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PLURALISMO EN EL SIGLO XXI Autor: Isla Velarde Giancarlo

Tema: Ensayo

I. Introducción: El concepto de “Estado” tiene inmersos ciertos componentes esenciales como una organización social, una política soberana y coercitiva y un conjunto de personas asentadas en un mismo espacio geográfico. Detengámonos ahí. Un conjunto de personas al que denominamos población. Éste es el elemento fundamental que subyace todo Estado, y su razón de existir.1 “El Perú es un país pluricultural, multiétnico y diverso”2; en cuyo territorio están enraizadas más de setenta y dos comunidades con características socioculturales, instituciones, leyes e incluso formas de administrar justicia, muy diferentes del resto de la población a la que comúnmente llamamos “civilizada” 3. Nos referimos a los pueblos indígenas y campesinos, tribus y grupos nativos; comunidades a las que nuestra Constitución reconoce como “comunidades campesinas y nativas”. Todas ellas se desenvuelven de manera autónoma sin dejar de ser parte de un único Estado, con el debido reconocimiento nacional e internacional. El presente artículo tiene como objeto el estudio de esta coexistencia de regímenes, específicamente, en cuanto a la jurisdicción especial que se reconoce en el Perú de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de nuestra carta magna. II. Del Principio de Autodeterminación: El principio de Autodeterminación “constituye un principio de derecho internacional consuetudinario”4, siendo incluso, una norma de ius cogens5, es decir, una norma imperativa de derecho. Se refiere a un conjunto de normas de derechos humanos que “se basan en la idea de que todos los sectores de la humanidad tienen el mismo 1 Irene Zegarra-Ballón Quintanilla es estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. Arequipa, Perú. 2

Comunidad Andina de Naciones (2010). Un Derecho de los Pueblos Indígenas: Institucionalizar la Justicia Comunitaria de la CAN. (p.92). Universidad Andina Simón Bolívar. Bolivia.

3 Ídem. 4 Anaya, J. (2005). Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. (p.136).

Madrid: Editorial Trotta – Universidad

Internacional de Andalucía.

5 Ius cogens es una locución latina empleada en el ámbito del Derecho Internacional Público para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. En el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) se codifica por vez primera la noción de ius cogens, señalando que “una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”


derecho a controlar su propio destino”6 Este principio ha sido reconocido en diferentes instrumentos

jurídicos

internacionales. Por

ejemplo,

los

Pactos

Internacionales de las Naciones Unidas reconocen como derecho de todos los pueblos el derecho a la “libre determinación”, señalando que “en virtud de este derecho [los pueblos] establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultura7. En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, les reconoce el “derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres”8, refiriéndose en particular a sus costumbres y sistemas jurídicos. Con el mismo tenor, el Proyecto de Declaración sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce a éstos el “derecho a la autonomía o autogobierno”9 Por último, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 10, considera la posibilidad de autonomía o autogobierno de los pueblos indígenas al interior de los estados nacionales y reconoce el derecho de éstos a que se consideren sus costumbres o su derecho consuetudinario, al aplicar la legislación nacional, especialmente en el ámbito penal (artículo 8.1); a conservar sus costumbres e instituciones (artículo 8.2); y a que se respeten sus métodos tradicionales para la represión de los delitos cometidos por sus miembros (art.9.1). Muchos países han incorporado en sus sistemas jurídicos el derecho a la autodeterminación de las comunidades campesinas y nativas; el cual contiene el derecho al autogobierno y, en particular, a la propia administración de justicia, de acuerdo con sus instituciones y costumbres. Así, por ejemplo, la Constitución colombiana contempla las “jurisdicciones territoriales indígenas” 11. En Ecuador, la Constitución reconoce “que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos”12. 6 Anaya, J. Op. Cit. p.137. 7

Pactos Internacionales de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales, art. 1.

8

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General en el año 2007, art. 34.

9

Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, OEA, borrador aprobado en 1995, art. XV.

10 Convenio 169 de la OIT, 1989, arts. 8.1, 8.2, 9.1 11 Constitución Política de la República de Colombia, 1991, art.246. 12 Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, art.191.


Nuestra Constitución del Perú establece la posibilidad de las “Comunidades Campesinas y Nativas” de ejercer funciones jurisdiccionales con apoyo de las Rondas Campesinas, dentro de su ámbito territorial”13. III. Del pluralismo jurídico y la jurisdicción especial Todo lo anterior, ha dado origen a lo que se conoce como “pluralismo jurídico”, denominación otorgada a “la coexistencia de dos o más sistemas de derecho” 14 dentro de un mismo Estado. Es en tal sentido, que nuestro país no solamente ha reconocido

a

las

comunidades

campesinas

y

nativas

el

derecho

a

la

autodeterminación, sino también el derecho a que ejerzan una “jurisdicción especial”, establecida en el artículo 149° de la Constitución. Lo cual a tenor de lo expresado por la Asociación Peruana de Estudios para la Paz (APEP), “fortalece a las comunidades nativas” pues “lograrán conservar su autonomía para su propio desarrollo”15. Sin embargo, tanto el pluralismo jurídico como el derecho a la autodeterminación tienen un límite. De acuerdo con el profesor James Anaya, la autodeterminación “no puede separarse de otras normas de derechos humanos” sino que, más bien, “se complementa con las normas de derechos humanos que, en su conjunto, rigen el orden institucional estatal”16. Es así que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas señala que el ejercicio de la libre determinación ha de ser “de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, y el Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que “el derecho indígena es parte constituyente del orden jurídico de los Estados”17 Finalmente, el artículo 149° recalca que las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer sus funciones jurisdiccionales “siempre que [éstas] no violen los derechos fundamentales de la persona”18. Por tanto, ante los casos en que una comunidad sanciona a alguna inconducta a través de castigos físicos o de cualquier otra índole que violen abiertamente derechos humanos; el Estado no puede ampararse en el derecho a la autodeterminación y 13 Constitución Política de la República del Perú, 1993, art.149. 14

Gonzáles, F. (2002). Litigio y Políticas Públicas en Derechos Humanos. (p. 250). Santiago de Chile: Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.

15 Asociación

Peruana de Estudios para la Paz. (1996). Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana. (p. 72). Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

16 Anaya, J. Op. Cit. p.141. 17 Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, OEA, borrador aprobado en 1995, art. XVI.

18 Constitución Política del Perú, 1993, art.149.


autonomía de dicha comunidad, o en el reconocimiento constitucional de su jurisdicción especial para esgrimirse de intervenir; sino que, por el contrario, será su deber actuar siempre que la aplicación de una jurisdicción especial implique la violación de un derecho fundamental. IV. Una necesidad urgente En esta línea de ideas se nos presenta una problemática compleja. En primer lugar, determinar cuál es el límite del ejercicio de la jurisdicción especial con relación al respeto de los derechos humanos, es decir, hasta qué punto se puede matizar el uno con el otro. Y, en segundo lugar, cuando sea evidente que no puede haber una matización sino que el aplicar una jurisdicción especial en un caso concreto sea lesivo a un derecho fundamental y por tanto corresponda la intervención estatal a través del Poder Judicial, ¿de qué manera se hará esto? ¿Es justo iniciar un juicio a un nativo aplicándole nuestras instituciones y procedimientos, sin tener en cuenta sus diferentes costumbres, creencias, e inclusive, idioma? Si bien, el Estado tiene el deber de reconocer los derechos de los nativos aplicando el principio de igualdad jurídica, no debe desconocer sus diferencias antropológicas. Es indispensable asegurarles el acceso a la justicia a través de mecanismos y procedimientos acordes con su idiosincrasia y cultura. El Poder Judicial deberá conocer sus costumbres y rasgos particulares antes de proceder a juzgarlos e incluso deberá contar con intérpretes en los casos en que el acusado hable una lengua nativa. Es por esto que consideramos una necesidad primaria promulgar una ley que regule, por un lado, la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas, sus alcances y límites, haciendo especial mención al respeto de los derechos fundamentales; y, por otro lado, regular el juzgamiento de los miembros de dichas comunidades cuando sus propias jurisdicciones sean lesivas a los derechos humanos y corresponda aplicarles la jurisdicción ordinaria, estableciendo normas especiales que tengan en cuenta sus costumbres, lengua nativa y demás rasgos antropológicos.

V. Conclusión El Perú es un único Estado con única población, pero ésta es variada, multiétnica y multicultural. Es precisamente esta riqueza la que debe llenarnos de orgullo. Sólo podemos consolidarnos como un verdadero Estado cuando comprendamos que un Estado fuere no es el que está compuesto de partes iguales, sino de partes diferentes cuyas disimilitudes logran coexistir armoniosamente. Y sólo podremos crecer de


manera unitaria cuando reconozcamos y protejamos las diferencias que existen una misma unidad.

Ensayo pluralismo en el siglo xxi  

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