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AMERICA LATINA: EL DESAFIO DEL DESARROLLO

El Consenso de Washington: Antecedentes A inicios de los años 90, John Williamson, economista del Institute for International Economics, condensó una serie de ideas vertidas por diversos economistas de renombre en las últimas décadas, respecto de las políticas económicas que necesitaría América Latina para ir rumbo al desarrollo. Estas ideas se plasmaron en lo que él denominó el Consenso de Washington y contiene las siguientes recomendaciones: Disciplina fiscal Un reordenamiento de las prioridades del gasto público Reforma tributaria Liberalización de las tasas de interés Tipo de cambio competitivo Liberalización comercial externa Liberalización de los flujos de inversión extranjera directa Privatización Desregulación de los mercados Asegurar los derechos de propiedad. Estas 10 políticas deberían, promover el desarrollo de las economías latinoamericanas. En los años 90, diversos gobiernos latinoamericanos implementaron estas políticas que a juicio de los analistas fueron parciales e incompletas. Las medidas económicas en los 90 y el Consenso de Washington Para revisar rápidamente la aplicación del Consenso de Washington, diremos que pocos países aseguraron un equilibrio fiscal, la enorme deuda pública argentina y peruana, por ejemplo, conspira contra esa meta. Peor aún, las enormes demandas sociales son una fuente de presión para que el gobierno tenga un gasto expansivo y postergar el equilibrio fiscal, tal como sucede en nuestro país. Si revisamos las prioridades del gasto público en nuestro caso, hoy asistimos a un profundo desorden de las políticas públicas, un ejemplo de esto es la diversidad de programas sociales con objetivos similares pero actuando en áreas distintas del estado, la poca visión de unificar criterios de orientación al gasto público es algo latente, el país enrumba desordenadamente su gasto, no prioriza ni reforma el estado para ese fin, se perpetúa el desorden del gasto público y su ineficiencia. Países como Bolivia y Perú reformaron sus estructuras tributarias, de la exitosa reforma peruana de la década de los 90, se ha pasado a un entrampamiento del régimen tributario, con un régimen de exoneraciones que limitan la ampliación de la base tributaria, nuevos impuestos como el bancario, dependencia de recaudación del impuesto general a las ventas, escaso control en las zonas exoneradas, diversidad de criterios en la aplicación de un mismo tributo


como el IGV e inclusive la diversidad de tratamientos según el régimen tributario y la poca transparencia de diversas acciones con fines tributarios. En materia de las tasas de interés se avanzó bastante, sin embargo el mercado financiero libre no ha generado bajas fuertes en la tasas de interés. Estas se han mantenido dos a tres veces más grandes que las tasas internacionales, denotando un mercado financiero riesgoso, pequeño, y poco profundo. En el caso del tipo de cambio, en el Perú se implanto el régimen de cambio flexible. En este punto nuestra economía evidencio fragilidad a los shocks externos, representado ello en las caídas de los flujos de capitales y enormes depreciaciones del tipo de cambio, un ejemplo es la depresión que sufrió nuestro país como resultado de la crisis asiática y otro ejemplo más grave es la reciente crisis argentina. La liberalización comercial externa se realizó en el Perú con bastante rapidez, a juicio de diversos economistas locales esta debió ser gradual. La pesada estructura productiva local sucumbió a la apertura externa, un sector que rápidamente decreció fue el textil, seguido de las pequeñas industrias de vestido y calzado existente en el país. Sin embargo esta medida ayudó a elevar las exportaciones peruanas, eliminado una diversidad de trabas y mecanismos de protección excesiva. En el caso de la inversión extranjera, el Perú las promovió agresivamente, con diversos mecanismos legales y beneficios tributarios, los capitales externos apostaron a la minería y las telecomunicaciones en primer orden. El flujo de estos capitales ha decrecido en los últimos años, debido al poco dinamismo económico nacional, a las crecientes olas de inestabilidad política y social, pero sobre todo debido a las fuertes trabas institucionales que pone el enorme e ineficiente estado. La privatización fue la ola que trajo las inversiones extranjeras, e incremento la inversión local. Esta se realizó con fuerza en los 90, pero sus deficientes resultados percibidos en la población, han hecho que este proceso se haga lento, por no decir nulo. No se esperan mayores recursos por este rubro, a pesar del potencial de concesiones y traspasos de otros activos del estado. Los mercados del Perú se liberalizaron, sin embargo esto no ha hecho que la economía se formalice, por el contrario más de un tercio de la actividad económica se desarrolla de manera informal, afectando la calidad de vida de los trabajadores y frenando la expansión empresarial y productiva del país. El aseguramiento de derechos de propiedad ha sido un tema poco abordado en el país, muchas empresas, sobre todo las que tratan con propiedad intelectual han visto continuamente afectados sus derechos comerciales y no pocas han cerrado sus operaciones. En un país en donde se cultiva la piratería, debido al bajo costo y a la creciente pobreza, la agenda aún esta abierta y se esperan medidas en este tema, sobre todo en una lucha frontal contra el contrabando y la venta ilegal de mercaderías. Pero Latinoamérica no creció más con el Consenso de Washington, por el contrario creció a menor ritmo que en décadas anteriores, sin embargo la causa no son las políticas emanadas del Consenso, las causas han sido muchas estructuras rígidas en nuestras economías y enormes fallos institucionales, además que el consenso en ningún momento postulaba como


idea original un equilibrio social, mucho menos un ejercicio adecuado del poder político, sus efectos básicamente económicos y socialmente lejanos, han sido quizás, su mayor debilidad en el análisis de los últimos 10 años. Un nuevo enfoque para el Consenso de Washington A partir de los resultados nada satisfactorios para la Región, se ha pensado en un rediseño y ampliación de las políticas que fomentaba el Consenso, de modo que ellas puedan ayudarnos a salir del subdesarrollo, revisemos brevemente: Mejoras en la defensa de la economía ante crisis externas - El “blindaje contra shocks externos”, requiere mejores niveles de reservas (sobre todo en economías primarias exportadoras) y un equilibrio presupuestal público, con un manejo adecuado y sostenible de la deuda externa. - El uso activo de políticas fiscales anticíclicas, para manejar las caídas del producto ante efectos externos. - Un régimen de tipo de cambio flexible, que no genere efectos anti exportadores, es decir se aprecie fuertemente con la entrada de capital externo. - Políticas de gasto al interno de las regiones, acorde con el presupuesto nacional. - El uso activo de metas de inflación, generar una mayor presencia de la moneda local en las economías nacionales y tener un sistema financiero con supervisión prudencial (que evalúe ex ante los riesgos del sistema y genere un sistema de control). - Elevar de manera progresiva el ahorro interno y fortalecer el sistema de pensiones privado. Completando las reformas de los 90 - Una de las reformas incompletas ha sido la del mercado laboral, el cual está estancado en la generación de empleo formal, las razones son diversas: una deficiente formación técnica, un marco legal complejo y costoso para el empleador, escasos mecanismos de información y una decreciente productividad laboral. Esto obliga a que el mercado laboral esté en la mira de la ola de reformas que deben darse en estos tiempos. - Una mayor integración a los mercados mundiales, vía acuerdos comerciales externos. - Profundizar en los mecanismos de supervisión financiera, para reducir la exposición al riesgo y evitar las crisis financieras locales, ante shocks externos imprevistos. - Continuar con el proceso de privatizaciones, previamente evaluar y corregir las fallas del proceso, considerando aspectos de regulación de los servicios públicos o del mercado en general. La dimensión política del Desarrollo La

democratización

de

América

Latina

viene

experimentando

contradictorias

experiencias. Ya no se requiere de mayor debate ideológico para demostrar que la democracia


es una condición necesaria para el desarrollo. Sin embargo regimenes democráticos vienen experimentando presiones, que como en el caso de Bolivia resultan en un desencanto de la democracia. ¿Qué podemos intuir se esconde bajo estas manifestaciones de desencanto democrático? ¿Es la democracia la que esta en juego o las instituciones que precisamente constituyen la trama de la democracia? La Democracia no solo es un régimen político sino un sistema de relación con los ciudadanos. La democracia solo puede ser efectiva y sostenible en el

largo plazo si el proceso se convierte en un proceso de deliberación, representación,

consulta y construcción de coaliciones entre los grupos de la sociedad. La nueva teoría del desarrollo parece revalorizar el valor de la política. Las instituciones son el resultado de las relaciones de poder, donde la historia y la cultura desempeñan un papel esencial. En la región de América latina, la frontera entre autoritarismo y democracia, participación y exclusión; sigue siendo muy endeble. En los años setenta primaba la importancia del capital humano y en los ochenta la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de los programas de ajuste. En los noventa dominan los temas de la economía institucional como factor clave para crear capacidad, siendo la base de un mercado eficiente. Esta teoría va ha radicar en el estado de derecho democrático y se combina con la importancia en capital humano, la estabilidad macro económica y la existencia de mercados competitivos y bien regulados. Entonces se da un énfasis a la falla del proceso político, fallas que han convertido a un buen gobierno en un artículo suntuario. El desarrollo debe concebirse como un desafío de carácter político y debe ser punto de partida irremplazable de cualquier estrategia de desarrollo. La pobreza y la desigualdad ha sido una de las características de las sociedades latino americanas.

La inexistencia de instituciones democráticas ha recortado fuertemente la

capacidad de responder a las necesidades y esperanzas de los ciudadanos. La debilidad de las instituciones, pone en entredicho los derechos y las libertades y por ello la crisis de legitimidad de una sociedad política encuentra su explicación en su baja eficacia para procesar estas demandas sociales. La habilidad de las instituciones para organizar el poder y sujetar el conflicto social a la dinámica del estado de derecho democrático, permitiría calibrar el impacto de las transformaciones económicas en el sistema político y las implicancias del cambio político en el sistema económico. Los estados democráticos con algún grado de consolidación institucional se miden en función de dos tareas complementarias: Asegurar el funcionamiento del mercado y además, el garantizar los bienes colectivos y de merito que el mismo mercado no puede proporcionar, sin los cuales se hará insostenible el orden social. La relación Estado-Mercado no ha sido la más apropiada en América Latina porque el funcionamiento del sistema político no ha sido congruente con las condiciones de eficiencia y legitimidad del mercado en términos de competencia, transparencia y equidad. Las fallas de política e instituciones han conducido a intervenciones estatales perversas que han estimulado el criterio rentista en lugar de la competitividad. Como lo reconocen los entendidos, la política importa mucho y tiene más trascendencia para el funcionamiento de la economía.


El ejercicio de lo político debe medirse a través de la eficacia de esta. Esta debe empezar por repensar los estándares éticos de la política. Los estándares éticos de los líderes afectan severamente los estándares éticos y morales de la población. Es la batalla que debe librarse para eliminar privilegios, combatir prácticas excluyentes, para pasar el régimen del premio al mérito. Convertir el método de la democracia en un hábito debe pasar por una transformación cultural que debe tutelar la reforma. El reencuentro de la ética con la práctica de la política es consustancial a la democratización. El accionar del estado debe estar libre de deficiencias tales como debilidad de la administración financiera, diseño de políticas y sistemas de gasto ineficientes y poco transparentes, sistemas engorrosos de adquisiciones, sistemas de regulación ineficientes y no transparentes, ausencia de un servicio civil autónomo y eminentemente técnico. Esto debe marchar paralelamente con el fortalecimiento de la participación civil como veedurías ciudadanas, mecanismos de control de la gestión y otros mecanismos que aseguren la confianza de la ciudadanía en la acción estatal. Existe otra paradoja que debe ser resuelta por un lado los procesos de democratización y la agudización de la pobreza. La inequidad, la desigualdad, y la pobreza constituyen un obstáculo para la consolidación de la democracia entre nuestros países. El mal funcionamiento de las instituciones públicas modifica negativamente la eficacia de la política social. Deberíamos preguntarnos si nuestros estados han adquirido la calidad y la eficiencia para cumplir los cometidos sociales en un escenario de gran debilidad institucional. Pobreza es marginación de los procesos de toma de decisiones y en consecuencia las instituciones, las normas y valores a través de las cuales interactúan los individuos son relevantes.

La

estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento no pueden ser el punto de llegada de una estrategia de desarrollo sino el punto de partida para la solución de los problemas. Se ha venido dando una gran importancia a la inversión en Capital Humano como la condición para crear la equidad que sustenten de estabilidad política y social. Pero precisamente el estado debería mejorar sus prestaciones de servicios sociales a través de un mejor uso de los recursos asignados al gasto social por parte de las instituciones públicas con la participación de la sociedad civil. Como lo ha señalado Anthony Giddens, si la modernidad produce diferencia, exclusión y marginalización, se trata de hacer compatibles los valores éticos y la eficiencia del mercado humanizando los conceptos económicos. Por eso se debe pensar en la campaña contra la pobreza como un reto ético y moral. El nuevo enfoque de desarrollo debe estar basado en los derechos de los ciudadanos y estos a su vez deben ser parte integral de los procesos y políticas de desarrollo. Los derechos políticos y civiles, los derechos económicos y sociales son las dos caras de una misma moneda. La noción de los derechos del desarrollo se debe ver como un derecho a la auto determinación como la obligación del estado de asegurarlo. Estos derechos son la igualad de oportunidades en términos de salud, educación, vivienda, alimentos, empleo y justa distribución del ingreso. Su cobertura y garantía suponen prioridades para el gasto público lo que algunas cartas constitucionales denominan necesidades básicas insatisfechas o bienes de merito o bienes de valor social.


Otro de los déficit de nuestras democracias es el déficit de la justicia, es decir el marco legal que proclame y garantice la libertad de empresa en un entorno de competencia efectiva, que defina y garantice los derechos de propiedad, que impida la intervención arbitraria del estado en la vida económica obstaculizando la competencia de mercado, impidiendo la captura del estado por un grupo de interés particular y racionalizando los marcos de regulación orientándolos a la garantía de los bienes públicos. La reforma debe apuntar a aquellos procesos con impacto sobre la seguridad jurídico-económica, es decir la disminución de los costos de transacción y a la creación de un sistema adecuado de incentivos. El mercado y el estado como se ha dicho tienen una función que cumplir lo que no significa necesariamente que los va a hacer bien y que se actúe siempre en función de interés público. La reforma del estado requiere iniciarse con la redefinición del interés público y del servicio público para convertirlos en sus cometidos principales. La independencia del poder judicial debe concebirse mas que una relación de doble vía frente a otras funciones públicas de respeto a otros poderes al ejercicio de una función subordinada a ley para la preservación del equilibrio entre ellos pero a la vez de apertura a la colaboración entre estos para cumplir con las demandas ciudadanas. Otro déficit que enfrenta la democracia en América latina es el déficit de la seguridad ciudadana. La gente especialmente la más pobre quiere vivir sin temor a los demás, como la seguridad de no verse expuestos a la violencia física. Hay una relación no lineal entre la criminalidad y la pobreza. Si la estructura social es endeble, es decir la estructura familiar esta en desintegración entonces el crimen florece como algo silvestre. Con respecto de la institucionalidad pública es claro que la falta de legitimidad de estas, es un factor de conflicto y potencial causa de la violencia. Estas condiciones son condiciones necesarias pero no suficientes para suponer estrategias efectivas de lucha contra el crimen y la violencia. Si en América Latina más del 75 por ciento de la población se encuentra en las ciudades y la repercusión de la violencia urbana es uno de los grandes impedimentos para el desarrollo local, entonces es necesario adecuar a la nueva estrategia la descentralización con los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal. La estrategia preventiva es la que debía adoptarse sobre la estrategia punitiva.

Louis Wacquant (2000) nos dice que la estrategia

punitiva ha dado resultados muy pobres. En ciudades como Boston y San Diego en los Estados Unidos en donde se utilizó un enfoque preventivo involucrando colegios, iglesias y comunidades en programas de apoyo a los jóvenes mas desfavorecidos se obtuvieron logros en reducción de la violencia urbana. Desde proyectos de resolución de conflictos civiles y comerciales hasta la reforma penal, de menores, policial, de fiscalías, hasta la promoción de la inversión y recuperación de ambientes urbanos, y programas de calidad de vida deben formar parte de una estrategia integral para combatir la violencia urbana. El déficit de la ciudadanía es otro que se debe cerrar en la democratización de América Latina. La ciudadanía significa participación en la fábrica institucional o lo que se denomina capital social. Lo público involucra a la sociedad civil, crea espacios de participación y puede contribuir a corregir las fallas del mercado y del estado. Estos tres factores que en realidad constituyen uno solo contribuyen a la consolidación democrática al controlar y limitar el poder


del estado, estimular la participación y el compromiso de los miembros de la comunidad en el procesamiento y solución de las demandas sociales y desarrollan una cultura democrática de tolerancia, incrementan la eficiencia de la política económica, el impacto social de los proyectos de desarrollo y promueven la equidad y la solidaridad mediante ayudas para superar la exclusión. Existe una fuerte correlación entre la fuerza y la autonomía de la sociedad civil y la vitalidad de la democracia. El déficit del liderazgo político es un aspecto fundamental que explican los procesos históricos en la región. Las elites políticas generalmente han gobernado con un caudillo sin realmente desarrollar estructuras políticas participativas. Esto se demuestra por la poca efectividad del liderazgo político en la consecución del desarrollo económico. Esta habilidad esta relacionada a la efectividad de adaptarse a las crecientes necesidades de participación de la ciudadanía, su capacidad de respuesta frente a las crisis económicas, la exclusión y la desigualdad. El déficit de la participación ciudadana en el ámbito de las instituciones pone a la democracia en una volatilidad comparable a la volatilidad financiera de los mercados. El liderazgo idóneo es aquel que viene de abajo hacia arriba y se materializa por el compromiso ciudadano. Aquel que se orienta el poder de la responsabilidad colectiva, la sensibilidad a los más necesitados, la solidaridad, y la participación de todos los ciudadanos en igualdad independiente de la autoridad o posición económica. Es por eso que los partidos políticos tienen un déficit de la representación. Es la esencia misma de los partidos políticos quienes deben servir como conductos de enlace entre la dirigencia política y la ciudadanía, movilizando la participación, articulando las demandas y agregando los intereses políticos. En nuestra América Latina cada día es más lastimosa la situación de los partidos políticos. Es una de las razones por las que se observa la falla política es decir su falta de visión programática, de destino común, su falta de representatividad han hecho que la sociedad se aleja cada vez mas de la participación

en los partidos.

En América Latina los partidos políticos no se han

institucionalizado en su gran mayoría resultaron ser movimientos populistas, o formaciones personalistas que fueron incapaces de retener a su base en una crisis. Una de las condiciones esenciales del capital social es el concepto de inclusión en el contexto de la participación política, económica y social. Por eso las garantías en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos no solo son condicionantes de la creación de capital social sino son parte constitutivo del mismo. La noción de ciudadanía forma parte de la noción de capital social. En consecuencia para maximizar el capital social la prioridad es la creación de una ciudadanía activa y participativa. La tarea comienza por las instituciones cívicas y pasa por la creación del capital humano a través del sistema educativo. El capital social es fundamental par el desarrollo del capital humano y es creado por ciudadanos que interactúan mutuamente para alcanzar metas comunes. Estas relaciones humanas son las que posibilitan al capital humano lograr productivas combinaciones con otras formas de capital generando un resultado altamente positivo para la salud del sistema democrático y de la economía de mercado. La cultura y la presencia de valores éticos orientados hacia la solidaridad, la construcción positiva,


la cooperación, la equidad. Cuales son estos factores que inciden en la funcionamiento de una economía: el clima de confianza entre los diversos miembros de una sociedad, si esta es alta suben las posibilidades de cooperar y se genera todo clase de sinergias. El grado de asociatividad, es decir la riqueza del tejido social, el nivel de participación efectiva de sus miembros en todo orden de organizaciones. Los comportamientos cívicos, como las actitudes respecto de cosas tan simples como el cuidado y aseo de los lugares públicos hasta el cumplimiento de las leyes. Finalmente, los valores éticos predominantes incluidos los productivos. En Japón el gobierno central a través del Ministerio de Industria y Comercio exterior articuló con la empresa privada una amplia red de apoyo al crecimiento de la pequeña y de la mediana propiedad como una de las bases de la economía. En otros países como Corea se considero una causa y se efectuó una concertación nacional el mejoramiento de la calidad de la primaria y de la secundaria. En los países asiáticos las universidades, el gobierno y la empresa privada trabajan articulados en trono a múltiples redes para asegurar un impulso continuo de la investigación científica y tecnológica y la incorporación de productos al aparato económico. A las redes se suma el trabajo voluntario en los países como Canadá, Holanda, Finlandia, y Dinamarca. Una innumerable red de asociaciones voluntarias apoya a la comunidad en estos países. La voluntad de cooperación típica del capital social se presenta como un elemento clave a la hora de las transacciones comerciales, el cumplimiento de los contratos, la garantía del derecho de propiedad y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos como es el pago de los impuestos. En sociedades gobernadas por el exclusivo interés particular y la ausencia de la cooperación se requiere una mayor presencia de la coerción externa. En estas sociedades el clientelismo, el nepotismo, el lucro personal y el individualismo se convierten en la regla y las oportunidades de corrupción se multiplican. Si por el contrario, lo que impera es el sentido de la pertenencia y de conexión con determinadas comunidades los costos de transacción y de cumplimiento de la ley son menores. Ya lo dice Mintzberg (1996) la mayor efectividad gerencial se encuentra hoy en estructuras mas misioneras, igualitarias y energizadas, menos jerárquicas y mas participativas. Los valores normativos, éticos y las creencias que son compartidos por los ciudadanos en la vida diaria repercuten en el funcionamiento de la democracia y de las estructuras institucionales. Allí cabe todas el conjunto de normas, redes valores e instituciones formales e informales son parte del mercado, del estado y ayudan a explicar como funcionan las redes y organizaciones sociales. De otro lado la falta de confianza o de sentido cívico privara al sistema democrático de información, transparencia, legitimidad y capacidad para lograr el consenso. Como se construye el capital social. En sociedades exitosas ha sido a través del voluntarismo. En las bases de la tradición cristiana se hallan las bases del voluntarismo servir a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esto es pues una obligación moral de dar y hacer mejor la realidad para todos. De allí el movimiento empresarial a la responsabilidad social. En esta línea se inscribe el redescubrimiento de la institución familiar como pilar del desarrollo. Lo que la familia hace por los niños desde edades muy tempranas en educación temprana, hábitos de salud preventiva, y los códigos morales es casi insustituible. La familia tiene un efecto en muchos campos en el


rendimiento escolar tiene un peso en los niños y es clave para la formación de la inteligencia emocional. Es una eficiente red de protección social para los jóvenes. Es necesario activamente formular programas de apoyo a la familia especialmente a los mas pobres, dar plena protección médica, erradicar el trabajo infantil para que los niños se dediquen a la escuela, desarrollar servicios de guarderías, cuidado de ancianos y extender las posibilidades de recreación familiar. La educación es el factor que aparece en el siglo XXI como el motor fundamental del crecimiento económico y de la competitividad en los nuevos mercados. La calidad en el nivel de conocimientos de una población, es el factor diferenciador en los actuales escenarios mundiales. El contar con una mano de obra calificada abre paso a la incorporación de avances tecnológicos en las organizaciones y les permite innovar, porque precisamente la fuente de ellos es su propia fuerza laboral, crea las condiciones para avanzar en lo que se ha denominado las organizaciones que aprenden permanentemente. A nivel de la comunidad la educación es uno de los principales instrumentos de movilización social. Existe una fuerte correlación positiva entre educación y niveles de remuneración. Por esta y otras razones, la educación es una de las inversiones con más alta tasa de retorno social sobre la inversión. Si bien en el Perú y en general en Latinoamérica se han hecho notables avances en la cobertura de la educación el problema de la calidad de la educación, la deserción escolar, el alto grado de repetición escolar constituyen los indicadores críticos que nos indican que esta situación esta vinculada a la pobreza y al patrón de inequidad de la sociedad. Se estima que el 60 por ciento de los niños son pobres y que estos índices están asociados con el nivel socioeconómico de los niños. Así tenemos que en los niños pobres solo un 25 por ciento tienen posibilidades de graduarse en la secundaria mientas que los niños no pobres el porcentaje de posibilidades de graduación sube a mas del 60 por ciento. Bajo estas cifras el sistema educativo no cumple con las expectativas de constituirse en un instrumento de movilización social.

Como lo señala Puryear (1997) los sistemas educativos de educación primaria y

secundaria en América Latina están fuertemente segmentados en función del estatus socioeconómicos de las personas quedando los más pobres relegadas al sistema público. Un número más que desproporcional de aquellos que repiten y de aquellos que desertan, son pobres. Aquí se cumple lo del círculo perverso en donde la educación influida por la inequidad aparece a su vez como fuente de inequidad. La educación es la fuente del capital humano y constituye el punto central de todo modelo de desarrollo. Tiene efectos sobre la familia, la comunidad y la nación. Es vital para la productividad y la competitividad. Se han visto restricciones concretas que la desigualdad impone a los sistemas educativos de la región. Superarlas requerirá ponerlas en foco de la reforma y diseñar estrategias apropiadas a su naturaleza. Es importante continuar con la política de cobertura todavía queda muchísimo por hacer en este rubro. Debe haber una vigorosa política de mejorar la calidad de la educación, ello implica recursos adecuados en la implementación física y en el área de la profesión de la docencia, revisión curricular, materiales de trabajo, jerarquización de la docencia y remuneración apropiada para el desarrollo


profesional y para la materialización de convertirla en alternativa para atraer a mejores candidatos. En todos los países con altas tasas de crecimiento junto a la política de cobertura hay una enérgica política de calidad en la educación. Sus medias de rendimiento académico superan las deficientes medias de la región y señalan la necesidad y viabilidad de encaminar la política educativa hacia esta dirección. La salud es un fin en mismo constituye un derecho esencial de los seres humanos y es una de las condiciones básicas para asegurar la fortaleza de la democracia, la gobernabilidad de las naciones y la legitimidad de los estados. La inversión en la salud significa fortalecer el capital humano de la sociedad, base de la productividad, el progreso tecnológico y la competitividad. Sin una base firme en materia de salud, los objetivos de crecimiento educativo de la población no tendrán posibilidades de materializarse. Equidad en materia de salud significa igual acceso a servicios de atención, igual capacidad de uso de los servicios, igual calidad de atención. En este contexto la población pobre sufre todo orden de inequidades en materia de salud. Tienen más posibilidades de enfermarse, su acceso a cobertura médica es menor, tiene menos información sobre la existencia de los servicios, tiene menos capacidad de hacer uso, y la calidad que se les ofrece es mucho menor que la que le llega a los otros sectores. En este contexto el problema de la alimentación y disponibilidad de alimentos es uno de los más graves, que se traduce en desnutrición y deficiencias en micro nutrientes y vitaminas y minerales. El razonamiento convencional ha sido que elevando el ingreso per cápita de la población a través del crecimiento económico este problema estaría resuelto. Amartya Sen (1998) nos dice que el problema es más complejo. Para Sen la preocupación por el ser humano debe nutrir los análisis económicos permanentemente. Así para el problema del desempleo no se puede reducir a una categoría económica la perdida o reducción de los ingresos. Los daños son mucha más que económicos son más amplios, afectan al bienestar y la libertad del individuo e incluyen daños psicológicos de autoestima, ruptura familiar

e

inclusive enfermedades y mortalidad. Los ingresos de la gente no dependen del ingreso per cápita sino están fuertemente afectados por el tipo de estructura de distribución del ingreso. Por otra parte la calidad de vida de una persona no depende de sus ingresos sino de diversas condiciones físicas y sociales. Por ejemplo el ambiente epidemiológico en que la persona vive puede tener un impacto sustancial sobre la mortalidad y la morbilidad. La disponibilidad de los servicios de salud, de los seguros médicos está dentro de las condiciones que influencian la calidad de vida. También están otros servicios como la educación básica, la organización de la vida urbana y el acceso al conocimiento médico. Los servicios de la salud son trabajo intensivos. Sus costos son mano de obra calificada cuyos costos son menores que en otros países desarrollados. Consiguientemente con menos recursos si es posible elevar los niveles de vida de la población más aún si estos esfuerzos se destinan al área preventiva antes que a la curativa. Asegurar a un acceso universal a una nutrición adecuada y a sistemas de salud pública de buena calidad son metas que deben estar en la lista de prioridades de cualquier plan de desarrollo regional y nacional.


La noción del capital social nos lleva a la noción de la cultura política. La existencia de grandes sectores de la sociedad Latino Americana que participan de la ciudadanía social y que mas bien refleja una cultura autoritaria, populista, clientelista, y corporativista deberán ser sustituidos por una transformación hacia una cultura participativa, solidaria, responsable, tolerante y respetuosa de la diversidad y del pluralismo. Nuestras sociedades son estados sin ciudadanos con derechos y libertades que sean observados. En este contexto la discriminación, la pobreza, la desigualdad y la violación de los derechos humanos son forma inequívocas de exclusión de la ciudadanía. La democracia y su particular forma de ejercicio manifiestan cultura. La renovación de la política consiste en crear una nueva cultura de participación. Por tanto se requiere un cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política. El desafío ético de América Latina es también cultural y consiste que el fin de la autoridad es el bien común y no el poder y que la dignidad de la persona es el fundamento de la ciudadanía. El grado de desarrollo de la cultura democrática va ha determinar en que forma se materializa el estado de derecho. Esto explica porque países de mayor tradición historia y cultura democrática en términos del estado de derecho presentan los mejores resultados socioeconómicos. ¿Cuál es la gobernabilidad adecuada para la democracia en América Latina? En primer lugar esta desacreditada la opinión que asocia gasto social con mal uso de recursos. Asignar recursos a la educación y a la salud se considera hoy en día como una de las inversiones mas rentables que se tienen. Es invertir en las habilidades y la productividad de las personas. En la actualidad hay un amplio consenso que es necesario encarar la deteriorada situación social. Los agudos déficit en materia nutricional, salud básica, educación elemental, instalaciones sanitarias, agua potable, vivienda requieren respuestas activas de los gobiernos y las comunidades. Estas inversiones producirán resultados en el mediano y largo plazo. Sociedades que así lo han entendido como las de los Países Nórdicos y Japón que han invertido continuamente, hoy se cuentan a la cabeza mundial de competencias educativas y de ciencias.

Esto supone asimismo que dichos programas se requiere una gerencia social

eficiente. En primer lugar la gerencia social trata de maximizar la sinergia entre los distintos participantes para optimizar los resultados en conjunto. En segundo lugar la evidencia mundial señala la altísima correlación entre la participación de la población objetivo y la gestión de los programas sociales y los niveles de éxito de los programas sociales. Es decir si la comunidad se involucra y hace suyo el programa la eficiencia del proyecto se eleva radicalmente. Una gerencia social efectiva favorece todos los niveles de participación posibles. La gerencia social eficiente cree en la descentralización. Los programas son más efectivos si están mas cerca de la población asistida. Estos se alcanzan cuando el nivel de descentralización se da al nivel organizacional más cercano a la gente pero se dan al mismo tiempo plenas posibilidades de participación. Asimismo la gerencia social eficiente se apoya en la cultura de la comunidad ala que se asiste. Sus valores, creencias, liderazgos naturales, tradiciones, tecnologías no deben ser marginados


sino respetados y movilizados. La gerencia social eficiente practica un estilo gerencial adaptativo y flexible que permita ir respondiendo a los cambios sobe la marcha. Finalmente la gerencia social debe practicar un control social de los programas haciendo de estos programas transparentes a la sociedad. Se requiere de una estrategia social paralela al programa económico como lo enfatiza el presidente del Banco mundial, James Wolfensohn. Los países que apostaron a una combinación de crecimiento, estabilidad, competitividad y simultáneamente a un desarrollo social enérgico y continuado y a la mejora de las condiciones de equidad tuvieron los mejores resultados. En el siglo XXI los recursos humanos hacen la diferencia competitiva porque las tecnologías productivas están cada vez mas basadas en el conocimiento. Países que han proporcionado a toda su población no solamente a su elite buena educación y al mismo tiempo salud y nutrición garantizada, tienen hoy una población que compite con ventaja, que absorbió tecnología, supo usarla y generó tecnología. Las recientes investigaciones dan como contra ejemplo a Latinoamérica que siendo una región con inmensos recursos naturales señalan que mientras otras regiones se capitalizan en capital humano, la región se descapitaliza. Urge abrir paso a nuevas políticas sociales y entender que lo social es una inversión central para los países de la región. Las tareas pendientes que responden a esta pregunta son: En primer lugar, las condiciones institucionales de la gobernabilidad, es decir la construcción y la consolidación de las instituciones para el mercado y la democracia. Esta implica la estabilidad política asociada a las condiciones de integración socioeconómica interna, la fortaleza de las instituciones democráticas y participación de los ciudadanos. En segundo lugar se requiere condiciones de confianza, seguridad, y previsibilidad de un marco legal protección de los derechos, un ambiente propicio para el desarrollo del sector privado, una eficiente asignación de los recursos públicos, y responsabilidad del gobierno; honestidad y transparencia en la administración del estado. En segundo lugar el marco constitucional de la gobernabilidad. Esto significa si nuestra

carta constitucional como paradigma que recoja la cohesión

socioeconómica, de libertades políticas y de la garantía de derechos fundamentales. En tercer lugar un estado capaz de generar gobernabilidad democrática es decir la habilidad del estado de fortalecer sus responsabilidades básicas es decir la provisión de los servicios públicos de manera eficiente, como responder a las necesidades de ciudadanos usuarios. La sostenibilidad de la estabilidad política vendrá de la mano de instituciones democráticas con disposición a rendir cuenta a los ciudadanos, de un rol creciente para la organización de la sociedad civil de participación de las minorías. En cuarto lugar un marco político para los derechos de los ciudadanos. El reconocer que existen nexos entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. Desatender los derechos económicos y sociales puede menoscabar las libertades civiles y políticas. La ausencia de los derechos civiles y políticos puede contribuir a bloquear los derechos económicos y sociales. En quinto lugar el imperativo ético de la equidad debe conducir a la reducción de las desigualdades y exclusiones y a una mayor eficiencia y eficacias ligada a la cohesión social y a la solidaridad. Las malas políticas multiplican la desigualdad y segundo el mercado no va ha generar las oportunidades


automáticamente. Es el estado que debe garantizar la igualdad de oportunidad para romper el círculo vicioso de ka falla democrática y a la desigualdad. El quinto punto la reforma del poder judicial que no solo es reformar las normas y códigos sino también el marco político en el cual se hallan y su sistema de administración y gestión. En sexto lugar, el proceso irreversible de la descentralización es parte irrenunciable del proceso de democratización. En el proceso de descentralización el debate esta en el nivel del gobierno que mejor se acomoda a una función publica determinada. Entre las imprecisiones de la descentralización están la imprecisión en la distribución de competencias, el desajuste entre competencias y recursos, la escasa preparación técnica de muchos de quienes se han colocado al frente de estros procesos de desarrollo local, en la prestación de los servicios sociales descentralizados. La devolución del poder es necesaria para alentar la participación ciudadana, profundizar la democracia y estimular el desarrollo económico y social de los municipios. La reconstrucción de estado y de la sociedad civil debe darse desde abajo creando capital social. La oportunidad de la era de la información es una oportunidad para generar una nueva institucionalidad. La información puede ser instrumento de gran eficacia en los procesos de de modernización política. Esta debe partir de la reafirmación de identidad cultural. Las organizaciones tanto públicas y privadas pueden asumir expresiones organizaciones más desconcentradas y horizontales y con esquemas institucionales más flexibles. El espacio de gobierno virtual tiene el potencial para incrementar la eficiencia y la relación estado - ciudadano y apoyar la transparencia en la gestión gubernamental. Se debe asimismo romper con el parasitismo del caudillismo, del clientelaje político y el corporativismo con respecto al espacio político. Se debe fortalecer las estructuras de representación, gobiernos nacionales, gobiernos regionales y locales, partidos políticos y autoridades en general. La calidad de las instituciones depende de la calidad de su sistema político y ello va hacer fundamental en el funcionamiento de sus sistemas económico. Por consiguiente los objetivos de disminución de las desigualdad van ha reforzar las acciones de legitimidad política y de sostenibilidad de la reforma económica.

Tampoco va a ver

consolidación democrática si la consolidación de una cultura democrática. Esta debe empezar por el mejoramiento de la micropolítica de la vida comunitaria. Los nuevos modelos de liderazgo vienen de abajo hacia arriba. Finalmente son muy grandes los costos de la mala política, hay un desprestigio de los paradigmas políticos latinoamericanos, el militarismo, la insurrección guerrillera, el caudillismo, ele estado corporativo. La pureza retórica de las constituciones tiene que ser reemplazadas por la búsqueda y construcción de consensos para asegurar el apoyo político y social necesario para llevar a cabo cualquier proceso de reforma institucional. Hay una visión del desarrollo basada en factores que antes parecían no pertenecer a la esfera económica, como es el grado de confianza, la posibilidad de construir lazos asociativos, las percepciones y los valores de las personas. Hoy estos elementos parte central de una sociedad son esenciales para el progreso. Las condiciones macro económicas también son importantes pero el desarrollo no se reduce solo a ellas, en este intervienen la cultura y los


valores. En Latino América se añade el valor de la solidaridad en respuesta a la pobreza. La civilización Judeo - cristiana considera a todos los individuos seres humanos iguales ante Dios, que merecen el pleno acceso a las oportunidades de desarrollarse. La orientación hacia la solidaridad forma parte central de la calidad humana, la ennoblece. La cultura, los valores y la participación a moldeando una identidad cívica dispuesta a portar a la comunidad. El desarrollo económico y social es un fenómeno paralelo. El crecimiento económico es fundamental para facilitar el avance social. Ambos deben darse conjuntamente para que haya un desarrollo real. Sin la inversión continuada en salud, educación no va ha ver capital humano calificado, motor básico de la productividad y la competitividad. Ahora se sabe que cultura y valores no son un etapa posterior tienen que formar parte integral del desarrollo. La ética es la brújula del desarrollo, la tecnología, el mercado, la ciencia son los motores como lo decía el filosofo Henry Morín. En el mundo actual la atención se ha centrado en los medios como la economía, la tecnología pero se ha olvidado que los medios están al servicio de los fines y no al revés. Entonces preguntas como adonde vamos que sociedad queremos, que valores son irrenunciables, en suma enfrentar los desafíos éticos de nuestro tiempo que al final deben ser la base para todo el accionar del diseño de la política social. En consecuencia la falta de solidaridad va en contra de la dignidad humana. Ama a tu Prójimo como a Ti mismo proclamaba hace dos mil años Jesús de Nazareth. Como nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II: “La pobreza es pues algo urgente no pude esperar.” Debemos Actuar. Bibliografía Hacia una economía con rostro humano. Bernardo Klisberg

Fondo de Cultura Económica

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