Cuadernillo: Construyamos un nuevo Chile, Le Monde Diplomatique, Año XXI, número 229 JUNIO 202

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Palestina, un pueblo de pie por Serge Halimi Año XXI, número 229

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JUNIO 2021

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LE

MONDE

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diplomatique Aún Creemos en los Sueños

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Construyamos un nuevo Chile Por Natividad Llanquileo, Constanza San Juan, Alejandra Flores, Ivanna Olivares, Manuela Royo, Felipe Berríos, Libio Pérez y Álvaro Ramis

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-Inequidad en los aprendizajes por Dante Castillo y Mario Torres

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HOMENAJE a ROSER BRU, de la serie La vida breve, 2004

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Dossier: Los archivos secretos sobre Ruanda Artículos sobre Israel-Palestina, Brasil, China, Estados Unidos, India...


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diplomatique | junio 2021

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25 Eslovenia Independencia 25 Mozambique Fiesta Nacional 26 Madagascar Independencia 27 Djibouti Independencia 30 Rep. Dem. 2 del Congo Fiesta Nacional

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Palestina, un pueblo de pie por Serge Halimi*

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n los últimos quince años, Gaza sufrió cinco expediciones punitivas: 2006 (“Lluvia de verano”); 20082009 (“Plomo fundido”); 2012 (“Pilar defensivo”); 2014 (“Margen protector”); 2021 (Guardián del Muro). Israel eligió estos nombres para camuflar mejor los asaltantes en asediados. Y, desde hace quince años, los mismos personajes repiten los mismos eslogans para legitimar los mismos castigos. Porque el desequilibrio de los medios utilizados hace que resulte inapropiado hablar de “guerra”. Por un lado, uno de los ejércitos más poderosos y mejor equipados del mundo, que dispone del apoyo ilimitado de Estados Unidos, que somete sus adversarios a un bloqueo terrestre y marítimo constante (1). Enfrente, ni un carro de combate, ni un avión, ni un buque, ningún apoyo (más que verbal) de ninguna capital. Era necesario por lo tanto todo el aplomo de un embajador israelí en Francia para recriminarle a los palestinos “uno de los crímenes de guerra más abyectos del siglo XXI” (2). El número de víctimas respectivo a lo largo de estos cinco conflictos es respuesta suficiente. Desde hace quince, como todos saben, los israelíes “responden” o “replican” las agresiones de las que son objeto. Porque la historia que cuentan nunca arranca un segundo antes del secuestro de uno de sus soldados o del disparo de un cohete en su contra. La cronología de los enfrentamientos omite así las vejaciones cotidianas infligidas a los palestinos, los controles permanentes, la ocupación militar, el bloqueo de un territorio que no cuenta con ningún aeropuerto, el muro de separación, la voladura de sus casas, la colonización de sus tierras. Ahora bien, suponiendo que Hamas desaparezca mañana, todo ello subsistiría. Israel, que ayudó a este movimiento a tomar vuelo y que contribuye a su financiamiento, lo sabe.

Pero darle importancia a semejante adversario le sirve. Y le permite presentar la lucha de un pueblo para disponer de Estado como la agresión terrorista de una organización religiosa mesiánica. Al intervenir brutalmente en Jerusalén contra los fieles en la Explanada de las Mezquitas, las autoridades israelíes no podían ignorar que le darían pie al movimiento islamista. Por más cínica y transparente que fuera, la operación del primer ministro Benjamin Netanyahu prosiguió sin trabas. Ni una resolución de las Naciones Unidas (que Israel habría podido ignorar una vez más), ni medidas de sanción, ni llamados de consulta a embajadores, ni suspensión de entregas de armas. Al igual que Washington, la Unión Europea repite los elementos semánticos de la derecha israelí; el gobierno francés –apoyado por Marine Le Pen, por Bernard-Henri Lévy y por la alcadesa socialista de París Anne Hidalgo– sólo se despabiló para prohibir una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino. Pareciera que cuanto más poderoso y dominante es Israel, cuanto menos democrático, más el mundo entero está a sus pies. No obstante, como cinco “guerras” lo demuestran, esta “Cúpula de Hierro” diplomática no garantizará su tranquilidad. La violencia de la resistencia siempre responde a la violencia de la opresión, salvo cuando un pueblo es aplastado y sometido. Y el pueblo palestino está de pie. g 1. Olivier Pironet, “En el caldero de Gaza”, Le Monde diplomatique, edición chilena, septiembre de 2019. 2. Daniel Saada, por Europe 1, 12-5-21. *Director de Le Monde diplomatique. Benjamín Lira, Cabeza N° 71 (gres y esmalte), 2005

Traducción: Micaela Houston

La derecha vive su peor derrota por Libio Pérez*

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as fuerzas de derecha quedaron arrinconadas, aferradas a un escuálido 21 por ciento en la elección de la Convención Constitucional, casi el mismo porcentaje que obtuvo la opción “Rechazo” en el plebiscito de octubre pasado. Son los peores resultados obtenidos desde el término de la dictadura, incluso más bajos de los que obtuvo la derecha (el Partido Nacional) en las elecciones parlamentarias de 1973, en pleno gobierno popular de Salvador Allende, hace casi medio siglo. Las dirigencias de los partidos oficialistas apostaron a la táctica de la unidad completa – desde los ultraderechistas republicanos hasta la “derecha social”- para competir y alcanzar el tercio que les permitiría tener poder de veto. La apuesta no resultó y sus 38 delegados constituyentes no serán suficientes para imponer sus términos a la hora de concretar el cambio de carácter de Estado, la definición del régimen político y la nueva distribución del poder, entre otras transformaciones que estarán en debate desde la instalación de la Convención Constitucional. La derecha ha quedado fuera. Lo que sufren las fuerzas conservadoras es un golpe de largo alcance, es un revés estratégico, una derrota que se prolongará más allá de los próximos ciclos electorales, que impacta en la cultura política, que impedirá su defensa irrestricta al neoliberalismo, y a la institucionalidad que tanto le convenía para actuar en el escenario político. La profunda derrota de la derecha también arrastra a los grandes empresarios y grupos eco-

nómicos -que fueron notoriamente generosos con las candidaturas conservadoras- quienes ven en la redacción de la nueva Constitución una amenaza a sus intereses, por lo que volcaron sus vocerías a prestar apoyo a quienes defendieron en sus campañas la intangibilidad de “la propiedad” o “las ideas de la libertad”. Esa línea de resistencia, también se vino abajo. La posición en la que quedó el gobierno de Sebastián Piñera, no puede ser peor. Ya arrastraba una crisis abierta desde octubre de 2019, cuando al “entregar” la Constitución de 1980 abrió una grieta vertical entre las fuerzas que le dan sustento. Antes incluso del inicio de la rebelión social, el gobierno mostraba incapacidad de cumplir sus promesas de mayor “seguridad pública” y de “crecimiento económico”, los dos ejes más importantes de su gestión. La rebelión de octubre de 2019 vino a desnudar el fracaso de Piñera y su gabinete, además de agregar un conjunto de demandas que La Moneda nunca comprendió y que hoy le saltan desde las votaciones del 15 y 16 de mayo pasado. Ni siquiera es necesario recurrir a las estadísticas o a datos duros: basta con contar que en tres años de gobierno han pasado cuatro ministros del Interior y tres en el Ministerio de Hacienda. Ningún gobierno puede asegurar que da “estabilidad” cuando cambia cada año los pilares de la administración: los equipos políticos y económicos. La pandemia viral que llegó en marzo de 2020 le dio un respiro a Piñera y a su gobierno ante la arremetida popular. Pero desnudó nuevos problemas. La población percibió la dure-

za ideológica de los habitantes de La Moneda, al poner la economía por encima de la salud de los trabajadores, las capas medias y, sobre todo, de los sectores más pauperizados. La ayuda para vivir fue poca, para segmentos focalizados de la población y además tardía. El manejo de la pandemia fue -y sigue siendo- errático. La economía se resintió, pese a que buena parte de los recursos que puso el gobierno estuvieron orientados a proteger a las empresas. Empujó una política que descargó los costos de la crisis en la población, que tuvo que hacer uso de sus ahorros para la cesantía o -los más voluminosos- para la vejez. Tres retiros de los fondos previsionales de los trabajadores inyectaron más 35 mil millones de dólares al mercado, a todos los cuales el gobierno se opuso férreamente, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional, donde sufrió una fuerte derrota pre electoral. De paso, su oposición a los retiros de fondos dejó al final del balance a su coalición quebrada. Piñera perdió en las dos cámaras del Congreso por los votos en contra de su propio sector. Por eso resulta coherente observar -tras la derrota en la constituyente- que los candidatos de la derecha que competirán en los próximos comicios (segunda vuelta de Gobernadores, presidenciales y parlamentarias) desde ya toman distancia del gobierno y de la figura presidencial que suscita amplio rechazo y consigue escasos puntos de aprobación. Joaquín Lavín (de la ultraconservadora UDI) y uno de los candidatos fuertes de la derecha, decidió nombrar como su jefe de cam-

paña al recién reelecto alcalde Rodolfo Carter, un sobreviviente de las elecciones pasadas, también militante de la UDI, que no tuvo empacho en apuntar al gobierno y a Piñera de la derrota que cayó sobre su sector. El alcalde de La Florida señaló que los resultados electorales eran “una marea de descontento contra el peor gobierno de la democracia. Este gobierno ha destruido todo, no solo su sector, sino que las bases del Chile moderno que hemos construido entre todos” (1). El vocero de Lavín también abrió fuego contra la deteriorada figura de jefe de Estado: “Si el presidente quiere a Chile, que yo creo que lo quiere y espero que más que a sí mismo, que se quede callado por un buen rato… Si de verdad entendió el mensaje de las urnas, y no solamente una cuña que le dijeron del ‘segundo piso’ para salvar los pocos muebles que le van quedando, de verdad que sea un poco más empático con la gente, que escuche más, que tenga solidaridad con quienes siguen sufriendo”. Tomará mucho tiempo para que las fuerzas de la derecha actualicen sus proyectos, regeneren confianzas entre ellas, y tengan capacidad de ofrecer un programa que le haga sentido a la población. Quedaron atrás las promesas de “tiempos mejores”, que nunca llegaron. g 1. Entrevista en Radio Bío Bío 18 de mayo de 2021 *Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.


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La totalidad de sus integrantes elegidos por votación popular

Radiografía a la Convención Constituyente por Álvaro Ramis*

El Chile que surgió desde las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 es claramente distinto al que hemos conocido desde el 11 de marzo de 1990. Junto a una nueva geometría de poder, reflejada en la nueva composición de los concejos municipales y de distribución de las alcaldías, y al estreno de las gobernaciones regionales, se ha producido la elección más relevante de las últimas tres décadas: la conformación de la Convención Constituyente.

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n total de 155 representantes fueron elegidos bajo sistema de paridad de género, 78 hombres y 77 mujeres. 138 mediante el sistema electoral D’Hont (proporcional moderado), en representación de 28 distritos. Más 17 electos en representación de los pueblos originarios, distribuyéndose siete cupos para el pueblo mapuche; dos para el aymara y uno para pueblos quechua, chango, atacameño o lickanantay, diaguita, colla, rapanui, kawashkar y yagán. Aunque la participación electoral se mantuvo baja, alcanzado el 43% del padrón electoral, los resultados reflejaron una nueva correlación de fuerzas políticas, y sobre todo, unas claras prioridades programáticas que recorren el amplio campo de las demandas sociales acumuladas en estas tres décadas. El temor a que el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, concordado por el Congreso en noviembre de 2019, sólo hubiera significado un medio de contención del proceso de movilizaciones abierto el 19 de octubre de 2019 ha quedado refutado por la contundencia de los resultados. Incluso la barrera más polémica incluida en ese pacto, la necesidad de un quórum de dos tercios para adoptar cualquier decisión al interior de la Convención Constitucional (CC), ha quedado en segundo plano ya que la derecha no ha logrado los 52 constituyentes que le permitía alcanzar el poder de veto. Un breve análisis de los resultados electorales permite proponer algunas consideraciones y escenarios posibles en el proceso que se inicia. I. La impotencia de Chile Vamos (37) De los 90 constituyentes que consiguieron las listas levantas por partidos políticos, la oficialista coalición Chile Vamos obtuvo 37, el resultado electoral más bajo de este sector desde 1964, y menor al 21.72 % obtenido por el Rechazo en octubre de 2020. Con un total de 1.173.198 votos, la derecha unida sólo llegó al 20,56%, distribuyéndose en 17 escaños para la UDI, 14 para RN, cinco para Evopoli y uno para el Partido Republicano. Este resultado le impide de forma au-

tónoma bloquear la toma de decisiones en la Constituyente. Ello haría previsible que todos sus esfuerzos se encaminen a lograr acuerdos racionales en algunos puntos sensibles para sus intereses, tratando de sumar a sus posiciones a sectores de la ex Concertación e independientes. Lo que conspira contra esta acción es la composición de su bancada, predominantemente UDI, tensionada por las críticas que las bases electorales de la derecha han lanzado en el último año. Lejos de una voluntad pactista y abierta a los acuerdos, cada vez se escuchan más fuertes las demandas de las bases de ese sector por posiciones más intransigentes, identitarias, a la vez que acusan al gobierno de Piñera de debilidad y falta de coraje para enfrentar con mayor dureza policial y militar el estallido social. La elección de personalidades como Marcela Cubillos, Teresa Marinovic, Luis Mayol o Harry Jürgensen muestra un bloque mucho más escorado hacia posiciones ideologizadas y reactivas, que hacia posturas pragmáticas y constructoras de acuerdos, como podrían surgir desde Evópoli, con constituyentes más dialogantes como Hernán Larraín Matte. Si se imponen los sectores mayoritarios de la derecha, es probable que su estrategia será impugnar el conjunto del proceso, caricaturizar a las otras listas y empantanar la tramitación de la nueva Constitución por vías extra o para-institucionales, tales como la descalificación de los liderazgos populares ahí representados, campañas masivas del terror o acciones de low-fear o guerra judicial. Ya se advierte en los líderes de este campo un ánimo de boicot, más o menos sibilino. El aporte de los grandes medios de comunicación y la presión económica pueden jugar a su favor. 2. Los desplazamientos en la ex Concertación La “Lista del Apruebo” alcanzó 14,46% (824.812 votos) lo que le permitió llegar a 25 constituyentes. Agrupó al Partido Socialista, que logró 15 constituyentes, diez militantes y cinco independientes; la Democracia Cristiana obtuvo dos escaños, pero sólo

con un militante; el PPD tres; el Partido Radical uno independiente; el Partido Liberal tres y el PRO uno. Aunque se suponía que serían la primera fuerza política según las encuestas, se ubicaron en un cuarto lugar, por debajo de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo. Esta lista conjugaba liderazgos altamente disímiles entre sí. La composición de esta bancada podría haber sido muy diferente si los elegidos hubieran tenido mayoritariamente el perfil de candidatos conservadores como René Cortázar o Jorge Correa Sutil, quienes no resultaron electos. En cambio, lo que predominó fue la elección de personalidades progresistas, como Jorge Baradit, Malucha Pinto o Christian Viera, lo que augura que esta bancada debería estar en mayor sintonía con las grandes líneas programáticas de Apruebo Dignidad y las listas independientes. Lo que puede dificultar estos entendimientos puede venir de la competencia electoral de noviembre, con candidaturas presidenciales y parlamentarias enfrentadas, lo que puede conspirar contra los pactos y acuerdos concretos. 3. La consolidación de Apruebo Dignidad La lista Apruebo Dignidad logró 28 cupos, con 1.069.225 votos, lo que representa un 18,74%. Agrupó al Partido Comunista (7 escaños), Frente Amplio (16), Federación Regionalista Verde Social (4) y el Partido Igualdad (1). Pero esta distribución engaña si no se advierte que un grupo significativo de estos cargos será ocupado por personas provenientes de movimientos sociales que concurrieron en cupos de partido. De todas formas, vale la pena destacar el éxito de Revolución Democrática con 9 escaños y de Convergencia Social con 6. Este dato es relevante de cara a la primaria presidencial que disputarán Gabriel Boric y Daniel Jadue el 4 de julio de este año. En general esta votación muestra una cierta equivalencia con el resultado obtenido por separado por estos partidos en la última parlamentaria: en 2018 FA logró 20 diputados; PC 7 diputados y FRVS 4 diputados. De alguna forma, este éxito global puede verse tensionado por la emergencia de las listas independientes, como la Lista del Pueblo, que si llegan a expresarse en la competencia parlamentaria de este año podrían significar un serio desafío para este bloque. Este desafío “desde la izquierda” podría llegar a dificultar para Apruebo Dignidad el entendimiento con la lista del Apruebo. Por otra parte, las trece alcaldías que consiguió el Frente Amplio y las diez del PC/FRVS van a ayudar a esta nueva fuerza política a consolidarse a nivel nacional. 4. El éxito de las listas independientes Un total de 48 escaños provienen de candidaturas independientes, lo que representa más del 40% del total. Aunque existen cinco liderazgos completamente individuales, electos sin adscripción a listas nacionales en los distritos 2, 3, 5, 9 y 28, el resto de los independientes se agrupó en diferentes candidaturas que representan a articulaciones y movimientos sociales sin alianzas con partidos políticos. El mayor éxito lo tuvo la Lista del Pueblo, con 900.000 vo-

tos y 27 escaños. Destacan en esta bancada los liderazgos surgidos directamente desde las movilizaciones de octubre de 2019, como “Tía Pikachu”, Dino Azul, “Pelao Vade” y Alejandra Pérez. Pero en general esta lista expresa a organizaciones de base, con fuerte implantación local, con énfasis en las movilizaciones feministas, ambientales y populares. Es necesario sumar a este campo seis escaños obtenidos por las listas de Movimientos Sociales Constituyentes, ligadas a procesos territoriales como “Insulares e Independientes” de Chiloé, A Pulso por el Buen Vivir en Aysén y la Coordinadora Social de Magallanes. lo que puede junto a la Lista del Pueblo puede dar origen a una “bancada de los pueblos”. Este bloque enfrentará una inevitable tensión a la hora de transformar demandas locales en normas constitucionales. Deberán participar en el espacio altamente reglamentado de la Convención, estructurado bajo la lógica parlamentaria, lo que exige representaciones claras, delegación de funciones, pactos de responsabilidad compartida con el resto de las bancadas. Sus formas y métodos de organización van a chocar con la racionalidad institucional, lo que puede ser importante si logran generar alianzas y mantener el vínculo con sus organizaciones sociales y populares de origen. Por otra parte, es previsible que las tensiones propias de las elecciones parlamentarias y presidenciales puedan distraerles de ese objetivo. Otro caso es el de la bancada de Independientes No Neutrales (o Independientes por una Nueva Constitución), que obtuvo 11 escaños. La proveniencia y el perfil de esta lista es más cercano a la lógica de profesionales ligados a ONGs y ex militantes de la ex Concertación. A partir de su programa se puede anticipar que pueden jugar un rol clave al articular posturas con la lista del Apruebo. Es probable que aporten decididamente en la democratización del sistema político y en el reconocimiento del rol del Estado como garante de derechos, pero pueden tener menos voluntad en materias más controversiales, ligadas especialmente a la “constitución económica”, tales como el derecho de propiedad, las concesiones mineras, la libertad de enseñanza, entre otras. 5. La impronta de los Pueblos Originarios La inédita presencia de los Pueblos Originarios con 17 escaños amerita un análisis más extenso por sí mismo. Destaca la primera mayoría de la Machi Francisca Linconao, quien ha sido perseguida por el Estado de Chile durante años. Pero además se evidencia un cuerpo de dirigentes de altísima representatividad y calidad, como Natividad Llanquileo, abogada y ex vocera de presos políticos mapuche; Elisa Loncón, académica de la USACH y Adolfo Millabur, sólo por ejemplificar. Sin duda la presencia activa de los pueblos originarios permitirá poner en el centro de las deliberaciones la necesidad de una Constitución posneoliberal, feminista, ecológica, democrática y plurinacional. g *Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano


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Participación de los Pueblos Originarios

Nueva Constitución: Justicia y dignidad para los Pueblos por Natividad Llanquileo Pilquimán*

les con listas constituyentes, siendo indispensable autoregularse constantemente. En nuestro caso, el proceso que hemos vivido en el marco constituyente ha sido participativo y colectivo. La elaboración de una propuesta programática fue nutrida en diversos espacios. Todas las semanas el Colectivo Trür Igualdad junto a werken comunicaciones mantuvo la transmisión del “Txawün Constituyente”, con diversas personas invitadas, varias especializadas en materias como también representativas de territorios y organizaciones. También tuvimos múltiples encuentros, nvtram y reuniones presenciales, con diferentes comunidades y agrupaciones, recabando allí múltiples sentimientos, anhelos, demandas y propuestas. Así, paso a paso, se fue construyendo nuestra propuesta y son las instancias a la cual nos debemos y que nos han establecido un mandato. Es importante recordar que en febrero de este 2021, en la Pampa de Koz-koz en la comuna de Panguipulli, tuvimos un importante encuentro de candidatas y candidatos constituyentes mapuche a escaños reservados e independientes, convocados por el Parlamento de Koz-koz, donde asumimos un compromiso colectivo en la defensa de los derechos de nuestro pueblo, entendiendo también que hay diversos temas transversales que involucra los intereses y necesidades de todos los pueblos. Se señala esto porque quienes representamos sentires colectivos, tenemos que cambiar las formas imperantes que han habido en las tomas de decisiones en diversas escalas, como han sido los fracasados sistemas de delegación de la representatividad y acuerdos en cuatro paredes. Es necesario que los espacios sean abiertos, transparentes, que nuestras comunicaciones con las instancias que representamos sean con una fluida retroalimentación, con decisiones compartidas y relaciones horizontales.

Participar del proceso constituyente no fue una decisión fácil; sin embargo, se tomó una decisión colectiva con personas de diversos territorios, abriéndose diversos espacios de encuentros, desde donde se consideró relevante participar para incidir en la toma de decisiones de la Convención Constituyente y así salimos con la convicción de que sí se podía.

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ambién comprendemos diversas posiciones críticas, reticentes y de desconfianza que ha existido al proceso desde expresiones autónomas disidentes, varias se comparten plenamente. Es evidente que ha existido intentos de manipulación desde los sectores dominantes del poder político y económico. La exclusión de la Asamblea Constituyente, el poder del capital para campañas electorales, el control de medios masivos de información, la instrumentalización de encuestas, el marco normativo e institucional, en fin, una serie de elementos de desventaja y discriminación; sin embargo, aun así, hasta con una importante dispersión de votos desde colectividades políticas disidentes, movimientos sociales y autónomas, no pudieron y lo del 15 y 16 de mayo ha sido un nuevo hito histórico que cambia profundamente los ejes y el horizonte. Todos los fatalismos anunciados con antelación que tendrían independientes organizados fracasaron. Todos los ninguneos y cercos informativos, fracasaron. Y todos los señalamientos que en realidad la gente no quiere cambiar el sistema, se equivocaron. Hoy hay señales claras y concretas que sí se quiere cambiar el régimen político y el modelo económico, que sí se quiere construir caminos de justicia y dignidad para los Pueblos y que fue parte de nuestra consigna principal y propuesta programática. Las estrategias de movimientos sociales y sus movilizaciones en diversos escenarios como ha sido en la calle, en las urnas y en las intervenciones de los espacios de tomas de decisiones, así como de comunidades, organizaciones y colectivos de Pueblos Originarios, quebró el sistema partidista del oligopolio político económico y lejos de ingenuidades, están dando frutos y esperanzas concretas. Es muy importante valorar que personas luchadoras sociales, trabajadoras de mucho esfuerzo y sacrificio, que han sido víctimas de la represión estatal y las desigualdades del neoliberalismo, con algunos casos de prisión, persecución, represión, tanto mapuche, chilena y de otros pueblos, incluso algunos no creyendo que la Convención Constituyente sea un fin, sino un medio, hoy sean dignas representaciones electas, la mayoría con campañas autogestionadas, a pulso y con mucho esfuerzo, que se en-

Algunos ejes Constituyentes

José Venturelli, Ambiente araucano, 1973 (Archivo Fundación José Venturelli)

frentó a millonarias campañas de partidos políticos y empresariales. No está demás decir que, seguramente, sectores vinculados al poder político y económico que ha dominado todo este tiempo bajo el amparo constituyente otorgado por la dictadura, en medio de su catarsis y decadencia, con diversos tentáculos y dimensionando parte de sus historiales de abusos, arrogancias, saqueos y opresión, con una absoluta incapacidad democrática, van a intentar de una u otra forma sabotear y conspirar contra todo avance transformador, por lo tanto los logros y conquistas van a tener que cuidarse dentro y fuera de la Convención. También es importante señalar que las malas prácticas de la partidocracia con formas centralistas, individualistas, caudillistas, neo coloniales, verticales y arbitrarias, de una u otra forma son transversales, también de alguna manera han sido reproducidas por partidos de izquierda de la nueva generación y también podría salpicar a movimientos socia-

Desde los inicios de este andar, hemos sostenido que la soberanía debe recaer en todos los Pueblos que habitan Chile, con un reconocimiento explícito como sujetos de derechos colectivos cuya matriz es la autodeterminación. No hacerlo, es seguir extendiendo los actos históricos y sistemáticos de violencia, despojos, masacres, discriminación, abuso, arbitrariedad y dominación. Construyendo participativamente nuestra propuesta programática, decidimos agrupar las temáticas recabadas en cuatro ejes principales que son parte de nuestro horizonte y que esperamos poder complementar de la mejor forma con las diferentes expresiones democráticas. A continuación, un extracto de ellas: 1. Reconstruir el valor de lo diverso/ plurinacionalidad kimcegen: La plurinacionalidad no es una creación jurídica nueva: es la aceptación normativa de nuestra realidad territorial y cultural. Este reconocimiento no es relevante si sólo se limita a lo simbólico. Primero es fundamental reconocernos y posibilitar la máxima realización dentro de nuestra diversidad. El Estado Plurinacional no es un Estado de naciones enfrentadas o enemigas, sino donde caben todas las naciones, valoradas, respetuosas de los derechos

humanos de todas las personas y hermanadas a partir de intercambios recíprocos de saberes y cosmovisiones, que aseguren un buen vivir para las actuales y futuras generaciones, bajo un marco de reconocimiento explícito de derechos en igualdad. 2. Una nueva relación con la naturaleza/ Feyentun Itrofillmogen: Para alcanzar un Estado de bienestar colectivo hemos de situar en el centro del modelo económico, político y social la protección de las diversas formas de vida, el itrofillmongen en nuestra concepción mapuche. Para eso, proponemos reconocer el derecho a un acceso justo y equitativo de los bienes comunes, en un modelo que proteja la naturaleza y sus integrantes. Para lograrlo, es clave reconocer los derechos de la naturaleza y romper con la visión que cree posible seguir con la depredación para sostener un modelo injusto, que beneficia a unos pocos y sin ningún límite en el interés colectivo. En su lugar, creemos que se la debe concebir como un gran ser vivo con un valor intrínseco. 3. Fortalecimiento y ampliación de derechos/ Kume Mongen: Para que la nueva Constitución garantice una vida digna y plena para todos/as, creemos que es necesario redefinir el rol del Estado: abandonar la pasividad y subsidiariedad privatizadora actual para asumir un rol principal y activo, que asegure los derechos sociales, económicos y ambientales básicos, indispensables para vivir en dignidad, basado en principios de justicia, solidaridad y sustentabilidad, incentivando formas económicas más vinculadas a la comunidad, a los territorios, y basadas en la reciprocidad y la complementariedad. Salud, vivienda digna, educación de calidad, medio ambiente, respeto y desarrollo saludable niñez y adolescencia, entre otros. También derecho a la identidad cultural colectiva, migración, el derecho al agua, vivienda digna, alimentación bajo principios de soberanía y justicia alimentaria y la incorporación de los saberes ancestrales. 4. Para un país digno y sostenible: más y mejor democracia/ Fill ta Iñchiñ Allkütugeaiñ: La nueva Constitución debe contemplar mecanismos de democracia directa como iniciativa popular de ley, el plebiscito, el referéndum revocatorio de leyes injustas y de mandatos de autoridades que violan los derechos humanos, y presupuestos participativos a nivel comunal y regional, entre otros; justicia tributaria; democratización y desconcentración. Es indispensable que la nueva Constitución se constituya en un acto de justicia para los pueblos y por fin llegue a todos/as la tan anhelada dignidad. g *Mujer mapuche y campesina, 36 años. Elegida constituyente en Lista independiente en escaño reservado del pueblo Mapuche. Nacida, criada y con residencia en la comunidad mapuche Esteban Yevilao de la comuna de Tirúa. Abogada de la Universidad Bolivariana, Diplomada en Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad de la Universidad de la Frontera. En 2018 fue Presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur y actual directora de Relación con el medio nacional e internacional.


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diplomatique | junio 2021

Tres mujeres constituyentes del norte

Una oportunidad cierta de cambiar Chile Constanza Andrea San Juan, 35 años, licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Reconocida activista medioambiental es vocera de la Asamblea por el Agua. Elegida constituyente como independiente en la lista Asamblea Constituyente Atacama de la Lista del Pueblo, representará en la constituyente a las comunidades del Distrito 4.

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ui nombrada como candidata de la Asamblea Constituyente de Alto del Carmen, promovida por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, organización de la cual he sido vocera durante más de siete años y que defiende la vida del Valle del Huasco frente al acecho de mega proyectos mineros. Como movimiento socioambiental –uno de los tantos que llevamos varias décadas defendiendo nuestros territorios– comprendimos claramente que los problemas, las inequidades y los abusos que enfrentamos como pueblos y territorios persisten justamente porque la Constitución que nos rige así lo promueve y permite. De una forma u otra, todas las aberraciones y abusos que se cometen contra la Tierra y los ecosistemas, así como la violación de derechos humanos y sociales básicos, son constitucionales. En otras palabras, esta Constitución fue hecha a la medida del empresariado para que éste lucra-

ra sin escrúpulos y sin ninguna otra consideración que frene este afán. Esto lo viví en carne propia con el caso del agua y los glaciares en nuestra lucha contra el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold. En nuestro país el agua no se resguarda como el bien común y el elemento vital que es; fue separada de la tierra y convertida en un bien transable en el mercado, sujeto a sobreexplotación y acumulación por parte de quienes tienen más recursos. En septiembre de 2020 y después de una lucha comunitaria de más de 20 años, el Tribunal Ambiental decretó el cierre definitivo de este proyecto de muerte dándonos la razón. Sin embargo, no habíamos tenido siquiera tiempo de celebrar cuando nos enteramos de que la empresa nuevamente estaba haciendo sondajes y anunciando un nuevo proyecto. En ese momento vino el plebiscito para aprobar o rechazar la idea de redactar una

nueva Constitución y luego del triunfo arrollador del Apruebo, comprendí que había una oportunidad cierta de cambiar las cosas, sobre todo si éramos capaces de dar vuelta el proceso institucionalizado a nuestro favor. La decisión de responder a la propuesta de mi Asamblea se basa precisamente en haber entendido que, a menos que hagamos cambios profundos y estructurales, los intentos de cualquier comunidad por resguardar la vida en su territorio chocarán con el muro de frialdad neoliberal consagrado en la actual Constitución. Además, fuimos testigos de cómo los mismos de siempre que no quisieron cambiar nada en 30 años se apresuraban por anunciar su candidatura. Estoy en este proceso porque es de sentido común querer defender los glaciares y las nacientes de las aguas que son la fuente de vida de todo lo que viene más abajo. Estoy en este proceso porque el trabajo comunitario en el que he estado involucrada por más de 15 años me llena de esperanza; creo en la magia, creo en la creatividad del pueblo y los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo demostraron que no estamos solos.

A la Convención Constitucional quiero aportar mis más de 15 años de experiencia en trabajo en equipo y asambleas, algo de lo cual la política tradicional tiene mucho que aprender, así como de trabajar por el bien común, por poner fin a la precarización de la vida, y por el bienestar de todos y no solo de unos pocos. Quiero aportar los conocimientos acumulados en decenas de cabildos y asambleas realizados en mi Distrito, gracias a lo cual con la Asamblea Constituyente Atacama (ACA) redactamos un Mandato Madre que contiene la sabiduría, los anhelos y las esperanzas de una de las regiones con más zonas de sacrificio de nuestro país y que votó masivamente a favor de la redacción de una nueva Constitución que ponga la vida por sobre el lucro, la dignidad por sobre el abuso, la justicia por sobre la inequidad. Quiero aportar mi sentido de justicia, mi perseverancia y mi convencimiento de que lo único a lo que debemos temer es a no actuar a tiempo para detener esta crisis ecológica y emergencia climática que amenaza con poner fin a la vida en la Tierra tal y como la conocemos. g

Hacia un Chile digno y solidario Alejandra Flores Carlos, de 60 años y del pueblo Aymara. Es profesora, master en Ciencias Sociales con mención en estudios étnicos de FlacsoEcuador, diplomada en Salud Intercultural y en Planificación y Gestión para el Desarrollo Indígena. Activista de Anamuri. Fue elegida como constituyente, independiente,en la Lista Independientes de Tarapacá por el Distrito 2, que incluye Alto Hospicio, Camiña, Iquique, Huara, Colchane, Pozo Almonte y Pica.

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legó a la candidatura –según cuentapor una propuesta desde su organización de base, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. Alejandra Flores destaca que “desde los tiempos universitarios que he estado luchando en contra de los legados de la dictadura pinochetista, entre ellos la Constitución del 80”. En su trabajo en los movimientos sociales ha desempeñado “múltiples labores dirigenciales en organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, por mi condición de pertenencia al pueblo aymara, y en

mi calidad de funcionaria de la Seremi de Salud, llegué a ser Presidenta Nacional, por lo tanto, se conjugaron la experiencia, el compromiso y la posibilidad de poder realizar cambios sustanciales para la vida futura del país”. Levantó su candidatura a delegada constituyente con una campaña, que define como “muy enriquecedora y creativa, ya que por ser independiente había que imaginar cómo hacer mejor la campaña, con pocos pesos y además en tiempos de pandemia. Fue un tremendo desafío que contó con el apoyo de muchas perso-

nas de organizaciones de base, lo que facilitó la difusión de mensajes. También ayudó a que fui la única candidata en la región a quien el animador/conductor Pancho Saavedra, entrevistó por su Instagram, con el objetivo de apoyar candidaturas de pueblos originarios o independientes, quienes nos vimos perjudicados por no tener acceso a la franja política en Tv, sino solo a unos segundos”. “Poder realizar un trabajo comunitario, colaborativo, participativo, transparente, donde las personas sientan que es posible hacer las cosas de manera diferente y se involucren activamente en este proceso histórico para nuestro país”, dice Alejandra Flores al referirse a las expectativas que tiene en su trabajo y participación en la Convención Constitucional. Alejandra Flores espera tratar algunas áreas de su interés, como “las relacionadas con la agenda feminista, las demandas de los

pueblos originarios y todo aquello que asegure una vida digna a las personas, como los derechos sociales; igualmente el derecho humano al agua, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, autonomía regional y otras temáticas que emanen de los colectivos regionales que participen del proceso de manera participativa”. A los jóvenes la representante aymara les llama a “que se animen a participar activamente, si es que no lo están haciendo ya. Su visión es sumamente importante, ya que la próxima Constitución normará los 40 o 50 próximos años de vida democrática del país. Indicarles que sí es posible construir un país más solidario que se base en el respeto y el buen vivir de las personas en armonía con su entorno y la naturaleza y que necesitamos para ello el aporte de todas las voces y todas las manos para sentar las bases de ese nuevo Chile digno”. g

Fue una experiencia gratificante este proceso de la candidatura porque la levantamos desde la independencia, desde la libertad y desde la autogestión de los movimientos sociales en las tres provincias: Elqui, Limarí y Choapa, fue un trabajo que expresa esta solidaridad del pueblo, esa ternura del pueblo donde estábamos tan convencidos de nuestras ideas que día a día era un apoyo mutuo, un compañerismo incondicional donde no había nada más a cambio que el compromiso y el sueño de poder transformar esta realidad que no nos gusta mucho tal como está ahora. Eso fue lo más lindo que logramos como movimientos articulados en nuestros territorios. Lo más importante es que logramos fortalecer esta red de trabajo colaborativo que articulamos en Elqui, Limarí y Choapa para que el proceso y la discusión realmente traspase el límite institucional y pueda retroalimentarse continuamente de todas las visiones, todos los sentires, de todos los sueños que tienen las personas a lo largo y ancho de nuestro país. Lo otro, que logremos finalmente ser mayoría dentro de la Convención y que logremos finalmente consagrar estas ideas transformadoras dentro de la política, ideas que hemos trabajado hace tanto tiempo en los movimientos sociales y logremos institucionalizarlas en la nueva Constitución.

Lo que me gustaría aportar en la Convención son las visiones de los territorios con el enfoque de los bienes naturales comunes, me encantaría ser parte de las comisiones que tengan que ver principalmente con el agua que es mi trinchera de lucha de toda la vida y donde ya hemos logrado trabajar una propuesta muy interesante en torno a la consagración de los derechos humanos, y en torno a los derechos de uso que debiera tener el agua en esta nueva Constitución. Les diría a las personas jóvenes como yo, que estamos al servicio de todos los sueños que ustedes anhelan para nuestro país, que se sientan parte del proceso, que nunca más se sientan excluidos de esta política que se trabajó a puertas cerradas porque voy a luchar para que logremos consolidar una democracia participativa, deliberante que nos hagan sentirnos parte de la toma de decisiones que nos afectan a diario. Yo entiendo esa desafección que tienen los jóvenes por lo político porque nos obligaron a aceptar un modo de hacer y de ser política tan excluyente, asegurando solo unos pocos para que nuevamente vuelvan a cautivarse y vuelvan a sentirse parte de los procesos políticos del futuro de todas y todos porque somos responsables de las generaciones que vienen y de la vida. g

Por el buen vivir Ivanna Olivares Miranda, 30 años, Pueblo Diaguita. Es de Salamanca y participa del Movimiento Territorial Constituyente de la Región de Coquimbo. Es madre, campesina, estudiante de espiritualidad ancestral, practicante y transmisora de estilos de vida sostenibles, gestora cultural y profesora de historia de la Universidad de Valparaíso. Activista de Anamuri y Modatima. Fue elegida constituyente en la Lista del Pueblo - Movimiento Territorial Constituyente por el Distrito 5, al que pertenecen Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.

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o que más me motivó a tomar esta decisión fue que dentro de la Convención Constitucional tuviéramos la posibilidad de tener un Estado con una Constitución que permita resguardar la vida, tanto de nuestra madre tierra, como de la vida humana; un Estado proactivo, garante de la vida y dignidad de las personas a través de la consagración y la implementación de los derechos sociales de manera igualitaria y equitativa, y lo más importante: de calidad. Eso fue lo que más nos animó. Y más aterrizado a nuestro territorio, sabíamos que era la única manera de lograr esta justicia ambiental, restaurativa, que estamos demandando en cada uno de los territorios de la región de Coquimbo afectados por el capitalismo, por el neoliberalismo que pone siempre

el foco en la economía, en el privilegio de algunos, de muy pocos y no en el resguardo de los derechos de todas y todos y en el resguardo de la naturaleza A través de la Constitución podemos consagrar principios tan importantes como el buen vivir donde buscamos una relación equilibrada, armónica de las formas de vida, donde reconozcamos al ser humano como parte integrante de la naturaleza y no como algo aislado. Estos paradigmas que vienen de los pueblos originarios eran para mí un motivo importante de llevar a estos espacios constituyentes. Podemos así resignificar las relaciones sociales con la naturaleza a través de este sentido de interdependencia de la vida. Son estas ideas las que nos animan a haber levantado esta causa.

*Textos con la colaboración de Yenny Aros de Anamuri.


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El impacto de los resultados de las elecciones de mayo

La constituyente y un posible inicio por Manuela Royo* y Felipe Berríos**

Ciertamente no se vive de la esperanza, pero sin ella la vida sabe insípida y resulta algo más difícil reconocer y disfrutar momentos en que algo similar al porvenir se asoma sigiloso. Hoy, el tiempo de una nueva Constitución para Chile adviene y, con ello, se ha comenzado a matizar el gris determinismo mercantil que por más de 30 años ha teñido la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. “La esperanza es como la sal, no alimenta pero da sabor al pan” José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Para hacernos una idea más cercana y, quizás, más completa de lo que viviremos de aquí en adelante, es necesario -estrictamente necesario- recordar y tener presente la vorágine de la que surge: el salto de un torniquete, en una estación de metro. Pues no ha emanado de un pacto parlamentario -como se jactan algun@s para enrostrarnos sus protagonismos- sino del cansancio y hastío de un inmenso pueblo que decidió interrumpir la fastuosa fiesta que mantenía la elite criolla, entremezclando sus colores y estandartes políticos. Dado este origen, es que el espacio constituyente se ha vuelto un lugar ‘incalculable’ para aquella casta de ‘políticos profesionales’ acostumbrados a legislar jugando a un sastre que se hace el traje a su medida: a eso llamaban ‘acuerdos’ o ‘consenso’. La votación del pasado 15 y 16 de mayo puso sal a la calculada receta que nos ofertaron originalmente. La alta cantidad de independientes electos abre la posibilidad de sacudir el molde de la planificación institucional y proponernos, a partir de ello, un horizonte democrático basado en comprensiones de las interacciones humanas diferentes y distantes de aquellas limitadas a la administración gerencial, promotora de una cultura individual y competitiva en todas las esferas de la vida. El desafío es refundacional y, como tal, se encuentra lejos de ser una tarea puramen-

Juan Pablo Neira, Grandes expectativas, 2020 (Gentileza Galería Bahía Utópica)

te técnica y alejada de la ciudadanía y sus organizaciones. En tal sentido, la composición de la Convención Constitucional, que alberga -ahora- a una importante cantidad de mujeres y hombres no considerados en las planillas de la inercia electoral, debiese contribuir fuertemente al impulso democratizador estructural de nuestra sociedad que habrá de conjugarse en, a lo menos, dos ámbitos centrales: por un lado, lo que entendemos por ‘persona y su dignidad’ y, por otro lado, la cuestión del ‘poder’.

La familia

En relación con lo primero, cabe señalar que -sin duda- nuestra sociedad contiene una enorme heterogeneidad y esto debe ser una premisa base en el debate constituyente. No se trata solo de concebir formal y abstractamente la diversidad, sino de tener en cuenta su materialidad y devenir dentro de la comunidad política que conformamos. En términos simples, no podemos seguir evadiendo el reconocimiento a la multiplicidad de formas materiales en que distintos individuos desarrollan su identidad y sus vidas. Por ejemplo, no podemos basar todo un constructo normativo anclado en un concepto sesgado de la familia, pues se incurre con ello, subrepticiamente, en jerarquizaciones morales de un formato por sobre otros. No se trata, como interpretan algunos sectores, de ‘destruir’ una determinada concepción de la familia, sino de ampliar esta concepción desde el reconocimiento de las distintas identidades (culturales, raciales, sexuales, etc.) que son parte real de nuestra sociedad. Dicho reconocimiento posee el carácter de un derecho humano, pues constituye un vector de dignidad de la persona. En este mismo ámbito, es necesario comprender que la dignidad de la persona se encuentra asociada también a los factores de acceso a bienes

básicos, sin los cuales su desarrollo en tanto persona se pone en juego; vivienda, salud y educación son los ejemplos que más oímos y -sin duda alguna- son centrales, pero hemos de considerar, al mismo tiempo, elementos vitales como el agua. Considerando esto, por ejemplo, el ámbito del ‘derecho de propiedad’ -desde el cual hoy se justifica la propiedad hídrica- no puede observarse como una cuestión reducida a un problema de ‘propiedad individual’, sino que implica claramente una discusión que lo observe desde una perspectiva de derecho humano: la privatización del agua atenta directamente contra la dignidad de miles de chilen@s y de comunidades con las que habitamos el mismo territorio, y esto no puede seguir ocultándose tras retóricas que ven debacle y comunismo en cualquier debate que pone la vista más allá de la protección de privilegios individuales.

Desmercantilizar la vida

Este ámbito de la discusión constitucional es, por lo demás, fundamental para transitar desde un modelo económico y político neoliberal hacia un modelo social de derechos. La perspectiva neoliberal no puede entender la ‘dignidad’ de la persona considerando sus condiciones reales de existencia, pues ello es contrario a concebir todos los ámbitos de la vida como ‘bien de consumo’. Así, el establecer un estatuto de la persona y su dignidad contemplando en ello los requerimientos de acceso a bienes, de los cuales el estado ha de ser garante, exige desmercantilizar ámbitos de la vida que hoy, ideológicamente, se conciben como una mercancía cualquiera. Un paso en esta dirección es un paso hacia la superación del neoliberalismo chileno. Sobre la cuestión del ‘poder’, enfrentamos también un desafío significativo. Nuestra sociedad requiere espacios e ins-

tancias de deliberación y decisión no solo más frecuentes, sino de mayor profundidad y mayor impacto en el desarrollo de las vidas concretas de individuos y comunidades. Precisamente, la crisis de legitimidad del modelo representacional chileno está asociado al rol puramente procedimental que juega la sociedad en el campo de las decisiones políticas, mediante el acto de sufragio y la inexistencia de una incidencia real sobre lo que posteriormente realicen los y las ‘representantes’. Por un lado, es menester invertir la relación de poder entre la sociedad y l@s representantes, otorgando mecanismos de evaluación sobre éstos, considerando incluso la revocación. Por otro lado, debemos también sentar las bases para que, a nivel de localidades y comunidades, la sociedad disponga de instancias vinculantes que le permitan incidir en el diseño e implementación de políticas que afectan directamente sus vidas: la crisis del modelo político debe enfrentarse ampliando los límites de la política y no persistiendo en su cierre, emulando el carácter de una propiedad privada de la clase política. Dentro de este mismo ámbito, pero en un plano más general, nos resulta evidente que el presidencialismo no soporta los requerimientos de democratización del poder. Esto no tiene solo que ver con la nefasta huella que ha dejado el gobierno de Piñera en particular, sino con la necesidad de descentralizar el poder político en toda su estructura, con objeto de fortalecer espacios de deliberación y decisión desde la base de la sociedad hacia sus niveles institucionales representativos. En el fondo, se trata de avanzar en la reestructuración del modelo representacional chileno en su conjunto, pues este es el que ha hecho crisis y aun constituye una piedra de tope para generar una nueva relación entre la sociedad y sus instituciones políticas. Ahora bien, tomando en cuenta estos dos orbes de discusión y la centralidad que poseen, debemos decir que la legitimidad del proceso constituyente en su totalidad no se juega solo en el campo de sus contenidos, sino también en el de su funcionamiento de cara al pueblo y la sociedad. Este proceso no puede enajenarse de quienes lo gestaron a partir de octubre del 2019, por lo cual debemos impulsar todos los mecanismos que lo hagan permeable al mundo de las organizaciones sociales y sectoriales. Si buscamos sentar las bases para una vida democrática verdadera, superando con ella el ideológico individualismo neoliberal, entonces no es suficiente comprender este espacio como otro salón representativo siguiendo el modelo de toda la clase política; por el contrario, hemos de empujar para que la instancia constituyente se alimente de la mayor cantidad de voces y propuestas desde la sociedad organizada. Si la esperanza es como la sal, entonces una futura sociedad con justicia social puede ser nuestro pan. g *Manuela Royo es abogada, 35 años, activista de MODATIMA, elegida constituyente en el Distrito 23 como independiente, en un cupo del Partido Igualdad, en la lista Apruebo Dignidad. **Felipe Berríos es Doctor en Filosofía Política.


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Dossier Vivienda digna

La vivienda en el debate constitucional chileno

Entre mercancía y derecho por Claudio Pulgar-Pinaud*

No podemos hablar de vivienda, sin hablar de ciudad. Numerosas investigaciones en las últimas décadas han estudiado el rol clave del neoliberalismo en la producción de ciudades desiguales, segregadas e injustas, pero es importante recordar que esas injusticias no nacen con el neoliberalismo, sino que vienen desde las fundaciones de nuestras ciudades del “nuevo mundo” por los conquistadores.

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l régimen colonial fue fundado sobre la exclusión de las grandes mayorías de indígenas y mestizos, a través de un régimen de acumulación basado en la explotación y la segregación socio-espacial. El problema de la vivienda es un reflejo de esta condición y debemos comprenderlo desde un enfoque de economía política, como un constante conflicto entre por un lado, la hegemonía de la vivienda y la ciudad como mercancía y por otro, la lucha por derecho a la vivienda y a la ciudad. La cuestión social de fines del siglo XIX hizo que fuera la filantropía religiosa y patronal la que diera las primeras respuestas al problema de la vivienda. Posteriormente Chile sería precursor en América latina en la legislación habitacional, con la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que tuvo un impacto en la acción higienizadora, pero fue marginal en la construcción de viviendas. No sería hasta la década de 1950, que un verdadero esbozo de política de vivienda se pondría en marcha desde el Estado, con un protagonismo central de un nuevo actor que vería la luz en 1951, la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio de los empresarios de la construcción.

El predominio del mercado

Lo que conocemos históricamente en Chile como “vivienda social” en realidad no lo es desde la comprensión de otras latitudes. Sino que en Chile se trata de un sistema de acceso a la propiedad privada con subsidios del Estado o exenciones tributarias, una mercancía transable con ayudas desde el Estado. Los teólogos del liberalismo y luego del neoliberalismo han tratado por décadas de convencernos que ese traspaso de capital económico hacia los particulares podría sacar a las familias de la “pobreza”, repitiendo el mantra de “transformar un país de proletarios, en uno de propietarios”. Los sistemas de “vivienda social” en el mundo, por el contrario, incluyen viviendas sociales (municipales, estatales o paraestatales) en su gran mayoría en arriendo, en propiedad colectiva y cooperativa y, en menor medida, ayudas en acceso a la propiedad reinvirtiendo una gran parte de los montos en crear un área de propiedad pública o común, que además sirven como freno a procesos especulativos como la gentrificación. La política subsidiaria de vivienda en Chile, instalada e impulsada por la dictadura, exportada al mundo por los Chicago Boys, única por su radicalidad neoliberal y mercantil, más que una política de vivienda, habría que comprenderla como un mecanismo financiero de apoyo al sector privado de la construcción, representado por el poderoso gremio de la Camara Chilena de la Construcción, el cual está incluso en el origen de la creación del Ministerio de la Vivienda en la década de 1960. Hoy en 2021, esta misma CChC es uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, controla la segunda AFP, la mayor Isapre y la tercera aseguradora.

Su gestión como grupo que equivale al 20 % del PIB y tiene además extensos vínculos políticos. El problema del suelo, un bien escaso y no infinito, se hace latente con la liberalización del mercado de suelo durante la dictadura, en contraste con la política de planificación urbana implementada durante los años del Estado desarrollista planificador desde los 50 hasta comienzos de los 70. Los resultados socialmente nefastos de esta política los vemos hoy en las millones de viviendas sociales monótonas, de mala calidad y pocos metros cuadrados, localizadas en las periferias. El sistema de subsidio habitacional, que continúa hasta hoy, significó un cambio trascendental en cuanto dirigía la demanda de vivienda hacia el mercado. Tras la crisis de 1982 y en un contexto de ajuste estructural que se extiende a lo largo de esa década, para el Estado de Chile la prioridad era sobre todo estabilizar al sector empresarial de la construcción y la estrategia fue privatizar todo el aparato de producción de vivienda. El terremoto y la reconstrucción de 1985 fueron también otra oportunidad para acelerar la agenda neoliberal. Los gobiernos de la eterna transición a la democracia, no hicieron más que afianzar y profundizar este modelo. Por eso la resonancia tan contundente del grito “no son 30 pesos, son 30 años” de octubre de 2019. Aunque en Chile la vivienda social siempre se consideró desde el acceso a la propiedad, el modelo de préstamos colectivos y sin intereses hizo que la acción de la Caja de Habitación Popular y luego de la Corporación de la Vivienda, actuarán en el sentido del acceso al derecho a una vivienda adecuada, más que a una mera mercancía. Durante el gobierno de Frei Montalva, se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con fuerte influencia de la CCHC, sus políticas definieron que “la vivienda es un bien de primera necesidad al cual toda familia debe tener acceso sin importar su nivel socioeconómico”, posteriormente durante el gobierno de la Unidad Popular, Allende definió que “la vivienda es derecho irrenunciable del pueblo, (por lo que) el Estado tiene el deber de proporcionarlo”. La dictadura de Pinochet en cambio, estableció la vivienda como “un bien que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro”, mostrando con claridad el corazón del modelo subsidiario y mercantil, entendido en general como la privatización de los derechos, que podemos encontrar en todos los ámbitos de las políticas publicas neoliberales, establecidas en la Constitución de 1980. Aunque el derecho a la vivienda nunca estuvo reconocido en la Constitución, el Estado está obligado a respetar los derechos fundamentales garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entre los tratados que reconocen explícitamente el derecho a la vivienda y que son ratificados por Chile se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Así mismo ratificado y firmado por Chile, es decir, en obligación de aplicarlo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 que reconoce en su art. 11: “Los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia”. En contraste a esta historia de la vivienda como mercancía, e incluso como derecho declarativo, sabemos que finalmente, por más que un derecho esté escrito, lo que hace avanzar su implementación es la lucha social por su conquista. Desde el punto de vista de la lucha por la conquista del derecho a la vivienda y la ciudad, el movimiento de pobladores en Chile tiene un papel protagónico y es un caso de estudio a nivel mundial. Desde las huelgas de arrendatarios de 1925, pasando por las décadas de las tomas de terrenos, desde la toma de la Victoria en 1957, hasta su protagonismo en el triunfo de la Unidad Popular, como en la resistencia a la dictadura cívico militar, los pobladores fueron y siguen siendo los motores del avance de la conquista tanto del derecho a la vivienda, como del derecho a la ciudad. En las últimas décadas las experiencias de varios movimientos pobladores han marcado la agenda política y social. El precursor de esta nueva generación es el Movimiento de Pobladores en Lucha MPL (1) que con sus acciones sin, contra y desde el Estado ha ido prefigurando la ciudad postneoliberal. Luego en esa senda han aparecido otros como el movimiento Ukamau que también está en este dossier.

Banco de suelos

Podemos entonces comprender la neoliberalización de la producción urbana, no solamente como un proceso de instalación de un modelo económico y/o de gobernanza, o incluso de creación de la subjetividad neoliberal de los individuos y de la sociedad, sino que también como un proceso al origen de importantes movilizaciones urbanas, resistencias urbanas, que construyen nuevas formas y repertorios de acción, capaces de prefigurar alternativas al modelo hegemónico, una suerte de post-neoliberalismo al interior del neoliberalismo realmente existente, en el ejemplo de las practicas de autogestión y producción social del hábitat de los movimientos de pobladores. Como lo propuso Lefebvre, esas luchas en la cuidad y sobretodo por la ciudad, por el derecho a la ciudad, están prefigurando la ciudad post-neoliberal. El estallido social de octubre de 2019, las muestras de deliberación territorial posteriores a través de asambleas y cabildos, así como la solidaridad frente a la crisis económica desatada por la pandemia, unidas a la experiencia histórica y reciente del movimiento de pobladores, muestran con fuerza las posibles alternativas para superar el neoliberalismo desde un mirada territorial y prefigurativa (2). Para terminar proponemos transformar el modelo chileno de viviendas sociales para avanzar hacia uno con viviendas en propiedad colectiva, municipal o pública, y así sacarlas del actual mercado desregulado. Misma situación con el suelo, creando bancos de suelos públicos (con alternativas de propiedad de suelo como los Community Land Trust) y, finalmente, instalando una política de recuperación de plusvalías como ya acordó el Consejo Nacional de

Desarrollo Urbano (CNDU), pero que todavía no ve la realidad ni legislativa ni normativa (3). Un fenómeno reciente es el fuerte aumento de los precios de los arriendos y de la compra-venta de las viviendas privadas (4) (cabe recordar que en Chile, las viviendas sociales “entran” al mercado privado luego de sólo 5 años), debido a que el sector inmobiliario se ha transformado en un campo atractivo de grandes inversionistas, poniendo en conflicto el valor de uso (el habitar y la reproducción de la vida) versus el valor de cambio (la vivienda y el suelo como meras mercancías). Este proceso se ha acentuado con la financiarización de las viviendas, a través de inversiones completamente desreguladas de las compañías de seguros, de los fondos de pensión (nacionales e internacionales), los bancos, las Isapres y diversos grupos económicos, que se dedican a especular con un parque de viviendas cada vez más transformado en producto bursátil o “commodites”, como los famosos “guettos verticales”, mientras al mismo tiempo las cifras de familias en campamentos explotan, 74% de aumento entre 2019 y 2021 (5). Entender la vivienda como un derecho implicará sacarla de esta vorágine mercantil, recuperar las plusvalías que generan las operaciones urbanas y reinvertirlas para crear una política de vivienda universal, donde toda la población (en algún momento de su vida) llegue a tener acceso a (as en arriendo social bien localizadas. Tarea para las y los constituyentes. g 1. https://rebelion.org/produciendo-espacio-ydisputando-la-ciudad/ 2. https://www.lemondediplomatique.cl/el-frenteamplio-y-de-como-superar-el-neoliberalismo-desdeun-mirada.html 3. Para ver más ideas de un reforma urbana ver algunas propuestas: https://www.lemondediplomatique.cl/3ideas-para-la-politica-post-neoliberal-y-del-buenvivir-del-frente-amplio-en.html 4. https://www.ciperchile.cl/2019/07/12/viviendas-aprecios-demenciales-causas-y-responsables/ 5. https://www.latercera.com/podcast/noticia/elexplosivo-aumento-de-los-campamentos-en-chile/ ZORKO3OABFHW5CQEGYJGV3R3UA/ *Doctor en estudios urbanos


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diplomatique | junio 2021 | 9

Chile en su momento constituyente

Un nuevo pacto para ciudades y viviendas dignas por Genaro Cuadros Ibáñez*

Si el problema cambia también deben cambiar las herramientas para abordarlo, es lo que no ha sucedido con la política de vivienda de las últimas tres décadas. Sus cambios han sido superficiales y las transformaciones urbanas estructurales. Esta nueva cuestión urbana no admite “atajos”, el desarrollo de la ciudad es el espacio vital de vida de nuestra democracia y expresa en plenitud sus insuficiencias y expectativas. Si queremos transformar nuestras vidas y convivencia democrática, es en y con la ciudad que deberemos avanzar. Solo puede ser abordada de forma estructural, desde la economía y política de la ciudad.

Una severa crisis urbana asoma en nuestros territorios y ciudades, se trata de un ciclo urbano y económico de fuertes presiones sobre los límites físicos, ambientales, económicos y sociales de nuestros barrios, ciudades y territorios, con graves consecuencias para nuestra salud, bien estar y equilibrio ecológico.

L

a presión es local y mundial a la vez, un capitalismo de tipo financiero en conjunto a la industria inmobiliaria y de tecnologías, más el uso de datos masivos, han encontrado en la producción y gestión del suelo urbano residencial, así como de la producción de infraestructura en transporte, un recurso a explotar de exorbitante rentabilidad, que impulsa el crecimiento económico, pero no el desarrollo. El neoliberalismo encuentra en ellos un nuevo impulso. Los mercados inmobiliarios amenazan la convivencia y el bienestar cotidiano de comunidades. En espacios cada vez más reducidos y densos, territorios donde el medioambiente y bienes comunes son sobreexplotados, también se tensiona a los sistemas públicos de acceso a una vivienda adecuada, así como estresa la distribución y gestión territorial de los servicios urbanos cada vez más determinantes para la vida digna de las personas. Se suman a estas presiones y tensiones, las viejas desigualdades acumuladas en estos últimos 30 años. Hoy además agudizada por la pandemia, con efectos en la vida, el trabajo y las economías familiares, pero también por los fenómenos de desplazamiento de población especialmente latinoamericana, que asciende sobre 1, 5 millones de personas según el INE. De acuerdo con Fundación Techo, 80 mil familias hoy se encuentran en campamentos luego de la pandemia y este proceso de pauperización crece explosivamente desde la revuelta social de octubre de 2019. A ellos se suman, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 30 mil familias que, disponiendo de un subsidio del Estado en la mano, no logran encontrar un lugar digno donde vivir y criar a sus hijos. Esto se evidencia principalmente en las grandes áreas metropolitanas donde el valor del suelo lo dificulta,

Nuevas herramientas

Genaro Cuadros

y donde la industria inmobiliaria captura las mejores localizaciones para la demanda privada. Donde incluso el Estado prefiere entregar a la oferta privada el suelo público disponible, como es el caso de los predios fiscales en poder de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, el sistema de provisión pública de vivienda social y económica está colapsado y las fórmulas que emergen desde el Estado son en lo fundamental más de lo mismo.

Agenda oculta

La presente era de políticas públicas de vivienda nace en 1980 junto con la reforma al Estado, donde se pasó a un sistema robusto de subsidios públicos a la demanda para la adquisición de una vivienda social y un modelo asistencial de cuño neoliberal que redefinió el concepto de vivienda social: pasamos de la vivienda como un derecho social colectivo a un bien de consumo individual. Al mismo tiempo se modificó el rol de municipios, e implementa un programa de erradicación de campamentos y poblaciones homogenizando el paisaje urbano de cada unidad administrativa, fragmentando de forma brutal nuestras ciudades creando territorios homogéneos de pobreza o prosperidad según los niveles de ingresos de los contribuyentes de cada comuna. Consagrando la segregación. Si bien esta política de vivienda ha permitido acceder a una vivienda a más de 2,5 millones de chilenos, ha dejado un paisaje urbano mezquino en calidad de éstas y en equidad de servicios y bienes comunes para la gran mayoría de los habitantes, y generoso para unos cuantos privilegiados que se concentran en siete comunas a lo largo del país. Una política basada en el subsidio a la demanda, el traspaso de fondos públicos a la oferta privada, y una regulación pasiva de la industria inmobiliaria, que se eviden-

cia también en los ciclos económicos. Independientemente de la abundancia o escasez nunca se logra un déficit cero. Política de subsidios que era posible gracias a la disponibilidad de suelo urbano en las grandes ciudades del país, a la acumulación de la demanda por una “casa propia” que se había visto detenida en la segunda mitad de la década de los 70, y ciertamente, por la agenda oculta que buscaba levantar un sistema financiero donde la industria inmobiliaria constituye una pieza clave de inversión y movilizadora de mano de obra barata.

Tradición centenaria

El Estado se transforma así en un mero espectador impotente; sin planificación urbana integradora, sin acción pública concurrente robusta y articuladora, sin capacidad real de proyectar la ciudad compartida que se reclama. De igual forma, al ser considerados meros beneficiarios pasivos de un problema de interés público, se ha privado de un rol protagónico a las comunidades en la organización, diseño y formulación de políticas públicas. Todo esto apoyándose en una tradición centenaria de las políticas habitacionales chilenas cuya principal característica es “incentivar la propiedad de vivienda para todos, sin importar el ingreso”. Sin embargo, como lo señala Rodrigo Salcedo (2010), esta tradición se aplica mecánicamente en ausencia total de un debate público sobre su pertinencia y sostenibilidad. Llegó el momento de ponerla en discusión. Las ciudades nacen, crecen y se desarrollan en ciclos vitales o metabólicos de larga duración, de la misma forma que debieran hacerlo las políticas públicas, que intentan conducir o acompañar dichas transformaciones. Una política pública exitosa en sus resultados una vez que cumple sus objetivos se agota como respuesta a un problema.

Cuando comienza el debate constitucional y el derecho a la ciudad y vivienda digna asoma como uno de los temas urgentes, se debe instalar una discusión seria, abierta y transparente sobre el diseño y ejecución de un nuevo pilar de provisión de vivienda pública, social y económica que permita no solo abordar los déficits cuantitativos sino también cualitativos del stock de vivienda existente y de las ciudades desiguales en que vivimos. Esto significa, primero e independientemente de que se continúe con el pilar de propiedad, levantar un segundo y alternativo pilar de provisión de vivienda de arriendo social o protegido, que permita hacer sostenible en el largo plazo una política habitacional que se haga cargo de los desafíos del siglo XXI. Segundo, rediseñar el modelo de construcción y gestión de dichas viviendas con nuevos actores públicos, comunitarios y privados sin fines de lucro como lo atestiguan experiencias como las desarrolladas por el movimiento UKAMAU. Por último, se requiere nuevas herramientas de gestión y producción del suelo urbano para permitir un rol activo y preferente al Estado para garantizar un modelo de regeneración urbana acoplado a los cambios que vaya experimentando las ciudades. Esto significa incorporar la participación de todos los actores, articulados bajo una Nueva Política Nacional de Ciudad y Vivienda digna, que se base en el rol e identidad de los territorios y sus comunidades, que integre la movilidad e infraestructura de forma equilibrada, donde la calidad del espacio público, los equipamientos urbanos y servicios necesarios sean justos y donde una visión compartida sobre el futuro de nuestra vida en ciudades se constituya a través de mecanismos institucionales en el sistema de inversión publica y privado, en los mecanismos de participación, y en el modelo de planificación urbana. En este momento constituyente debemos poner sobre la mesa la imagen del territorio, ciudades y barrios que debe emerger de un nuevo pacto social consagrado en el texto constitucional. Una nueva Constitución es un nuevo trato social y político, pues bien, nos debemos un nuevo contrato de ciudades que lo refleje en propiedad, contenido y fondo. g *Arquitecto. MSc. Ciencias Aplicadas en Urbanismo y Desarrollo Territorial, UCL. Universidad Academia de Humanismo Cristiano


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Aumentan los asentamientos irregulares en las grandes ciudades

La crisis habitacional que agobia a Chile por Carolina Contreras Ossa*

Las tomas de terreno que no son consideradas campamentos, y por lo tanto no están consideradas en el Catastro Nacional de Campamentos, es principalmente porque sus familias son inmigrantes sin residencia definitiva, no tienen documentación, entonces no hay cómo abordar esta “población fantasma”, que hoy crece sin límite. Hoy el Minvu tiene como meta a nivel nacional el “100+100”, que significa el cierre de 100 Campamentos y 100 Habitabilidades Primarias, de los cuales la Región Metropolitana tiene 15+15. Según catastro Minvu 2019, existen a nivel nacional 802 campamentos, 90 de estos corresponden a la Región Metropolitana, de los cuales 27 están cerrados y 63 están vigentes. Adicional al catastro de campamentos, es importante saber que existen 418 tomas de terreno a nivel nacional, 71 de éstas corresponden a la Región Metropolitana.

En la época de la ciudad colonial ya existían los asentamientos informales. Esto parte con la masiva migración del campo a la ciudad, cuando la gente sin recursos se apropiaba de terrenos baldíos urbanos y rurales para emplazar sus viviendas. La autoconstrucción de viviendas en estos terrenos ocupados de manera irregular se replicó en toda Latinoamérica, sectores populares aportan a la urbanización informal de las ciudades, campamentos en Chile, favelas en Brasil, tomas en Colombia, barriadas en Perú, villas miseria en Argentina y colonias en México. La relación afectiva que el habitante construye con el lugar y el territorio les genera un vínculo emocional hacia el lugar, sienten arraigo.

El papel del Estado

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n Chile, a mediados del siglo XX, estos asentamientos fueron también llamados “poblaciones callampas” fue una de las perspectivas con mayor impacto en la política pública chilena, estas áreas marginales fueron el resultado de que habitantes estructuralmente marginados no tuvieran acceso a integrarse a la ciudad formal. Los campamentos se transformaron en un problema para el Estado, juntaban individuos caracterizados por su atomización y falta de integración al colectivo social. Los campamentos a través de su organización y politización fueron capaces de crear nuevas formas de acción colectiva en torno a la demanda de derechos urbanos. Los migrantes latinoamericanos ven el campamento como una forma residencial que les permite materializar, tanto sus aspiraciones de permanencia en Chile como sus deseos de integración urbana y social. El campamento es entonces un tipo de habitación donde ven modos alternativos de ciudadanía basados en la residencia, aun cuando deban lidiar con aspectos como la inseguridad en la tenencia del suelo o el acceso precario a servicios básicos (luz, agua y gas). Para los inmigrantes el campamento es la esperanza de ser parte de Chile, pese a toda la inseguridad y precariedad. Estos asentamientos hoy vuelven a ser el centro de la problemática para la política urbana. Ya que el porcentaje de campamentos creció de un 4,4% a 8,4% entre 2018 y 2020. (según catastros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la ong Techo respectivamente). Esto responde al alto nivel de migración, al estallido social y la pandemia del Covid-19. Estos tres factores fueron los principales responsables del aumento de campamentos en Chile en un 300 por ciento en los últimos 3 años. La pandemia cambió definitivamente la forma de armar campamentos. En Chile hoy existen dos tipos de asentamientos irregulares; los “campamentos” que son asentamientos catastrados por Minvu y las “tomas de terreno”, que son asentamientos aun mas ilegales que los campamentos, ya

Alberto Marín, El sueño de la casa propia (maquetas realizadas por niños), 2015-2016 (www.albertomarin.cl)

que estos no califican como campamentos para el catastro. Nos podemos preguntar ¿cuál es la diferencia entre una toma de terreno y un campamento? Para ser campamento se requieren diversos requisitos de quienes conforman este asentamiento. En Serviu RM existe una unidad llamada Asentamientos Precarios, que nace el año 2010, perteneciente a la Subdirección de Operaciones Habitacionales. Esta unidad es la que realiza el catastro utilizando dos fichas; la Ficha N°1 catastra el Polígono, la Ficha N°2 individualiza la familia. Además de hacer el catastro e identificar completamente el campamento, acompañan a las familias en el proceso de cierre y entrega de su vivienda, buscando una “entidad patrocinante” que elabore el proyecto habitacional, buscando terrenos, revisando sus factibilidades para posibles proyectos, etc.

Con foco en las familias

Los principales requisitos para ser considerado “campamento” en Chile, es que la agrupación tenga un número mayor a ocho familias, deben carecer de al menos un servicio básico (agua, luz o gas) y que finalmente las condiciones de habitabilidad no sean óptimas. Son los municipios los que visualizan la situación de asentamientos precarios en su territorio y luego lo informan a Serviu para que proceda con el catastro. El rol de Serviu es imprescindible, ya que desde que la toma de terreno es informada por el municipio, el equipo de Asentamientos precarios de Serviu hace el análisis correspondiente para saber si será catastrado como campamento. De ser así existen tres estrategias de abordar un campamento; la radicación, la relocalización y la urbanización o habi-

litación de terreno. En qué consisten estas tres soluciones: la radicación significa que se usará el mismo terreno para construir el proyecto de vivienda que albergará a las familias del campamento, y mientras son reubicados con subsidios de arriendo. Un ejemplo de esta solución es el “Campamento Juan Pablo II” de la comuna de Lo Barnechea, uno de los campamentos más antiguos de la RM, nace en 1980 y en agosto 2020 se hace el traspaso de terreno para construir el proyecto habitacional que beneficiará a 380 familias que componían este campamento. Luego tenemos la relocalización, que se refiere a encontrar un terreno ojalá en la misma comuna, y realizar un proyecto para que estas familias no pierdan sus redes de apoyo. Un ejemplo es el “Campamento El Molino”, que tiene más de 20 años, pertenece a la comuna de Quilicura; aquí se encontró un terreno a 15 kilómetros de la ubicación del campamento, y se construirán las viviendas para 55 familias. Por último, la radicación a través de la urbanización o habilitación de terreno, se enfoca principalmente en situaciones normalmente rurales; de hecho, solo existe un caso en la Región Metropolitana, en la comuna de Melipilla, en el cual se está trabajando actualmente. Es esta la estrategia más usada en regiones, salvo en la Región Metropolitana. El foco está puesto en las familias que han habitado durante muchos años terrenos de tamaños apropiados, sin necesariamente ser tan precarios, entonces aquí la herramienta es cómo traspasar estos terrenos a las familias de manera que ellas sean propietarios de su sitio, y como propietarios puedan optar a subsidios, como Construcción en Sitio Propio del Ds49, a mejoramientos de sus viviendas existentes y del entorno del Ds27.

Finalmente, el tema campamentos esta lleno de supuestos bajos los cuales se han elaborado las soluciones políticas tradicionales, hoy el crecimiento sin limite ha obligado a abrir la mirada sobre las diversas formas de vidas que allí habitan. Y creo que, bajo la estrategia de Urbanización de terreno, los campamentos tienen totalmente la posibilidad de transformarse en asentamientos permanentes, en barrios insertos, conectados y abiertos a la comunidad. Ya que son espacios con organización vecinal y espacial. En ellos vive la extrema pobreza como también una diversa gama social, que están allí por diversos motivos. Aproximadamente el 50 por ciento de las familias que llegan a vivir a campamentos son familias que declaran, fundamentalmente, razones de índole económica o laboral, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o subió el precio de su arriendo. Los campamentos no son el problema, son una solución para aquellas personas que la estructura social deja fuera. Debemos elaborar nuevas soluciones políticas que permitan una integración que se haga cargo de las aspiraciones y contribuciones de los habitantes de campamentos a la ciudad y la sociedad. Para esto es fundamental que los Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) cuenten con un equipo que diseñe proyectos habitacionales y que el Estado vuelva a construir, ya que así se podría regular el mercado inmobiliario a favor de los ciudadanos entregando mejores ubicaciones dentro de la ciudad que permitan entregar una mejor calidad de vida a las personas. En el fondo el Estado debe crecer dejando de externalizar, debe ser el Estado quien se encargue de reubicar o radicar un campamento en un lugar integrado en la ciudad. El Estado debe dejar de subsidiar, debe garantizar, debe dejar de ver la vivienda como un negocio, si no como un derecho. Esta es la esperanza puesta en la nueva Constitución. g “La informalidad no está inscrita en el destino de los asentamientos de la periferia urbana, sino que su carácter depende, en gran medida, de la voluntad política de los actores institucionales y la fuerza negociadora de los propios ciudadanos” (Teresa Caldeira, Antropóloga Brasileña, 2017) *Arquitecta.


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Crisis de la vivienda que se sostiene en el tiempo

Una mirada histórica al derecho a la vivienda y a la ciudad por Paulina Muñoz Ureta*

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ctualmente las cifras en el ámbito de la construcción de viviendas sociales y el acceso a la vivienda, junto a las claras desigualdades en la experiencia territorial, evidencian una crisis urgente y profunda (1). Sin embargo, los datos que leemos hoy forman parte de un proceso complejo que se ha desarrollado en el tiempo y que, en el caso chileno, se explica especialmente a partir de la institucionalidad y mecanismos instalados por la dictadura militar y que más tarde fueron consolidados por los gobiernos de la Concertación durante la etapa post dictatorial. Pero del mismo modo, ha jugado un rol trascendental el movimiento social de pobladores y las familias sin casa en las políticas de vivienda y de desarrollo urbano de los últimos 60 años, constituyendo el espacio “producido socialmente” (2) como síntesis de una disputa de poder, que en el siglo XX está contextualizada por la hegemonía capitalista (3). En palabras del historiador Mario Garcés, “los pobladores fueron protagonistas, desde fines de los cincuenta hasta los primeros años de los setenta, de un movimiento social exitoso que transformó por completo la ciudad de Santiago” (4). Dichas poblaciones y sus características urbanas son el reflejo de una relación de poder entre el movimiento de pobladores y el Estado. Un Estado que actúa y se relaciona con los pobladores a través de las políticas públicas que implementa, políticas que se sustentan sobre una base teórica asumida por quienes detentan el poder.

Capitalismo neoliberal

Desde una mirada histórica, podemos observar, a través del tiempo, comportamientos diversos en los pobladores, en el Estado y en las huellas urbanas que dejan en su interacción (5). En el caso específico de la ciudad de Santiago, si bien es posible aseverar la existencia y fuerza del movimiento de pobladores durante la década de los ´80 como protagonistas de las protestas contra la dictadura militar, las poblaciones que surgen en esta época no parecen expresar esta misma fuerza ni son tan evidentes los elementos que caracterizaron el movimiento en la etapa de consolidación entre 1957 y 1973. Más aún, con el retorno de la democracia y al despejar los elementos represivos, las políticas públicas desarrolladas por el Estado y las poblaciones que se construyen como consecuencia, continúan sin evidenciar los elementos que, hasta ahora, han atribuido como característicos del movimiento de pobladores tanto historiadores como sociólogos. Asumimos, entonces, que el impacto del movimiento de pobladores y las políticas públicas en torno al desarrollo urbano, y especialmente en lo referente al acceso a la vivienda para las familias más pobres de la ciudad, han evidenciado ser un proceso complejo en el que intervienen una serie de elementos y actores que lo definen, demostrando que el espacio no es neutral ni atemporal. De esta forma, nuestro planteamiento es que existe una relación dialéctica entre el Estado y los pobladores, cuya síntesis se constituye en el espacio construido (6). Para el caso de la ciudad de Santiago, durante los últimos 40 años, dicha relación ha estado definida por la adopción del “Capitalismo Neoliberal” como estructurante del sistema político y económico por parte, en primera instancia, de la dicta-

Amanda Rodríguez Solar, de la serie La Fragilidad del paisaje, 2018 (https://www.amandarodriguezsolar.com - @amandapintura)

dura militar liderada por el general Augusto Pinochet y el grupo de civiles que lo acompañó, y más tarde por los gobiernos de la Concertación. En el contexto de esta definición, el Estado asumirá un rol hegemónico en el desarrollo de las políticas de acceso a la vivienda, estableciendo específicamente un vínculo individual con los pobladores a través del sistema de subsidios, anulando, por parte del régimen militar, y renunciando, por parte de los gobiernos concertacionistas, al rol de interlocutor de las organizaciones sociales y de mediación de los partidos políticos. Mario Garcés (7) y Gonzalo De la Maza (8), entre otros, han apuntado sucesivamente al quiebre generado por la dictadura entre la sociedad y el Estado, el cual se instala como un elemento de permanencia. A la vez, implicó desconocer como interlocutores a los grupos sociales afectados. Probablemente, las razones detrás de aquello tienen relación con establecer un escenario que permitiera la eficiente aplicación de las políticas neoliberales, pero, por sobre todo, la instalación del mercado como el espacio que en adelante resolvería todo, momento a partir del cual, adquiere un rol preponderante en la comprensión del desarrollo de la sociedad chilena de fines de siglo. La continuidad de las lógicas y pautas neoliberales durante el periodo de transición hacia un sistema democrático está dada por el formato de reforma y no de ruptura que dicha transición adquirió. De esta forma, los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, siguieron entendiendo la vivienda no como un derecho per se de las familias más pobres de la ciudad, sino como un bien de mercado, el cual podía alcanzarse a partir del “esfuerzo” y ahorro de las familias, ámbito en el cual, el Estado subsidiario sólo compartía una cuota de responsabilidad. En este esquema, es posible observar claramente la opción de quienes administran el Estado de establecer una relación directa únicamente con la familia “beneficiaria”, relación en la cual las organizaciones ni mucho menos los partidos políticos, tienen cabida. Por su parte, los gobiernos post dictatoriales de la Concertación, institucionalizan los vínculos con los pobladores al punto de instalar un nuevo concepto para

“tecnocratizarlos”: la Participación Ciudadana, la cual supone la participación de cada individuo de la sociedad (como parte de su responsabilidad de ser ciudadano), en detrimento de la representación colectiva ante el Estado a través de las organizaciones sociales. Las consecuencias de este modelo que busca institucionalizar todos los aspectos relativos al Estado son, por una parte, la instalación de una cada vez más preponderante “tecnocracia”, grupos de “expertos” en manos de quienes quedan prácticamente todas las decisiones, y, por otro lado, un proceso ascendente de despolitización del debate público. Es relevante considerar que este modelo de vinculación, al menos en el ámbito de la vivienda, se constituyó y consolidó durante 30 años, si se considera el tiempo que media entre el inicio de la aplicación de las políticas neoliberales en 1975 y las primeras reformas a las políticas de vivienda en 2005.

Débil posicionamiento

Por su parte, los pobladores experimentan durante el periodo estudiado, dos etapas bien diferenciadas entre sí. Durante los ´80, si bien asumen un repliegue inicial, antes que otros actores sociales y políticos, logran no solo rearticularse para resolver sus necesidades más urgentes, sino que también logran responder a los llamados a la movilización y en ciertos momentos hasta poner en jaque a un gobierno dictatorial, pese a la represión y la muerte. En cuanto a la vivienda, sigue siendo una motivación importante para su movilización y no abandonan el repertorio de acción que los caracteriza como movimiento social, las “tomas de terreno” siguen siendo un referente a pesar de los sucesivos fracasos. Cómo ocurre el salto entre este escenario y el que se ha observado para la década de los ´90, etapa durante la cual la fuerza de los pobladores ya no se reconoce a simple vista, no es algo fácil de resolver. Sin embargo, es posible sostener que una parte importante de la explicación, podría ser el hecho de que, frente a un Estado debilitado por las lógicas neoliberales, los pobladores también se posicionan en forma débil, y llegan a reconocer, de la misma forma que los gobiernos, al mercado como un espacio válido de desarrollo

e interacción social. Los pobladores se “acomodan”, al igual que el resto de los actores políticos y sociales, a una cultura neoliberal que les promete que obtendrán salud, vivienda, educación y dignidad si se esfuerzan lo suficiente y sin necesidad de unirse a “otros”, en quienes cada vez confían menos. En este sentido, en la relación dialéctica Estado-pobladores, el Estado marca la continuidad entre el periodo dictatorial y la democracia semisoberana (9), y el movimiento de pobladores marca la ruptura en el mismo periodo. Dicha ruptura no es casual, y no tiene que ver solo con un cambio de carácter en los pobladores, sino que responde, por una parte, a los efectos sociales y culturales de las políticas de vivienda y de desarrollo urbano aplicadas por la dictadura y los gobiernos concertacionistas, y por otra, al desarrollo histórico que experimentaron, a su vez, aquellos actores que promovieron y acompañaron a los pobladores durante los dos primeros ciclos de movilizaciones. En octubre del 2020 nuestro país dio inicio a un proceso constituyente que pretende cambiar las bases del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Para que esto ocurra realmente, es imprescindible que precisemos y entendamos cuáles son esas bases y sobre qué se sostienen, principalmente en los ámbitos de la vida que definen la dignidad de las y los ciudadanos. Para esto, necesitamos revisar nuestra historia reciente y a partir de ahí, construir nuestro futuro. g 1. Se ha planteado un déficit de 500.000 viviendas con un arrastre de 20 años. El Mostrador 2. De Mattos, Carlos – Link, Felipe (Eds.). Lefebvre revisitado: capitalismo, vida cotidiana y el derecho a la ciudad. Ril Editores – Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Santiago de Chile, 2015. 3. Harvey, David. Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Ediciones Akal. Salamanca, España. 2013 4. Garcés, Mario. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Ediciones LOM. Santiago de Chile, 2002. 5. Ver Castillo, María José – Hidalgo, Rodrigo (Ed.). “Cien años de política de vivienda en Chile, 1906-2006”. Ediciones UNAB. Santiago de Chile, 2007; De Mattos, Carlos – Ducci, María Elena – Rodríguez, Alfredo – Yañez W., Gloria (Ed.), “Santiago en la globalización: ¿una nueva ciudad?”. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 2004.; Espinoza, Vicente. “Para una historia de los pobres de la ciudad”. Ediciones SUR. Santiago de Chile, 1988; Hidalgo Dattwyler, Rodrigo. “La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX”. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 2005. 6. Muñoz Ureta, Paulina. “Los pobladores y su derecho a la ciudad: una mirada histórica (1979-2000). Tesina para optar al grado de Licenciada en Historia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, 2019 7. Garcés, Mario. “Los movimientos sociales en la transición: a 30 años del plebiscito de 1988” en Pinto V., Julio (et.al), “Las largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito”. Ediciones LOM. Santiago de Chile, 2019. 8. De la Maza, Gonzalo. “Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile”. Universidad de Leiden, 2010. 9. Ver Huneeus, Carlos. “La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet”. Editorial Taurus. Santiago de Chile, 2014. *Licenciada en Historia. Presidenta Corporación “CONSTRUYE, comunidad y tejido social”.


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Derecho a la vivienda

Quiénes son las personas que viven en situación de calle por Vianny Andrea Barrera Silva*

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l hablar de pobreza extrema lo primero que se visualiza son personas que viven en situación de calle (PSC) (1), las cuales han sido consideradas como grupo de exclusión y vulneración social (Irarrazabal; 2005) plasmado de juicios de valor, conductas discriminatorias por parte de la sociedad, invisibilizando sus derechos en todas sus formas. A la fecha se han desarrollado dos catastros nacionales de personas en situación de calle, en el año 2005 y en 2012 respectivamente. En este segundo catastro se visualizó a 12.255 personas en situación de calle a nivel nacional. De este total, 84% son hombres, cuya mayor presencia son en las regiones del Maule, Los Lagos y Atacama. En promedio, las personas en situación de calle tienen 44 años de edad y llevan 5,8 años en dicho contexto. (Ministerio de Desarrollo Social, 2012). Considerando este escenario, es necesario plasmar desde el marco de determinantes sociales (2) las condiciones que se presentan en esta población en cuanto a su situación (Ministerio de Desarrollo Social, 2012), donde se pueden determinar, entre muchas (Maia, Sanchez y Vasconcellos; 2019): -Trayectorias laborales accidentadas. -Rupturas familiares. -Consumo problemático de drogas y alcohol. -Acceso deficiente a servicios de vivienda, salud y educación. -Alta concentración de trabajos precarios y escasa vinculación familiar. -Pobreza. -Desempleo estructural. -Migración nacional e internacional. En la misma línea, se constata que el 56.4% de las personas catastradas en 2012 presenta algún tipo de discapacidad y 49% señala requerir medicamentos especializados para alguna afección, datos que en su conjunto muestran la fragilidad de esta población en materia de salud. Las consecuencias de dichos DSS para esta población invisibilizada afecta no solo a éstas sino también a sus familias (cuando existe vinculación) y a la comunidad entera; transformándose en un proceso complejo de abordar a nivel psicosocial, lo que implica mucho más que la problemática de negar el acceso a servicios sociales y sanitarios; se trata de aspectos incomprendidos por la sociedad en relación a la dignidad, a los efectos sociales y culturales, al trauma psicoemocional asociado a la situación de calle, al diario vivir, a la discriminación, al trato digno; y por supuesto, la carencia de vivir en una vivienda digna, lo que implica el acceso a los servicios básicos como agua, calefacción y luz. Desde esto, resulta necesario mejorar y trabajar en una política pública para personas en situación de calle que traba-

je desde la problemática, más que en una garantía de servicio de protección social; siendo necesario, como rescata Fundación Gente de la calle en su declaración pública en 2017, la necesidad de un abordaje, de una transformación y una erradicación de la situación de calle, donde las bases de una política nacional se encuadren en un enfoque de Derechos Humanos, con objetivos a generar y propiciar entornos protectores donde se pueda atender a las diversas complejidades que constituyen la temática calle. Como necesidad de reconocimiento frente a una integración de enfoque de derechos a la problemática de calle, se crea el Anexo Calle del registro social de hogares y se le denomina Registro Social Calle (RSC), cuya estrategia apunta a identificar a grupos sociales o franjas sociales que -de acuerdo a su nivel de ingreso económico- son elegibles, ya sea para recibir beneficios sociales o para ser objeto de instrumentos de políticas públicas (FGC; 2020); en esto, tiende además a completar los catastros nacionales de personas en situación de calle con la finalidad de generar estrategias de prevención en la situación de calle desde la temprana infancia, contar con una oferta especializada para los distintos grupos que componen esta población e implementar intervenciones que reduzcan los tiempos de permanencia en calle (Arellano; 2012).

Caracterizaciones

Dentro de los análisis del registro, se puede apreciar como resultados de dichas encuestas (FGC; 2020), una caracterización por rango de edad, siendo la edad promedio de los encuestados de 44,9 años; con el segmento de mayor rango etario de 30 a 59 años, resaltando como relevante, que el mayor número de entrevistados, más del 14%, son PSC adultas mayores. Respecto de la nacionalidad, se aprecia que el 94,7% PSC son chilenas y el resto compuesto por otros países, donde el país de origen Perú tiene una mayor tasa (29,9%). Otro dato relevante es que más de un tercio de los encuestados señala que se encuentra en situación de calle hace más de 5 años, siendo la razón más frecuente “por proble-

mas con su familia y/o pareja”. Informan de igual modo que la primera vez que estuvieron en situación de calle fue a los 24 años de edad promedio. La tabla anterior, se enmarca en lo que se ha examinado en el principio de este apartado referente a DSS; donde las problemáticas familiares son las más acentuadas. Se puede deducir que el factor psicosocial sería un indicador relevante frente a la decisión de estar en calle; hipotetizando como algunos posibles hitos, la violencia intrafamiliar, baja escolaridad de alguno de los miembros de la familia nuclear y/o de origen; género, edad, entre otros; los que se asocian a la convivencia en una sociedad poco cohesionada, fomentando de este modo la generación de conflictos y fricciones dentro de las comunidades y conlleva a un refuerzo considerable de la inequidad y una disminución en la aceptación a la diversidad; situación que se mantiene en el tiempo, considerando que no existe una política pública para las PSC con enfoque de derechos. Siguiendo con la brecha que existe en los DSS de las PSC; se visualiza que más de un tercio de éstas informó presentar alguna enfermedad crónica, no obstante, 821 personas reportaron que ni médicos ni profesionales de la salud les habían informado que tenían la enfermedad. Esto puede ser reflejo de la ausencia de políticas nacionales de salud pública destinadas a PSC; siendo sólo iniciativas locales de recintos de atención quienes realizan acciones para abordar la problemática; lo que no garantiza necesariamente una transmisión adecuada hacia estos usuarios desde el sistema público de salud respecto de su condición médica; pudiendo incluso considerarse una falta a la actual ley de deberes y derechos de paciente (Ley 20.584), que plantea que toda persona que accede a la salud tiene derecho a un trato digno (párrafo 2, art. 5); derecho a la entrega de información de manera oportuna, veraz y comprensible respecto de su diagnóstico y tratamiento (párrafo 4, art.8), instancias de dicha ley, que tienden a ser precarias respecto de su ejecución por parte de funcionarios y funcionarias públicas en cuanto a PSC como usuarios/as del sistema público de salud.

Otro de los datos relevantes en este estudio, dio cuenta que, desde el apoyo institucional y el acceso a beneficios durante el último año (2020), el 43,7% de las PSC ha recibido alojamiento en albergues; un 18, 6% ha recibido atención y tratamiento en psiquiatría o psicología; un 13,0% se ha sometido a rehabilitación por consumo problemático de alcohol o drogas, un 4,7% ha recibido nivelación de estudios y un 14,5% posee carnet de identidad (FGC; 2020). Respecto de los datos de vinculación social, se desprende que el 41,2% de las personas consultadas señalan haber tenido contacto con familiares cercanos en los últimos tres meses y el 29,4% refiere que algún profesional municipal ha tenido contacto con el/la entrevistado/a.

Vínculos con el entorno

Se torna necesario remarcar que el trabajo desde un enfoque integral-multidimensional es fundamental para que PSC generen acompañamiento tanto en el acceso y atención de salud, como en el ámbito social-familiar en su entorno cercano, entendiendo, por un lado que al ser parte de un grupo vulnerable, por sí mismos e incluso con ayuda del Estado y organizaciones asociadas, es complejo que mejoren su calidad de vida o nivel de salud; ya que en este caso, la situación de vulnerabilidad cobra un sentido multidimensional dinámico y parte de la existencia diaria de las PSC (Cabieses; 2016); por otro lado, es relevante que las PSC puedan mantener relaciones vinculares social y familiar dentro de su entorno cercano o con sus redes primarias, desde un posicionarse como sujetos de derechos, lo que podría contribuir, desde el marco de DSS a disminuir en la desigualdad que existe en relación al bienestar y vulnerabilidad en este grupo de personas. Si bien, esta encuesta posee dentro de su aplicación y resultados ciertas apreciaciones metodológicas expuestas por la misma Fundación Gente de la Calle (2020), brinda aproximaciones preliminares necesarias respecto del mapa general que poseen las PSC, lo que invita a generar distintas reflexiones discursivas en distintos escenarios políticos y sociales, siendo la necesidad de incorporar un enfoque de derechos en una futura política nacional en PSC la urgencia inmediata para brindar a esta población una protección social necesaria que les permita ejercer el derecho a vivir socialmente protegidos (CEPAL; 2006). Con lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que como marco de DSS para las PSC, contemplaría las dos categorías existentes (Cabieses; 2016); por un lado, una arista estructural, es decir, el nivel macro/estructural <político y cultural> y la posición socioeconómica de las PSC, que están mediadas por clase social, género, etnia, ocupación (en caso que exista), nivel educacional e ingresos, 3


Dossier Vivienda digna y es la que permite que, al ser visualizadas, se pueda mejorar en una construcción de políticas nacionales para este grupo de personas; y los DSS intermedios, estando definidos hacia la interacción entre salud y factores psicosociales y biológicos y de condiciones materiales de vida; relevantes en la decisión -según registros anteriormente mencionadosen la decisión de estas personas a estar en la calle. Contemplando lo expuesto anteriormente respecto de la situación de vulnerabilidad a la que se exponen las PSC; y si se considera la situación pandémica Covid-19 que ha afectado desde el año 2020 en Chile, ha sido un foco relevante en el incremento de las inequidades en la comunidad, afectando directamente a las PSC, quienes se complejizan con la creciente pandemia de Covid-19, asociado a la crisis social y económica que se genera por la misma situación mundial, lo que solo visualiza de manera exacerbada los DSS a los que se enfrentan dichas personas, entendiendo en esto, que Chile no posee un conocimiento ajustado de la realidad de las condiciones de vida y las dificultades que implica el vivir y morir en la calle (FGC; 2020). Entonces, desde esta premisa es necesario considerar que, como fenómeno social y cultural, las PSC tenderían a vivir vulnerabilidad individual, o microvulnerabilidad, incluyendo a las familias nucleares o de origen; y de igual forma, estarían expuestas a una macro- vulne-

rabilidad; ya que la problemática de situación de calle se comparte por grandes grupos de personas a nivel país en Chile, donde, si bien, existen distintas propuestas coherentes y tangibles por parte de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, no hay aún una política nacional que las sustente. En este sentido, es necesario resaltar, para este grupo de personas, el enfoque social de vulnerabilidad, entendiendo que se refiere a un grupo postergado, minoritario y vulnerado en la sociedad chilena; conduciendo de este modo, un riesgo mayor para la salud, ya que en este sentido, el riesgo de daño se focaliza en la no capacidad de las PSC para poder hacer frente a los peligros del Covid-19, quedando como grupo minoritario altamente expuesto al contagio y a la no atención oportuna en los sistemas de salud.

Impacto de la desigualdad

En este sentido, la real pandemia que afecta a las PSC es la desigualdad que hay en el sistema social y en el sistema de acceso y atención de salud, ya que al no calificar dicha población dentro de un estatus socioeconómico, educacional, de empleabilidad, de vivienda y/o de fuente de ingresos económicos, los posiciona inmediatamente en un grupo con altas diferencias y precariedades sociales, determinantes que son cruciales para gatillar distintos problemas de salud, siendo uno de los grupos más desfavorecidos frente a la situación pandémica,

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generando limitaciones para cumplir los distintos protocolos que son presentados por el Ministerio de Salud como medida de no contagio. En esto, los efectos en salud de dichas desigualdades sociales se aprecian en los contagios y en la no capacidad por parte de la PSC para poder realizar una cuarenta oportuna, pudiendo generar un aumento de contagios, solamente debido a las desigualdades sociales existentes. Una explicación acertada respecto de esta condición de inequidad y de la dimensión social de la salud en este grupo de personas es la que tiene relación entre las condiciones sociales y de salud de esta población, considerando para esto los factores individuales, factores relacionados con la clase social, y factores vinculados a valores sociales, políticas y creencias culturales compartidas respecto de la significación de las PSC.; dimensión que pasa a ser urgente y necesaria de abordar no solamente desde un área de salud, sino que por parte de la sociedad en general. g 1. Personas en situación de calle (PSC) son aquellas que “carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función (no incluye campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014, Pág. 47)

diplomatique | junio 2021 | 13 2. (DSS) “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana” (OMS). 3. Tabla 12. Frecuencia (N y%) principal razón de situación de calle (FGC; 2020). *Vicepresidenta del Directorio en Fundación Gente de la Calle. www.gentedelacalle.cl

-Arellano, S. (2012). Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social. -Cabieses, B; Bernales, M; Obach, A & otros (2016). Vulnerabilidad social y su efecto en la salud en Chile Desde la comprensión del fenómeno hacia la implementación de soluciones. Universidad del Desarrollo. -CEPAL (2006). La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. Montevideo: Naciones Unidas. -Maia, LFS, Sánchez AM, Vasconcellos C. (2019). Pessoa em situação de rua e desigualdade social: umaquestão de políticas públicas. São Paulo: Revista Recien, 9(28):146-154. -Ministerio de Desarrollo Social (2018). Registro Social de Hogares. Santiago. Recuperado de: http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/ RSH_paper_2.pdf -FGC (2020). Evaluación Anexo Calle. Extraído de https://www.gentedelacalle. cl/wp-content/uploads/2021/01/Documentos-de-trabajo_RSC_FGC.pdf

Dossier Vivienda digna

Las mujeres conductoras de cambios por Doris González Lemunao*

L

as mujeres hemos sido parte importante de los procesos de construcción de las organizaciones territoriales y el movimiento de pobladores, un pilar fundamental. Participando activamente en las tomas de terrenos, en espacios organizativos, de sobrevivencia alimentaria como el caso de las ollas comunes, claves en la denuncia y movilización contra la dictadura militar en Chile. También como constructoras del tejido social, gestoras de diversas iniciativas que han dado respuesta a las necesidades de viviendas en nuestro país en diversos momentos y contextos sociales y políticos incluso de su propio cambio al interior de una organización. La mujer ha jugado un rol fundamental en la lucha territorial por la vivienda siendo actriz importante, participando de la autoconstrucción de las poblaciones y la conquista de un lugar digno para vivir, también como defensoras de la democracia. A pesar de todo lo anteriormente descrito, hemos sido relegadas a segundo plano, ya que los cargos de dirección en las organizaciones siempre terminaban siendo hombres y así se continuaba masculinizando el rol de liderazgo, evocando fortaleza y seguridad, rasgos que las mujeres tienen como parte de sus capacidades, pero la sociedad patriarcal que tenemos genera ese tipo de reflexión, errada. Poniendo lo masculino como un referente más “capaz” que sus pares al momento de asumir la conducción de una organización, donde es mayoritariamente la presencia femenina que existe, es en mayor número. Existen postulados de la literatura sobre feminismo y territorio que postulan

la facilidad que tenemos las mujeres para asumir las luchas por la vivienda, debido al rol que nos ha asignado la sociedad en el espacio privado de esta y nuestra relación con el barrio. Puede que esto fortalezca o facilite nuestra participación y protagonismo en las luchas por el hábitat y la vivienda, no debemos concebirla necesariamente como natural (1).

Mujeres en la dirección

El movimiento de pobladores Ukamau es una organización que nace en el año 2011 a través de la reivindicación principal de la lucha por del derecho a la vivienda y la ciudad. En su composición este movimiento es mayoritariamente femenino, y es por esto que ponemos en cuestión la forma tradicional de constituir los espacios de conducción del movimiento (histórico) pobladores, donde son los varones quienes tienen la dirección, en Ukamau la composición mayoritaria es de mujeres y seremos las mujeres quienes conduciremos el movimiento. En ese sentido declaramos e hicimos carne que; “Debido a la deuda histórica que existe con las mujeres”, seremos nosotras quienes tendremos el protagonismo en esta organización en este movimiento y es por eso por lo que la dirección de la organización está dirigida por mujeres, sus voceras son mujeres, quiénes llevan adelante este proceso de organización de cientos de familias para lograr un lugar digno para vivir. Posibilitando además la participación femenina, también entregando condiciones para que esto se puede llevar a cabo. El proyecto que lideramos tiene características que hace más de 40 años no tenían

las organizaciones de pobladores en la construcción de vivienda. A través de la autogestión, con niveles de participación inéditos, capacidad de gestión y formas de lucha radicales, que hemos logrado por parte de esta comunidad que se ha transformado en la gestora y promotora de su hábitat, decidir donde se emplace, el diseño, la gestión técnica, social y política, participación para ejecutarlo y construirlo, posibilidad que permite que estas se queden en su comuna de origen, Estación Central.

Precariedad laboral

A contrapelo de la desconfianza instalada en nuestro país por el un modelo precarizador de la vida y que ha convertido a la vivienda y la ciudad en un anhelo inalcanzable para las mayorías de la población. Hemos conquistado un proyecto que se enmarca en la política de vivienda en Chile a través de postulación del decreto de vivienda, que es el instrumento regidor de la postulación para las familias más vulneradas en Chile. Siendo esta la única forma de resolver su situación, por los altos costos que esta tiene, esto agravado por la precariedad laboral, que hace imposible sin la colaboración estatal. Dentro de los desafíos del momento, está en ampliar la discusión sobre, vivienda, ciudad y hábitat con perspectiva de genero y clase, no es lo mismo habitar un lugar u otro, para nosotras las mujeres populares. Esta el proceso constituyente, que es un momento de suma importancia para lo que hemos venido avanzando desde las luchas que hemos llevado adelante que permitieron poner en

la discusión política e incluso en la constituyente sobre vivienda y ciudad, ir mas allá de la paridad que se instaló como discusión, como parte de los sucesos electorales, hay que ponerse las gafas lilas (2). Desde Ukamau, nuestro aporte desde la lucha por la vivienda y la ciudad, por hábitat con la concepción lefrevriana de estas mujeres populares, además siendo parte de las grandes movilizaciones del país, para avanzar en transformaciones. Un triunfo que conquista un lugar en la ciudad para cientos de familias, que abre paso a una nueva forma de hacer política, en el mismo sentido de los recientes triunfos electores que, con esperanza queremos se conviertan en victorias populares, como aporte o un granito de arena está el Barrio Maestranza Ukamau que aporta en democratizar, para las mayorías trabajadoras, para las mujeres populares que hemos vuelto a la política para garantizar transformaciones. Es necesario mirar ese nuevo Chile, la construcción de ciudades con perspectiva de genero que construya y permita desarrollar las diferentes esferas de la vida en igualdad de oportunidades y no solo seguir con la visión de universalidad de “sujeto” necesitamos matices y mirar la realidad, con las diferencias de genero, clase, raza y edad. Vamos A Democratizar la Ciudad . 1. Ana María Vásquez, Feminismos y extractivismo urbano; 2016 2. Gemma Lineas; el diario violeta de la Carlota; 2013 *Ukamau


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diplomatique | junio 2021

Los costos del retorno masivo a clases presenciales

Inequidad en los aprendizajes por Dante Castillo* y Mario Torres**

T

al como se ha señalado con antelación, en sociedades tan desiguales como la chilena, cualquier actividad social está cruzada con la ubicación y la condición social. De esta manera, cuando las escuelas, liceos e instituciones de educación superior regresen a las actividades presencias y el sistema escolar y universitario reanude las actividades curriculares, quedarán de manifiesto las diferencias en los aprendizajes entre los distintos perfiles estudiantiles. Bajo la modalidad del teletrabajo y la educación a distancia, prácticamente la totalidad de las instituciones educativas están trabajando con un curriculum abreviado. De esta forma, pese a los esfuerzos que cotidianamente están realizando los diferentes actores educativos, especialmente el profesorado y las madres, padres y apoderados, los contenidos de los planes y programas obligatorios se concentran en los aspectos fundamentales, resignado un porcentaje significativo de los aprendizajes abordados presencialmente. De esta forma, con independencia a las diferencias que registra nuestro segregado sistema educacional, todo el estudiantado que ha transitado este período de crisis sanitaria, registrará una brecha curricular y en el desarrollo de habilidades educativas.

Asimetrías en la sala de clases

Ahora bien, es indudable que las diferencias entre las distintas instituciones educativas estarán mediadas por las diferencias de capital económico, social y cultural. No será una novedad mirar las diferencias en la apropiación curricular entre ricos y pobres. Pero, incluso al interior de los centros educativos que atienden a los sectores socioeconómicos medio alto y alto, se advertirán discrepancias entre el estudiantado de un mismo curso. Por lo tanto, cuando se vuelva a las clases presenciales de forma masiva, en una misma sala de clases, tendremos estudiantes con diferentes niveles de logros. La sala de clases será un espacio con importantes asimetrías. Por lo mismo, el desafío que enfrentaran las instituciones escolares y universitarias será doblemente desafiante. Por una parte, se deberán recuperar los contenidos y el desarrollo de habilidades educativas y por otra parte se deberán atender las asimetrías entre el estudiantado de una misma sala. Desde la perspectiva de una educación de mercado como la chilena, los aprendizajes se miden por un conjunto de pruebas estandarizadas que gradúan casi exclusivamente el dominio cognitivo de los y las estudiantes. Pero, como lo muestran las evidencias nacionales e internacionales, la participación presencial del estudiantado en las salas de clases y en los centros educativos, junto con el dominio cognitivo, también permite desarrollar otras dimensiones del aprendizaje, como ejemplo, la afectividad, las emociones, la convivencia o la sociabilidad. Estos aprendizajes “blandos” influyen directamente en los dominios cognitivos del estudiantado. En muchos casos se convierten en las condiciones para obtener un aprendizaje significativo, tal como lo señalara Juan Carlos Tedesco (experto en educación de Unesco y ex Ministro de Educación de la República de Argentina), cuando se refería a las “condiciones de educabilidad” para el aprendizaje.

Fernando Cifuentes Soro, El Espejo (Óleo sobre aguafuerte), 2011 (www.cifuentessoro.cl)

Es por esta misma razón que cuando se apela a las clases presenciales, también se está señalando que la escuela por el momento no puede ser reemplazada por la educación familiar o por los diversos modelos de “homeschool”. La escuela y la universidad presencial son un factor que permite trabajar colectivamente las asimetrías en el aprendizaje y en los estilos de aprendizaje. Es por ello por lo que, si bien los modelos de “escuelas en la casa” han sido bastante difundidos por la sensibilidad y cultura neoliberal, la traumática experiencia de la pandemia ha dejado de manifiesto el rol educativo, didáctico y ciudadano que puede cumplir la escuela. Ahora bien, ante un retorno masivo a las clases presenciales enfrentaremos el enorme desafío de disminuir las inequidades en el aprendizaje en los dos niveles señalados anteriormente. Es decir, cómo enfrentar las brechas entre las diferentes instituciones educativas, segmentadas según el perfil de estudiantes que atiende y, cómo abordar las asimetrías al interior de las aulas. La estrategia seguramente reposará en las acciones de las y los docentes de todos los niveles del sistema educacional nacional. Casi con toda segu-

ridad, una de las primeras medidas que se tomarán a nivel escolar, consistirá en evaluar y medir para determinar las diferencias de aprendizaje. En este nivel, seguramente la Agencia de la Calidad de la Educación, elaborará protocolos e instrumentos con los que desembarcará en las unidades técnicas de los establecimientos de educación básica y media. A nivel superior, de manera individual o bilateral, la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación junto al Consejo Nacional de Educación y a la Comisión Nacional de Acreditación, distribuirán normativas y protocolos para la enseñanza universitaria.

Profesores estresados

A lo anterior se suman las Fundaciones e instituciones educacionales, la mayoría de ellas financiadas por el gran empresariado criollo, las que se apresurarán a recomendar qué hacer o bien ingresarán directamente a las escuelas y liceos, con una batería de ingeniosos dispositivos y constructos para disminuir las brechas educativas entre los establecimientos y al interior de las propias aulas. No obstante, como casi siempre ocurre, será el profesorado quien tendrá la

ardua responsabilidad de implementar las ordenanzas de la institucionalidad pública, las presiones de las instituciones privadas y las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo, el grado de éxito en la disminución de las brechas de iniquidad educativa, incrementadas por la catástrofe sanitaria, dependerán una vez más de los y las profesoras. Pero cómo podrá el profesorado instalar y coordinar acciones pedagógicas en salas de clases que se asemejarán bastante a un curso multigrado. Con qué recursos contará, cuáles serán los apoyos que acompañarán al profesorado. Si tomamos como evidencia los escasos recursos que se han dispuesto para acompañar el trabajo que las y los profesores, han necesitado para desarrollar sus clases telemáticas, entonces lo más probable es que las condiciones se repitan. En síntesis, el profesorado una vez más estará sólo para enfrentar los dilemas y desafíos de las diversas estrategias que se propondrán para disminuir las asimetrías en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades educativas. En qué condiciones está el profesorado para acompañar al estudiantado al momento de iniciarse el retorno masivo a clases presenciales. Un estudio publicado por la Universidad del Desarrollo, durante el mes de mayo recién pasado, indica que un 77% del profesorado de enseñanza básica y media, se encuentran estresados, mientras que un 50% señala estar frustrado y manifiesta un grado importante de angustia (41%). Unos porcentajes que no difieren mucho cuando las cifras son desagregadas por tipo de establecimiento y por grupos etarios. En este mismo sentido, un estudio realizado por el Centro de Estudios Enzo Faletto de la Universidad de Santiago de Chile, publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health, también durante el mes de mayo mostró que, a nivel nacional, un 11% de las y los profesores de Chile manifiestan una patología denominada tecno-ansiedad y otro 7,2% daban cuenta de una condición conocida como tecno-fatiga. A partir de estos resultados y según las recomendaciones utilizadas en Europa para este tipo de manifestaciones en la salud mental de los y las docentes. Uno de cada diez docentes debería estar con licencia médica y fuera de las instituciones educativas y de las aulas de clases. En este contexto, casi con entera seguridad se puede advertir que, si con clases telemáticas el profesorado nacional está dando cuenta de un agotamiento laboral y emocional, al momento de reiniciar las clases presenciales masivas, este actor educativo no podrá asumir el costo de las inequidades y asimetrías con las que llegará el estudiantado a los centros educativos. Por lo mismo, resulta imperativo que las estrategias y programas que se promoverán para el retorno a clases estén acompañadas con recursos para alivianar la carga docente y con procedimientos y más recursos para atender la salud laboral de las profesoras y profesores del país. g *Investigador PIIE. **Vicerrector de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio. UTEM.


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diplomatique | junio 2021 | 15

El resultado de una lenta colonización del poder

Brasil, una democracia militarizada por Anne Vigna*

Gracias al presidente Jair Bolsonaro, los militares gozan de una representación inédita en el seno del gobierno y la administración pública de Brasil. Los recientes y visibles desacuerdos entre el jefe de Estado y ciertos generales de importancia alimentaron rumores de un golpe de Estado. Pero, ¿por qué los altos grados militares abandonarían el barco que pusieron a flote y del cual tienen el timón?

E

sta es la historia de un gran malentendido. El 30 de marzo pasado, los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Brasil anunciaron su renuncia conjunta. La prensa estalló de júbilo: para ella, el presidente Jair Bolsonaro, al que vitupera, acababa de ser abandonado por los militares. “Misión cumplida”, tituló el diario Folha de São Paulo el 31 de marzo, mientras su principal competencia, el Estado de São Paulo, subrayaba la “resistencia del Estado Mayor a las pretensiones de Jair Bolsonaro de incluirlo en una aventura autoritaria” (1). Una semana antes el presidente había dicho a sus seguidores: “El pueblo puede contar con las Fuerzas Armadas para defender la democracia y la libertad” –o sea: para defender el derecho a oponerse a las restricciones impuestas por algunos gobernadores frente a la pandemia de Covid-19. Pero esta vez rebalsó el vaso, aseguraban los medios brasileños, a menudo replicados por la prensa internacional: la dimisión del trío de altos mandos demuestra que los militares ya no dejarán que el Poder Ejecutivo dicte su conducta. El diario económico Valor concluía que no existe hoy “riesgo alguno de politización de las fuerzas militares” (2). La realidad es muy distinta. “Es cierto que los militares activaron sus contactos en el seno de la prensa para hacer pasar ese discurso, pero es muy poco creíble a la luz de los hechos”, estima Christoph Harig, investigador de la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo. En realidad, la operación de comunicación apuntaba a presentar a los militares como querían aparecer: los garantes de la democracia, los únicos capaces de poner un freno a lo que la elite política y mediática denuncia como la “locura bolsonarista”. Especialista en militares brasileños, la historiadora francesa Maud Chirio amplía: “En efecto, hay algunos desacuerdos entre el Presidente y los militares. Pero los militares ya están en el poder. Están más politizados que nunca y no tienen ninguna intención de dejar sus puestos”. La “ruptura” anunciada por la prensa se parece más a una simple rencilla. De hecho, no le quitó el sueño al presidente Bolsonaro: tres semanas después de la renuncia que iba a cambiar todo, amenazaba nuevamente con hacer intervenir a “su Ejército” contra los gobernadores que juzga demasiado poco dóciles (3).

Campeones de la democracia

El discurso que erige a los cuerpos armados al rango de campeones de la democracia es un estribillo muy conocido en Brasil. Ese mismo 31 de marzo, aniversario del golpe de Estado de 1964 y de la instauración de una dictadura que duró 20 años, ofrece tradicionalmente la ocasión de proclamarlo a través del también tradicional comunicado del Ministerio de Defensa que se lee en todos los cuarteles del país. Este año, el flamante ministro –su predecesor había sido destituido dos días antes por el Presidente en una reestructuración de su gabinete– declaró: “Hace 57 años, las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de pacificar el país para garantizar las libertades democráticas que disfrutamos hoy”. En aquella época, la amenaza era comunista. Hoy el Ejército se enrola con Bolsonaro en nombre de la “lucha contra la corrupción” y contra la “descomposición de los valores”, estima el general de reserva Paulo Chagas, partidario del Presidente.

Aunque las Fuerzas Armadas no son las únicas responsables de que Bolsonaro accediera al poder (4), de todas formas cumplieron un rol clave. Su toma de posición más significativa (y más eficaz) contribuyó a excluir a Luiz Inácio Lula da Silva de la campaña presidencial de 2018, cuando las encuestas lo presentaban como el gran favorito. El 4 de abril de 2018, en Twitter, en la víspera del juicio decisivo en la Corte Suprema que trataba un recurso del ex jefe de Estado para evitar su encarcelamiento, el entonces jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas, había amenazado al país con una intervención militar en caso de una decisión favorable a Lula. Luego se supo que ese tuit había sido redactado con el consentimiento del Estado Mayor: no reflejaba sólo la opinión del oficial al cual Bolsonaro le haría un homenaje en 2019 como “uno de los principales responsables de su elección”. Según un estudio sobre los militares abonados a la cuenta Twitter de Villas Bôas, al menos 115 militares en actividad, seguidos en su conjunto por cerca de 670.000 personas, publicaron 3.427 tuits de carácter político entre abril de 2018 y abril de 2020 (5). Normalmente prohibido por la disciplina militar, este activismo, así como la campaña a favor de Bolsonaro en los cuarteles, no dio lugar a ningún tipo de sanciones.

Militares en los gobiernos

Una vez que su campeón fue elegido, los generales incrementaron su presencia en el seno de la administración pública a un nivel jamás visto incluso en la época de la dictadura. Según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en julio de 2020, 6.157 militares, la mitad de ellos en actividad, ocupaban puestos normalmente reservado a los civiles. En 2016, cuando Dilma Rousseff estaba en el poder, llegaban a 2.957 (sin que en ese periodo se hubiera producido una inflación particular del número de funcionarios). El ascenso de los militares ha sido una constante en los mandatos del Partido de los Trabajadores (PT). El ex presidente Lula (20032010) había preferido desprenderse de su primer ministro de Defensa antes que enfrentarse a ellos, y ningún general fue castigado por las críticas –bastante nutridas– a su política, en particular en lo que concierne a la demarcación de las tierras indígenas. Rousseff, en el poder de 2011 a 2016, aprobó la participación de los militares en misiones de “pacificación” en las favelas de Río de Janeiro, en particular durante las operaciones de “seguridad” vinculadas con la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y con los Juegos Olímpicos de 2016 (6). Hay pues una continuidad, con la salvedad de que las responsabilidades que se confían a los militares actualmente revisten otra importancia: 7 de los 23 ministros son oficiales, quienes dirigen 16 de las 26 empresas que controla el Estado, empezando por la principal, la empresa de hidrocarburos Petrobras. “Hay más militares en la administración de Brasil que en la de Venezuela, descrita por Brasilia como un ‘régimen militar’ – observa Marcial Suarez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Río de Janeiro–. En realidad, yo no veo ninguna democracia que tenga tantos generales en puestos tan elevados.” Para Adriana Aparecida Marques, investigadora en temas de Defensa de la Universidad Federal de Río de Janeiro, no es casualidad que

la “clase de Haití”, como se la llama, se encuentre al mando del país. Nueve militares de alto rango de la reserva, que ocupan hoy funciones de primer orden en Brasilia, fueron parte de la misión de la ONU para la estabilización en Haití (MINUSTAH) que Brasil dirigió de 2004 a 2017. “Uno de los objetivos de esa misión era justamente evitar la politización de las Fuerzas Armadas alejándolas de la escena política local. Pero produjo el resultado exactamente inverso, porque las tareas que les confió la ONU no eran únicamente militares, sino también políticas”, explica la investigadora. Luego de esta misión, que los militares brasileños consideraron como un éxito (7), a pesar de que suscitaron un mar de críticas, comenzando por las de las ONG haitianas, ya estaban disponibles para servir a su país. Un golpe de suerte para Bolsonaro, quien, sin partido político digno de ese nombre, carecía lastimeramente de cuadros para poblar su gobierno. Y como lo recuerda João Roberto Martins Filho, profesor en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de São Carlos, quien acaba de coordinar una publicación sobre el Ejército y la crisis que atraviesa el país (8), “desde hace al menos diez años, los militares persiguen una estrategia de profesionalización. Los altos grados completan su formación con diplomas en administración, en comunicación, en management, especialmente en las dos principales escuelas de economía de obediencia liberal, la Fundación Getulio Vargas y la Fundación Don Cabral”.

Privatizadores

A partir de 2014, aumentó el número de candidatos militares a las elecciones locales y federales. “Apelar a los militares es algo bueno para Brasil, porque son competentes e incorruptibles”, nos afirma, sin dudar, el general de reserva Aléssio Ribeiro Souto. Parece olvidar que las relaciones ilícitas que unen al mundo político con las empresas de construcción y de obras públicas, y que están en el centro de los escándalos de corrupción, comenzaron durante la dictadura militar. “No sólo quieren tomar el poder –observa Chirio–, sino que también quieren servir a sus carreras. La nueva generación de militares se estima maltratada, mal remunerada, siendo que se ve como la elite de la nación. De hecho, quieren su parte de la torta”. De allí proviene quizás su visión bastante más liberal en cuestiones económicas que la de sus predecesores (9): en el seno del gobierno de Bolsonaro, la relación de los militares con el ministro de Economía ultraliberal Paulo Guedes es excelente. “Prepararon privatizaciones importantes, como la de la empresa energética Electrobras y las infraestructuras de transportes. Están muy a favor de la venta de Petrobras y de los recursos petroleros”, recuerda Eduardo Costa Pinto, profesor de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sin embargo, luego de dos años y medio de presencia de las Fuerzas Armadas en la cima del poder, las competencias de sus miembros no saltan a la vista. La lucha contra la deforestación en la Amazonia, dirigida por el vicepresidente y general de la reserva Hamilton Mourão, no produce ningún resultado e inquieta a la comunidad internacional. La gestión de la pandemia llevada adelante durante casi 10 meses por el general en actividad Eduardo Pazuello fue un desastre que costó la vida a cientos de miles de brasileños. En 2021, la confianza de la población en el uniforme se hundió 18 puntos (10), cuando la institución era hasta ahora una de las pocas, junto con la Iglesia, en beneficiarse de un crédito sin fisuras. “La renuncia de los tres jefes de las Fuerzas Armadas no va a cambiar su implicación en este gobierno –resume Martins Filho–. Pero les per-

mite de todas formas reservarse una puerta de salida si la situación empeora aun más.” Desde el retorno al primer plano político del ex presidente Lula, absuelto de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él, y frente a la baja de popularidad del actual mandatario, los militares apelan a una “tercera vía”: una candidatura de centroderecha que correspondería a su ideología, evitaría el retorno de la izquierda desprestigiada al poder y, sobre todo, les permitiría conservar sus nuevos privilegios. “Va a ser muy difícil desmilitarizar el Estado brasileño –concluye Cirio– porque eso implicaría que miles de militares acepten dividir su salario por diez.” Algunos de ellos, como el vicepresidente Mourão, ya se ven postulándose para una banca en el Senado. Ciertamente, las diatribas de Bolsonaro amenazando a un país aún demasiado poco sumiso con una intervención militar se han redoblado desde los acontecimientos en el Capitolio estadounidense en enero pasado. Sin embargo, sigue siendo poco probable que las Fuerzas Armadas sigan al Presidente en una aventura anticonstitucional, aun cuando la democracia brasileña se muestra más frágil que la de Estados Unidos, y aun cuando Bolsonaro hace pasar a Donald Trump por una fuente de sabiduría. Más allá de los cuarteles propiamente dichos, preocupa más la politización creciente de los policías, que son más de 750.000 (y más de 250.000 reservistas), muy comprometidos con el movimiento bolsonarista. Según un reciente estudio (11) basado en su comportamiento en las redes sociales, el 35% de los oficiales de la policía militar y el 40% del personal de rango interactuaron con páginas bolsonaristas, incluidas las del movimiento radical. Esta tasa desciende al 12% entre los inspectores y al 13% entre los policías federales. La violencia de los comentarios, sobre todo contra el resto de los poderes (Corte Suprema y Congreso) que Bolsonaro toma regularmente como blanco, sugiere una radicalización. “Considero que hay grandes chances de que las tropas sigan a Bolsonaro en una acción ilegítima, como ocurrió en febrero de 2020 en el estado de Ceará, donde asistimos a una rebelión de la policía para desestabilizar a un gobernador opositor al Presidente”, declara Adilson Paes de Souza, coronel de la reserva de la policía militar de San Pablo y especialista de esta institución. Luego de 13 días y de más de 240 muertos en su capital, Fortaleza, Bolsonaro juzgó que no era más que una huelga y limitó el envío de soldados para reestablecer el orden. Este apoyo sin precedentes a una rebelión ilegal y violenta es percibido hoy como un precedente grave. g 1. “Entre golpistas e velhacos”, Estado de São Paulo, 31-3-21. 2. Andrea Jubé, Fabio Murakawa y Matheus Schuch, “Cresce temor de politização das Forças Armadas”, Valor Econômico, San Pablo, 31-3-21. 3. Entrevista en la cadena A Critica, Manaos, 23-4-21. 4. Véase Renaud Lambert, “¿Los brasileños son todos fascistas?”, Le Monde diplomatique, edición chilena, noviembre de 2018. 5. Marcelo Godoy, “Soldados influenciadores: os guerreiros digitais do bolsonarismo e os tuítes de Villas Bôas”, en João Roberto Martins Filho (ed.), Os militares e a crise brasileira, Alameda, San Pablo, 2021. 6. Anne Vigna, “Pacification musclée”, Le Monde diplomatique, París, enero de 2013. 7. Celso Castro y Adriana Marques, Missão Haiti: a visão dos force commanders, FGV, Río de Janeiro, 2019. 8. João Roberto Martins Filho (ed.), Os militares e a crise brasileira, op. cit. 9. Raúl Zibechi, “Qué quieren los militares brasileños?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2019. 10. Sondeo Exame/IDEA, 10-4-21. 11. “Política e fé entre os policiais militares, civis e federais do Brasil”, Forum da Segurança Publica, San Pablo, 2020. *Periodista, Río de Janeiro. Traducción: Pablo Rodríguez


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diplomatique | junio 2021

Estallido represivo frente al descontento popular

Colombia y su “enemigo interior” por Lola Allen y Guillaume Long*

Indignado con la idea de que la dictadora boliviana Jeanine Áñez tenga que responder por sus actos frente a la justicia de su país, el Parlamento Europeo votó una resolución llamando a su liberación. Parece menos preocupado por la violenta represión que sufrieron los manifestantes colombianos durante mayo. Varias decenas de muertos y centenares de heridos no suscitaron reacción alguna de su parte.

U

na reforma impositiva podría haber abierto una nueva página en la historia política de Colombia, país que presenta la segunda recaudación fiscal más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el presidente conservador Iván Duque, que presentó la reforma el 15 de abril pasado, el proyecto no tenía más que ventajas: debía aportar 23,4 billones de pesos, el equivalente a 6.400 millones de dólares, contribuir a reducir el déficit presupuestario –estimado en 8,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021–, sacar a 2,8 millones de personas de la pobreza extrema y alimentar un fondo de lucha contra los efectos del cambio climático. Pero no todas las reformas fiscales son progresistas. En este caso particular, se trataba de extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –uno de los impuestos más inequitativos– a productos hasta ahora exentos; de gravar ingresos salariales antes juzgados demasiado bajos como para ser pasibles de contribución, y de suprimir numerosas exenciones que beneficiaban a los hogares de clases medias, ya duramente golpeados por la crisis del Covid-19. Incluso formaciones de centro, como el Partido Social de Unidad Nacional (llamado “Partido de la U” o PU) del ex presidente Juan Manuel Santos, y el Partido Liberal (PL) se pusieron rápidamente de acuerdo para denunciar que la medida perjudicaría a los ciudadanos más débiles. “Se trata de una reforma fiscal regresiva destinada a financiar el reembolso de la deuda externa colombiana y mantener su nota” ante las agencias de calificación financiera, resumía por su parte la organización no gubernamental (ONG) La Internacional Progresista.

La cólera popular

Al día siguiente del anuncio de la reforma, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal confederación sindical del país, llamó a una huelga general para el 28 de abril y recibió el apoyo de una amplia coalición de movimientos sociales. La huelga dio lugar a manifestaciones masivas. El descontento suscitado por el proyecto de ley despertó numerosas demandas acumuladas. El 29 de abril, un informe de la agencia de estadísticas gubernamental revelaba que el 45% de los colombianos viven bajo la línea de pobreza, es decir, un aumento del 10% en relación con 2020, y que el 15% se encuentra en situación de extrema pobreza. A medida que crecían las multitudes en las calles, Duque fue perdiendo el control de la situación. El 2 de mayo, finalmente, retiró el proyecto. Su ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, renunció al día siguiente. Pero ninguna de estas señales alcanzó a calmar la cólera popular. Y mientras los manifestantes sufrían una violenta represión policial, las protestas contra el proyecto de reforma abrieron paso a la denuncia de la estrategia securitaria del poder. La marea humana siguió creciendo en las calles del país. “El aparato de seguridad colombiano sigue operando sobre la base de una doctrina anacrónica –constata el politólogo Pedro Piedrahita, de la Universidad de Medellín–. La del anticomunismo, del ‘enemigo interno’, de tal

modo que los manifestantes no son vistos como ciudadanos, sino como blancos militares legítimos.” Las redes sociales del mundo entero pronto se inundaron de imágenes de los ESMAD, los escuadrones móviles antidisturbios, atacando a los manifestantes. El 12 de mayo de 2021, el muy reputado Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizaba 39 homicidios cometidos por las fuerzas policiales, 1.055 casos de detención arbitraria y 16 hechos de violencia sexual. Estos excesos provocaron una ola de condenas internacionales, entre ellas la del vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien el 4 de mayo se manifestó “extremadamente alarmado” por los acontecimientos. Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense publicó un comunicado más matizado, afirmando que “la violencia y el vandalismo son un abuso del derecho” a manifestarse pacíficamente e invitando a “las fuerzas policiales a mostrar la mayor moderación para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas”. El mismo día, durante la 51ª Conferencia anual de Washington sobre las Américas, el secretario de Estado Antony Blinken habló de las violaciones a los derechos humanos y el déficit democrático en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití... sin decir una palabra sobre Colombia. Salvo Buenos Aires, La Habana y Caracas, América Latina permaneció en silencio.

Apoyo al Plan Colombia

El presidente Joseph Biden siempre indicó que no deseaba ruptura alguna con Colombia: su administración seguirá considerando al país “como una pieza maestra de la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe”. Durante la campaña que lo condujo a la Casa Blanca se encargó de seducir a los electores latinos de Florida –particularmente a los de origen colombiano– exhibiendo su apoyo al Plan Colombia, piedra angular de la política de seguridad de Bogotá. “Defendí el Plan Colombia desde el principio y me aseguré de que recibiera un apoyo bipartidista en el Congreso –escribió en un diario de Florida–. Se trata de uno de nuestros más grandes éxitos en términos de política exterior desde hace medio siglo”. No exageraba. Inaugurado por el presidente William Clinton en 1999, ampliado por George W. Bush, mantenido por Barack Obama y Donald Trump, el Plan Colombia orquesta lo que es sin dudas una de las más sólidas relaciones de seguridad bilaterales tejidas por Washington en el mundo. Desde hace décadas, Bogotá es el primer receptor de ayuda militar y uno de los principales compradores de equipos de combate estadounidenses en el continente. La alianza entre las fuerzas armadas de ambos países no dejó de reforzarse, además del hecho de que organizan operaciones conjuntas, empresas de seguridad y asesores estadounidenses están presentes en suelo colombiano. Estados Unidos provee sistemas de guía instalados en las municiones para que puedan alcanzar a los dirigentes de las guerrillas por medio de “bombas inteligentes”, y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) ayuda al país –el único “socio” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región– para

las escuchas y el espionaje. La embajada estadounidense en Bogotá sigue siendo una de las más imponentes del mundo. Las proclamas de Biden según las cuales se disponía a romper con la política exterior de Trump para situar a la democracia y a los derechos humanos en el núcleo de sus preocupaciones deberían llevarlo a interrogarse sobre las consecuencias de la relación que mantiene Washington con su socio del Sur. Asimismo, su apoyo a los acuerdos de paz firmados en 2016 entre Bogotá y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se revela incompatible con su alineamiento incondicional con las posiciones de Duque, que parece hacer todo lo posible para sabotear el proceso.

Proceso de paz

Protegido político del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya proximidad con las organizaciones paramilitares es indudable, Duque siempre se opuso a las negociaciones con las FARC. El desinterés demostrado por Trump respecto de la continuidad del proceso de paz le dejó las manos libres para dedicarse a debilitar el acuerdo y sus instituciones –y con más libertades aun respecto a su aliado del Norte pues Colombia jugó un rol clave en las diversas tentativas de derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, que fue durante mucho tiempo una prioridad para Trump–. Las consecuencias en términos de derechos humanos se hicieron sentir. El año pasado, Colombia sufrió 91 masacres, que dejaron 384 víctimas. En marzo de 2021, Naciones Unidas denunció que 262 combatientes de las FARC habían sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, a pesar del compromiso del gobierno de asegurar su protección. Para mostrarse firme en su país respecto del tema de las drogas, Trump exigió a Colombia que acentúe sus esfuerzos para erradicar los cultivos de coca: “Hará falta regar”, lanzó, en referencia a la reanudación de las fumigaciones con glifosato, un producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró genotóxico y probablemente cancerígeno en 2015. Duque estaba feliz de ejecutar la orden, pero la Corte Constitucional de su país le puso condiciones. Numerosos actores políticos y sociales se oponen a este método, que contraviene los acuerdos de paz de 2016, que habían observado su peligrosidad. El 12 de abril, a pesar de la movilización de decenas de organizaciones, Duque finalmente emitió un decreto que permitía la reanudación de las fumigaciones, pero prometiendo respetar los límites establecidos por la Corte Constitucional. El presidente colombiano se esfuerza en convencer a la administración de Biden, como antes a la de Trump, de que el crecimiento de la producción de droga en su país se produjo por el margen de maniobra ofrecido a los traficantes por los acuerdos de paz. Sin embargo, hay otro factor que explica mejor el auge de las organizaciones criminales, incluido el de los carteles mexicanos, ya bien implantados en el país: la incapacidad del poder para colmar el vacío creado por el retiro de las guerrillas. La insistencia de Duque en erradicar los cultivos ilícitos, mientras se debilitan los programas que apuntan a permitir a los agricultores que se lancen a producciones sustitutas, los lleva a continuar con su actividad buscando la protección de potentes organizaciones criminales. En suma, un círculo vicioso de violencia. En esa misma lógica, Duque puso un término a las negociaciones de paz con el Ejérci-

to de Liberación Nacional (ELN). En enero de 2019, el ELN puso una bomba en una escuela de policía, causando 23 muertos. El presidente aprovechó el pavor nacional provocado por el atentado para poner fin al diálogo. Luego exigió a Cuba, que auspiciaba las discusiones, que devolviera a los miembros de la delegación del ELN a las autoridades colombianas para juzgarlos por terrorismo. La Habana rechazó el pedido: semejante acto habría violado el protocolo de negociación firmado por el conjunto de las partes –una decisión saludada por Noruega, uno de los países garantes del proceso–. Inmediatamente, Trump volvió a colocar a Cuba en la lista estadounidense de los Estados que apoyan el terrorismo (había sido retirado por Obama): pura ganancia para quien buscaba entonces seducir al electorado latinoamericano de Florida con la esperanza de ser reelecto. La relación entre Duque y Trump descansaba en bases sólidas. El partido del primero, el Centro Democrático, apoyó la candidatura del segundo en las presidenciales de 2020. El ex presidente Uribe se invitó él mismo a la campaña al evocar la amenaza del “castro-chavismo” en la región, en momentos en el que los republicanos de Florida alertaban sobre el hecho de que el Partido Demócrata podría inclinar a Estados Unidos hacia el socialismo. Esta iniciativa obligó al embajador estadounidense en Bogotá, Philip Goldberg, a tomar la palabra unos días antes del escrutinio: “El éxito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se basa desde hace años en el apoyo bipartidista de Estados Unidos [...] Exhorto al conjunto de los dirigentes políticos colombianos a abstenerse de implicarse en las elecciones estadounidenses”. Preocupados por la brutal respuesta de Bogotá a las manifestaciones, ciertos aliados naturales de Biden –como las organizaciones de defensa de los derechos humanos y algunos think tanks críticos de la actitud de Duque sobre los acuerdos de paz– quisieran incitarlo a cambiar de rumbo en este tema. Hay muchos representantes demócratas en el Congreso que se están dedicando a ello de manera cada vez más activa. El 6 de julio de 2020, 94 miembros de la Cámara de Representantes dirigieron a Michael Pompeo, entonces secretario de Estado, una carta abierta expresando su extrema preocupación por el estado del proceso de paz en Colombia. Algunos de ellos denuncian hoy con firmeza la represión de las manifestaciones. Por su parte, el gobierno de Duque se esfuerza por presentar las movilizaciones como el signo de una conspiración internacional de la cual su país sería la víctima. La canciller Claudia Blum –renunció el 12 de mayo– publicó un video en inglés donde asegura que el senador Gustavo Petro, probable candidato de la izquierda en 2022, “buscó aprovecharse de la situación con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y de organizaciones narcoterroristas y organizó atentados y pagó a personas para que aterrorizaran y vandalizaran las ciudades”. Por sobre todas las cosas, Duque buscará convencer a su homólogo estadounidense de que mantiene su colaboración más determinada y esencial sobre el tema que sigue siendo prioritario para una buena parte de las elites de Washington: el derrocamiento de Maduro. En este asunto, Colombia ejercerá toda la influencia de la que dispone para bloquear cualquier vía de solución negociada a la crisis que atraviesa Venezuela. g *Investigadores asociados del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC. Traducción: Pablo Rodríguez


LE MONDE

diplomatique | junio 2021 | 17

El impacto de la pandemia en el escenario político

India frente a la segunda ola por Christophe Jaffrelot*

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omo demostraron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su ex homólogo estadounidense Donald Trump, los dirigentes llamados “populistas” manejan mal la pandemia, y esto por al menos tres razones: su gusto por la demagogia y los alardes nacionalistas los empuja a negar las limitaciones inherentes a las políticas sanitarias en beneficio de prácticas “disruptivas”; su menosprecio por los expertos, a los que asimilan al establishment de los “sabios”, los lleva a poner en valor remedios ilusorios; por último, su megalomanía los conduce a barrer de un plumazo la más mínima objeción y a rodearse de aduladores incompetentes que no se atreven a decir la verdad o que no tienen la más mínima idea de nada. Este cóctel, sumado al estado deplorable del sistema público de salud indio, al que el Estado central nunca destinó más del 5% de su presupuesto anual (contra más del 11% en Francia, por ejemplo), desembocó en el fracaso del gobierno de Narendra Modi –populista si los hay (1)– frente a la segunda ola de la pandemia. Desde principios de 2021, Modi se mostró como un fanfarrón nacionalista, cuando explicó, en el Foro Económico Mundial de Davos, que India había vencido el Covid-19 y en adelante iba a “guiar” al mundo hacia el final del túnel gracias a “sus” dos vacunas (de las cuales una no es sino la versión india de la vacuna sueco-británica AstraZeneca). Nueva Delhi se comprometió entonces en una “diplomacia de la vacuna” a la vez generosa (se suponía que iba a contribuir más que ningun otro país al plan COVAX de ayuda a los países pobres) e irreflexiva, porque, a fines de marzo, India había exportado 68 millones de dosis (en su mayoría a título comercial) mientras que sólo 120 millones de indios de 1.340 millones habían sido vacunados. De ahí el cese brutal de todas las ventas al exterior el 30 de marzo. Despectivo con los científicos, el gobierno no reunió al comité de expertos que debía aconsejarlo entre enero y abril del 2021, cuando la segunda ola empezó a fines de febrero. En lugar de ello, el ministro de Salud aprobó remedios supuestamente provenientes de la tradición ayurvédica que los nacionalistas hindúes estiman por principio, a pesar de las protestas de los profesionales de la salud. Peor aun, los gobernantes adhirieron a las recomendaciones de los astrólogos para adelantar un año la Kumbh Mela, una peregrinación que se lleva a cabo cada tres años en cuatro lugares sagrados al borde del Ganges y de la Yamuna. Desde mediados de marzo hasta mediados de abril, esta reunió más de 7 millones de personas. ¡Sólo algunos funcionarios se animaron a hacer de cuenta que se habían respetado los protocolos sanitarios! Con excepción de los médicos, que vieron cómo se llenaban los hospitales, nadie tuvo nada que objetar, ni en la administración pública, ni en los medios de comunicación, cada vez más controlados por el poder. Es cierto que la capacidad de los gobernantes de negar la realidad sólo es comparable con su determinación, fuertemente reforzada por el calendario electoral y por

Por otra parte, muchos medios de comunicación, particularmente cadenas de televisión, siguen hablando de todo menos de la crisis sanitaria actual y transmitiendo la propaganda del poder. Esta desinformación se explica por el miedo, por el temor a las represalias financieras y por una comunidad de intereses, incluso hasta por afinidades ideológicas (2). ¿Hasta dónde los indios serán engañados, en particular, por las cifras oficiales que minimizan enormemente el costo humano del Covid-19? Algunos periodistas, sin embargo, se esfuerzan por abrirles los ojos, aun arriesgando su vida; sobre todo cuando investigan acerca de los crematorios (3).

Oposición carente

Ruperto Cádiz, Rostro enigmático (Aguafuerte), 1977

los cuatro escrutinios regionales previstos en abril. Entre ellos, el de Bengala Occidental mantuvo ocupado a Modi durante largas semanas, mientras la curva de contagios subía: ganar ese bastión de la oposición se convirtió en una obsesión. La ambición no fue sin duda nunca peor consejera. ¿La crisis sanitaria de marzo, abril y mayo del 2021 marcará un punto de inflexión? En el ámbito económico, más bien profundiza tendencias que ya estaban en marcha desde 2017: India de hecho continúa su declive en términos de crecimiento y su tasa de endeudamiento, que ya creció del 74 al 90% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2019 y 2020, después de la primera ola, debería duplicarse de aquí a 2025.

Derrota electoral

El punto de inflexión podría ser político. No sólo el partido en el poder, el Bharatiya Janata Party (BJP), no conquistó Bengala Occidental, donde su bestia negra, Mamata Banerjee (por lo general considerada de izquierda), fue reelecta, sino que sólo pudo conservar a Assam con una mayoría reducida; en Tamil Nadu, su aliado fue desalo-

jado por un socio del Partido del Congreso y no ganó ninguna banca en Kerala. Estas elecciones también dejaron entrever el retorno de la clase y, en menor medida, de la casta como determinantes del voto, en detrimento de la pertenencia religiosa, que favorecía hasta ahora a la mayoría hindú. Además, se afirmó el voto femenino, a expensas del BJP. Tal vez aun más importante, el índice de popularidad de Modi pasó a estar por debajo del 50% por primera vez desde su ascenso al poder, el 26 de mayo de 2014. No obstante, es demasiado pronto para sacar conclusiones de estas evoluciones. Quedan tres años antes del final del segundo mandato de Modi, y puede recuperar su popularidad. No sólo su imagen de líder podría devolverlo al ruedo si tan sólo se reanudaran las hostilidades con Pakistán o China, sino que también se esfuerza por eludir toda obligación de rendir cuentas, al encarnar el rol de padre de la nación, más allá de todos los conflictos. Prueba de ello son su nuevo peinado y vestimenta, así como su discurso, cercanos a los de los gurús hindúes.

Por último, la oposición no está en posición de combate. Le falta un líder y una estrategia, ni hablar de un programa. Así, los partidos que se reunieron para firmar conjuntamente una carta dirigida al Primer Ministro con el objetivo de influir en su gestión de la pandemia son rivales en muchos estados de la Unión india. Con todo, este tipo de limitaciones podría no ser excluyente si los ciudadanos simplemente buscaran deshacerse de sus gobernantes sin atender demasiado a la calidad de la otra opción que se les ofrece – como en 1977, cuando Indira Gandhi había sido devuelta a la oposición después de veintiún meses de un estado de emergencia despótico–. La reedición de semejante escenario está sin embargo supeditada al desarrollo de la competencia electoral, cada vez menos justa. Los grandes medios de comunicación ofrecen una cobertura a menudo sesgada y la comisión electoral, encargada de la organización de los escrutinios, perdió parte de su independencia. Además, los recursos financieros de los que goza el BJP, gracias, en particular, al apoyo de las grandes oligarquías, son mucho mayores a los de la oposición. Sólo grandes presiones internacionales podrían cambiar las reglas del juego. No solamente el Parlamento Europeo votó una resolución haciendo especial hincapié en la cuestión de los derechos humanos antes de la Cumbre con India, el pasado 8 de mayo, sino que Joseph Biden no se mostrará sin duda tan conciliador como Trump. g 1. Véase Christophe Jaffrelot, “Cuando India se radicaliza”, Le Monde diplomatique, edición chilena, julio de 2019. 2. Benjamin Fernandez, “Une presse populaire qui ignore le peuple”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2014. 3. Véase, en particular, Hannah Ellis-Petersen y Sophie Zeldin-O’Neill, “Covering India’s Covid crisis: hundreds of journalists have lost their lives”, The Guardian, Londres, 3-5-21. *Director de investigación en el Centro de Investigaciones Internacionales (CERI, en francés), unidad mixta de investigación de Sciences Po y del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS, en francés). Autor, entre otros libros, de L’Inde de Modi. National-populisme et démocratie ethnique, Fayard, París, 2019. Traducción: Victoria Raffaele


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diplomatique | junio 2021

Las fakes news crean nuevos enemigos en EEUU

Fábulas mediáticas por Serge Halimi* y Pierre Rimbert**

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uando una guerra se estanca, aquellos que desean prolongarla pueden proceder de diferentes maneras. Sostienen que ha llegado el “último cuarto de hora”, que ceder frente al enemigo sería lo mismo que “apuñalar por la espalda” a los soldados que se han sacrificado durante años. Pronostican, también, que cualquier retirada en el frente precipitará una desbandada general, una “caída de dominós”. Traición del ejército por parte de los civiles, ceguera frente al apocalipsis, pacto con el enemigo: la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Argelia y las guerras de Indochina han declinado al infinito esta retórica extremista. Pero, desde hace algunos años, en Estados Unidos se impone otro método: las fake news fabricadas en conjunto por los servicios de seguridad y la prensa liberal. Esta falsa primicia providencial asegura que Estados Unidos, blanca paloma democrática con alas de ángel, sería el blanco de un complot urdido por los rusos en el exterior y por los “extremistas” en el interior. ¡Y ni cuestión de dejarles ganar la apuesta! Los halcones de Washington han presentado su “carta Putin” respecto de Afganistán. Poco después de que el presidente Donald Trump anunciara el retiro, antes del 1º de mayo de 2021, de todos sus soldados todavía presentes en el país que ocupan desde hace veinte años, el sitio de The New York Times titulaba: “Rusia ha ofrecido en secreto incentivos a los militantes afganos para ejecutar soldados estadounidenses, afirman los servicios de inteligencia” (26 de junio de 2020). Frente a esta “enorme escalada de la guerra híbrida de Rusia contra Estados Unidos”, la Casa Blanca se mantuvo inerte, se indignaban los autores de la primicia (cuatro premios Pulitzer entre los tres), conforme a la tesis defendida desde hace años por el diario: “Trump ha adoptado una postura favorable a Moscú”. Aunque la revelación de The New York Times no aportaba ningún elemento de prueba, The Washington Post y The Wall Street Journal la confirmaron al día siguiente y los medios estallaron (1). Se desató un escándalo tanto más estrepitoso cuanto que la campaña electoral estaba en su apogeo. Porque, ¿cómo justificar una retirada estadounidense si es también el objetivo que busca Vladimir Putin? ¿No será acaso una nueva prueba “impresionante” y “repugnante”, según sostiene la presentadora de la MSNBC, Rachel Maddow, de la connivencia entre la Casa Blanca y Moscú? Sin embargo, a priori, el asunto suena extraño. ¿Por qué querría alguien matar soldados estadounidenses cuando están en retirada? Y ¿cómo se explica que los resultados de este fraude sean tan escasos, con sólo 24 soldados estadounidenses asesinados en Afganistán en 2019, el año en que la política de incentivos habría sido puesta en marcha? La indignación también es bastante hipócrita: en los años 1980, Estados Unidos había apoyado, sin esconderlo, a los mujahidines afganos, entre los cuales se encontraba un tal Osama Ben Laden, ofreciéndoles cientos de millones de dólares y misiles Stinger tierraaire, gracias a los cuales habían matado a miles de soldados soviéticos. Enseguida, el presidente Trump calificó la revelación de The New York Times como “fake news”. La fuente, como se supo luego, era un agente anónimo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) que a su vez habría obtenido la información de las autoridades afganas tras el interrogatorio de un prisionero talibán. No obstante, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) dudaba de la acusación; el Pentágono se negaba a corroborarla y el gobierno de Kabul tenía interés en que, verdade-

Victoria Calleja, Le Procédé, 2019 (www.victoriacallleja.com, @victoriadebrussels)

ra o falsa, desbarate la retirada –que teme—de las tropas estadounidenses. El 23 de julio, en ocasión de una videoconferencia con su homólogo ruso, Trump no mencionó este asunto. La indignación aumentó entonces dentro del Partido Demócrata, entre los republicanos neoconservadores y en la prensa; incluido, por supuesto, The New York Times, a pesar de que el periódico tuvo que reconocer, dieciséis días antes, que “faltan algunos elementos en las informaciones según las cuales Rusia pagó para que atacantes apunten a las fuerzas estadounidenses y las de la coalición en Afganistán”.

Un regalo para Putin

Pero el tiro ya se había disparado (2). El senador republicano Ben Sasse (hostil a Trump) exigió que Estados Unidos reserve “bolsas mortuorias” para los oficiales de inteligencia rusos en represalia. Susan Rice, una de las llaves maestras de la actual administración demócrata, estimaba que la incapacidad del presidente republicano para reaccionar frente a los “esfuerzos rusos por masacrar a sangre fría las tropas estadounidenses” confirmaba que este “favorece activamente los intereses nefastos de nuestro principal adversario”. Con respecto a Joseph Biden, exclamaba: “Toda la presidencia de Trump fue un regalo para Putin, pero esto, excede los límites. Es una traición a nuestro deber nacional más sagrado: proteger a nuestras tropas cuando las enviamos a enfrentar el peligro”. “Un regalo para Putin, ¿en serio? Durante su presidencia, Trump ordenó el lanzamiento de misiles contra Siria (aliada de Moscú), la liquidación de decenas de mercenarios rusos, el envío de armas antitanques a Ucrania, un ciberataque contra Rusia, así como el retiro de Estados Unidos de un acuerdo nuclear con Irán (del que Moscú era signatario) y del tratado Start firmado entre las dos superpotencias nucleares (3). No importa. El 1º de julio, menos de una semana después de la primicia de The New York Times, que fue inmediatamente apoyada por varios parlamentarios, el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes votó por 45 votos a favor contra 11 una resolución

que supeditaba la retirada prevista de Afganistán a varios requisitos previos, casi imposibles de cumplir. A continuación, aprobó, en este caso por 56 votos contra 0, un presupuesto militar de 740.000 millones de dólares (tres veces el de China, quince veces el de Rusia...). ¿Misión cumplida para el contrapoder? Casi: no queda ya ningún elemento fáctico que apoye la “información” inicial. En un artículo publicado el pasado 15 de abril, The New York Times admite lastimosamente que los servicios de inteligencia estadounidenses “califican la acusación de recompensa con una confianza de baja a moderada”. Tal es así que no figura siquiera en la lista de agravios de la administración de Biden cuando adopta nuevas medidas de sanción contra Rusia. Las fábulas mediáticas no solo conciernen a los teatros de operaciones exteriores. Permiten, también, construir el enemigo interior con el fin de preparar a la opinión pública para una legislación represiva. En las décadas de 1960 y 1970, la prensa escrita y audiovisual representaba incesantemente a los militantes de los derechos cívicos –los Black Panthers, estudiantes radicales– como una amenaza tal para el orden social que justificaba su persecución judicial y, a veces, su eliminación por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) (4). En esta línea, los medios de comunicación conservadores no han cesado de representar al movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”) y a los “antifa” como una amenaza para Estados Unidos. Desde la elección de Biden, el periodismo institucional ha agregado la escalofriante galería de ultraconservadores a la de “terroristas domésticos”.

La muerte de un policía

El 8 de enero pasado, dos días después de la invasión del Congreso por parte de seguidores de Trump convencidos, sin motivo, de que un fraude había privado a su campeón de la victoria, The New York Times publicaba, basándose en las fuentes policiales, una revelación crucial: “Un oficial de policía del Capitolio muere a causa de las heridas recibidas en el furioso ataque de los pro-Trump”. Su nombre: Brian Sicknick.

Durante el día, el periódico afina la información. “Soñaba con ser policía y fue asesinado por una turba de partidarios de Trump”, titula el sitio web, antes de agregar: “El miércoles, los manifestantes pro-Trump atacaron esta ciudadela de la democracia, dominaron a Sicknick y, según dos agentes, lo golpearon en la cabeza con un extintor. Sicknick fue trasladado de urgencia al hospital, con un corte sangrante en el cráneo, y puesto en reanimación”. Todo esto es falso. Sicknick no fue golpeado y, en el momento en que The New York Times publicaba su relato, el hermano del difunto afirmaba al sitio ProPublica haber recibido, en la tarde del 6 de enero, un mensaje de texto reconfortante: el policía ha sido expuesto en dos ocasiones a gases lacrimógenos, pero se encuentra en “buen estado”. Murió unas horas más tarde de un infarto cerebral. Los exámenes médicos no revelaron ningún rastro de un golpe y la Oficina Forense del Distrito de Columbia concluyó que se trató de una “muerte por causa natural”. Pero la ira homicida atribuida a los asaltantes exige una víctima ejemplar de “primera plana”, ya que, de lo contrario, todas las muertes del día habrían pertenecido a las filas de los manifestantes. La Associated Press, The Wall Street Journal, Cable News Network (CNN) y luego la mayor parte de los medios de comunicación del planeta –desde The Guardian de Londres hasta el Himalayan de Katmandú– recogen la noticia falsa sin verificarla. Los días 2 y 3 de febrero de 2021, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo exponer las cenizas del difunto en el centro de la rotonda del Capitolio para una ceremonia especial para homenajear el “sacrificio” del oficial. El presidente y la vicepresidente de Estados Unidos estuvieron presentes antes de que la urna del héroe fuera llevada al cementerio bajo una guardia de honor, escoltada con gran pompa por un centenar de motoristas. La orquestación de este gran sollozo nacional coincidió con otra ofensiva: tan pronto como los asaltantes del Capitolio fueron dispersados o detenidos, el presidente electo Biden los calificó de “terroristas domésticos”. Dado que, como revela The Wall Street Journal del 7 de enero, “tiene la intención de dar prioridad a una ley contra el terrorismo doméstico, y se ha sugerido que cree un puesto en la Casa Blanca consagrado a la organización de la lucha contra los extremistas violentos”. Tres meses más tarde, el texto está siendo estudiado por el Departamento de Justicia, mientras que los funcionarios de seguridad nacional planean nuevos métodos de vigilancia y de control de la población, que, todo el mundo puede imaginar, no se limitarán a la extrema derecha. La publicación, el 19 de abril, de los informes médicos que invalidan la tesis del asesinato de Sicknick no suscitaron ningún mea culpa. Pero podemos estar tranquilos: la lucha contra las fake news sigue siendo una prioridad para el gobierno y los medios de comunicación de calidad. g 1. Alan MacLeod, “In ‘Russian Bounty’ story, evidencefree claims from nameless spies became fact overnight”, Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), 3-7-20, https:// fair.org 2. Véase “Journalists, learning they spread a CIA fraud about Russia, instantly embrace a new one”, Glenn Greenwald, 16-4-21, https://greenwald.substack.com 3. David Foglesong, “With fear and favor: The russophobia of The New York Times”, The Nation, Nueva York, 17-7-20. 4. Véase Marie-Agnès Combesque, “El FBI contra las Panteras Negras”, Explorador. 1968. El año de todas las revueltas, Le Monde diplomatique-Capital intelectual, Buenos Aires, 2018. *Director de Le Monde Diplomatique ** De la redacción de Le Monde Diplomatique. Traducción: Emilia Tasende


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Interseccional lava más blanco

La política de reclutamiento de la CIA por Pierre Rimbert*

U

na mujer camina en cámara lenta por los pasillos de mármol de lo que parece ser una prestigiosa institución estadounidense. Está radiante, feliz: “Soy una mujer de color. Soy madre. Soy una millenial cisgénero (1) –declara–. Soy interseccional, pero mi existencia no consiste en rellenar casillas... No me colé en la CIA [Central Intelligence Agency]. […] Me gané mi lugar y fui subiendo escalones” (2). Este video subido a fines de marzo en el canal de YouTube de la agencia de inteligencia estadounidense no es una parodia realizada por militantes de Black Lives Matter para denunciar la apropiación de su movimiento. Tampoco un spot feminista, a pesar del puño levantado en la cruz de Venus impresa en rosa en la remera de la joven mujer. “Soy instruida, calificada, competente – continúa–. Luché durante mucho tiempo contra el síndrome del impostor. Pero, con 36 años, me niego a interiorizar las ideas patriarcales erróneas sobre lo que una mujer puede o debe ser.” Aviso urbi et orbi: la CIA ya no es un antro de reaccionarios. Podemos imaginarnos el alivio de los sobrevivientes yemenitas al enterarse de que su familia reunida para un casamiento fue volatilizada por un dron interseccional. Especializada en la organización de golpes de Estado en América Latina o en Medio Oriente y en el financiamiento de grupos paramilitares de extrema derecha, la CIA recluta su personal entre los graduados de las más prestigiosas uni-

Diego Santa María, Verte bien (Escultura en fierro, medidas variables), 2019 (Gentileza Galería NAC)

versidades estadounidenses, donde los secuestros arbitrarios y los ahogamientos simulados no son bien vistos. ¿Seducir a los estudiantes conservadores? Las relaciones execrables entre los jefes de los servicios de espionaje y el ex presidente Donald Trump cavaron una brecha entre los republicanos y las agencias de

inteligencia. Las cuales, desde la invasión del Capitolio en Washington, el pasado 6 de enero, ven en la juventud ultraconservadora más una amenaza interior que un semillero. Por el contrario, los demócratas y los servicios secretos sellaron una alianza improbable contra Trump y Rusia. Y actualmente hablan el mismo

idioma. Los arquitectos del putsch contra el presidente socialista chileno Salvador Allende en 1973 adoptaron de buen grado esta jerga de moda, pues le ofrece una lavada de imagen gratuita a una de las instituciones antaño más odiadas por la izquierda. “Estoy cada vez más avergonzado de ser un hombre blanco”, confesaba sin inmutarse John Brennan, su ex director, invitado el pasado 1º de marzo en el canal de izquierda MSNBC... Al igual que los dirigentes de los grandes bancos que se arrodillan en homenaje a George Floyd al tiempo que expulsan de sus hogares a familias agobiadas por las deudas, la CIA apuesta a que los graduados progresistas se preocupen menos por cuestionar el orden económico y el imperialismo estadounidense que por escuchar a los dominados reivindicar su identidad individual. “Estoy orgullosa de mi misma –afirma la heroïna del video–, represento con orgullo a la hija de inmigrantes hispanos y a la oficial de la CIA que soy. No pido disculpas por ser yo misma. Y deseo que sean ustedes mismos sin reservas, quienquiera que sean.” Militantes de izquierda, abandonen sus prejuicios anticuados: la CIA les abre los brazos. g 1. Persona nacida en los años 1980 o 1990 cuya identidad de género corresponde al sexo biológico. 2. “Humans of CIA”, canal de YouTube de la CIA, 25-3-21, www.youtube.com * De la redacción de Le Monde Diplomatique. Traducción: Micaela Houston


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diplomatique | junio 2021

Una dominación israelí cada vez más brutal

Guerras sin fin contra los palestinos por Alain Gresh*

Tras once días de conflicto que dejaron un saldo de 230 muertes palestinas y 12 muertes israelíes, Israel y Hamas alcanzaron un cese el fuego sin condiciones previas. Pero el fin de las hostilidades no apaciguó las tensiones en Jerusalén-Este ni en Cisjordania, así como no resolvió las cuestiones de fondo. Mientras no dispongan de un Estado viable y sigan sufriendo la colonización, los palestinos seguirán luchando por sus derechos.

E

n Palestina, la historia se repite. Regularmente, inexorablemente, despiadadamente. Y es siempre la misma tragedia: una tragedia que se podía anticipar, a tal punto los datos en el terreno son enceguecedores, pero que continúa de sorprender a aquellos que interpretan el silencio de los medios de comunicación como una aceptación de las víctimas. A cada vez, la crisis adopta contornos particulares y toma caminos inéditos, pero se sintetiza en una verdad transparente: la persistencia desde hace décadas de la ocupación israelí, de la negación de los derechos fundamentales del pueblo palestino y de la voluntad de echarlo de sus tierras. Hace mucho tiempo, luego de la guerra de junio de 1967, el general De Gaulle ya había comprendido lo que iba a suceder: “Israel organiza, en los territorios que tomó, la ocupación, que no puede ocurrir sin opresión, represión, expulsiones; y se manifiesta en su contra una resistencia que, a su vez, califica de terrorismo” (1). Asimismo, declaraba en ocasión del desvío de un avión israelí, en 1969, que no se podían poner en el mismo plano la acción de un grupo clandestino, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), calificado en ese entonces de “terrorista” y las “represalias” de un Estado como Israel, que, en 1968, había destruido la flota aérea civil libanesa en el aeropuerto de Beirut. Impuso entonces un embargo total sobre las ventas de armas a Tel Aviv. Otra época, otra visión.

Arrogancia ciega

Se inició entonces, en Jerusalén, el capítulo más reciente de esta catástrofe que se repite sin cesar. Los elementos son conocidos: la brutal represión de jóvenes palestinos echados de los espacios públicos de la Puerta de Damasco y de la Explanada de las Mezquitas, en donde celebraban cada noche el final del ayuno del Ramadán. Resultado: más de trescientos heridos; la invasión de esa misma explanada por parte de la policía israelí que no dudó ni en lanzar gases lacrimógenos sobre los fieles ni en tirar balas pretendidamente de goma (2); la expulsión programada de familias enteras del barrio Sheik Jarrah;

Víctor Mahana, Gaza (Óleo sobre tela), 2011 (www.victormahana.com)

incursiones, al grito de “muerte a los árabes”, de supremacistas judíos envalentonados por su reciente victoria electoral, obtenida gracias al apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Violar el mes sagrado del Ramadán, profanar un santuario del islam, usar la fuerza bruta: muchas voces en Israel denunciaron, a posteriori, los “errores” cometidos. ¿Errores? Más bien una arrogancia ciega y un desprecio por los colonizados. Como señaló un periodista de Cable News Network (CNN), ¿qué podían temer las autoridades, que utilizan “una tecnología que permite seguir los desplazamientos de los teléfonos celulares, drones para vigilar los movimientos dentro y alrededor de la cuidad antigua, así como cientos de cámaras de video-vigilancia”? Más aun cuando se apoyan en “miles de policías armados desplegados para reprimir los disturbios, ayudados por camiones que escupen los que los palestinos llaman ‘el agua de cloaca’, un líquido putrefacto pulverizado sobre los manifestantes, los pasantes, los autos, los negocios y las casas” (3). No se tuvo en cuenta la determinación de los jóvenes de Jerusalén, que, fuera de toda organización política, se enfrentaron a las fuerzas de represión. Otra “sorpresa”: lo hicieron con el apoyo de sus hermanos y hermanas de las ciudades palestinas de Israel, de Nazaret a Umm al-Fahm, haciendo estallar por los aires el mito de un Estado que trataría a sus ciudadanos de manera iguali-

taria. Para anticipar estos levantamientos, alcanzaba sin embargo con leer los informes publicados recientemente por dos grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos, la israelí B’Tselem y la estadounidense Human Rights Watch. Estos concluyen que el sistema de gobierno en todo el territorio de la Palestina del Mandato, no únicamente en los territorios ocupados, es un sistema de apartheid según la definición establecida por las Naciones Unidas, y que podemos resumir en una frase: en una misma tierra coexisten, a veces a pocos metros unas de otras, poblaciones que no disponen de los mismos derechos, no dependen de las mismas jurisdicciones, no son tratadas de la misma manera (4). Esta disparidad produce los mismos efectos que en Sudáfrica antes de la caída del regimen de apartheid: la insumisión, la revuelta, los disturbios. En las ciudades en las que son mayoría, los palestinos de Israel sufren la desinversión del Estado, la ausencia de infraestructura, el rechazo de las autoridades a actuar contra la criminalidad; en las ciudades mixtas, son relegados en barrios sobrepoblados, empujados a exiliarse por la presión de la colonización judía, conscientes de que la meta final del gobierno israelí es deshacerse de todos esos “no-judíos”. Un joven palestino de Israel explica su solidaridad con Sheikh Jarrah de este modo: “Lo que sucede en Jerusalén corresponde exactamente a lo que sucede en Jaffa

y en Haifa. La sociedad árabe en Israel sufre una expulsión sistemática. Llegamos al punto de ebullición. Nadie se preocupa por saber si podemos seguir existiendo; al contrario. Nos empujan a irnos” (5). En Lod, una ciudad de 75.000 habitantes, los choques entre judíos y palestinos –que representan un cuarto de la población– fueron particularmente brutales. Estos últimos siguen marcados por la depuración étnica de 1948, cuando los grupos armados sionistas expulsaron manu militari a 70.000 de los suyos (6). El mismo objetivo sigue en pie, aunque se manifieste bajo otras formas: se trata de “terminar el trabajo” empujándolos afuera. Las 8.000 viviendas en construcción están todas reservadas a los judíos y allí, como en Jerusalén o en Cisjordania, es prácticamente imposible para un palestino obtener un permiso de construcción. El hecho de tener un pasaporte israelí no cambia nada.

Jerusalén aun más dividida

El primer acto del actual drama conluyó el 10 de mayo. Las autoridades israelíes debieron retroceder, al menos parcialmente. La juventud palestina retomó el control de las calles; la mezquita de Al Aqsa fue evacuada; la Corte Suprema, que debía ratificar la expulsión de varias familias de Sheikh Jarrah –del mismo modo que apoya regularmente la judaización de Palestina (7)– pospuso de un mes su decisión. Hasta la manifestación


LE MONDE prevista para celebrar la “liberación” de la ciudad y de sus lugares santos en 1967 se convirtió en un fiasco. Su itinerario se modificó para esquivar los barrios palestinos, confirmando la división en dos de la “capital unificada y eterna de Israel” y la resiliencia de los palestinos: representan el 40% de la población –aunque la municipalidad sólo les conceda el 10% de su presupuesto (8)–, cuando no eran más que un 25% en 1967. Ese mismo día, después de haber lanzado un ultimátum exigiendo el retiro de los policías de Jerusalén, Hamas, en el poder en Gaza, lanzaba una salva de cohetes contra las ciudades israelíes, inaugurando un nuevo acto de la revuelta. Fuimos rápidamente testigos del fuego de artillería mediático contra la “organización terrorista”, peón de Irán, cuyo uso de la violencia impediría cualquier solución política. Pero, ¿en qué momento los “períodos de calma” (es decir aquellos periodos en los cuales únicamente se mata a los palestinos, sin que ello llegue nunca a la primera plana de los diarios) llevaron al gobierno de Netanyahu a negociar una paz verdadera? Como recordaba Nelson Mandela en sus Memorias, “es siempre el opresor y no el oprimido, quien determina la forma de la lucha. Si el opresor utiliza la violencia, el oprimido no tendrá otra opción más que responder con violencia” (9).

“Doctrina terrorista”

Ni el carácter violento de Hamas ni su etiqueta de movimiento “terrorista” le impidieron por otra parte a Netanyahu convertirlo en su interlocutor privilegiado en varias ocasiones desde su primer acceso al cargo de Primer Ministro, en 1996, para debilitar a la Autoridad Palestina. Esperaba así fragmentar la causa palestina entre Gaza y Ramallah –lo que le permitía, además, explicar que, ¡no se podía negociar con palestinos divididos! Fue su gobierno el que autorizó la transferencia de cientos de millones de dólares de Qatar a Gaza para restaurar parcialmente el territorio, bajo bloqueo desde 2007 y devastado durante la guerra de 2014 (10). Nadie duda de que una parte de ese dinero le permitió a Hamas, con la ayuda de Irán y del Hezbollah libanés, reconstituir y desarrollar su arsenal militar y su capacidad de combate. El ejercito israelí, convencido de haber dado a la vez un golpe mortal a Hamas en el curso de su ofensiva de 2014 y de haber “comprado la paz” por un puñado de dólares, se dejó sorprender por su entrada en la batalla de Jerusalén –una prueba adicional de su arrogancia y de su incapacidad para comprender la “mentalidad de los colonizados”–. Todos los palestinos, sean musulmanes o cristianos, consideran a Jerusalén como el corazón de su identidad. Fotografías o pinturas de la ciudad, a veces incluso maquetas de la mezquita de Al Aqsa adornan sus casas. La amplitud del movimiento en torno a Sheikh Jarrah, que se extendió hasta los palestinos de Israel, llevó a Hamas a meterse en la batalla, máxime considerando que las perspectivas de algún avance político habían sido bloqueadas por la decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de posponer las elecciones legislativas y presidencial; una decisión motivada por el temor a ser desaprobado por el voto popular y por el rechazo de Israel a permitir que el escrutinio se lleve a cabo en Jerusalén-Este. Al involucrarse, Hamas contribuyó a reunificar los palestinos: aquellos de la Palestina del Mandato, aquellos de los campos de refugiados, pero también aquellos que viven dispersos a través del mundo. Testigo de ello es la huelga general en la que participaron tanto los palestinos de Jerusalén, los de los territorios ocupados y los de Israel, el 18 de mayo –una primera en más de trein-

ta años–. Este éxito se obtuvo a pesar de las persistentes divisiones políticas, tanto entre Hamas y la Autoridad Palestina como al interior mismo de Fatah. Estas divisiones pesarán en la manera en que los palestinos podrán consolidar sus logros. En el plano militar, el ejército israelí hizo lo que sabe hacer: aplicó la doctrina del General Gabi Eizenkot, elaborada tras la guerra contra el Líbano de 2006. Llamada “doctrina Dahiya”, por el nombre del barrio del sur de Beirut donde estaban situadas las oficinas de Hezbollah, ésta preconiza una respuesta desproporcionada y “represalias” contra las zonas civiles que puedan servir como bases para el enemigo. Ningún otro ejército en el mundo se animó a formular abiertamente tal “doctrina terrorista” –aun cuando, evidentemente, muchos de ellos no dudan en ponerla en práctica, sean los estadounidenses en Irak o los rusos en Chechenia–. El ejército israelí dispone además de un pretexto ideal: como Hamas controla Gaza desde 2007, cualquier oficina encargada de los impuestos, de la educación o de la ayuda social puede ser calificada como un blanco legítimo. El balance es terrible: más de 230 palestinos muertos, entre los cuales unos sesenta niños; 1.800 heridos; seiscientas casas y una decena de rascacielos completamente destruidos; centros médicos, universidades, estaciones eléctricas golpeados. Un resultado al que seguramente le prestará atención la Corte Penal Internacional, que incluyó a la situación en Palestina en su agenda.

El desarrollo de Hamas

¿Todo esto para qué? Es “la operación más fallida y más inútil de Israel en Gaza”, denuncia Aluf Benn, jefe de redacción del diario israelí Haaretz. No sólo el ejército no anticipó nada –un ejército que se glorifica tras cada nuevo round de haber “erradicado las organizaciones terroristas y su infraestructura”–, sino que además “no tiene la menor idea de cómo paralizar a Hamas y desestabilizarlo. Destruir sus túneles con bombas poderosas […] no le hizo ningún daño serio a las capacidades de combate del enemigo” (11). Más grave aun, si bien la “Cúpula de Hierro”, el dispositivo de interceptación de cohetes, permitió limitar a doce el número de muertos entre los habitantes de las ciudades israelíes, no impidió la conmoción de su vida cotidiana, ya que estuvieron obligados a ponerse a salvo en refugios, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Los cohetes y misiles cambian la ecuación: de ahora en más, ninguna ciudad de Israel está a salvo –ya se había comprobado durante la guerra llevada a cabo contra Hezbollah en 2006–. Y es posible imaginar el día de mañana una guerra en varios frentes: Gaza y el Líbano, e incluso Yemen, donde los hutistas, que disponen de una significativa capacidad de fuego con misiles –utilizados en respuesta a los bombardeos sauditas–, amenazaron con usarlos contra Israel. Ya en el curso de la guerra de 2014, los observadores habían notado el creciente desempeño militar de Hamas; siguió aumentando en el rubro balístico. “El número de altos dirigentes de Hamas que el ejército israelí mató demuestra que no se trata de una ‘organización efímera’, como pretenden muchos analistas –observa Zvi Bar’el en Haaretz–. Algunos de estos hombres ocupaban puestos impresionantes – comandante de la brigada de la ciudad de Gaza, jefe de la unidad cibernética y del desarrollo de misiles, jefe del departamento de proyectos y de desarrollo, jefe del departamento de ingeniería, comandante del departamento técnico de inteligencia militar y jefe de producción de equipos industriales. Se trata de un ejército con un presupuesto, jerarquizado y organizado, cuyos miembros poseen el grado de formación y el conocimiento necesarios para manejar la infraestructura, tanto para la supervivencia como para las ofensivas” (12). Asesinar

a algunos cuadros de Hamas no cambiará nada: una nueva generación de militantes sale ya de los escombros, motivada por una ira aun más inextinguible contra el “enemigo israelí”. Esta ira no se limita a los palestinos. La movilización en su favor en el mundo árabe no había tenido semejante amplitud desde la Segunda Intifada (2000-2005). Cientos de miles de personas desfilaron en Yemen y en Irak –resulta irónico recordar que uno de los objetivos de la guerra estadounidense de 2003 era favorecer el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Bagdad y Tel Aviv–. También se llevaron a cabo manifestaciones en el Líbano, en Jordania, en Kuwait, en Qatar, en Sudán y en Marruecos. La cuestión palestina, lejos de haber sido marginada por los Acuerdos de Abraham firmados por Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein (13), sigue en el corazón de la identidad árabe. Las esperanzas de “normalización” con Arabia Saudita o Mauritania sufrieron un golpe (¿provisorio?). Incluso en Egipto, la ira se expresó en las redes sociales pero también en la prensa oficial. Y el tuit en favor de los palestinos de Mohamed Salah, el célebre delantero de fútbol que juega en el Liverpool F.C., fue viralizado. Relegada al segundo plano por los diplomáticos occidentales, Palestina volvió a estar en el centro de los debates. Ninguna otra causa, desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, suscita tal impulso de solidaridad a través del mundo, de América Latina a Africa. Incluso en Estados Unidos, varios demócratas electos tomaron posición contra la embarazosa complicidad de Joseph Biden, con palabras que no tenían cabida hasta entonces.

La palabra “apartheid” se extiende

Varias personalidades de la izquierda estadounidense no dudan ya en emplear términos como “ocupación”, “apartheid” o “etno-nacionalismo”. Así, Alexandria Ocasio-Cortez, electa en la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York, declaraba el 13 de mayo en Twitter: “Al intervenir unicamente para mencionar las acciones de Hamas –que son condenables– y negarse a reconocer los derechos de los palestinos, Biden refuerza la falsa idea de que son los palestinos quienes instigaron este ciclo de violencias. No es un lenguaje neutral. Toma partido por un bando, el bando de la ocupación”. La noche anterior, OcasioCortez había formado parte de los veinticinco demócratas electos que le pidieron al secretario de Estado Antony Blinken ejercer presión sobre el gobierno israelí para impedir la expulsión de cerca de dos mil palestinos de Jerusalén-Este. “Debemos defender los derechos humanos en todas partes”, tuiteaba una de las firmantes, Marie Newman. En cambio, en Europa, y particularmente en Francia,

diplomatique | junio 2021 | 21 asistimos –a pesar de las movilizaciones a favor de Palestina– a una alineación a Israel y a su discurso de “guerra contra el terrorismo” o de “legítima defensa”. ¿Durará el cese el fuego que entró en vigencia el 21 de mayo? ¿Qué pasará con las familias amenazadas de expulsión de Sheikh Jarrah? ¿Sobrevivirá la Autoridad Palestina a su fracaso político? Seguramente no hemos presenciado el último acto de la obra que se acaba de desarrollar. Los palestinos, más allá de su lugar de residencia, mostraron una vez más su determinación por no desaparecer del mapa diplomático y geográfico. ¿Habrá que esperar la próxima crisis, con su cortejo de destrucciones, muertes y sufrimientos para tomar consciencia de ello? En 1973, luego del fracaso de sus tentativas de recuperar por la vía diplomática sus territorios perdidos en 1967, Egipto y Siria desencadenaron la guerra de Octubre contra Israel. Interrogado sobre esta “agresión”, Michel Jobert, ministro de Relaciones Exteriores francés, contestó: “Acaso intentar volver a poner los pies en su casa es un acto de agresión?”. ¿Intentar hacer valer sus derechos es un acto de agresión? g 1. Hélène Aldeguer y Alain Gresh, Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, La Découverte, París, 2017. 2. Jean-Pierre Filiu, “Le mythe des ‘balles en caoutchouc’ israéliennes”, Un si proche Orient, 16-5-21, www. lemonde.fr/blog/filiu/ 3. Ben Wedeman y Kareem Khadder, “Israel holds all the cards in Jerusalem, yet the city has never been more divided”, CNN, 12-5-21, https://edition.cnn.com 4. “Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución”, Human Rights Watch, 27-421, www.hrw.org 5. Nir Hasson, “There’s systematic expulsion of Arab society in Israel, and we’ve reached a boiling point”, Haaretz, Tel Aviv, 12-5-21. 6. Ari Shavit, “Lydda, 1948”, The New Yorker, 14-10-13. 7. Sylvain Cypel, “En Israël, la Cour suprême conforte les partisans de la colonisation”, Orient XXI, 27-4-15, https:// orientxxi.info 8. Véase particularmente el informe de B’Tselem sobre Jerusalén, www.btselem.org/jerusalem 9. Alain Gresh, “El Evangelio según Mandela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2010. 10. Olivier Pironet, “En el caldero de Gaza”, Le Monde diplomatique, edición chilena, septiembre de 2019. 11. Aluf Benn, “This is Israel’s most failed and pointless Gaza operation ever. It must end now”, Haaretz, 18-5-21. 12. Zvi Bar’el, “Looking for Gaza victory against Hamas, Israel lost the battle for Jerusalem”, Haaretz, 15-5-21. 13. Akram Belkaïd, “Idilio entre los países del Golfo e Israel”, Le Monde diplomatique, edición chilena, diciembre de 2020. *Director de la revista en línea Orient XXI. Traducción: Micaela Houston


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diplomatique | junio 2021

El retorno del eje Indo-Pacífico

Delirios atlantistas en Asia por Martine Bulard*

¿Qué va a hacer Francia en este enredo? Según el contralmirante Jean-Mathieu Rey, que dirige las fuerzas armadas francesas de AsiaPacífico (1), el país acumula en Asia-Oceanía 7.000 militares, 15 buques de guerra, 38 aviones presentes permanentemente. A esta armada se le sumaron, entre fines de marzo y principios de junio, el portaviones de propulsión nuclear Charles-de-Gaulle, el submarino de ataque de propulsión nuclear Émeraude, varios aviones (de los cuales cuatro Rafale y un avión cisterna A330), el grupo de batalla anfibio Jeanne d’Arc, el portahelicópteros anfibio Tonnerre, la fragata furtiva Surcouf... Todo este contingente participa en una serie de maniobras militares con Estados Unidos, Australia, Japón e India. Ciertamente, no es la primera vez que Francia exhibe su arsenal bélico en el área; ya en 2019 una de sus fragatas había cruzado el Estrecho de Taiwán, provocando un incidente con Pekín. Pero París nunca lo hizo a esta escala. Y, sobre todo, el presidente Emmanuel Macron inscribe esta política de despliegue militar “en el eje Indo-Pacífico” (2), con la mira puesta en China. A veces lo niega. Sin embargo, durante un viaje a Australia, en 2018, definió el rumbo: “China está construyendo su hegemonía paso a paso. No se trata de agitar los miedos, sino de ver la realidad. […] Si no nos organizamos, será pronto una hegemonía que reducirá nuestras libertades, nuestras oportunidades, y que padeceremos” (3). La hegemonía estadounidense en la región –real, en este caso– no parece plantearle problema alguno.

Amor verdadero

La geografía y la historia cedieron su lugar a las alianzas militares y diplomáticas. Subrepticiamente –y sin ningún debate nacional–, Francia pasó entonces del estatuto de “potencia indo-pacífica”, como le gusta definirse, haciendo valer sus territorios y departamentos de ultramar (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Saint-Pierre-et-Miquelon...), al de potencia del “eje Indo-Pacífico” dirigido por Estados Unidos. Un cambio semántico cargado de significación: desde junio de 2019, en un informe oficial (4), el Departamento de Defensa estadounidense se felicitaba por este giro, que elevaba a París al mismo rango que sus aliados militares (Japón, Australia, Singapur...). Antes de convertirse en una consigna estadounidense, el concepto de “Indo-Pacífico” navegó mucho. El capitán Gurpreet S. Khurana, director del think tank indio National Maritime Foundation, reivindica su paternidad desde 2006. Lo definía entonces como “el espacio marítimo que integran el Pacífico y el Océano Índico” (5). La idea fue recuperada y llevada al plano político por el entonces primer ministro japonés, Abe Shinzo, y por sus sucesores, preocupados por ver a China superar a su país en la escena económica mundial y encontrar el amor verdadero con Estados Unidos, convertido en su primer cliente. Le temían por sobre todas las cosas a una pareja “ChinAmérica” que los dejaría de lado. Orgullosos de ser la cabeza de puente de Washington en Asia, saludaron con entusiasmo los ejercicios conjuntos llevados a cabo por las marinas estadounidense, india, japonesa, australiana y singapurense en el Golfo de Bengala en 2007. ¡Una primera! No obstante, este “acto de la

prioridades-clave” de la OTAN, incluyó allí la necesidad de “responder a los potenciales desafíos de seguridad planteados por China y sus crecientes inversiones en Europa” (9). La economía asoma tanto como los misiles balísticos, el todo envuelto con la bandera de la libertad, levantada permanentemente por los partidarios de la organización. Sin embargo, en esta materia, el primer ministro indio no es un caballero blanco: Cachemira, a la que le quitó la autonomía, vive bajo férula militar: los opositores son detenidos y torturados, cuando no son asesinados; su ley sobre la ciudadanía discrimina a los musulmanes; la represión a los manifestantes no cesa... Pero es sabido: los derechos humanos no tienen la misma importancia si se es aliado o adversario de Estados Unidos.

Bloqueo marítimo

Pablo Mc-Clure, Constelación de las garras, 1999 (www.pablomcclure.cl)

libertad” –como lo calificó Tokio– terminó por desaparecer del paisaje. Hubo que esperar una década para que este “eje Indo-Pacífico” salga del olvido, gracias a Donald Trump. Con su sentido de la comunicación, este desbautizó en 2018 a la autoridad que controla los cuerpos del ejército estadounidense en la región, el Comando del Pacífico de Estado Unidos (US Pacific Command, PACOM), y lo convirtió en el Comando del Indo-Pacífico (INDOPACOM). En el mismo impulso, resucitó el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD, en inglés), que reúne a Australia, Estados Unidos, India y Japón en una alianza informal de evidente contenido militar. La Ley de Defensa 2019 adoptada por el Congreso estadounidense marca el tono: “La gran prioridad de Estados unidos” es “hacerle frente a la influencia de China” (6).

Derechos humanos

Este objetivo resuena agradablemente a oídos de los dirigentes neoliberales y ultranacionalistas que actualmente están a la cabeza de los tres países asiáticos de la alianza: el paréntesis laborista se cerró en Australia; Abe, el militante de choque del QUAD, volvió al poder en Japón. Y el nacionalista hindú Narendra Modi tomó las riendas de India, recibiendo incluso con fasto inaudito al presidente estadounidense algunos meses antes de que los electores lo reenviaran a su casa. Las gesticulaciones de Trump y de sus equipos limitaron el alcance efectivo de este giro. Pero el rumbo se mantiene. A principios de 2021, Joseph Biden siguió inmediatamente los pasos de su predecesor, sin tanta agitación, pero sumando la defensa de los derechos humanos y la acción coherente. Hizo suya la designación de China como “rival estratégico” y del QUAD como arma política y militar central de su estrategia.

A menos de dos meses de su entrada en funciones, antes de cualquier encuentro bilateral con dirigentes de la región, el nuevo presidente estadounidense organizó una reunión por videoconferencia con los otros tres jefes de Estado y de gobierno de la alianza, el 12 de marzo de 2021. Un encuentro inédito para este nivel de responsabilidad, saludado por un comunicado común. Si bien el texto es muy general, los cuatro hombres se comprometen a desarrollar “una región libre, abierta, inclusiva, sana, arraigada en valores democráticos y libre de cualquier restricción”, dicho de otro modo, un “Indo-Pacífico libre y abierto”, según la expresión consagrada (7).

Contra la “dictadura china”

Enseguida, los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses, Antony Blinken y Lloyd Austin, emprendieron un recorrido para asegurar el servicio posventa e incluir a Corea del Sur en un formato “QUAD +” que podría también reunir a otros países asiáticos, junto con países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania. Se trata, explica Chung Kuyoun, investigadora de la Universidad Nacional de Kangwon (Corea del Sur), de “‘multilateralizar’ un sistema de alianza en estrella dirigido por Estados Unidos” (8). Otros expertos hacen directamente referencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), nacida de la Guerra Fría en 1949 y todavía en vigor, apuntando a la posible extensión de su campo geográfico, o al nacimiento de una hermana menor –una “OTAN asiática” contra la “dictadura china”. La hipótesis no es descabellada. El servicio de investigación del Congreso estadounidense, que, en un informe publicado el día anterior a la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, el 23 y 24 de marzo de 2021 en Bruselas, estableció la lista de “las

En realidad, como nos recuerda Dennis Rumley, profesor de la Universidad de Curtin (Australia) y coautor de una obra sobre “el ascenso y el retorno del Indo-Pacífico” (10), el Indo-Pacífico guarda poca relación con los valores morales, y mucha con la “transición mundial en curso”. Para él, vivimos el “pasaje a un nuevo mundo bipolar: Estados Unidos, China”. En Estados Unidos y en su esfera de influencia, “muchos lo temen, en el sentido literal del término. En China, muchos aspiran a ello y reclaman que sea tenido en cuenta en las decisiones mundiales. La interacción de estas perspectivas diametralmente opuestas induce determinados comportamientos de ambos lados”, incluso el hecho de que “la actitud china puede percibirse como agresiva”. Al romper con décadas de moderación, la muy ofensiva “diplomacia del lobo guerrero” (“wolf warrior diplomacy”), que hizo su aparición en determinados círculos de embajadores chinos, no modifica en absoluto esta imagen. Más fundamentalmente, China dio vuelta la página de la acción discreta de los años 1980-2000. No sólo aumenta su presupuesto militar cada año y moderniza rápidamente su marina, sino que sostiene fuerte y alto sus reivindicaciones en el Mar de China Meridional sobre el conjunto de las Islas Paracelso y del archipiélago de las Spratley, donde rellenó siete arrecifes para construir infraestructuras de doble uso (civil y militar). Extendió los poderes de coerción de sus guardacostas con la nueva ley marítima adoptada el febrero pasado. Los incidentes se multiplicaron con Japón, Vietnam, Filipinas... “Hay disputas sobre las rocas en el Mar de China. Es lamentable –reconoce un ex diplomático chino en Europa, al tiempo que recuerda la tesis oficial de “los derechos históricos chinos” en la zona–. Necesitamos puntos de anclaje en el Mar de China para protegernos, no para atacar a nuestros vecinos. No hace mucho tiempo, en 2014, un comandante de la marina estadounidense, en un informe serio publicado por el US Navy Institute, explicaba que los puertos y las rutas comerciales chinos estaban ‘muy expuestos y [eran] fáciles de bloquear’. Proponía colocar ‘minas submarinas’ a lo largo de nuestras costas para poder establecer un bloqueo del país en caso de que fuera necesario.” El escenario es plausible –nuestro interlocutor nos envía la prueba (11)–, pero el miedo rara vez es buen consejero. Si los aliados de Estados Unidos y sus tropas efectivamente obstruyen el acceso de


LE MONDE China a alta mar, nada indica que el país ganará en seguridad con una política de hechos consumados que ya amedrenta a buena parte de sus vecinos. Tratándose de Taiwán, la agresividad no parece en absoluto más eficaz. Pekín considera a la isla como una de sus provincias, en nombre del principio de “Una sola China”, aceptado a partir de los años 1970 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por casi la totalidad de los países del planeta. “La separación es imposible, pero la integración no es urgente”, declara nuestro diplomático. No es seguro que su opinión refleje la del poder chino. En todo caso, las incursiones en los alrededores del espacio aéreo de la isla crecen de forma exponencial. Por orden de Pekín, que efectuó miles de salidas, rozando peligrosamente la línea oficial que separa los espacios navales y aéreos de las dos orillas, y a veces incluso cruzándola. Pero también, y de esto se escucha hablar menos, por orden de Washington, que se autoproclama guardián de los mares: en el primer semestre de 2020, el investigador Daniel Schaeffer contabilizó más de dos mil operaciones de la aviación estadounidense, y cerca de una por día a lo largo del verano del mismo año (12). Estados Unidos acaba de instalar un sistema de radares móviles sobre las Islas Pescadores, a menos de 150 kilómetros del continente chino. Sería ingenuo creer que sólo le interesa la protección de Taiwán... Así, la estrategia de la fuerza elegida por China preocupa a sus vecinos, y Washington lo aprovecha. En primer lugar, para reforzar sus capacidades militares, que el actual dirigente del INDOPACOM, el almirante Philip Davidson, juzga desequilibradas. Parece que ha llegado la hora para la reconstrucción de la Primera Flota de Estados Unidos, que dominó la región entre 1946 y 1973. Lanzado por el secretario de la Marina Kenneth Braithwaite bajo Trump, el proyecto fue confirmado por el almirante durante su audición en el Congreso americano. Las Islas Palaos deberían albergar esta nueva base estadounidense, a pesar de que la región ya cuenta con cientos de ellas, particularmente en Japón –donde se encuentran estacionados cerca de 55.000 soldados–, en Corea del Sur (28.500), en Hawai (42.000) o en Guam, sin olvidar Australia, Nueva Zelanda...

El ejemplo soviético

Por lo demás, los gastos militares estadounidenses alcanzaron los 778.000 millones de dólares en 2020, es decir, el triple que los de China (252.000 millones). Esta última cuenta con el segundo presupuesto militar del mundo, pero el ejemplo de la Unión Soviética, que se había lanzado a una carrera armamentística con Washington a riesgo de su existencia, marcó la memoria de los dirigentes chinos. No quieren seguir esa vía: por el momento, le destinan 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), contra el 3,7% de Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, en inglés) (13). A pesar de lo que diga el Pentágono, a la caza de créditos suplementarios, Estados Unidos suma por sí solo el 39% del total de los gastos militares del planeta, y mantiene una amplia ventaja. Sobre todo porque la experiencia está de su lado, como señala el sinólogo Barthélémy Courmont: “Las fuerzas estadounidenses se involucran constantemente en operaciones militares, lo que no es el caso del ejército chino” (14). Los estadounidenses van a la guerra en todas partes, pero sospechamos de los objetivos bélicos chinos. El Indo-Pacífico es su nuevo campo de juego. Sus contornos fluctuaron, yendo del Pacífico Occidental hasta la costa Este de África, excluyendo a Estados Unidos bajo Barack Obama, luego integrándolo bajo Trump. Actualmente, “el Indo-Pacífico forma parte de la ‘vecindad de Estados Unidos’”, apunta Rumley –una vecindad a ser defendida al mismo nivel que su patio trasero, según la doctrina estadounidense tradicional... que Pekín imitaría.

“Se puede interpretar el comportamiento chino en el Mar de China Meridional en parte en función de esta posición. Después de todo, una presencia china en el Caribe no sería tolerada por Estados Unidos”, continúa Rumley, que desaprueba esta actitud de gran potencia en un momento donde habría que (finalmente) imaginar otros tipos de relaciones internacionales. Más aun cuando ni siquiera los países incluidos en el Indo-Pacífico tienen una visión única del asunto. Si Australia retomó su rango de sheriff de Estados Unidos (15), Japón sigue siendo un “socio aliado del segundo círculo”, sin “comando militar unificado con las tropas estadounidenses”, a diferencia de Canberra, señala Robert Dujarric, director del Institute of Contemporary Asian Studies (ICAS) en Tokio. Le “resultaría difícil llevar adelante operaciones armadas en el exterior, porque siempre hay muchas reticencias del electorado”. El primer ministro Suga Yoshihide, al igual que su mentor Abe Shinzo, ve en el Indo-Pacífico la ocasión de cumplir el sueño de una “pareja nipo-estadounidense que dirigiría los asuntos de la región”, cortándole las alas al hermano-enemigo chino. Agobiado por la política interna, Suga se jactó de haber sido el primer dirigente extranjero recibido por el nuevo presidente estadounidense, y más aun de haber sido promovido de hecho a cogestor de la “resolución pacífica de los problemas del cruce del Estrecho de Taiwán”, según el comunicado común del 17 de abril de 2021. Nunca antes, desde hace cincuenta y dos años, un dirigente japonés se había atrevido a mencionar la isla, que el país ocupó con mano dura de 1895 a 1945. Una movida que seguramente no aporta tranquilidad a sus vecinos, en particular a Corea del Sur, donde el pasado colonial siempre ha sido motivo de tensión con Tokio.

Expansionismo agresivo

Por el contrario, la alianza con Nueva Delhi no podría esta mejor. Se organizan maniobras militares comunes regularmente. Según Dujarric, “la gran ambición de Tokio es hacer de India una plataforma logística, un nuevo patio trasero productivo, en remplazo de China”. Por ahora, el “desacoplamiento” no es más que una expresión de deseos, y China sigue siendo su primer socio comercial. India, por su parte, espera que esta estrategia indo-pacífica le proporcione un rol crucial en la región, volviéndola imprescindible. En el plano económico, el primer ministro Modi emprendió un vasto programa de privatizaciones y busca atraer inversiones extranjeras –por lo tanto, el objetivo de Tokio no le resulta para nada desagradable–. Pero las infraestructuras del país siguen siendo pobres, reduciendo las perspectivas inmediatas de beneficios. En el plano diplomático, el jefe de Gobierno se ve como un posible contrapeso reconocido de China, sobre todo después de los incidentes en Ladakh el año pasado (16). “India alberga más de 1.000 millones de habitantes, es una potencia nuclear reconocida y posee uno de los ejércitos permanentes más grandes del mundo. No sorprende que Nueva Delhi quiera ser un actor indispensable para forjar el futuro del siglo asiático”, nos explica el ex diplomático y diputado indio Shashi Tharoor, no obstante opositor de Modi. Pero, “fundadora del Movimiento de Países No Alineados durante la Guerra Fría, India fue siempre alérgica a las alianzas y no tiene ningún interés en poner todos sus huevos estratégicos en la misma canasta”. Incluso los más fervientes partidarios del Indo-Pacífico –como el especialista indio en relaciones internacionales Brahma Chellaney, que veía en el QUAD una “nueva dinámica […] en respuesta al expansionismo agresivo de China” (17)– se desilusionaron rápidamente frente a lo que nombran como la “arrogancia estadounidense”. En el origen de este viraje: la penetración en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) india de un destructor de misiles guiados, durante unos ejercicios navales llamados “Libertad de navegación”, el 7 de

abril. Lejos de disculparse, Washington volvió a poner a Nueva Delhi contra las cuerdas, al considerar que esas zonas no significaban nada en materia de derecho internacional y que India tenía “reivindicaciones marítimas excesivas”. ¡Es sin embargo en nombre del respeto de las ZEE reivindicadas por Pekín que la marina y la aviación estadounidenses como las del QUAD van y vienen en el Mar de China! “Aunque sea la democracia más poderosa del mundo, Estados Unidos comparte ciertos rasgos con la más grande autocracia del mundo y su principal competencia, China. Ambos países tienen un complejo de superioridad extremo –constata Chellaney, que recuerda numerosos ejemplos de incursiones no autorizadas en las aguas de sus aliados–. La utilización de las proezas navales para hacer valer las reivindicaciones marítimas estadounidenses contra un amplio abanico de países muestra que, incluso si no son la única superpotencia del mundo, Estados Unidos conserva viejos hábitos.” Y agrega: “Mientras que 167 Estados firmaron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [UNCLOS, en inglés], Estados Unidos [que no la ratificó] se arrogó a sí mismo el derecho de supervisar y de hacer aplicar sus disposiciones interpretándolas unilateralmente” (18).

La fuerza militar

Por eso Francia debería pensar dos veces antes de involucrarse en maniobras militares y acercamientos ideológicos con Washington. Y, con ella, la Unión Europea, que quiere definir una “estrategia Indo-Pacífica” común. Tanto una como la otra deberían preguntarse, a la manera de Camilla Sorensen, profesora asociada en el Royal College de la Defensa danesa: ¿Está lista Europa para “compartir el objetivo primordial de Washington, [que es el] de preservar su dominio en la región Indo-Pacífica”, y reconocer la “pertinencia de la estrategia estadounidense, marcada por la confrontación frente a los desafíos que representa China” (19)? Hacer estas preguntas, implica responderlas... En India, el embargo establecido por Biden a ciertos componentes vitales para la producción de vacunas, mientras el Covid-19 empezaba a desvastar el país, reforzó las dudas. Incluso si el presidente estadounidense terminó levantándolo, al menos parcialmente, Modi usó ampliamente el argumento para hacer olvidar sus propias responsabilidades. Difícil celebrar las nupcias indo-americanas en estas condiciones, incluso bajo la bandera Indo-Pacífica. Por el momento, India busca escapar de las patas del dragón económico chino –que es también su primer socio comercial– sin caer en las garras del águila estadounidense. Es el dilema de muchos países de la región, que quieren continuar cooperando económicamente con China y estratégicamente con Estados Unidos. Ambos deben aprender a “respetar a cada país por lo que es, y no por lo que ellos quisieran que fuera”, considera el ex ministro de Asuntos Exteriores australiano Gareth Evans (1988-1996). Se acabó el tiempo de “las tres ‘P’: primacía, predominancia, preeminencia [“primacy, predominance, pre-eminence”]”, agrega (20). Símbolo del giro económico y estratégico hacia Asia, el concepto de Indo-Pacífico es rara vez rechazado. Pero sus interpretaciones divergen. Vietnam, obstruido por su poderoso vecino, se siente próximo a la concepción estadounidense; Corea del Sur busca más bien contrabalancear la presencia de las tropas de Washington y el poder japonés entablando relaciones más estrechas con China; Indonesia, sede de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), reivindica una posición equidistante entre los dos grandes, al igual que Singapur; Filipinas pasa de uno a otro en función de sus intereses y de los ataques chinos en los arrecifes que controla. En efecto, es absurdo pensar en términos de alianzas militares e ideológicas, como en tiempos de Guerra Fría, cuando las relaciones

diplomatique | junio 2021 | 23 económicas son intrincadas y que asociaciones estratégicas fluctuantes permiten a países de los dos supuestos “campos” trabajar juntos: la organización informal de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), la de la Organización de Cooperación de Shanghai (China, Rusia, India, Pakistán…), o incluso la Asociación Económica Integral Regional (RECP, en inglés), el mayor acuerdo de libre comercio jamás firmado, entre los países de la ASEAN y Corea del Sur, Japón y China (21). Pero aún hace falta que ninguno de estos países se sienta amenazado. “China debería mejorar sus lazos de amistad con sus vecinos del Asia-Pacífico –advierte un analista militar chino del muy oficial Global Times–. Debería otorgar más importancia a países como Corea del Sur, Nueva Zelanda y los miembros de la ASEAN” (22). Esta crítica en forma de recomendación es tan rara que merece ser subrayada, aun cuando su autor reclama un incremento de las fuerzas armadas. Para el ex diplomático singapurense Kishore Mahbubani, “pensar que se puede contener la potencia económica y tecnológica de China por medios militares es absurdo”. Aquellos que lo creen se equivocan de siglo. Pekín no es Moscú. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, pero no domina más el mundo. “Tiene que aprender a compartir”. Vasto programa. g 1. Abhijnan Rej, “French joint commander for Asia-Pacific outlines Paris’ Indo-Pacific defense plans”, The Diplomat, Washington, DC, 13-4-21. 2. Emmanuel Macron, discurso frente a los embajadores, París, 27-8-19. 3. “Macron : le lien franco-calédonien vital face au risque d’hégémonie”, Reuters, 5-5-18. 4. “Indo-Pacific Strategy Report”, Departamento de Defensa de Estados Unidos, 1-6-19, https://media.defense.gov 5. Gurpreet S. Khurana, “Security of sea lines: Prospects for Indian-Japan cooperation”, Strategic Analysis, Vol. 31, N° 1, Londres, enero de 2007. 6. “John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019”, Congreso norteamericano, 13-8-18, www.congress.gov 7. “QUAD leaders’ joint statement: ‘The Spirit of the QUAD’”, Casa Blanca, 12-3-21, www.whitehouse.gov 8. Chung Kuyoun, “Why South Korea is balking at the QUAD”, East Asia Forum, 31-3-21, www.eastasiaforum.org 9. Paul Belkin, “NATO: Key issues for the 117th Congress”, Congressional Research Service, 3-3-21, https://fas.org 10. Timothy Doyle y Dennis Rumley, The Rise and Return of Indo-Pacific, Oxford University Press, 2019. 11. Victor L. Vescovo, “Deterring the Dragon... from (under) the sea”, US Naval Institute, febrero de 2014, www.usni.org 12. Daniel Schaeffer, “Chine – États-Unis – Mer de Chine du Sud et riverains : En attendant Biden”, Asie21, 15-9-20, www.asie21.com 13. “World military spending rises to almost 2 trillion dollars in 2020”, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 26-4-21, www.sipri.org 14. “Le Pentagone agite la menace de la Chine pour réclamer d’énormes hausses de son budget : excuse facile ou anticipation fondée ?”, Atlantico, 23-4-21, www. atlantico.fr 15. Véase Vince Scappatura, “L’Australie, pièce centrale du ‘pivot’ américain”, en “Poudrières asiatiques”, Manière de voir, N° 139, París, febrero-marzo de 2015. 16. Leer Vaiju Naravane, “Enfrentamiento en el techo del mundo”, Le Monde diplomatique, edición chilena, octubre de 2020. 17. Brahma Chellaney, “Biden follows Trump’s footsteps in the Indo-Pacific”, The Hill, 25-3-21, https://thehill.com 18. Brahma Chellaney, “US fails to understand that it no longer calls the shots in Asia”, Nikkei Asia, Tokio, 21-4-21. 19. Remi Perelman, “Indo-Pacifique-Danemark : Mais pas seul”, Asie21, N° 149, París, abril de 2012. 20. Gareth Evans, “What Asia wants from the Biden administration”, Global Asia, Seúl, Vol. 16, N° 1, marzo de 2021. 21. Martine Bulard, “Bomba librecambista en Asia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2021. 22. Song Zhongping, “China must prepare for US new QUAD schemes”, Global Times, Pekín, 10-11-20.

*De la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Victoria Raffaele


24 | LE MONDE

diplomatique | junio 2021

Dossier Ruanda

En Francia persisten las trabas para conocer la verdad

Los archivos secretos sobre Ruanda por François Graner*

“Abrumadoras responsabilidades”: el 26 de marzo de 2021, tras dos años de labor, la comisión de investigación sobre los archivos franceses relativos a Ruanda y al genocidio de los tutsis (1990-1994), dirigida por el historiador Vincent Duclert, arroja nueva luz sobre la actuación de Francia en este pequeño país del África de los Grandes Lagos. Pero aún quedan zonas grises, por el secreto que envuelve la política africana de París y por lo difícil que resulta acceder a los documentos oficiales de la época.

S

i bien los militares implicados ya no están sometidos al deber de confidencialidad, el acceso a los archivos sigue sujeto a autorizaciones excepcionales. El código del patrimonio (artículo L. 213-4) impide la apertura de los archivos del Ejecutivo (Presidencia y Gobierno) durante un mínimo de veinticinco años. El caso es que, según el jurista francés Bertrand Warusfel, la mayor parte de los secretos, incluso los militares, dejan de ser relevantes al cabo de diez o quince años (1). Bien es verdad que los investigadores pueden solicitar derogaciones, pero estas dependen de la voluntad discrecional del propio Ejecutivo. Se ha dado por ejemplo el caso de que, en tal momento, todos los investigadores podían consultar el mismo telegrama diplomático con fecha de 1993 en La Courneuve (archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores), pero tenían que solicitar autorización si querían hacerlo en Pierrefitte (Elíseo); al revés, se podía acceder a la misma ficha de la Dirección General de

principales opositores, tomaban el poder y emprendían la exterminación sistemática de los tutsis. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre el 7 de abril y el 17 de julio de 1994, 800.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados (5). ¿Cómo entender la actitud de las autoridades francesas? Solo el acceso a los archivos permitirá contestar esta pregunta.

Audiencias a puertas cerradas

Patricio Kind, Voy y vuelvo (Acrílico y spray acrílico sobre tela), 2012 (Instagram: @pe.kind)

Seguridad Exterior (DGSE) en Pierrefitte, pero no en Vincennes (Ministerio de los Ejércitos)...

Apoyo a dictaduras

Las autoridades francesas tienen otra forma de poner coto a la curiosidad de ciudadanos e investigadores: el secreto de defensa. Pese a su nombre, este puede proteger archivos sin relación alguna con la defensa del territorio. Según un informe oficial de 2018, están clasificados bajo ese epígrafe cinco millones de documentos, de los cuales menos de la mitad son del Ministerio de los Ejércitos; los demás proceden del Ministerio del Interior, o tienen que ver con la energía nuclear civil, o incluso... con la agricultura (2). Los documentos que el Ministerio de los Ejércitos desclasifica suelen ser irrelevantes, incompletos o expurgados. “La documentación desclasificada es literatura infantil”, suelta Marc Trévidic. El exjuez antiterrorista cuestiona la conformidad con la Constitución de un principio que permite que el Ejecutivo ponga trabas a la justicia en temas “sensibles” (3). Uno de ellos es la política francesa en Ruanda entre 1990 y 1994. Como todos los presidentes de la V República, François Mitterrand, en aras de la “estabilidad” del continente, apoyó regímenes autoritarios considerados favorables a Francia.

Así sucedió en 1990 con el del presidente Juvénal Habyarimana, amenazado por la rebelión del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que hoy ejerce el poder. El Elíseo tomó entonces las decisiones en solitario, marginando al Parlamento y a la mayor parte del Gobierno, como lo confirma el informe Duclert. Se ignoraron sistemáticamente las informaciones sobre los preparativos de un genocidio de los tutsis; quienes alertaron de la situación, como el coronel René Galinié, agregado de defensa en Kigali, el general Jean Varret, jefe de cooperación militar, y Claude Silberzahn, jefe de la DGSE, fueron apartados y sustituidos. En 1993, al hacerse públicas las acusaciones (4), el Elíseo y el Estado Mayor activaron contrafuegos mediáticos: la prensa se hizo eco del relato simplificador acerca de un régimen legítimo atacado por un movimiento armado extranjero con base en Uganda y favorable a los intereses anglosajones (los “jemeres negros” del FPR). Tal negación, arraigada en el secreto de las deliberaciones gubernamentales, duró un cuarto de siglo. Tras el atentado del 6 de abril de 1994, en el que murieron el presidente Habyarimana y su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira, los decisores franceses se atrincheraron en el apoyo a los extremistas hutus, mientras estos se dedicaban a asesinar a sus

En lo esencial se trata de unos diez mil documentos del Elíseo, depositados en los Archivos Nacionales de Pierrefitte y de, más o menos, otros tantos del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos numerosos telegramas diplomáticos y unos quinientos expedientes de la DGSE, de los que a menudo existen copias en varios fondos. Hay que añadir unos doscientos mil documentos de interés muy variable, dispersos en el Servicio Histórico de la Defensa (SHD) de Vincennes. Un total de unos veinte metros lineales. Bajo la creciente presión de periodistas y asociaciones, el Parlamento, el poder judicial y los sucesivos presidentes Françoi Hollande y Emmanuel Macron, autorizaron cada uno la desclasificación de varios miles de documentos. Pero la ciudadanía sigue sin poder acceder a la mayoría de la documentación, al tiempo que las condiciones de consulta de los otros disuaden la investigación, especialmente por la imposibilidad de sacar copias. También está prohibido publicar estos documentos en línea. Los más difíciles de acceder son los archivos del Ministerio de los Ejércitos, que ni siquiera figuran en el inventario del SHD (6). Las autoridades públicas reaccionaron con lentitud y cautela a las interpelaciones de quienes investigaban y encuestaban. Así, las revelaciones del periodista Patrick de Saint-Exupéry en Le Figaro (del 12 al 15 de enero de 1998) que cuestionaban la actitud de Francia durante el genocidio llevaron a la creación de una simple misión de información parlamentaria (MIP) el 3 de mayo de 1998, cuando lo más eficaz hubiera sido una comisión de investigación. “Sé que algunos archivos aparecieron después de concluir la misión parlamentaria –lamentó a posteriori el coronel André Ronde, a quien se encomendó la misión de responder a las solicitudes de los parlamentarios. Entonces, ¿fue intencionado o no? La verdad es que lo ignoro” (France Culture, 7 de abril de 2016). Sobre otros puntos, la MIP se autocensuró. Por ejemplo, no llamó a declarar al capitán Paul Barril, exgendarme del Elíseo posteriormente convertido en mercenario, a pesar de que su nombre sale a menudo a relucir en las investigaciones sobre Ruanda. Ciertamente, la MIP celebró numerosas audiencias, pero algunas fueron a puerta cerrada, como las de los directores de la DGSE o de muchos militares. No publicó la carta del general Jean Rannou, con fecha del 15 de junio de 1998, que daba un parte exhaustivo de las características de las dos cajas negras del Falcon 50 presidencial derribado el 6 de abril de 1994. La MIP sí aportó algunas informaciones de utilidad, como las alertas que el general Varret enviaba ya


Dossier Ruanda en 1990: “Son muy pocos, vamos a acabar con ellos”, le había dicho el jefe de la gendarmería ruandesa hablando de los tutsis. La MIP también reveló en parte el control del Ejército ruandés por el coronel francés Didier Tauzin durante los meses de febrero a marzo de 1993. Lamentablemente, el informe final se limitó a una síntesis parcial de sus trabajos.

Comisión de académicos

A partir de 2005, las denuncias interpuestas por supervivientes tutsis hicieron que los tribunales solicitaran la desclasificación de archivos militares. Pero, también en este caso, la apertura sigue siendo parcial, como se puede leer en el Boletín Oficial francés, donde queda constancia de las negativas recibidas por los magistrados (7). En 2015, la promesa de Hollande de abrir los archivos del Elíseo a todos los investigadores se topó con la mandataria de Mitterrand, Dominique Bertinotti, que solo otorgó con cuentagotas los permisos de consulta, sin derecho a sacar fotos. Investigadores y asociaciones de víctimas recurrieron ante el Consejo de Estado, el cual, reunido en sesión solemne el 12 de junio de 2020, falló a favor del “interés de informar al público sobre estos acontecimientos históricos” por encima de la “protección de los secretos del Estado” (8). Esta frase tiene visos de generalidad, pero suena a advertencia al aplicarse a un caso particular. En otras democracias, como el Reino Unido, el mismo tipo de solicitud de archivo puede ser atendida en seis semanas y estar disponible en línea en un plazo equivalente. En abril de 2019, Macron, con ánimo de mejorar la imagen de Francia en Ruanda y en África, acreditó a la comisión de académicos presidida por Duclert. Le dio acceso a un conjunto de archivos, tanto civiles como militares. La comisión no contaba con ningún especialista de los Grandes Lagos de África, so pretexto de que el objetivo principal era analizar el funcionamiento del Estado. El voluminoso informe final menciona ocho mil documentos procedentes mayoritariamente del Elíseo, de Matignon [residencia oficial del primer ministro francés], de la DGSE y del SHD. Pone por fin en su lugar a quienes intentaban negar el genocidio de los tutsis e imputar un crimen similar al FPR (la tesis falaz del “doble genocidio”), o eximir a Francia de cualquier responsabilidad. Este informe era necesario, pero no resulta suficiente, quedándose corto con respecto a lo que ya ha establecido la investigación académica y periodística. Sus limitaciones son varias. Los propios autores reconocen que algunos archivos han desaparecido o pueden haber sido destruidos. La oficina de la Asamblea Nacional, por ejemplo, se ha negado a hacer públicos todos los archivos de la MIP, no solo las actas de las audiencias a puerta cerrada. Además, la Comisión Duclert, encargada de estudiar el periodo 1990-1994, excluyó documentos posteriores, pero que sí tenían relevancia. “La supuesta implicación de militares o soldados franceses en el atentado [del 6 de abril de 1994] –afirma en la página 334– solo se menciona con motivo de un artículo de la periodista Colette Braeckman, publicado el 22 de junio en el diario belga Le Soir, que fue calificada de ‘fabul[ación]’ por el embajador francés en Bélgica”. Sin embargo, otras fuentes sí apoyan esta implicación, en particular el informe de la DGSE del 14 de noviembre de 1995, según el cual “un mercenario francés, Patrick Ollivier, puede que esté implicado en este asunto y utilice sus conexiones con los ministerios franceses de Cooperación y Asuntos Exteriores para encubrir la verdad” (9).

Por lo demás, el informe muestra lagunas en el análisis de los archivos que en propio le competen. Se echa en falta la minuta por parte francesa de las largas conversaciones que mantuvieron del 9 al 13 de mayo de 1994 el general Jean-Pierre Huchon, agregado de Defensa destinado en Kigali, y el teniente coronel Ephrem Rwabalinda, que solicitaba ayuda a París. El segundo se encontraba entre los adjuntos del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), entonces involucradas en el genocidio. “Los militares franceses –explica el oficial de las FAR en su propio relato de estas reuniones– están atados de pies y manos para realizar cualquier tipo de intervención a [su] favor, por la opinión de los medios de comunicación que al parecer van de la mano del FPR. Si no se hace nada por cambiar la imagen del país en el extranjero, los líderes militares y políticos de Ruanda serán considerados responsables de las masacres cometidas en el país”. Por lo tanto, añade, “urge librar la batalla mediática. Eso es lo que condiciona otras operaciones posteriores” (10).

“Estrategia indirecta”

En términos más generales, el informe, centrado en el periodo anterior al genocidio, minimiza el apoyo prestado por Francia (calificado este de “estrategia indirecta” por el general Christian Quesnot) durante las masacres al Gobierno Provisional Ruandés y a las FAR. Solo trata de forma superficial la cuestión de la entrega de municiones después del 6 de abril de 1994, aunque está suficientemente bien establecida para ser objeto de una denuncia por complicidad en el genocidio. No dice absolutamente nada sobre la presencia de una decena larga de soldados franceses en zona gubernamental entre abril y junio, ya tras la salida oficial de todos los militares franceses. ¿Qué papel desempeñaron? El informe igualmente pasa por alto los seis expedientes de la DGSE relativos a los dos pequeños equipos de mercenarios bajo las órdenes de Barril y Robert “Bob” Denard, pese a que el primero firmara un contrato de asistencia titulado “Insecticida” con el primer ministro del Gobierno Provisional Ruandés el 28 de mayo de 1994. Para que conste, los extremistas hutus se referían a sus víctimas tutsis llamándolas “cucarachas”. Otra importante zona gris concierne la operación militar “Turquesa” (22 de junio - 22 de agosto de 1994), lanzada por París con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, oficialmente para poner fin a las masacres. En los primeros días que siguieron a su inicio, unos dos mil tutsis que se habían refugiado en las colinas de Bisesero, en el oeste de Ruanda, fueron abandonados a sus asesinos, cuando los soldados franceses se encontraban en la zona y habían sido informados de su presencia. El informe ofrece de estos hechos incriminatorios un relato que resulta incomprensible para los no iniciados. Extrañamente, omite mencionar que unos ochocientos de estos refugiados fueron finalmente rescatados el 30 de junio por iniciativa de soldados franceses que actuaron sin órdenes. Se limita a repetir algunas justificaciones del Ejército (“fallos de inteligencia”, “capacidades militares aún limitadas”, “cumplimiento de las órdenes recibidas de las autoridades políticas”), pese a la gran cantidad de archivos que las contradicen. Una denuncia por complicidad en el genocidio, presentada por supervivientes de Bisesero, pretende entender por qué no se dieron órdenes de protección y rescate y quiénes fueron los responsables, tanto in situ como en París. Los documentos clasi-

LE MONDE ficados que se negaron a los jueces sí forman parte de lo que compete a la comisión, que fue informada al respecto. ¿Los buscó, los encontró? En cualquier caso, no comunicó nada a los tribunales. El informe menciona que las FAR se retiraron en julio a la zona controlada por la “Operación Turquesa”, conocida como “zona humanitaria segura” (ZHS), donde debían ser desarmadas. Aunque subraya lo limitado de esta acción, no señala que las FAR siguieron combatiendo desde esta zona, cosa que atestiguan tanto los mapas de la DGSE como los informes de situación del Estado Mayor del Ejército. El informe relata con lujo de detalles las deliberaciones en el seno del Ejecutivo francés y del Consejo de Seguridad de la ONU sobre si la “Operación Turquesa” podía y debía detener a los miembros del Gobierno Provisional Ruandés refugiados en la ZHS, o simplemente vigilarlos a la espera de su entrega a la justicia internacional. Bernard Emié, del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores Alain Juppé, escribió en esa ocasión a su representante sobre el terreno: “Utilice todos los canales indirectos, y especialmente sus contactos africanos, sin exponerse directamente, para transmitir a estas autoridades nuestro deseo de que abandonen [la ZHS]. Dejará claro que la comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas, deberían determinar muy pronto la conducta que se habrá de adoptar respecto a estas llamadas autoridades” (página 632).

Una disfunción del pasado

Pero el informe hace caso omiso de un elemento clave del contexto que esclarece estos intercambios. En un momento en que todavía no se había tomado ninguna decisión, el Elíseo y el Quai d’Orsay (Ministerio de Asuntos Exteriores) informaron al resto del Gobierno, al Parlamento francés y a la ONU de un hecho consumado: a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ejército francés permitió sin más rodeos la salida de los criminales hacia Zaire (actual República Democrática del Congo), donde se reorganizaron para intentar reconquistar Ruanda. Tras el genocidio, el Estado no negó su apoyo a sus aliados, tanto los fugados a Zaire como los instalados en Francia, donde se los recibió sin mayor reparo. Pero esto no aparece por ninguna parte. En general, el informe Duclert da la sensación de arredrarse ante cuanto pudiera abrir camino a actuaciones judiciales. En la legislación y la jurisprudencia francesas, el concepto de complicidad se basa en tres características: que el apoyo sea activo, prestado con pleno conocimiento de causa, y con consecuencias efectivas en el transcurso de los acontecimientos. A la vista de las pruebas que se han acumulado y establecido, los tribunales deberían poder tomar cartas en el asunto. Por más que se considera a sí misma sin legitimidad para emitir dictámenes sobre este particular, la Comisión Duclert sí se permite expresar una conclusión eminentemente política. Habida cuenta de que no aparece intención genocida por parte de los responsables franceses, los exime de cualquier complicidad. Recordemos, viene al caso, que en 1998 el ex alto funcionario Maurice Papon fue condenado por complicidad con crímenes de lesa humanidad, sin que hubiera adhesión personal a la ideología nazi ni tan siquiera pleno conocimiento del crimen cometido. El informe presenta a Mitterrand y a sus asesores como excepciones, y su política en Ruanda como una disfunción que pertenece al pasado. ¿Se persigue una reconciliación entre Francia y Ruanda, aun a costa del conocimiento histórico y de la justicia? Extraño objeto político-académico, el in-

diplomatique | junio 2021 | 25 forme fue redactado en los locales del Ministerio de los Ejércitos. Lo presentaron ante la prensa Franck Paris, asesor del presidente Macron para África, y el general Valéry Putz, miembro del Estado Mayor presidencial, a cuyos antecesores de 1994 el informe responsabiliza. La imposibilidad de arrojar toda la luz sobre los sucesos de Ruanda pone de manifiesto el secretismo que sigue rodeando la política africana de Francia, así como el funcionamiento de las instituciones de la V República, que otorga al jefe del Estado y a su entorno el poder de tomar, sin que prácticamente medie control alguno, decisiones que afectan trascendentalmente a poblaciones y países enteros. g 1. David Fontaine, “Archives publiques et bastions imprenables” (PDF), Le Canard enchaîné, París, 3 de marzo de 2021. 2. “Rapport sur le secret de la défense nationale en France. II”, Secretariado General de la Defensa y de la Seguridad Nacional de Francia, París, enero de 2018. 3. Fabrice Arfi y Fabrice Lhomme, “Le juge Trévidic dénonce: ‘Le dispositif sur le secret défense n’est pas constitutionnel’”, Mediapart, 24 de febrero de 2011. 4. Jean Carbonare, por aquel entonces presidente de la asociación Survie, pidió al Elíseo, en el telediario de las ocho de la tarde de France 2, que Francia dejara de apoyar, mientras aún se estaba a tiempo, a quienes andaban preparando un genocidio. 5. Léase François-Xavier Verschave, “Connivences françaises au Rwanda”, Le Monde diplomatique, marzo de 1995; Colette Braeckman, “Una revisión de la ceguera internacional”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2004. 6. Léase Philippe Leymarie, “Secret défense ou l’État de non-droit”, Défense en ligne, 10 de marzo de 2018. 7. Journal officiel de la République française de los días 14 de diciembre de 2007, 13 de junio y 18 de octubre de 2008, 20 de febrero y 7 de julio de 2009, 30 de julio de 2010, 1 de noviembre de 2012. 8. Sentencias n.° 422327 y 431026 del 12 de junio de 2020, Sala Contenciosa, François Graner contre ministère de la culture, Consejo de Estado, París. Véase también Sentencia n.° 2017-655 del 15 de septiembre de 2017, Consejo Constitucional, París. 9. Ficha n.°16053/N, “France – Belgique – Rwanda: Au sujet de l’assassinat du président Habyarimana”, Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, París, 14 de noviembre de 1995. 10. Véase Jacques Morel, La France au cœur du génocide des Tutsis, Izuba - L’Esprit frappeur, París, 2010. *Investigador, miembro de la asociación Survie. Autor, con Raphaël Doridant, de L’État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, Agone-Survie, Marsella, 2020.


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diplomatique | junio 2021

Luces sobre un genocidio

Dossier Ruanda

Ruanda, el enigmático silencio africano por Boubacar Boris Diop*

El fracaso de la “comunidad internacional”, que llevó a la muerte a ochocientos mil tutsis de Ruanda, es objeto de múltiples análisis desde 1994. Pero, ¿cómo entender el silencio de los Estados y los intelectuales africanos mientras se perpetraba, a la vista de todos, el último genocidio del siglo XX? Aun hoy, algunos asesinos viven tranquilos en distintas partes del continente. ¿Por qué la humanidad no prestó auxilio a los tutsis de Ruanda en 1994, aun cuando las matanzas, masivas y de una espectacular atrocidad, ocurrían a la vista y a sabiendas de todos? A menudo se cuestiona a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con razón: mientras que el comandante de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR, por su sigla en inglés), el general canadiense Roméo Dallaire, bien informado por un desertor del movimiento extremista Hutu Power, pedía un refuerzo de 5.000 cascos azules para prevenir las masacres programadas, la ONU por el contrario redujo los efectivos de 2.300 soldados a 270 observadores no armados. Pero a menudo se olvida recordar que la organización, que entregó así a las víctimas a sus verdugos, estaba en ese momento dirigida por dos africanos: el egipcio Boutros Boutros-Ghali, su secretario general, y el ghanés Kofi Annan (subsecretario general, responsable del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz). No tenían ciertamente ningún poder de decisión, pero nada, en sus intensas negociaciones con sus representantes en Kigali, indica que hubieran evaluado en su exacta medida lo que estaba en juego o buscado influir en los acontecimientos en la dirección adecuada. Los jefes de Estado y líderes de opinión africanos no demostraron mayor empatía hacia los que se sacrificaba como ganado en Butare, Kibuye, Gitarama y otros lugares.

Los cien días de Ruanda

Incluso si nada puede excusar tal ceguera, se podría haber encontrado algo parecido a una explicación si la catástrofe hubiera tenido lugar en un muy corto lapso de tiempo. Pero es precisamente debido a su duración –de principios de abril a mediados de julio– que se habla de “los cien días de Ruanda” (1) a propósito del genocidio de los tutsis. Esto quiere decir que si, en Maputo, Abiyán o Abuja, las autoridades pudieron ser tomadas por sorpresa en un principio, tuvieron más de tres meses para resarcirse. No lo hicieron. En junio de 1994, el mes más mortífero, la Organización para la Unidad Africana (OUA) celebró, como si nada pasara, su cumbre anual en Túnez, sin siquiera juzgar necesario incluir en su orden del día la situación del país de las “mil colinas”. El Gobierno Interino Ruandés (GIR), que no estaba lejos en aquel tiempo de haber asesinado a un millón de tutsis, participó tranquilamente en nombre del Estado genocida… Es cierto que el fin del apartheid acababa de oficializarse después de una larga lucha en la que la OUA había jugado un papel fundamental. La Organización se proponía entonces celebrar esta victoria a través de Nelson Mandela, presente en Túnez. Pero fue él, primer presidente de Sudáfrica electo democráticamente, quien salvó el honor del continente interviniendo, deliberadamente fuera de lugar, de manera estrepitosa: “Lo que está pasando en Ruanda es una vergüenza para todos nosotros. Tenemos que demostar con actos concretos nuestra voluntad de ponerle fin”. El historiador Gérard Prunier, quien relata el episodio (2), refiere el impacto que esta declaración provocó en París, donde François Mitterrand, desde siempre impregnado del “espíritu de

Fachoda” (3), razonó más o menos de la siguiente manera: “Con o sin Mandela, ¡no dejaremos a los anglosajones meter sus narices en nuestros asuntos!”. Prunier, por ese entonces miembro de la Secretaría Internacional del Partido Socialista, se encontraba en primera fila –e incluso prodigaba consejos– cuando se desató la catástrofe de la operación “Turquesa”, de triste memoria. Entendió muy bien que se trataba sobre todo de adelantarse a las eventuales tropas sudafricanas... Deseoso de dar una apariencia de fuerza multilateral a su expedición militar y humanitaria, París sin embargo no pudo, esta vez, hacer entrar en el juego al ejército de sus bien llamados “pays du champ” (Argelia, Malí, Mauritania y Niger, países miembros del Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto). Incluso Senegal, amigo dócil y dueño del récord africano de operaciones exteriores de la ONU, se contentó con el servicio mínimo: un pequeño grupo de treinta de hombres, asignados de hecho a las tareas de administración... Por su parte, la OUA intentaría más tarde enmendar de manera honorable la situación pidiendo un informe a un grupo internacional de personalidades eminentes dirigido por Ketumile Masire, ex presidente de Botswana, y del que formaban parte, entre otros, Ellen-JohnsonSirleaf, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y futura presidenta de Liberia, Lisbet Palme, psicóloga sueca y viuda del primer ministro Olof Palme, el canadiense Stephen Lewis, director adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el general Amadou Toumani Touré, ex presidente de Mali. Su informe, sin dudas uno de los mejores sobre esta oscura página de la historia, concluyó en julio de 2020 y se titula significativamente “Ruanda: el genocidio que podría haberse detenido” (4). Allí figura (página 229) esta confesión de un alto funcionario, sin nombre, de la OUA: “Como africanos, vamos a estar siempre atormentados por nuestro fracaso en Ruanda, y la comunidad internacional debería estar atormentada ella también”. Era una verdadera autocrítica y, en cuanto tal, era digna de respeto, incluso si todo esto seguía siendo finalmente muy irrisorio comparado con la inmensidad de la pérdida: durante cien días seguidos, cada día de silencio de la OUA había costado la vida de diez mil inocentes...

Asesinos fugados e impunidad

De todos modos, los Estados africanos, tomados individualmente, no se sintieron verdaderamente comprometidos por las conclusiones del informe. No dejaron, por ejemplo, de cerrar los ojos frente a la presencia en su tierra de los que habían concebido o ejecutado el genocidio. Una cartografía de la diáspora del genocidio mostraría que esta no se refugió únicamente en Bélgica y en Francia. Muchos potenciales clientes de la justicia internacional siguen estando, incluso hoy, instalados en todo el continente, ya sea en Sudáfrica, en Kenia, en Zimbabue, o desde luego en la vecina República Democrática del Congo (RDC). Su sensación de tranquilidad es a veces tal que ni siquiera tienen la necesidad de disimular su identidad: Félicien Kabuga, apodado el “banquero del genocidio”, estuvo mucho tiempo protegido por las autoridades

zimbabuenses, y luego kenianas, antes de reunirse con su familia en Francia y ser arrestado, en mayo de 2020 en Asnières-sur-Seine. Sin embargo, las antiguas colonias francesas son, por motivos políticos evidentes, la primera opción de los asesinos prófugos. Son particularmente bienvenidos en Gabón o en Camerún –país donde finalmente fue capturado el coronel Théoneste Bagosora, considerado como el “cerebro del genocidio”, condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en 2008. En Yamena, en 2000, mis amigos y yo nos enteramos de que, tras una manifestación literaria titulada “Ruanda: escribir por deber de memoria”, uno de los que había participado en nuestros debates era buscado por el TPIR. Finalmente, en Thiès, pequeña ciudad a unos sesenta kilómetros de Dakar, es donde fue arrestado en noviembre de 2001 el coronel Aloys Simba, llamado “el carnicero de Murambi”. Vivía bajo la discreta protección de la Organización Nacional de Derechos Humanos, que depende de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Sin el pedido expreso y, se dice, enérgico de la procuradora Carla Del Ponte, no habría sido sin duda nunca entregado al TPIR.

La “solución final”

De esta manera, sobre la cuestión de Ruanda, el fracaso político y moral de los Estados africanos es total. ¿Nos consolaremos poniéndolo en la cuenta únicamente de las faltas de los presidentes cínicos y, en el caso de los francófonos, aterrorizados por la idea de hacer enojar a París? Definitivamente no. Cada vez es más difícil formular, sobre el tema que sea, un juicio global sobre África, pero se puede no obstante observar en todas partes que la “solución final” ruandesa no dejó huellas. El genocidio tuvo sin embargo lugar en el momento en que, impulsado por las transiciones democráticas que habían seguido al final de la Guerra Fría, el juego político se había abierto en la mayor parte de los países africanos. La emergencia de nuevas fuerzas había liberado la palabra y se podía esperar una comprensión más clara, por parte de un público mejor informado, de los desafíos del drama. Nada de eso sucedió. La prensa, que se ha vuelto ciertamente más libre, no se aventura casi nunca fuera de las fronteras nacionales. Para todo lo que no atañe a la política local, continúa aun hoy copiando hipócritamente las noticias de la Agence France-Presse (AFR), de Reuters o de Associated Press. Los noticieros, por su parte, se contentan con retomar al final de sus programas las imágenes y los comentarios de TF1 o de France 2. Para las radios privadas, completamente mudas sobre Ruanda –y lo estuvieron particularmente durante el genocidio–, la British Broadcasting Corporation (BBC), Radio France Internationale (RFI) y la Voz de América siguen siendo, con todos los sesgos que pueden sospecharse, las únicas fuentes de información. Sin embargo, hoy ya no es más posible invocar la excusa de la ignorancia. En efecto, pocas tragedias de nuestro tiempo, africanas o no, se estudiaron tan seriamente como el genocidio de los tutsis de Ruanda. Son innumerables las publicaciones de los historiadores y los periodistas sobre el tema, sin mencionar las películas, los textos literarios y las obras de teatro. Un gran trabajo se realiza también en las redes sociales. Es entonces en otro lado donde hay que buscar las razones de veintisiete largos años de apatía africana. En Dakar, Nairobi o Maputo, los acontecimientos de Ruanda se vivieron sobre todo como una carnicería interétnica vergonzosa que le daba, lamentablemente, la

razón a los racistas. Las imágenes de cientos de cuerpos pudriéndose al sol o arrojados al Nyabarongo, mujeres destripadas, bebés tirados vivos en las letrinas y perros deleitándose con cadáveres eran casi surreales, y es en algún sentido comprensible que África, tomada por la vergüenza, haya en ese momento mirado para otro lado. Esta actitud, que tal vez tiene que ver sobre todo con lo que la escritora ruandesa Yolande Mukagasana llama el “miedo de saber” (5), se observó en todos los conflictos graves ocurridos en África, desde la guerra civil en Liberia hasta los disturbios actuales en Etiopía y en Mali. A la larga, los países africanos se vuelven, sin siquiera tomar consciencia, fuertemente extranjeros entre sí. Y las fronteras en las mentes son las heredadas de la colonización. Esta confusión mental no ayuda a aclarar las cosas. Así es como, para muchos intelectuales africanos, la lectura del genocidio de los tutsis está aún hoy falseada por una sorda hostilidad al presidente Paul Kagamé.

Estupideces racistas

“En Ruanda, los hutus matan a los tutsis y los tutsis matan a los hutus”. La frase fue lanzada por Boutros-Ghali en el momento álgido de las matanzas. En Biarritz, durante la primera cumbre Francia-África pos-genocidio, Mitterrand fingió sentirse torturado por la angustia declarando en una conferencia de prensa: “En realidad, es sabido que ninguna policía de seguridad puede impedirle a un pueblo autodestruirse, y tampoco se le puede pedir lo imposible a la comunidad internacional, menos aun a Francia, que se encuentra tan sola cuando los jefes locales deciden deliberadamente llevar adelante una aventura a puntas de bayonetas o solucionar sus problemas a machetazos”. Dos días más tarde, le espetaba a un periodista: “¿De qué genocidio habla, señor? Del de los hutus contra los tutsis, o el de los tutsis contra los hutus?”. Las palabras de un secretario general de la ONU más las de un jefe del Estado francés suman dos estupideces racistas de antología. Dicen sin embargo en voz alta lo que en todas partes, incluso en África, se piensa de África en voz baja. Esta percepción de todo un continente por parte de sí mismo y por parte de los otros volvió posibles la planificación del último genocidio del siglo XX y su puesta en práctica durante tres meses. Es esta también la que, casi treinta años más tarde, le impide a África comprender sus mecanismos. O incluso simplemente aceptar la idea de que, detrás de esos cien días de horror, había no una avalancha de odio irracional y gratuito, sino, como lo vimos a menudo en la historia contemporánea, clásicas luchas de poder que se salieron totalmente de control. g 1. Véase por ejemplo la exposición de la asociación de sobrevivientes y familias de víctimas Ibuka, www.ibuka.be 2. Gérard Prunier, Rwanda: le génocide, Dagorno, París, 1998. 3. Antiguo puesto de avanzada egipcio, Fachoda, en el actual Sudán del Sur, despertó en 1898 los deseos de los británicos y de los franceses. Esto dio lugar a un grave conflicto diplomático con, de fondo, una escalada patriótica de ambos lados. El incidente es evocado como un símbolo de la fuerte rivalidad colonial entre los franceses y aquellos a los que califican globalmente como anglosajones. 4. “Le génocide qu’on aurait pu stopper”, disponible en el sitio de la Comisión de Investigación Ciudadana, http:// cec.rwanda.free.fr 5. Yolande Mukagasana, N’aie pas peur de savoir, Robert Laffont, París, 1999. *Novelista senegalés. Su última obra publicada es Bàmmeelu Kocc Barma, EJO-Éditions, Dakar, 2017. Traducción: Victoria Raffaele


Dossier Ruanda

LE MONDE

diplomatique | junio 2021 | 27

Décadas de responsabilidad belga

El origen del genocidio en Ruanda por Colette Braeckman*

Entre 1920 y 1962, Bélgica administró Ruanda, apoyándose particularmente en los misioneros católicos. Impregnados de las ideologías raciales, estos colonizadores impusieron las categorías “étnicas”, terreno fértil para el genocidio de los tutsis en 1994.

A

ctualmente, la responsabilidad de Bélgica en el genocidio ruandés quedó eclipsada por los reflectores que finalmente se enfocaron sobre Francia. Sin embargo, la responsabilidad de la ex potencia colonial no abarca un puñado de años, sino décadas: desde que la Sociedad de las Naciones le encomendó a Bélgica, tras la Primera Guerra Mundial, la tutela de dos ex colonias alemanas, Ruanda y Burundi. Los belgas, que gobernaban a la distancia dos pequeños países de los que no sabían nada, decidieron practicar una administración indirecta y apoyarse en las estructuras locales, en este caso un poder feudal de derecho divino dominado por el Mwami (soberano). Y como no querían exponerse por territorios mucho más pobres que el inmenso Congo del rey Léopold II, llamaron al rescate a los Padres Blancos de África, para que la evangelización se convirtiera a la vez en un elemento de dominación colonial y en un factor de “desarrollo”. Impregnados de la ciencia de la época, la antropometría, y maníacos de la clasificación y la diferenciación de “razas”, los belgas adoptaron con convicción la ideología conocida como “hamítica”. Consideraban que los tutsis, habida cuenta de su morfología, eran de origen hamítico o nilótico; que pertenecían a un pueblo de ganaderos que, llegados al África Central en busca de pasturas para sus rebaños, se habían impuesto a los agricultores “bantúes” (hutus), así como a los pueblos twa (pigmeos), primeros ocupantes de Ruanda (1).

Conversiones múltiples

En este país donde, como en el vecino Burundi, la legitimidad de la monarquía se basaba más en la religión que en la etnia, los colonizadores y los misioneros socavaron la autoridad del mwami Musinga, que terminó por ser destituido en 1931 por haberse negado a convertirse al catolicismo. El culto local a Imana, dios único y elemento de cohesión, fue entonces remplazado por la religión católica, y la “aristocracia”, es decir los tutsis, fueron el centro de atención de los misionarios. En la década de 1930 las conversiones fueron masivas, los bautismos con agua eran habituales y, en 1950, Ruanda, modelo de evangelización, fue consagrada al Cristo Rey. Los notables tutsis, convencidos de la superioridad que les había sido atribuida, se convirtieron en transmisores del poder colonial. Encargados de distribuir los trabajos forzados y las sanciones, suscitaron la creciente animosidad de los hutus, cuyos líderes habían sido destituidos por los belgas. Con el paso del tiempo, los hutus fueron sometidos a cargas cada vez más pesadas, lo que provocó numerosas hambrunas, al tiempo que sólo los niños tutsi tenían acceso a la educación, inclusive en el grupo escolar de Astrida (actualmente Butare, al sudeste del país), donde se formaban los auxiliares de la colonización. Pero los belgas destruyeron también otro elemento de cohesión social: un sistema tradicional basado en tres jefes, uno para las tierras, otro para el ganado y otro para el ejército. Entre 1930 y fines de los años 1950, los colonizadores y misioneros se ocuparon así de deshacer la “trenza” de la nación ruandesa, llegando incluso a dotar a sus

Patricio Kind, Cuando el augurio permite ver más allá de lo evidente (Acrílico sobre tela), 2017 (Instagram: @pe.kind)

ciudadanos de documentos de identidad que especificaban su “etnia”. El sistema funcionó hasta alcanzar el punto de quiebre: cuando las elites tutsis se tornaron sensibles a las reivindicaciones de independencia que se extendían por toda África, al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insistía en la necesidad de poner fin a la tutela, los belgas –entre ellos, los demócrata-cristianos progresistas– se dieron cuenta repentinamente de que los hutus, considerados más numerosos y más dóciles, estaban siendo discriminados y mantenidos al margen del poder. El nuncio apostólico André Perraudin, originario de Suiza, alentó a su joven secretario Grégoire Kayibanda a publicar en 1957 el “manifiesto de los Bahutu”, y luego a fundar el Movimiento Social Muhutu, que se convertiría luego en el Partido del Movimiento para la Emancipación Hutu (Parmehutu), que preconizó con éxito la idea de una confrontación “racial” contra el “invasor tutsi”. El canónigo belga Eugène Ernotte incitó al Parmehutu a estructurarse en células, siguiendo el modelo de la Legión de María (2), mientras que los tutsis adscribían a la Unión Nacional Ruandesa (UNAR), que exigía una independencia rápida y una monarquía constitucional.

Los primeros refugiados

Los disturbios comenzaron en 1959, bajo la forma de revuelta campesina. Este levantamiento no estuvo dirigido contra los colonizadores belgas, sino contra los notables y poderosos tutsis; una supuesta “revolución” social, que contó con el apoyo del residente militar belga, el coronel Guillaume Logiest. Este líder de mano dura, que había vivido en Sudáfrica y tenía plenos poderes, simpatizaba abiertamente con el Parmehutu y Kayibanda, quien se convirtió en el primer presidente del país. La independencia proclamada en 1962 fue presentada como la victoria del pueblo. Las chozas de los tutsis fueron quemadas y trescientos

mil de ellos siguieron el camino del exilio, sobre todo hacia Uganda, convirtiéndose así en los refugiados más antiguos de África. Hasta 1990, los belgas se mantuvieron del lado de sus amigos ruandeses, compartiendo implícitamente la idea según la cual la mayoría étnica coincidiría con la mayoría política. El presidente Juvénal Habyarimana, presentado como un moderado en comparación con su predecesor Kayibanda, que no ocultaba su odio a los tutsis, era recibido regularmente en Bélgica e invitado por el rey Baudouin a participar de las reuniones de oración organizadas en el palacio. Durante tres décadas, Ruanda, “el país de los mil cooperantes”, fue uno de los principales beneficiarios de la ayuda belga al desarrollo, y la comparación con el incontrolable Zaire (actual República Democrática del Congo) de Joseph-Désiré Mobutu resultaba siempre en su favor, aun cuando hacia fines de la década del 1980, estrangulado por las políticas de ajuste estructural (3), el país se vio obligado a devaluar su moneda y la ira crecía en el seno de una población empobrecida y minada por el sida.

Reparto del poder

Sin embargo, cuando en octubre de 1990 estalló la guerra en la frontera ugandesa, Bélgica se negó a apoyar a su fiel aliado contra el Frente Patriótico Ruandés (FPR), compuesto por refugiados tutsis formados en el Ejército de Resistencia Nacional (NRA), que había llevado a Yoweri Museveni a la cabeza de Uganda en 1986. Unas municiones ya pagadas no fueron entregadas y el tan esperado apoyo militar belga fue reemplazado por una gira diplomática por los países de la región. Desestabilizado, el régimen ruandés se dirigió entonces hacia Francia, que envió “algunos soldados”, según la fórmula de Jean-Christophe Mitterrand, entonces consejero de Asuntos Africanos de su padre en el Elíseo (4). Junto con el ejército zaireño, los franceses lograron repeler la ofensiva del FPR por un tiempo.

De 1990 a 1994, Bélgica se empeñó en creer en las posibilidades del diálogo. Apoyó lo más que pudo las negociaciones de Arusha y el principio de reparto de poder entre las partes. Ante un régimen que se endurecía, alentó a los partidos de la oposición hutu. Aunque se denunciaban sin complacencia las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos políticos y las masacres étnicas, todo parece indicar que las autoridades belgas nunca creyeron realmente que quienes habían sido durante tanto tiempo sus protegidos, si no sus amigos, serían capaces de pasar al acto. Que ejecutarían efectivamente las amenazas de exterminio de los tutsi formuladas tan a menudo y abiertamente, en particular a través de la emisora de radio Mil Colinas (5), y que irían más allá de los asesinatos selectivos y las masacres localizadas. Si Bruselas, y particularmente el ministro de Defensa socialcristiano Léo Delcroix, hubieran considerado la amenaza en su verdadera dimensión, los 550 Cascos Azules belgas enviados a Kigali en el otoño de 1993, y destinados a convertirse en la columna vertebral de la Misión de las Naciones Unidas para la asistencia en Ruanda (MINUAR), habrían sin dudas contado con mejor equipamiento. Habrían recibido mejores mapas de Kigali; no habrían sido dispersados en catorce acantonamientos indefendibles, y no les habrían sido prometidas unas “vacaciones” en el “país de las mil colinas”. Fue recién a comienzos de 1994, cuando se multiplicaron los incidentes graves, que Bélgica, dándose finalmente cuenta de la hostilidad encontrada por sus tropas, exigió – en vano– a la ONU que modificara el mandato de “mantenmiento de la paz” que subordinaba sus soldados a la autoridad militar ruandesa, en una dirección más ofensiva. La masacre de diez cascos azules belgas la mañana del 7 de abril de 1994, el odio expresado por la emisora de radio Mil Colinas y las amenazas contra los expatriados, que fueron asimilados a los tutsis y evacuados apresuradamente, escandalizaron aun más a la opinión belga, cuanto que se trataba de una explosión de violencia por parte de un país que hasta entonces se consideraba amigo. Ruanda se convertía así en el espejo repulsivo de un sistema belga fundado en el equilibrio y el compromiso entre los grupos lingüísticos, cuando no “étnicos”. Cuando, el 14 de abril de 1994, el ministro de Relaciones Exteriores Willy Claes notificó al secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, que Bruselas retiraría sus Cascos Azules e impulsaría a otros países a hacer lo mismo, no hubo en Bélgica ni una sola voz de protesta contra esta decisión que dejaba a Ruanda en manos de los verdugos. Hubo que esperar a abril de 2000 para que el primer ministro Guy Verhofstadt, que había dirigido los trabajos de la Comisión Parlamentaria consagrada a Ruanda (6) en 1998, fuera a visitar a Kigali y pronunciara estas palabras decisivas: “En nombre de mi país, en nombre de mi pueblo, les pido perdón”. g 1. Véase Gérard Prunier, “Burundi, un cóctel mortal”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2016. 2. Asociación fundada en Irlanda en 1921 y que reúne a fieles católicos que se ponen al servicio de la Iglesia. 3. Makhtar Diouf, L’Endettement puis l’ajustement. L’Afrique des institutions Bretton-Woods, L’Harmattan, col. “Forum du tiers-monde”, París, 2002. 4. Reportado por Gérard Prunier, Rwanda 1959-1996. Histoire d’un génocide, Dagorno, París, 1997. 5. François Misser, “Rwanda: médias et génocide”, Le Monde diplomatique, París, agosto de 1994. 6. Anne-Cécile Robert, “En Belgique, jusqu’au cœur du pouvoir”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 1998. *Periodista, Le Soir, Bruselas. Traducción: Emilia Fernández Tasende


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diplomatique | junio 2021

De Napoleón a la junta birmana

Técnicas y ambigüedades del golpe de Estado por Dominique Pinsolle*

E

s más fácil realizar un golpe mediático que un golpe de Estado. Así lo demostró la tribuna de opinión publicada el 21 de abril por la revista Valeurs actuelles: un llamado firmado por unos veinte generales retirados resulta suficiente. Particularmente, en plena conmemoración de la muerte de Napoleón (autor del más célebre de los golpes de Estado) y el día del 60 aniversario del último golpe que vivió Francia. La ambigüedad del texto, que sintetiza una buena parte de las obsesiones paranoicas de la extrema derecha (acerca de la “guerra racial”, el islamismo, las “hordas de los suburbios” y los manifestantes violentos), garantizaba la polémica. Y, al exigir al gobierno que impida la “guerra civil”, los firmantes amenazaban, solapadamente, con un golpe militar, mediante una formula enrevesada que daba lugar a todas las interpretaciones: “la intervención de nuestros camaradas activos en una misión peligrosa para proteger nuestros valores civilizatorios y salvaguardar a nuestros compatriotas en el territorio nacional” (1). En un contexto en que la extrema derecha se encuentra en posición de fuerza y en el que un ex Jefe de Estado Mayor que dimitió (el general Pierre de Villiers) declara querer “enderezar Francia”, el asunto no resulta anecdótico. La toma de posición que emana de ciertas franjas marginales del ejército recuerda que la intervención de oficiales en la política tiene una larga historia, y que la intervención militar no se reduce a una tradición exótica.

Medidas de excepción

La idea de que se imponen medidas de excepción cuando la gravedad de la situación lo exige no es nueva. Así se justificaba el golpe de Estado en el siglo XVII: en interés del Estado y para defender el bien público, el soberano puede y debe emplear a veces todos los medios necesarios, incluidos los más violentos. Para seguir siendo eficaces, estas transgresiones deben ser excepcionales, precisa el bibliotecario erudito Gabriel Naudé, autor de un tratado consagrado a esta cuestión en 1639: “[La] excepcionalidad otorga un lustre y un color a muchas cosas, que lo pierden desde el momento en que se usan con demasiada frecuencia […]. Si el príncipe se mantiene, agrego, dentro de la moderación de estas prácticas, no podrá ser culpado fácilmente, ni ser reputado tirano, pérfido o bárbaro, sobre todo porque esos calificativos sólo pueden otorgarse propiamente a aquellos que han contraído la costumbre de practicarlos” (2). Con la Revolución Francesa, el golpe de Estado cambia de significación, quedando asociado a una toma del poder ilegal por parte de un individuo o un pequeño grupo de personas. A este respecto, los acontecimientos del 18 y 19 brumario del año VIII (9-10 de noviembre de 1799) proveen un nuevo modelo en la materia. En una cierta confusión, el general Napoleón Bonaparte logra –preservando inicialmente las apariencias legales antes de recurrir a la fuerza– no solamente tomar el poder, sino también poner fin a la fase republicana de la Revolución. La gloria que conoce el emperador Napoleón I a partir de entonces no deja, durante el siglo XIX, de alimentar la leyenda bonapartista del “buen” golpe de Estado. Esto beneficia a su sobrino, el presidente Luis Napoleón Bonaparte. El 2 de diciembre de 1851, este último viola la Constitución de la Segunda República manteniéndose en el poder por las armas. “Francia ha comprendido que no había salido de la legalidad sino para entrar nuevamente en el derecho”, se regocijaba luego del plebiscito que le era favorable, y que precedió a la restauración del Imperio.

Autor en 1931 de una obra incendiaria titulada Técnica del golpe de Estado, el escritor italiano Curzio Malaparte considera que la sombra del 18 brumario continúa sobrevolando las acciones subversivas de su época (3). Particularmente en Alemania, donde dos tentativas de golpe de Estado fracasan: la del nacionalista Wolfgang Kapp, confrontado a una huelga general masiva en marzo de 1920, y aquella que envía a Adolf Hitler a prisión en 1923. Pero la revolución de Octubre de 1917, estima Malaparte, impone un nuevo modelo insurreccional. En efecto, los bolcheviques son los primeros (antes que los fascistas italianos) en entender la necesidad de apoderarse de las infraestructuras esenciales para las sociedades industrializadas: centrales eléctricas, estaciones, centrales telegráficas y telefónicas... La toma del poder, considerada hasta entonces como una maniobra esencialmente política, se convierte también en una técnica.

La reglas del golpe de Estado

Esta dimensión material de la insurrección, cada vez más evidente a medida que el mundo se industrializa, está en el corazón del manual del golpe de Estado publicado por el historiador neoconservador Edward Luttwak en 1968 (4). En el contexto de la descolonización, las operaciones de este tipo se multiplican: entre 1946 y 1964, el autor cuenta 88 (62 de las cuales son exitosas). De manera un poco provocadora, el libro elabora una lista de reglas a seguir para el aprendiz golpista, distinguiendo de paso el pronunciamiento hispánico (que no necesariamente implica una toma de poder), el putsch (que moviliza solamente a una parte del ejército) y el golpe de Estado (que puede asociar civiles y militares). Si uno desea tomar el poder por la fuerza, aconseja Luttwak, debe elegir un país poco desarrollado económicamente, en el cual la vida política no sea accesible a una mayoría de la población. Ciertas explosiones sociales abren a veces una brecha en la cual una intervención del ejército se vuelve posible –como en 1952 en Egipto, cuando el rey Faruq fue destituido–. Conviene evitar los países demasiado dependientes de la tutela extranjera –como Gabón, donde los golpistas son derrotados por las tropas francesas en 1964–. Una vez elegido el blanco, hay que reclutar secretamente agentes formados y equipos (numerosos en el ejército), así como miembros de la policía y de los servicios de seguridad. La operación puede, entonces, activarse. Cada equipo debe apoderarse de los puntos estratégicos fijados de antemano lo más rápidamente posible, sin que el gobierno pueda captar el plan general. Se debe tomar el control de los medios de telecomunicación, de las estaciones de radio y de televisión y de las redes de transporte. Conviene desactivar inmediatamente las fuerzas de oposición más peligrosas (partidos, sindicatos, jefes religiosos...) e inmovilizar, finalmente, los núcleos leales (preferentemente evitando dispararles). Una vez asediada la sede del gobierno y arrestados los gobernantes, se debe oficializar la toma de poder por medio de un comunicado difundido por radio. Aunque vetusto, este modelo ayuda a evaluar la falta de preparación del golpe de Estado de 2016 en Turquía (centrado en el ejército), así como la siniestra eficacia del golpe de la junta birmana que, en el poder desde el primero de febrero de 2021, ha extendido su control a las redes sociales. Luttwak se enfoca en los países del “Tercer Mundo”, pero algunos países occidentales desarrollados, insiste, pueden convertirse en blancos primordiales en caso de crisis económica prolongada, derrota militar o diplomática, o inestabilidad política crónica.

Es el caso de Francia, en 1958, sumida en la Guerra de Argelia luego de haber sufrido una derrota en Indochina. Acusando al presidente de la República René Coty de abandonarlos, los partidarios más radicales de la Argelia francesa se sublevan en Argel. El ejército se adscribe al movimiento: un “comité de salud pública civil y militar”, dirigido por el general Jacques Massu, se forma el 13 de mayo de 1958. El objetivo es forzar al presidente a llamar a Charles de Gaulle, quien ha dimitido de la presidencia del gobierno en enero de 1946. Este último no encuentra nada que decir sobre las circunstancias que lo hacen aparecer como el hombre providencial. Rehusándose a calificar a los oficiales de Argel de “facciosos”, lanza a los periodistas, el 19 de mayo: “Con respecto al ejército, que es, normalmente, instrumento del Estado, es conveniente que así lo permanezca. Pero para ello hace falta que haya un Estado” (5). Siempre respetando el proceder legal, Coty cede a las presiones de los militares, cada vez más fuertes (algunos paracaidistas toman el control de Córcega el 24 de mayo). Permitiéndole a de Gaulle ser investido con la presidencia del Consejo, el primero de junio, le otorga la posibilidad de reformar las instituciones con el apoyo de la mayoría de los diputados. De este modo nace la Quinta República, cuya Constitución se promulga el 4 de octubre de 1958, al cabo de unos acontecimientos que a los historiadores aún les cuesta describir (6).

Golpistas aislados

El éxito de una rebelión de tal naturaleza depende de un número muy grande de factores, que vuelven la operación difícilmente reproducible. Tres años después del 13 de mayo de 1958, el “grupito de generales retirados” (según las famosas palabras de De Gaulle), que tomó el poder en Argel en la noche del 21 al 22 de abril de 1961, no estaba en condiciones de imponerse. Esta vez, por fuera de los defensores encarnizados de la Argelia francesa, los golpistas se encontraron inmediatamente aislados, tanto dentro del ejército como en relación a los civiles. Sin embargo, un golpe de Estado en un régimen democrático no puede ignorar el apoyo más o menos activo de la población. Concebido únicamente como una toma del poder por las armas, se convierte en una manifestación teatral de violencia impotente. Como el 23 de febrero de 1981 cuando, en Madrid, algunos guardias civiles tomaron por asalto el Congreso de diputados bajo la mirada de las cámaras de televisión. Pretendían interrumpir la transición democrática que España atravesaba desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Pero su toma de rehenes fue deshecha en algunas horas. Resulta difícil establecer un balance con cifras precisas de los golpes políticos y militares, en la medida en que las categorías se entrecruzan. Sin embargo, las cifras revelan la dificultad, para las unidades armadas, de salir del rol que se les atribuye infringiendo la ley. Entre 1814 y 1982, solamente 13 de los 55 pronunciamientos llevados a cabo en España tuvieron éxito (7). Para los casos de “revueltas” y de “insurrecciones” militares, Luttwak cuenta 5 victorias y 40 derrotas en el mundo entre 1946 y 1964. En Europa, entre 1960 y 2000, un solo golpe de Estado fue coronado con el éxito (el de los coroneles griegos, en 1967), mientras que siete fueron neutralizados (8). Entre los factores de fracaso, la capacidad del poder establecido para estigmatizar de manera convincente a las fuerzas que intentan derrocarlo es determinante. Por naturaleza, un régimen que se reivindica liberal lleva la ventaja en este terreno, aun cuando aquellos que se presentan como los mayores amantes de la li-

bertad se sientan, a veces, bastante a gusto con la violencia política. Tal es el caso del economista liberal Friedrich Hayek, que justificó la dictadura de Augusto Pinochet, establecida tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Luego de una estadía en Chile, en 1981, declaró: “Como instituciones a largo plazo, estoy totalmente en contra de las dictaduras. Pero una dictadura puede ser un sistema necesario durante un período de transición. [...] Personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático sin liberalismo” (9). Más recientemente, el ex primer ministro laborista Anthony Blair sostuvo el golpe de Estado del general Abdel Fattah Al Sissi en Egipto, en julio de 2013, en nombre de la lucha contra el islamismo. Este tipo de legitimación no tiene sentido sino en el plano político. A los ojos de un jurista, el derecho solo provee un criterio sobre el cual apoyarse: el de la “resistencia a la opresión”, enunciado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Pero el principio es tan vago que no se puede ofrecer ninguna definición jurídica precisa. Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente legalista, todas las tomas de poder por la fuerza son condenables en un Estado de derecho. De allí las críticas a las se exponen las fuerzas de izquierda cuando denuncian los llamamientos sediciosos de otro bando, al tiempo que reivindican una herencia revolucionaria. Sin embargo, el golpe de Estado no deja de ser un acto político, que por tanto es legítimo juzgar como tal. Cuando los militares son los impulsores de los golpes, se espera una orientación autoritaria y conservadora. Pero no todos los compromisos políticos de los militares en la historia han estado necesariamente del lado del orden y la reacción. A comienzos de los años 1810 y 1820, los oficiales liberales que eran miembros de la sociedad secreta de los carbonari conspiraron en Italia contra el absolutismo monárquico. Varios pronunciamientos contribuyeron al progreso del liberalismo en España en el siglo XIX (el de Rafael del Riego, en 1920, le impuso al rey Fernando VII respetar la Constitución de Cádiz de 1812). En 1974, en Portugal, la Revolución de los Claveles comenzó con un golpe y permitió el retorno a la democracia luego de cuarenta años de dictadura salazarista. Diga lo que diga la ley, no todas las rebeliones, incluso las militares, son lo mismo. g 1. “‘Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants’”: vingt généraux appellent Macron à défendre le patriotisme”, Valeurs actuels, París, 21-4-21. 2. Gabriel Naudé, Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, Tecnos, col. “Clásicos del pensamiento. Tercer Milenio”, Madrid, 2011. 3. Curzio Malaparte, Ténicas de golpe de Estado, Ariel, Madrid, 2017. 4. Edward N. Luttwak, Golpe de Estado: un manual práctico, V Siglos, México D.F., 1976. 5. Citado en Grey Anderson, La Guerre civile en France, 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique, París, 2018. 6. Patrick Lagoueyte, Les Coups d’État, une histoire française, CNRS Éditions, París, 2021. 7. Matthieu Trouvé, “La culture du pronunciamiento en Espagne”, Parlement[s], Revue d’histoire politique, Nº 12, París, 2009. 8. Aaron Belkin y Evan Schofer, “Toward a structural understanding of coup risk”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, Nº 5, Thousand Oaks (California), 2003. 9. Citado en Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Una généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, 2018. *Profesor de Historia Contemporánea. Director, con Nicolas Patin, de la obra colectiva Déstabiliser l’État en s’attaquant aux flux. Des révoltes antifiscales au sabotage, XVII-XIX siècles, Arbre bleu Éditions, Nancy, 2020. Traducción: Emilia Tasende


LE MONDE

diplomatique | junio 2021 | 29

Bromas que dañan el ego masculino

El funambulismo de una humorista china por Zhang Zhulin*

“Una mujer que maldice a los hombres y que lucra con eso.” Indignados con esta idea, hordas de internautas atacan la cuenta del fabricante de computadoras portátiles Intel en la red social china Weibo, reclamando el boicot de sus productos. El error de la marca: su nueva embajadora, Yang Li. Una humorista de 29 años, pionera estrella del standup en China, acusada de haber “lastimado y humillado profundamente” a sus compatriotas masculinos e “incitado a la confrontación entre hombres y mujeres” a través de sus espectáculos. Sin embrago, no hay nada insultante o siquiera burlón hacia los hombres en esa corta publicidad difundida el 18 de marzo de 2021. Sonriente, Yang Li simplemente declara: “Intel es tan exigente que es más perspicaz que yo para elegir a mi novio”. Pero, bajo presión, la marca estadounidense retiró esta publicidad el día mismo, así como todos sus afiches promocionales con la humorista. Después de esta acción colectiva con re s u l t a d o s e s p e c t a c u l a re s, s e l a n z ó una caza de brujas. Al enterarse de la participación de Yang Li, seis días más tarde, en un programa de telecompras en vivo en Internet para una marca de tampones, un gran número de internautas masculinos se precipitaron al sitio desde el mediodía amenazando con “boicotear ” la velada. Le exigieron a la marca que excluya a esta “feminista extremista”. Varias mujeres organizaron entonces una respuesta, clamando su fuerte apoyo a Yang Li. Mientras los dos bandos se disputaban ferozmente, la artista finalmente apareció como previsto en el programa. Y, gracias al alboroto provocado por los internautas masculinos, 1,6 millones de personas vieron el programa que habitualmente cuenta sólo con algunos miles de espectadores...

Origen campesino

¿Cómo esta humorista pudo suscitar semejantes reacciones? Proveniente de una familia de campesinos de Hebei, provincia limítrofe de Pekín, Yang Li obtuvo un diploma de diseño y tuvo dos cortas experiencias profesionales “aburridas”, según sus propios términos. En octubre de 2018, comenzó su carrera de humorista, un oficio masivamente masculino. Con un espíritu no conformista, sus sketchs se burlan de la ansiedad de las mujeres acerca de su apariencia pero abordan también temas considerados tabú, como las reglas, los prejuicios y el sexismo al que se ven confrontadas. Rápidamente, su fama explota y es acusada de “discriminación contra los hombres”... ¿La acusación? Sainetes como este, en uno de sus espectáculos, en agosto de 2020, en el que afirma: “Quiero a los hombres. Los hombres no son única-

María Ossandón Recart, de la serie Reconstrucción II (Dibujo y cerámica /papel de algodón), 2017 (www.mariaossandon.com)

mente maravillosos sino también particularmente misteriosos. Nunca sé lo que piensan”. Y agrega, con una sonrisa que le da un toque enigmático, delante de un público que estalla de risa: “¿Cómo un chico que parece tan común puede ser tan seguro de sí mismo?”. Esta frase recortada –“Pu Que Xin” (“común pero seguro de sí mismo”)– se convirtió en la nueva expresión a la moda en Internet. Si muchas mujeres chinas encuentran a la artista genial, asegurando que sus sketchs llegan al corazón y reflejan su vida sentimental, sus compatriotas masculinos la acusan de “degradar deliberadamente a los hombres”. En diciembre de 2020, Yang Li se ríe en un programa de televisión de esos hombres chinos que se sienten ofendidos. A un comediante que le reprocha estar poniendo a prueba “los límites de los hombres”, ella le contesta, irónica: “Ah, ¿los hombres tendrían entonces límites morales que no hay que traspasar?”. Se desata un nuevo tsunami en la opinión pública. Esta frase alcanza el primer puesto de las búsquedas en Weibo, y desata una avalancha de ataques personales y de insultos. Algunos denuncian a la artista ante la Adminis-

tración Estatal de Radio, Cine y Televisión; acusan a sus sketchs “de estar impregnados de discriminación sexual, de insultar en varias ocasiones a todos los hombres, de promover el odio, de incitar conflictos en el seno de la población, de crear un antagonismo de género” y de “no ser propicios al desarrollo armónico de la sociedad socialista con características chinas” (1).

Tradiciones sexistas

Yang Li sin embargo afirmó en varias ocasiones su reticencia a ser definida como feminista. Hay que decir que la etiqueta no es fácil de llevar. Cuando la joven mujer empezó su carrera, el movimiento #MeToo estaba en su apogeo en Occidente pero no había realmente echado raíces en China. En la clasificación mundial sobre la igualdad de sexos, el país ocupaba en ese entonces el puesto 103 sobre 149. Tres años más tarde, en 2021, figura en el puesto 107 sobre 156 (2). Un retroceso que no conmueve en lo más mínimo a la mayoría de los chinos. Estos fustigan los “criterios occidentales injustos”, como escribe un internauta que recibe una amplia aprobación. No le prestan ninguna atención a la nueva generación de

mujeres que rechaza estas normas masculinas. Beijing News, periódico de Pekín destinado a un público más bien culto y liberal, explica el sexismo de la sociedad por la “tradición” que desvaloriza constantemente la “toma de palabra de las mujeres en el espacio público”. Para el diario, esta tradición “está profundamente enraizada en el tejido sociocultural” de esta “sociedad patriarcal que acalla a las mujeres sobre determinados temas” (3). Así, Lu Pin, una de las figuras del feminismo chino, tuvo que quedarse en Estados Unidos luego de su participación en 2015 en la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Condición de las Mujeres. Ahí le reprochaba a su país llevar una “política patriarcal”, en base a la cual “aquellos que combaten al feminismo reciben siempre mayor apoyo institucional que las feministas” (4). Luego de estas declaraciones, cinco militantes fue ron arrestadas en China, siendo considerada Lu Pin por la policía como su “eminencia gris”. En un país en el cual la estabilidad es considerada una religión y en donde el feminismo es acusado de “perjudicar a la sociedad”, “los militantes antifeministas disponen de ventajas ‘naturales’”, observa la British Broadcasting Corporation (BBC) (5). Yang Li sin embargo subraya que sus sketchs son inofensivos: “No trato temas en los cuales los hombres y las mujeres tienen conflictos de interés reales”. Constata nada más la relación desequilibrada entre los sexos. Por ejemplo cuando relata esta escena, que encontró eco en muchas mujeres chinas: “Vas a una cena de trabajo. Te sientas normalmente, como todo el mundo, pero, para ciertos hombres, no eres más que una acompañante”. A pesar de su prudencia, estos comentarios no son bien recibidos por los hombres. “En cuanto artista, debo constantemente pesar lo que digo para no ser ofensiva.” Algunos de sus colegas humoristas, acostumbrados a interpretar sketchs sexistas para divertir al público, la señalaron con el dedo. El “humor” es un camino de sentido único... g 1. “Yang Li fue denunciada. ¿Los internautas masculinos no tienen sentido del humor?”, The Paper, Shanghai, 29-12-20 (en mandarín). 2. Clasificación creada en 2006 por el Foro Económico Mundial. 3. “Hablemos del ‘asedio’ a Yang Li”, Beijing News, Pekín, 29-12-20 (en mandarín). 4. “El feminismo en China”, The New York Times (edición china), 2-2-17 (en mandarín). 5. “¿Por qué las feministas chinas son ‘atacadas’ en Internet?”, BBC en chino, 11-2-21. *Periodista. Traducción: Micaela Houston


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junio 2021 Construcción de una nueva normalidad Notas sobre un Chile pandémico

Nicol A. Barria-Asenjo Editorial Psimática, 2021, 238 páginas.

Hombre, signo y cosmos Darin McNabb. F.C.E. México, 2018, 306 págs.

Este es un trabajo muy interesante. Tal como señala el subtitulo, se trata de una introducción a la filosofía de Charles S. Peirce (1839-1914), uno de los mayores filósofos de la historia de Estados Unidos. Mcnabb es el traductor al español de los dos tomos de la Obra Filosófica Reunida de Pierce, y un fino conocedor de su trabajo. Por cierto, la obra de Pierce es muy abarcadora pero jamás publicó trabajos que ordenaran su reflexión filosófica, eso hace aun más valioso este libro. En un primer capítulo aborda la lógica y la epistemología de Pierce; en el segundo, su reelaboración de las Categorías; en el tercero, la semiótica; en el cuarto, la pragmática, tal vez su argumentación más conocida; en el quinto, su teoría de la percepción, y su prueba del pragmatismo; el sexto aborda su ética y su estética; el séptimo, su metafísica. En unas escuetas Conclusiones resume el enorme aporte de Pierce a la filosofía, seguido de una breve reseña biográfica. El pragmatismo de Peirce tiene características propias que lo diferencian de las versiones populares que se difunden teniendo como base los trabajos de James y Dewey, dos de sus más celebres discípulos. Pero también es muy relevante su trabajo para las actuales semiótica y ciencia cognitiva; según Peirce, “no tenemos ningún poder de pensamiento sin signos”. En principio el proceso de indagación puede caracterizarse como un proceso que opera en virtud de la manipulación de signos o “pensamientos–signos”, y el pensamiento es continuo, es decir, en la continuidad del pensamiento los pensamientos–signos están en permanente flujo. Un pensamiento lleva a otro y éste a su vez a otro y así sucesivamente. Adelantando muchos de los debates analíticos de la primera mitad del siglo veinte. El reconocimiento de la obra de Pierce fue tardío. Recién en la segunda mitad del siglo pasado comenzó el estudio sistemático de sus conferencias. Desde entonces no ha cesado el debate acerca de aspectos importantes de su semiótica o acerca del realismo de su pragmatismo. Tal como muestra el libro, su pragmatismo está relacionado con su concepción de la percepción, de la relación de nuestros signos con la naturaleza. Los hilos de su pensamiento giran en torno a la interfaz entre nosotros y el mundo que nos rodea, esa es la lógica de la investigación que podemos realizar y la base de su pragmatismo. Su máxima refleja su incansable porfía por lograr una metodología de investigación sin fronteras ideológicas ni idiosincráticas: “Aquel que no sacrifica su propia alma para salvar el mundo entero es, a mi parecer, ilógico en todas sus inferencias, colectivamente”. Mcnabb nos entrega un trabajo de fácil lectura, sistemático y reflexivo acerca de la obra del teórico estadounidense. Un libro de filosofía que nos sirve como puente para la lectura de los trabajos de Pierce. En fin, un enorme aporte a la reflexión contemporánea, no podemos menos que saludar su publicación e invitar a la lectura y el conocimiento del gran filosofo Charles Sanders Pierce. u Gonzalo Rovira

La desaparición de los rituales: Una topología del presente Byung-Chul Han Herder, 2020, 128 páginas.

Hecho en Chile

Reflexiones en torno al patrimonio cultural. Vol. 2 Daniela Marsal (editora) Mis Raíces, 2020, 405 páginas.

Este escrito de Han se agrega a una ya larga lista de libros en los que se ha dedicado a indagar en distintos rasgos del neoliberalismo o, más bien, en dimensiones de la subjetividad que el neoliberalismo ha transformado o vuelto imposibles. En efecto, su obra puede leerse más como una contribución a la teoría de la subjetividad contemporánea que como un “análisis del sistema”. Quien haya seguido sus escritos podrá constatar que a estas alturas uno ya puede contar con una suerte de retrato hablado del sujeto neoliberal, el que logra ser sujeto sólo en esa otra acepción que conocimos por el primer Foucault o el estructuralismo: sujeto en tanto que “sujetado”. Uno que ha internalizado la explotación al punto de no necesitar un explotador, pues identifica esa autoaniquilación que es la exigencia de rendimiento -ese tránsito a la depresión- con la experiencia de la libertad. Sumido en la velocidad y la discontinuidad, interrumpido permanentemente por sus dispositivos electrónicos, incomunicado en una medida inversamente proporcional a la que cree estarlo, refractario a lo otro e intolerante a cualquier negatividad que le ofenda, a todo aquello que lo aburra y, ahora, carente de toda dimensión simbólica, es decir, sin posibilidad de pertenecer a un lugar, a una comunidad, pues la lógica de lo simbólico, que posibilita ello (basada en el establecimiento de narraciones, con encadenamiento, comienzo y fin) se vuelve imposible en un contexto de pura aceleración que no tolera el tiempo (procesual) de cualquier relato. “Los rituales son procesos narrativos, no permiten ninguna aceleración” (p. 26), “en espacios donde hay infinitas posibilidades de conexión no es posible ninguna finalización. La eliminación de las formas de cierre a raíz de la sobreproducción y del exceso de consumo provoca un infarto del sistema” (p. 41). En Psicopolítica Han criticaba a Foucault por no haber dado con la novedad de la dominación neoliberal y quedar anclado en la biopolítica, lo que se podía entender como la autoproclama de la superación del análisis de aquel. Si no es superación será al menos reemplazo en la medida que la mayor parte de sus críticos/as ha reeditado la famosa acusación de neoconservadurismo antaño profiriera Jameson contra Foucault: describe con tal detalle los modos de dominación que desincentiva todo intento de subvertirlos. Y es verdad: Han no le sirve al progresismo de hoy. Tanto por el detalle de su análisis, como por su -para nosotros- inverosímil salida (“Hay que recobrar el reposo contemplativo”), no puede servir a ninguna agenda, no se presta al negocio de la política progresista que, como toda política convencional, en realidad requiere de un mero hacer, es decir, de una oferta atractiva a una militancia-clientela que pague con sus votos al/la político/a y con reconocimiento al/la intelectual progresista. u

Este nuevo esfuerzo editorial de Daniela Marsal, llega a nuestras manos en plena discusión sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural. Recordemos que el 24 de marzo de 2021 el gobierno ingresó una indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto presentado en 2019. Si el primer volumen del año 2012 era urgente, dada la escasa bibliografía nacional sobre esta temática, este volumen 2 que estamos presentando, es necesario para entender la nueva situación de lo patrimonial en Chile. Esta obra está cimentada en dos pilares, que sin duda refrescan la mirada: el primero se refiere al patrimonio como sinónimo de lo significativo, no desde lo oficial ni desde la academia; sino desde la intimidad de un grupo humano. El otro, es la mirada desde lo local, desde las regiones en contraposición a la mirada centralista desde “lo nuestro” o “lo nacional”. Estos dos elementos atraviesan todo el texto y se constituyen en las piedras fundantes donde se enganchan los cuatro ejes horizontales que veremos a continuación. El primero se refiere al llamado patrimonio industrial que va configurando un modo de ser a partir de las actividades productivas. Muy ligado, quizás, al ámbito de los denominados “paisajes culturales”, el recorrido realizado a través de sus textos va dando cuenta de las vivencias del pasado, con una proyección de presente y futuro. No solo es la nostalgia de lo que fuimos, sino anhelo de lo que queremos ser. Un segundo eje se refiere a la relación de los museos y archivos, con sus comunidades. Es precisa aquí la pregunta por los sentidos que adquieren estas instituciones para aquellos/as cuyas voces no eran escuchadas: ¿qué guardar?, ¿cómo exhibir? ¿qué observar? E incluso, por qué no, ¿qué eliminar? El tercero se remite a los proyectos oficiales y a la tensión entre esta mirada institucional y las comunidades propietarias de expresiones y/o bienes patrimoniales. Quizás Valparaíso representa un ejemplo del fracaso de la denominación “patrimonio de la humanidad”, una experiencia fallida que demuestra lo que sucede cuando la comunidad no está en la génesis del proceso. Por último, un cuarto elemento es el patrimonio de los pueblos originarios y si es posible seguir hablando desde una mirada enciclopédica y occidental, aquellos ámbitos que son parte de un todo indivisible. Damos la bienvenida entonces, a este texto necesario, que nace en pleno periodo de cambios y que nos ayuda a comprender las diversidades históricas y emergentes de un país como Chile, que se quiere proyectar al futuro gracias a este maravilloso caleidoscopio cultural reflejado en el patrimonio. u

Pablo Aravena Núñez

Christian Baez Allende

Colección de artículos en torno a la pandemia del C ov i d -1 9 y s u s consecuencias sociales, políticas, culturales, etc., con múltiples referencias a una nueva normalid a d . L a m a yo r parte de los textos han sido publicados por la autora en la edición chilena de Le Monde Diplomatique. Prólogo de Slavoj Žižek y epílogo de Ricardo Espinoza Lolas.

El golpe de mano Jaime Rovira Editorial Eutôpia, Santiago, 131 páginas. El golpe de mano es un gran trabajo narrativo, donde la imaginación se cruza con la realidad. Su autor fue parte de la lucha contra la dictadura. En la narración se cuenta el asalto a una mazmorra de la CNI y las his­torias de los combatientes involucrados. Según el autor, este asalto es ficticio, pero hubo muchos como este en la periferia de Santiago y Valparaíso. Alguno de ellos inspiró este golpe de mano que, en realidad, es solo la excusa para de­sarrollar personajes muy vívidos, que se jugaron la vida en un momento muy complejo para Chile.

Chile despertó. La revuelta antineoliberal Varios autores/as Tinta limón ediciones, distribuye LOM, marzo, 2021 190 páginas. El 18 de octubre de 2019 el malestar acumulado durante más de treinta años estalló en Chile. Sus calles ardieron y la movilización hizo temblar al sólido y ejemplar neoliberalismo transandino. Hacia allí fuimos en aquel momento. Caminamos intensamente las calles de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, nos hicimos preguntas, conversamos con una veintena de referentes de organizaciones, compañeros y amigos. Registramos los problemas que se abrían: lo insostenible de vidas precarias y endeudadas, la fuerza destituyente del movimiento social, la articulación material de una nueva Constitución. El resultado: un mapa tan exhaustivo como arbitrario de las discusiones que alimentaron una imaginación política que aún sigue abierta


LE MONDE diplomatique | junio

Las Venas Abiertas de América Latina Eduardo Galeano Siglo XXI, 2021, 379 páginas

¿Es América latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿condenada por quién? ¿Culpa de Dios, culpa de la naturaleza? ¿no será la desgracia un producto de la historia, hecha por los hombres y que por los hombres puede, por tanto ser desecha? Hace 50 años, Galeano escribía en esta obra: Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. Esta frase nos sugiere que en el 2021 volvamos a pensar América Latina en su historia desde la invasión hace más de 500 años y leer o releer esta obra que nos permitió ver el saqueo constante de compañías y países extranjeros, en alianzas con sectores en cada país sobre las riquezas naturales y las producidas por hombres y mujeres de este continente. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la

2021 | 31

pirámide social. Según Cepal en la actualidad en América Latina, el 10% de la población concentra el 71% de la riqueza es decir que la situación que constataba Galeano hace 50 años se ha seguido incrementando. Hoy en el caso de Chile no son solo los recursos naturales y minerales de otrora, también se han apropiado del agua y del trabajo de las personas, a través de los fondos de pensión que en un principio debieran servir al bienestar después de haber terminado su vida laboral y gozar del derecho al descanso en buenas condiciones de vida. La precarización de la vida, incrementada este último año en condiciones de pandemia, tiene causas históricas, que en este libro podemos discernir claramente con el saqueo de riquezas, la sobreexplotación de las personas, y el desprecio a la vida. Hoy América Latina es una de las regiones más desiguales y las raíces de esta desigualdad se encuentran en la invasión colonial que hace que este subcontinente tenga la concentración más alta de propiedad de la tierra, lo que junto a la informalidad en el trabajo y la pérdida de industrialización ha favorecido la apropiación de la riqueza producida por todos. “Los Estados y los grupos económicos viven de eso… al explotar las riquezas naturales no se necesita mano de obra fuerte ni calificación de trabajadores ni demasiada inversión”. Nuevas formas de explotación, nuevas formas de apropiación, plantean nuevas formas de resistencias de los oprimidos; ademas del saqueo histórico demostrado en este libro, tenemos que incorporar el saqueo realizado al trabajo en hogares y cuidados de las mujeres que no ha sido valorado en la acumulación de capitales y no se ha retribuido con salarios, solo en una minoría de casos con salarios miserables para quienes los ejercen fuera de sus hogares. Leer y releer nos obliga a reescribir la Historia y construir un futuro que valore la vida y devuelva las riquezas a cada ser humano que las produce cotidianamente sin distinción de sexo, clase, etnia, región o país. u Margarita Iglesias Saldaña

Ediciones ESPARTACO Libros impresos ($3.950) y digitales ($2.950) en: www.editorialauncreemos.cl


Nuevo libro

Pandemia Covid-19 En Chile y el mundo

Este libro analiza cómo se enfrentó la pandemia en Chile así como la necesidad de cambiar el modelo y avanzar hacia un sistema de salud universal. También se esbozan los cambios que con la pandemia se han efectuado en el mundo, el reordenamiento geopolítico y la visibilización de las desigualdades al interior de cada país y entre los países.

Avanzar hacia un sistema de Salud universal, solidario y eficiente por Francisca Crispi Chile y su primer año de pandemia en el siglo XXI por Yuc Ramón Kong González Covid-19: ¿Cambio o ajuste al modelo chileno? por César Ross Las ciudades después de la pandemia por Francisco Morales-Peña La respuesta de Chile ante el Coronavirus por Izkia Siches Balance de la tensión entre China y Estados Unidos tras un año de pandemia por Fernando Estenssoro El Covid-19 reordena el mundo por Robert Boyer El “gran confinamiento” del Tercer Mundo por Gilbert Achcar

Disponible impreso a $3.950 y en versión digital a $2.950 en:

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Librería Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago. Teléfono: 22 608 35 24

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