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educación aporte privado que el estatal.

El marco regulatorio Un sistema de provisión mixta y con un alto grado de participación privada, como ha llegado a ser el sistema de educación superior chileno, exige un marco regulatorio que junto con garantizar la autonomía de las instituciones y la diversidad en su fisonomía, asegure el logro de ciertos objetivos de bienestar social y corrija las fallas que presenta un sistema en el que el mercado, o sus mecanismos, poseen cada vez mayor presencia.

autonomía y la prosperidad. En tal sentido, el Consejo Asesor hizo un llamado a las autoridades de gobierno, a los líderes empresariales, a los parlamentarios y a la sociedad en general, para que apoyen en forma más decidida a la educación superior chilena, otorgándole los recursos necesarios para superar sus actuales limitaciones, particularmente en el campo de la investigación científica y técnica y en la formación de capital humano avanzado. Y, al respecto, formuló un conjunto de recomendaciones. En el área de formación de capital humano avanzado, recomendó aumentar los recursos hasta ahora disponibles. Esta es la única forma de evitar que, como ocurre hoy, los programas de doctorado se subsidien con el pregrado y no puedan aumentar en número. Ello supone aumentar las becas de doctorado, incluyendo en ellas el pago total del arancel; crear un sistema de aporte fiscal por cada estudiante de doctorado en un programa acreditado; y admitir que los proyectos de investigación concursables incluyan en sus partidas el financiamiento de estudiantes de doctorado. Desde el punto de vista de los programas estratégicos aplicados al área de la innovación y desarrollo, el Consejo desea expresar que si parece correcto focalizar recursos en áreas prioritarias y de ciencia aplicada -la estrategia de clusters- ello no debe hacerse a costa de disminuir el apoyo a la investigación básica en ciencias naturales y matemáticas. Igualmente sugiere poner atención a la evidencia que mostraría que la estrategia de clusters empresariales posee más fracasos que éxitos a nivel comparado. El Consejo desea también hacer presente que los niveles de inversión estatal en ciencia y tecnología son en Chile comparativamente muy bajos, lo que resulta en una capacidad científica limitada. Chile debería proponerse como meta al más breve plazo (5-7 años) alcanzar una inversión en I+D equivalente al 2% de su PGB, incrementando proporcionalmente más el 12

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La provisión El sistema de educación superior admite una muy amplia diversidad de proveedores, y llaman la atención dos aspectos acerca de los que el Consejo se pronunció especialmente. Uno se relaciona con la formación vocacional cuyos programas son impartidos por entidades exclusivamente privadas. En ese ámbito no existe hoy participación estatal. El Consejo sugirió la conveniencia que el estado provea –y no sólo financie- ese tipo de educación especialmente en aquellas áreas en las que la iniciativa privada no logra hacerlo de una manera eficiente. El otro aspecto relacionado de manera muy estrecha con la provisión, es el de la índole o naturaleza jurídica de las instituciones universitarias. En conformidad a la ley vigente y dada una larga tradición histórica, las Universidades deben carecer de fines de lucro. Esto significa que no pueden organizarse como sociedades comerciales o permitir la apropiación de excedentes por parte de sus controladores. Esta regla imperativa afecta sólo a las universidades. No rige, en cambio, en ninguno de los otros niveles del sistema educativo. La experiencia muestra, sin embargo, que se trata de una regla que se cumple a veces sólo formalmente. Hay muchas universidades que son complejos modelos de negocios que, sin transgredir formalmente la ley, permiten la apropiación o el retiro de excedentes. Lo anterior plantea el problema de si la provisión por parte de ese tipo de instituciones ha de admitirse formalmente o no y en caso de admitirse se hace necesario decidir qué tipo de tratamiento habrá de conferírseles. Respecto de ese problema el Consejo no alcanzó una opinión unánime o general. Una parte del Consejo estimó que ha de permitirse la organización jurídica de entidades con fines de lucro y sin él, que su diseño es posible y que, bien regulado, puede ser beneficioso si se lo somete a mayores y mejores niveles de regulación de los hasta ahora existentes. Otra parte del Consejo consideró inadecuado admitir la provisión con fines de lucro, en particular en los establecimientos que reciben algún tipo de financiamiento estatal, directo o indirecto. Ello porque las

El Desafío a las Elites  
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Revista mensual de análisis sociopolítico de la realidad nacional e internacional.

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