Congreso
21 de febrero de 2012.—Núm. 12
bachillerato, uno de los más cortos de Europa —tan solo Lituania, Malta y Escocia tienen un bachillerato de igual duración—, añade a su brevedad una enorme carga lectiva que se impone a los alumnos en dos escasos cursos de duración. Diecisiete materias diferentes y hasta diecinueve en aquellas comunidades con lengua cooficial convierten esta etapa decisiva en una especie de maratón de asignaturas sin ningún tipo de orden ni finalidad. No es extraño que la escasez de tiempo, la diversidad de materias y la rigidez en la estructura imposibiliten que a los alumnos se les proporcione la formación, madurez intelectual humana, conocimientos y habilidades, tal y como establece el artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación. No es extraño, señorías, que las universidades españolas tengan que organizar los llamados cursos cero para proporcionar a los alumnos aquellos conocimientos que debían haber obtenido a lo largo del bachillerato. De ahí nuestra propuesta, de ahí nuestro compromiso para convertir el bachillerato en una etapa más potente, más fortalecida, plenamente capacitada para preparar a los alumnos hacia los estudios superiores, sin olvidar por supuesto la formación profesional para hacerla más atractiva, más cercana a la empresa, a las necesidades de la misma y al mercado laboral. Para eso, señorías, tal y como reconoce nuestra iniciativa, impulsaremos un bachillerato de tres años que convierta al actual 4º de ESO en un curso de iniciación hacia el bachillerato y en un curso de iniciación hacia la formación profesional. Ambos cursos, los dos, señorías, seguirán formando parte de la enseñanza básica obligatoria y gratuita que, como hasta ahora, se mantendrá hasta los 16 años. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? En primer lugar, reducir la tasa de abandono escolar y que un mayor número de alumnos encuentren en este sistema más flexible, que se adapta mejor a sus capacidades e intereses, una motivación para proseguir sus estudios. En segundo lugar, dotar al bachillerato de la exigencia y calidad que requiere una etapa formativa fundamental en la estructura del sistema. En tercer lugar, y sin duda esencial, equiparar la valoración de la formación profesional haciéndola más atractiva a cualquier otra etapa postobligatoria. Señorías, queremos que los alumnos puedan elegir con libertad aquella opción que más se ajuste a sus intereses y a sus aptitudes, que no existan dudas con relación a la calidad de una u otra opción. Queremos dignificar la formación profesional, que un mayor número de alumnos, al igual que ocurre en el resto de Europa, encuentren en su elección un camino hacia el mercado laboral. No queremos cerrar caminos, queremos facilitar opciones y nos gustaría hacerlo con el máximo apoyo, para lo cual dedicaremos el mayor esfuerzo en resolver cuantas dudas, incertidumbres y posibles dificultades pueda generar la implantación del nuevo modelo. Todos los cambios siempre suponen un periodo de diálogo y de adaptación. Nosotros estamos dispuestos a
improvisación, y sobre todo no puede ser considerada anteponiendo los intereses particulares al interés general. No es esta la intención del Grupo Parlamentario Popular; por eso estamos en condiciones de afirmar que la reforma que hoy planteamos, para mejor conocimiento de sus señorías, es el fruto de años de trabajo, de estudio de informes nacionales e internacionales, de análisis de documentos procedentes de expertos educativos, de intelectuales, de colectivos vinculados al mundo de la educación y de cientos de profesores, que son quienes día a día han podido comprobar la ineficacia del actual modelo de educación secundaria y el enorme perjuicio que una estructura rígida, caótica y diseñada sin finalidad propedéutica alguna ha producido en el sistema educativo en general y en los alumnos en particular. Señorías, todos ustedes son conocedores de las terribles cifras de fracaso escolar y abandono educativo temprano que soporta nuestro país. Cerca de un 30 por ciento de nuestros jóvenes abandonan el sistema educativo sin haber obtenido ningún título ni ninguna capacitación profesional para acceder adecuadamente al mundo del trabajo: más del doble de la media de la Unión Europea, señorías, un hecho que se viene repitiendo de forma persistente a lo largo del tiempo sin que exista ningún tipo de indicador que nos pueda hacer albergar algún tipo de optimismo. España no solo soporta unas cifras de abandono educativo temprano realmente bochornosas, sino que también encabeza las cifras de paro juvenil de toda la Unión Europea: cerca del 50 por ciento, un 48,6 por ciento de los jóvenes españoles están en paro y lo están en una clara e íntima relación entre el nivel de formación de los alumnos y la tasa de desempleo. Cuanto mayor es la formación, cuanto mayor es la permanencia en el sistema educativo, cuanto mayores son las etapas superadas, menor es el desempleo. A mayor fracaso escolar, mayor tasa de paro. Esa es la realidad que muestran todos los indicadores y ese es el mayor reto al que nos enfrentamos. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que no hay ni un minuto que perder. Es preciso acometer reformas y es preciso hacerlo ya y para ello buscaremos sin prisa pero sin pausa el máximo acuerdo con los grupos de esta Cámara, con los representantes de la comunidad educativa: con padres, profesores, alumnos, con representantes de centros, con la sociedad española, con todo aquel para el que la educación resulte un reto importante. Queremos reformar la educación española y queremos hacerlo desde la unidad, no desde la confrontación. España no puede permitir que su sistema educativo nos aleje de los niveles de calidad de los países más desarrollados. Por eso presentamos esta iniciativa, porque creemos que hay que comenzar actuando sobre la educación secundaria obligatoria y sobre el bachillerato, etapas que se han demostrado ineficaces para elevar el nivel de conocimiento de los alumnos y sobre todo para motivarlos lo suficiente con el fin de que estos decidan continuar sus estudios. El actual modelo de
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