SECRETARÍA DE GOBIERNO
Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana
En este escenario, sería previsible esperar un mejoramiento a nivel de la tranquilidad ciudadana al reducirse, con la desmovilización, los requerimientos de fuerza pública y organismos de seguridad destinados hoy a la lucha y a la inteligencia antisubversiva en varias regiones del país. Bandas delincuenciales que hoy se amparan a la sombra de estas organizaciones armadas que se desmovilizan, tendrán dificultades para seguir operando. La organización política resultante de la desmovilización de estas organizaciones, los orientará a desarrollar tareas de carácter proselitista, organizativo y político en el resto del país. Es común en los procesos de desmovilización de organizaciones al margen de la ley, que el número de sus miembros se vea incrementado por lo que podríamos llamar, adhesiones de último momento, fenómeno, que en el caso de los paramilitares, permitió que estas fuerzas aumentaran a más del doble el número de sus miembros reales. Un elemento que será determinante en esta temática está ligado al destino de las armas que hoy posee la guerrilla. Para citar un caso, en El Salvador, después de la desmovilización del FMLN, muchas de las armas que éste poseía terminaron en las calles y fueron la razón para que después se produjera un inmenso deterioro de la seguridad, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Lo anterior requiere que en la firma de los acuerdos se permita un control y se establezca el destino de las armas en su poder. En lo que sí es factible esperar un impacto sobre la tranquilidad ciudadana en Bogotá D.C., es el incremento significativo de las movilizaciones y la protesta social. Pero su impacto tampoco será mayor en la vida de la ciudad si estas expresiones toman un carácter pacífico. París es una capital en la que se dan alrededor de 3.000 manifestaciones al año, por lo que la ciudad ya tiene establecidos mecanismos para permitir estos movimientos sin que se generen serios traumatismos en la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos(as). Bogotá D.C., debe establecer los mecanismos que permitan el ejercicio del derecho a la protesta sin entorpecer la vida cotidiana de la ciudad. La reinserción para la consolidación de la paz como política de Estado, en la cual Bogotá D.C., no es ajena, debe generar un compromiso social, ético y económico de las instituciones distritales para el acompañamiento en la implementación de mecanismos efectivos y de seguimiento a este proyecto. 146