C onsigna Julio-agosto 2020 año.12 No.50 PUBLICACIÓN PERIÓDICA DEL FNLS
S O C I A L I S TA Medidas represivas y coercitivas durante la pandemia. Pág. 7
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CONTENIDO: EDITORIAL El curso de la crisis económica en México.....4 Medidas represivas y coercitivas durante la pandemia..........................................................7 La atracción del caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya puede ser un hecho histórico y único en el país....................11 La militarización del país sustentada en las leyes burguesas, la nueva normalidad..........14 PUBLICACIÓN PERIÓDICA DEL FNLS
El carácter burgués del estado de derecho atenta contra el pueblo..................................16
Consigna socialista es una
Las graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco son sistemáticas y generalizadas contra el pueblo trabajador............................20
publicación periódica del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Se edita con el esfuerzo y la solidaridad de los que conformamos el FNLS y organizaciones hermanas. Invitamos a que hagan llegar
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sus contribuciones.
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Realidad de los presos políticos en México..23 Pobreza y miseria en la alcaldía de Iztapalapa y su relación con el COVID-19...........................27
fnls.mexico.fnls@gmail.com Web: fnls.mayfirst.org Facebook: fnls.fnls Twiter: FNLS9 Youtobe: FNLS FNLS
La represión en Chiapas encubierta en el período de la pandemia.................................34
¡¡A IMPULSAR LA LUCHA POR EL SOCIALISMO!!
La violencia ante la pandemia en el Valle de México.............................................................38
Culturarte, expresión proletaria: Fidencio.....37
De la cotidianidad a la lucha por la libertad de los presos políticos..........................................40 Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
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a violencia institucional no cesa en su expresión de prisión por motivos políticos. El uso faccioso del derecho para crear expedientes a modo que criminalizan la protesta popular y convierten en actividades antijurídicas el actuar consciente del sujeto político, empieza a ser el rasgo distintivo de gobiernos antipopulares que tristemente se distinguen con los otrora partidos de oposición. El gobierno federal se ufana de disminuir la cifra de asesinatos, empero, el país describe una lógica del incremento de los presos políticos, de la persecución contra luchadores sociales que terminan en la judicialización de carpetas incriminatorias con sus respectivas órdenes de aprehensión. Al pueblo se le pidió quedarse en casa, atender el confinamiento para dejar que pase el punto más alto de la crisis sanitaria, sin embargo, quienes no entraron a la cuarentena fueron las violaciones a los derechos humanos, incluso so pretexto de contagiarse o contagiar a otros, los cuerpos policíacos cometieron actos de represión al grado de cercenar más de una vida, la falta: no portar cubrebocas. A más de tres meses de la imposición de medidas sanitarias que prohíben las concentraciones de personas, el fenómeno empieza a clarificarse. Mucha de la información vertida desde los monopolios de la comunicación fue tendiente a favorecer a distintas firmas monopólicas, en un primer momento mediante las compras de pánico, después con llamados a la cordura mediante la adquisición de productos cuasi mágicos que aseguran poner a salvo a la persona del nuevo coronavirus. El clamor de justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad no es atendido como la necesidad requiere, por el contrario, las mismas tesis sobre las que se pretendieron explicar los flagelos que desangraron al pueblo en los sexenios anteriores son mantenidos en su forma conceptual, sólo cambia la forma, los actores, pero la trama es la misma, endosar el pasaje de terror a la denominada delincuencia organizada. Cada hijo, padre, madre que es víctima de la desaparición forzada deja un hogar cercenado, su ausencia cala en la cotidianidad de todos sus familiares y seres queridos, ello debe motivar a la autoridad correspondiente a acelerar los pasos para dar fin a la impunidad y dar con el paradero de la víctima, pero lo que se observa es el trato distintivo, para algunos todos los reflectores mientras que para otros el desdén. Ponderar la vida humana está normado dentro de los estándares internacionales en materia de los derechos humanos, no es una necedad de los familiares exigir la presentación con vida, por ello, una sincera actitud de pretender resarcir el daño causado a miles de familias va más allá de las 72 mil víctimas que señala el registro nacional o de ponderar la búsqueda en parajes y baldíos, lo que lleva implícito la declaración de muerte de la víctima. Nuestro país sigue sumergido en un escenario convulso, entre la pandemia, la crisis económica y el incremento de la violencia institucional, la verdad queda a flote. Ningún cambio puede operarse únicamente por buenas voluntades y sin la participación decidida de las masas organizadas. Hoy más que nunca los sectores organizados deben hacerse escuchar con la denuncia y la propuesta organizativa desde las trincheras de lucha independiente.
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n el país, la crisis económica capitalista evidencia cada vez más lo crudo de las consecuencias de este fenómeno económico; un hecho tras otro revela puntualmente la contradicción entre capital y trabajo, por esto, es cada vez más nítida su manifestación en las condiciones socioeconómicas de las masas proletarias y los beneficios para determinado sector de la burguesía. Las leyes del modo de producción capitalista en su fase imperialista explican que toda crisis económica alberga un conjunto de contradicciones que derivan en función de la magnitud de éstas, quiebra de empresas, paros forzosos en las distintas esferas de la producción, la profundización de la precariedad material de las masas trabajadoras, las dificultades que atraviesa el capital financiero y la crisis política del régimen. Respecto a América Latina, organismos proimperialistas como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboran una serie de conjeturas respecto a la situación económica en la región con relación al Covid-19 en la que señalan que más de 2.7 millones de empresas cierran, con esto, 8.5 millones de trabajadores son arrojados al desempleo, el desastre económico deriva en que de esta cantidad estimada 2.6 millones corresponden a “microempresas”, de esa proporción son las consecuencias no a razón de la pandemia, sino de ésta como pretexto para ocultar la contradicción de la crisis capitalista. Si esa es la condición de América Latina, México no se exime de ella, ya que, por lo visto los acontecimientos estructurales de la región demuestran lo taladrante de la crisis en las relaciones sociales de producción capitalista,
en sobre todo para las masas proletarias, porque sobre su humanidad descansan las consecuencias de la voracidad del capital monopolista trasnacional. Hasta hoy los ideólogos burgueses o quienes ingenuamente reproducen los argumentos del régimen, sostienen que el acontecer de la economía internacional y nacional tiene su fundamento en el nuevo coronavirus, sin embargo, al desentrañar el fenómeno es notable que éste es un pretexto más que la causa, cuando por diversas fuentes periodísticas cifras y hechos concretos, se traduce en que la crisis capitalista no es un hecho fortuito sino resultado de sus contradicciones. En ese contexto, se lee por ejemplo que las utilidades de la banca en México registraron 48 mil millones de pesos en mayo pasado, cantidad que representa 30.9 por ciento menos en comparación a los 68 mil millones acumulaos el mismo mes del año 2019. En otros términos, son las fluctuaciones del mercado especulativo, es la evidencia de las contradicciones del capital financiero. Revela que la realización de la mercancía dinero transita por los terrenos escabrosos provocados por el propio régimen. Este hecho indica que el capital especulativo al carecer de sustento material la estafa legal deja de ser eficaz en el proceso de incremento de capital que deriva en la merma de solvencia para diversas empresas, en particular de los pequeños comerciantes y los sectores pequeñoburgueses cuya capacidad financiera es endeble. Este comportamiento del sector burgués en el ramo especulativo, está en relación estrecha con la urgencia del capital monopolista transnacional por asegurar mercados y garantizar sus intereses, entre ellos, mantener
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la compra y venta de dinero vía créditos, lo que implica que el consumo debe sostenerse, empero, es una condición que en este momento resulta complejo. La materialización de la venta dinero expresa cómo el capital financiero lucra en gran envergadura con las necesidades de los explotados mediante “préstamos financieros” para la adquisición de productos de primera necesidad, para sostener “la tienda de la esquina”, pequeños comercios como restaurantes, transporte, abarrotes, entre otros, por tanto, el consumo de la ingente cantidad de mercancías se enfrenta a la voracidad propia del capital. Las señales de la crisis económica en México indican con claridad el carácter recesivo de la economía, así lo constatan los voceros del capital a través del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al aseverar eufemísticamente que durante 14 meses continuos la economía se contrajo, de esto se deduce que para las masas es un fenómeno que lacera la humanidad de los desposeídos en nombre de los intereses capitalistas. Un dato y otro destronan todo pronóstico favorable para la economía mexicana en general, ya que éstos se cristalizan en cálculos que indican que durante el primer trimestre del año 2020 la economía padece una “contracción” de 1.2 por ciento, y las primeras estimaciones del segundo trimestre denotan cómo la riqueza social se diluye en manos de unos para pasar a otras cada vez más reducidas. El Producto Interno Bruto, que es lo mismo, la sumatoria total de la riqueza social es otro indicativo de lo hondo de las miserias del capitalismo en México, en el 2019 se contrae 0.3 por ciento debido a la caída de la actividad industrial, este indicador económico evidencia cómo la hecatombe en el mercado erosiona la situación económica del país. El INEGI reportó que en el mes de mayo el sector industrial cayó, el mes de mayo pasado en contraste con el mismo mes del año 2019
un 30.7 por ciento, este fenómeno es resultado de merma en la industria manufacturera, en la generación y transmisión de energía eléctrica, así como de agua, gas y minería, dichos resultados son atribuidas a la contingencia sanitaria, empero, los cálculos expresan que la base estructural del país es ampliamente socavada por la crisis capitalista. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese tenor no deja pasar la coyuntura para decir con fundamento en sus estimaciones y el SARS Cov 2 prevé una “contracción” de hasta 10.5 por ciento de la economía mexicana en el presente año. Como se observa, las cifras revelan el común denominador de la crisis económica capitalista, a pesar de insistir en que la causa es la pandemia, se esfuerzan por negar las contradicciones derivadas por el propio régimen. Por las proyecciones probabilísticas que hace el FMI respecto a la riqueza social del país, tampoco son fortuitas, se deducen de ellas, un medio para justificar la opresión política hacia países dependientes como el nuestro. El capital financiero en tiempos convulsos del mercado capitalista, afianza a través de los créditos millonarios mayor sujeción a las necesidades de éste. Lo anterior implica que si las pugnas en el seno del imperialismo que es lo mismo, la disputa por la centralización y acumulación de capital, la solución de la crisis económica pasará necesariamente por decisiones salomónicas en detrimento principalmente contra el pueblo, porque la clase dominante únicamente borra del esquema del poder económico y político a aquel sector de la burguesía incapaz de sortear aquel fenómeno. La apropiación de la riqueza social sufre modificaciones abruptas por la lógica misma del capital, verbigracia, el caso del oligarca Jeff Bezos quien en plena pandemia y crisis económica sus ganancias sumaron 29, 900 millones de dólares más, a los 146, 900 millones de dólares existentes. En el país, Carlos Slim ocupa el escaño
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número 16 en la lista internacional de oligarcas en el mundo, quien amasó 4, 200 millones de dólares más a “sus” 51, 200 millones de dólares, estimaciones publicadas el pasado 26 de mayo de 2020. Este caso como el anterior despeja toda duda respecto a las leyes que sustentan la economía capitalista, mientras unos perecen otros aumentan sus ganancias. Emilio Azcárraga uno de los acaudalados mexicanos, quien ante el panorama de crisis y lo derivado de la nueva cepa viral provocó ciertos descalabros, ya que desde finales del mes de febrero las acciones de Televisa se redujeron en un 50 por ciento, aunque el propio Carlos Slim aseveró pérdidas millonarias, eso significa que pese a los efectos de la crisis prueba que la oligarquía disminuye sus ganancias, pero a la clase trabajadora degrada su humanidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de sus estadísticas reportó la pérdida de más de un millón de empleos formales en el trimestre ,marzo mayo, según éste, debido a la pandemia. Este indicador refleja un hecho concreto, es la manifestación nefasta del paro forzoso de la fuerza de trabajo, dicha cantidad es arrojada a las filas del desempleo. De las cifras pese a su rasgo conservador, los datos del INEGI se traducen en redundar en dirección a la ruina de la clase proletaria, sólo que desde la óptica del ingreso (el salario, el mínimo necesario para la sobrevivencia del trabajador), al respecto, el panorama para las masas desposeídas es adverso. El organismo oficial cuantificó 11.3 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos por el Covid-19. Sin que el estimado matemático distinga desde esa lógica, entre trabajadores formales e informales, a pesar de esa limitante cuantitativa, es revelador que pese a lo conservador del dato, es el pueblo pobre del campo y la ciudad quienes más perecemos lo estrujante de la explotación del hombre por el hombre. Pero los organismos prooligarcas como la CEPAL, con cierta ambivalencia por su carácter
de doble moral, afirma que “(…) México pasará de 11.1 % a 15 % de personas en extrema pobreza”. Puesto en esos términos, se traduce como la profundización de la miseria del pueblo, más pobres y miserables engrosarán las filas de la precariedad material. El desarrollo de la crisis económica en el país dibuja un panorama complejo para las masas empobrecidas. Los millones de familias proletarias enfrentaremos en condiciones inhumanas los efectos de la voracidad del capital, se encona cada vez más la contradicción entre trabajo y capital. La base estructural del capitalismo en México por su carácter funcional y dependiente al imperialismo traza con nitidez la sujeción del Estado a los designios imperialistas, que abren las puertas para cerrar con mas fuerza el grillete de la explotación y opresión política, por esto, no hay nada fortuito por las decisiones económico políticas que toma el representante del Ejecutivo federal ante los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y Canadá. El contexto económico indica para las masas proletarias un camino, la necesidad de comprender nuestra realidad en aras de despertar la creatividad y la capacidad de análisis que alberga el obrero, campesino, a los asalariados en general que desemboquen en la comprensión de lo imprescindible de la lucha popular e independiente para impulsar la única alternativa política e histórica para los explotados, la lucha por el socialismo.
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Medidas represivas y coercitivas durante la pandemia
c u r va m á s alta de l a pandemia no fue por negligencia o necedad, su condición precaria los obligaba a salir de sus hogares para buscar la manutención de sus familias. Es verdad que el personal médico no podía quedarse en sus hogares, su deber y vocación los llamaba a estar en el lugar y momento adecuados, pero quienes siguieron con sus labores productivas durante el momento más álgido del fenómeno pandémico son mucho más, cuya labor es diversa porque son parte del
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l surgimiento de una nueva cepa de coronavirus sirvió de parapeto a las instituciones gubernamentales para la imposición de medidas represivas y coercitivas durante el período que lleva decretada la pandemia. Diversos representantes de gobiernos estales tuvieron ante sí el pretexto casi perfecto para dar rienda suelta a su vocación criminal y represiva, para continuar con el incremento de víctimas de diversos crímenes y violaciones a los derechos humanos. La incredulidad de varias personas fue utilizada de manera tendenciosa para suponer que sólo mediante acciones que vulneraran las libertades políticas y los derechos humanos, era la forma de poner a salvo al grueso de la población que por voluntad propia no atendía las disposiciones sanitarias de las instituciones de salud. No fueron las masas trabajadoras las ingenuas o ignorantes, fueron políticos de oficio que hicieron gala de su descomunal ignorancia al proporcionar remedios caseros y artefactos de superchería para enfrentar al nuevo coronavirus. Ello condujo al pueblo a poner en duda la existencia de esa realidad y a suponer que en todo caso era una creación del gobierno para engañar al pueblo. La disposición de “quédate en casa”, lejos de parecer una inocente propuesta de salud, redunda en estigmatizar a un sector importante de las masas trabajadoras que estaba imposibilitada de atender esta disposición. Muchos de los que mantuvieron su actividad productiva durante la
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Foto. Actividad política del FNLS en las vías del tren en Michoacán, la Policía Michoacán amenazó con desalojarlos el pasado mes de mayo del año en curso
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ejército industrial activo, esa fuerza de trabajo que mueve la producción no tuvo la opción de guardarse en sus hogares. La autoridad sanitaria llamaba a la población a no colocar una falsa dicotomía, en perecer de hambre o por el efecto mortal del virus SARSCov-2, instó en que no todo se puede tasar tajantemente en una posición salomónica, sin embargo, para las masas trabajadoras la realidad se manifestaba de esa manera, era padecer en casa el azote del hambre o correr el riesgo del contagio, pero poder llevar a casa algo para el sustento de la familia. Quien sí pudo pasar toda la cuarentena en su burbuja fue el sector parasitario de la sociedad, esa parte de la población que constituye la burocracia y parte de los bufones modernos. Ellos hicieron de la trivialidad y actitudes frívolas, un escenario que nadie más podía repetir, pero que algunos incautos trataron de igualar en una mala copia que sólo pudo rayar en lo vulgar e histriónico. El estigma se dejó caer sobre aquellos que debían acudir diariamente a sus centros de trabajo. Hubo casos que quien no portaba el cubrebocas o no guardaba las medidas
sanitarias, era objeto de insultos y atropellos. Lo mismo aconteció con el personal médico y de enfermería que atendía este fenómeno sanitario, donde los bajos instintos fueron promovidos por la ignorancia y la manipulación algunos medios oficiosos. El insulto y agresión pareciera que es un fenómeno interno que se da entre dos personas que contrastan ambas sus puntos de vista, sin embargo, en este tipo de acontecimientos tiene mucha responsabilidad los representantes de las instituciones respectivas al no dar información precisa que clarifique el hecho mundial por el que atravesamos, por el contrario, provoca el pánico y el desconcierto ante un posible contagio. Lo acontecido en Jalisco es una prueba elocuente de que la pandemia es un pretexto para desatar la actitud represiva de los gobernantes y sus cuerpos policíacos. La muerte por tortura de Giovani López en manos de la policía municipal es el signo inequívoco de que la violencia institucional no fue puesta en cuarentena, ésta continuó en su cometido para incrementar la cifra de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los argumentos del gobernador de que las
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instituciones policíacas actuaron bajo órdenes de la “delincuencia organizada” resultan una bufonada, una forma burda de procurar expiar sus culpas y eludir su responsabilidad en los hechos que derivaron en una detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes que terminaron en una ejecución extrajudicial. Es un argumento ruin que en todo caso ilustra el carácter de los cuerpos policíacos, el cometido de crímenes y violaciones a los derechos humanos. En lugar de dar una respuesta concreta en la búsqueda de esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, el gobernador Enrique Alfaro utiliza este hecho para desatar una serie de declaraciones contra sus supuestos rivales políticos del partido MORENA, empero, tal actitud lo único que devela es la completa insensibilidad e indolencia para atender casos donde la víctima es el pueblo trabajador. El pronunciamiento sobre este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es elocuente, porque logra ubicar que en este hecho donde se conjugaron por lo menos dos actos que vulneran los derechos humanos, una detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza, sin contar que hay suficiente testimonio que a Giovani le fue arrebatada la vida producto de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aún existe la pulcritud o sutileza de emplear un lenguaje que guarde las reservas en cuanto a la sistematicidad de hechos que son degradantes a las masas trabajadoras. No puede haber comparación en la capacidad de fuerza de los cuerpos policíacos para suponer que el forcejeo puede lograr la muerte de la víctima, por lo tanto, el esfuerzo debe centrarse a tipificar con más severidad los hechos, existió tortura que culminó en una ejecución extrajudicial. El caso de Jalisco no es el único en el país, esta entidad logró sobresalir en los reflectores mediáticos gracias a la protesta popular, pero hay otros que quedan en el anonimato. Está el caso de un joven que fue ejecutado
en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Veracruz, entidad donde comparten bandera política el gobernador y el presidente de la República. En varios puntos carreteros existen retenes policíacos como si existiera un estado de guerra. El cruce de una ciudad a otra está vigilado por hombres con armas, no con batas como sugiere la necesidad sanitaria, de ahí se desprende que la pandemia es sólo un pretexto para acostumbrar a la población a vivir con una sociedad militarizada hasta la médula. El objetivo puede ser de matiz, pero en la esencia existe un Estado policíaco militar impuesto de facto. El tránsito libre por el país esta coaccionado con dispositivos policíacos y militares. En cada ciudad del estado de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, entre otros, los operativos para detener a quienes no porten el cubrebocas es un acto que se vuelve cotidiano para los habitantes, es la cortina de humo para imponer un estado de facto, son actitudes que no son propias de un Estado que se jacta de ser democrático y respetar los derechos humanos. En lugar de observar brigadas médicas como resulta más obvio respecto a la necesidad sanitaria, lo que se observa en las calles son fusiles de asalto, barricadas, retenes donde se prohíbe la movilidad, en los hechos, la vida de las masas trabajadoras está condicionada al capricho o voluntad de las denominadas “mesas de seguridad” donde se diseñan las medidas represivas y disuasivas contra el pueblo inerme. Existe cantidad de incongruencias en las disposiciones sanitarias, porque mientras los pequeños comercios son obligados a cerrar, a quienes no se les obliga a parar son a las grandes empresas, las grandes maquiladoras, éstas mantienen sus operaciones a riesgo de incremento de los contagios, lo que induce a la maniobra para mantener el ingreso de sus ganancias sin importar la posibilidad de los contagios en los millones de asalariados en el país aumentó.
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Las detenciones arbitrarias por el hecho de no traer cubrebocas, cuyo saldo es de tratos crueles inhumanos degradantes hasta la muerte de la víctima, es una evidencia de las medidas profascistas se mantienen incólumes en los protocolos de actuación de los cuerpos policíacos, es imposible depositar la fe ciega en estas instituciones represivas que fungen como el sostén del actual estado de cosas. El cierre de espacios públicos con el supuesto argumento de disminuir los contagios, no es una medida sanitaria en sentido estricto, es una forma de control social para imponer una rutina que degrada al ser humano, rompe con la esencia social de la especie que se colocó en la cima de los seres vivos para convertirlo en ser antinatura. Esa situación lejos de mantenerlo sano, lo enferma, porque es una condición que no es propia del homínido superior que evolucionó producto de la adaptación creativa. En la CDMX el cierre de los puntos de acceso al transporte público tuvo un efecto negativo en lugar de mantener salvaguardados a la población, porque lejos de evitar la aglomeración de personas en determinado lugar, lo que provocó fue la especulación sobre productos de primera necesidad, amén de que eran espacios donde es imprescindible su visita porque son centros de abasto donde las familias surten de sus enseres básicos. La prohibición del ingreso a centros de venta o la disposición de bajar las cortinas, sólo aplicó para los pequeños comercios y locales comerciales de propiedad familiar, porque aquellas grandes cadenas comerciales no bajaron sus cortinas. Circulan imágenes del centro histórico de la CDMX para hacer creer que es un cierre total, pero, ¿qué sucede con firmas monopólicas nacionales o transnacionales? Éstas permanecen activas en lo que va de la pandemia. El desalojo de comerciantes en la capital del Estado de México es el fiel testimonio de que sólo se vio como foco de infección a las masas trabajadoras proletarias, quienes
están condenadas a padecer desastrosas consecuencias si dejan de trabajar un solo día. En ningún medio de comunicación se dio a conocer si hubo un operativo similar para obligar a cerrar a tiendas de la familia Salinas Pliego, de los Garza Sada, entre otros. La prohibición de ingreso a algunas entidades violó todo marco sanitario que era esbozado desde la autoridad federal, cuales jeques medievales, cerraron todo punto de acceso bajo el sofisma de proteger a la población. Esto lo único que demuestra es la profunda ignorancia para atender un fenómeno sanitario y la vocación represiva como pretenden resolver toda necesidad popular. Los denominados filtros sanitarios jamás tuvieron este propósito, en realidad eran retenes policíaco militares donde la orden era detener a quien se le viera como sospechoso de portar algún síntoma o no “respetar” las medidas de salud. Sin información precisa, sin una estrategia real de atención, con instituciones de salud desmanteladas por la privatización, lo único que atienden a realizar los gobernantes es el despliegue de la bota militar y el fusil. El manejo de la pandemia sirvió al gobierno federal y de algunas entidades dar rienda suelta a medidas coercitivas, no era el conocimiento científico el que movía a realizar tal o cual operación, porque no eran médicos los que disponían del mecanismo de protección sanitaria, sino el capricho producto de la especulación de un gobernante o jefe de la policía. La pandemia no se resuelve con militares ni policías en las calles, se atiende con la garantía del acceso a la salud, no sólo para los enfermos de COVID-19 sino de todas las pandemias que azotan a las masas trabajadoras. Si el gobierno hace de las medidas represivas y coercitivas su forma de gobernar, el pueblo tiene el derecho de movilizarse y protestar.
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La atracción del caso de
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
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a atracción del caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 4 de junio puede ser un hecho histórico y único en el país; por ser el caso en superar en sede nacional los estándares creados por la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en casos de desaparición forzada, además de ser la guía jurídica para los casos de cientos de miles de víctimas de esta grave violación a los derechos humanos en el país. El máximo tribunal de justicia revisará los recursos presentados por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los asesores jurídicos de los familiares. Al impugnar la SEDENA y la FGR la sentencia de amparo en el año 2018, el Tribunal Colegiado remitió a la SCJN, el recurso de revisión, por considerar que el tribunal constitucional debe establecer jurisprudencia sobre la explicación del artículo 15 de la Ley de amparo, y realizar una interpretación directa de los artículos 1º y 20, apartado C, fracción VII de la Carta Magna. La sentencia definitiva que emita la SCJN podría fijar criterios obligatorios para todos los casos de desaparición forzada en el país, en cuanto a las facultades de los jueces de distrito en procesos judiciales en que se reclame o sospeche que una persona es víctima de desaparición forzada. En sí sentará las bases jurídicas a seguir para los cientos de miles de
casos de desaparición forzada en el país, los cuales, siguen sin ser resueltos. Este avance jurídico surge en el año 2013 cuando los asesores jurídicos y familiares interponen el juicio de amparo, el cual ha dado lugar a diversos precedentes jurídicos, uno de ellos es la sentencia de amparo que en términos de trascendencia jurídica reconoce la grave violación a los derechos contra las víctimas directas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya por agentes del Estado mexicano; mandata a la hoy Fiscalía General de la República (FGR) investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustiva la desaparición forzada de los dos luchadores sociales; la publicación de sentencia de amparo en la página de internet de la FGR y un diario de circulación nacional; la creación de una Comisión Especial de Búsqueda; así como la orden a la SEDENA para que permita la entrada a cualquier instalación militar para la búsqueda o localización de Gabriel y Edmundo, y la reparación integral del daño. La desaparición forzada de los dos revolucionarios sucedió en el año 2007 en el estado de Oaxaca por elementos de las policías municipal, estatal y federal, posteriormente, según indagatorias, fueron trasladados al campo militar No.1, en ese lugar fueron vistos por última vez, así lo señalan los informes publicados por la Comisión de Mediación (COMED) en el año 2008. En la averiguación previa y la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que Gabriel Alberto
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y Edmundo fueron detenidos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, en algún momento de la noche del 24 de mayo de 2007, y que en las primeras horas del día 25 fueron trasladados e internados en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO). Hecho que a través de instituciones oficiales reconocen la participación de agentes policíacos y militares en la desaparición forzada. Su desaparición forzada se comete en un contexto de represión contra el movimiento magisterial y popular en esa entidad federativa, donde las graves violaciones a los derechos humanos se cometieron a diestra y siniestra por elementos de las policías municipal, estatal, federal y grupos paramilitares, quienes actuaron con la aquiescencia del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El crimen de lesa humanidad se comete en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), quien negó el paradero de los revolucionarios y el cometido de la desaparición forzada que, por la persistencia de los familiares, organizaciones populares y de derechos humanos se evidencia el cometido de esta grave violación a los derechos humanos por un gobierno panista. En esta administración se evidenció la continuidad de las desapariciones forzadas como una política de Estado y medida contrainsurgente, pese a que el gobierno panista negó la existencia de desapariciones forzadas y algunos medios de comunicación intentaron minimizar el crimen al señalar irónicamente, “qué tanto son dos desaparecidos en comparación con los miles cometidos en las dictaduras de Argentina o Chile en el siglo pasado”, argumento que fueron rebatidos y se logró romper con ese discurso retrógrada y se desenmascaró la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de las desapariciones forzadas. El gobierno de FCH materializó el terrorismo de Estado como política de gobierno a través de la salida del ejército a las calles con el supuesto
argumento de combatir al crimen organizado para eludir su responsabilidad en el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, por eso la obstaculización en las investigaciones para dar con el paradero de los dos revolucionarios y la negación institucional a los familiares y organizaciones solidarias la existencia de víctimas de desaparición forzada. En todo momento intentó desaparecer todo indicio o información que delatara la participación de agentes de Estado en el cometido del crimen, por poner un ejemplo, para no llamar a declarar a los policías que participaron en su detención fueron asesinados los tres principales jefes policíacos, Jonás Gutiérrez Corro, Alejandro barrita y Aristeo López Martínez, la hoja de registro de la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO), hoy Fiscalía General de Oaxaca (FGR) fue arrancada, la hicieron perdediza. Las versiones testimoniales, señala el asesor jurídico que, en la averiguación, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya llegaron severamente golpeados a las instalaciones ministeriales, por lo que en un primer momento el comandante encargado de la guardia (Jonás Gutiérrez Corro) se negaba a recibirlos. Otros indicios señalan que permanecieron por unas horas en ese lugar y después no se supo más de ellos. Los hechos señalan que la detención desaparición fue planeada, una decisión desde las estructuras del Estado por tratarse de dos revolucionarios, militantes del PDPR-EPR. La responsabilidad del crimen se extendió al gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), quien fue omiso a las denuncias y acciones jurídicas interpuestas, una de ellas fue la resolución 29/2014 emitida por el noveno Tribunal Colegiado de la Federación en la que reconoce que sí se cometió una desaparición forzada y mandata aspectos importantes, como citar a comparecer a altos mandos militares para que digan qué hacían en el momento en que ocurrió la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo; la apertura de zonas o cuarteles militares para su búsqueda o localización; así como la entrega Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
de todo el expediente a los familiares y asesores jurídicos, que instancias judiciales se negaban a entregarles porque en su lógica podían entorpecer las investigaciones. En esta administración no hubo avances en la resolución, en todo momento expresó la negativa a abrir los cuarteles militares para su búsqueda o localización, fue evidente la protección del Ejecutivo federal a las fuerzas militares a los que no se les podía tocar, como dijo el Dr, Gilberto López y Rivas, “a las fuerzas armadas no se les toca ni con el pétalo de una resolución”; se negó a crear la Comisión Especial de Búsqueda ordenada por el Poder Judicial de la Federación, En respuesta a esa acción jurídica y a la exigencia de acatarla, el gobierno peñista respondió con el cometido de más crímenes de lesa humanidad, el de noviembre de 2015 intenta ejecutar de manera extrajudicial a cinco compañeros en la Ciudad de México; el 5 de marzo desaparecen de manera forzada al compañero Fidencio Gómez Sántiz en el municipio de Ocosingo, Chiapas; el 28 de febrero de 2017 ejecutan extrajudicialmente al compañero, menor de edad, Humberto Morales Sántiz en la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas. Crímenes de Estado perpetrados por agentes policíacos y grupos paramilitares con la intención de detener la denuncia y la exigencia de presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, con esas acciones el Estado violó su propio marco jurídico al no acatar la resolución e intentar obstaculizar los procesos jurídicos emitidos por tribunales colegiados de la federación. Este sexenio resaltó por extender la protección a los autores materiales e intelectuales. La exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios llevó consigo el cometido de más crímenes de lesa humanidad, el hostigamiento y la represión, es inocultable la responsabilidad del Estado mexicano en su cometido. Por eso la insistencia de no permitir
que avance jurídicamente ni se dé a conocer que en México se cometen desapariciones forzadas contra revolucionarios por su forma de disentir, su ideología y forma de lucha. El hecho de que el caso esté en el máximo tribunal de justicia no es por las buenas intenciones de los gobernantes, sino que obedece a la persistencia y lucha de los familiares, organizaciones populares solidarias con el caso, así como de personalidades de alta calidad moral solidarias, quienes en su conjunto contribuyen a que no impere la impunidad ni se deje en el olvido a las víctimas de este abominable crimen. El caso está en la última instancia judicial, pero detrás de ellos están cientos de voces que claman JUSTICIA; están las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y los presos políticos que exigieron al gobierno mexicano JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES; están las campañas de criminalización, estigmatización, descalificación y señalamientos dolosos contra el pueblo organizado que enarboló la demanda de PRESENTACIÓN CON VIDA de dos revolucionarios, reivindicados por el PDPR-EPR, que para muchos organismos de derechos humanos y personas era considerado un caso indefendible por su ideología y forma de lucha, en los hechos negaron la solidaridad y dejaron en manos de los verdugos a dos seres humanos, dos sujetos revolucionarios con nombre, rostro, familia, historia y trayectoria de lucha. Independientemente de la respuesta del máximo tribunal de judicial las razones para exigir la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya continúan; la exigencia de JUSTICIA es una bandera de lucha, el tiempo que tarde el gobierno mexicano para dar con su paradero, enjuiciar y castigar a los responsables es el tiempo en que la responsabilidad se extenderá por su silencio y omisión.
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La militarización del país sustentada en las leyes burguesas, la nueva normalidad
a militarización del país con rango constitucional como parte de la vida púbica es la culminación del objetivo trazado desde hace dos sexenios en la presente administración, es también la continuidad de la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos y constitucionales del pueblo trabajador con la característica de estar sustentada en las leyes burguesas del país; la cual se transfigura en la nueva normalidad que arenga el gobierno federal en turno. El Covid-19 es el caballo de Troya para concretar la exigencia oligarca, para continuar utilizando al aparato policíaco militar y proteger los intereses empresariales. Porque ¿Qué hace un elemento militar o policíaco en los puestos llamados filtros sanitarios o de sanitización?, ¿acaso se pretende acostumbrar al pueblo a vivir en un Estado policíaco militar?, donde cualquier desacato ante las medidas impuestas deberá soportar la fuerza militar en sus espaldas, incluso provocar la muerte. ¿Cómo puede interpretarse la utilización de la fuerza militar para obligar a un ciudadano a utilizar el cubre bocas o quedarse en casa? Son características de un gobierno antipopular y represivo con orientación profascista. En las dos administraciones pasadas se allanó el camino para objetivar la legalización de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, no obstante, a pesar de las diferencias partidistas de los gobiernos federales en turno con respecto al actual, éstos obedecen a un solo régimen, por lo tanto, los tres imponen las políticas económicas que en esencia no cambian en cada sexenio sólo se matizan para contener el descontento popular. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se creó un enemigo interno para justificar la salida del ejército a las calles, maniobra perversa que se complementó con la declaración de guerra al crimen organizado. Al final de su mandato se registraron más 150 mil detenidos desaparecidos y más de 100 mil ejecutados de forma extrajudicial en su mayoría hubo participación de manera directa de los cuerpos castrenses. Mediante el terrorismo de Estado se pretendió contener el descontento popular, con argumentos leguleyos se justificaron las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos militares, y que el día de hoy continúan en la impunidad. En la administración Enrique Peña Nieto, el panorama nacional no tuvo cambio alguno, porque lejos de regresar el ejército a sus cuarteles permanecieron bajo el mismo argumento, combatir al crimen organizado. El estado policíaco militar se fortaleció con la Ley de Seguridad Interior. En contraste los crímenes de lesa humanidad se incrementaron de manera exponencial, sobre todo las ejecuciones extrajudiciales. Múltiples casos testifican la continuidad del terrorismo de Estado en este sexenio como política de gobierno. La administración actual desde su arribo buscó la forma de mantener al ejército en las calles Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
y legalizar su presencia, el argumento fue el combate a la corrupción, la cual se presentó como el enemigo número uno que se tenía que combatir, pero esta tarea no sería posible sin la participación de las fuerzas armadas, por ser “la única institución del Estado burgués incólume”. De esta manera se inició con el despliegue de miles de efectivos militares en varias entidades del país, así como la recién creada Guardia Nacional (GN), que más tarde tuvo que “enfrentar a otro enemigo” esta vez ya no era interior, sino, del exterior y este era la oleada de migrantes que pretendían cruzar en nuestro país para tratar de conquistar el sueño americano. Poco más de un año de gobierno de la administración federal aparece otro enemigo a vencer por lo que las fuerzas armadas tenían que permanecer en la primera línea de fuego, y es el Covid-19 que según estimaciones oficiales su paso por tierras mexicanas cobrará más de 30 mil vidas humanas, sin embargo, la labor de la GN y las diferentes corporaciones policíacas y militares no es de atención a personas contagiadas, sino imponer con la fuerza las “medidas sanitarias” dictadas desde palacio nacional. Para mantener las fuerzas armadas en las calles se requirió adecuar el marco jurídico constitucional, léase confiar la seguridad pública a las fuerzas armadas en tanto que la GN tenga la infraestructura, recurso humano capacitado y estructura territorial para asumir labores para la cual fue creada, el control de población. La diferencia de sexenios anteriores es que hoy el gobierno actual cuenta con la aprobación de un decreto que avala la militarización en el país, es un signo inequívoco de gobiernos profascistas que buscan ocultarlo con el baño de pueblo. Con el decreto difundido en el diario oficial de la federación ¿Cuánto falta para instaurar más medidas represivas propias de un Estado fascista? La nueva normalidad lleva implícita la anulación de derechos humanos y constitucional en el rubro de las garantías individuales, con el miedo infundido en las administraciones pasadas y enconado en la actual, una parte del pueblo acepta mansamente renunciar a derechos elementales para no ser alcanzado por la epidemia. Si se utiliza la fuerza pública es porque no acatan las recomendaciones del gobierno sentencian algunos que aceptaron la sumisión ante las medidas dictadas desde palacio nacional vía Secretaría de Salud. No es hacerse el héroe, sino emitir un análisis científico de la realidad, sin menoscabo del derecho que asiste a todo mexicano, a la libre manifestación de las ideas y tránsito. Toda medida implementada por el Estado está impregnada por el interés de clase, ya sea sanitaria, económica, social o política. El pueblo no debe acostumbrase a vivir bajo el asedio militar, ante todo debe ejercer por la vía del hecho las libertades conculcadas en la Carta Magna, aun cuando encuentre la negación de ellas por parte del Estado. El descontento manifestado en la actual coyuntura de la clase trabajadora y sectores populares es real, en su mayoría espontáneo y disperso, sin embargo, esta realidad confirma una vez más que sólo la unidad popular organizada podrá darles frente a las medidas antipopulares que laceran a millones de familias en todo el país.
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a legalidad burguesa tiene su f u n d a m e n to en la propiedad privada, por tanto, todo el conjunto de leyes, que están orientadas a justificar el orden burgués, tiende a reforzar la dictadura del capital, ésta es la naturaleza del estado de derecho, defender el interés de la clase en el poder para escamotear, anular o violar los derechos y libertades políticas del pueblo, por tanto, es punitiva mas no correctiva. La sociedad capitalista está sustentada en la propiedad privada de los medios de producción y en su fase imperialista su desarrollo se corona en el capital financiero, por tanto, la oligarquía financiera se convierte en el sector oligarca más reaccionario, de tal manera que defenderán sus intereses por los medios que éste tiene a su alcance, uno de ellos, es el estado de derecho. Para que el estado de derecho cumpla su función es necesario el aparato de Estado, el instrumento opresivo dirigido contra los explotados y oprimidos, por tanto, no hay ley que favorezca a los desposeídos, su esencia es beneficiar a quienes detentan el poder, por tanto, de manera encubierta y otras veladas los
atenta contra el pueblo
juristas hacen de la legalidad una mercancía. Políticos de oficio con probados datos de prueba por incurrir en actos “antisociales”, de corrupción, de crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en el sexenio presidido por Enrique Peña Nieto en pocos pasaron por los menesteres de los jueces, quienes lo hicieron simularon castigo para que en poco tiempo lograrán su libertad como el caso de la “lideresa” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Otros caso es el sexenio presidido por Felipe Calderón, durante su administración es sabido por la opinión pública e internacional que fue el gobierno con mayor responsabilidad en el cometido de miles de crímenes de lesa humanidad contra pueblo organizado y no organizado, sin embargo, el estado de derecho en este caso expresa que para los hombres del régimen no aplican “el peso de la ley”, en cambio, los sectores populares organizados, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, son víctimas de innumerables atropellos. En ambos casos es ilustrativo que cuando se trata de enjuiciar a los hombres del régimen la legalidad burguesa es permisiva, de ese modo, la corrupción se reafirma como instrumento para favorecer a determinados sectores de la burguesía lo que a su vez deriva en reproducir con el sustento del estado derecho la impunidad en crímenes de lesa humanidad y de Estado. Son múltiples los casos que demuestran cómo las leyes benefician a la clase dominante, son las formas en cómo se exhiben las perversidades de la legalidad burguesa, en cambio al pueblo se le somete con artilugios leguleyos, éstos a su vez constituyen en mandato para reprimir
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a los sectores populares que manifiestan su descontento popular. En la presente coyuntura en diversos medios de comunicación se observa un ejemplo tras otro sobre cómo el orden de cosas burgués se impone. Los asesinatos, hechos represivos, masacres revelan que existen agentes en colusión con el régimen que desenmascaran el reacomodo de intereses, las pugnas por los intereses de grupos políticos del régimen. En ese reacomodo de intereses es notable cómo la legalidad favorece a algunos, pero atenta contra otros. Como ocurre con los casos de Arturo Lozoya y el exgobernador César Duarte, mientras en una administración ciertos elementos son útiles al régimen éstos con el amparo del derecho se asumen como ejecutores de los planes del capital monopolista transnacional. Otro extremo ilustrativo es la situación que priva en el estado de Chiapas, mientras el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca es responsable de cometer violaciones graves a los derechos humanos, Rutilio Escandón Cadenas al aprobar la creación de carpetas de investigación contra luchadores sociales, ambos demuestran que el estado de derecho cuando se trata de beneficiar a los empresarios los funcionarios públicos sí actúan al margen y por encima de su propio marco jurídico. Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas quien actualmente funge como senador de la República es otro botón de muestra, este político de oficio durante su administración fue evidente su red de corruptelas para favorecer la imposición de los planes neoliberales en la costa chiapaneca, además, la deuda millonaria que pesa sobre los hombres del pueblo sureño, los diversos escenarios represivos contra organizaciones popular, empero, hoy es premiado en una de las esferas de la vida legislativa del país. Cuantiosos son los hechos que indican cómo el carácter burgués de las leyes afecta a los sectores populares, el Estado recurre a los
artilugios leguleyos para anular sus derechos, en nombre de la paz burguesa pretenden imponer un conjunto de normas que favorecen el actuar policíaco militar contra el descontento popular. Con la pandemia se pretextó para que el gobierno federal y los gobiernos estatales promovieran “medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19”, pero este hecho derivó en la intensificación de la militarización y en otros son notables los abusos de autoridades de las policías municipales y estatales, verbigracia, las faltas administrativas, éstas son sanciones justificadas con el amparo de la ley para que la policía detenga a quienes no cumplan con determinadas medidas sanitarias, como ocurre en el estado de Toluca, con el pretexto de evitar contagios a la población se erigen normas punitivas que lejos de orientar científicamente a la población, inducen a temores infundados, pero, de fondo, describe cómo cada norma jurídica afecta al pueblo. El acto represivo contra familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado de Guanajuato, es otro hecho ilustrativo de cómo el sistema leguleyo con el argumento ruín de obstruir el libre tránsito, el gobernador de dicha entidad arremetió de manera violenta contra el legítimo derecho de los manifestantes. No hay argumento institucional ni legal que justifique la actitud del personal antimotines y elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, de esto se desprende un hecho concreto, se escamotean, agreden y atentan contra la integridad física y psicológica de quienes ejercen su derecho constitucional de libertad de expresión y petición, así como el acceso a la verdad y la justicia de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Tras los hechos es notable que se configuraron detenciones ilegales, arbitrarias, violentas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los familiares, en este tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró que hubo “(…) agresiones e indebida privación de la libertad”, no obstante, se demuestra una vez
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más, que el marco legal no favorece al pueblo cuando este recurre a su derecho de exigir el cumplimiento a sus demandas más sentidas. Todo acto represivo es un acto político y jurídico que deriva de las estructuras gubernamentales, lo cual explica que los políticos de oficio que ejercen el poder del Estado, tienen pleno conocimiento de las razones de quienes ejercen su derecho a disentir, que exigen juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, empero, con el ejercicio de la violencia institucional se devela cómo el régimen se ampara en el marco jurídico burgués para proteger a los perpetradores. En el estado de Sinaloa se registran otros casos que prueban que la legalidad burguesa cuando se trata de enjuiciar a los agentes de Estado es omisa como perversa, porque tan sólo en el año 2019 en dicha entidad se cuantificaron más de 1300 víctimas de desaparición forzada, el fenómeno es desgarrador y nefasto, porque de las más de 142 denuncias contra autoridades indiciadas por aquel crimen de lesa humanidad documentadas desde el 2008 al 2019, ninguno ha sido consignado o respondido a los protocolos legales para su enjuiciamiento. Incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de la entidad afirma que no existe un trato debido a las víctimas en torno a las investigaciones, procesamiento y sanciones contra los responsables. Esta actitud de quienes procuran justicia únicamente reafirma el carácter opresor del Estado y su aparato leguleyo. ¿A quiénes protege el estado de derecho en Sinaloa? Al respecto la CEDH registra del sexenio calderonista hasta el actual existen 33 denuncias contra la Policía Ministerial, la policía municipal de Ahome 21 casos y contra la SEDENA 17 expedientes. El fenómeno describe con precisión porque el estado de derecho se define en función de la clase a quien defiende, porque las instituciones involucradas son parte integrante del Estado y la federación, por tanto, el Estado burgués. Lo ocurrido recientemente en torno al caso
emblemático de los 43 normalistas detenidos desaparecidos resulta icónico en materia legal, porque diluir la “verdad histórica” con la evidencia científica del cuerpo hallado del estudiante refiere lo ruín del estado de derecho, ya que transcurrieron casi seis años de impunidad tan sólo para lograr dicha pesquisa. Lo deleznable del suceso también se alberga en el hecho de la negativa del régimen por enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los normalistas, empero, no es desestimable el hallazgo, aunque es notable la intención del Estado por evadir su responsabilidad al tratar de sostener la tesis de que el cometido del crimen es obra de la delincuencia organizada. La mezquindad de quienes procuran justicia en el país queda registrada con cada procedimiento jurídico que favorece a la impunidad, ejecuta medidas legaloides para callar el descontento popular, presentan resultados innovadores cuando constituyen paliativos jurídicos en aras de mediatizar el descontento de las masas y granjearse la simpatía de las masas. Otra prueba son las recientes declaraciones del secretario de Defensa Nacional, al asegurar que a raíz de la reforma al artículo 5° transitorio de las reformas constitucionales que dio paso a la creación de la Guardia Nacional, esto se traduce en fortalecimiento del Estado policíaco militar fundado en el estado de derecho. La actual administración proveyó de respaldo jurídico a las fuerzas armadas para que éstas realicen labores de seguridad pública, lo anterior indica que el Estado como instrumento de dominación tiene en sus hombres armados el medio para defender la propiedad privada, para proteger los intereses del capital financiero ante los vientos belicistas del imperialismo norteamericano en Latinoamérica. Creer que policías y ejército son los garantes de la seguridad de la ciudadanía, sería un acto ciego y de ingenuidad, porque los pobres del campo y la ciudad son en la mayoría de los casos las víctimas de la violencia institucional
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Consigna Socialista es punitivo mas no correctivo, este rasgo de la legalidad alberga la esencia de los fines a los cuales obedece, el capital requiere de leyes que favorezcan su reproducción, perpetuar el orden de cosas que haga posible su sobrevivencia, lo que significa que todo cuanto atente a los planes empresariales debe ser objeto de la violencia institucional. Los derechos y libertades políticas del pueblo son resultado de la larga tradición de lucha de los explotados y oprimidos, por tanto, hoy los sectores populares estamos convocados a defenderlos pese a la estrechez del marco legal impuesto por la clase que detenta el poder, los diversos sectores populares tenemos el legítimo derecho a exigir su cumplimiento. Luchar por los intereses del pueblo no es un delito, denunciar las injusticias contra los pobres del campo y la ciudad no significa violar el “estado de derecho”, sino evidenciar que la legalidad favorece a los intereses empresariales, por tanto, las acciones políticas de masas tendrán razón de ser en la lucha contra los opresores.
Foto. Mitin político del FNLS afuera de Palacio Nacional en la CDMX
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perpetrada por aquellos. Nada es fortuito en materia legal respecto a la labor de las fuerzas represoras, por tanto, se infiere con facilidad, que cada decisión jurídica va dirigida para mantener el carácter autoritario contra el pueblo organizado y no organizado. Un hecho tras otro desnuda cómo el carácter burgués del marco jurídico mexicano favorece a unos en detrimento de los sectores desposeídos, ya que la certeza jurídica provista a la SEDENA, explica cómo paso a paso se cumplen los planes de la clase dominante, que desde el sexenio calderonista se materializa en esta administración la legalización de la militarización en un contexto caracterizado de crisis económica y política del modo de producción capitalista. En ese contexto ocurre la detención arbitraria de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Sánchez Hernández, Venturino Torres EscoBar, Asunción Gómez Sánchez y recientemente a Leobardo Reyes Meza, nuestros compañeros son víctimas de la violencia institucional, su detención y reclusión tiene motivaciones eminentemente políticas, injustas e ilegales. En cada caso es evidente el carácter político de la injusta reclusión de nuestros compañeros, dado que en las carpetas de investigación es evidente cómo se criminaliza el ejercicio de los derechos y libertades políticas que culminan con las detenciones selectivas, con la falacia de que quienes ejercen su derecho a la protesta es sinónimo de atentar contra el estado de derecho. En la legalidad burguesa no importa el contexto sociopolítico en el que el pueblo realiza su cotidianidad, ni las condiciones adversas producto de la pobreza y la miseria que tiene que sortear, pero éstas se convierten en razones de lucha de los sectores populares, empero, la legalidad burguesa crea artificialmente carpetas de investigación para detener el descontento popular. De esta manera, quienes procuran la justicia en el país, violan su propia normatividad jurídica para favorecer los intereses oligarcas. Como se observa el sistema jurídico burgués
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a los derechos humanos en son sistemáticas y generalizadas contra el
del régimen que a 18 meses de su administración deja entrever su política autoritaria y represiva contra las masas trabajadoras; los hechos más palpables son las políticas impuestas durante la pandemia provocada por el Covid-19, quien, en lugar de aplicar medidas sanitarias para combatirlo, utilizó a su aparato represivo para criminalizar y cometer violaciones a los derechos humanos contra el pueblo. Foto. Manta del FNLS expuesta durante el mitin realizado frente a Palacio Esta entidad federativa ocupa Nacional en la CDMX. el primer lugar a nivel nacional en el cometido de desapariciones as desapariciones forzadas y forzadas, de acuerdo al Registro Nacional de ejecuciones extrajudiciales en Jalisco Persona Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), son sistemáticas y generalizadas contra del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre el pueblo en general y, en específico, el de 2019 registraron 2 mil 100 personas víctimas organizado; violencia institucional ejecutada de este crimen atroz, un indicativo, aunque por elementos de las policías municipal, estatal oficial, sobre la continuidad del cometido de y grupos paramilitares, quienes actúan con el estos flagelos, que lejos de disminuir aumentan consentimiento del gobierno de Enrique Alfaro de manera exorbitante. Ramírez. El Sistema Sobre Víctimas de Desaparición Graves violaciones a los derechos humanos (Sisovid) del gobierno estatal indica que hasta el que tienen continuidad en una administración 31 de mayo pasado había en el estado 9 mil 341 que arenga día con día “transformar el país”, no personas desaparecidas, de las cuales 2 mil obstante, las denuncias de los familiares de las 212 son consideradas desaparecidas porque se víctimas de la desaparición forzada desmienten presume la comisión de un delito para provocar el discurso oficial; los testimonios señalan a su ausencia, y 7 mil 219 son consideradas no elementos policíacos y del ejército como los localizadas, pues no hay indicios de delitos responsables de cometer estos abominables relacionados con su desaparición; cifras que crímenes, los cuales, transitan por los pasillos describen la magnitud del fenómeno, el cual, institucionales en completa impunidad. evidencia que la violencia institucional no En Jalisco gobierna el Movimiento Ciudadano, cesa, mucho menos desaparecerá con buenas representado por Enrique Alfaro Ramírez hombre Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS 20
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intenciones o deseos institucionales, porque existen intereses fincados en la entidad de los grupos de poder político y económico, quienes son los que exigen el baño de sangre contra las masas trabajadoras. En varias publicaciones hemos señalado que, la desaparición forzada, según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En sí, son crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque, de ahí su carácter planificado y dirigido. En el caso de Jalisco, se cometen estos flagelos contra las masas trabajadoras, principalmente dirigido a jóvenes de 15 a 30 años de edad, con ellos se ensañan las diferentes corporaciones policíacas y los militares para generar miedo en la población e imponer la voluntad empresarial, así de esa manera acepten sin ninguna dificultad las políticas implementadas durante los gobiernos en turno. Chapala es uno de los municipios con mayor registro de desapariciones forzadas, en este lugar, el pasado 9 de junio un grupo de hombres armados detuvo y desapareció a los jóvenes de nombre, Griselda Gutiérrez y su compañero adán Martínez, quienes iban en su camioneta rumbo a su casa, ubicada en la comunidad de Santa Cruz de la Soledad; por la denuncia y actividades de sus familiares fueron encontrados en una finca, donde también estaban privadas de su libertad seis personas más.
El caso ejemplifica la política que impera en la entidad jalisciense, donde cientos de casos de víctimas de desaparición forzada pasan por el mismo tamiz sin que las autoridades correspondientes hagan lo necesario por erradicar esta práctica profascista que lacera los hogares del pueblo trabajador. En Ixtlahuatán de los Membrillos es otro de los municipios donde las desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, señalamientos por lesiones y recomendaciones por derechos humanos han puesto en la mira a esta jurisdicción, ubicada a 30 kilómetros de la capital del estado. La privación ilegal de la vida de Giovanni López a manos de policías no es un hecho aislado o espontáneo, sino uno de los casos que evidenció el cometido de estos flagelos por elementos de la policía municipal, que son varias las transgresiones que han cometido contra el pueblo. Hechos criminales que son justificados por el gobierno de Alfaro como “riñas”, “enfrentamiento entre bandas criminales” o “personas que se dedicaban a delinquir”, con ello pretende eludir su responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos. Expresiones institucionales que no tienen mucha diferencia con aquellas vertidas por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN), quienes ante los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidas en sus gobiernos argumentaban, “seguro en algo estaban” o simplemente los llamaban “delincuentes”, en esa posición lo que hacían era justificar los crímenes a través de un enemigo interno con la intención de eludir su responsabilidad en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad. La ejecución extrajudicial de Giovani López Ramírez por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, área metropolitana de Guadalajara es un botón de muestra de cómo se ejecuta la violencia institucional en la entidad, es una política
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institucional que no se erradica sólo con el discurso, mucho menos con simples deseos, porque son fenómenos inherentes al modo de producción capitalista. Son varios los casos denunciados cuya responsabilidad es de las policías municipales. En el año 2017 tres policías municipales asesinaron a un hombre mientras estaban en el ejercicio de sus funciones, se comprobó que Carlos Daniel, Miranda Lizeth y César Octavio fueron los perpetradores de asesinar a un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien arrojaron a un arroyo y le quitaron sus pertenencias. En el 2019, la recomendación 25/2019 documentó la participación de uniformados de Ixhuatlán en la desaparición de una persona; otro expediente, 22/2017 señala a 10 uniformados de dicho municipio por golpear a un ciudadano, quien tuvo que entrar a cirugía por lesiones en el abdomen. La recomendación 09/2016 involucra a tres efectivos de Ixhuatlán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. En los reportes se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona y al comisario Juan Manuel Becerra Santacruz, éste último permanece activo en las estructuras del gobierno local. Los hechos descritos expresan el carácter sistemático y generalizado del cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad por elementos policíacos, quienes independientemente de la corporación policíaca a la que pertenecen se cometen con la aquiescencia y consentimiento de la administración en turno. Del año 2019 a mayo de este año 2020, las violaciones a los derechos humanos en el estado de Jalisco se contaron en centenares, se han presentado 944 quejas contra la Dirección de Seguridad en Jalisco; denuncias hechas por las víctimas directas e indirectas, lo que devela una práctica institucional transexenal, independientemente de quien ocupe las administraciones locales o federales se
cometen. Desde la institucionalidad, políticos de oficio pretendan ocultar los hechos, simular preocupación y una investigación al respecto, sin embargo, los hechos contradicen el discurso oficial y desmiente los discursos emitidos de los funcionarios respecto al tema; lo objetivo es la continuidad de estos flagelos por elementos policíacos, militares y paramilitares. El cometido de graves violaciones a los derechos humanos es una realidad inocultable, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son un flagelo que persisten, lejos de erradicarse se cometen, la diferencia estriba en que no se publican, mucho menos se dan a conocer, sólo se hacen públicos cuando ya no es posible ocultarlos. Diversos hechos a nivel nacional evidencian el cometido de violaciones a los derechos humanos, en cada uno va implícito el actuar planificado de las estructuras del Estado mexicano, quien a través diferentes corporaciones policíacas, militares y paramilitares ejecutan sus planes represivos y contrainsurgentes contra el pueblo trabajador. La exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos es una necesidad política, la demanda de justicia persiste, aún en un gobierno que arguye una “nueva transformación”; mientras éstos se cometan, la denuncia es la voz de las víctimas y las acciones políticas de masas son una respuesta a la indolencia institucional. El tiempo que tarden en atender las demandas es el mismo para hacer actividades de protesta.
Foto. Mitin político del FNLS por la libertad de los presos políticos en San CRistóbal de Las Casas, Chiapas.
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REALIDAD DE LOS PRESOS POLíTICOS EN MÉXICO
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l país está inmerso en la emergencia mundial por el Covid-19, hecho que refleja la deficiencia en las estructuras de una sociedad basada en el valor económico de los servicios, incluido el de salud. Aun cuando constitucionalmente la salud es un derecho de todos los mexicanos, dista mucho entre la letra y lo que expresa la realidad. La existencia de presos políticos a pesar del discurso oficial de ya no utilizar las instituciones públicas para perseguir a activistas políticos,
CHIAPAS: UN ¿PARAISO? Chiapas, una entidad maravillosa tanto en cultura como en recursos naturales, se convulsiona entre la maquinaria de explotación indiscriminada de una élite ambiciosa, insaciable, voraz, y la resistencia de los desposeídos, pauperizados a fuerza de extraerles su fuerza de trabajo y recursos de sobrevivencia. Ante una administración que desató una campaña de represión contra toda oposición política, todo esfuerzo organizativo de las masas campesinas
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Foto. Mitin político del FNLS por la libertad de los presos políticos de Chiapas y Michoacán.
expresa la continuidad de la violencia institucional que tiene el propósito de mantener el estado de cosas de iniquidad social. No puede haber transformación con la utilización de la represión y medidas coercitivas para inhibir la protesta popular. Así como la formalidad jurídica relativo al derecho a la salud de los mexicanos, que sólo en la letra está garantizada porque tiene un abismal trecho con lo que se refleja en la cotidianidad, de igual manera se encuentra la situación de los presos políticos, donde la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso sólo figuran como frases elocuentes en el papel. La norma jurídica es una fantasía en los procesos penales en un importante segmento de la población penitenciaria en nuestro país. Quienes no tienen ningún apellido de renombre que lo ampare o una suma millonaria de recursos económicos, debe sortear toda una serie de peripecias, omisiones a los criterios jurídicos y ser juzgado a través del crisol del interés privado de un grupo de voraces empresarios.
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e indígenas, en suma, contra toda voz crítica y de descontento. Una manera de enfrentar la explotación encubierta y en su mayor parte institucionalizada, es la agrupación de las individualidades en colectividades o sociedades, que pugnan y resisten la avasallante vorágine del dios dinero. En Chiapas existen muchas organizaciones populares que pugnan por la defensa de los recursos, el respeto a sus derechos humanos y constitucionales. Este gregarismo se torna un obstáculo para los planes de los barones del mercantilismo, tanto que incomoda a los políticos de oficio corruptos y proempresariales de antaño que se encuentran hoy enquistados en el poder político chiapaneco bajo las banderas de MORENA, tal como hiciera referencia Ismael Brito Mazariegos, al afirmar que “…la existencia de organizaciones sociales son el mal de Chiapas”. El gobierno chiapaneco se devela cada vez más como administrador de los intereses de la oligarquía nacional y del extranjero. En cada acción gubernamental sale a relucir que su objetivo es aniquilar cuanta organización popular que ejerce crítica política ante el oprobio que viven o se resisten a sucumbir a las prebendas y migajas que les ofrecen. Estos esfuerzos continúan la cuenta de víctimas entre sus miembros: asesinados, presos, y un hostigamiento constante a sus colectivos.
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LOS PRESOS POLÍTICOS Y SU SITUACIÓN LEGAL Un preso político es un luchador social, activista político que es objeto de la prisión con el objetivo de castigar su actitud creativa ante las injusticias sociales, contra él penden artificios jurídicos y legaloides para privarlo de la libertad, sujetarlo a procesos judiciales amañados con carpetas de investigación creadas exprofeso para castigar la decisión de luchar por mejores condiciones de vida. Como preso político padece la fuerza legal con la cuenta la oligarquía a través de las instituciones jurídicas, no importa violentar los protocolos
establecidos para la detención y puesta a disposición de una persona que es privada de la libertad, crear carpetas incriminatorias con falsos testimonios y la liberación de órdenes de aprehensión sin fundamento legal alguno. Inicia el proceso de castigo con la detención del sujeto, porque no cubren los principios elementales que ponderan la presunción de inocencia, es sometido a sesiones de tortura física y psicológica. Los agentes policíacos conocen técnicas de tortura sofisticadas desarrolladas por regímenes dictatoriales represivos que hacen más complejo sostener el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el detenido. Enseguida se realiza la fabricación de delitos con la creación de circunstancias, hechos, situaciones que nunca sucedieron, para incriminarlo como presunto responsable de un acto antijurídico. Se integra una carpeta de investigación, aunque no existan datos de prueba fehacientes, pero sí con un cúmulo de hechos tendientes a lograr el propósito de esta etapa del procedimiento: coartar la libertad del indiciado. El Estado mexicano siempre va a negar la existencia de presos políticos, porque la pretensión es eliminar el contenido político de las actividades de protesta que se realizan en el momento de una ofensiva represiva. Ejemplo de ello es la manera de tipificar las acciones de masas: al volanteo carretero se le denomina “obstrucción de las vías de comunicación”; a la toma de dependencias públicas “secuestro de funcionarios o instituciones”; a la destrucción de los emblemas que representan la opresión del pueblo, “actos de vandalismo” … Las carpetas de investigación creadas mediante artificios leguleyos son ofensivos a los preceptos de Derecho como conocimiento histórico, por lo menos; sino es que a toda la inteligencia humana, porque están integradas por hechos inverosímiles y sin ninguna lógica jurídica. De esta situación existe infinidad de testimonio de luchadores sociales que purgaron
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MÉXICO: INFIERNO PARA LOS PRESOS POLÍTICOS Una carpeta de investigación endeble es suficiente para mantener recluido a cualquier preso político en México, porque lo verdaderamente importante es mantener segregado de su comunidad u organización al sujeto político. Entre más tiempo recluido, mejor. El recluso es sojuzgado dentro de la prisión a mecanismos de tortura con la intención de hacerlo desistir de sus objetivos de lucha. Así es como se encuentran Javier González
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condenas sin ningún fundamento, más que el objetivo del Estado de intentar quebrantar su decisión de lucha. Una vez judicializada la carpeta de investigación, corresponde al juez de control brincar al teatro legaloide, quien sin reticencias jurídicas resuelve los hechos mediante la dictaminación de prisión preventiva oficiosa. Lo que confirma la privación de la libertad del presunto indiciado. Para tal efecto, a un preso político siempre se le imputan cargos con agravantes con tal de ejercer la medida más cruel que permite la ley. Una vez recluido el sujeto político, la Fiscalía reinventa motivos para prorrogar la siguiente fase procesal: la audiencia intermedia. Esta etapa de investigación complementaria puede durar hasta un año. Mientras, el preso se encuentra recluido, privado de movimiento como ente social. Objetivo fundamental para neutralizar, cercenar la actividad de protesta del sujeto consciente. Cabe recurrir a un recurso legal asombrosamente hermoso, la protección de la justicia federal: el amparo. Sin embargo, igualmente asombroso es el talante del justipreciador federal. Los actos reclamados con mayor penalidad son invisibles a los criterios del jurisconsulto, relegándose éstos como
materia para otros juicios, si acaso se recibieran las demandas; resolviéndose la petición en las simples formalidades del procedimiento casi con frivolidad. L l e g a d o el momento de contrastar evidencias y pruebas de cargo y de descargo, a la fiscalía se le permiten libertades que rayan en la ilegalidad; y a la defensa, solo las obtenidas de manera legal, pulcritud al máximo. Aun así, en la resolución del juez de causa, se magnifican las pruebas aportadas por la fiscalía para demeritar las de la defensa. Lo que comprueba que para la defensa de un preso político no es suficiente la acción legal, es preciso ejercer la defensa con acciones políticas de masas. A un preso político se le debe defender desde la coordinación jurídica y política, la ley tiene un sentido político cuando se trata de castigar la protesta popular, por esa razón no hay duda de que el derecho tiene un sentido de clase, es interpretativo según la necesidad y voracidad de los intereses empresariales que estén en juego.
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Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Leobardo Reyes Meza, presos políticos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), sujetos a procesos legales amañados y con una serie de corruptelas para favorecer a determinado grupo empresarial. Igual situación mantiene el Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC) con procesos penales en contra de algunos de sus militantes como Juan Díaz Montejo, detenido junto a palacio de gobierno estatal después de participar en una mesa de diálogo con autoridades gubernamentales. Esto comprueba que no se puede creer en las instituciones con un alto proceder represivo. Un ejemplo actual es la detención de la abogada Susana Prieto Terrazas, quien es señalada de actos ilegales en un lugar y hora en la que no estuvo, cuya actividad primordial ha sido la defensa de los derechos laborales de obreros que laboran en empresas explotadoras de Tamaulipas. La detención del compañero Leobardo Reyes Meza ilustra la manera de cómo es utilizado el derecho para cometer una violación a los derechos humanos. Sobre el compañero pesan acusaciones que no tienen fundamento, sólo la pretensión de crear culpables con el propósito de conducir a las organizaciones populares a una ruta de desgaste por la dilación que proviene de las instituciones gubernamentales. Los ejemplos señalados contrastan con lo que acontece con los detenidos que son señalados por pertenecer a supuestas organizaciones delincuenciales. Ellos obtienen todos los beneficios legales, incluso, pueden obviar los efectos procesales, como aconteció en el estado de Sinaloa, en aquella ocasión bastó una orden del jefe del poder Ejecutivo nacional para otorgar la libertad a una persona señalada como uno de los principales comerciantes de sustancias prohibidas a nivel internacional. En caso de un preso político, siempre tendrán
a cargo de la investigación unos super fiscales, sin duda. Lo que no ocurre con delincuentes de empresas criminales (Javier Duarte de Ochoa, acusado de desaparición forzada exonerado por deficiencias en la investigación ministerial). Contra el pueblo organizado se utiliza todo el peso de la ley, lo que se traduce en el cometido de violaciones al debido proceso y de derechos humanos. Las actuaciones de las instituciones procuradoras de justicia en México permiten distinguir tratos diferentes a personas presuntas responsables de un hecho ilícito: las integrantes de organizaciones delincuenciales un trato benigno, cómplice en el proceso de enjuiciamiento, cuando no es la libertad inmediata en completa violación a los cánones jurídicos vigentes en materia penal; pero a los presos por motivos políticos se les realizan toda clase de argucias ilegales, fuera de toda lógica jurídica, con la finalidad de mantenerlos privados de su libertad. La situación de los presos políticos en nuestro país es evidente, contra ellos la injusticia, las omisiones jurídicas y la creación de expedientes incriminatorios. Esto se traduce en que el discurso tan alardeado de no utilizar la persecución ni la prisión por motivos políticos es una quimera, una frase sin sentido que sólo convence a los incautos. Los presos políticos son reales, su inocencia es evidente, pero el Estado se empecina en mantenerlos en esa condición como rehenes políticos para cercenar la combatividad de las organizaciones populares. A un preso político se le defiende en la coordinación de la lucha jurídica y política, cada organización se atiene el derecho a la movilización ante la existencia de una ofensiva represiva.
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Foto. Mitin político del FNLS en MIchoacán para exigir la libertad del compañero Leobardo Reyes Meza
Introducción La situación actual de la pobreza y la miseria que vive el pueblo, son fenómenos cuya explicación reside en la crisis profunda que vive el régimen capitalista en el mundo, esta condición origina una serie de afecciones a la vida cotidiana de las masas proletarias en México, este hecho concuerda con lo que viven los trabajadores y sus familias en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, fenómeno que tiene en el Covid-19 un factor explicativo de cómo la pandemia
impacta en las condiciones materiales de vida del pueblo mexicano. El régimen capitalista en el mundo está en crisis hace más de una década, este fenómeno económico es la condición sine qua non para dilucidar un conjunto de fenómenos políticos y sociales que vivimos en el país. Esa situación socava aún más las vilipendiadas condiciones de vida de amplios sectores populares. Iztapalapa es un caso icónico que ilustra el fenómeno, porque ésta se ubica en una de las principales metrópolis del país, la Ciudad de México, espacio geográfico con una concentración demográfica considerable donde reúne a la población cuya composición socioeconómica describe a la clase proletaria en nuestro país. Esta alcaldía es una de las 16 que compone la Ciudad de México, empero, su condición sociodemográfica se distingue por un índice de pobreza y miseria característica de una metrópoli que alberga nítidas condiciones de desigualdad social y económica, causal que permite comprender cómo la población enfrenta situaciones adversas que atentan contra su derecho a la vida, el trabajo, a la alimentación y a la salud. El Covid-19 es un fenómeno microbiológico y viral cuya expresión en el género humano evidenció lo hondo de la contradicción entre capital y trabajo, lo cual significó para la humanidad develar el comportamiento sociológico de las dos clases fundamentales y la pequeña burguesía en la afrenta de los efectos perniciosos que provoca el virus. México por su papel en la división internacional del trabajo y por su carácter funcional y dependiente al imperialismo norteamericano la
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Pobreza y miseria en la alcaldía de Iztapalapa y su relación con el Covid-19
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pandemia demostró cómo trastocó los ámbitos económicos, políticos y sociales del pueblo trabajador ya que éste enfrenta el desempleo, precarios servicios de salud y serias dificultades para garantizar la alimentación de miles de familias pobres de la ciudad. A partir de aquí podremos constatar la fenomenología que alberga tanto las condiciones sociodemográficas asociadas con los efectos del nuevo coronavirus en particular en la Ciudad de México, cuya expresión palpable repunta la delegación Iztapalapa del cual deriva en la siguiente interrogante, ¿por qué esta delegación registra el mayor número de contagios y decesos en la capital del país?
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Consideraciones socio-demográficas Para identificar las causales del fenómeno en cuestión es necesario escudriñar las bases materiales del grueso de la población en la alcaldía Iztapalapa, hacerlo permitirá establecer en qué actividades económicas está distribuida la fuerza de trabajo, este indicador es elemental, ya que a través de eso aporta aspectos que dilucidan las condiciones socioeconómicas de la población en la lucha constante por sobrevivir de las familias proletarias. La Alcaldía Iztapalapa ocupa el cuarto peldaño de mayor extensión territorial y la de mayor población en la Ciudad de México ya que ésta cuenta con una población de 1, 903, 552 habitantes hasta el 2015, según datos divulgados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De las 16 alcaldías, Iztapalapa por su densidad poblacional ocupa el primer lugar al ser la más poblada en la Ciudad de México. Este indicador coloca a este espacio sociodemográfico desentrañar la complejidad de la vida cotidiana de las familias proletarias que habitan en ella, ya que es notable la enorme desigualdad social y económica que se vive en ésta. En materia de salud las cifras son reveladoras, el CONEVAL registra 428 mil 322 habitantes quienes carecen de acceso a los servicios de
salud. Dato duro que evidencia el estado del derecho humano a la salud de las familias proletarias en esta delegación, sin embargo, son estimaciones que a la fecha ha sufrido cambios por la permanente tasa de natalidad que hacen de la objetividad del fenómeno representarse con limitaciones. Respecto a la carencia por alimentación el organismo oficial cuantificó una cifra de 234 mil 535 personas. Esta variable devela el rasgo oprobioso y degradante del régimen, dado que con los medios que cuentan las familias trabajadoras no garantizan el derecho a la alimentación, por tanto, es fácil deducir que para el 2020 en medio de un ambiente económico crispado por la crisis económica la situación de los sectores proletarios es cada vez más precaria. De la población total en la alcaldía 665 mil 408 habitantes están en condición de pobreza, cifra que representa el 35 por ciento, empero, ese dato dista de reflejar la realidad del fenómeno, ya que transcurrió un quinquenio y el aumento demográfico es una realidad, no obstante, el aumento poblacional va acompañado de precariedad material. Aunque la cifra no representa la mitad de la población, es ilustrativa la magnitud de cómo el pueblo paralelo al desarrollo de la contradicción entre trabajo y capital ve cómo lentamente se degradan la existencia de miles de familias proletarias, aunado a este, es un factor explicativo de por qué en esta alcaldía se registra el mayor número de muertes por la pandemia. Más revelador son las estimaciones estadísticas en torno al fenómeno laboral, este factor socioeconómico evidenciará el grado de explotación a la que es sometida la fuerza de trabajo y las diversas actividades económicas en la que es distribuida. Estos aspectos económicos develan el oprobio al que es sometido el grueso de los trabajadores y su dependencia al trabajo asalariado. En la alcaldía destacan la actividad comercial e industrial, condición que coloca a ésta como
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un principal centro de circulación y realización de mercancías. Centros comerciales, mercados públicos, fábricas y tianguis, distinguen esta zona geográfica de la Ciudad de México, de este conjunto destaca la popular central de abastos. Desde el comercio formal y comerciantes ambulantes alberga la central de abastos, esta situación explica la constante concurrencia de la población en el lugar, es el principal centro de abastecimiento de la gran metrópoli, en ésta se puede apreciar la capacidad de compra de la población y de quienes forzados por la miseria y el hambre son obligados a sobrevivir de los desechos de los contenedores de las diferentes naves con alimentos perecederos. El comercio ambulante es un fenómeno económico característico del país a causa de la naturaleza desigual del régimen, en este contexto, se cuantifica que la “(…) tasa de ocupación informal en la Ciudad de México es ligeramente mayor (27.60%)” en comparación al comportamiento nacional que corresponde a 27.21%. El INEGI por ejemplo, calcula que en Iztapalapa más del 40 por ciento de sus habitantes está en condición “económicamente activa”, aunque de ese universo se desprende que el 21 por ciento se ocupa en el mercado informal. Esa cifra es conservadora, aunque el porcentaje refleja que el comercio ambulante es predominante no sólo en Iztapalapa sino en toda la metrópoli, este hecho describe que la sobrevivencia de las familias proletarias, depende fundamentalmente del trabajo asalariado y el ambulantaje. Aunque las cifras no son homogéneas al momento de explicar el fenómeno laboral o en las actividades en las que se ocupa la fuerza de trabajo, empero, constituye en un ápice para desentrañar la cotidianidad de las masas trabajadoras. Máxime cuando el pueblo está obligado a sortear los efectos de la crisis capitalista y la pandemia. Fuentes oficiales sostienen que en la alcaldía se practica la actividad minera de extracción de
minerales metálicos y no metálicos, manufactura de productos alimenticios, bebidas, tabaco, papel entre otros productos derivados de esta materia prima, además, persiste la producción de mercancías metálicas, maquinaria, en suma, actividades industriales que representan el 73.8 por ciento de la actividad productiva en la delegación. Desde esa lógica, en apariencia describe “oportunidades” para los trabajadores, empero, oculta la realidad de explotación y enajenación en la vive el pueblo. Condición que explica las múltiples dificultades que enfrentan las familias proletarias cuando se trata de resolver sus necesidades básicas. Otros datos ilustrativos explican que la Alcaldía Iztapalapa “(…) ocupa el 4º lugar a nivel estatal de acuerdo al Índice de marginación” este rasgo deriva en que se ubican comunidades que se encuentran sin drenaje, servicio de agua potable y en condiciones de hacinamiento. Respecto a las condiciones de vivienda se estima de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015 114.7 mil personas en condición de carencia por acceso de calidad y espacios de vivienda, empero, del universo de habitantes en la alcaldía se desprendió que 136.8 mil habitantes están en condiciones de hacinamiento, esto revela que esa condición supera la media, por tanto, un amplio número de masas trabajadoras vive en condiciones de inhumanas. Si a esa condición agregamos el cálculo de la CONEVAL respecto a la variable de población vulnerable por ingreso, registró la cantidad de 166 mil 466 mil habitantes. Este es otro elemento palpable de que las familias proletarias tienen ante sí, condiciones adversas para superar una política sanitaria del gobierno federal como el de la Ciudad de México violatoria de los derechos humamos. El comportamiento sociodemográfico en Iztapalapa es revelador en tanto que describe con nitidez lo taladrante de las condiciones materiales de vida en la que viven miles de familias proletarias, al mismo tiempo, por simple
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deducción es tangible por qué es esta zona de la Ciudad de México una de las más afectadas del país por el SARS Cov-2. La cotidianidad del pueblo en Iztapalapa está determinada por la dependencia al trabajo asalariado, es reflejo de las consecuencias que provoca la concentración de la riqueza social en pocas manos, mientras los miles de trabajadores ven cómo su humanidad se degrada al no tener garantizados sus derechos a la salud, alimentación y vivienda digna.
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Iztapalapa en el contexto de la crisis capitalista en México El SARS Cov-2 es un fenómeno microbiológico que reveló una marea de contradicciones en el mundo en los ámbitos económico, político y diplomático. Por esto, en México fue ilustrativo sus manifestaciones en los tres niveles de gobierno, específicamente en la vida económica y política del pueblo, por esto en la alcaldía Iztapalapa son tangibles las consecuencias sobre todo en las condiciones socioeconómicas de las masas, en particular al derecho a la salud. El comportamiento sociodemográfico en la alcaldía, expone un hecho concreto, la pobreza y miseria que estruja la existencia de los pobres de la ciudad desnuda lo hondo de la explotación y la opresión a la que es sometida el pueblo trabajador, fenómeno cuya intensidad es alentada por la crisis económica y política del régimen. Si el ser social determina la conciencia social, las condiciones materiales de vida de las masas desposeídas encuentran en la crisis económica capitalista en relación con la pandemia causales del comportamiento sociológico en Iztapalapa, ya que, las adversidades de tipo económica y social conjugan hechos complejos que configuran en la población determinadas actitudes ante la perversidad de las decisiones políticas que afectan a las masas. Desde el gobierno de la Ciudad de México se arguyó como argumento para “enfrentar” el nuevo coronavirus replicar la política pública
del confinamiento social en materia de salud. Esta medida política, desnuda los daños que provoca a los sectores populares pauperizados a causa del proceso de privatización del derecho a la salud y la intensificación de la explotación económica. Tanto la crisis económica y la pandemia derivó, a que el gobierno mexicano con el argumento de proteger a los pobres, impulsara otras medidas económicas que se traducen en control político, así como en un esfuerzo por granjearse simpatía en el pueblo. Verbigracia, la implementación de programas asistencialistas a modo de paliar los efectos oprobiosos para los miles de trabajadores, y al mismo tiempo mantener el descontento popular en la pasividad. Por cada medida económica y política implementado por el régimen se infiere que su materialización fue, que con el pretexto de la pandemia intentó minimizar lo taladrante de la crisis económica y con el confinamiento social su intención de mediatizar la deficiencia del sistema de salud, así como mantener la ruta privatizadora del derecho a la salud del pueblo, de ese modo, reproducir la precarización de las masas, pero el Estado intentó evadir esa realidad. Las medidas económicas y políticas implementadas en Iztapalapa a causa de la pandemia se traducen en paliativos para enmendar los efectos de los vaivenes del mercado capitalista, las consecuencias del desempleo, la devaluación del peso, el alza o la baja de los productos de primera necesidad y su intención de desmovilizar el descontento popular. Ofertar dinero en plena contradicción del flujo de capital financiero en apariencia resulta un revés, sin embargo, para el régimen no lo es, la prueba es la apertura de posibilidades de crédito para las masas populares, esto revela necesidad del poder burgués por mantener en la pasividad a los sectores populares. La Ciudad de México, un lugar donde se concentraron masivamente los contagios
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del nuevo coronavirus, el gobierno federal implementó una campaña que consistió en ofertar créditos y “apoyos” para “los pobres”, según la retórica del gobierno federal, que consistió en sostener que no dejaría en el desamparo a los más vulnerables. Créditos Fondeso por 10 mil pesos para pequeños comerciantes; Microcréditos para zonas marginadas de 6 mil pesos a pagar en 12 meses quincenalmente; préstamos para el sector informal “apoyo económico” que ofreció la Secretaría del Trabajo de la CDMX que consistió otorgar mil 500 pesos por beneficiario. Esto expresa que los mercaderes de la banca lucran con las necesidades del pueblo. Lo anterior revela un hecho concreto, los créditos son paliativos, con ellos el gobierno intenta granjear simpatía del pueblo, de paso, silenciar a las masas, sin embargo, eso no minimiza la magnitud de la crisis capitalista en la capital del país, mucho menos excluye la alcaldía, pero sí somete al pueblo dado que el hambre se supedita a los intereses mezquinos del capital. Implementar créditos a comerciantes, al sector estudiantil y entre otros, es el indicador de que intenta paliar las necesidades de ingreso a la economía familiar, en este sentido, implementó el programa Mi beca para empezar a estudiantes de educación básica que consistió en 500 pesos por niño o niña. Los mecanismos económicos de carácter institucional ofertados al pueblo es una evidencia de la política corporativista, mediatizadora del poder político de la clase dominante, paralelo a éstos, se objetiva la realización de determinadas mercancías, que a juzgar por del desarrollo de la contingencia sanitaria en la CDMX, fue para un sector de la burguesía quien aumentó sus fortunas. El programa Mercomuna es otro medio para acercar los fondos del régimen a un sector específico, las familias registradas en Liconsa quienes serían beneficiarías con mil 50 pesos en vales, pero, ¿Qué hay de las familias que no
cuentan con un pequeño comercio, no tienen hijos inscritos en el nivel de educación básica? Lo real es que no todo el universo de habitantes en condición de pobreza en Iztapalapa serán beneficiarios con dichos préstamos. La crisis capitalista tiene entre sus expresiones tangibles lo que ocurre con los sectores populares en la alcaldía. No benefició al pueblo pobre como lo expusiera el mandatario federal, por el contrario, aplicó una política selectiva, sobre todo, a sectores populares vinculados con la economía y el estudiantil en el nivel básico, porque es en éstos donde la mirada de los políticos de oficio encuentra material fértil para la corporativización. Es la pequeñaburguesía y determinado sector de la burguesía los principales beneficiarios con créditos millonarios o propiciarles prebendas para abrir paso a la inversión de capital financiero, como ocurrió con el Grupo Carso y Grupo Salinas. Eso refleja el curso de la lógica de las crisis en el capitalismo. Mientras una parte de la burguesía se beneficia otras tienden a perecer, esa contradicción al interior de la clase en el poder afecta la vida económica del pueblo, porque los intereses del capital en medio de la crisis es garantizar su reproducción por encima de los derechos humanos de los desposeídos, por esto es que los créditos o “apoyos” constituyen paliativos más que un trato digno a las masas trabajadoras. No hay bondad ni buenas intenciones en las promesas de los hombres del régimen cuando hacen referencia que el gobierno protegerá a la población marginada, esto se traduce en demagogia y abrir paso al lucro para amasar ganancias con las necesidades del pueblo, por tanto, un indicativo de lo hondo que taladra la crisis capitalista en la base estructural de la economía mexicana. Por esto los reveses que sufren los programas asistencialistas en la Ciudad de México no tiene el objetivo de hacer prosperar la economía de las familias proletarias, sino paliar los
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efectos de los vaivenes del mercado en la capital metropolitana, de paso, contener las manifestaciones de descontento. Pese a dichas medidas económicas y la política sanitaria en la metrópoli, diversos sectores salieron a las calles. Taxistas, pequeños comerciantes (formal y ambulante), artesanos, meseros, sector salud, porque en los hechos, el gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las promesas vertidas de “apoyar” a los trabajadores, pero impuso, por ejemplo, el cierre de tianguis en Iztapalapa. La alcaldía cuantificó al inicio de la fase tres de la contingencia el cierre temporal de 354 tianguis semanales, actuaciones realizadas a principios del mes de abril, y para mediados de éste, las autoridades forzaron el retiro de 56 mil 400 tianguistas que equivale al 60 por ciento de total de comerciantes de la zona. Pasar inadvertido este fenómeno implica negar las consecuencias de lo caudaloso de las contradicciones del capital en esta parte de la metrópoli. La vida productiva o laboral de la fuerza de trabajo en la alcaldía Iztapalapa hace de este espacio sociodemográfico, un componente necesario para comprender por qué en ésta se concentran un número importante de contagios y decesos, por esto, no es fortuito afirmar desde la lógica formal que es debido a la pobreza. Ciertamente se coincide con la apreciación de los funcionarios públicos del lugar que es debido a la pobreza, sin embargo, diferimos diametralmente en el aspecto teórico metodológico que nos conduce a tal conclusión, por tanto, el pueblo perece porque sus derechos humanos y constitucionales están en segundo término, mientras los intereses empresariales figuran en primer orden, de ahí que, seamos los oprimidos y explotados quienes tengamos que soportar cada adversidad que provoca la avaricia de unos cuantos.
El coronavirus el velo que oculta la pobreza y la miseria Los decesos en la alcaldía Iztapalapa a causa de la nueva cepa viral, no es un fenómeno fortuito, sus causales indudablemente están asociadas a la naturaleza del virus lo que hace a este mortal para determinado sector vulnerable, empero, que esa demarcación capitalina registre mayor número de muertes se explica por las precarias condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Las condiciones sociodemográficas evidencian que la precariedad de las masas está asociada con la actividad económica que impera en Iztapalapa, la fuerza de trabajo es dependiente al trabajo asalariado a tal grado que el paro forzoso vivido por centenares de proletarios con el pretexto de la pandemia, hoy la crisis económica capitalista coloca a las familias pobres ante un panorama cada vez más adverso. El coronavirus desde la versión gubernamental fue usado para infundir temor, con las disposiciones oficiales confinó a la población sin prever las garantías de sobrevivencia de las familias pobres de la Ciudad de México y en particular en Iztapalapa; esto se traduce en que el derecho a la salud, el trabajo y a la vida no son garantizadas por el Estado. El Sars Cov-2 no provocó la crisis económica capitalista, como lo pregonan los ideólogos del régimen en el mundo y en el país, lo que hay tras este fenómeno microbiológico son las contradicciones que las relaciones sociales de producción capitalista que desde el 2008 la oligarquía no logra resolver. La causa de la pobreza y la miseria que vive el pueblo la encontraremos en las relaciones sociales fundadas en la propiedad privada, en la apropiación de la riqueza social por la clase burguesa. Este hecho económico, su comprensión es fundamental, porque esto permite explicar con mayor objetividad las consecuencias que genera en tiempos de crisis. Si las condiciones son de precariedad para
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amplios sectores populares, esto significa que el derecho a la salud no será enmendado de acuerdo a lo que exigen los requerimientos nutricionales y físicos ante la amenaza de contagiarse del virus, de esto se deduce que los mil 661 decesos en Iztapalapa cuantificados hasta el 3 de julio, refleja la crudeza con la que la precariedad material, la ignorancia resultado de la opresión política de siglos desemboca en muerte. Los testimonios de familiares o pacientes contagiados por el Covid-19 revelan que el derecho a la salud es escamoteado. Las autoridades de salud mas que aducir científicamente el fenómeno, generaron estigmatización, temores infundados, paliativos como frutas, verduras para simular apoyos a los “pobres”. En muchas familias predominó la necesidad de trabajar, continuar con el comercio ambulante para asegurar su sustento. Sin embargo, lo pernicioso del aislamiento social consistió en que muchas de éstas se arriesgaron al contagio y a los abusos de funcionarios públicos, todo en aras de sobrevivir, pero de esto, la jefa de gobierno insistió una y otra vez, en sus programas asistencialistas e imponer medidas punitivas mediante policías y la guardia nacional. Con la pobreza y miseria de centenares de familiares en Iztapalapa es difícil ocultarlo con el pretexto del Sars Cov 2, lo que se vive en la alcaldía como en Xochimilco por ejemplo, refleja que una metrópoli como la Ciudad de México expresa que las relaciones sociales de explotación del hombre por el hombre degradan la humanidad de las masas.
La pobreza sin duda alguna es una realidad, esta condición en amplios sectores populares describe que son éstas quienes enfrentarán en condiciones adversas no sólo para asegurar los productos de primera necesidad sino superar en óptimas condiciones en caso de contagio. El Covid-19 demuestra que en una sociedad divida en clases sociales únicamente la oligarquía y la pequeñaburguesía son quienes sortean en mejores condiciones los efectos de la crisis económica, asimismo, lucran con las necesidades de las masas empobrecidas al ofertarles créditos, a promover compras de pánico y la adquisición de medicamentos. Iztapalapa es una de las alcaldías donde concentra una población numerosa, este rasgo hace de ésta, un espacio geográfico que concentra fuerza de trabajo numerosa, característica que favorece por un lado el contagio, debido a que es forzada a garantizar su existencia y por la otra, las condiciones de hacinamiento son inhumanas. Pese a la concentración de medios de producción y fuerza de trabajo en Iztapalapa, es ilustrativo que en una sociedad capitalista como México las ganancias son concentradas por la oligarquía nacional y extranjera, mientras los desposeídos perecen por inanición, enfermedades crónico-degenerativas, resultado del trabajo explotado y la ignorancia. Los derechos a la salud, el trabajo, la educación son negados, la vida del pueblo pasa a segundo término cuando se favorecen los intereses del capital, por esto, si las autoridades gubernamentales no garantizan nuestros derechos humanos, la movilización y la denuncia política son legítimas.
Conclusiones Lo que el Covid-19 generó en la presente coyuntura fue revelar las miserias del capitalismo en México, y que la incidencia del fenómeno afecta sobremanera a las familias proletarias que se concentran en la alcaldía Iztapalapa como en otras con similares condiciones sociodemográficas. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
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en encubierta en el período de la pandemia
Foto. Conferencia de prensa del FNLS en Chiapas
a represión es característica de la política del actual gobierno chiapaneco, hoy en día con la pandemia adquiere un nuevo impulso, porque utiliza este fenómeno natural cómo cortina de humo y pretexto para encubrir y justificar la violencia institucional contra el pueblo organizado y no organizado y, así avanzar con la imposición del plan económico que tiene la oligarquía para el sur sureste del país. A partir del mes marzo de 2020 con la confirmación de los primeros casos de infectados por Covid-19 en la entidad, el gobierno declaró el inicio de la contingencia sanitaria que implicó una serie de medidas entre ellas el confinamiento social, el cierre de instituciones oficiales y comercios, pero también medidas policíaco militares en función de contener el descontento y protesta popular. Desde ese mes hasta la fecha existe un historial de represión que va en ascendencia. Si bien antes de la pandemia la represión en la entidad chiapaneca tenía el mismo comportamiento ascendente expresado en
el despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, ésta continúa porque existe celeridad en la imposición de los designios oligarcas, que se traduce la construcción de megaproyectos. Una muestra de que en esta pandemia la prioridad es la represión y no la salud, es la escasa inversión que existe a los servicios de salud público no sólo para atender Covid-19 sino también otras enfermedades, mientras que por otro lado existe una fuerte inversión para fortalecer los cuerpos policíacos militares. A inicios de junio a tres meses de haber iniciado la contingencia en Chiapas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval informó que había un total de cinco mil 404 elementos de la marina y Guardia Nacional desplegados en la entidad para “garantizar la seguridad de la población”, mientras en el tema de salud los hospitales públicos carecen de personal e insumos médicos. “Garantizar la seguridad de la población” es la fachada, en el fondo la razón es garantizar el interés oligarca, dichos elementos castrenses Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
dispersos en la entidad han encabezado actos represivos contra el pueblo, hostigamiento a comunidades organizadas y violaciones a los derechos humanos. Bajo esta lógica el Estado niega escuchar y atender las demandas y necesidades del pueblo trabajador y únicamente finca su labor en detener todo brote de descontento, protesta y organización popular a través de la violencia institucional. Algunos de los sectores mayormente golpeados por la violencia de Estado en esta contingencia son los vendedores ambulantes, comerciantes y artesanos, a quienes en nombre de la contingencia les fue prohibida realizar sus actividades comerciales con los que sostienen su hogar, además, fueron víctimas de golpes, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. Ellos son víctimas de la violencia gubernamental por mandato de los dueños de los grandes centros comerciales, empresarios del sector abarrotero y turístico aglutinados en cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), quienes consideran que el ambulantaje es una “actividad ilícita y que debe ser erradicada”. El verdadero objetivo de desalojar a vendedores ambulantes y prohibirles vender sus productos es el intento empresarial de obtener el control monopólico del comercio. Por ello, con el pretexto de la contingencia el gobierno servil a los intereses empresariales aprovechó para desalojar a los comerciantes y vendedores ambulantes. Un caso evidente sucedió en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a finales del mes de abril, en un operativo policíaco en el parque Cinco de Mayo artesanos fueron desalojos, destruidos sus puestos y decomisada su mercancía, de este modo les despojaron de su medio de vida sin darles otra alternativa para resolver su existencia. Un hecho similar sucedió a finales del mes de mayo, policías e inspectores municipales
golpearon a comerciantes y vendedores ambulantes en la zona centro de la capital chiapaneca. A finales del mes de abril en el municipio de Pueblo Nuevo de igual manera se suscitó un operativo de desalojo a vendedores ambulantes, en este hecho participó la policía municipal, estatal y la SEDENA. Hasta la fecha militares y policías mantienen vigilados los mercados y espacios públicos para evitar el ambulantaje. Con estas acciones represivas el gobierno morenista de Chiapas condena a cientos de personas a vivir sin una fuente de ingresos, a vivir en condiciones precarias, sin alternativas para resolver su existencia, un claro ejemplo de que eso de “gobernar para los pobres y respetar los derechos humanos” no es otra cosa que demagogia. El paramilitarismo es otro fenómeno represivo presente en lo que va de esta pandemia, las agresiones de este tipo hacia comunidades organizadas es cada vez más constante, por ejemplo, en el mes de abril un grupo paramilitar cobijados por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) agrede a comunidades organizadas en la región de selva norte, concretamente en contra de bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad Moisés Gandhi. En la misma región a principios de junio el grupo paramilitar “los petules” privó de su libertad a tres integrantes del FNLS los cuales quedaron libres gracias a la movilización y acciones de autoprotección colectiva, después de eso el grupo paramilitar mantiene los ataques con disparos hacia la comunidad y población del Ejido El Carrizal. Este grupo es protegido por las autoridades municipales y estatales, porque se pasean en camionetas y armados en los municipios de Altamirano y Ocosingo y la policía ni el ejército hacen nada al respecto, existen denuncias formales por sus agresiones y la Fiscalía General del Estado (FGE) lo que hace es otorgales impunidad.
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Otra forma en la que el Estado mantiene la represión es a través del hostigamiento e intentos de detenciones arbitrarias en contra de integrantes de organizaciones populares, está el caso del magisterio democrático, específicamente los aglutinados en la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la sección 40 del SNTE CNTE, con la prefabricación de delitos como suele hacerlo la FGE pretende encarcelar a parte de la dirección política de dicho referente magisterial y con ello frenar la lucha por la defensa de la educación gratuita y por la defensa de los derechos laborales. La AED es un referente magisterial de lucha que se guía bajo los principios proletarios de la CNTE, mantiene la resistencia contra la ley educativa neoliberal, más recientemente condenó y se movilizó en contra de la nueva ley del ISSTECH que atenta contra el derecho a la jubilación de los trabajadores de la educación, lucha que ahora el Estado pretende detener con acciones represivas. Hacia el FNLS las acciones de hostigamiento policíaco militar, amenazas de cateos, detenciones arbitrarias y agresiones paramilitares van en aumento, en paralelo a una campaña mediática de criminalización y señalamientos que buscan justificar la represión. En conjunto se observa una eminente campaña represiva en contra de las organizaciones populares e independientes. Tampoco los despojos de tierras se detienen en esta contingencia, el 16 de marzo en el municipio de Tonalá se llevó a cabo un operativo donde desalojaron de manera forzada a familias de sus hogares, con este desalojo el gobierno chiapaneco ha despojado más de 35 mil hectáreas de tierras a comunidades campesinas y colonias populares, y ha detenido a más de 275 personas que no es más que gente del pueblo que lucha por el derecho a la tierra, por tanto, presos políticos. La situación jurídica de los presos políticos es de detención injusta, con carpetas de investigación armadas y delitos incriminatorios son obligados a permanecer encarcelados. Con
el cierre de instituciones por la pandemia, entre ellas la Fiscalía General del Estado los procesos jurídicos de los presos políticos quedaron detenidos y con ello se extiende el tiempo de la detención injusta, tiempo que pretende ser utilizado para cansar a los familiares y organizaciones en la exigencia de libertad y para integrar nuevas falsas pruebas en las Carpetas de Investigación. Como puede observarse el esfuerzo del Estado por someter a la organización independiente es constante, a la par echa a andar la construcción de los megaproyectos como el Tren Maya, concesiona minas a empresas transnacionales y otorga tierras a caciques y empresarios. Para ocultar todo este clima de violaciones a los derechos humanos el gobierno chiapaneco utiliza el aspecto mediático, presenta a la pandemia a través de los medios de comunicación alejada de una concepción científica y le dan un sentido cuasi “apocalíptico”, lo que genera incertidumbre en la sociedad. De este modo la pandemia sirve como el distractor, la cortina de humo para esconder una nueva oleada de represión contra el pueblo. El escenario en este contexto para el pueblo es adverso porque tiene que lidiar con las diversas enfermedades y la falta de acceso a la salud, las consecuencias de la crisis capitalista que son el desempleo, la pobreza, además de la violencia institucional. Con o sin pandemia el gobierno chiapaneco reprime, por lo que la necesidad de enfrentar la represión es inaplazable, como movimiento popular nuestra tarea es estrechar lazos de solidaridad, generar espacios para construir la coordinación y unidad porque es la única forma de garantizar nuestros derechos y libertades políticas y contener los efectos perniciosos de la violencia institucional.
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FIDENCIO Fidencio: Ya no volviste con nosotros como dijiste Ni llegaste hasta tu pueblo porque en el camino desapareciste Los hombres con fusil te lo impidieron Te llevaron al lugar de tormento por orden del gobierno
Fidencio: Las perlas no se opacan a pesar que no te encuentra Cobran brillo porque hay otros que bruñen con firmeza la piedra que dejaste en las tierras del sureste Fidencio El pueblo te reclama vivo como Fidencio cuando te llevaron por la fuerza Hoy brotan destellos de esa perla Necesario es aclarar que no que tallaste con tus manos y que hoy son es súplica a tu verdugo puños Ni favor pido con clemencia que sostienen tu rostro y recorren los Es exigencia combativa por eso caminos que anduviste levanto mi puño con firmeza Fidencio El pueblo libra batalla callejera En los pueblos, colonias y ciudades Tu nombre en alto es bandera Como los miles que existen en esta tierra Fidencio Hasta tu regreso Hasta que llegues a tu pueblo Hasta que te presenten con vida No bajaré el puño izquierdo, ni pararé con las acciones combativas
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Fidencio ¿Quién podrá impedir que tu nombre traspase las fronteras y tu rostro tapice las paredes de la urbe? No hay hierro, ni bota, ni casco, ni fuerza que arranque de la memoria del pueblo las raíces que sostienen tu nombre, porque tu abonaste la tierra que de ella nace la semilla que siempre mantiene verde la parcela que augura socialismo.
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La violencia ante la pandemia en el Valle de México
a violencia institucional no dejó de ejercerse contra el pueblo durante la pandemia que produjo el Covid-19; virus que llegó a nuestro país a finales de marzo del año en curso. La primera expresión fue la medida autoritaria del gobierno federal al declarar un período de cuarentena sin garantizar las condiciones socioeconómicas para el pueblo. En el Valle de México, los brotes de inconformidad surgieron por la imposibilidad para miles de familias de quedarse en casa y dejar de trabajar; grupos de pequeños comerciantes, artesanos, artistas, entre otros sectores, exigieron al gobierno federal apoyos económicos para pasar la cuarentena; vecinos al sur de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México denunciaron la falta de agua en las colonias populares, problema que persiste desde años atrás, pero se hizo más evidente en este tiempo por la necesidad imperiosa de contar con condiciones de higiene y limpieza ante el coronavirus. Las protestas de los trabajadores de la salud por la falta de insumos médicos evidenciaron que el sistema de salud es deficiente, sobrevive lo poco que queda de salud pública; la corrupción y el burocratismo aún presentes en las estructuras de las instituciones contribuyeron a la incapacidad por atender a toda la población en riesgo. Si hablamos de violencia ante la pandemia ¿Cómo se define la condición paupérrima del pueblo trabajador por lo antes descrito? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado ante la sistemática violación a los derechos humanos? Si bien, esta condición no es reciente, sí es responsabilidad directa del Estado mexicano pues obedece a las políticas neoliberales y capitalistas que rigen al país. El problema no radica en la emergencia sanitaria pues se trata de una eventualidad que
afectó a todo el mundo, sino de la respuesta oportuna de los Estados por aminorar el impacto de su población. Fuimos testigos de la actitud indolente, autoritaria y represiva de los tres niveles de gobierno en toda la geografía mexicana, presidentes municipales, gobernadores y el ejecutivo federal, fueron parte de la imposición de medidas autoritarias contra el pueblo trabajador. Ante las necesidades básicas del pueblo por contar con una alimentación diaria y una dieta rica en proteínas y otros elementos necesarios para mantener un organismo sano, según las propias recomendaciones de la Secretaría de Salud, las delegaciones de la Ciudad de México, como Iztapalapa, repartieron despensas en un par de ocasiones, con alimentos pobres en nutrientes y para escasos unos cuantos días, en sí son una burla, que ofende a las masas trabajadoras, si en su lógica consideran que lo distribuido satisface las necesidades de una familia. El pueblo sobrevivió como pudo durante estos tres meses de confinamiento, muchos arriesgaron su vida al salir a las calles para ganarse el pan. Situación que demuestra el poco interés de los distintos gobiernos, en los hechos no les interesa la vida del pueblo, pues no son capaces de garantizar, antes de la pandemia ni durante ésta, las condiciones mínimas de sobrevivencia. La respuesta que sí estuvo presente todos los días de la cuarentena fue el uso excesivo de la de las fuerzas policíacas y militares para contener a la población inconforme. Se desplegaron operativos de esas corporaciones con la presencia de la Guardia Nacional, en los lugares de mayor afluencia, los tianguis, los mercados, el transporte público y en los hospitales, quienes con armas largas y actitud intimidante impidieron que trabajaran las personas que dependen del
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sustento diario, es el caso de los tianguistas y comercios afuera de los hospitales, con eso lejos de garantizar la seguridad, generaron un ambiente de terror en la población, incluso, incrementaron las muestras de hostigamiento y represión por dichos elementos. La contingencia sanitaria fue el motivo prefecto para acelerar la entrada de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional. A pesar de las críticas que le llovieron al gobierno sobre dicha política, incluso pese al pronunciamiento que emitió la ONU- Derechos Humanos, la militarización a estas alturas es un hecho innegable. En el Valle de México, la muestra más clara de violencia institucional durante la pandemia, fue la cometida el pasado 5 de junio contra un grupo de jóvenes que protestaban frente a la embajada de Estados Unidos (EEUU) en México, en solidaridad con las protestas antirracistas en EEUU y por la muerte de George Floyd, joven afroamericano asesinado a manos de la policía estadounidense. Melanie, una adolescente de 16 años de edad que participaba en las protestas, fue brutalmente atacada por un grupo de policías capitalinas quienes con saña la golpearon por todo el cuerpo y en la cabeza, quien sufrió graves contusiones. La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, reconoció el hecho como “abuso policial”, sin embargo, no es la primera vez que cometen este tipo de actos y lejos de considerarse un “abuso” es parte del protocolo de actuación de la policía capitalina, responde a una política gubernamental que consiste en la formación, entrenamiento y objetivo de los cuerpos policíacos para garantizar el llamado “orden social” o “estado de derecho”. La detención de dos policías señalados como responsables de la represión contra Melanie, no es garantía de justicia, éstos obedecen a una cadena de mando y así lo denunciaron en las protestas que el mismo cuerpo de policías realizó en exigencia de la libertad de sus compañeros, por tanto, el pueblo debe exigir una investigación
exhaustiva que llegue hasta los altos mandos. No es el primer caso de injusticia cometida a manos de los policías, la represión y el abuso de autoridad es el modo de actuar de dichas corporaciones. No olvidemos el caso de Marco Antonio, joven de 17 años que fue detenido, golpeado y desaparecido de manera forzada por la Policía de Seguridad Pública de la CDMX en 2018. La represión, acoso y hostigamiento de policías contra las pasadas manifestaciones contra los feminicidios en el país y la indolencia de las autoridades es regla y no la excepción en la CDMX. Hay muchos casos de hostigamiento policial a ciudadanos en toda la ciudad y la tónica es la misma, la policía siempre agrede, hostiga y criminaliza a todo aquel que se le atraviese o tenga la mala fortuna de cruzarse en su camino. El conjunto de hechos nos demuestra que la violencia institucional emana desde las estructuras del Estado, en consecuencia, no desaparece con el cambio de una administración o por la contingencia sanitaria, máxime cuando los autores materiales intelectuales permanecen en las estructuras del Estado o se protege al Ejército mexicano, principal ejecutor de los crímenes de lesa humanidad. Salir de la contingencia sanitaria implica retomar con nuevos bríos las banderas de lucha por la JUSTICIA para el pueblo. Si la cuarentena fue el pretexto del Estado para acelerar la militarización del país, debemos desenmascarar esta medida y continuar con la denuncia de todos los hechos represivos que se comenten en el país. Ante la violencia de clase se antepone la creatividad y combatividad del pueblo en cada una de las acciones políticas de masas. La represión no será el freno para detener el avance de la organización independiente del pueblo.
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DE LA COTIDIANIDAD A LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
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cumplirse un año de la detención del compañero Javier González Díaz, quien fue víctima de tortura, desaparición forzada por más de 25 horas y hasta la fecha lo mantienen como rehén político. El Estado mexicano no terminó su ofensiva represiva con el cometido de esta grave violación a los derechos humanos. Dos meses después se comete la detención de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez y un mes después la de nuestros compañeros Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez. En esta lucha por la libertad de nuestros compañeros y familiares vimos la necesidad de conformar el COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS “VOCES DE LIBERTAD”, con la finalidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el uso faccioso del derecho para castigar la voluntad de lucha y la implementación de la prisión por motivaciones políticas. La circunstancia de ser víctima indirecta es una afrenta del Estado y particularmente del gobierno chiapaneco, nos condujo a la necesidad de la preparación en materia de Derechos Humanos para defender a nuestros familiares, conocer qué derecho humano se le violentaba, y así poder desarrollar la lucha jurídica, política y de derechos humanos. En estas líneas escribimos la experiencia que cada uno de nosotras tuvo al momento de la detención de nuestros familiares, la cual, compartimos con ustedes en esta edición de Consigna Socialista.
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Magali González Alfonso, detienen a mi padre Javier González Díaz Todo comenzó con la detención arbitraria de mi padre Javier González Díaz el día 17 de julio del 2019, por agentes vestidos de civil, quienes lo entregaron a la policía municipal y lo mantuvieron detenido desaparecido por más de 25 horas; no lo querían presentar a las instancias judiciales. Acudimos a la comandancia del municipio Las Rosas con una comisión de compañeros de la organización para preguntar si tenían a mi papá, ahí nos negaron toda información, los policías nos dijeron que no tenían a ningún detenido con el nombre de Javier. Temíamos que algo más grave le pasara, porque sabemos que las autoridades gubernamentales cometen crímenes atroces contra luchadores sociales como lo han hecho con otros compañeros de la organización. Ante estos hechos, realizamos diferentes acciones
políticas de masas en la organización para exigir que lo presenten con vida, sólo así fue que lo presentaron con vida. Cuando logré ver a mi padre, estaba brutalmente torturado, tenía muchos golpes en su cuerpo, principalmente en el rostro, ahí me dijo que lo habían torturado los policías. Ese mismo día que pude verlo, lo trasladaron inmediatamente sin justificación legal al Centro de Reinserción Social para Sentenciados CERSS. Núm. 5 en San Cristóbal de Las Casas Chiapas. Ahí le dijeron de qué lo acusaban, era obvio que le fabricaron delitos, la investigación que presenta la fiscalía no tiene sustento jurídico. En la organización hemos realizado diferentes jornadas de lucha para exigir la libertad de los presos políticos. En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas realizamos dos plantones, y otro en la Ciudad de México, la respuesta del gobierno fue más represión y hostigamiento, incluso
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Consigna Socialista Como familiar no descansaré hasta ver a mi padre Javier González Díaz en libertad y a los compañeros Armando, Venturino, Asunción y el compañero profesor Leobardo Reyes Meza. Los queremos aquí con nosotros para que sigan en pie de lucha por el socialismo en México. ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! Blanca Mariela nos describe cómo fue la detención de su papá Armando Hernández Sánchez En la organización realizábamos acciones de protesta para exigir la libertad del compañero Javier, cuando detienen de manera arbitraria mi padre Armando Hernández Sánchez, el 28 de septiembre de 2019 a la salida de su trabajo. Estaba sobre la parada del transporte que lo llevaría a casa, cuando agentes vestido de civil lo detuvieron, le cubrieron el rostro y lo subieron a una camioneta blanca. En el trayecto las amenazas eran constantes, lo trasladaron a una celda oscura en el CERSS No 14, lugar donde fue torturado por más de 30 minutos, le pedían información de la organización y nombres compañeros, al ver que no les decía nada, lo trasladan al área de detenidos y sentenciados en el mismo CERSS. Cuando detuvieron a mi padre me vi en la necesidad de salir de mi casa para exigir su libertad; el primer lugar donde llegué fue en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ahí estaban compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), realizaban acciones políticas de masas para exigir la libertad de mi padre y la del compañero Javier González Díaz. Es cuando nos avisan que habían detenido a otros dos compañeros de la organización a Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez el 21 de octubre del 2019, ellos iban a su trabajo, ahí los detienen y los trasladan al CERSS Núm. 14, lugar donde actualmente están presos injustamente. Para exigir la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos del estado de Chiapas, se hacen acciones políticas de
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estábamos en mesas de diálogo con funcionarios de la Ciudad de México cuando detienen al compañero Armando Hernández Sánchez, el 28 de septiembre del 2019 y lo trasladan al CERSS Núm.14 en Cintalapa, Chiapas. Debido a que no recibimos una respuesta favorable a nuestras demandas por parte del gobierno federal, en el mes octubre de 2019 realizamos una Jornada Nacional de Lucha que llevó el nombre de JORNADA NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y EL TERRORISMO DE ESTADO, en la que recorrimos diferentes estados, donde les dimos a conocer el motivo de nuestras demandas que son la libertad inmediata al compañero Javier y Armando, cese a la represión contra del FNLS y la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. El 25 de mayo del 2020 iniciamos otra Jornada Nacional de Lucha, pero ahora con la exigencia de una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Dra. Olga Sánchez Cordero para tratar dos demandas concretas: la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la del compañero Fidencio Gómez Sántiz; y, los casos concretos de nuestros familiares Javier, Armando, Asunción y Venturino, presos políticos del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En el estado de Chiapas se criminaliza la lucha por defender el derecho a la posesión colectiva de la tierra, luchar por mejores condiciones de vida y por el socialismo en México, pero, para el gobierno actual, luchar es un delito, por eso nuestros familiares y todos los que integramos el FNLS nos llaman delincuentes y amenazan con hacer efectivas más de 135 carpetas de investigación. Mi padre Javier el próximo 17 de julio del 2020 cumplirá un año de estar en la cárcel injustamente, por lo cual, como hija del preso político llevo un año en la exigencia de su libertad y todo lo que he a prendido es gracias a la organización a la que pertenezco.
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masas como denuncias, mítines, conferencia de prensas y volanteo donde tenemos presencia como FNLS.
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Carmen Torres Gómez describe cómo fue la detención de sus padres Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez Cuando te enteras de la detención de uno de tus compañeros con quien posiblemente hayas convivido en una actividad política, te invade la impotencia por la injusticia que comete el Estado, pero en ese momento también te pones a pensar en la familia del compañero, y a la vez conoces que las comunidades organizadas realizan acciones de protesta para exigir su libertad, eso te brinda confianza en la organización. En el momento de la detención desaparición forzada del compañero Javier, encontrábamos en una de las escuelitas de formación político cultural que se realizan en cada período vacacional para formar al luchador por el socialismo. En este proceso estábamos, cuando nos comunican que habían detenido desaparecido a un compañero desde la mañana y aún no se había localizado, y las autoridades no daban información de él. Ante esa situación varias comunidades realizaron acciones de protesta para exigir al gobernador Rutilio Escandón Cadenas la presentación con vida de nuestro compa, en ese momento uno quisiera estar con ellos para contribuir a las actividades, pero nuestra actividad consistía estar en el estudio, por lo que teníamos que ser pacientes, sobre todo, guardar la calma. Las acciones pronto dieron resultados, presentaron con vida a nuestro compañero, aunque en condiciones inhumanas, estaba brutalmente torturado; lo acusaban de delitos que no cometió. Las actividades de protesta se mantuvieron porque trasladaron al compañero al CERSS No 5 con delitos fabricados, ni siquiera tomaron en cuenta la tortura de la que fue objeto, por lo que la lucha por su libertad inmediata e incondicional continuaba.
En el transcurso de las actividades fuimos víctimas de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por nuestra forma de lucha, en los hechos criminalizaron nuestras actividades de protesta, incluso en una de las actividades fuimos agredidos por un militar quien accionó su arma de fuego contra dos de nuestros compañeros quienes realizaban un volanteo carretero, afortunadamente las heridas no fueron graves. A pesar de todo esto no desistimos de la lucha, la mantuvimos. El 1 de octubre del 2019 iniciamos la “JORNADA NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y EL TERRORISMO DE ESTADO” para dar a conocer la situación de nuestro compañero, pero antes de iniciar nuestra jornada detienen al compañero Armando Hernández Sánchez el 28 de septiembre del 2019. Él se encuentra en el CERSS Núm.14 de manera injusta, también fue víctima de tortura, aproximadamente por 30 minutos. Con esta detención el gobierno intentaba frenar nuestra lucha por la libertad de los presos políticos, sin embargo, la jornada no se canceló, al contrario, teníamos un motivo más para luchar, hicimos un recorrido en diferentes estados donde tenemos presencia y arraigo como FNLS, ahí dimos a conocer las inconsistencias jurídicas que tienen las carpetas de investigación, donde queda claro que no hay argumento jurídico para mantener presos a nuestros compañeros. Concluimos nuestra jornada el día 21 de octubre en la Ciudad de México, justo ese día detienen nuevamente a otros dos compañeros, a un matrimonio, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, padres de siete hijos, tres de ellos menores de edad, quienes quedaron en total desamparo. Como hija de Venturino y Asunción, cuando me enteré de la detención de mis padres me quedé impactada, sin saber qué decir y en ese momento llegan recuerdos, y sólo llegan ideas negativas y se vuelve peor aun cuando no hay información precisa de dónde y cómo están. Cuando detienen a los padres se experimentan
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sentimientos que nunca había sentido, porque se trata de la familia, arrancan violentamente a la persona con quien se ha convivido casi toda la vida, y así de la nada nos separan de ellos. Es una situación muy difícil de asimilar, llega el sentimiento que no se va a poder con esa situación, ver a los hermanos, llegar a casa y no ver a los padres, se siente un gran vacío que no se llena con nada. Parece imposible soportar ir a las visitas por el hecho de que no hay la asimilación de lo que ha sucedido, pero conforme pasan los meses poco a poco llega la compresión del hecho y esa tristeza, ese vacío que existía es superado al saber que los padres están firmes en la lucha, eso es algo que motiva para hacer lo mismo. De esa forma es como se modifica la actitud, en cada actividad que se realiza no es motivo para tener miedo cuando la gente solidaria o periodistas pregunten ¿Cómo se siente de manera personal?, y en ese momento soltar el llanto. Esto deber ser pasado a segundo plano y poner como principal objetivo la exigencia de la libertad de nuestros compañeros, porque quedan claras cada una de las razones de su detención injusta. Cada actividad política que hemos realizado durante este tiempo, desde la detención de nuestros familiares, la respuesta del gobierno ha sido indolente, omisa ante nuestra exigencia de libertad a los presos políticos y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en concreto de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Lo que hemos obtenido como respuesta es la represión, criminalización hacia nuestra organización por las actividades de protesta que realizamos en nuestras jornadas de lucha. El día 25 de mayo del año 2020 iniciamos la jornada de lucha DEMANDA PENDIENTE PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS. En el marco de la semana internacional del detenido desaparecido, nos dimos a la tarea de impulsar dicha jornada ya
que nuestras demandas no han sido atendidas por parte del Ejecutivo federal. Desde el inicio de esta jornada la actitud del gobierno federal ha sido omisa e indolente ante esta situación, el acercamiento de funcionarios públicos es deficiente, nunca quisieron comprometerse con entablar la mesa de diálogo que solicitamos con la Dra. Olga Sánchez Cordero, quien representa la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y con el presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador para exponerles nuestras demandas que tenemos como organización. En vez de atender nuestras exigencias, lo único que hicieron fue actuar con omisión y dilación. En los diferentes estados donde tenemos presencia y arraigo como FNLS, se realizaron diversas actividades, donde nuestros compañeros fueron víctimas de intento de desalojo en las actividades que realizaban, hostigamiento por parte de policías. Lo mismo aconteció en el estado de Chiapas donde el gobierno mantiene su ofensiva represiva contra nuestra organización. Pero pese a todo esto que aconteció en estos estados, en nuestra jornada no se claudicó, al contrario, cada intento de represión que ejercían contra nuestros compañeros, era motivo para mantener con mayor permanencia nuestra actividad de protesta y de ese modo responsabilizar al Estado mexicano de cada violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esta es la lucha que hemos llevado como familiares de presos políticos, para exigir la libertad de nuestros familiares, y aunque no están libres como nosotros quisiéramos, en todo este tiempo que llevamos en esta exigencia, tenemos avances significativos, hemos ganado experiencia y fortaleza para seguir con la lucha el tiempo que sea necesario. Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”
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