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T铆tulo del Trabajo: Presencia Femenina en las C谩maras de Representantes de la Naci贸n.

Seud贸nimo: gringa


Resumen

La lucha femenina por la participación política constituye un proceso arduo y de larga data. A partir de los primeros años del siglo XX comienza a hacerse visible el interés de las mujeres por lograr un espacio en la vida política; tal es el caso en la historia Argentina, en donde hechos como la implementación del voto femenino (1947) o la creación del Partido Peronista Femenino en manos de Eva Perón pugnaron por los derechos políticos de la mujer. Debido a los avances en las demandas feministas en el espacio político, se llevó adelante la sanción, en 1991, de la Ley 24.012 (Ley de Cupo Femenino) El presente escrito pretende realizar una reflexión filosófica sobre la participación femenina en el Parlamento argentino a través del Sistema de Cuotas Femenino (Ley de Cupo Femenino), desde la idea de Justicia, Democracia y Estado de Derecho de Jürgen Habermas. Lo que se pretende es lograr una visión crítica del problema de la participación femenina y más específicamente de los cupos como mecanismo para lograr la efectiva igualdad entre los sexos, observando si tal mecanismo logra el principio de Justicia que propone la teoría discursiva del autor mencionado.


Presencia Femenina en las Cámaras de Representantes de la Nación

La lucha femenina por la participación política constituye un proceso arduo y de larga data. A partir de los primeros años del siglo XX comienza a hacerse visible el interés de las mujeres por lograr un espacio en la vida política. Un hecho fundamental es la implementación del voto femenino en Alemania en 1918. Este país dio de este modo, el primer impulso (radical en su tiempo) en pos a lograr una participación femenina igualitaria. Con el paso del tiempo, los demás Estados – nacionales siguieron sus pasos, tal es el caso del Reino Unido (1928), España (1931), Francia (1944), Suiza (1971), etc. Pero el voto femenino no solo fue una realidad exclusivamente europea, sino que el proceso se extendió desde occidente hacia América y al resto del mundo. En el caso de Argentina, los datos históricos señalan que ocupó el octavo lugar en implementar dicha reforma. Como señala Marysa Navarro, "la Argentina en particular ofrece un caso interesante por ser éste un país en el cual las mujeres tuvieron altos índices de representación en las tres primeras elecciones en que participaron (1951, 1953 y 1955), índices excepcionales en aquel entonces en el nivel mundial, que no pudieron reproducirse hasta fines de siglo. Si bien la Argentina fue el octavo país latinoamericano en dar el voto a las mujeres (el primero fue Ecuador, que lo hizo en 1929, seguido por Brasil y Uruguay, ambos en 1932, y el último Paraguay, solamente en el año 1961), las mujeres argentinas llegaron a su primera elección en condiciones excepcionales" (Navarro, 2000: 21) La Ley Argentina que dio origen al voto femenino fue la 13.010 que se sancionó en el año 1947 gracias a la presencia de Eva Perón que bregó por los derechos políticos de la mujer e incluso inauguró el Partido Peronista Femenino dos años más tarde. Debido a los avances en la lucha femenina en el espacio político, se hicieron cada vez más numerosos e influyentes los movimientos feministas y sus demandas hacia las instituciones públicas. Uno de los mecanismos a través de los cuales podemos ver cristalizadas estas demandas es la instalación de cuotas o cupos femeninos obligatorios en los parlamentos estatales. El primer país latinoamericano en implementarlas fue Argentina en el año 1991 cuando se aprobó la Ley 24.012 (“Ley de Cupo Femenino”) que establece que “Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos” (Ley 24.012 de 1991) Además, el Presidente de la Nación Argentina decretó: “Artículo 1º: El ámbito de aplicación de la Ley 24.012 abarcará la totalidad de los cargos electivos de parlamentarios nacionales y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de Concejales y Consejeros Vecinales. Artículo 2º: El TREINTA POR CIENTO (30%) de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescrito por la ley 24.012, debe interpretarse como una cantidad mínima” (Decreto 379/93 de 1993) Esta ley fue aplicada por primera vez en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas de 1993 y el 28 de diciembre de 2000 el Presidente Fernando De la Rúa firma un decreto (Decreto 1246/00 de 2000) por el cual la Ley de Cupo se extiende al Senado; esta nueva ley fue aplicada en las elecciones de octubre de 2001.


Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados por las mujeres en este terreno, desde el año 2005 el Instituto Social y Político de la Mujer inicia la “Campaña 50 – 50: por el equilibrio en la representación” a nivel nacional e internacional para lograr el 50% de presencia femenina en la composición del Congreso Nacional, considerando por lo tanto, que el 30% actual es un porcentaje insuficiente si se quiere llegar a un trato igualitario efectivo.

El sistema de cuotas como mecanismo para acercarnos al ideal de Justicia Todas las luchas llevadas a cabo por los movimientos feministas en pos de lograr una mayor participación de las mujeres en el espacio de las instituciones públicas, han sustentado su accionar detrás de un ideal supremo: el de Justicia. Es precisamente por esta razón, que la pregunta inicial que se plantea en este análisis puede sintetizarse del siguiente modo: el sistema de cuotas implementado en Argentina en las Cámaras de Representantes de la Nación ¿constituye efectivamente un avance en materia de Justicia? Siguiendo la perspectiva de Jürgen Habermas, la lucha femenina por implementar cuotas mínimas de participación en las cámaras parlamentarias argentinas puede definirse como una lucha por el reconocimiento de la identidad sexual. Es precisamente esta característica la que hace que estas luchas constituyan un desafío al Estado de Derecho, ya sea que éste se entienda de modo liberal o bajo la perspectiva del Estado social. Frente a esta situación aparece una tercera alternativa que pretende superar el problema del reconocimiento: el derecho procedimental. Este paradigma desconocido por las miradas anteriores, permite comprender “la interna conexión entre la autonomía privada y la pública” (Habermas, 1999: 256) Siguiendo al mismo autor, las cuotas a su vez pueden ser pensadas como mecanismos de institucionalización de la comunicación, ya que permiten que la identidad femenina se exprese y sea escuchada en el proceso democrático de deliberación y formación de las leyes dentro de las cámaras parlamentarias. En síntesis (y retomando la pregunta inicial planteada), puede interpretarse que el sistema de cuotas femeninas respondería a aquel ideal de Justicia siempre y cuando este mecanismo de institucionalización de la comunicación permitiese reconocer la identidad femenina y fortalecer la deliberación en las cámaras parlamentarias bajo las condiciones ideales de habla. La Ley de Cupo constituiría a su vez, una norma jurídica legítima si lograse hacer posible la concreción de la autonomía pública de las mujeres y simultáneamente, la de su autonomía privada. Siendo ésta la noción central de Justicia a analizar en el presente trabajo, la siguiente pregunta a responder será: las cuotas parlamentarias ¿reúnen tales condiciones señaladas por Habermas como definitorias de una situación de Justicia? Dada la noción de justicia, el primer argumento que podría señalarse para evidenciar su vigencia en este sistema, sería que el mismo constituye un mecanismo que institucionaliza la expresión femenina mediante un mecanismo legal y que permite que la identidad de las mujeres efectivamente se exprese y sea reconocida en el marco de los debates parlamentarios, ya que asegura que un 30% de los miembros de las cámaras sean de este sexo. Ahora bien, habría que analizar los supuestos desde los que parte Habermas al hablar de “identidad colectiva de las mujeres” y del feminismo como “fenómeno del lucha por el reconocimiento”. En su


libro “La Inclusión del Otro”, el autor analiza el multiculturalismo, el nacionalismo, al colonialismo y al feminismo y sobre ellos dice que si bien no deben ser confundidos, comparten una característica común: la opresión, la marginación, el desprecio. Todos ellos luchan por el reconocimiento, son movimientos de emancipación cuyos objetivos políticos se definen en clave cultural. En su abordaje del feminismo, pueden leerse las siguientes expresiones: “situaciones de vida y experiencias especificas de cada sexo”

y “aportaciones e intereses específicos de las mujeres”

(Habermas, 1999: 198). Estas nociones hacen dar cuenta que Habermas considera a la Identidad colectiva de las mujeres como una unidad, única y diferenciada de la de los hombres que concentra interpretaciones comunes de necesidades, intereses, aportaciones y criterios. Pero esta visión no considera que en realidad existen múltiples identidades femeninas y no una interpretación única entre todas las mujeres y que además, por momentos, los discursos provenientes de diferentes mujeres se vuelven tan contradictorios (como por ejemplo en el caso de las opiniones sobre la despenalización del aborto) que llegan a asimilarse más a los discursos de los hombres que a los de las mujeres mismas. Para comprender esta afirmación es necesario hacer algunas precisiones conceptuales. En primer lugar, el sexo “se refiere a la diferenciación biológica entre machos y hembras. Por lo general se distinguen seis componentes principales: la composición cromosomática, los órganos reproductores, los genitales externos, los genitales internos, el componente hormonal y las características sexuales secundarias” (Macionis y Plummer, 1999: 344). El género por su parte, esta relacionado con lo cultural, “se refiere a los aspectos sociales adscritos a las diferencias sexuales” (Macionis y Plummer, 1999: 344), es decir, refiere a la distinción entre lo femenino y lo masculino. En tercer lugar cabe aclarar que se entiende por identidad de género: “refiere al estado psicológico en el que se encuentra una persona cuando dice soy un hombre, soy una mujer” (Macionis y Plummer, 1999: 344). Por último el rol de género es definido como el “aprendizaje y puesta en práctica de las prácticas sociales aceptadas que van asociada a un determinado género” (Macionis y Plummer, 1999: 345) Habermas habla de identidades colectivas de mujeres y hombres como sinónimo de diferencias entre sexo, pero sin embargo las define en clave cultural, es decir, como género. Realiza una asociación lineal entre sexo y género, sin tener en cuenta que el género es independiente del sexo (prueba de esto son los transexuales y travestis) Además, el autor no tiene en cuenta que tanto mujeres como hombres no pueden definirse “absolutamente” a partir de sus identidades femeninas y masculinas, si no que a ésta relación se suman las opciones ideológicas, las relativas a posiciones sociales, económicas, etc. que introducen diferencias al interior de un mismo género. Por ejemplo, en un tema tan particular como lo es la legalización del aborto, las mujeres, a la hora de emitir su opinión pueden considerar aspectos económicos tales como: “no tengo el dinero para comprar pastillas anticonceptivas”, con lo cual su 1

posición de mujer queda en un segundo plano . Bajo esta mirada entonces, el sistema de cuotas parlamentaria no constituiría un avance hacia el logro de la Justicia ya que si se considera que, en el proceso de deliberación dentro de las cámaras 1

Como ejemplo de ello, puede verse el artículo: “El Senado aprobó ligadura de trompas y vasectomía” en http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/08/10/20068v10f11.php, donde se observa diferentes discursos sin distinción de sexo.


parlamentarias todas las posiciones deben estar representadas, y a su vez, que la diversidad de puntos de vista no tiene relación directa con el sexo biológico de las personas sino que por el contrario se relaciona con la ideología e idiosincrasia propia de cada individuo, no se justifica la obligación (bajo este estricto punto de vista) de que 30 de cada 100 diputados o senadores sean necesariamente mujeres. Retomando a Habermas, la segunda condición que debiera darse para poder hablar efectivamente de un sistema “Justo”, sería que mediante éste se logre fortalecer la deliberación igualitaria entre hombres y mujeres en las cámaras parlamentarias bajo las condiciones ideales de habla. Desde esta mirada, podría justificarse el sistema de cuotas femeninas, ya que las condiciones ideales de habla, para las mujeres que integran las cámaras por la Ley de Cupos, pueden considerarse realizadas. Tales condiciones incluyen que: 1) Cualquier mujer que integre las cámaras, capaz de hablar y actuar, puede participar en el proceso de discusión racional. 2) Cualquier mujer puede: a) problematizar cualquier afirmación; b) introducir cualquier afirmación en ese proceso discursivo, y c) expresar sus posiciones, deseos y necesidades. 3) A ninguna mujer puede impedírsele ejercer sus derechos. Esto es así, dado que en las cámaras las mujeres tienen las mismas condiciones de voz y voto que los hombres. Prueba de esto es que todos los legisladores tienen por igual fueros parlamentarios consagrados en la Constitución Nacional en su artículo 68 que establece: “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Debe aclararse que aquí se está analizando la vigencia de las condiciones ideales de habla dentro del parlamento, y si estos se violan por el sólo hecho de ser mujeres, ya que se sabe que por ejemplo, podría impedírsele la palabra a ciertas mujeres por cuestiones políticas, coimas, etc., pero tales aspectos no resultan relevantes para el presente análisis. Sin embargo este argumento podría ser relativizado o al menos repensado teniendo en cuenta la siguiente consideración: si se analizan las cuotas en relación a los hombres, la situación se presenta diferente, ya que éstas podrían negarle la posibilidad de discurso y deliberación a otros que puedan tener mejores ideas para expresar e incluso más representativas con respecto a la sociedad. Por lo tanto aquí, las condiciones ideales de habla para los hombres no se verían realizadas y las cuotas serian un retroceso en relación a la justicia deliberativa, ya que ese 30% obligatorio de mujeres impediría indefectiblemente la participación de otros potenciales hablantes masculinos o de otros grupos de interés. Como tercer argumento debe considerarse que la ley de cupos permitiría alcanzar una situación más justa sólo si lograra constituirse en una norma legítima. Siguiendo a Habermas las teorías del Derecho Racional han dado respuesta a la cuestión de la legitimación de la norma, por un lado, por referencia al principio de soberanía popular que se expresa en los derechos de comunicación y participación y que garantizan la autonomía pública (es decir, se funda en la noción de libertad de los antiguos). Y por otro, por remisión al imperio de la ley que se expresa en los derechos fundamentales y garantiza de éste modo la autonomía privada (libertad de los modernos). Frente a esto, Habermas considera que los ciudadanos “son autónomos sólo si los destinatarios del derecho pueden entenderse a sí mismos simultáneamente como autores” (Habermas, 1999: 202). Bajo este aspecto


entonces, podría argumentarse que si las mujeres son autoras de las leyes que las tienen como destinatarias, logran su autonomía y la tan ansiada equidad y justicia. Sin embargo, desde nuestra mirada, debería preguntarse si realmente existen normas que tengan a las mujeres como destinatarias específicas. Una respuesta simple podría ser la cuestión del aborto que compete al cuerpo de las mujeres. Sin embargo ¿hasta qué punto el aborto tiene a las mujeres como únicas destinatarias? La cuestión se vuelve mucho más compleja y la obligatoriedad del sistema podría llegar a ser cuestionada. Finalmente, el último argumento que debe considerarse es que la deliberación igualitaria entre hombres y mujeres no debiera limitarse a las Cámaras Parlamentarias, es decir, al Poder Legislativo, sino que debería ser pensado en un contexto más general. La participación femenina debería extenderse a todas las instituciones políticas del Estado. Siendo éste el ideal que debiera alcanzarse, lo contrario se devela cuando se analizan las estructuras de las instituciones políticas argentinas: el sistema de cuotas resulta insuficiente. El motivo de esta insuficiencia se debe a que, a pesar de la implementación de la Ley de Cupos en Argentina, las mujeres siguen siendo minoría en la conformación del Congreso: en la Cámara de Diputados, sobre un total de 257 integrantes, sólo 97 son mujeres. En términos porcentuales, la presencia femenina representa un 38% con respecto al total de Diputados. En la Cámara de Senadores, sobre un total de 72 integrantes, 28 son mujeres, representando esta cifra un 39% de presencia femenina en dicha cámara. Su presencia en los niveles superiores de gobierno sigue siendo escasa: esto se demuestra cuando se analizan los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Ministros y Presidente de la Cámara de Diputados; en este caso, sólo el cargo de Presidente es ocupado por una mujer. Además si se observa la nómina de autoridades que conforman los Ministerios de la Nación, 2

puede verse que sólo el 20% de los mismos está ocupado por mujeres Por último, en la Corte Suprema de Justicia se observa que, en base a un análisis de tres cargos, sólo dos lugares son ocupados por mujeres

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Si bien las cuotas han logrado que se alcance e incluso se supere por muy poco margen el 30% de presencia femenina en la Cámara de Diputados y de Senadores, éstas siguen siendo un piso mínimo obligatorio y aún no han logrado constituirse en mecanismos que incluyan efectivamente a las mujeres en la dinámica y funcionamiento de las instituciones políticas. La Ley de Cupos terminó siendo entonces, sólo una salida rápida, que acalló a los movimientos feministas en su momento y posibilitó que Argentina formara parte de un contexto global (en el que estaban comenzando a implementarse este tipo de soluciones), y no un acercamiento efectivo al ideal de Justicia. Es decir, la solución que debió haber sido parcial y el comienzo de un proyecto más general en pos a alcanzar aquel ideal de Justicia, terminó siendo por el contrario definitiva.

2 Los Ministerios que se han tenido en cuenta para el análisis son: Ministerio de Cultura y Educación; Ministerio de Defensa; Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente; Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio del Interior; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ministerio de Salud y Acción Social; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio de Industria; Ministerio de Turismo; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Seguridad. 3 En éste caso, se analizó los cargos de: Presidente, Vicepresidente y Ministros.


Por último, la parcialidad de la medida adoptada encuentra sus raíces en que dicha Ley ataca las consecuencias y no las causas de la diferencia de género. Esto es así ya que las instituciones (y su conformación) son sólo un reflejo de la sociedad en la que se hallan inmersas. Con esto se quiere hacer notar que, tal como lo menciona Habermas “las personas (...) forman, (...) puntos nodales de una red adscriptiva de culturas y tradiciones, de contextos de vida y de experiencia compartidos de manera intersubjetiva. Y este contexto constituye también el horizonte dentro del cual los ciudadanos, tanto si lo quieren como si no, desarrollan sus discursos ético – políticos de autocomprensión” (Habermas, 1999: 206). Es decir, que los problemas radican en el nivel social, donde las diferencias de género se van generando (y acentuando) en las prácticas que los actores sociales llevan a cabo en su vida cotidiana. Por lo tanto, bajo esta mirada, el problema de fondo lo constituyen las construcciones sociales de las comprensiones de género.

El sistema de cuotas y sus limitaciones, aportes finales Como se ha analizado, el discurso que argumenta sobre la conveniencia del sistema de cuotas, presenta ciertas limitaciones: 1) los diferentes puntos de vista sobre las diferencias de género ¿están directamente relacionadas con las diferencias sexuales de tal modo, que se justifique la obligatoriedad de la presencia de las mujeres en las cámaras parlamentarias argentinas? 2) ¿Respeta este sistema la vigencia de las condiciones ideales de habla tanto para los hombres como para las mujeres? ¿Constituye efectivamente un avance para la justicia deliberativa? 3) ¿Es suficiente esta medida para lograr la igualdad (entre hombres y mujeres) en la deliberación en el marco de las instituciones políticas en general? ¿Es coherente en relación a las causas de fondo que generan la injusticia entre los géneros? Las respuestas a todas estas preguntas, nos llevarían a replantearnos y repensar si realmente las cuotas femeninas constituyen efectivamente un avance en materia de Justicia. La mirada que se ha intentado presentar desde el presente análisis, no debe comprenderse como un No absoluto al sistema de cuotas parlamentarias sino que, por el contrario debe considerarse como una alerta, ya que si bien su implementación se justifica bajo el ideal de Justicia, se corren riesgos de terminar atentando contra aquello por lo cual se lucha. Las razones por las cuales no puede asegurarse la irrelevancia absoluta de la Ley de Cupos femeninos pueden resumirse en dos consideraciones. La primera de ellas se asocia con que hasta el día de hoy sigue resultando dificultoso encontrar alternativas de solución al problema de la injusticia de las diferencias de género en las instituciones políticas. Dada la masiva implementación de este sistema tanto en Europa como en América durante los años ‘90, podría visualizarse la existencia de un acuerdo implícito acerca de que hoy los cupos, si bien no constituyen una solución totalmente justa, “son lo mejor que hay”. La segunda consideración que debe tenerse presente es que si no se hubiera implementado el sistema de cuotas, las instituciones políticas estarían constituidas sólo por hombres, convirtiéndose de este modo, en una suerte de “monopolio masculino”. Es por ello que la Ley de Cupos puede llegar a considerarse como un primer paso necesario hacia el ideal de Justicia, pero nunca como una solución definitiva para ésta.


A partir de ahora habría que comenzar a pensar en políticas públicas que estén destinadas a erradicar las diferencias del género en la sociedad, para que en un futuro la Ley de Cupos se torne un mecanismo irrelevante y no la única forma de lograr la Presencia Femenina en la Cámara de Representantes de la Nación.

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“Presencia Femenina en las Cámaras de Representantes de la Nación” Autora: Natalia Aiassa

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