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UNA TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA REALMENTE JUSTA


Autor: Samuel Leiva para Fundación Territorios Colectivos. Responsable legal: Juan Pablo Espinoza, Director Ejecutivo, Fundación Territorios Colectivos. Edición: Karina Vega, Directora de Proyectos, Fundación Territorios Colectivos. Diseño: Área creativa Fundación Territorios Colectivos. CC Libre distribución citando:

Leiva Samuel. 2020. “Una Transición Socioecológica Realmente Justa.” Fundación Territorios Colectivos. Valparaíso. Fundación Territorios Colectivos www.territorioscolectivos.cl Región de Valparaíso Noviembre 2020


Contenido

Introducción……………………………………………...........

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El caso de Chile……………………………………………….

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Transición realmente justa………………………….….. 11

Conclusión………………………………………………..........

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Bibliografía……………………………………………….…….. 17


Introducción La transición justa, como lo entiende la Confederación Sindical Internacional, ‘describe la transición hacia una economía baja en carbono y clima-resiliente que maximice los beneficios de la acción climática mientras minimiza las penurias para los trabajadores y sus comunidades’ (ITUC 2015, 16). No obstante, desde nuestra mirada, este concepto ha sido limitado a una visión que solo da cuenta de la realidad de los trabajadores de las empresas, pero que al mismo tiempo no asegura una transición socio ecológica justa para las comunidades que han sufrido los mayores impactos de la industrialización. Esta idea, de Transición Justa, fue originalmente una demanda levantada desde el movimiento sindical que logró que este concepto fuera considerado por los miembros de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, en su reunión en Cancún, México, COP16, en la que declaró, en su apartado sobre Una Visión Común de la Cooperación de Largo Plazo; ‘ser consciente de que la lucha contra el cambio climático exige un cambio de paradigma hacia la construcción de una sociedad con bajas emisiones de carbono que ofrezca oportunidades sustanciales y asegure un crecimiento elevado continuo y un desarrollo sostenible, sobre la base de tecnologías innovadoras y de una producción, un consumo y unos estilos de vida más sostenibles, velando también por una reconversión justa de la fuerza laboral que cree trabajos dignos y empleos de calidad’ (CMNUCC 2011, 4). No obstante, la Convención acordó también que: ‘las Partes deberían cooperar para lograr que las emisiones mundiales y nacionales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, reconociendo que el tiempo requerido para ello será más largo en el caso de los países en desarrollo, y teniendo presente que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de esos países y que para lograr el desarrollo sostenible es indispensable una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono’ (CMNUCC 2011, 3).

Esto quiere decir que aunque la principal preocupación de la Convención es la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, la erradicación de la pobreza es la prioridad para los países en vías de desarrollo. En el caso de Chile, estas metas deben hacerse a la par, debido a que esta pobreza se ve especialmente identificada cuando hablamos de las denominadas zonas de sacrificio, la cual se traduce en diversas dimensiones, desde la violación a los

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derechos a salud, a vivir en un ambiente libre de contaminación y, la pérdida de los recursos que daban sustento a las comunidades presentes antes y durante el desarrollo industrial. Cabe señalar, que uno de los principales impactos sobre los medios de vida ha sido provocados por las emisiones del sector de generación eléctrica, a través de las termoeléctricas a carbón, las cuales se encuentran presentes en cada una de las zonas denominadas de sacrificio socioambiental. La convención recalca que ‘las Partes, en todas las actividades relacionadas con el cambio climático, deberían respetar plenamente los derechos humanos’ (CMNUCC 2011, 4). Es inequívoco que si la convención hizo dicho énfasis en el respeto por los derechos humanos, esto incluye el respecto por los derechos constitucionales de cada país. Por tal razón, aunque el concepto de transición justa se ha asociado directamente a las políticas que se preocupan del futuro de la fuerza laboral que deberá transformarse debido a los necesarios cambios tecnológicos hacia una economía baja en carbono, eso no quiere decir que las comunidades que han sufrido los impactos negativos de este desarrollo industrial no sean consideradas como objeto de dichas políticas. El concepto de transición justa, el cual llamaremos original, habla de que ésta también incluye a las comunidades, no limitándose exclusivamente a las familias de los trabajadores o a ellos únicamente. Por ende, es necesario ampliar el concepto a una justa interpretación, que incluya la dimensión socioecológica, debido a que no sería razonable, en el caso de las condiciones específicas del escenario chileno, que las políticas que permitan una transición justa no incorporen por completo a las comunidades que han sufrido los peores problemas del modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles. De acuerdo con Hervé (2019, 1), el concepto de Justicia Ambiental, ‘cuestiona la desproporción que existe en el padecimiento o en la tolerancia de los impactos o riesgos ambientales por parte de los grupos más vulnerables de la sociedad’. Así, la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en su Artículo 30bis, señala que se ‘entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en las localidades próximas durante su construcción u operación’ (MINAMB 2011). A nuestro juicio, el régimen legal chileno reconoce que las industrias, al operar sus proyectos, podrían generar externalidades negativas, creando una situación de injusticia ambiental, si es que dichas emisiones no son controladas para asegurar el cuidado del ambiente y la salud de las personas. En otras palabras, es ilegal la sobrecarga de las externalidades negativas. Se desprende entonces, que desde la perspectiva de justicia ambiental, se debe avanzar en el balance justo entre las cargas y los beneficios del desarrollo, especialmente para proteger a las comunidades que hoy sufren las cargas desproporcionadamente negativas en las zonas de sacrificio. Esta mirada, a nuestro juicio, debería ser el corazón de las políticas de una transición social y ecológicamente justa.

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El caso de Chile La dependencia chilena de una matriz eléctrica basada en carbón, la que genera un 39,1% de la generación eléctrica en el SEN (BID 2018, 21), ha tenido diferentes causas, pero lo importante es que ese escenario de dependencia es posible revertirlo en un plazo relativamente corto. El actual calendario de descarbonización de la matriz eléctrica si bien ha sido criticado por no dar respuesta a todo el parque termoeléctrico, puesto que solo abarcó 8 del total de las unidades, así lo demuestra. La sociedad civil organizada ha señalado que incluso podría completarse al 2030, en vez de lo propuesto por el gobierno hacia 2040 (Soto 2019). Lamentablemente, dentro de este calendario, del que solo se han anunciado las fechas de cierre, se desconoce la existencia de políticas que se hagan cargo de las comunidades que seguirán en la pobreza multidimensional cuando las empresas hayan apagado las termoeléctricas, de esta manera la transición no será justa para ellos, porque el gobierno no consideró políticas ni acciones para restaurar los recursos y condiciones ambientales que permitían el sustento de las comunidades que permanecerán en los territorios.

El calendario está basado en la voluntad de las empresas generadoras, y se entiende de cierta medida, porque en un estado subsidiario como el chileno, las decisiones de estas características las toman las empresas que tiene el control de la generación eléctrica. No obstante, desde la mirada de los territorios, es el Estado el que ha fallado en considerar en sus políticas, planes y programas el desarrollo de transición ¨socio ecológicamente justa¨ para todos. De todas maneras, no sería justo tampoco que las empresas solo se hagan cargo de sus trabajadores y que sea exclusivamente el Estado el que se haga cargo de las cargas provenientes de los proyectos energéticos. En tal sentido, el estudio presentado por el BID en el trabajo desarrollado en la mesa de descarbonización se enfatiza que los fondos para el financiamiento de los programas de transición provienen o de las empresas o de los gobiernos, especialmente locales. Lo significativo de estos financiamientos es que generalmente ‘las empresas se orientan a los programas que ayudan a sus trabajadores, en tanto, los gobiernos a los programas que impulsan el desarrollo de la región y de la comunidad’ (BID 2018, 18). Esto quiere decir que los esfuerzos para hacer justa la transición de parte de las empresas es hacia adentro de sus plantas y que son los gobiernos los que se tienen que hacer cargo de las cargas provocadas por las empresas, subsidiando las consecuencias socioambientales de los años de contaminación con fondos públicos, mientras las empresas se harán cargo de un puñado de empleos y con ayuda estatal. Esta posición deberá ser discutida en el desarrollo de la estrategia de transición justa que el plan de los compromisos

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nacionalmente determinados contempla para el año 2021 (Gobierno de Chile 2020, 27). Sin duda, la participación ciudadana en ese proceso deberá asegurarse y al mismo tiempo no se debería cometer el mismo error de solo considerar una pequeña parte de la ciudadanía para ese propósito, como lo fue la mesa de descarbonización. Un país en desarrollo como Chile no puede darse el lujo de subsidiar una transición que solo abarca a los trabajadores de las empresas sin considerar a las comunidades que quedarán en los territorios degradados. Los ejemplos con los que se cuenta, están basados en los grandes esfuerzos desarrollados por parte de los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales no tiene concordancia con la realidad en Chile, dónde la fuerza laboral asociada a las termoeléctricas a carbón es muy menor a la que se encuentra en dichos lugares y ni siquiera representan un número importante en relación a los habitantes de las comunas en dónde se alojan. En los países desarrollados se han creado programas financieros para ayudar a los trabajadores y sus comunidades debido principalmente a la magnitud de sus industrias (CE 2020), pero como el estudio comparativo del BID lo señala, generalmente los recursos para ayudar a las comunidades son estatales (BID 2018). Cabe recordar, que en Chile el escenario es completamente diferente debido a que no existe ninguna comunidad que dependa del funcionamiento de las termoeléctricas a carbón. Lo que si existe, son comunidades que han visto el desmedro de sus economías, salud y ambiente. Aún así, el calendario de descarbonización es sin duda el principal instrumento relacionado con la transición justa en Chile, pero su gran logro hasta ahora es el otorgamiento de una salida blanda a las empresas y no está claro que se haga cargo ni siquiera de sus propios trabajadores. No obstante, si está claro que no se hace cargo de las cargas ambientales sufridas por las comunidades, tampoco la necesaria y compensación, reparación y restauración de su calidad de vida. Es importante entonces conocer la magnitud de empleos que deberán transitar hacia una economía baja en carbón y que ha sido analizado dentro de la mesa de descarbonización que discutió los pro y contras de dicho calendario. Según Chile Sustentable (2019, 2), hay tres fuentes de información que han determinado el número promedio de empleos directos e indirectos. Chile Sustentable determinó un promedio de 50 empleos directos por unidad. La consultora Inodú por su parte estableció un promedio de 54 empleos directos por unidad y finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que incluyó a toda la cadena productiva y de servicios asociados a la operación de las plantas, el cual dio un promedio de 154 empleos directos por unidad. En el caso de los empleos indirectos por unidad, Chile Sustentable no entrega información, Inodú estableció un promedio de 93 personas por unidad y el BID 333 empleos por unidad. En el caso del número total de empleos (directos e indirectos) de las 28 termoeléctricas en Chile, Chile Sustentable estableció 1212 empleos (sin empleos indirectos), Inodú identificó 4100 empleos totales y el BID identificó, como se dijo, a través del análisis de toda la cadena productiva y de servicios a la

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operación de las plantas 13.662 empleos totales (CHS 2019). El total de población de las seis comunas que alojan las termoeléctricas a carbón es de 375.078 habitantes, 27 veces más que el total de trabajadores. Por ejemplo, la comuna que aloja termoeléctricas que menos población tiene es Huasco, con una población 10.149 personas. Asimismo, estas seis comunas tiene un alto porcentaje de pobreza multidimensional, la cual oscila entre el 15,8% (Coronel) y el 24,7% (Huasco) (BID 2018, 23). En resumen, el número de trabajadores que necesitarían de un apoyo para la transición justa es 27 veces menor en comparación a las miles de personas que seguirán viviendo en las zonas de sacrificio, sumidos en una alta pobreza multidimensional una vez se cierren las termoeléctricas que generaron el impacto en sus recursos y medios de subsistencia en sus comunidades. Esto refleja una gran deuda para que dicha transición sea considerada realmente justa. Continuando desde el punto de vista de los empleos, es importante conocer cuántos empleos directos son ocupados por miembros de las comunidades que alojan las unidades de termoeléctricas a carbón. En tal sentido encontramos que en solo tres de ellas son relevantes, pero al mismo tiempo, es un número muy menor en relación a la población de dichas comunas y es solo un 0,17% del empleo y un 0,69% del PIB nacional (BID 2018, 21). En la tabla 1, se encuentra este detalle basado en información del BID (2018): Tabla 1: Distribución comunal y regional de los empleos directos de las unidades termoeléctricas a carbón (BID 2018). Lugar trabajo/ Lugar de residencia

Misma comuna

Otras comunas

Otras regiones

de la región

del país

Iquique

86%

6%

8%

Mejillones

19%

70,1%

10%

Tocopilla

73%

24%

2%

Huasco

57%

32%

8%

Puchuncaví

16%

74%

7%

Coronel

16%

71%

12%

La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2015, 4) en sus directrices para una transición justa señala tener la visión de que una ‘transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible […] debe gestionarse correctamente y contribuir al logro de los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza’. No vemos entonces una separación entre las políticas que se hacen cargo de los trabajadores y las comunidades, pero esto no se condice con la realidad actual, en donde no existen políticas para asegurar que la transición será realmente justa para las comunidades.

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Transición realmente justa ¿Qué podría ser considerado una transición justa desde la mirada de las comunidades? Una de los más dramáticos ejemplos del por qué es necesario un transición justa que aborde integralmente las necesidades de las comunidades se encuentra en el caso de la zona de sacrifico socioambiental en las comunas de QuinteroPuchuncaví. Esta zona, puede ilustrar con su ejemplo, la constante manipulación y traición de la fe pública por parte de las autoridades locales y nacionales que han jurado ante la constitución protegerles. El año 2009, las autoridades modificaron el uso de suelo en la comuna para permitir la construcción de la cuarta termoeléctrica en la zona, a solo metros de las viviendas, como respuesta directa al lobby de las autoridades políticas y comerciales norteamericanas principalmente, a pesar de haber sido paralizada la construcción por la Corte Suprema ese mismo año (Figueroa 2011). Este hecho provocó que los habitantes de la zona se organizarán en diversos grupos. Uno de los más importantes es la Agrupación de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia MUZOSARE, que se creó en 2016 (Almarza y Carrasco 2020). Ellas entiende que una zona de sacrificio socioambiental es ‘un lugar en el que ha habido despojo de nuestros derechos fundamentales al habitar este territorio, en el que hay gente que es sacrificada por no tener las herramientas para defenderse, y hay quienes por la ambición de acumular capital o poder se transforman en sacrificadores de vidas’ (Almarza y Carrasco 2020, 36). Esta definición ha servido para orientar las demandas que han surgido del trabajo del grupo, no solo en el seno de su territorio, sino que también con los habitantes de las otras cinco zonas de sacrificio socioambiental que existen Chile. La principal demanda de estas comunidades, se puede resumir en lo que un lienzo elaborado por MUZOSARE se lee: “Queremos Niños y Niñas Sanos: Aguas Limpias, Aire Puro, Tierra Fértil; La vida no se vende, se defiende” (Almarza y Carrasco 2020, 41). No obstante, aunque parece ser claro el llamado, existen diversas demandas (Orellana 2019, 42; Almarza y Carrasco 2020, 45) muy concretas y detalladas que reflejan qué debería contemplarse en un proceso de transición justa. Algunas de estas demandas fueron entregadas a las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en enero de 2019, ante el proceso Examen Periódico Universal (EPU), a través de un documento elaborado por las organizaciones provenientes desde todas las zonas de sacrificio socioambiental (Tocopilla, Huasco, Mejillones, Coronel y Quintero-Puchuncaví). En ese documento conjunto se solicitó homologar la norma primaria del aire a los recomendado por

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la Organización Mundial de Salud y realizar exámenes toxicológicos a la población vulnerable de la zona (Almarza y Carrasco 2020, 43, 44). No obstante, sus demandas no se limitan a calidad del aire y el monitoreo de la población, puesto que un mes después, hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que solicitaron que el Estado de Chile desarrolle acciones concretas ‘en pos de la vida digna de los habitantes de la zona’ (Almarza y Carrasco 2020, 45). Estas demandas son: • Seguimiento y monitoreo permanente a nuestros niñas y niños y tratamiento. • Normas de calidad de aire que se homologuen a las parámetros de las OMS. • Reposición de la norma de calidad de arsénico de aire. • Implementación de normas de calidad de suelo, mar y agua dulce. • Norma de calidad de aire de hidrocarburos volátiles de acuerdo a la OMS. • Que todas las empresas ingresen estudios de impacto ambiental (EIA). Estas medidas le han sido presentadas al Estado para que este comience la reparación de la tierra, las aguas, el aire y los cuerpos de los habitantes de las zonas de sacrificio socioambiental (Almarza y Carrasco 2020, 45). No obstante, debido a la complejidad de otorgar una solución a los diversos problemas que deben ser resueltos, MUZOSARE organizó en torno a las iniciativas ciudadanas que se desarrollaron posteriormente al denominado ‘despertar ciudadano’ de Octubre de 2019 un Cabildo Socioambiental en el que se identificaron un conjunto de demandas que viene a complementar lo que ya se había señalado, tales como: • La creación de centros de salud especializado en salud para las enfermedades ligadas a la contaminación. • Cierre de la fundición de Codelco Ventanas. • Cierre de las cuatro termoeléctricas a carbón de AES Gener. • Modificación al plan regulador de la región de Valparaíso para evitar la futura instalación de nuevos proyectos en el parque industrial. • Destinar las 750 hectáreas remanentes de parque industrial a áreas verdes y reforestación con árboles nativos. Adicionalmente, en la consulta ciudadana organizada por los municipios en Noviembre de 2019, se identificaron demandas sociales que tienen directa relación con la reparación que esperan los habitantes de las zonas de sacrificio

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(Almarza y Carrasco 2020, 49, 50). En dicha consulta los vecinos de ambas comunas tuvieron la posibilidad de elegir tres principales necesidades o urgencias. En el caso de Puchuncaví, los vecinos eligieron que el hospital existente cuente con las especialidades para hacer frente a las enfermedades producidas por la contaminación con 51,09% de los votos, en segundo lugar, los vecinos votaron en un 40,72% para que las empresas tributen en la comuna y, finalmente la fiscalización y cumplimiento de normas, inversión en tecnología de punta y puntos limpios obtuvo el 31,65% de las preferencias. En Quintero, en primer lugar, con 82,8% de los votos se eligió la mejora de la calidad de la salud aumentando las especialidades, tratamiento e infraestructura. En segundo lugar, las preferencias se inclinaron en un 49,6% por la modificación del uso de suelo para congelar la instalación y ampliación de las empresas y en tercer lugar, la instalación de una planta de tratamiento para la recuperación de las aguas servidas obtuvo el 35,06% de los votos. Las políticas gubernamentales que se esperan se desarrollen durante el 2020 y el 2021 dentro del proceso de construcción de la Estrategia para una Transición Justa, según el compromiso asumido por la NDC 2020, debe seguir la recomendación de la OIT (2015, 6) en la cual se señala que: ‘es preciso contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de sostenibilidad y las vías para alcanzarlo. El diálogo social debe formar parte integrante del marco institucional para la formulación y la aplicación de políticas en todos los niveles. Se debería llevar a cabo un proceso de consulta fundamentado, adecuado y continuo con todos los interesados pertinentes’. Es preciso por ende, considerar a las comunidades como parte de cualquier iniciativa que aborde la transición justa, especialmente por su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, sobre erradicación de la pobreza, la cual seguirá afectando a las comunidades que han visto como sus medios de subsistencia han desaparecido y que con el mero cierre de las termoeléctricas a carbón dichos medios no van a regresar sin las debidas compensaciones y reparaciones necesarias. En estas políticas deben basarse en los principios de justicia climática y ambiental, dentro de las cuales se deberá garantizar el adecuado acceso a información ambiental, el acceso a la participación y a la justicia ambiental. Por otro lado, además es imperativo que el proceso asegure que se compartan los beneficios y las cargas de forma equitativa, esto quiere decir que los que se han beneficiado de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, al no pagar por ellas, compartan los beneficios con los que están sufriendo por los efectos de esas emisiones (MRF 2019).

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Conclusión El concepto de Transición Justa es un concepto que debería incluir a las comunidades en la transición hacia una economía baja en carbono basada en el desarrollo sostenible. No obstante, esta realidad no representa la necesaria justicia que esperan las miles de personas que han sacrificado su salud, economía y bienestar por el desarrollo extractivista que los condenó a vivir en las denominadas zonas de sacrificio. En tal sentido, para nuestra fundación, la transición justa no puede ignorar las reparaciones necesarias para restablecer las condiciones que les fueron arrebatadas a las comunidades locales, sobre todo en un país que no depende de las energías sucias para su futuro energético, ni para un grupo de trabajadores muy menor en relación a las miles de personas que han visto arrebatada su salud, sus medios de subsistencia y su ambiente. Las medidas implementadas actualmente para dar una respuesta gubernamental no abordan esta dimensión del problema de las zonas de sacrificio y solo pretende dar una salida cómoda a los responsables industriales y estatales de la violación de los derechos ciudadanos a través de un calendario de descarbonización que nuevamente solo da cuenta de uno de los problemas actuales, la contaminación, pero que no asegura la recuperación del bienestar arrebatado por más de 50 años de políticas gubernamentales que agudizaron las malas condiciones de vida de estas comunidades. Es por eso, que desde Territorios Colectivos estamos trabajando para asegurar que las voces de los territorios son representados y escuchados en el proceso de construcción de la Estrategia de Transición Justa que deberá estar lista antes del 2021 y que su rango de acción no espere a completar el calendario de descarbonización, el cuál se espera lo haga el 2040, sino que se ejecute de manera paralela al proceso de cierre de las termoeléctricas en las cinco zonas de sacrificio.

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Bibliografía • Almarza, María Teresa, y Valeria Carrasco. 2020. “Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. Nuestra historia y caminos recorridos.” En Feminismo Popular y Territorio en Resistencia. Fundación Emerge, Fundación Heinrich Böll Stiftung. • BID, Banco Interamericano de Desarrollo. 2018. “Impacto económico y laboral del retiro y/o reconversión de unidades a carbón en Chile. Presentación a la Mesa de Descarbonización”. https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/20181204_presentacion_consulto ria_bid_sesion_8.pdf. • CE, Comunidad Europea. 2020. “The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism explained”. 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24. • CHS, Chile Sustentable. 2019. “Empleos Asociados a las 28 Termoeléctricas a Carbón que operan en Chile”. Chile Sustentable. • CMNUCC. 2011. “Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16o período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, Decisión 1/CP.16”. • Figueroa, Juan Pablo. 2011. “Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener”, 2011. https://ciperchile.cl/2011/03/01/las-gestiones-conjuntas-de-los-gobiernos-dechile-y-ee-uu-para-salvar-a-termoelectrica-de-aes-gener/. • Gobierno de Chile. 2020. “Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile Actualización 2020”. • Hervé, Dominique. 2019. “Policy Brief 11: Justicia ambiental y recursos naturales”. Observatorio Ley de Cambio Climático. • ITUC. 2015. “ITUC Frontlines Briefing Climate Justice: There are no jobs in a dead planet.” • MINAMB, Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Ley General de Bases del Medio Ambiente. • MRF, Mary Robinson Foundation. 2019. “Principles of Climate Justice”. • OIT, Organización Internacional del Trabajo. 2015. “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos”. • Orellana, Carolina. 2019. “Zonas de Sacrificio: Una nueva expresión de violencia.” En Mujeres en defensa de territorios. Reflexiones frente al extractivismo. Fundación Heinrich Böll Stiftung. • Soto, Claudia. 2019. “Poco ambicioso y sin novedad: ambientalistas y parlamentarios cuestionan plan de descarbonización presentado por Piñera”, 2019. https://www.latercera.com/nacional/noticia/poco-ambicioso-sin-novedadambientalistas-parlamentarios-cuestionan-plan-descarbonizacion-presentadopinera/684149/.

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