Quiénes son las personas que viven en situación de calle

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12 | LE MONDE

diplomatique | junio 2021

Dossier Vivienda digna

Derecho a la vivienda

Quiénes son las personas que viven en situación de calle por Vianny Andrea Barrera Silva*

A

l hablar de pobreza extrema lo primero que se visualiza son personas que viven en situación de calle (PSC) (1), las cuales han sido consideradas como grupo de exclusión y vulneración social (Irarrazabal; 2005) plasmado de juicios de valor, conductas discriminatorias por parte de la sociedad, invisibilizando sus derechos en todas sus formas. A la fecha se han desarrollado dos catastros nacionales de personas en situación de calle, en el año 2005 y en 2012 respectivamente. En este segundo catastro se visualizó a 12.255 personas en situación de calle a nivel nacional. De este total, 84% son hombres, cuya mayor presencia son en las regiones del Maule, Los Lagos y Atacama. En promedio, las personas en situación de calle tienen 44 años de edad y llevan 5,8 años en dicho contexto. (Ministerio de Desarrollo Social, 2012). Considerando este escenario, es necesario plasmar desde el marco de determinantes sociales (2) las condiciones que se presentan en esta población en cuanto a su situación (Ministerio de Desarrollo Social, 2012), donde se pueden determinar, entre muchas (Maia, Sanchez y Vasconcellos; 2019): -Trayectorias laborales accidentadas. -Rupturas familiares. -Consumo problemático de drogas y alcohol. -Acceso deficiente a servicios de vivienda, salud y educación. -Alta concentración de trabajos precarios y escasa vinculación familiar. -Pobreza. -Desempleo estructural. -Migración nacional e internacional. En la misma línea, se constata que el 56.4% de las personas catastradas en 2012 presenta algún tipo de discapacidad y 49% señala requerir medicamentos especializados para alguna afección, datos que en su conjunto muestran la fragilidad de esta población en materia de salud. Las consecuencias de dichos DSS para esta población invisibilizada afecta no solo a éstas sino también a sus familias (cuando existe vinculación) y a la comunidad entera; transformándose en un proceso complejo de abordar a nivel psicosocial, lo que implica mucho más que la problemática de negar el acceso a servicios sociales y sanitarios; se trata de aspectos incomprendidos por la sociedad en relación a la dignidad, a los efectos sociales y culturales, al trauma psicoemocional asociado a la situación de calle, al diario vivir, a la discriminación, al trato digno; y por supuesto, la carencia de vivir en una vivienda digna, lo que implica el acceso a los servicios básicos como agua, calefacción y luz. Desde esto, resulta necesario mejorar y trabajar en una política pública para personas en situación de calle que traba-

je desde la problemática, más que en una garantía de servicio de protección social; siendo necesario, como rescata Fundación Gente de la calle en su declaración pública en 2017, la necesidad de un abordaje, de una transformación y una erradicación de la situación de calle, donde las bases de una política nacional se encuadren en un enfoque de Derechos Humanos, con objetivos a generar y propiciar entornos protectores donde se pueda atender a las diversas complejidades que constituyen la temática calle. Como necesidad de reconocimiento frente a una integración de enfoque de derechos a la problemática de calle, se crea el Anexo Calle del registro social de hogares y se le denomina Registro Social Calle (RSC), cuya estrategia apunta a identificar a grupos sociales o franjas sociales que -de acuerdo a su nivel de ingreso económico- son elegibles, ya sea para recibir beneficios sociales o para ser objeto de instrumentos de políticas públicas (FGC; 2020); en esto, tiende además a completar los catastros nacionales de personas en situación de calle con la finalidad de generar estrategias de prevención en la situación de calle desde la temprana infancia, contar con una oferta especializada para los distintos grupos que componen esta población e implementar intervenciones que reduzcan los tiempos de permanencia en calle (Arellano; 2012).

Caracterizaciones

Dentro de los análisis del registro, se puede apreciar como resultados de dichas encuestas (FGC; 2020), una caracterización por rango de edad, siendo la edad promedio de los encuestados de 44,9 años; con el segmento de mayor rango etario de 30 a 59 años, resaltando como relevante, que el mayor número de entrevistados, más del 14%, son PSC adultas mayores. Respecto de la nacionalidad, se aprecia que el 94,7% PSC son chilenas y el resto compuesto por otros países, donde el país de origen Perú tiene una mayor tasa (29,9%). Otro dato relevante es que más de un tercio de los encuestados señala que se encuentra en situación de calle hace más de 5 años, siendo la razón más frecuente “por proble-

mas con su familia y/o pareja”. Informan de igual modo que la primera vez que estuvieron en situación de calle fue a los 24 años de edad promedio. La tabla anterior, se enmarca en lo que se ha examinado en el principio de este apartado referente a DSS; donde las problemáticas familiares son las más acentuadas. Se puede deducir que el factor psicosocial sería un indicador relevante frente a la decisión de estar en calle; hipotetizando como algunos posibles hitos, la violencia intrafamiliar, baja escolaridad de alguno de los miembros de la familia nuclear y/o de origen; género, edad, entre otros; los que se asocian a la convivencia en una sociedad poco cohesionada, fomentando de este modo la generación de conflictos y fricciones dentro de las comunidades y conlleva a un refuerzo considerable de la inequidad y una disminución en la aceptación a la diversidad; situación que se mantiene en el tiempo, considerando que no existe una política pública para las PSC con enfoque de derechos. Siguiendo con la brecha que existe en los DSS de las PSC; se visualiza que más de un tercio de éstas informó presentar alguna enfermedad crónica, no obstante, 821 personas reportaron que ni médicos ni profesionales de la salud les habían informado que tenían la enfermedad. Esto puede ser reflejo de la ausencia de políticas nacionales de salud pública destinadas a PSC; siendo sólo iniciativas locales de recintos de atención quienes realizan acciones para abordar la problemática; lo que no garantiza necesariamente una transmisión adecuada hacia estos usuarios desde el sistema público de salud respecto de su condición médica; pudiendo incluso considerarse una falta a la actual ley de deberes y derechos de paciente (Ley 20.584), que plantea que toda persona que accede a la salud tiene derecho a un trato digno (párrafo 2, art. 5); derecho a la entrega de información de manera oportuna, veraz y comprensible respecto de su diagnóstico y tratamiento (párrafo 4, art.8), instancias de dicha ley, que tienden a ser precarias respecto de su ejecución por parte de funcionarios y funcionarias públicas en cuanto a PSC como usuarios/as del sistema público de salud.

Otro de los datos relevantes en este estudio, dio cuenta que, desde el apoyo institucional y el acceso a beneficios durante el último año (2020), el 43,7% de las PSC ha recibido alojamiento en albergues; un 18, 6% ha recibido atención y tratamiento en psiquiatría o psicología; un 13,0% se ha sometido a rehabilitación por consumo problemático de alcohol o drogas, un 4,7% ha recibido nivelación de estudios y un 14,5% posee carnet de identidad (FGC; 2020). Respecto de los datos de vinculación social, se desprende que el 41,2% de las personas consultadas señalan haber tenido contacto con familiares cercanos en los últimos tres meses y el 29,4% refiere que algún profesional municipal ha tenido contacto con el/la entrevistado/a.

Vínculos con el entorno

Se torna necesario remarcar que el trabajo desde un enfoque integral-multidimensional es fundamental para que PSC generen acompañamiento tanto en el acceso y atención de salud, como en el ámbito social-familiar en su entorno cercano, entendiendo, por un lado que al ser parte de un grupo vulnerable, por sí mismos e incluso con ayuda del Estado y organizaciones asociadas, es complejo que mejoren su calidad de vida o nivel de salud; ya que en este caso, la situación de vulnerabilidad cobra un sentido multidimensional dinámico y parte de la existencia diaria de las PSC (Cabieses; 2016); por otro lado, es relevante que las PSC puedan mantener relaciones vinculares social y familiar dentro de su entorno cercano o con sus redes primarias, desde un posicionarse como sujetos de derechos, lo que podría contribuir, desde el marco de DSS a disminuir en la desigualdad que existe en relación al bienestar y vulnerabilidad en este grupo de personas. Si bien, esta encuesta posee dentro de su aplicación y resultados ciertas apreciaciones metodológicas expuestas por la misma Fundación Gente de la Calle (2020), brinda aproximaciones preliminares necesarias respecto del mapa general que poseen las PSC, lo que invita a generar distintas reflexiones discursivas en distintos escenarios políticos y sociales, siendo la necesidad de incorporar un enfoque de derechos en una futura política nacional en PSC la urgencia inmediata para brindar a esta población una protección social necesaria que les permita ejercer el derecho a vivir socialmente protegidos (CEPAL; 2006). Con lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que como marco de DSS para las PSC, contemplaría las dos categorías existentes (Cabieses; 2016); por un lado, una arista estructural, es decir, el nivel macro/estructural <político y cultural> y la posición socioeconómica de las PSC, que están mediadas por clase social, género, etnia, ocupación (en caso que exista), nivel educacional e ingresos, 3