umbrales sociales para chile: desafíos para la política social
La dimensión política de la centralización
Si bien la descentralización es una importante condición para mejorar el ejercicio de inclusión de las necesidades, requerimientos, particularidades y propuestas de las poblaciones locales a la dinámica de la gestión pública, no cualquier acto de delegación de facultades asegura el mejoramiento del bienestar y el desarrollo de capacidades de agencia de las comunidades, familias y/o personas. Ejemplos de esto hay muchos, como es el caso del efecto regresivo y segmentador que tuvo la municipalización del sistema escolar. Para que la descentralización surta un efecto positivo, se debe dar un conjunto de condiciones normativas, institucionales, programas y presupuestarias favorables, así como también se deben tomar medidas de fortalecimiento de la sociedad civil local, en especial, aquella que vive situaciones de pobreza.
Un modelo descentralizado en términos políticos implica la necesidad de garantizar un mayor grado de representatividad y legitimidad de las autoridades subnacionales, así como también las posibilidades de participación e incidencia por parte de los ciudadanos. El grado de involucramiento de estos en los espacios de decisión, tiene una estrecha relación con la percepción de una mayor capacidad de transformar su entorno por medio de canales institucionales (Smets y Ham, 2013). Visto así, el desafío no es menor. Si bien es cierto que, en el nivel local, tanto alcaldes como concejales son democráticamente elegidos, al igual que los consejeros a nivel regional, Chile sigue siendo el único país de la OCDE que no elige, por medio de la votación directa, a la autoridad máxima regional. Se trata de una necesidad muy sentida en las regiones.
ESTUDIO LOS LAGOS: CRISIS DEL HABITAR INSULAR La dirección regional de FSP, región de Los Lagos, impulsó en 2016 un importante estudio cualitativo en 14 islas del archipiélago interior de Chiloé. Por medio de entrevistas y focus a más de un centenar de personas, se pudo determinar que las estrategias de sobrevivencia de los isleños, fruto de aprendizajes y acuerdos colectivos fraguados en larguísimos períodos de tiempo, están en crisis. Estos, históricamente estuvieron basados en usos consuetudinarios que permitieron una interacción sustentable con los servicios ambientales que ofrecen estos pequeños espacios ecológicos, siendo clave entre ellos, las rutas fluviales, la vida intermareal y bentónica, los escasos cursos de agua, la vegetación nativa, los cultivos de semillas locales y animales propios. Pero el acceso colectivo y regulado por la costumbre a estos recursos y cristalizado en elementos cosmogónicos, se ha visto seriamente modificado por la privatización del borde costero, la restricciones de navegación, el incentivo a emprendimientos sin sustentabilidad, el reemplazo de cultivos y animales por variedades exógenas, la regularización de títulos de dominio que suele entorpecer los usos consuetudinarios y la entrega de beneficios individuales y familiares. Así, el Estado de Chile ha abordado el territorio insular como si se tratara de áreas rurales del valle central, lo que ha provocado en no pocos casos, el colapso de ciertos recursos naturales, conflictos entre vecinos y restricciones a la antigua y valorada movilidad marítima del chilote. El estudio afirma que pensar y promover el desarrollo en sistemas insulares, nos obliga a reconocer el valor de estos usos y prácticas antiguas, a reanimar la movilidad marítima y a potenciar el trabajo multioficio que desarrollan sus habitantes y que es parte de su identidad y estrategia de vida. En efecto, los isleños son pescadores y a la vez recolectores, agricultores, comerciantes, artesanos, buzos mariscadores. En definitiva, acumulan saberes que pocas políticas han sido capaces de entender y aprovechar como recursos para el desarrollo, puesto que su marcado sesgo centralista lo ha impedido.
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