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EL FANTASMA DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Martín Hopenhayn ¿Por qué aumenta la violencia?1

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El indicador más general de la violencia, que expresa tasas de homicidio por cien mil habitantes, muestra que entre los años ochenta y hasta mediados de los noventa hubo un aumento de la violencia en la región2. Comparaciones internacionales realizadas a inicios de los noventa ubican a la región de América Latina y el Caribe como una de las más violentas del mundo, con tasas promedio cercanas a 20 homicidios por cien mil habitantes.3 Hacia 1995, un estudio de caso para seis países de la región (Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela) calculaba una tasa de 30 por cien mil habitantes, con aumentos considerables en varios países de la región.4 En algunos países el aumento ha sido muy intensivo: Colombia triplicó y Venezuela duplicó su tasa en dicho lapso. Sin embargo, a comienzos de este siglo otros países de la región registraban tasas muy inferiores, como son los casos de Costa Rica (6.1), Uruguay (4.6) y Chile (1.5). Pero al mismo tiempo se observa un aumento en la tasa de asaltos por cada 100.000 habitantes durante los últimos años. ¿Cómo explicar el aumento de la violencia? Quisiera partir por las posibles correlaciones generales entre el incremento o la persistencia de la violencia urbana, y algunas variables sociodemográficas y socioeconómicas. Una revisión de estos datos permite afirmar que:5 •

No hay correlación necesaria entre el aumento en porcentaje de la población urbana y el aumento de la criminalidad. Bolivia incrementó su población urbana de 36 a 60% del total nacional entre 1970 y 1995 y Paraguay del 37 al 52%, mientras Colombia lo hizo del 58 al 72% en el mismo período, y Venezuela del 72 al 86%; y la violencia urbana en Bolivia y Paraguay ha permanecido relativamente estable mientras en Colombia y Venezuela ha aumentado sostenidamente durante ese lapso de tiempo. Sí pueden existir correlaciones entre aumento de la violencia y del desempleo. Así, por ejemplo, Argentina ha padecido un incremento significativo de la violencia en los 90 y a comienzos de la década actual, mientras la tasa de desempleo en el país aumentó de 7.4 en 1990 a 17.5 en 1995 y 17.2 en 1996. En Colombia, la tasa de desempleo se ha

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Para los datos que figuran en este punto me he basado en: Irma Arriagada y Lorena Godoy, 1999, y De Rementería, 2003.. 2 Los datos contenidos en este trabajo sólo incluyen hasta mediados de la década pasada, dado que la investigación tuvo lugar a fines de los noventa. 3 Ver Rodrigo Guerrero, marzo 1998. 4 J.L. Londoño, “Epidemiología económica de la violencia urbana”, citado por Arriagada y Godoy, 1999. 5 Basado en las estadísticas del Anuario Estadístico de la CEPAL correspondientes a 1999. 1


mantenido casi todo el período 1970-1997 en los dos dígitos, y coincide con el aumento de la violencia urbana. En Venezuela ocurre lo mismo. Pero también hay países donde las fluctuaciones en el desempleo no generan mayor violencia, como son los casos de Uruguay y Bolivia. Por otra parte, y esto es quizás más importante, cuando el desempleo aumenta sostenidamente y luego desciende, este descenso no va acompañado de una baja en la violencia urbana. En cuanto a los cambios en la distribución del ingreso, es muy probable pero no inexorable la relación entre un deterioro distributivo y un aumento en la violencia. Por un lado vemos que Argentina, Brasil y Venezuela, países donde sí se ha incrementado la violencia urbana, ha empeorado la distribución del ingreso. Mientras en Argentina el primer decil (más pobre) bajó su participación en los ingresos del 2.8 al 2.1% entre 1980 y 1997, el más rico subió de 30.9 a 35.8% en el mismo lapso. En la década 19902000 en Argentina, los cuatro primeros quintiles bajaron su participación, y sólo el quinto quintil subió fuertemente. Vale decir, hubo una clara concentración de los ingresos. En Brasil, el país de peor distribución del ingreso en la región, el primer decil bajó de 1.3 a 1.1% su participación en los ingresos entre 1979 y 1996, mientras el decil más rico subió de 39.1 a 44.3% en el mismo lapso, y fue el único decil que subió su participación en los ingresos. Coincide esto con un período de aumento en la violencia urbana. En Venezuela, otro país de fuerte incremento en las tasas de homicidios durante las últimas dos décadas, el decil más pobre bajó su participación en los ingresos de 2.5% a 1.8% entre 1981 y 1997, y el más rico subió “escandalosamente”del 21.8 al 32.8% en el mismo lapso, y sólo el quintil más rico subió su participación en los ingresos mientras el resto bajó fuertemente. Pero en Colombia, por ejemplo, el primer decil aumentó su participación de 0.9 a 1.4 entre 1980 y 1997, mientras el decil más alto bajó de 41.3 a 39.5% en el mismo lapso. Chile, con una mala distribución del ingreso, no alteró dicha estructura, y es un país con un nivel relativo de baja violencia urbana, aunque con incrementos entrre mediados de los ochenta y de los noventa. Uruguay, tal vez el país menos violento de la región, mejoró sensiblemente su estructura distributiva: el decil más pobre subió de 2.7 a 3.7 entre 1981 y 1997, y el más rico bajó de 31.2 a 25.8% en el mismo lapso. Panamá, que padeció también un incremento en la violencia urbana, vio concentrada la participación del decil superior de un 29.1 a un 37.3% entre 1979 y 1997. Bolivia, otro país con muy baja tasa de violencia relativa en la región, vio mejorar su distribución de ingresos: el decil más pobre subió de 0.7 a 1.6% entre 1989 y 1997, y en el mismo período el decil más rico bajó su participación de 38.2 a 37.0%. Respecto del porcentaje de hogares pobres y su evolución, no incide en el grado de violencia, pero sí puede incidir el aumento de éste a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, en Buenos Aires dicho porcentaje aumentó de 5 a 13% entre 1980 y 1997, período en que hubo claramente un incremento en la violencia metropolitana. En Santiago de Chile, en

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cambio, el porcentaje disminuyó de 33 a 12 entre 1987 y 1996, mientras que la violencia no decreció y posiblemente se incrementó. En Caracas se incrementó de 12 a 21% entre 1981 y 1994, período en que también aumentó de manera importante la violencia delictiva. Los datos son sugerentes aunque no concluyentes, y permiten inducir que hay mayor relación entre variables socioeconómicas y violencia que entre ésta y las variables sociodemográficas: mientras la concentración urbana no parece incidir en el nivel de violencia, variables como el deterioro en la distribución del ingreso, el aumento del desempleo y de la pobreza urbana, sí pueden influir –no tanto la estructura, como la dinámica en estas tres variables-. También se puede entender la violencia como efecto de los cambios en la relación entre expectativas y logros. Recordemos que el discurso del desarrollo y la modernización en América Latina, hasta la década de los 70, vinculó integración material con integración simbólica. En otras palabras, el acceso a viviendas adecuadas, empleos modernos con ingresos crecientes, servicios de salud e infraestrucura urbana y mayor consumo de bienes y servicios (dimensión material), se asociaba a mayor educación formal, desarrollo cultural, institucionalización política y acceso a la comunicación mediática (dimensión simbólica). La sociedad de masas moderna venía anunciada con la sincronía entre ampliación del consumo a toda la población, y sociabilización de todos en la lectoescritura, la información actualizada y el uso "opinante" de espacios públicos. Este vínculo no es claro hoy día. Porque mientras el acceso al dinero choca contra una distribución del ingreso que no mejora, y se agrava en períodos de contracción monetaria, racionalización empresarial o ajuste macroeconómico (siempre con incremento del desempleo en los grupos de menores ingresos), por otra parte se expande a un ritmo más sostenido el acceso a bienes simbólicos como la educación formal, la televisión y la información actualizada. Veamos algunos datos sugerentes. Entre 1980 y 1997, según cifras de la UNESCO, el número de televisores por cada mil habitantes aumentó de 98 a 205, y el de radios se incrementó de 259 en 1980 a 413 en 1996, siendo la región en desarrollo que, por mucho, cuenta con la mayor densidad televisiva y radial. En el mismo período, además, se reflejaron logros educativos acumulados en décadas precedentes, lo que implicó un aumento importante del nivel medio de instrucción de los jóvenes en relación a la generación anterior. Y sin embargo, en 1999 la incidencia de la pobreza excedía en tres puntos porcentuales al 41% registrado en 1980, y el porcentaje de indigencia reflejaba niveles similares a comienzos de los ochenta y fines de los 90 (CEPAL, 2001), mientras hacia el año 2002 el número total de pobres sobrepasaba los 220 millones de habitantes en la región, rondando el 40% de la población total (CEPAL, 2003).. Si consideramos que el ingreso per cápita promedio de América Latina era claramente superior en 1999 que en 1980, y la incidencia de

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pobreza se mantuvo igual o peor, entonces debemos concluir que se ha dado un proceso de franco retroceso distributivo, con el consiguiente aumento de los contrastes sociales. Pareciera que a mayor volatilidad financiera a escala global y nacional, mayor concentración del ingreso. Así, por ejemplo, entre 1999 y el 2002 la mayoría de los países latinoamericanos padecieron una mayor concentración del ingreso en los sectores altos, precisamente durante años de alta volatilidad y flujo negativo de capitales. Por otro lado, en los años 90 tres de cada cuatro empleos generados en la región han sido del sector informal, lo que implica bajos ingresos, precariedad en el trabajo, falta de protección social y reproducción intergeneracional de la pobreza. En contraste, aumentó fuertemente el acceso al conocimiento, la información y la publicidad, con un ritmo muy distinto al del acceso a ingresos y bienestar. La idea secular de que el uno y el otro hacían parte de un círculo virtuoso se ve desmentida por los datos recién presentados. Países como México, Venezuela, Colombia y Brasil tuvieron un aumento exorbitante en industria mediática y en cobertura y logros educacionales, y una evolución muy distinta en reducción de la pobreza urbana o mejoramiento en la calidad de vida de los pobres. Y sintomáticamente, la década de los 80 y los comienzos de los 90 marcan un salto significativo en los niveles de violencia de las ciudades latinoamericanas, y una clara sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía. Especial consideración merecen los protagonistas de la violencia, tanto en calidad de ejecutores como de víctimas y estigmatizados. Ellos son, principalmente, los hombres jóvenes de bajos recursos que merodean los centros urbanos. Arrastran una combinación explosiva: mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral de acuerdo con sus niveles educativos; un previo proceso de educación y culturización en que han interiorizado el potencial económico de la propia formación, desmentido luego cuando navegan sin éxito entre los avisos de oferta de trabajo; mayor acceso a información y estímulo en relación a nuevos y vistosos bienes y servicios a los que no pueden acceder y que, a su vez, se constituyen para ellos en símbolos de movilidad social; una clara observación de cómo otros acceden a estos bienes en un esquema que no les parece meritocrático; y todo esto en un momento histórico, a escala global, donde no son muy claras las "reglas del juego limpio" para acceder a los beneficios del progreso. Infantilizados por los adultos, sobre ellos tiende a pesar una mirada fóbica que los construye como potencialmente violentos, consumidores de drogas y moralmente débiles; y esta imagen opera a veces como profecía autocumplida. Así narrada la historia, no parece casual que el aumento de la violencia urbana durante la última década tenga a jóvenes como protagonistas. Violencia y droga encarnan y desencarnan hoy las sordas tensiones de una generación que infructuosamente busca su autonomía, tensada entre un destete mental precoz y una demora creciente para arreglárselas sola y armar la casa propia. Por un lado los jóvenes introyectaron el fuerte anhelo de

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autonomía que es parte del espíritu de la modernidad, y que ellos ahora lo llevan no como discurso ni bandera sino como cuerpo y sangre: no les basta con pensar por ellos mismos, sino que obran de acuerdo a ese pensar, sin importar si coincide o no con los criterios parentales o institucionales. No es una autonomía políticamente reivindicada, sino espontáneamente ejercida. Pero por otra parte los jóvenes no abandonan los hogares de sus padres, los tiene paralizados esta dependencia económica que se alarga a medida que se requieren más años de estudios para marcharse a gusto. Sobre todo si pretenden aspirar a un empleo que provea ingresos suficientes para ocupar una vivienda propia y sufragarse los gastos. Así, la expectativa de autonomía es mayor que en generaciones precedentes que crecieron bajo patrones más tradicionales, pero la posibilidad de ejercerla es más estrecha por las restricciones del mercado laboral, las exigencias de la sociedad del conocimiento, y la falta de acceso a viviendas propias en ciudades donde el suelo es cada vez más caro. La juventud está entonces atrapada en una doble contradicción: entre la autonomía moral y la heteronomía material, pero también entre la gratificación inmediata y la gratificación diferida. Esto se ha planteado ya en páginas precedentes: de un lado los jóvenes son alentados por los medios de comunicación, los pares y la sociedad de consumo a gozar del presente, y la edad los empuja precisamente a la búsqueda del goce y la experimentación sobre todo ante mercados saturados de ofertas-. Pero a la vez la misma sociedad, a través de los padres, los discursos educativos y la experiencia a la vista, transmite e impone el imperativo contrario: formarse hoy, sacrificar el placer en aras del disciplinamiento-aprendizaje, para tener opciones de competir en un futuro donde el más educado será el más exitoso. Y si por factores etarios los jóvenes siempre han tenido que lidiar con esta dicotomía, ahora los dos lados del conflicto se hacen más apremiantes, a saber, más estímulos para el goce inmediato, más presión por formarse en destrezas para el futuro. Entre una racionalidad hedonista y otra instrumental, entre el impulso dionisíaco y la contención disciplinaria, los jóvenes estallan, se violentan, violentan, son violentados. Los espasmos expansivos –violencia en los estadios y los clubes, reviente en las azoteas y los sótanos- son formas que emergen de la tensión entre estas antípodas, descompresiones funcionales de la propia contradicción. Hay otras explicaciones sobre la violencia en América Latina. Una postula la ausencia del Estado. Esta ausencia habría hecho posible el estallido de conflictos violentos o situaciones sostenidas de violencia: Perú con Sendero Luminoso; Colombia con las guerrillas, el narcotráfico y el terrorismo paramilitar; Brasil con el asesinato masivo de campesinos sin tierra o niños de la calle. La ausencia del Estado se entiende como deficiente atención pública a necesidades urgentes, sobre todo por falta de cobertura territorial de servicios y programas; como falta de presencia de la autoridad pública en zonas con alto índice de poblaciones marginales tanto urbanas como rurales; y como falta de ciudadanía,

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es decir, de acceso de grupos al procesamiento público de demandas y al ejercicio de derechos y cultura democrática. Pero cuesta aceptar esta hipótesis porque de ella podría inferirse, como antídoto a la violencia, un Estado fuerte. Sea en su versión represiva o asistencial. Sin embargo no es lo mismo el control que la asistencia. Además, la hipótesis también abre una puerta alternativa, a saber, que ante la falta de Estado el mejor antídoto contra la violencia es la mayor densidad de ciudadanía y participación colectiva en los mecanismos de autocontrol. De modo que se plantean dos alternativas que bien divergir o converger: por un lado, más Estado; por el otro, más capital social y más sociedad civil. Otra explicación arguye que la violencia estalla porque germina previamente en una cultura que la propicia. Se trataría, en este caso, de una costumbre históricamente arraigada de resolver conflictos por vía de la violencia, que a su vez se retroalimenta de sus propias consecuencias.6 Cultura que es causa y consecuencia de la misma violencia, y tiende a investir de violencia distintos ámbitos de la vida social: la calle, la política, la economía (sobre todo ilegal) y la recreación. Colombia es el caso más dramático, pero no el único, de cultura de la violencia en América Latina, y no puede reducirse a una causa única. En el caso colombiano se mencionan distintos motivos que concurren para explicar la violencia y la cultura de la violencia: la extensión del modelo de familia autoritaria a la actividad laboral, primero en el campo y luego en la ciudad; una cultura machista difundida donde la violencia se liga al honor, la hombría y la justicia; el porte masivo de armas blancas y de fuego (ahora también muy difundido en países de América Central y Venezuela), que es tanto causa como aliciente de la cultura de la violencia; la presencia de larga data de tantas formas de economía ilegal y la pugna, también al margen de la ley, por los recursos generados en dicha economía; la violencia política arraigada sobre todo desde el "bogotazo" a fines de los años cuarenta del siglo pasado, y la debilidad de las instituciones mediadoras en los conflictos políticos; la tradición de mafias y pandillas, no sólo como formas de organización sino también como parte de la vida cotidiana y mecanismos de status y de inclusión, donde la disposición a la violencia es requisito de ingreso; la subordinación del valor de la vida del otro a intereses propios (desde sicarios hasta guerrilla, narcos y paralimitares). 2.

El fantasma de la violencia

La violencia alarma a las sociedades latinoamericanas. En algunos países de la región la gente privilegia el tema de la seguridad frente a otros como la educación y la salud. En Chile y Argentina, países donde hasta pocos 6

El problema de explicar la violencia por la cultura de la violencia es que resta especificidad a las condiciones más concretas que desatan conflictos violentos, relacionadas con formas excluyentes o autoritarias de modernización. Al fin y al cabo, todo es cultura. 6


años el problema de la inseguridad en las ciudades ni siguiera figuraba en las encuestas, hoy es núcleo de preocupación ciudadana y tema insoslayable en la competencia política entre partidos y candidatos.7 De acuerdo a los datos, el aumento en la preocupación por la violencia va de la mano con un aumento real de ella en nuestras grandes ciudades. No siempre esta correlación es consistente, pero guarda mayor proporción que en el caso ya visto del consumo de drogas. Si no se da aquí la brecha entre percepción y magnitud del problema ¿ en qué sentido, entonces, la violencia es un fantasma que recorre la metrópolis latinoamericana? Intentaré algunas conjeturas al respecto. Para ello redefiniré el fantasma como aquello intangible que rebasa el fenómeno, se proyecta desde la especificidad del mismo, y a la vez incide en percepciones y acciones que lo contornean. En primer lugar, el fantasma de la violencia, como el de la droga, opera como relevo temático del conflicto social. No es casual que en tiempos postideológicos, donde el conflicto entre clases sociales se lava y lima para pavimentar el camino de la nueva oleada modernizadora, el tema de la justicia social se hace cada vez más inaudible y en su lugar crece, con nítida sonoridad, el de la justicia penal. Por cierto, la percepción de la ciudadanía respecto de los vacíos de la justicia son plenamente fundamentados: hoy disponemos de información para verificar la corrupción pública, la impunidad en el narcotráfico y el escaso castigo a las violaciones, las historias negras de sacerdotes y jueces, y los abusos de la policía. Sin duda el reclamo por mayor justicia penal y transparencia pública debe constituir una bandera en la lucha por extender el estado de derecho y generar credibilidad pública. Pero su legitimidad no contradice el riesgo de que tras él opere también la sublimación de ese otro reclamo, tanto o más urgente, de justicia social, licuando las utopías de cambio estructural en el mar sin olas de la ciudad protegida. En cierto modo, los escándalos de corrupción que llenan las portadas de los diarios, y las violentas escenas de noticieros televisivos que logran llegar con la cámara al momento del delito, nos hacen olvidar esos otros escándalos mucho más masivos y cotidianos de los contrastes sociales, la concentración del ingreso, la humillación de los deudores bajo la fría administración del capital financiero. No pretendo con esto defender la violencia, sino sólo interrogar sobre los efectos de su fantasma como relevo de otros fantasmas. En segundo lugar, el fantasma de la violencia también opera hacia delante y hacia atrás como justificación de violaciones del Estado de Derecho. Hacia atrás, como oclusión de la memoria de lo siniestro: releva u opaca el terror 7

En Chile, las últimas elecciones presidenciales tuvieron al candidato de la derecha Joaquín Lavín al borde de una inesperada victoria. Una de las razones es que en su gestión como alcalde de la comuna de Las Condes fue reconocido por su eficacia en la lucha contra la delincuencia. Algo parecido ocurrió en el período previo a los comicios presidenciales en Venezuela con la Alcaldesa del Chacao en Caracas y, más recientemente, con la aplastante victoria de Uribe en los comicios presidenciales en Colombia. 7


de Estado, y desplaza el fantasma de los desaparecidos para poner en su lugar el de la violencia y la inseguridad ciudadanas. Hacia adelante, otorgando legitimidad al uso de la fuerza en nombre de la seguridad en las calles. Como caballo de Troya, justifica a futuro el uso de la violencia de Estado por razones de fuerza mayor. Como punta de iceberg, mantiene las deudas del terror pasado por debajo del nivel de flotación. En tercer lugar, el fantasma de la violencia concurre con el de la droga en cristalizar los temores y las fobias que despierta el patrón con que América Latina hoy se abre al mundo. Temores que emanan de la incertidumbre respecto de la estabilidad laboral o la movilidad ocupacional, de la densificación del espacio económico y rarefacción del espacio societal, de las fracturas de la moral privada y las revelaciones de la inmoralidad pública, de los ciclos maníaco-depresivos determinados por la volatilidad en el acceso al dinero, y de la mayor dificultad para controlar las variables que inciden en la vida personal. Todo ello se desplaza rápidamente hacia los objetos de mayor intimidación especular y resonancia metafórica. Esos objetos suelen ser, y cada vez más, la violencia urbana y el uso de drogas. Cuestionar el espacio fragmentado, la falta de integración o la incoherencia entre moral pública y privada, es cuestionar la base del sistema y del modo de vida en la gran ciudad latinoamericana. No así impugnar la violencia y el uso de drogas, “males” que si bien pueden nutrirse de ese mar de fondo y aparecen como punta de iceberg, tienen la ventaja que se combaten sin necesidad de poner en tela de juicio el resto del iceberg. Es el caso de la política de “ tolerancia cero” en el combate a la violencia y de la “guerra a las drogas” en el combate a las drogas. No se cuestiona allí el orden social, sino que se construyen el problema-violencia y el problema-drogas como epidemias que parecieran ajenas al conjunto de la sociedad, y que se pueden combatir en esa misma lógica. El “sistema” le declara la guerra a enemigos que surgen del subsuelo de ese mismo sistema; pero esa guerra se lleva a cabo concibiendo esos enemigos –la violencia, la droga- como absolutamente externos, accidentes de ruta, vestigios de barbarie que va botando la civilización. Como ya se dijo, el fantasma opera aquí como desplazamiento pero también como aislamiento y conjuro. La droga y la violencia conjuran el desasosiego que despiertan otros temas pendientes, estructurales y de fondo. Desplazan el objeto de desasosiego hacia supuestas anomalías que el imaginario social espera neutralizar, aislar o extirpar –el flagelo de la droga, la epidemia de la violencia-. El descentramiento conjura, sublima, pero no resuelve. En cuarto lugar, es natural que el aumento de la violencia despierte en la sociedad y en las personas una autopercepción de mayor vulnerabilidad y fragilidad, más todavía cuando se constata que la justicia penal-procesal está regada de vacíos y excepcionalidades. Nada alimenta más el fantasma de la vulnerabilidad que la anticipación imaginaria de un otro que nos agrede y frente

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al cual nunca sabemos cuán dañados podemos acabar. La posibilidad de que la agresión ocurra en cualquier parte y a cualquier hora, la incertidumbre respecto de la eficacia de nuestras defensas y de la magnitud de la violencia en los otros, en fin, la sombra de nuestra propia muerte o mutilación como extremo contra el cual se dibuja cualquier escena de violencia: todo ello hace que por definición la violencia se replique exponencialmente como fantasma. En quinto lugar, el fantasma de la violencia opera estigmatizando, hasta convertir el caso concreto en tipología general. Así, el joven, varón, suburbano y de bajos ingresos encarna la posibilidad de una agresión o un robo. Padece el contagio de un fenómeno en el que está pasivamente involucrado por coincidencias socioeconómias, etarias y de género. El fantasma se revierte contra él en un juego de espejos donde su imagen individual se ve reproyectada como prototipo general. Si transgrede las fronteras invisibles del territorio de pertenencia, podrá ser requerido por la policía, impedido de ingresar en locales comerciales, o cuando menos electrizado por miradas que lo desnudan para ver tras su “tipo” un cuerpo concreto al acecho de una víctima (¿pero quién es aquí la víctima?). El fantasma generaliza, construye un arquetipo, no discrimina cuando discrimina. En sexto lugar, el fantasma de la violencia se hace reconocible en cambios de diseños y trayectorias dentro de la ciudad. Las personas restringen su circulación en espacios públicos, evitan salir de noche o visitar ciertos barrios, se recluyen tras los muros y se abastecen de esparcimiento puertas adentro. Se reduce así la interacción con el otro, sobre todo cuando el otro es de otro nivel socioeconómico; y se desalienta la sociabilidad espontánea que surge de los encuentros en lugares públicos. Proliferan los enrejados y los condominios, y muchos se bajan de sus casas para subirse a departamentos en edificios con guardia las 24 horas. Aumenta el gasto en seguros contra robos, pago a agencias de vigilancia o adquisición de artículos de protección física. Las actividades comerciales tienden a concentrarse en grandes centros (malls), entre otras cosas por el resguardo ante asaltos y accidentes. El fantasma pasa del lado de la causa al de las manifestaciones. Parte del nuevo ordenamiento físico de la vida metropolitana encarna el fantasma de la seguridad -y su opuesto, el la violencia-. Éste fantasma irradia así un cambio en diseño, vida cotidiana, percepción del otro y valoración de la seguridad. Por lo mismo, su presencia-ausencia circula por aquellos espacios que han debido reconstruirse ascépticamente para conjurar la amenaza del otro. Condominios, malls, puertas reforzadas y segregación de la ciudad concurren en esta “estética epidemiológica” que privilegia la seguridad por sobre el contacto, y está dispuesta a sacrificar el placer cosmopolita de la errancia en la gran ciudad. En cada opción que nos coloca dentro de este formato de seguridad familiar acecha el fantasma de la violencia, su rictus silente o su risa sarcástica. Cuanto más crecen las rejas de protección, más patente el fantasma que emerge tras el conjuro a la amenaza. En palabras de Zygmunt Bauman: “La nuestra es una

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época de cerraduras patentadas, alarmas antirrobo, cercas de alambre de púas, grupos vecinales de vigilancia y personal de seguridad; asimismo, de prensa amarillista ‘de investigación’ a la pesca tanto de conspiraciones con las que poblar de fantasmas un espacio público ominosamente vacío como de nuevas causas capaces de generar un ‘pánico moral’ lo suficientemente feroz como para dejar escapar un buen chorro de miedo y odio acumulados” (Bauman, 2003, p.44). En este marco, la violencia reaviva en las personas su propio guión de vulnerabilidad; activa el eco de las heridas infligidas en el pasado, posiblemente por otros que son parte del propio grupo: padres, hermanos, parientes, amigos, vecinos o compañeros de colegio. O por lejanas figuras que un día irrumpieron y echaron abajo la puerta de la casa. Así, cuanto más cerca percibimos la eventualidad de una agresión violenta, más reflota en nosotros la vulnerabilidad padecida en un difuso lugar del pasado. El miedo se proyecta contra ese otro que ya no es prójimo sino extraño, bárbaro, radicalmente distinto por factores de raza, territorio, cultura o nivel de ingresos. Y también al revés: nuestra propia agresión retenida hacia nuestros prójimos permite ahora hacerse clara y visible porque se desplaza hacia el otro-extraño, contra quien esa misma agresión puede ejercerse sin los sentimientos de culpa que obligaban a reprimirla en nuestros vínculos originarios. _______________ . _______________ En las páginas precedentes he intentado penetrar el fantasma de la violencia. De allí surgen, si no con evidencia concluyente al menos como conjeturas sugerentes, varias ideas que quisiera resumir a modo de conclusión. Primero, el fantasma marca una brecha entre la percepción de un problema y la magnitud del mismo en los hechos. Brecha difícil de conmensurar, por cuanto la percepción es cualitativa y la magnitud se expresa en cifras. Segundo, el fantasma tiene un uso político con fines de control social y también de hegemonía global. Tal es el caso de la política norteamericana en materia de drogas y las políticas internas de buena parte de los países de la región. La guerra a las drogas opera allí como Caballo de Troya. En el caso del combate a la violencia el fantasma también puede cumplir la misma función. Sintomáticamente, son las derechas las que tienden hoy a abogar por políticas más fuertes de control social para garantizar la seguridad ciudadana. Los contrapesos entre libertad y seguridad reaparecen no ya como expresión de un modelo económico, sino de uno penal y policial. Tercero, el fantasma opera como desplazamiento de la inseguridad y como construcción de un depositario de la misma: el consumidor de drogas y el

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delincuente acuñan la carga de fobias y temores que provocan la precariedad laboral, la incertidumbre respecto de la protección de la salud pública y la seguridad social, las exclusiones que ahora genera el trabajo “inteligente”, la volatilidad financiera y la competencia de los jóvenes frente a los mayores en esferas productivas, valóricas y estéticas. El fantasma permite decontextualizar los temores, y reposicionarlos frente a problemas que luego el discurso del orden aísla para interpretar y combatir. Cuarto, el fantasma opera como relevo: de la guerra fría a la guerra a las drogas, de la lucha por la justicia social a la lucha por la justicia penal, de la guerra a las ideas a la guerra a los desbordes. El fantasma hace el relevo, pero también el olvido. Eslabona para discontinuar. Finalmente, el fantasma opera estigmatizando grupos de población, extendiendo el radio de los victimarios a un perfil racial, etario, territorial y/o socioeconómico. El potencial delincuente es el otro: migrante, joven, pobre, marginal urbano, en fin, ese otro que permite canalizar temores cuyo origen puede ser muy distinto –por ejemplo, frente a un semejante que compite en el trabajo o asfixia en el hogar-. Estos son fantasmas de nuestras ciudades que crecen, cambian, se desestructuran y milagrosamente sobreviven a la exclusión, la entropía y las múltiples temporalidades que las habitan. Ciudades que se expanden a un ritmo que el mundo industrializado no conoce, absorbiendo y excluyendo al mismo tiempo. Premodernas, modernas y posmodernas, las recorren los temores de todos los tiempos. Atávicas y también cosmopolitas, a mitad de camino del desarrollo y de la modernidad, pobladas por fantasmas que eslabonan la historia y a la vez la separan en fragmentos truncos. Fantasmas como la droga y la violencia, que callan su propio mar de fondo para expiarlo, pero no redimirlo.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arriagada, Irma y Lorena Godoy, “Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa”, CEPAL, Serie Políticas Sociales No. 32, 1999. Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida, Buenos Aires y México, trad. de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide Squirru, Fondo de Cultura Económica, 2003. CEPAL, Anuario Estadístico de 1999. CEPAL, Panorama Social de América Latina 2000-2001, Santiago, 2001. CEPAL, Panorama Social de América Latina 2002-2003 (versión resumida), Santiago, CEPAL, 2003. De Rementería, Ibán, “Los otros significados de estadísticas delictuales y sobre drogas”, inédito, Santiago, 2003. Guerrero, Rodrigo, “Violencia en las américas, una amenaza a la integración social”, CEPAL, LC/R. 1795, marzo 1998.

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El Fantasma de la Violencia en América Latina