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Octubre 28 de 2013 EL COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS - CNCU, en representación de los Curadores Urbanos del país, ante la lamentable tragedia sucedida con la Torre 6 del proyecto Space en el Barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta sus sentimientos de solidaridad con los damnificados. Igualmente, se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes y solicita a la comunidad en general, que hasta tanto se tenga claridad sobre los hechos que provocaron la tragedia, se abstenga de proferir juicios condenatorios en contra del curador que expidió la licencia en particular y de los curadores urbanos en general. Por lo anterior y ante la desinformación producto de los múltiples pronunciamientos y el desconocimiento en torno a la figura del Curador Urbano, es nuestro deber aclarar a la ciudadanía algunos aspectos: 1. La figura del Curador Urbano, surge en el año 1995 con el Decreto 2150,

que es retomado en la Ley 388 de 1997; es importante recordar que de acuerdo con las ponencias esa figura se creó ante la sombra de corrupción que empañaba a las oficinas de Planeación, que por ese entonces tenía a su cargo la expedición de licencias, las demoras injustificadas en los procesos y la necesidad de apartar a estas entidades de labores que entorpecían su papel como entes responsables de los procesos de planificación. 2. De acuerdo con el marco legal vigente, la función pública ejercida por los

curadores se circunscribe a la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias urbanísticas, labor en la que se aprueban los planos de los proyectos arquitectónicos y estructurales y los estudios técnicos presentados por los interesados, los cuales deben ser elaborados por profesionales facultados para tal fin, quienes suscriben los soportes técnicos presentados y son responsables de los mismos. Por consiguiente, la labor ejercida por el Curador Urbano no involucra la elaboración de planos o diseños, como se ha venido afirmando. 3. En relación con la revisión de los proyectos desde el punto de vista

estructural, es preciso citar que el marco legal vigente, la Ley 400 de 1997, dispuso que la revisión de los diseños puede ser realizada por el Curador o bien, a costo de quien solicita la licencia, por un profesional particular calificado para tal fin, de conformidad con los requisitos señalados en dicha Ley, quien


por medio de un memorial indica el alcance de la revisión efectuada y el cumplimiento de las normas. La Ley en referencia señala que el alcance y los procedimientos de revisión de los diseños serán definidos por la “Comisión Asesora Permanente para el Régimen de las Construcciones Sismo Resistentes”, lo cual a la fecha no ha sucedido, por lo que el CNCU hace un llamado a la Comisión para que cumpla lo dispuesto en la ley con carácter urgente. 4. La misma Ley 400 de 1997 prevé la posibilidad de exonerar de la

supervisión técnica, en obras de más de tres mil metros cuadrados, a personas naturales o jurídicas que, demostrando su idoneidad, experiencia y solvencia moral y económica, establezcan sistemas de control de calidad total, bajo la dirección de un ingeniero civil que cumpla las calidades y requisitos dispuestos. Corresponde ahora al Gobierno Nacional evaluar la pertinencia de estas exoneraciones y excepciones y decidir su permanencia o no. 5. En cuanto a las expensas que son canceladas a los Curadores por el

estudio de las licencias urbanísticas, es preciso dejar en claro que corresponden a tarifas fijadas por el Gobierno Nacional, atendiendo factores municipales y características de cada trámite, así como a la garantía de sostenibilidad de las oficinas de los curadores. Por ello, no corresponden a honorarios establecidos unilateral y discrecionalmente por estos profesionales; tampoco deben tomarse como valores cancelados a ellos los costos adicionales en los que deben incurrir los titulares de las licencias, como son los estudios de suelos, estudios estructurales, diseños arquitectónicos e impuestos asociados al otorgamiento de licencias. A manera de ejemplo, el pago al curador urbano de una vivienda de interés social corresponde solo a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes y no a los tres millones de pesos de los que se vienen hablando. 6. Desde el año 2003 existe un mandato en la Ley 810, en cuanto a la

expedición de una Ley que reglamente las Curadurías Urbanas. Insistentemente los Curadores han hecho llamados al gobierno y han transcurrido diez años sin que haya sido expedida dicha Ley. 7. Ante los señalamientos que se han hecho a los curadores urbanos por no

ejercer control de obra, se aclara que la función pública delegada por la Ley no se extiende hasta el ámbito Policivo, como lo es el control urbano y la imposición de sanciones, razón por la cual no son competentes para conocer estos asuntos. Esta labor es responsabilidad exclusiva de las administraciones municipales (Art. 63 Decreto 1469 de 2010). Por tanto, es claro que es improcedente por parte del Curador Urbano adelantar ese tipo de labores, de forma que al hacerlo incurriría en extralimitación de funciones.


8. Frente a la posible creación de la Superintendencia Delegada que vigile a

los Curadores Urbanos y ejerza otras funciones que coadyuven a los municipios del País, es nuestro deber señalar que desde años atrás, como agremiación, se solicitó al Gobierno Nacional que se creara una instancia de ese tipo, que favoreciera las labores de seguimiento y control en el ejercicio de la función pública delegada a los curadores urbanos, al igual que transparencia y equidad en los procesos, como lo son la elección de los particulares que asuman tales responsabilidades. 9. Los profesionales que ejercen como Curadores Urbanos cuentan con

experiencia mínima certificada de 10 años en temas relacionados con el desarrollo o la planificación urbana y cuentan con la colaboración de grupos interdisciplinarios especializados que apoyan la labor, profesionales idóneos en áreas de arquitectura, jurídica e ingeniería civil, este último con experiencia mínima de cinco (5) años, cumpliendo así con los requisitos dispuestos por la ley. En todas las bases de los concursos de méritos adelantados en el País tal exigencia ha quedado incorporada. Sumado a este grupo profesional, se cuenta con personal técnico y administrativo que apoya la labor y que igualmente se encuentra capacitado para tal fin. 10. En cuanto a los concurso de méritos con los cuales se elige al curador y las

provisionalidades en los cargos que se han dado en algunas ciudades del país con ocasión a la terminación del periodo de designación de sus titulares, el CNCU en repetidas ocasiones ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se adelante un control frente al tema, con el objeto de evitar manipulación de los concursos por parte de las administraciones municipales y así mismo prolongar provisionalidades fuera de lo señalado en la Ley. En nuestra página web se encuentra la copia de estas comunicaciones. 11. Igualmente, ante los señalamientos referidos a que los curadores actúan

bajo su discreción, y que no están sujetos a control y vigilancia, es preciso aclarar que los curadores, como particulares que ejercen funciones públicas son sujeto, como cualquier funcionario público, de investigaciones por el ejercicio de su función. Finalmente, más allá de los resultados de las investigaciones al Curador Urbano No. 2 de Medellín, Arquitecto Carlos Alberto Ruiz Arango, queremos expresar nuestra solidaridad por las circunstancias difíciles que como persona actualmente atraviesa; igualmente, solicitamos un trato más digno frente a la enfermedad que padece y la cual ha sido objeto de burlas y comentarios mal intencionados por algunos medios. Para mayor información, sustentos normativos y documentos citados, podrá consultar en la página web www.curadoresurbanos.org


Comunicado colegio nacional de curadores  
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