo y enfoque socioeconómico a la familia sino a la empresa; la supervivencia dependerá de la escala de producción; el interés no es la demanda in­ terna y la producción nacional sino abastecer mer­ cados externos de alimentos y bienes de consumo agroindustriales. El sujeto de identificación social no será el campesino sino el empresario o “el socio” (del gran inversionista). l Politóloga e investigadora de políticas públicas ambientales y rurales. paula@semillas.org.co

1 “El mundo toma medidas por escasez de alimentos; se estudia posibilidad de restricciones a las exportaciones”, Periódico Portafolio, 11 de enero de 2011. 2 DNP (2010) loc. cit. 3 Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere. 4 Héctor Mondragón. “¿Burbuja de Tierra en vez de Empresa Agrícola y Pecuaria?”. Grupo se Agricultura y Comercio, Alianza Social Continental. 2011.

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Desalojos violentos en Guatemala

Otra vez las mismas causas Radio Mundo Real. El 15 de marzo se inició el desalojo masivo y violento de 800 familias posesionadas desde octubre de 2010 en el latifundio de la empresa azucarera Chabil Utzaj, el Valle del Polochic, de­ partamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala. Aunque se había anunciado, derivó en una maniobra de provocación a través de grupos de “civiles” que, protegidos por las fuerzas públicas, ingresaron al predio, destruyeron las casas, arrasaron la milpa y arremetieron contra los líderes de la comunidad. La tenencia y uso de la tierra y la so­ beranía alimentaria —las causas que generaron el conflicto arma­ do de los setenta—, permanecen intocadas. En su momento así lo denunció internacionalmente el equipo de comunicación de la Vía Campesi­ na en Guatemala, apuntando que el operativo contó con participa­ ción de la fuerza pública estatal —el Ejército y la Policía Nacional Civil—, pero también hubo ele­ mentos de seguridad del ingenio. En el proceso de posesiona­ miento, los líderes comunitarios contaron con acompañamiento del CUC-VC, iniciándose en octu­ bre de 2010 los trámites de ne­ gociación de esas tierras ante la secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras). El objetivo era bus­ car mecanismos para la compra de las fincas posesionadas. No obstante que existía una mesa de diálogo al respecto, el juzgado de Primera Instancia Penal de Co­ bán, Alta Verapaz, dictó orden de desalojo a petición de la empresa Chabil Utzaj, para el martes 15 Ignacio Cirio,

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de marzo, iniciándose en dos de las catorce comunidades asenta­ das, concretamente Miralvalle y Aguas Calientes. “En lugar de seguir por la vía del diálogo, la familia Widmann, propietarios de Chabil Utzaj, y el gobierno, están optando por la violencia y violación a los dere­ chos”, apuntó la información de la Vía Campesina Guatemala. En momentos en que se ejecu­ taba el desalojo, de nada sirvió el exhorto del Comité de Unidad Campesina a gendarmes y empre­ sarios para que se respetaran la integridad y los derechos huma­ nos de los posesionarios, así como sus propiedades y sobre todo sus cultivos, fundamentales para su alimentación diaria. Al clarear el día 15, se habían instalado en las inmediaciones más de ocho ca­ miones del Ejército, varias patru­ llas de la Policía Nacional Civil, así como civiles contratados por la empresa Chabil Utzaj, a los que en algún caso se los vio vestidos de uniformes del Ejército. Pocas horas después, hacían ingreso al predio tractores y otras maquinarias de la empresa, des­ truyendo los cultivos de subsis­ tencia de las distintas comuni­ dades, a pesar del compromiso asumido en contrario por parte de la policía ante los líderes co­ munitarios. Paradójicamente, la violencia estalló cuando ya comenzaban a retirarse las familias. Es entonces que la policía ingresó de forma violenta utilizando a otro grupo —“campesinos” armados con machetes. Fueron los “civiles”, en efecto, los encargados de reali­ zar el “trabajo sucio” en esa dura jornada. En la retirada, la policía

con bombas lacrimógenas junto con los “campesinos” de choque persiguieron a los posesionarios hasta un terreno privado, ingre­ sando a algunas de las viviendas y golpeando a hombres y mujeres, según testimonios recogidos vía telefónica por Radio Mundo Real. Es así que Antonio Beb Ac, co­ munitario seriamente herido en su cabeza, falleció durante el desa­ lojo de la comunidad Miralvalle. También fue herida de una pier­ na María Elena Pau por parte de agentes que ingresaron a su casa. José Tun y Rafael Suy resultaron heridos de bala, al tiempo que la policía capturó a los líderes Justo Tiul Chen y Sebastián Choc. Según informó el periódico di­ gital guatemalteco Prensa Libre, la policía y el ejército se negaron a confirmar la muerte de Antonio Beb Ac “e incluso llegaron a decir que fue él quien se hirió a sí mis­ mo con su machete” aunque “el fiscal a cargo del caso, Benigno Ramírez, confirmó el homicidio”. Desde la Vía Campesina Gua­ temala se señala que la política seguida por el gobierno de Ál­ varo Cólom no tiene como fina­ lidad solucionar los problemas de conflictividad agraria. “No puede ser que el gobierno ignore las demandas de los campesinos y que, por el contrario, beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcen­ trando la tierra para la siembra de grandes extensiones de mono­ cultivos”, señala la organización. En tanto, Amnistía Interna­ cional ha divulgado la violación de compromisos humanitarios asumidos por Guatemala en este proceso de desalojo: “Los desa­ lojos en el Valle del Polochic se


han llevado a cabo hasta ahora sin una consulta adecuada, aviso adecuado o la prestación de alo­ jamiento alternativo adecuado, y deben cesar de inmediato”, dijo

Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Amnistía Inter­ nacional, al periódico SigloXXI. Condiciones objetivas e impunidad. Daniel Pascual, dirigente del CUC-Vía

Campesina dijo en entre­ vista con Radio Mundo Real que los desalojos masivos se suceden permanentemente en todo el mapa guatemalteco, donde en la actuali­ dad existe cerca de un centenar de posesionamientos de tierras: “es un claro manifiesto de la necesidad de que haya una reforma agraria en Guatemala”, resumió. Hambrunas, desempleo, mi­ gración del campo a la ciudad representan las dolorosas condi­ ciones objetivas para el debate sobre la conflictividad y la imple­ mentación de una reforma agra­ ria en Guatemala; de lo contrario se sucederán estos hechos de vio­ lencia dado que, como sostiene el dirigente campesino, no existen

organismos en el Estado que ve­ len por los derechos de las fami­ lias afectadas. El caso del Valle del Polochic ameritó la presencia en el lugar de

dos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de los Dere­ chos Humanos lo cual, a juicio de Daniel Pascual, daría lugar a una investigación más profunda de los hechos y sus responsables. Dicha presencia, así como las denuncias internacionales cursadas, podrían evitar nuevos actos de violencia cuando aún se encuentran en el predio otras diez comunidades. Daniel Pascual señala que si­ tuaciones como las del Valle del Polochic se fundan en una situa­ ción de extrema desigualdad en que subsisten los campesinos en Guatemala, las cuales coinciden con aquéllas que dieron espacio al cruento conflicto armado que golpeó al país. “Las raíces que dieron lugar al conflicto armado no fueron resueltas, tenemos si­ tuaciones graves de crimen orga­ nizado y de hecho el número de muertos por esas causas han su­ perado a los generados en el con­

flicto armado”, indicó. “Son los mismos terratenientes que usaron la estrategia contrainsurgente los que tienen una actitud totalmente irracional en estos desalojos. Y el ejército contrainsurgente hoy se ha convertido en ejército de las empresas que buscan instalarse en el campo de Guatemala”. El auge de los agrocombustibles en base a caña azucarera y palma africana, remarca Daniel Pascual, ha significado un nuevo empuje desde las empresas y terratenientes para negar el derecho de acceso a la tierra, el derecho a la alimenta­ ción y otras garantías fundamenta­ les a los campesinos del país. Guatemala es uno de los paí­ ses de América Latina en que los niveles de concentración de la tierra se vuelven más lacerantes: “somos un país con mucha tierra de vocación agrícola y de gente muy trabajadora, sin embargo la tierra se encuentra concentrada en muy pocas manos”, indicó Daniel Pascual. Una semana antes de los he­ chos de Alta Verapaz, también habían sido desalojadas total­ mente otras cuatro comunidades mayas, por lo que en contexto nacional es de una verdadera guerra de baja intensidad en que decenas de familias pierden el ac­ ceso a la tierra, sus líderes son cri­ minalizados y encarcelados y los resortes estatales de salvaguarda de derechos permanecen omisos. Los hechos del Valle del Po­ lochic amenazan no ser los últi­ mos en materia de violencia en el campo guatemalteco, invadido de proyectos de agrocarburantes y extracción minera: “Así, con un Estado totalmente omiso y en asociación con las grandes em­ presas, existen las condiciones como para que el tipo de violen­ cia que llega incluso a asesinatos quede en la impunidad”, reflexio­ nó con preocupación el referente guatemalteco. l

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Acaparamiento de tierras en Argentina

Un “manual de Instrucciones” para entregar el territorio GRAIN

¿Qué significa que uno de los más poderosos conglomerados agroalimentarios chinos esté buscando arrendar miles de hectáreas en la provincia de Río Negro, en Argentina, y tenga mucho interés en producir allí soja, trigo, colza, para enviar de regreso a China? ¿Cuáles serán las repercusiones para las comunidades indígenas y en general para la población campesina que habita la región, que ni siquiera fueron consultadas, en relación con estas inversiones y acuerdos comerciales? ¿Por qué el gobierno de la provincia está tan deseoso de pavimentar con todo tipo de privilegios (en beneficio de los inversionistas chinos) el camino de la negociación, sin considerar siquiera la urgente soberanía alimentaria de la región?

Granja agroecológica en Esquipulas, Chiapas. Foto: Jerónimo Palomares

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Manual de instrucciones. De esta forma designó el Foro Permanente por una Vida Digna de la Provin­ cia de Río Negro el Acuerdo que el gobernador de la Provincia firmó hace pocas semanas durante su viaje a China1 y que entrega miles de hectáreas a la empresa estatal china Beidahuang para la produc­ ción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos. La tierra se arrendará para que la firma instale sis­ temas de irrigación y en una primera etapa, Bei­ dahuang invertirá 20 millones de dólares en irrigar y producir en 3 mil hectáreas. Pero el proyecto pre­ tende llegar a invertir 1 450 millones en 20 años, en 320 mil hectáreas. Lo que Beidahuang busca es asegurar alimentos por 20 años. El acaparamiento de tierras explotó como un problema nuevo y global a partir de los años 2007/2008, cuando gobiernos importadores de ali­ mentos y empresas a la caza de beneficios comen­ zaron a comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina con el fin de producir alimentos. El acaparamiento de tierras de cultivo en la actualidad es diferente de las expe­ riencias del pasado: por la magnitud y la velocidad de la toma de tierras; porque no se trata de alimen­ tos suntuarios sino de alimentos básicos; porque el sector privado domina la estampida con un fuerte apoyo de los gobiernos y porque no tiene nada que ver con el “desarrollo”: se trata de expandir y con­ solidar el control del agronegocio y punto.


E

l gobierno provincial de Río Negro presenta este Proyecto como un “convenio de producción de alimentos” y como una inversión para el riego en la zona del valle inferior de la Provincia frente a la negativa del gobierno nacional de aportar recursos para crear infraestructura de riego en la región2. En realidad, el Acuerdo es simplemente una entrega de territorio para la producción industrial de soja con una enorme lista de beneficios incondicionales para la empresa estatal china a cambio de nada. Es importante remarcar que el Acuerdo se dio a conocer a fines de 2010 luego de ser firmado. Los términos de la negociación y sus contenidos se man­ tuvieron en secreto casi por un año, tras anunciarse las primeras conversaciones con el gobierno chino. El Acuerdo se compone de dos convenios (acuer­ do de la cooperación para el proyecto de inver­ sión agroalimenticio y un convenio de cooperación para presentar una propuesta de inversión para la instalación de una nueva terminal portuaria en el área de San Antonio Oeste), más un anexo com­ plementario para avanzar en el “cronograma de cooperación”. Ese “manual de instrucciones” contiene una se­ rie de cláusulas que confirman un modelo de nego­ cios que garantiza las ganancias y la impunidad a la empresa:

¿Quién es Beidahuang? Beidahuang Group es un conglomerado de agronegocios de propiedad estatal, con sede en Harbin, provincia de Heilongjiang. Es uno de los molinos de arroz más grandes en China, y uno de los cinco mayores procesadores de soja, a través de su filial Jiusan Oil and Grain Group. Según el sitio web de la compañía posee casi 5 millones y medio de hectáreas (12% de la superficie total de la provincia de Heilongjiang), 418 mil 094 cabezas de ganado vacuno, 267 mil 266 vacas lecheras, 1 millón 315 mil reproductores porcinos, 2 millones 062 caprinos, y 6 millones 352 mil aves de corral. También es propietaria de 54 aeropuertos y 30 aviones utilizados para la agricultura, 198 centros de procesamiento de granos, 59 establecimientos para el procesamiento de semillas y 24 mil 151 tractores. Beidahuang es una de las pocas empresas nacionales de procesamiento de soja que ha sobrevivido la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001 cuando el gobierno abandonó los controles de precios de la soja y de las importaciones. China se ha convertido en el mayor importador mundial de soja y la industria nacional de molienda de soja ha pasado a manos de las corporaciones que controlan el comercio mundial de soja, como Wilmar, Cargill,

ADM,

Bunge y Louis Dreyfus. Las compañías extranjeras tienen ahora una participación en 64 de las 97 principales empresas chinas de molienda de soja, y el control del 80% de la capacidad total de procesamiento de soja del país. Incluso el poderoso Grupo Beidahuang estaba considerando una alianza con empresas extranjeras. Pero el

CEO

de la compañía, Tian

Renli, dejó en claro que su compañía no renunciará a una participación

* En relación a las “inversiones”: el gobierno de Río Negro ofrece la “mejor política de inversión brin­ dando garantía mediante la creación de leyes”. * En relación a la instalación de la empresa en Río Negro: el gobierno de la Provincia se compro­ mete a brindar sin cargo alguno espacio para oficinas y vivienda en “el domicilio del gobierno provincial” ofreciendo también medios de trans­ porte y equipamiento para la oficina. * Sobre los estudios de viabilidad: el gobierno de Río Negro se compromete a solventar todos los gastos relacionados a los estudios de la “viabili­ dad de la inversión”. Estos abarcarán “ambiente de inversión, recursos destacados, política de in­ versión y beneficios económicos”. * En relación a las tierras: el gobierno brindará para comenzar “sin cargo alguno” 3 mil hectáreas para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento. A partir de allí se “ofrecen” en lo inmediato 20 mil hectáreas de “tierras disponibles sin explotación con las obras de riego por canales de la región valle del Idevi”. A partir de allí, el festival de la entrega continúa con la puesta a disposición de la información sobre 234 mil hectáreas en distintos valles de la Provincia para la futura explotación (Valle de

en el control, ni aceptará “cualquier término injusto impuesto por empresas extranjeras”. En 2009 le dijo al China’s Economic Observer que “si las empresas extranjeras no están de acuerdo con esto, preferimos construir una red de ventas y compras propia y completa de la empresa llevando el proceso de internacionalización de forma independiente”. Parece que la empresa ha optado por esta última alternativa. No sólo existe el Acuerdo para producir soja en Argentina; en 2008 el Grupo Beidahuang informó que ha firmado acuerdos con el gobierno de Filipinas para desarrollar 200 mil hectáreas de arroz, maíz y otros cultivos en la provincia de Luzón. El estado actual de estos acuerdos es desconocido.

Foto: Jerónimo Palomares

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Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Margen Norte, y La Japonesa, Río Colorado). * En relación al pago de impuestos: el gobierno de Río Negro realizará todos los trámites necesarios a fin de aplicar las normas que “exceptúen de to­ dos los impuestos provinciales, tazas (sic), como ingresos brutos, sellos, patentes, etcétera”, a la empresa. Al mismo tiempo, se compromete a rea­ lizar gestiones ante el gobierno nacional para que el ingreso de los fondos para la inversión no esté alcanzado por los “encajes bancarios”. * En cuanto al apoyo técnico: el gobierno de Río Negro pone a disposición de la empresa todos los técnicos de la autoridad de aguas y también todos los anteproyectos elaborados. ­* En relación al uso del puerto: hasta tanto se cons­ truya el futuro puerto incluido en el Convenio, el gobierno de Río Negro ofrece “sin cargo alguno” parte de la zona portuaria del Puerto de San An­ tonio Este y destinará 5 hectáreas para el uso de la empresa (aquí la redacción es confusa y uno debe suponer que la obligación de construcción del puerto nuevo es de la empresa). Es importante tener presente que la firma Bei­ dahuang ni siquiera se encuentra inscrita en la Pro­ vincia y que, hasta estar inscrita, operará como re­ presentante una ignota firma, “Strong Energy”.3 Se repite en la mayoría de los casos de acapara­ miento: los gobiernos son funcionales a los requi­

El Valle Inferior de la Provincia de Río Negro El Río Negro es un curso de agua que se encuentra en la Argentina y que fluye en dirección sudeste. Se identifican tres zonas a lo largo de su curso, el Valle alto, el Valle medio y el Valle inferior. El Curso inferior o Valle Inferior, es la porción que se encuentra en inmediaciones de la desembocadura en el mar Argentino. Allí, el río pierde pendiente, se hace meandroso, presentando antiguos cauces del río, brazos secundarios hasta que entra en contacto con el océano. Esos territorios estuvieron bajo control de los pueblos originarios (mapuches) hasta 1879 cuando se cometió el genocidio llamado “conquista del desierto” y se comenzó la ocupación de esos territorios comenzando a implantarse el modelo agroexportador impulsado por la “Generación del 80”. Una de las condiciones que han cambiado las características productivas de todo el Valle ha sido la creación de infraestructura de riego (los primeros canales fueron construidos en 1884) que permitió que el Valle alto se convirtiera en una zona de producción frutihortícola orientada a la agroexportación (manzanas, peras y uvas son algunas de las principales producciones). Esta infraestructura no se ha realizado en la zona del Valle inferior y es la que hoy utiliza el gobierno provincial como excusa para el Acuerdo con China.

sitos de otros países o empresas para operar libre­ mente en los territorios a los que llegan. No existe ningún tipo de consulta a la comunidad, ni de eva­ luaciones de impactos mientras los intereses de los pueblos son vulnerados y pisoteados. Y, por supuesto, cuando dentro de veinte años la empresa se retire (ése es el plazo de la concesión aunque el puerto se entrega por cincuenta años con renovación automática por otros cincuenta) la tie­ rra estará degradada y los territorios serán desier­ tos que estarán heredando las futuras generaciones como prueba clara del compromiso del gobierno de la Provincia con ellos. El pueblo de Río Negro está reaccionando y desde diversos sectores (estudiantes, organizacio­ nes ecologistas, sindicatos, iglesia) se exige lo que ya es un clamor en todo el mundo: no al acapa­ ramiento de tierras, sí a la tierra en mano de los campesinos, indígenas, trabajadores y pequeños productores para producir alimentos para la sobe­ ranía alimentaria.

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specialistas ambientales de la provincia han denunciado al Proyecto como un “ecocidio”, alertando sobre el “alto impacto ambiental y sa­ nitario en una amplia zona de naturales y escasas precipitaciones (200 mm anuales) y con recursos limitados de disponibilidad de agua”, informando además sobre la irregular zonificación provincial de los bosques nativos (Ley nacional de bosques núme­ ro 26.331) que permite que el Proyecto se desarrolle en esa región4. Antes de la firma del Acuerdo, la organización ecologista Piuke de Bariloche expresó: “esta política que decide el perfil productivo en nuestro suelo está supeditada a las necesidades del país que realiza la inversión en infraestructura. No se vislumbra una vía alternativa frente a la extranjerización de las cadenas productivas. Es decir que, si necesita soja, se hará soja. Nuestra soberanía alimentaria no está contemplada en los proyectos de políticas públicas. No sólo el mercado decide qué es lo que produci­ remos, sino que decide China, actor poderoso y en expansión”. El Grupo de Reflexión Rural ha denunciado tam­ bién el Convenio planteando que “la instalación de un territorio para la producción de soja RR por los chinos sin mayores mediaciones, significa un riesgo incomparablemente mayor que los simples impac­ tos producidos por una agricultura química y a una gran escala. De concretarse, significaría la confor­ mación de un enclave en el territorio patagónico, a niveles similares a los que la propia China y di­ versos países europeos, llevan adelante actualmente


Granja agroecológica en Esquipulas, Chiapas. Foto: Jerónimo Palomares

en África, comprando y apropiándose de inmensos territorios vaciados de sus poblaciones, para usarlos como granjas de producción intensiva de alimentos o forrajes”. 5 Desde el sector estudiantil también se produjo una fuerte reacción. La Asociación Biológica del Comahue, integrante de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología; al igual que los más de 450 estudiantes de 12 provincias reunidos del 8 al 12 de octubre del 2010 en el IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales en la ciudad de Bariloche, expresaron su rechazo abso­ luto al Acuerdo sobre la base de la crítica al avance de la soja transgénica sobre el territorio argentino y el grave impacto que tienen las fumigaciones ma­ sivas con glifosato en los territorios y la salud de las comunidades6. Del mismo modo se expresaron en Viedma y Patagones: “los estudiantes secunda­ rios de los diversos ámbitos educativos de la ciudad que lo conforman, nos oponemos al ‘megaproyecto sojero’ que ha de realizarse en los valles medio e inferior del Río Negro y que compromete 320 mil hectáreas de nuestro patrimonio provincial y nacio­ nal, entregándolo inescrupulosamente en manos de invasores extranjeros”.7 Vecinos autoconvocados, miembros e integran­ tes de organizaciones sociales, profesores, alumnos

y exalumnos de la Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA), miembros e integrantes del Foro Per­ manente por una Vida Digna, del Consejo Asesor Indígena (CAI) Viedma, Centro Universitario Regio­ nal Zona Atlántica (CURZA), y varios partidos po­ líticos reunidos en diciembre de 2010 plantearon: “Rechazamos y reprobamos el ‘Acuerdo Marco’ realizado recientemente entre el actual poder eje­ cutivo de la Provincia de Río Negro con empresas chinas y/o con el Estado chino, que permitiría la explotación de grandes extensiones del valle infe­ rior y medio de Río Negro para el cultivo de soja transgénica por parte de empresas de dicho país, sin haberse dado a conocer en la lengua nacional, resultando ello también sumamente ofensivo a ni­ vel institucional, hacia el propio estado provincial, y por ende hacia los diversos órganos de poder y de control que lo componen”.8 El pueblo mapuche también expresó su repudio al Acuerdo y planteó tomar medidas legales: “la idea es presentar un amparo frente a la Justicia para parar esto, ya que no se ha tomado en cuenta a los pueblos originarios y su derecho, menos aún el derecho al consentimiento previo, libre e infor­ mado, un derecho que está en el Convenio 169 de la OIT y que Argentina ha reafirmado con una ley (la 24.071). Así que la idea es hacer valer ese

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El papel de China en el acaparamiento de tierras China es ostensiblemente autosuficiente en alimentos. Pero tiene una población gigantesca, sus tierras agrícolas desaparecen ante el avance industrial, sus suministros de agua están sometidos a graves presiones y el Partido Comunista tiene un futuro a largo plazo en que pensar. Con el 40% de los agricultores del mundo pero solamente un 9% de las tierras agrícolas mundiales, no debería causar sorpresa a nadie que la seguridad alimentaria sea uno de los puntos principales de la agenda del gobierno chino. Y con más de 1 billón 800 mil millones de dólares de reservas en divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir en su

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propia seguridad alimentaria en el extranjero. Como numerosos líderes y activistas campesinos del sudeste asiático saben, Pekín ha estado gradualmente dislocando parte de su producción de alimentos desde bastante antes de que estallara la crisis alimentaria mundial en 2007. A través de la nueva diplomacia geopolítica de China y de la agresiva estrategia gubernamental de inversión en el exterior, en los últimos años se concretaron unos 30 tratados de cooperación agrícola para dar a las

El Foro Permanente por una Vida Digna ha lan­ zado una campaña bajo el lema “NI SOJA, NI CHINA. Soberanía territorial y alimentaria para la Argenti­ na”, en la que expresa que “nos oponemos al me­ gaproyecto agroexportador instrumentado por el gobierno nacional y provincial que compromete 320 mil hectáreas de suelo y naturaleza rionegrina, a ser entregadas para la potestad de criterio de la Repú­ blica China; que viola nuestras leyes soberanas; que plantea una agricultura sin agricultores; que nos con­ tamina con sus plaguicidas; que perjudica a ésta, y a las nuevas y futuras generaciones”. Las adhesiones a esta Campaña pueden enviarse a: Foro Permanente por una Vida Digna, nisojanichina@gmail.com. A pesar de todos estos cuestionamientos, el gober­ nador Saiz firmó el Convenio y avanza en su concre­ ción. Sin embargo, la comunidad organizada ha plan­ teado que aún no está dicha la última palabra. l

empresas chinas acceso a tierras agrícolas de “países amigos” a cambio de tecnologías, capacitación y fondos para infraestructura chinos. Esto ocurre no sólo en Asia sino en toda África, con una serie de proyectos

Referencias

diversos y complejos. Desde Kazajstán a Queensland, de Mozambique a

1. Soja: China y Río Negro hacen acuerdo ilegal, http:// farmlandgrab.org/17299 , 15-10-2010

Filipinas, está en marcha un proceso sistemático en que las compañías chinas arriendan o compran tierra, montan grandes establecimientos agrícolas a los que envían sus agricultores, científicos y extensionistas a trabajar en la producción de cultivos. La mayor parte de la agricultura china en el extranjero (dislocada) está dedicada al cultivo de arroz, soja (soya) y maíz, junto con cultivos para agrocombustibles como caña de azúcar, mandioca y sorgo. La estrategia china de apropiación de tierras es conservadora: el gobierno protege con mecanismos financieros sus apuestas de inversión y maximiza sus opciones para suministrar alimentos a su país, a largo plazo. La presión de la propia pérdida de tierras agrícolas y suministros de agua en China es tan grande que “China no tiene otra opción” que irse al extranjero, dice un experto de la Academia de Ciencias Agrícolas china. En realidad, el alimento comienza a ocupar un puesto bastante alto, junto con la energía y los minerales, en la estrategia general de inversión externa de China. 9

derecho, porque aunque todavía no está debida­ mente legislado creemos que ya se puede presentar amparos”.10 Desde la Pastoral Social provincial de la Iglesia Católica se expresó el desacuerdo “con el alquiler de tierras públicas o privadas ni a grandes pools de siembra, sean argentinos o extranjeros, ni a provin­ cias de un país como China”. Plantearon que no se dará “la bienvenida a la soja y otros cultivos indus­ triales, en las condiciones que contiene el acuerdo firmado, que en definitiva es hipotecar el futuro de los rionegrinos”.11

2. Accatino confirma el plan, molesto con los críticos, 13-102010 http://www.rocaportal.com.ar/blog/accatino-confirmael-plan-molesto-con-los-criticos/ 3. Se vienen los chinos, http://www.multimedios2deabril.com. ar/?direccion_del_navegador.294.7209 , 31-1-2010 4. Ecocidio en la Provincia de Río Negro. En el año internacional de la biodiversidad. http://www.losquesevan. com/ecocidio-en-la-provincia-de-rio-negro.-en-el-anointernacional-de-la-biodiversidad..724c 5. Colonias del Siglo XXI: alimentos, especulación y arrebato territorial http://www.grr.org.ar/documentos/coloniasxxi.htm 6. Río Negro: profesionales y estudiantes de Biología rechazan la producción de soja en la provincia http:// puertae.blogspot.com/2010/10/rio-negro-profesionales-yestudiantes.html 7. Manifiesto de estudiantes secundarios del Viedma y Patagones, 20-11-2010, http://rionegrocontaminada. blogspot.com/2010/11/ni-soja-ni-china-soberania-territorial. html 8. Argentina: declaración en contra del cultivo de soja transgénica y del modelo herbicida de glifosato, diciembre 2010, http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/ Documentos/Argentina_declaracion_en_contra_del_ cultivo_de_soja_transgenica_y_del_modelo_herbicida_de_ glifosato 9. ¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008, GRAIN, octubre de 2008, http://www.grain.org/ briefings/?id=214 10. http://www.originarios.org.ar/index. php?pageid=13&noticiaid=6782 11. Argentina: La iglesia rionegrina planteó sus críticas al proyecto de sojización con China, 25-12-.2010, http:// farmlandgrab.org/post/view/17922


Ataques, políticas, resistencia, relatos Colombia La resistencia social contra las “locomotoras” de Santos Aurelio Suárez Montoya, Alai Amlatina, 15 de marzo de 2011. Mientras el Congreso de la República discute el Plan

Nacional de Desarrollo que es, de verdad, un plan de ne­ gocios del capital privado, en especial del financiero y del foráneo, diversos sectores se ponen en pie para resistir los embates iniciales por implementarlo. Ese Plan, donde el 40% del presupuesto son las inversiones de conglome­ rados económicos nacionales e internacionales, se funda en “alianzas público-privadas”, primordialmente para las denominadas “locomotoras”, entre las que sobresalen la infraestructura, la minería y el agronegocio, y sin que tampoco sean ajenas para ningún otro campo, incluidas la seguridad social, la salud y la educación superior. El ministro de Transporte, alegando la eliminación de la tabla de fletes para el transporte de carga, dijo que su­ primir la regulación en esta área, dejarla en manos del mercado, era parte de la “modernización” de la infraes­ tructura. Para ello, coincidiendo con el Banco Mundial, el interés es acabar dicho sistema normativo para abrir la puerta a grandes inversionistas, incluso extranjeros, que desalojen a pequeños empresarios o camioneros. El inten­ to de reemplazar por operadores poderosos a algunos de los 140 mil que existen, y que transportan en promedio menos de 3 toneladas al día favoreciendo a multinacio­

Tamaulipas, México La plaga del maíz transgénico Luis Hernández Navarro, La Jornada 15 de marzo de 2011. En los últi­ mos años, el campo tamaulipeco ha estado asolado por la plaga del nar­ cotráfico. Los agricultores deben pa­ gar a los cárteles derecho de piso para poder trabajar o tener protección. Si no pagan, sus ranchos son ocupados por sicarios y sus cosechas y ganado robados. Ahora, además, sufrirán la plaga del maíz transgénico. El pasado 8 de marzo, la Secreta­ ría de Agricultura, Ganadería, Desa­ rrollo Rural, Pesca y Alimentación

nales e importadores se truncó, por ahora, con la férrea y firme protesta de 15 días. Igual ha ocurrido con el proyecto de explotación aurí­ fera de Greystar en Santurbán, en Santander. La marcha de más de 40 mil personas y la audiencia pública, donde se manifestaron desde el gobernador Serpa hasta las orga­ nizaciones campesinas y sociales, contra el despropósito de afectar el agua de la que se surten 2.2 millones de habi­ tantes del oriente colombiano, reiteran que no se aceptará el saqueo a rajatabla de los recursos naturales del país ni por parte de las empresas internacionales ni de los espe­ culadores financieros que las patrocinan. La marcha lechera nacional en Bogotá el 9 de marzo, el plantón de miles de indígenas y asociaciones de pro­ ductores de Nariño en la frontera con Ecuador y la con­ centración en Manatí de ganaderos del sur del Atlántico y del norte de Bolívar —damnificados por el invierno— ra­ tificaron que no será fácil para los consorcios del agrone­ gocio suprimir la leche nacional, incluida la de la cantina, ni por las importaciones ni por el contrabando, ni por los TLC ni por los productos industriales elaborados con leche falsa promovidos para engañar consumidores. La victoria de los lecheros, quienes reivindicaron la justeza de sus de­ mandas, fue contundente. Las “locomotoras”, criticadas por algunos como “fal­ tas de tracción”, enfrentan un mayor desafío: la resistencia social, creciente y erguida, para evitar que aplasten lo que resta de trabajo, producción y bienestar nacional. l

(Sagarpa) otorgó a la transnacional Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603, resistente a herbicidas, en una superficie menor a una hectárea. Se cultivará en predios de agricultores cooperantes, en los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, en Tamaulipas, y en el predio de la Universidad Autó­ noma de Nuevo León, en el munici­ pio de Marín. La autorización es un paso previo para permitir el cultivo comercial del grano. La autorización se dio en contra de la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de Améri­ ca del Norte. Esta institución, deriva­

da del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consu­ mo humano. México es uno de los paí­ ses con más altos niveles de consumo humano de maíz. A pesar de que este estudio no se ha hecho, la Secretaría de Salud dio su aprobación al MON 603. Sagarpa dijo que otorgó esta soli­ citud para siembra piloto porque es necesario usar esta tecnología para aumentar la producción y disminuir las importaciones, en un momento de crisis de alimentos. El argumento es absolutamente falso. Como lo mues­ tran múltiples estudios científicos,

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los transgénicos no fueron diseñados para aumentar los rendimientos, y no sólo no los incrementan, sino que fre­ cuentemente los reducen. El aval del gobierno mexicano a los cultivos es parte de un ambicioso plan de las compañías productoras de semillas genéticamente modifica­ das para ocupar el territorio y el mer­ cado mexicanos. En 2010 Monsanto y Pioneer-Dupont solicitaron 11 per­ misos para la siembra piloto de máiz transgénico en Sinaloa, Coahuila y Durango (La Laguna), Tamaulipas y Chihuahua. La siembra piloto es el segundo paso para llegar finalmente a la siembra comercial. La siembra piloto considera mayores extensiones y relaja las medidas de bioseguridad. A principios de 2011 Sagarpa re­ chazó tres permisos para siembras piloto de maíces transgénicos de Monsanto en Sinaloa. Argumentó que era necesario tener más informa­ ción y que, según un nuevo estudio de Conabio, existían más variedades nativas en el norte del país que las re­ conocidas con anterioridad. Está en proceso de análisis la so­ licitud para la siembra piloto, en los mismos municipios, de otro maíz transgénico de Monsanto, que com­ bina el MON 89034 y el MON 88017.

El maíz MON 603 de Monsanto es un maíz resistente al herbicida glifo­ sato, producido por la misma trans­ nacional. En México se comercializa con la marca Faena. Es famoso entre quienes se oponen a los transgéni­ cos, pues su evaluación, junto a la efectuada a los maíces MON 863 y el MON 810, sirvió de base para lograr la moratoria de siembra en Francia y Alemania en 2009. El profesor de biología molecular Gilles Eric Seralini, experto del go­ bierno francés en OGM y asesor de la Unión Europea en materia de bio­ tecnología, analizó los resultados de un estudio en ratas alimentadas con tres variedades de maíz transgénico, el MON 863, el MON810 y el NK603, fabricados por Monsanto. Seralini encontró que las ratas alimentadas con maíz transgénico registraron toxicidad hepatorrenal, diferencias en el crecimiento, aumento de tri­ glicéridos, problemas de fertilidad y tamaño de los fetos. Concluyó que el maíz transgénico no es un producto seguro para la salud. El estudio de Seralini contradijo los resultados de una investigación previa financiada por la transnacio­ nal, la cual afirmó que no había di­ ferencias entre las ratas alimentadas

con maíz transgénico y las alimenta­ das con dietas convencionales. Mon­ santo, junto con otros científicos, organizó una campaña en su contra. Seralini los demandó legalmente por difamación y ganó el juicio. De acuerdo con la Ley de Biose­ guridad y Organismos Genéticamen­ te Modificados mexicana, la siembra experimental es el primer paso para continuar con la siembra piloto y de ahí pasar a la siembra comercial. Esta legislación fue aprobada por el Con­ greso en 2005 con el voto a favor de varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática y la absten­ ción de otros que dicen estar en contra. La ley fue el mecanismo usado para eliminar la moratoria existente desde 1998. El 9 de marzo de 2009 un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México, por ser país centro de origen del grano. Entre 2009 y 2011 Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer Hi Breed y Syngenta solicitaron 110 permi­ sos para la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León e incluso Jalisco. De éstas ya fueron aprobadas 67 solicitudes en casi 70 hectáreas. Las restantes están en proceso de estudio. Después de aplaudir el uso de transgénicos, algunos medios de co­ municación han propalado la versión de que las especies endémicas de maíz no producen más que hambre. La afirmación es una absoluta estupidez y una vergüenza. La plaga del maíz transgénico ha llegado, junto al narcotráfico, al campo tamaulipeco. Con ello se ha establecido una cabeza de playa para su expansión por todo el país. Urge detenerla ya. Mañana será demasia­ do tarde. l


Ataques, políticas, resistencia, relatos Transgénicos en México Trampas legales Ojarasca, 18 de marzo. México atraviesa por un momen­

to de enorme ilegitimidad de su gobierno. En un momento así, la llamada “incidencia política” (movilizar “contac­ tos” en la clase política para que promuevan iniciativas de ley como las de los estados Michoacán y Tlaxcala, muy promocionadas como leyes defensoras del maíz nativo en México), termina legitimando normas que no necesaria­ mente corresponden con lo que era anhelo de la gente y que sirven de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población. Entre el 15 y el 17 de marzo se reunió en asamblea la Red en Defensa del Maíz (RDM), un espacio que por casi diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspec­ tiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida de cul­ tivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria. Uno de sus logros más concretos es haber logrado mante­ ner, por casi diez años, una moratoria autogestionaria en sus regiones, contra los transgénicos. Ahora, alarmada por las autorizadas siembras piloto de maíz transgénico en Tamaulipas, y por las nuevas leyes estatales de supuesta “protección” del maíz, la Red en Defensa del Maíz reunida en asamblea, emitió el 17 de marzo un Comunicado sobre siembras piloto y leyes estatales de “protección” del maíz donde expresó:

Defender el maíz en México pasa necesariamen­ te por el respeto a la libre determinación y auto­ nomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Rechazamos una vez más cualquier siembra ex­ perimental, piloto o comercial, así como la distri­ bución, almacenamiento, comercialización, de or­ ganismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo). La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la im­ posición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, paten­ tes, denominaciones de origen o derechos de obten­ tor). La soberanía alimentaria requiere condicio­ nes que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; terri­ torios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente. Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa. Rechazamos enérgicamente el primer permiso otorgado para la siembra piloto de maíz trans­ génico de Monsanto en Tamaulipas, ya que estas siembras piloto son únicamente un paso más para lograr la siembra comercial extensiva aunque si­ mulan ser un control de bioseguridad. Están en “análisis para su aprobación” muchos otras soli­ citudes de siembras piloto de variedades de maíz transgénico para distintas regiones del país y des­ pués de ellas el maíz transgénico podrá ser sem­ brado de manera comercial. Según estudios realizados por científicos in­ dependientes, el maíz MON 603, aprobado por el gobierno mexicano en fase piloto a Monsanto, pro­ voca efectos nocivos a la salud, lo que constituyó la base para establecer la moratoria a la siembra de maíz transgénico en Alemania y Francia.

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Reiteramos que México es centro de origen del maíz y en todo el territorio nacional existen razas nativas y miles de variedades que serán inevitablemente contamina­ das con transgénicos. La coexis­ tencia del maíz convencional y el maíz transgénico es imposible. Los mexicanos consumimos maíz cotidianamente en muy altas cantidades y amplios sec­ tores sociales se han manifestado en rechazo a consumir su principal alimento con transgénicos. La RDM (sabiendo que los congresos es­ tatales de Michoacán y Tlaxcala promul­ garon “leyes que se promueven como leyes para proteger al maíz de la con­ taminación transgénica y para esta­ blecer zonas libres de transgénicos”), insiste en que dichas leyes: ...no prohiben la siembra (ex­ perimental, piloto o comercial) de maíz transgénico. Tampoco prohiben la introducción de semillas transgéni­ cas en los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inver­ sión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales... Criminalizan las se­ millas nativas y su libre intercambio. Propician la erosión de la cantidad y cali­ dad de la enorme variedad de semillas de maíz (restringiendo ésta a unas cuantas docenas de varie­ dades por inventariar, que después serán la base para sancionar a quienes transgredan las disposiciones de propiedad intelectual que entraña la ley)... Buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos requisitos de control exigidos sin razón. Some­ ten el quehacer campesino y las decisiones agrícolas a un antidemocrático consejo estatal, que además da muy poco peso a la participación campesina y que

tiene la facultad de “monitorear actos no autoriza­ dos” en las comunidades. “Monitorear actos no autorizados” implica un despropósito monumental que no logra esconder el afán policia­ co de tales leyes estatales y le abre la puerta a los fiscalizadores hasta los rincones del quehacer agrícola ances­ tral. La RDM recalca: Denunciamos la rapidez con que se aprueban estas leyes, desde una mínima representación política, sin consultas reales e informadas a todos los mexicanos y mexi­ canas que seremos afectados por sus implicaciones. Las leyes de Michoacán y Tlaxca­ la de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimenta­ rio, son una trampa porque forta­ lecen y legitiman la Ley de Biodise­ guridad y Organismos Genéticamente Modificados (la famosa ley Monsanto), utilizada para levantar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México. Los procedimientos definidos en es­ tas dos nuevas leyes son una cadena de huecos y complejidades jurídicas y administrativas que entorpecen el acceso a la justicia y el ejercicio de nuestros derechos. Llamamos a los pueblos, comuni­ dades y organizaciones a que exijan la derogación de las leyes federales re­ lacionadas, y a frenar estas leyes estatales que, al igual que el proyecto de ley de con­ sulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo. Llamamos a todas las comunidades y pueblos in­ dígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambian­ do y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico. Rechazamos la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México. l


Ataques, políticas, resistencia, relatos “Agarren a ésa, no la dejen ir” Radio Mundo Real, 29 de marzo, Tela, Honduras. La presidenta de la

Organización Fraternal Negra Hon­ dureña, Miriam Miranda, salió el lunes 28, temprano, a una manifes­ tación pacífica de la comunidad garí­ funa en el paraje El Boquete, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. No vol­ vió a su casa. Fue detenida y golpea­ da por la policía, llevada a la cárcel y acusada de sedición. Nada nuevo, moneda corriente en la Honduras dictatorial. Miriam está herida en el estóma­ go, por las quemaduras que le pro­ vocó una bomba de gas lacrimógeno que le lanzaron. Tuvo también pro­ blemas respiratorios. Un recurso de Habeas Corpus presentado por sus abogados y la presión de varios diri­ gentes sociales hizo posible que la ac­ tivista fuera conducida de la cárcel de Tela al hospital Tela Integrado, de la misma ciudad, fuertemente custodia­ da por efectivos militares y policiales que nunca la dejaron sola. Luego fue liberada condicionalmente y la defen­ sa de Miriam trabaja para que se le otorgue la libertad definitiva. A las 6 de la mañana del 28 de marzo unos 150 garífunas realizaban una movilización pacífica en la zona de El Boquete contra los atropellos a su derecho a la tierra, en rechazo a la subida de precios de los productos de la canasta básica familiar y en so­ lidaridad con el gremio magisterial, que lucha contra la privatización de la educación en el país. Luego de 20 minutos llegó al lu­ gar un grupo de unos 25 policías y militares, que agredieron a los mani­ festantes y realizaron detenciones se­ lectivas. Otro integrante de la Orga­ nización Fraternal Negra Hondureña, Milton Casildo, también fue apresa­ do, golpeado y afectado por los gases

lacrimógenos. Al igual que Miriam, Milton fue liberado. Radio Mundo Real pudo entrevis­ tar el 29 de marzo a la presidenta de la Organización Fraternal Negra Hon­ dureña, ya de vuelta en su trabajo. “Estoy todavía un poco conmociona­ da, pero lista para seguir luchando”, empezó la charla la activista. “Estaba muy claramente diri­ gida la represión hacia mi persona, porque incluso el jefe de la policía, el suboficial Sánchez, gritaba a sus subalternos ‘a ésa agarrenmelá, no me la dejen ir’”, contó Miriam. “Fui brutalmente golpeada, arrastrada por

la carretera y sobre todo una de las bombas lacrimógenas fue dirigida ha­ cia mí, me quemó el estómago y tuve una intoxicación bronquial”, agregó. Miriam fue acusada de sedición y de ser “una persona de peligro para la seguridad interna del país”. A ella no le quedan dudas que la intención era dejarla presa. Dice que la salvó la presión nacional e internacional y el trabajo de los abogados del Frente Nacional de Resistencia Popular, na­ cido contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional, federación ambien­ talista con presencia en cerca de 80 países, y que ha conocido de cerca el trabajo de Miriam en defensa de los territorios de las comunidades garí­ funas, reaccionó con preocupación ante el caso. Integrantes del Comité Ejecutivo de la federación llamaron varias veces a la Fiscalía de Tela para manifestar su alerta. Según denuncia Miriam, el suboficial Sánchez afirmó

durante el operativo contra los mani­ festantes garífunas que si la policía y los militares no lograban hacer caer las “cabezas” del movimiento, se caía todo su trabajo. “Eso es una clara criminalización de la protesta, de los movimientos sociales”, manifestó la activista. Miriam reconoce que tiene miedo por su vida, porque sabe que está “en la mira de este gobierno sucesor del golpe de Estado”. Además, la liber­ tad condicional que se le ha otorgado implica que puede ser detenida nue­ vamente en cualquier momento. La presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña conside­ ra que la represión en el país nunca había sido tan brutal como en el pre­ sente, y afirmó que las comunidades garífunas nunca se habían sentido tan reprimidas como ayer. “Están usan­ do las bombas lacrimógenas no sólo para dispersar, sino como un arma contra la gente en resistencia y movi­ lizándose. Las bombas lacrimógenas matan, ya lo hemos comprobado en las movilizaciones en Tegucigalpa” (capital del país), aseguró. Esa ciudad está totalmente sitiada por militares y policías, según denuncia Miriam. De todas formas, la activista hon­ dureña destaca que el pueblo de su país está en resistencia y que las or­ ganizaciones y comunidades están fortaleciéndose para defender sus de­ rechos. “A pesar de que los medios de la oligarquía de este país quieran ocultar la verdad, éste es un pueblo que está en resistencia permanente. Hay miles de personas que estamos luchando por un país mejor”, consi­ deró. “Hay una oligarquía que utili­ za a Honduras como su finca privada y eso no lo vamos a permitir todos aquellos y aquellas que estamos en resistencia”, sentenció Miriam. l

Ver: RadioMundoReal http://www.radiomundoreal.fm/ Agarren-a-esa-no-la-dejen-ir

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Allanamiento y amenazas contra el maestro ambientalista Mario Mejía Radio Mundo Real, 4 de abril, Cali Colombia. A mediados de marzo fuerzas militares colombianas ingresaron a una pequeña finca propiedad del maestro del ambientalismo latinoamericano Mario Mejía, en el departamento de Va­ lle del Cauca en un operativo que incluyó agresiones y amenazas. La pequeña escuela de agroecología que Mejía sostiene con fines educativos y de preservación ambiental está ubi­ cada en la vereda San Antonio, Loma Pelada de Pradera. Después de largas décadas de trabajo en toda la zona, que lo han convertido en un referente a nivel de Colombia y Latinoamérica en defensa de los derechos de las comuni­ dades campesinas, ése es su actual reducto de militancia ambiental. Sin embargo, según la carta en que el maestro Mejía denuncia lo sucedido, “a mediados de marzo de 2011 las instalaciones que tenemos para alojamiento campesino fueron allanadas por unos setenta militares: arrancaron las cerraduras de todas las habitaciones, dejaron pintas en el comedor que recién habíamos dejado como nuevo, cortaron un colchón, se acostaron en los demás con las botas embarradas, machetearon el fogón de leña, toma­ ron como lugar de aseo el tanque grande de agua potable, se defecaron durante tres días en el arroyo de donde se toma el acueducto de la vereda, se echaron unos tiros con un grupito de guerrilleros, habiendo unos niños de por medio que apartaban unos terneros, violaron la pieza de herramientas, esparcieron por el campo mi colección de machetes viejos y se dedicaron a amedrentar a los cam­

pesinos acusándolos de guerrilleros disfrazados de cam­ pesinos”. La incursión fue similar en características a la efec­ tuada en 2006 contra esa misma propiedad. Mejía reside en Cali, en un humilde apartamento plagado de piedras, fósiles, vegetales, flores, recuerdos de una vida entera ca­ minando el Valle Geográfico del Cauca. Esta zona que supo ser la huerta de Colombia hoy es una vasta exten­ sión de cañaverales para agrocombustibles. Mejía vivió personalmente ese proceso y es referencia absoluta cuan­ do de compromiso con los derechos de las comunidades campesinas se trata. “Nos dicen que somos guerrilleros disfrazados de campesinos y que por tanto no tenemos derecho a nada. De otro lado las FARC también tienen su campaña de te­ rror. Es escalofriante, estamos entre dos fuegos y vamos a ver si somos capaces de sobrevivir”, relató Mejía a Radio Mundo Real. “Mi dificultad ha sido colocarme del lado de los cam­ pesinos, creer en La Vía Campesina, en el agua pura, en la autonomía alimentaria y esas cosas que no interesan a las políticas públicas que están orientadas a la acumulación en manos de grupos privilegiados, tanto de exportación como mineras. El país se ha consolidado así, aunque yo soy optimista, espero que haya una etapa de reflexión en este país cuando la gente común se haga sentir”, dijo en la entrevista telefónica, agradeciendo la solidaridad inter­ nacional que ha despertado su caso. Como forma de ilustrar el clima de impunidad y de criminalización del activismo ambiental, Mejía mencionó el caso de la joven Sandra Viviana Cuéllar, desaparecida en febrero último. “El oficio de ambientalista parecería que se ha vuelto peligrosísimo en Colombia”, indicó. l


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La Vía Campesina La semilla es la base de la soberanía alimentaria

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urante el Foro Defendamos las Semillas Campesinas por la Vida y el Futuro de la Humani­ dad, en Bali, Indonesia, en marzo de 2011, se reunieron unos cuarenta re­ presentantes de organizaciones de la Vía Campesina de Indonesia, Corea del Sur, India, Madagascar, Francia, México, Brasil Chile y El Salvador. Ahí entre todas y todos se emitió una serie de recomendaciones para defen­ der las semillas campesinas. Entre éstas una primera reflexión enfatizaba que: “Nuestras comunida­ des demuestran que nuestras propias semillas son superiores en numerosos aspectos a las semillas comerciales. Las semillas de la industria requieren de inmensas cantidades de insumos químicos, de agua y maquinaria que destruye nuestra salud y la del am­ biente. Llevan a los campesinos hacia la deuda, y a abandonar sus cultivos nutritivos para el beneficio de los cul­ tivos industriales de exportación. Las semillas campesinas son sistemas vi­ vos. Seleccionadas y multiplicadas en los mismos campos que se cultivan, son capaces de adaptarse a las con­ diciones locales y a cambios en el cli­ ma, sin utilizar venenos químicos ni la tecnología industrial. Funcionan bien para las necesidades de nuestros pue­ blos y permanecen en nuestras manos, bajo nuestro control y cuidado. Son una alternativa real a las semillas hí­ bridas y transgénicas de las corpora­ ciones que fuerzan a los campesinos a depender de ellas. Nos damos cuenta que la soberanía alimentaria es, antes que nada, la soberanía de semillas”.

Reconociendo que es indispensa­ ble fortalecer la Campaña Internacio­ nal de Semillas de la Vía Campesina, conocida como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humani­ dad, para “profundizar, expandir y entrelazar el trabajo presente a tra­ vés de apoyo mutuo e intercambio, formación y educación, así como actividades políticas en común”, la Vía se propone insistir en la lucha política por la defensa de las semillas campesinas e indígenas y fortalecer y promover, en la práctica, los sistemas campesinos de semillas. Para la Vía Campesina, “las semillas son la base de la soberanía alimentaria”. Por eso, en su comunicado de re­ comendaciones, los y las representan­ tes presentes insistieron en que “Es urgente publicitar, denunciar y luchar en contra de la criminalización de los campesinos y campesinas que usan y defienden sus semillas. Debemos internacionalizar los casos locales, dándoles visibilidad. Debemos hacer que el mundo entienda que estamos ante ‘una guerra por las semillas’, que de sus resultados depende toda la humanidad, y que en la primera trinchera de esta guerra, defendiendo los intereses de todos y todas, esta­ mos las campesinas y los campesinos quienes mantenemos y usamos las se­ millas campesinas. Éstos son los cam­ pesinos que hoy enfrentan la cárcel,

órdenes de aprensión y demandas le­ gales por el hecho de utilizar y selec­ cionar nuestras propias semillas”. En el mismo sentido la reunión insistió en que se debe mostrar públicamen­ te “la verdadera irresponsabilidad y criminalidad que son la destrucción y privatización de las semillas campesi­ nas y a favor de los transgénicos, las semillas híbridas, y el monopolio de las corporaciones”, y enfatizó que es necesario analizar las políticas y leyes sobre semillas en cada país y “hacer campañas contra las leyes locales, nacionales e internacionales que dan legalidad a la privatización de nues­ tras semillas y que permiten trans­ génicos y otras tecnologías de la in­ dustria para manipular las semillas”. Es crucial emprender una “campaña pública que aclare la amenaza de to­ das las tecnologías industriales para nuestros escosistemas campesinos. Y organizarnos para sacarlas de nues­ tros campos”. Se discutió también en torno a algunos términos, nociones y con­ ceptos como “bancos de semillas”, “patrimonio común de la humani­ dad”, “intercambio libre”, “recursos genéticos”, que no necesariamente reflejan bien la intención, alcances y perspectiva de una campaña como la que emprende la Vía Campesina. Más allá de las conclusiones, lo importante del encuentro es que las organizaciones integrantes de la Vía reflexionen en común en torno al uni­ verso completo del quehacer campe­ sino, intenten entender en lo común los caminos que hay que recorrer y las posibles soluciones que permitan fortalecer la vida campesina, en gran medida indígena, que es la semilla de mucha de la vida en el planeta. l

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Ataques, políticas, resistencia, relatos Sanidad alimentaria para quién: el bienestar de las corporaciones contra la salud de la gente GRAIN, abril 2011

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Éste es un resumen de un nuevo documento de análisis que examina el modo en que la llamada “sanidad alimentaria” o “inocuidad de los alimentos” se está utilizando como instrumento para incrementar el control corporativo sobre la alimentación y la agricultura. También se discute lo que la gente puede hacer, y hace ya, al respecto. El documento completo puede consultarse en: www.grain.org

E

l constante flujo de escándalos, brotes epidémicos y extremas medidas regulatorias que conforman el pa­ quete del sistema alimentario industrial ha hecho de la sanidad alimentaria un punto de importancia mundial. Nuestra creciente dependencia de alimentos y cultivos in­ dustriales concentra a una escala sin precedentes y ampli­ fica de muchas nuevas maneras los riesgos, lo que vuelve más necesaria una intervención para garantizar que nadie enferme a causa de los alimentos. Tras esta intervención, hay una agenda escondida de las corporaciones. El término “sanidad o inocuidad” alimentarias puede hacer creer que se está protegiendo la salud de la gente, o incluso la del ambiente. La Unión Europea pregona que cuenta con un sistema de sanidad alimentaria que va “de la granja al tenedor” —un lema destinado a tranquilizar a los consumidores con la idea de que alguien cuida su salud. Pero lo que ocurre en nombre de esta “seguridad sanitaria” de los alimentos no tiene que ver tanto con los consumidores o con las normas sanitarias sino con buscar que todos aquellos involucrados en producir, preparar y entregar o servir alimentos se sometan a un número de normas y “estándares” fijados por los supermercados y por la industria alimentaria: regulaciones que se impo­ nen, primero que nada, para garantizar las ganancias. Puede ser que los gobiernos sean los que fijen un cuer­ po de regulaciones de sanidad alimentaria mediante po­ líticas y medidas administrativas (inspección de los servi­ cios y otros), pero es el sector privado quien idea e instru­ menta los criterios reales. Esta división público-privada (que implica una complicidad) provoca un conjunto de problemas, y así llegamos a una situación en la que: * en esencia el sector alimentario industrial se regula a sí mismo, lo que refuerza el argumento de que la sanidad alimentaria no está primordialmente relacionada con la

salud pública, sobre todo porque continúan ocurriendo terribles brotes de envenenamiento con comida. * los gobiernos terminan trabajando para el sector corporativo, aun cuando éste no sea su papel, porque el sistema regulador es público pero los criterios y estánda­ res son privados. Ahora, gracias a la globalización y a la liberalización de las regulaciones relativas al comercio y la inversión, este mo­ delo de sanidad alimentaria se va expandiendo —y somete a los campesinos, los pescadores y a los trabajadores de la industria alimentaria por todo el mundo a los dictados de las corporaciones. Si India quiere venderle pescado o uvas a la Unión Europea tiene que someterse a las regulaciones europeas y a los estándares fijados por las cadenas de super­ mercados que controlan el mercado en la Unión Europea. Si los brasileños quieren venderle pollo o soya [soja] a Arabia Saudita, entrarán en juego los criterios de los Estados del Golfo. “Muy bien”, podría uno pensar. “Después de todo, esto tiene que ver únicamente con las operaciones de los grandes establecimientos agrícolas industriales”. Pero no sólo tiene que ver con las exportaciones. La idea —y la rea­ lidad— es que los países adopten estos estándares y los apli­ quen en sus mercados internos también, impactando a fin de cuentas a todos los agricultores de un país en particular. Quién fija los estándares y quién se beneficia con ellos. El comercio internacional jamás había sido tan grande. El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio so­ bre agricultura comenzó a eliminar los aranceles y cuotas hace casi veinte años. Desde entonces, la línea de fuego de las disputas en torno al comercio alimentario se ha trasladado a lo que se conoce como barreras “no arance­ larias”, como las normas sanitarias relacionadas con los alimentos. Hoy, si uno quiere proteger de la competencia a los agricultores de un país, no se puede fijar un aviso fronterizo que diga “Ya tenemos suficientes melones, así que ¡fuera!”, pero sí es posible fijar un aviso que diga: “Sólo aceptamos melones producidos con métodos halal [el modo permitido por la religión musulmana] de 15 a 20 centímetros de diámetro, enjuagados con agua pota­ ble y que tengan certificación de que fueron cultivados en fincas que cuentan con sus propios inodoros”. Esto es muy bueno para Carrefour, cuyos abastecedores con­ tratados producen justamente ese tipo de melones. Pero ¿qué ocurre con los agricultores en pequeña escala que no pueden cumplir con estos criterios ni cubrir los costos de certificación que conllevan? Y si los dejan fuera de los supermercados, ¿qué otras opciones tienen?


Ataques, políticas, resistencia, relatos Una creciente porción de los alimentos que compra la gente les llega a través de las cadenas de abasto de los supermercados transnacionales y las corporaciones que sirven alimentos al público. A nivel mundial, el comercio de alimentos al menudeo obtiene por ventas 4 billones de dólares anuales. Los supermercados hicieron más de la mitad (51%) de esas ventas en 2009, siendo las 15 corpo­ raciones principales las que lograron 30% de las mismas. Juntos, los diez minoristas en alimentos más importan­ tes (Walmart, Carrefour, Metro, Tesco, Schwarz, Kroger, Rewe, Costco, Aldi y Target), tuvieron entradas por un billón y 100 mil millones de dólares en 2009, lo suficiente para ser considerados el décimotercer “país” más rico del mundo. Éstas son las firmas que moldean los sistemas de “sanidad” o “inocuidad” alimentaria de hoy y detentan un enorme poder en decidir no sólo dónde se produce la comida y dónde se vende, sino exactamente cómo se pro­ duce y cómo se maneja. Existe toda suerte de fondos de desarrollo, micro-crédi­ tos y programas de subsidio gubernamental diseñados para ayudar a que los agricultores en pequeña escala cumplan con estos estándares corporativos. Mediante tales progra­ mas, unos cuantos logran posicionarse frágilmente pro­ duciendo por contrato para supermercados como Tesco o compañías de venta de alimentos al público como McDo­ nalds. Pero la realidad es que la mayoría de los campesinos simplemente quedan fuera, dado que los supermercados prefieren trabajar con abastecedores y establecimientos mayores. El espacio para que los campesinos que cultivan coles en China o papas en Zambia puedan comercializar sus productos disminuye con rapidez en la medida en que se expanden los supermercados y las compañías que sirven alimentos al público, y en la medida en que las alternati­ vas, como los mercados al aire libre y los puestos callejeros son cerrados por los gobiernos que insisten en aplicar los estándares corporativos. Sólo las grandes empresas ganan en esta situación —y nada ganan los productores, ni los trabajadores ni los consumidores de alimentos. Cómo salir de este atolladero. Este secuestro corporativo del abasto alimentario no deja de ser cuestionado seria­ mente. Un creciente movimiento popular de oposición con­ firma que una verdadera inocuidad alimentaria proviene de un modelo muy diferente de agricultura y alimentación. Los campesinos y los pequeños productores nos ense­ ñan que la sanidad alimentaria no se logra con una “to­ lerancia cero” a los microorganismos ni con el enfoque de “extrema higiene” que promueven las grandes cor­

poraciones (y que implica pasteurización, radiación, es­ terilización, etcétera). Destruir la biodiversidad, incluida la microflora y la microfauna, provoca inestabilidad, lo que se manifiesta en enfermedades. Es mejor buscar ba­ lances y equilibrios que conlleva la diversidad, dado que son éstos los fundamentos reales de la armonía y la salud. Hacerlo requiere saberes y que haya muy poca distancia entre la producción de alimentos y su consumo, lo que es la base de sistemas alimentarios diferentes, “alternativos” que mucha gente anhela. Debemos defender enérgicamente la agricultura cam­ pesina y la producción de alimentos de base comunitaria, los mercados campesinos, las pequeñas tiendas y los pues­ tos de comida callejera, que con frecuencia son atacados en nombre de la sanidad alimentaria. Ellos son o pueden ser la columna vertebral de economías locales y de lo que muchos consideran como comida más sana. Apoyar estos circuitos está en auge, pero se requieren más inversión y esfuerzo, incluida la preocupación por una verdadera sanidad alimentaria. De igual modo, las campañas por frenar los supermercados extranjeros como Walmart o para evitar que otros países impongan sus medidas ali­ mentarias son sumamente importantes. Al fin y al cabo, la sanidad alimentaria tiene que ver con quién controla nuestros alimentos. ¿Le dejaremos ese control a las corporaciones? ¿No debemos ser nosotros los que los controlemos? Puntos centrales de este documento 1. Aunque suene a salud pública, en realidad lo que se está protegiendo es la riqueza de las corporaciones. Los sucesivos escándalos, brotes epidémicos y medidas regula­ torias extremas han convertido la “sanidad alimentaria” o “inocuidad alimentaria” un asunto global. A primera vista, todas estas acciones parecen dirigidas a garantizar una higiene apropiada, de tal modo que la gente no se en­ ferme. Profundizando, la sanidad alimentaria se volvió un campo de batalla crucial para el futuro de la agricultura y la alimentación y un dispositivo para expandir el control de las corporaciones. 2. La agricultura industrial es el problema en gran medida. El procesado y la comercialización de alimentos a

escala industrial amplifica los riesgos sanitarios de la pro­ ducción. Una pequeña finca a la que se le contamine uno de sus productos (digamos huevos con salmonella), afec­ tará sólo a una pequeña cantidad de personas. Un gran establecimiento al que le pase lo mismo afectará a un gran

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número de personas, incluso más allá de sus fronteras. Muchos de los peores problemas de seguridad sanitaria en los alimentos son generados por las malas prácticas asociadas con la agricultura industrial —enormes dosis de fertilizantes y plaguicidas químicos, la utilización de anti­ bióticos y otros compuestos farmacéuticos con propósitos no terapéuticos, el hacinamiento de gran densidad de ani­ males que favorecen los brotes epidémicos, el abuso su­ frido por los animales para incrementar la productividad y reducir costos, además de las malas prácticas laborales.

6. Los estándares se esparcen por doquier. Las corpora­

ciones y los gobiernos están haciendo más estrictas las re­ gulaciones en torno a la sanidad alimentaria para expan­ dir su control sobre el comercio de alimentos. Pronto será imposible vender un pollo tailandés o un corte de carne brasileño a la Unión Europea si los animales no fueron criados y sacrificados de acuerdo a las consideraciones de bienestar animal de los europeos. De igual modo, ahora hay un enorme interés comercial en definir y fijar regula­ ciones mundiales al comercio de la llamada comida halal [que responde a los modos de la religión musulmana].

3. Los gobiernos establecen las regulaciones pero la industria fija los criterios. Los organismos públicos super­

7. La verdadera seguridad sanitaria de los alimentos pro-

visan ampliamente la aplicación de las políticas de sani­ dad alimentaria. Los gobiernos establecen y supervisan las leyes. Pero es la industria alimentaria —(desde la que abastece de materia prima a la que vende al menudeo) la que define los criterios y los pone en operación. Esto tiene por resultado estándares muy sesgados en favor de las necesidades de las empresas, y que son voluntarios (la llamada auto-regulación). El control sobre los estándares deja a las empresas con la sartén por el mango y le carga a los gobiernos la responsabilidad de los desastres y la obligación de solucionarlos.

viene de los equilibrios, no de los extremos. Los peque­

4. Las corporaciones ganan, la gente pierde. Los están­ dares empresariales buscan maximizar las ganancias y organizar los mercados, no establecer una seguridad sa­ nitaria de los alimentos. Por supuesto, nadie gana nada matando gente, ni enfermándola de gravedad, pero al lograr tal dominación de los mercados y al incidir de tal modo en los regímenes regulatorios, la industria alimen­ taria ha logrado que los incidentes de seguridad sanitaria sean, para las corporaciones, simples costos implícitos en el proceso de hacer negocios. 5. Hoy, los acuerdos comerciales son el mecanismo central para expandir y poner en efecto los criterios de sanidad alimentaria por todo el planeta. Estados Unidos y la Unión Europea utilizan de modo agresivo las políticas comerciales, en especial los acuerdos bilaterales de libre comercio, para impulsar sus estándares y regular el acceso al mercado en favor de las agroempresas. Sin embargo, los exportadores no son los únicos afectados. Los países que adoptan estos criterios industriales, sobre todo en el Sur global, los aplican también a los mercados internos. Como ni los productores ni los procesadores o vendedores de alimentos en pequeña escala pueden cumplirlos (o están en una lógica de produc­ ción muy distinta), quedan fuera de los mercados e incluso se les criminaliza por sus prácticas tradicionales.

ños productores y procesadores nos enseñan que podemos lograr una sanidad alimentaria mediante la biodiversidad, los saberes y la estabilidad que proporcionan los equili­ brios. Como dijera el agricultor francés Guy Basitanelli, de La Confédération Paysanne: “manejar los balances microbianos y proteger y producir cierta flora específica con base al respeto por las prácticas locales y tradiciona­ les, es lo que mejor garantiza la seguridad sanitaria”. En cambio, conduce a la inestabilidad que el sistema empre­ sarial dependa de una higiene extrema mediante una este­ rilización forzada y tecnologías industriales (radiación o nanotecnología). 8. La gente está haciendo mucho para revertir este secuestro corporativo. Hay un fuerte movimiento de

oposición que busca debilitar el control que tienen los agronegocios sobre el sistema alimentario dominante, y busca promover mejores enfoques. La ”sanidad alimen­ taria” o, por hablar más ampliamente, la “calidad de los alimentos”, está en el centro de estas batallas —sea porque la gente y las organizaciones resisten la entrada y/o la expansión de los supermercados y las corpora­ ciones agroindustriales, porque promueven y respaldan la producción de alimentos y sus mercados a nivel co­ munitario y local, porque boicotean a las grandes ca­ denas y los dudosos productos (de los OGM a la car­ ne estadounidense), porque apoyan a los trabajadores de la industria alimentaria en sus luchas por salarios justos, derechos colectivos y prestaciones, porque fre­ nan los llamados acuerdos de libre comercio, o porque reforman las políticas agrícolas con el fin de respaldar la agricultura campesina. Este movimiento está crecien­ do, pero necesita mayor respaldo para convertirse en la columna vertebral de nuestras economías alimentarias y devolverle a la gente la “seguridad sanitaria” de los alimentos. l


Ataques, políticas, resistencia, relatos

El próximo asalto a la biodiversidad Verónica Villa, Grupo ETC, marzo 2011. Las estrategias de las empresas y los gobiernos para aprovechar el cambio climático y así mantener el control sobre la producción energé­ tica, agrícola, tecnológica y de ma­ teriales convergen cada vez más en torno al concepto de biomasa. La biomasa engloba más de 230 mil millones de toneladas de materia viva que la Tierra produce cada año —de árboles a microbios. Esta rique­ za se encuentra principalmente en el Sur global y sustenta la vida de la ma­ yoría de los habitantes del planeta. Hasta ahora sólo 24% de la biomasa terrestre se utiliza en la supervivencia humana y en la producción indus­ trial. Sin embargo, con las nuevas tec­ nologías —nanotecnología y biología sintética, entre otras— la industria puede convertir 86% de la biomasa

global no utilizada en un botín. Una “fiebre del etanol” potenciada miles de veces, pues ahora no sólo se ha­ bla de producción de combustibles, sino de mantener todos los sectores industriales que conocemos y que hasta ahora dependen del petróleo, el carbón y el gas. A esta transforma­ ción la nombran “economía verde” o “economía de la biomasa”. El nuevo uso del término “bioma­ sa” reduce pastos y bosques a fuen­ tes de celulosa y carbón. Con tal de ampliar el negocio, gobiernos e in­ dustria incluyen también como bio­ masa comercializable llantas, lodos de los desagües, plásticos, maderas tratadas, materiales de construcción recubiertos y los desechos de la de­ molición; el estiércol de los animales criados industrialmente y los despo­ jos de los rastros (o mataderos) y de la ganadería intensiva. Ni siquiera con esas cuentas hay suficiente biomasa en el planeta para

lograr una economía que no depen­ da de combustibles fósiles, mante­ niendo el mismo consumo. Estamos sobregirados en el “banco” de la biomasa, en el filo de la muerte pro­ gresiva de bosques y océanos. Aca­ parar los frágiles ecosistemas para encontrar nuevas fuentes de com­ bustibles y otros insumos industria­ les es una acción criminal contra un planeta en crisis, entre otras cosas porque todos esos “deshechos” no utilizados son la base fundamental para reciclar la potencialidad de los suelos y la inmensidad vegetal. La privatización de la materia ve­ getal para transformarla en mercan­ cías diversas, la ingeniería de células para convertirlas en micro-fábricas de compuestos químicos y el reor­ denamiento de los ecosistemas para volverlos proveedores de “servicios” son parte constituyente de la nueva propuesta. En resumen: las industrias y los gobiernos más poderosos quie­ ren seguir con la misma forma sucia, injusta y devastadora de producción y acumulación de capital, pero ahora usando todo lo que quepa en la defi­ nición de biomasa. Y nos lo quieren vender como una economía amigable con el planeta. Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad, es la nueva inves­ tigación del Grupo ETC que desnuda las falacias de la “economía verde” o “economía de la biomasa”. Nuevas amenazas biológicas, nuevos tóxicos y la devastación irreversible de la eco­ logía son descritos detalladamente en el documento. La primera parte da un panorama de la situación actual y de lo que significa para los pueblos y la naturaleza. La segunda parte habla de los actores que impulsan la nueva “bioeconomía” y las tecnologías con las que está asociada. l

http://www.etcgroup.org/es/node/5253

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De un vistazo y muchas aristas

Algunos indicios de la crisis global y las devastaciones venideras Como siempre, esta sección presenta fragmentos de voces, artículos, testimonios 36 declaraciones de muchas personas y colectivos que sufren problemáticas particulares o están al pendiente de ellas para documentarlas, analizarlas y denunciarlas. Ahora, sin afán alarmista, presentamos algunos de los problemas asociados con las actuales crisis combinadas que sufre nuestro planeta, problemas agravados por la devastación que en los territorios de los pueblos desatan las grandes empresas (junto con los gobiernos) por su avidez de hacer negocio, incluso con las crisis. No es un recuento exhaustivo, son sólo unos cuantos ejemplos, pero en los números siguientes continuaremos el recuento, para que tengamos presentes estos problemas y continuemos nuestra reflexión de cómo salirles al paso. La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, en sólo una dé­ cada sus ingresos pasaron del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, sólo superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz. El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero tam­ bién la creciente importancia de otros minerales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista. Lo que ni los bancos ni los industriales mineros in­ forman es que dicho crecimiento se ha fincado sobre la destrucción del medio ambiente pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los cam­ pesinos y los pueblos indígenas. Y cuando éstos se de­ fienden, sobre sus vidas. El auge de la industria minera está manchado con la sangre de quienes deberían be­ neficiarse con esos minerales. Para que esto sea posible cuentan con un marco normativo ad hoc; instituciones públicas a su servicio y políticas que obedecen a sus intereses; todas adecuadas a los intereses del capital

después de las reformas al artículo 27 constitucional mexicano [que abre la privatización de las tierras co­ munales] y la firma de tratados de libre comercio. Un ejemplo de lo permisivo de la ley minera es que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales, y excluida de todo im­ puesto estatal o municipal. Declarar que la minería es de utilidad pública implica que el Estado puede expropiar los terrenos donde se ubican los minerales para entregarlos a los concesionarios, lo cual puede suceder si éstos se niegan a facilitar sus tierras para esas actividades; que sea preferente conlleva el peli­ gro de que pueblos que se asienten en esos terrenos, siembren en ellos o realicen otras actividades impor­ tantes para ellos deben abandonarlos. En otras pala­ bras, el mineral es más valorado que la vida misma. El problema se agrava más tratándose de pue­ blos indígenas por la relación espacial que éstos mantienen con la naturaleza, la cual resulta indis­ pensable para su existencia y desarrollo. Si bien es cierto que las leyes aprobadas en nuestro país no reconocen explícitamente su derecho al territorio, sí lo hacen los documentos internacionales, que tam­ bién tienen validez en el territorio mexicano. Aten­ diendo al contenido de éstos, los pueblos tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería. Pero a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras el gobierno hace como si estos no existieran, lo que en sí mismo ya representa una violación a los derechos de los pueblos. Ellos lo saben. Y no están dispuestos a que se les despoje de su patrimonio. Por eso cada día que pasa vemos más comunidades campesinas y pueblos indígenas oponiéndose a las actividades mineras en sus territorios, porque ello representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos, de donde toman agua para su subsistencia y la contaminación del medio ambiente en que viven. De esto no hablan las cifras del Banco de México ni la Cámara Minera de México. Pero hay que hablar, porque representan los costos sociales y ambienta­ les que los que se benefician con la actividad minera


Por extractivismo entendemos la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancías. Se trata de

una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral. Forma parte del proceso de financierización de las economías, toda vez que podemos considerar el extractivismo como un proceso más especulativo que productivo: las inversiones son mínimas y el retorno del capital es tan veloz como sucede en el sistema financiero. En la producción de soja, y en otros rubros de la agricultura, se alquilan las tierras y las máquinas, de modo que la inversión fija es muy baja en el conjun­ to del capital movilizado. Pero el retorno se produce en apenas una cosecha, al cabo de la cual el pool de siembra puede emigrar a cualquier otro lugar por­ que (precisamente) no se ha fijado en ningún espa­ cio físico. Algo similar sucede con la minería, con la peculiaridad de que las ganancias son fabulosas. Es un modelo excluyente porque no necesita personas. Más aún, las personas son un obstácu­ lo. Mientras el modelo basado en la producción industrial durante la sustitución de importaciones necesitaba trabajadores calificados y gran cantidad de obreros y empleados en la producción y la dis­ tribución, y necesitaba a los consumidores de esas mercancías, con el modelo extractivo sucede todo lo contrario: la mecanización hace irrelevante el traba­ jo humano (la minería tiene un sistema muy similar al de las plataformas petrolíferas con alta rotación de trabajadores especializados que viven muy lejos del lugar de trabajo). Y no hay consumidores, ya que los productos primarios son exportados a países le­ janos para alimentar ganado o para ser procesados. Es un modo de producir mercancías que destruye la naturaleza. “El proceso de privatización y conce­ siones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y fores­ tales se ha ido profundizando en Perú, con los últi­ mos tres gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15% de la Amazonía lotizada y con­ cesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a privatizar el 72% del territorio amazónico en lotes concesionados y entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a las reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario”, dijo el dirigente indígena peruano Al­ berto Pizango al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Bagua.

La extracción empobre­ ce a los países productores y enriquece a las multina­ cionales. Paga impuestos apenas simbólicos y en ocasiones nada, ya que es­ tos emprendimientos sue­ len implantarse en limbos jurídicos como las zonas francas y aprovechan to­ das las ventajas que les ofrecen los países propie­ tarios de esas riquezas. Forma parte de lo que el geógrafo David Harvey ha definido como “acumula­ ción por desposesión” o, si se prefiere, por robo o apropiación. El reciente in­ forme del Banco Mundial, Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?, afirma que los países de la región “llega­ ron a ser de los más prós­ peros del mundo gracias a la producción de metales precios, azúcar, caucho, granos, café, cobre y pe­ tróleo”. Suena extraño que la expoliación colonial sea leída de ese modo por una institución que pretende orientar las políticas nacio­ nales. Más aún, asegura que “las exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la región, llenando las arcas de los gobiernos”, y que América Latina “puede derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero” de las economías centrales. Casi un insulto. Omite, por ejemplo, la creciente militarización de áreas enteras para despejar población molesta para este tipo de acumulación, que tiene en la guerra co­ lombiana su mayor expresión. Los territorios de la guerra son exactamente aquellos donde las multina­ cionales han puesto sus ojos para apropiarse de los bienes comunes como lo muestran varios estudios. En paralelo, el agronegocio se apropia de millones de hectáreas desplazando a la población campesina productora de alimentos, con lo que la seguridad alimentaria de las naciones de debilita.

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Granja agroecológica en Esquipulas, Chiapas. Fotos: Jerónimo Palomares

no pagan y se trasladan a la sociedad en general. Francisco López Bárcenas, “Minería y pueblos indios”, La Jornada, 17 de febrero de 2011


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En consecuencia, este modelo genera pobreza y exclusión. El economista argentino Claudio Katz recordó un estudio de CEPAL que afirma que en la Argentina el 10% más rico tiene un ingreso per cá­ pita mayor que ese mismo sector en los países an­ glosajones, en tanto la población con menores in­ gresos es veinte veces más pobre que los estratos más bajos de los países desarrollados. Raúl Zibechi, “Pan para hoy, incertidumbre para mañana”, Alai Amlatina, 27 de octubre de 2010

año pasado urgiendo a tomar precauciones contra el desarrollo de iniciativas de biochar en gran es­ cala y a ponerle un alto a los créditos de carbono. Comunicado de prensa de 21 grupos de la sociedad civil incluido el Movimiento mundial por los Bosques Tropicales, Econexus, African Biodiversity Network, el Grupo ETC, Gaia Foundation entre otros, 30 de agosto de 2010

Veintiún grupos de la sociedad civil expresaron su azoro y su indignación ante el artículo (aparecido en

tización del aire. El principal instrumento para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evi­ tada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones internacionales sobre el clima. La propuesta de los programas REDD es que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo de­ foresten. Por ello se llama deforestación evitada: pri­ mero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario donde “ambas partes ganan” como dicen los empresarios y sus ONG ami­ gas. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva hayan des­ truido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10% del área original se cuente como deforestación evitada. Al programa ori­ ginal se le agregaron versiones llamadas REDD++, que incluyen pagos por acrecentar los inventarios de car­ bono y pagos por conservación y manejo sustentable del bosque. En el primer caso se trata de, además de deforestar, establecer en su lugar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Lo más perverso de este mecanismo es lo que lla­ man “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus derechos y territorios. La propuesta de REDD es que como se paga, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser verificable, es decir, de­ finido por agentes externos a las comunidades. Para éstas y los ejidos significa pagar caro a expertos para que les digan qué pueden o no hacer en sus propios bosques y territorios, y firmar voluntariamente (o engañados por instituciones gubernamentales y ONG que gestionan estos programas) la alienación de su manejo autónomo del territorio, para poder cobrar unos pesos por la supuesta capacidad de absorción de sus bosques. Esa capacidad la compran empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases

la revista Nature) de Johannes Lehmann y Stephen Jo­ seph, presidente y vicepresidente de la Iniciativa Inter­ nacional Biochar, e impulsores de créditos de carbono y subsidios al biochar). El texto propone que en aras de mitigar el cambio climático podría ser útil convertir en plantación de carbono un área de tierra más gran­ de que India. Algo tremendo. El artículo, publicado en agosto de 2010 en Nature Communications, alega que se podría neutralizar 12% de los gases con efecto de invernadero produciendo vastas cantidades de car­ bón para luego añadirlas al suelo, según las prácticas conocidas ahora como biochar. Pese a que los autores alegan que esto puede hacerse sin trastocar los hábi­ tats naturales y las tierras de cultivo, las cifras y cálcu­ los ofrecidos arrojan un panorama muy diferente, que implica el trastocamiento de las tierras a una escala nunca antes vista. Los autores alegan que existen unos 200 millones de “tierras de cultivo abandonadas” que podrían convertirse en plantaciones de árboles y otros cultivos para producir biochar. Alegan que otros 170 millones de pastizales tropicales podrían convertirse en plantaciones de árboles de corta rotación para pro­ ducir biochar y forrajes animales. El concepto de “tierras de cultivo marginales o abandonadas” ha sido fuertemente criticado por los movimientos sociales y los grupos de la sociedad ci­ vil por todo el mundo porque el término hace refe­ rencia expresa a tierras de las que dependen en gran medida millones de pastores y agricultores campe­ sinos. Referirse a las tierras comunitarias ricas en biodiversidad como “abandonadas y marginales” y asumir que tales tierras están “disponibles” para convertirlas en carbón tiene ya el efecto de promover acaparamientos masivos de tierras —especialmente en África, Asia y América Latina. Tales tierras, en realidad, juegan un papal esencial en mantener la biodiversidad y en regular el clima. Los grupos que criticaron lo sesgado del artículo de Nature Communications son parte de un grupo mayor que incluye a más de cien organizaciones que firmaron una declaración internacional a fines del

Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la priva-


131 años de registro. Esta noticia no es sorpresa para

los residentes de 19 países que experimentaron un ca­ lor récord en 2010. Bielorrusia fijo un récord de 38.9 grados Celsius, para Europa, Birmania sufrió una tem­ peratura de 47.2 grados Celsius para el sureste asiático completo. El 26 de mayo de 2010, la antigua ciudad de Mohenjo-daro en Pakistán llegó a 53.5 grados Cel­ sius —un récord no sólo para el país sino para toda Asia. De hecho ésta es la cuarta temperatura más alta registrada alguna vez en cualquier parte del mundo. Granja agroecológica en Esquipulas, Chiapas. Foto: Jerónimo Palomares

con efecto de invernadero, para seguir contaminan­ do con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en otra parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, esto entra en un mercado secundario de créditos de carbono donde la misma empresa puede reven­ der a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es la especu­ lación secundaria, es decir, la venta y reventa de, lite­ ralmente, puro aire. Silvia Ribeiro, “Vendiendo aire”, La Jornada, 11 de septiembre de 2010 La gran industria farmacéutica casi ha conseguido eliminar a todos sus competidores. Desde el

1 de abril de 2011 todas las hierbas medicinales se convertirán en ilegales en la Unión Europea. Las personas sólo podrán medicarse con los productos que genere esta industria, sin ninguna otra opción, y pagando los precios que quiera. La industria farmacéutica y la agroindustria com­ pletaron en marzo el proceso para asumir cada uno de los aspectos relacionados con la salud, y los alimentos que tenemos que consumir. Todo ello promete acabar con la poca salud de la que dispongamos. El primero de abril se celebra a los santos ino­ centes. Ésta es la broma más despiadada de todos los tiempos. La Directiva Europea de Productos Medicinales Herbarios Tradicionales puso normas para el uso de los productos herbolarios que eran utilizados libremente con anterioridad. Esta directiva requiere que todas las preparacio­ nes herbolarias sigan los mismos procedimientos uti­ lizados por los productos farmacéuticos. Incluso si la hierba se ha utilizado durante miles de años como remedio. Los gastos para conseguir esta aprobación son tan altos que sólo las grandes empresas pueden costearlo (del orden de 80 mil a 120 mil libras ester­ linas por hierba), y cada hierba que forme parte de un compuesto tiene que ser ensayada por separado. Poco importa que una hierba haya sido utiliza­ da sin peligro y con eficacia durante mucho tiempo. Recibe el mismo trato que un medicamento. Las hierbas son ajenas a este proceso. Son preparacio­ nes hechas a partir de fuentes biológicas. No son purificadas, ya que podría cambiar su naturaleza y eficacia. Supondría una deformación de su natura­ leza y un cambio en su uso como medicinas. Heidi Stevenson, Gaia Health, “Las hierbas medicinales desaparecerán de la UE”, noticiasdeabajo.wordpress.com, 27 de septiembre de 2010 En 2010 la temperatura promedio global fue de 14 grados Celsius, y 2005 fue el año más caluroso en los

La temperatura de la tierra no sólo aumenta, sino que trepa a tasas cada vez más aceleradas. Entre 1880 y 1970 la temperatura promedio global creció más o menos en 0.03 grados Celsius por década. Desde 1970, ese ritmo incrementó de forma dramática a 0.13 grados Celsius por década. Dos tercios del incre­ mento de casi 0.8 grados Celsius en la temperatura global desde 1880 ocurrió en los últimos 40 años. Y 9 de los 10 años más años más calurosos ocurrieron en la última década. La temperatura global está influida por varios factores, algunos naturales y otros debidos a las actividades humanas. Un fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur se caracteriza por extremos en las temperaturas del Océano Pacífico y cambios en los patrones atmosféricas. El ciclo implica fases opuestas, y ambas tienen impactos globales. La fase de El Niño por lo general aumenta la temperatu­ ra promedio global, mientras que su contraparte, La Niña, tiende a bajarla. Las variaciones de temperatura son también determinadas por los ciclos solares. Dado que estamos próximos a uno de los mínimos de irra­ dicación solar (qué tanta energía recibe la tierra del sol), y justo entramos en un episodio de La Niña en la segunda mitad de 2010, habríamos esperado un año más fresco de los normal —lo que hace de la alta tem­ peratura récord de 2010 algo todavía más notable. Desde la Revolución Industrial, las emisiones de las actividades humanas, los gases con efecto de in­

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vernadero como el bióxido de carbono, han pues­ to al sistema climático de la tierra muy fuera de su rango normal. Los niveles de bióxido de carbono en la atmósfera han subido casi 40 por ciento, de 280 partes por millón a casi 390 partes por millón. Al sobrecargarse de esos gases, que atrapan el calor, la temperatura de la tierra sigue subiendo. No son sólo las poblaciones costeras las amena­ zadas por las crecientes temperaturas globales. Ma­ yores temperaturas reducen la productividad de los cultivos y las reservas de agua, lo que afecta la segu­ ridad alimentaria a nivel mundial. Los agrónomos han trazado una correlación entre los aumentos de un grado Celsius de temperatura por arriba de lo óptimo durante la temporada de crecimiento y una caída del 10 por ciento en la productividad de los cereales. Las olas de calor y las sequías pueden oca­ sionar también recortes drásticos en las cosechas. Los glaciares montañosos, que se encogen en todo el mundo por el aumento de temperatura, son la reserva de agua de riego y potable para gran parte de la población mundial incluyendo a cientos de mi­ llones de personas en Asia. Alexandra Giese, Global Temperature, Earth Policy Institute, enero de 2011 Los herbicidas, especialmente el glifosato, son ampliamente utilizados en todo el mundo. Países

como Argentina, Colombia y Brasil sufren agresión social y política, además de las consecuencias ecoló­ gicas y sanitarias derivadas de su uso. El glifosato no sólo afecta a las plantas a las que se supone que va dirigido. Es importante estudiarlo no sólo por las consecuencias sobre la salud huma­ na, sino por las que tiene sobre el ambiente: de la contaminación de aguas a la disminución en la su­ pervivencia de diferentes artrópodos, lo que afecta gravemente a la cadena trófica de los entornos agra­ rios donde se utiliza este herbicida [...] El glifosato no se utiliza únicamente en el control de “malas hierbas”, sino que se utiliza para destruir distintos cultivos, tanto legales como ilegales. Nu­ merosas organizaciones sociales, humanitarias y ecologistas han denunciado su uso en las fumigacio­ nes llevadas a cabo por el Plan Colombia. Porque las fumigaciones no sólo afectan al ambiente, sino que directa e indirectamente afectan a la salud y a la vida de las personas provocando el desplazamiento de poblaciones enteras. Suponiendo que la especificidad del compuesto fuese tan elevada como para sólo afectar a la enzima que sintetiza aminoácidos esenciales en las plantas, su acción también afecta sin duda la flora microbiana necesaria para mantener la fertilidad y el equilibrio ecológico del suelo, incluida la flora necesaria para

que plantas como la soja se desarrollen correctamen­ te. Es importante indicar la aparición de resistencias al glifosato tanto por la transferencia entre plantas transgénicas y silvestres, como por mutaciones, es­ tas resistencias hacen necesario el uso de más canti­ dad de producto, con las consecuencias obvias [...] Es muy complejo el estudio epidemiológico de las consecuencias del uso del herbicida sobre las po­ blaciones. No se pueden sacar conclusiones serias con el típico ejemplo: “Después de pasar la avione­ ta enfermé”. Existen muchas investigaciones serias (aunque no suficientes) como para necesitar especu­ laciones, rumores y exageraciones. [...] Un grupo francés, liderado por el doctor Serali­ ni, tiene varios estudios en el 2009 que indican que el glifosato es tóxico a concentraciones hasta 400 veces por debajo a las detectadas en los vegetales tratados con glifosato [y que se supone] aptos para el consumo humano. Genera problemas hormona­ les (en los receptores de andrógenos y estrógenos), daño en el ADN y efectos dañinos para las células. Además de las alteraciones hormonales, existen otros estudios que indican que el glifosato promue­ ve tumores y sus adyuvantes [...] Si de por sí es perverso el uso de estos venenos en alimentación por las consecuencias sobre la salud tanto de las poblaciones que los producen como las que los consumen, qué decir cuando las fumigacio­ nes son utilizadas con el fin de desplazar a comuni­ dades enteras. En Colombia, el glifosato se utiliza, además de la agricultura, en la fumigación de culti­ vos, lícitos e ilícitos y con el objetivo de desplazar a la población civil del terreno. El gobierno colombia­ no, para justificar su uso, realiza estudios que con­ cluyen que las fumigaciones no tienen consecuen­ cias sobre la población, basándose en que las ciento y pico personas estudiadas tenían presencia de gli­ fosato en orina porque ¡ya estaban en contacto con el mismo por su trabajo! ¿Y por qué no investigaron personas que no trabajaran con el herbicida? [...] Es importante indicar que la fumigación de la coca llevada a cabo por el Plan Colombia, así como la fumigación de cultivos lícitos, está produciendo efectos devastadores sobre la población civil: enfer­ medades, malformaciones, abortos, contaminación de aguas, y por último desplazamiento. Lo expli­ cado más arriba demuestra que el uso del glifosa­ to sobre la población, sea cual sea el motivo, es un crimen contra la humanidad que debería ser juzga­ do. Alfredo Caro-Maldonado “¿Qué se sabe de las consecuencias del uso del glifosato?”, International Action for Peace, Agencia Prensa Rural, 21 de noviembre de 2010 l


BIODIVERSIDAD

Contenido

SUSTENTO Y CULTURAS

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad yCulturas

Número 68, abril de 2011 Biodiversidad, sustento y culturas es una publicación trimestral de información y debate sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. El uso y conservación de la biodiversidad, el impacto de las nuevas biotecnologías, patentes y políticas públicas son parte de nuestra cobertura. Incluye experiencias y propuestas en América Latina, y busca ser un vínculo entre quienes trabajan por la gestión popular de la biodiversidad, la diversidad cultural y el autogobierno, especial­mente las comunidades locales: mujeres y hombres indígenas y afroamericanos, campe­sinos, pescadores y pequeños productores. Organizaciones coeditoras Acción Ecológica notransgenicos@accionecologica.org Acción por la Biodiversidad agenciabiodla@gmail.com Campaña de la Semilla de la Vía Campesina – Anamuri internacional@anamuri.cl Centro Ecológico revbiodiversidade@centroecologico.org.br grain carlos@grain.org Grupo etc etcmexico@etcgroup.org Grupo Semillas semillas@semillas.org.co Red de Coordinación en Biodiversidad rcbcostarica@gmail.com redes-at Uruguay biodiv@redes.org.uy Sobrevivencia biodiversi@sobrevivencia.org.py Comité Editorial Carlos Vicente, Argentina Ma. Eugenia Jeria, Argentina Maria José Guazzelli, Brasil Germán Vélez, Colombia Silvia Rodríguez Cervantes, Costa Rica Camila Montecinos, Chile Francisca Rodríguez, Chile Elizabeth Bravo, Ecuador Ma. Fernanda Vallejo, Ecuador Silvia Ribeiro, México Verónica Villa, México Magda Lanuza, Nicaragua David Cardozo, Paraguay Norma Giménez, Paraguay Martin Drago, Uruguay Administración Ingrid Kossmann ingridbiodiversidad@gmail.com Edición Ramón Vera Herrera constelacion@laneta.apc.org ramon@grain.org Diseño y formación Daniel Passarge danielpassarge@gmail.com

Depósito Legal núm. 340.492/07 Edición amparada en el decreto 218/996 (Comisión del Papel) issn: 07977-888X

editorial

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La Revolución Verde en Ruanda: un programa autoritario de intensificación agrícola al servicio de la agroindustria

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Voces de África

Mamadou Cissokho: “Déjennos trabajar y alimentaremos África” e Ibrahim Coulibaly: “El acaparamiento de tierras en Mali”

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Ya apareció el número 5 de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicada con el apoyo de varias organizaciones ambientalistas. En esta ocasión el eje temático abordado es la salud en el medio rural y en la agricultura. En ella encontrarán, entro otros temas: •Sin soberanía alimentaria no hay seguridad alimentaria •Con los alimentos, o nos construimos o nos destruimos •Transgénicos, experimentando con nuestra salud. De esto y más se reflexiona y profundiza en el número 5 de la revista, complementado con ejemplos de luchas campesinas, rurales o urbanas que con imaginación y tesón, se organizan colectivamente para combatir legislaciones inadecuadas, recuperar sabidurías desprestigiadas, variedades de cultivos locales o espacios urbanos en desuso, donde crecen ya alimentos sanos.

Colombia:

Promoción del mercado de tierras en el plan de gobierno

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Guatemala:

Desalojos violentos: otra vez las mismas causas

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Argentina: acaparamiento de tierras en Río Negro

Un “manual de instrucciones” para entregar el territorio

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ataques, políticas, resistencia, relatos

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Si desea recibir trimestralmente la revista puede enviar sus datos completos a Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, por correo postal a: [GRAIN. c/ Girona 25, principal. BARCELONA, 08010 ] ó por correo electrónico a: [suscripciones@soberaniaalimentaria.info] Debe facilitarnos su nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. El coste de la suscripción es de 40 € anuales que deberá ingresar en la cuenta corriente: 0128 0505 23 0100026011, haciendo clara referencia en el concepto a su nombre. Las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden solicitar recibir ejemplares gratuitamente solicitándolos a alguna de las organizaciones colaboradoras o a la propia revista.

Colombia: la resistencia social contra las “locomotoras” de Santos | Tamaulipas, México: la plaga del maíz transgénico | transgénicos en México: trampas legales | Honduras: agarren a ésa, no la dejen ir | Colombia: allanamiento y amenazas contra el maestro Mario Mejía | Vía Campesina: la semilla es la base de la soberanía alimentaria | sanidad alimentaria para quién: el bienestar de las corporaciones contra la salud de la gente, un resumen | biomasa: el próximo asalto a la biodiversidad de un vistazo y muchas aristas

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Algunos indicios de la crisis global y las devastaciones venideras

Las fotografías de este número fueron tomadas en Ruanda por Manuel Milz, quien nos hace un relato de la Revolución Verde en ese país, con su cauda de monocultivo, intensificación agrícola, agrotóxicos y semillas “mejoradas”. Hay también algunas fotos sueltas que son parte de un trabajo más amplio, tomadas por nuestro colaborador Jerónimo Palomares en torno a granjas agroecológicas campesinas en Chiapas, México. Presentamos ahora algunas de estas fotos, pero la serie completa la reservamos para números subsecuentes. Los dibujos son diseños textiles, arquitectónicos, de alfarería y cestería que provienen de los pueblos de Egipto, que ahora están en los ojos del mundo. Sirva ésta muestra como una celebración para el pueblo de Egipto y de toda la región. Fueron tomados del libro Diseños islámicos de Egipto, The Pepin Press/Agile Rabbit Editions, Amsterdam, 2007. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus experiencias, sugerencias y comentarios. Dirigirse a Ingrid Kossmann ingridbiodiversidadla@gmail.com Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por favor envíennos una copia para nuestro conocimiento. Agradecemos la colaboración de la Fundación Siemenpuu, de la Fundación Heifer y de CNCD 11.11.11. Agraim el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Biodiversidad, sustento y culturas es una revista trimestral (cuatro números por año). Se distribuye la versión electrónica gratuitamente para todas las organizaciones populares, ONGs, instituciones y personas interesadas. Para recibirla deben enviar un mail con su solicitud a: Acción por la Biodiversidad sitiobiodla@gmail.com Asunto: suscripción revista Por favor envíen los siguientes datos Correo electrónico, Organización, Actividad principal de la organización, Nombre y apellido, Teléfono, País, Dirección postal: código postal, ciudad, provincia (municipio), departamento (estado o entidad)


Vernos en el espejo de África: programas autoritarios de intensificación de cultivos, acaparamiento de tierras, devastación y despojo de recursos naturales


Biodiversidad, sustento y culturas N° 68  
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