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sentir miedo de encontrarse con sus agresores a la vuelta de la esquina. Sufrió pesadillas e ideación suicida. Fue al hospital donde recibió atención, pero los médicos no advirtieron la gravedad de su estado. Un mes después, el 6 de septiembre, se ahorcó en el segundo piso de la vivienda de Juan. Tenía dos hijos: Sofía de 5 años y Nicolás, de 2. Y la ilusión de que su hermano llevara adelante lo que ella no pudo: enviar a los culpables a la cárcel. Juan trabaja como bodeguero, y sagradamente pasa sus horas de almuerzo en el cementerio Parque San Fernando, junto a la tumba de Gabriela. Pronto será padre por segunda vez y llamará Gabriel a su hijo, en honor a ella. “He buscado pruebas como un loco, pero ya no sé a quién más recurrir. Siento que el caso se está transformando en una misión perdida”, dice Juan, cabizbajo. Los errores Casos como el de Gabriela son complejos de resolver. De las 10.722 denuncias por delitos sexuales que la Fiscalía Nacional registra en el primer trimestre de 2012, solo 7% han recibido sentencia condenatoria, mientras que 55,2%, fue archivado provisionalmente por falta de pruebas. “Los niños saben que la mamá está en el cielo, pero el otro día pillamos a la Sofi (5) diciendo que se quería morir y al Nico (2) tratando de abrazar el cuadro de Gabriela”, cuenta LLoana, la suegra de la parvularia. En la VI Región los delitos sexuales son atípicos. Según la Fiscalía Regional de O’Higgins, de un promedio de 68 mil denuncias que investigaron en 2011, solo 2% correspondió a crímenes de esta índole. Sin embargo, las primeras diligencias que realizaron Carabineros y el Ministerio Público, no estuvieron al nivel de un delito de connotación pública como el de ella. Para empezar, el fiscal jefe de San Fernando, Néstor Gómez, no se constituyó en el sitio del suceso la noche del ultraje, como tampoco consta en el parte policial que haya instruido las pericias telefónicamente. La rueda de reconocimiento se realizó sin su supervisión. Procedimiento que los tribunales, al día siguiente, decretaron ilegal en la audiencia de control de detención. La Fiscalía (encargada de representar a Gabriela) no pidió la prisión preventiva de los imputados ni tampoco apeló. En la región que tienen el archivo provisional más bajo de Chile (29%), el abuso sexual agravado que padeció Gabriela aún no es sancionado. “¿Cómo puede ser que a un tipo que roba un celular le den prisión preventiva y los sospechosos de torturar a mi hermana no queden con ninguna medida cautelar?”, reclama Juan. El caso de Gabriela pudo haberse archivado. Pero su trágico final puso a toda la cadena de persecución penal en el ojo mediático. Se supo así que a la audiencia del 8 de agosto tampoco asistió el fiscal jefe sino otro fiscal, Carlos López. Y que este tomó la carpeta de investigación solo cinco minutos antes de entrar. “Yo entiendo que pueda pensarse que pasarse carpetas entre fiscales rápidamente sea una práctica común, pero no es así. Aquí hubo una serie de errores que no nos permitieron proveer de pruebas a los tribunales”, señala el fiscal regional Luis Toledo. La Fiscalía Regional de O’Higgins y Carabineros tuvieron que abrir un sumario administrativo y hacer reestructuraciones. Por el momento, Néstor Gómez dejó de ser fiscal jefe de San Fernando y pasó a funcionario adjunto en Santa Cruz. Y Carlos López, fue suspendido de la investigación de Gabriela y removido a Rengo. Que la agresión de la parvularia no quede impune depende ahora de la fiscal Fabiola Echeverría y la PDI, quienes tienen un plazo de dos años para darle término judicial. “Son casos bien terribles, porque muchas veces el testimonio de la víctima es lo único que se tiene y en este caso la perdimos, pero no hay que perder la esperanza” dice María Cecilia Ramírez, jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional que monitorea el trabajo. La Defensoría Penal Pública (encargada de representar a los acusados) sigue apelando a un procedimiento mal hecho para sostener la inocencia de los imputados. Por ejemplo, a que en la rueda de reconocimiento a Gabriela solo se le hayan presentado a tres detenidos y no a varios sujetos como exige la norma. “Según el parte policial, Carabineros le dijo que había encontrado a los culpables antes de que ella los identificara. ¿Qué pasa en la mente de una chica sometida a un trauma como ese? Le cree a la policía obviamente”, explica el abogado de los acusados, Cristián de la Jara. Los detenidos de esa noche están libres, pero no pueden salir de sus casas. En San Fernando la gente ha tomado la justicia por sus propias manos y los ha golpeado y amenazado de muerte. “Violadores maricones”, escribió alguien en la línea férrea donde Gabriela fue violentada. Según De la Jara, “cuando el procedimiento policial está absolutamente cuestionado, ocurre esto: pagan justos por pecadores”. ¿Es mejor tener un culpable en las calles que a un inocente preso? Alberto Ortega, defensor regional, piensa que sí. Porque solo en la VI Región, 30 personas pasaron por la medida cautelar preventiva en 2011, sin tener participación alguna en el delito por falta de rigurosidad en los procedimientos. “Si la Fiscalía tuviera otros antecedentes sería otro el debate, pero aquí hubo teléfonos que se encontraron en el sitio del suceso y que Carabineros, en lugar de analizar, se los devolvió a la víctima. Por otro lado, son los propios imputados los que ofrecen sus ropas voluntariamente un mes después. ¿Pudieron haberlas lavado? Sí. Pero nosotros no estamos para subsidiar los errores del Ministerio Público”, agrega Ortega. La falta de prolijidad en la investigación de Gabriela dejó en evidencia otro problema. Si bien se estima que un fiscal puede soportar 1.250 causas anuales, los 26 funcionarios con que cuentan las 7 fiscalías de la Región de O’Higgins atienden más del doble. “Está claro que necesitamos ser fortalecidos, pero también los servicios de salud. Si el Hospital de San Fernando hace la constatación de lesiones con médicos legistas que solo atienden a las marcas genitales, y en su informe no aparece si le revisaron las uñas a la víctima, por ejemplo, enfrentamos un problema estructural. Tampoco facilita la investigación que el examen de ADN tenga que mandarse a Santiago porque aquí no se tienen los equipos”, señala Luis Toledo. Carabineros fue contactado en reiteradas ocasiones por revista Paula, pero no quiso referirse al caso. El alma de la familia En la casa de Lloana Pavez, la suegra de Gabriela, en El Tambo, sus deudos culpan a la famosa puerta giratoria. Como una forma de hacer justicia, colgaron las fotos ampliadas de la parvularia en casi todas las paredes y

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"Chile, Catástrofes y Tragedias 2012, Vol. II, Transporte, Minería y Delincuencia"  

Vol. II, catástrofes y tragedias referidas a temas de transporte, minería y delincuencia el año 2012

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