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El Peruano Jueves 5 de junio de 2014

524648 con el artículo 63, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM). CONSIDERANDOS a) El debido proceso en los procedimientos de vacancia en sede municipal 1. El debido proceso es un derecho constitucional concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el derecho y, por lo tanto, debe ser observado de forma escrupulosa en todo ámbito, ya sea judicial, administrativo o privado, tal como ha resuelto el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 0858-2001-AA/TC. Al respecto, el artículo IV del Título Preliminar, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), establece, en su numeral 1.2, como uno de sus principios, el debido procedimiento, que es como se denomina en sede administrativa al debido proceso. 2. Consecuentemente, el debido proceso constituye un derecho continente que comprende una serie de derechos cuyos titulares son los sujetos del procedimiento, así como de deberes por parte de la instancia decisoria, todas ellas tendientes a garantizar la justicia de la decisión, siendo exigible en los procedimientos administrativos de vacancia y de suspensión que residen en los concejos municipales, los cuales están compuestos por una serie de actos encaminados a demostrar la existencia o no de la comisión de alguna de las causales señaladas en los artículos 22 o 25 de la LOM, y cuyo trámite se desenvuelve inicialmente en las municipalidades. Por ello mismo, debe estar revestido de las garantías propias de los procedimientos administrativos, más aún si se trata de uno de tipo sancionador (artículo 230 de la LPAG), pues, de constatarse que se ha incurrido en alguna de las causales establecidas, se declarará la vacancia o la suspensión del cargo de alcalde o regidor, a quienes se les retirará (de manera permanente o temporal) la credencial otorgada en su momento como consecuencia del proceso electoral en el que fueron declarados ganadores. Sobre la tramitación del procedimiento de vacancia de Gladis Marlene Romero Muñoz 3. A fin de que el Concejo Provincial de Huaylas determine si la regidora Gladis Marlene Romero Muñoz incurrió en la causal de vacancia de restricciones de contratación, dicho colegiado debió incorporar al procedimiento de vacancia, con anterioridad a la Sesión Extraordinaria N° 032-2013-MPH-CZ, de fecha 27 de diciembre de 2013, los siguientes medios de prueba: i) copias certificadas de las partidas de nacimiento de la mencionada autoridad y de Robert Maximiliano Romero Muñoz, quien sería su hermano, con el objeto de acreditar la existencia del vínculo de parentesco entre ambos, ya que en autos únicamente obran copias simples de aquellos documentos (fojas 29 y 30), y ii) los contratos que habría celebrado la Municipalidad Provincial de Huaylas con Robert Maximiliano Romero Muñoz, así como los comprobantes de pago respectivos, por el periodo comprendido entre el mes de enero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2013, tal como lo pidió el recurrente en el primer otrosí de su solicitud de vacancia. 4. Sin embargo, de autos se observa que en la tramitación del procedimiento de vacancia el Concejo Provincial de Huaylas no requirió, de manera previa a la Sesión Extraordinaria N° 032-2013-MPH-CZ, en la que se declaró infundado el pedido de vacancia o, en todo caso, al momento de celebrarse tal acto, los documentos señalados en el considerando precedente. 5. Por el contrario, el colegiado edil rechazó la vacancia de Gladis Marlene Romero Muñoz sin tener a la vista las citadas instrumentales. Al respecto, en el acta de la aludida sesión y en el Acuerdo de Concejo N° 1482013/MPH-CZ, no se mencionan los citados medios de prueba, lo que abona a favor de concluir que estas no fueron incorporadas al procedimiento previamente a que el Concejo Provincial de Huaylas resolviera el pedido de vacancia de la regidora. 6. En esa línea de ideas, cabe precisar que los procedimientos de vacancia y suspensión, en instancia municipal, se rigen bajo los principios establecidos en la LPAG, y por consiguiente, deben observarse con mayor

énfasis los principios de impulso de oficio y verdad material, contenidos en los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV, del Título Preliminar de la LPAG, en virtud de los cuales la entidad edil debe dirigir e impulsar el procedimiento y verificar los hechos que motivarán sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias. 7. Así, se aprecia que el Concejo Provincial de Huaylas no observó los principios antes citados pues, previamente a la Sesión Extraordinaria N° 032-2013MPH-CZ, debió incorporar al procedimiento de vacancia los medios de prueba señalados en el considerando tercero de la presente resolución, a efectos de que sean valorados por el concejo en la referida sesión, para lo cual debió solicitar a las partes que las presenten o, en todo caso, incorporarlos directamente al actual expediente, habida cuenta de que podrían obrar en los archivos de la municipalidad. 8. Por otro lado, en el acta de la aludida sesión y en el Acuerdo de Concejo N° 148-2013/MPH-CZ, únicamente constan los argumentos contenidos en la solicitud de vacancia y en el escrito de descargos de la regidora, no habiéndose consignado los argumentos de los demás miembros del Concejo Provincial de Huaylas, ya sean a favor o en contra de la solicitud de vacancia, en virtud de los cuales emitieron sus respectivos votos, por lo que, a juicio de este Supremo Tribunal Electoral, “el solo registro de la votación adoptada, sin la adecuada consignación de sus razones, implica que el presente procedimiento de vacancia no se encuentra conforme a las exigencias del artículo IV, inciso 1.2, de la LPAG”, que regula el debido procedimiento administrativo (Resolución N° 222-2013JNE). En consecuencia, el Concejo Provincial de Huaylas vulneró el debido procedimiento en la tramitación de la solicitud de vacancia de la regidora Gladis Marlene Romero Muñoz, garantía prevista en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. 9. En resumidas cuentas, el Acuerdo de Concejo N° 1482013/MPH-CZ, adoptado en la sesión antes mencionada, incurrió en la causal de nulidad prescrita en el artículo 10, inciso 1, de la LPAG, por lo cual, en vista de las graves vulneraciones al debido procedimiento, corresponde declarar nulo todo lo actuado en el procedimiento de vacancia tramitado en sede municipal y devolver los autos al referido concejo, a efectos de que convoque a una sesión extraordinaria en la cual se resolverá la solicitud de vacancia, para lo cual el concejo deberá, en primer lugar, i) pronunciarse sobre la causal de restricciones de contratación imputada a la regidora Gladis Marlene Romero Muñoz y, para ello, incorporará al procedimiento y valorará, además de los otros medios de prueba que obran en autos, y previamente a que se celebre dicha sesión, los documentos señalados en el considerando tercero de la presente resolución; y finalmente, ii) consignar, en el acta de la sesión extraordinaria en la que se resolverá el pedido de vacancia de la referida autoridad, los argumentos esgrimidos por cada miembro del concejo, ya sean a favor o en contra, y en virtud de los cuales emitirán sus respectivos votos, no siendo admisible que se abstengan de hacerlo, conforme prescribe el artículo 101 de la LPAG. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, RESUELVE Artículo Único.- Declarar NULO todo lo actuado en el procedimiento de vacancia seguido contra Gladis Marlene Romero Muñoz, regidora de la Municipalidad Provincial de Huaylas, departamento de Áncash, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, en concordancia con el artículo 63, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debiendo renovarse los actos procedimentales a partir de la convocatoria a la sesión extraordinaria en la cual se resolverá la solicitud de vacancia, para lo cual el concejo deberá pronunciarse sobre la causal de restricciones de contratación imputada a la citada regidora, observando lo señalado en la presente resolución. Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al Concejo Provincial de Huaylas a fin de que vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de vacancia, dentro del plazo improrrogable de treinta días hábiles posteriores a la notificación de la presente

BOLETÍN DEL DIARIO OFICIAL 05 06 2014  
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