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BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA El Estado debe emprender acciones concretas para reducir los niveles de impunidad. Abogado. Una correcta política criminal, que mejore la seguridad ciudadana y reduzca el delito y la violencia, debe formularse desde la perspectiva del desarrollo humano. Especialmente, debe atender a los problemas estructurales, tales como empleo digno, vivienda, acceso a la educación y servicios de salud. También debe dar respuesta a los conocidos factores de riesgo, como la desintegración y violencia familiar, la agresión infantil, la deserción y el fracaso escolar, y especialmente la proliferación de armas de fuego y el consumo de drogas y sustancias tóxicas. Sin lugar a duda, estos aspectos son de primer orden en importancia como estrategias de prevención del delito en cualquier Estado, particularmente para impedir a mediano y a largo plazo que el delito se cometa. Sin embargo, cuando el delito ya se ha cometido y tenemos una víctima al frente, por afectación de un bien jurídico fundamental como la vida, la integridad física o la libertad sexual, también es importante como prevención del delito y de la violencia reducir los niveles de impunidad. Para ello se requieren acciones concretas tanto en el ámbito policial como del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia. Programas y acciones cuya eficacia para la reducción del delito pueda ser constatada. Estas acciones concretas son las que los ciudadanos hace tiempo demandan de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Responsabilidad del Estado. La seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado. No podemos continuar con la idea, muchas veces repetida, de que la seguridad ciudadana no es solo responsabilidad de los cuerpos policiales o, como se dice frecuentemente, que la justicia tiene poco o nada de responsabilidad en la inseguridad ciudadana. Por el contrario, el Estado tiene una ineludible responsabilidad de dar seguridad a todos sus ciudadanos. Esa fue, precisamente, la principal razón de creación del Estado. Si se comete un delito especialmente grave y queda impune, es muy probable que haya más delitos y en lugar de prevención surge más bien una promoción del delito. Es inútil ocuparse de reformas legales inoperantes, con penas largas o extremas que sabemos no producen un efecto preventivo ni reducen el 1    


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delito, como se demuestra con la modificación al límite máximo de la pena de prisión, que ahora puede imponerse hasta por 50 años. Cuando se aprobó esa reforma legal, en 1994, la tasa de homicidios dolosos era de 4,5 por cada cien mil habitantes, mientras que a febrero del 2009, la tasa ha aumentado a 10 y se calcula que en Limón llega a 20 por cada cien mil habitantes. Es decir, se ha duplicado la tasa de homicidios por cien mil habitantes a pesar del extremo monto de la pena de prisión. Acciones concretas. El Estado debe centrarse más bien en adoptar buenas prácticas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, especialmente cuando el delito ya ha sido cometido. Para reducir los niveles de impunidad se requieren programas y acciones concretas, dirigidas en primer lugar a esclarecer los hechos cometidos, en segundo lugar, individualizar a los presuntos responsables y en tercer lugar, que sean llevados ante la justicia en un plazo razonable. Para lograrlo, se requiere, como primer paso, fijar las prioridades de persecución penal, labor esencial del Ministerio Público. Es preciso considerar, con realismo, que no se puede dar igual respuesta a la totalidad de los delitos. Además, se requiere coordinación entre las fiscalías y los cuerpos policiales, lo mismo que modernización de la investigación criminal, que comprenda principalmente técnicas de investigación, capacitación y equipamiento acorde a la comisión de los delitos. Resulta urgente, por su relación con los delitos más graves –el homicidio y los robos con violencia– un programa de control riguroso de armas de fuego. La ONU estima que el 50% de los homicidios en el mundo se ejecuta por esta vía, y en América Latina el BID calcula que en el 80% de los casos el arma de fuego es el método para perpetuar homicidios. La única acción concreta ofrecida por el Estado, o más bien por el Poder Judicial, para reducir los niveles de impunidad, son los denominados juicios de flagrancia. El procedimiento se inició el primero de octubre del 2008 y funciona actualmente en el área metropolitana de San José. El procedimiento, aplicado cuando se captura a una persona en flagrante delito ( infraganti) está regulado en el Código Procesal Penal (artículos 235 y 236) desde el año 1996. Más bien habría que preguntarse por qué este tipo de procedimientos se están utilizando hasta ahora. El empleo de ese instrumento se inició como un “plan piloto” y ha transcurrido poco tiempo para una verdadera evaluación de sus resultados y medición de la reducción de los niveles de impunidad. Casi sobra decir que todas las respuestas preventivas del delito y la violencia deben darse en el marco del Estado democrático y de derecho, porque queremos no solo una justicia pronta y cumplida, sino, sobre todo, segura y de calidad, que respete las garantías exigidas por los estándares 2    


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internacionales para el juzgamiento de los infractores penales y respete, en particular, el derecho a la defensa. Ese es el dilema que se le presenta al Estado de derecho actual: responder con programas y acciones concretas ante el problema que más interesa a todos los ciudadanos, con respeto de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política.

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