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desobediencia civil”, y finalmente, “promover el derrocamiento del gobierno por cualquier vía”. c. Se demostró que el tratamiento de la información por los periodistas del Canal, incluyendo sus comentarios, opiniones y hasta sus críticas a la gestión del Gobierno, están protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información, y se ajustan a los principios y criterios fijados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las celebres sentencias 1013/2001 y 1942/2003. 8. Se solicitó a las Cortes que desapliquen por inconstitucionales los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, toda vez que las infracciones allí establecidas son demasiado vagas y genéricas, y las sanciones absolutamente desproporcionadas y confiscatorias, lo cual infringe los artículos 49 y 112, entre otros, de la Constitución. 9. Se denunció y comprobó que la sanción del Directorio de Responsabilidad Social constituye un flagrante desacato a la sentencia dictada el 28 de enero del 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los trabajadores de GLOBOVISION 10. Se denunció y comprobó el vicio de desviación de poder, por cuanto la presente sanción es un instrumento más de la política de hostigamiento y amedrentamiento que desde hace varios años y desde la cabeza misma del Gobierno Nacional, se ha seguido en contra de Globovisión. 11. Finalmente, se denunció que además de violar una multitud de derechos constitucionales (lo que de por sí hace procedente el Amparo Constitucional), y se comprobó mediante los documentos contables correspondientes, que la multa es IMPAGABLE, toda vez que su cuantía representa “una suma relativamente considerable para el manejo cotidiano de la empresa” y su pago inmediato, antes de que haya una sentencia definitivamente firme, “afectará gravemente la situación financiera” del Canal y anula , circunstancias todas estas que justifican la suspensión provisional de los efectos del acto sancionatorio, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Los recurrentes tienen la expectativa de que la acción sea admitida a trámite y que en ese mismo acto de admisión, la Corte otorgue el amparo constitucional y suspenda en consecuencia el pago de la multa hasta que haya una sentencia definitiva. GLOBOVISION confirma que esto es una multa por informar y ratifica su compromiso con los Valores Superiores previstos en la Constitución, y especialmente con el Estado de Derecho, las Instituciones y la defensa de los Derechos Humanos. Reitera una vez más su compromiso de seguir informando ética, veraz y responsablemente, sin autocensura, sobre los asuntos de interés público, sin que estas medidas arbitrarias del Gobierno Venezolano censuren el derecho a buscar, recibir y difundir información que tiene toda persona en una sociedad democrática.

Globovisión pide nulidad de multa  

Globovisión pide nulidad de multa

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