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PEDIDO DE ATENCIÓN de Galápagos a la UNESCO

Señora Irina Bokova Directora General de UNESCO Señora Saadia Sánchez Vegas Directora Regional de UNESCO para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela

Las Islas Galápagos, Parque Nacional, Reserva Marina, Reserva de Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad, son uno de los archipiélagos más valiosos para la ciencia y la conservación en el mundo. Desde su descubrimiento hace casi 500 años, su biodiversidad y geología únicas han sido el sustento de información, conocimiento y procesos evolutivos no solo para científicos y naturalistas, sino para pioneros en múltiples ramas de las ciencias sociales y naturales. Si bien la presencia humana en las islas ha sido una de las causantes de muchos de los problemas que tenemos en el archipiélago, esta misma presencia irreversible ha sido la férrea guardiana de la integridad del Parque Nacional y la Reserva Marina desde sus creaciones en 1959 y 1998, respectivamente, dándole la legítima soberanía del Ecuador a las mismas. Durante los últimos 30 años la población de Galápagos ha luchado por encontrar un balance que le permita vivir en relación armónica con la naturaleza. La Ley Especial para Galápagos, publicada en 1998, finalmente generó la base jurídica y creó los mecanismos técnicos, políticos y socioeconómicos que permitieron arribar a la situación actual, en la cual definitivamente la biodiversidad, la administración de las áreas protegidas y el ser humano han aprendido a convivir y apoyarse mutuamente en beneficio de la conservación de las islas. En junio de este año, el Gobierno de Ecuador promulgó una nueva Ley para Galápagos que nos está retornando a épocas en las que un Estado centralizado tomaba las decisiones sobre el archipiélago, y donde sus habitantes e instituciones eran solo espectadores de cómo los recursos naturales del Parque Nacional y la Reserva Marina eran utilizados y manejados con una visión eminentemente económica, muy alejada de la realidad de las islas. Entre otras cosas, la nueva Ley Orgánica de Galápagos publicada en el R.O. Suplemento 4520 de 11 de junio del 2015: •

Distribuye responsabilidades y funciones de la administración del Parque Nacional y la Reserva Marina entre una serie de instituciones del gobierno central bajo la tutela del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 1/3


Galápagos, una entidad rectora con fortalezas en planificación pero sin capacidad técnica para manejar las áreas protegidas y sus recursos naturales. •

Debilita el sistema participativo en las decisiones de Galápagos especialmente en lo referente a la reserva marina, eliminando los mecanismos de base local, que fueron fundamentales para resolver definitivamente los incesantes conflictos entre el sector pesquero y las áreas protegidas en los años 1990; hoy reemplazado con un Comité de muy limitada participación de la sociedad civil donde las decisiones guardarán más un orden político que técnico.

Elimina el financiamiento directo de la administración del Parque Nacional y la Reserva Marina a través de las tasas de ingreso al Parque Nacional, especificando el inmediato depósito de la recaudación de estos recursos a la cuenta única del Tesoro Nacional, retrocediendo a la situación pre-1998 en la cual las áreas protegidas se encontraban en un estado sistemático de desfinanciamiento para la protección del Medio Ambiente de Galápagos.

Crea un régimen sancionatorio draconiano que convertirá a los habitantes de las islas esencialmente en un grupo de personas sujetas a una vigilancia permanente sin establecer mecanismos claros de defensa en caso de una supuesta violación a la ley.

Limita el derecho exclusivo de los residentes de Galápagos para llevar a cabo actividades ambientales y productivas dentro de las islas, reduciendo el empoderamiento de la sociedad que se siente parte y responsable de mantener una convivencia con la naturaleza y su conservación para futuras generaciones. Abre la puerta a personas ajenas al medio que carecen del sentimiento y conocimiento de sostenibilidad y armonía con la naturaleza que únicamente se adquiere con la convivencia diaria, corriendo peligro la protección del archipiélago y sus recursos.

Sin embargo, la mayor preocupación para nuestra población es el hecho de que esta nueva Ley no fija explícitamente los límites del Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos, que sí se establecían claramente en la Ley de 1998 para evitar que sea modificado ante intereses ajenos a la protección de Galápagos, dejando abierta la posibilidad de modificarlos a discreción de la sede del Ministerio del Ambiente, ubicada no en las islas sino en Quito. De hecho, la nueva Ley señala específicamente que dicho Ministerio delimitará las áreas protegidas, desconociendo tácitamente los límites existentes. En consecuencia de lo expuesto y con especial preocupación en la ausencia de los límites del Parque Nacional el Estado ecuatoriano atropella la Convención de Patrimonio Natural, específicamente el Artículo 2, párrafo 3; el Artículo 4; y el Artículo 5, literal a. La población de Galápagos reacciona ante esta nueva Ley que abre las puertas a un desarrollo turístico y productivo ajeno a principios adquiridos por 2/3


el Estado con Galápagos y su población, direccionando el futuro de Galápagos a conflictos sociales y el incremento de actividades en detrimento del Parque Nacional y la Reserva Marina. Galápagos ya vivió estos escenarios en los años 90 y se opone a retroceder a un sistema que a lo largo de las décadas finalmente logramos superar. La población de Galápagos rechaza la promulgación de esta nueva Ley por encontrar vicios de fondo, forma y falta de transparencia en su tratamiento, solicitando al Gobierno de Ecuador su derogatoria. Lamentablemente, el Gobierno ha rechazado nuestros pedidos e insiste en mantener su vigencia, contribuyendo a un creciente conflicto de dominio público y ocasionando un daño innecesario al modo de vida armónico y sostenible que hemos alcanzado luego de décadas de errores, aciertos y lecciones aprendidas. En nombre de la población de Galápagos, los abajo firmantes apelamos a UNESCO, como el organismo responsable de las Naciones Unidas para precautelar los patrimonios naturales y culturales de la Humanidad, para que tome acción inmediata y: (i) interponga sus buenos oficios ante el Gobierno del Ecuador para lograr la derogatoria de la nueva Ley de Galápagos, (ii) envíe una delegación urgente a Galápagos para conversar con su comunidad, y (iii) esté vigilantes en todo este proceso emprendido hasta que se elabore una Ley que realmente represente y precautele los intereses de las áreas protegidas del archipiélago, su biodiversidad y el bienestar de su población. El Pueblo de Galápagos

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Pedido de atención de Galápagos  

Pobladores de las Islas Galápagos piden a la Unesco que envíe una delegación hasta allá para conversar con su comunidad, y estar vigilantes...

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