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POLÍTICA / GUATEMALA

AL CALOR DE LAS CAMPAÑAS. Activistas protestan frente a la Corte Constitucional para apoyar el trabajo de la CICIG y frenar la expulsión de expertos de la ONU.

EL PECADO ORIGINAL POR LA DEMOCRACIA EN GUATEMALA

MORENA PEREZ JOACHIN / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

En junio, Guatemala tendrá elecciones para elegir presidente en medio de una crisis que podría socavar su democracia y el combate a la corrupción. A LOS GUATEMALTECOS LES TOCA ESTE AÑO ELEGIR PRESIDENTE Y LOS PARTIDOS ESTÁN LISTOS PARA LA CONTIENDA. El proceso electoral se realizará bajo un ambiente tenso donde los políticos apostarán por mantener el poder y sortear los procesos de transparencia diseñados para fiscalizar sus fondos. La campaña electoral arranca el 15 de marzo, y 27 candidatos buscarán la presidencia de Guatemala. Las votaciones serán en junio y en caso de una posible segunda vuelta, ésta será en agosto de 2019. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a las Naciones Unidas, reveló en los últimos tres años, cuatro casos sobre financiamiento electoral

ilícito entre los que aparecen: el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN), Partido Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Lider) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Esos últimos tres partidos eran los más grandes e importantes, dada la cantidad de diputados que tenían en el Congreso y el número de afiliados. Sus candidatos lideraron la disputa por la presidencia. Esos escándalos de corrupción que investigó CICIG condujeron a la cárcel a decenas de empresarios que aportaron dinero a campañas a cambio de favores o contratos con el Estado, y a funcionarios del gobierno que prestaron su nombre o manejaron los fondos sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esto generó

LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD REVELÓ EN TRES AÑOS, CUATRO CASOS DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL ÍLICITO

e impulsó reformas a la Ley Electoral que se aprobaron en el Congreso de la República en 2016. En agosto del año pasado, el TSE firmó con CICIG una carta de entendimiento con el objetivo de implementar la Unidad para Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos e Intercambio de Información, entre otros. Sin embargo, al siguiente mes de la firma, el presidente de Guatemala entró en conflicto con la CICIG. A partir de esa fecha, el ejecutivo instruyó a los jefes de Migración, Gobernación y Relaciones Exteriores para que le ayudaran a expulsar a los investigadores extranjeros que colaboraban con CICIG. Además de que no renovaría el mandato de la comisión que vence en septiembre de este año. Así que CICIG comenzó en un aparente debilitamiento. “Yo creo que con esta expulsión de CICIG vamos a tener un Ministerio Público ocupado con tantos casos y un TSE sin personal ni experiencia para fiscalizar, y ahora el convenio se quedará por gusto”, dice Roberto Alejos, expresidente del Congreso y presidente de la Asociación política Caminemos. Mientras que Mario Guerra Roldán, exmagistrado del TSE no cree que todo esté perdido. “Creo que la CICIG sigue funcionando y sigue pasando información al Ministerio Público y así lo hará con el TSE, seguro deben tener un medio de comunicación directo para que no tengan problemas para seguir con ese convenio. La CICIG sería en este proceso electoral como un contralor auxiliar, figura importante para romper el esquema de corrupción que ha caracterizado a las organizaciones políticas”, explica. El comisionado de CICIG mantiene desde septiembre reuniones con su personal a través de video llamadas, al igual que los investigadores quienes siguen las audiencias de tribunal a través de Skype.

POR SOFÍA MENCHÚ MARZO 2019

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