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Nueva época, Año 3, No.

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Guatemala, abril de 2003

En torno al Grupo Consultivo y a sus compromisos

Álvaro Velásquez*

En este número: ■

Actividades de FLACSOGuatemala págs. 6-7

Novedades. Libros de la Editorial de Ciencias Sociales

Preámbulo

E

l presente diálogo contiene un análisis político, resultado del monitoreo del cumplimiento de los nueve compromisos adoptados en la reunión del Grupo Consultivo (GC) celebrado en Washington, EE.UU. el 11 y 12 de febrero del 2002, que serán objeto de revisión en Guatemala, el 13 y 14 de mayo del presente. Pretende ofrecer un balance del cumplimiento de dichos compromisos a partir de la lógica interna y externa de los mismos, así como de las condiciones y restricciones que subyacen a éstos, más allá de la información oficial que organismos especializados como MINUGUA, el Gobierno o la sociedad civil pudieran presentar en sus respectivas evaluaciones.

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El Grupo Consultivo Los Grupos Consultivos (GC) son iniciativas tanto de países como de organismos financieros multilaterales, que se realizan con el propósito de atender casos o situaciones que pueden calificarse como críticos (períodos posconflicto o desastres naturales), caracterizados por la debilidad de los Estados implicados para responder a la problemática planteada, bajo el supuesto de que los apoyos externos deben considerarse como temporales y complementarios a los esfuerzos nacionales. Para el caso de Guatemala, se han realizado entre 1988 y el 2002, cinco Publicación mensual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Guatemala

Sociólogo, analista político, investigador social en la Universidad Rafael Landívar URL. Los discípulos de Simón, 1951, Salvador Dalí.

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Grupos Consultivos (ver cuadro 1) alrededor del fortalecimiento del proceso de paz, además de otros dos de carácter centroamericano, en donde Guatemala ha participado. Aunque se trata de foros de carácter semiprivado y de naturaleza técnico-financiera, en el caso de sociedades en las que las transiciones políticas atraviesan por dificultades (como ocurre en Guatemala), pueden convertirse en foros políticos en donde la oposición o la misma cooperación externa ejercitan una fiscalización pública frente a los principales encartados, que suelen ser los gobiernos nacionales. Ello deriva muchas veces del hecho de que se pone en juego una verdadera “danza de millones” para financiar proyectos de reconstrucción, lo que obliga a las autoridades del país a responder con seriedad frente a las responsabilidades asumidas. Bajo tal enfoque, se puede decir que los GC han tenido ventajas y desventajas para Guatemala. Ventajas especialmente en cuanto al proceso de paz, y respecto a las desventajas, éstas están relacionadas con los problemas derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos tanto en el orden político como financiero por “las partes” y con las presiones que de ello se derivan. Este conjunto de problemas tienden a acrecentarse, agravados por varias razones. Primero, porque el financiamiento nunca parece ser suficiente dada la magnitud de los resagos y desigualdades sociales (como ocurre en nuestro caso). Segundo, porque Guatemala ha fracasado reiteradamente en cumplir a cabalidad con “su parte del trato”. Tercero, porque las burocracias de ejecución, tanto nacionales como extranjeras, fallan en cuanto a la fluidez, rapidez y eficiencia en el cumplimiento de los montos y metas convenidas. En la actual coyuntura, la realización del Grupo Consultivo vuelve a ser un aldabonazo a la puerta no sólo del actual gobierno sino del próximo (y para el que existen ya tantos aspirantes, ocupados

Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Wilfredo Lozano San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Virgilio Álvarez/Walda Barrios-Klée/Claudia Dary/ Irene Palma/Edelberto Torres-Rivas Tel. PBX (502) 362-1431 Fax: (502) 332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Coordinación de edición: Hugo de León Esta edición es posible gracias al apoyo financiero de la agencia sueca de desarrollo internacional ASDI/SAREC

30,000 ejemplares

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más en disputas partidarias y estrategias publicitarias, que en preparar los temas que importan al país).

El contexto de los nueve compromisos. Los compromisos que la administración del FRG asumió en febrero de 2002 de cara al GC fueron los siguientes: 1) Aceleración en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 2) Política fiscal (garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas). 3) Política fiscal (situación fiscal). 4) Establecer un proceso de consulta sobre la Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP. 5) Aprobar una reforma integral del sector financiero. 6) Erradicar la impunidad, mejorar la seguridad ciudadana y garantizar los Derechos humanos. 7) Reactivar el crecimiento económico. 8) Incrementar la transparencia. 9) Mejorar las condiciones de gobernabilidad (promover el diálogo y la unidad nacional). Para entender por qué se confeccionó esta lista de temas como un prerrequisito para nuevos desembolsos, contrario a lo que había ocurrido en anteriores cónclaves de este tipo, es necesario analizar el contexto en que se produjo la reunión de febrero de 2002, que venía posponiéndose en razón de la creciente oposición de los grupos sociales organizados al gobierno del FRG. En el sentido indicado, dicha lista representó en sí misma un triunfo para los grupos sociales y la aceptación del Gobierno y de la comunidad internacional, sobre los serios retrasos en el ya reciclado Acuerdo de Cronograma 2000-2004. Como parte de estos problemas, también se encontraba el rompimiento del consenso a través de los nuevos impuestos al margen de lo acordado en el Pacto Fiscal, cuya implementación habría sido dificultada por el propio Vicepresidente Reyes López. Sin una referencia como la indicada, no puede entenderse cómo la revisión del cumplimiento de tales compromisos, se convierte hoy día en un examen fiscalizador en el que Gobierno y oposición tratarán de contradecirse unos a otros. Los donantes, por su parte, afectando imparcialidad, sancionarán tácitamente las desavenencias existentes. ¿De qué manera? Pues de las mismas dos formas como lo han venido haciendo: retrasando o retirando los financiamientos o redoblando las presiones para que se alcancen los logros y se cumplan los procesos ya iniciados. Lo anterior será así, porque si bien existen claras y antagónicas diferencias en cuanto a qué es lo que se ha avanzado, lo realmente importante es consolidar lo que existe, de modo que se renueve el compromiso social y gubernamental en torno a los

El juego lúgubre, 1929, Salvador Dalí.

Acuerdos y que la nueva administración encuentre numerosas iniciativas de seguimiento, en donde su presencia venga más bien a fortalecer lo andado. Existen motivos para creer que el próximo gobierno podría no interesarse en los Acuerdos de Paz. Primero, porque a la fecha ninguno de los precandidatos se ha manifestado con entusiasmo en favor de los mismos. Segundo, porque de confirmarse una alternativa electoral al FRG, la opción más fuerte provendría del sector privado organizado, en donde suele haber un veto a ciertos temas como el incremento de la carga tributaria, el acceso a la tierra o la multiculturalidad, temas que generan tanto rechazo como para el FRG el combate a la impunidad, la política nacional de reparación (que implicaría reconocer que hubo genocidio durante la administración de Rios Montt) y la desmilitarización. En el sentido indicado, urge revisar lo avanzado de manera serena y procurar empujar consensuadamente las políticas de Estado en campos como la seguridad, inteligencia, transparencia, el sistema penitenciario, el régimen tributario, el presupuesto público, etc.

Balance de los compromisos Frente a la evaluación definitiva de las obligaciones del Grupo Consultivo que se realizará el 13 y 14 de mayo, es posible avanzar un balance preliminar de los mismos, que recoge algunas de las argumen-


taciones reiteradamente mencionadas por las organizaciones sociales. a) Acelerar el cumplimiento de los Acuerdos. Tomando en cuanta que la mayoría de aspectos relevantes en este campo tienen que ver con legislación (ver cuadro 2), se puede indicar que existe un déficit de cumplimiento que puede llegar hasta un 75%. En beneficio del grado de ejecución se encuentra la aprobación de las reformas al Código Municipal, a las leyes de descentralización y la reforma a los consejos de desarrollo, las que una vez que se apruebe la Ley de regionalización con criterios lingüísticos, serán el andamiaje para desmontar el centralismo, abrir la participación social y respetar la diversidad cultural. En otros temas como la reducción numérica, presupuestaria y de despliegue del Ejército, existe la sensación que el cumplimiento se sitúa en el límite y que el ritmo y profundidad de la reconversión lo impone el mismo Ejército.1 En algunos casos aunque se estén cumpliendo formalmente las obligaciones, persisten las viejas prácticas autoritarias como las que se están evidenciando con la desmovilización del Estado Mayor Presidencial EMP. En efecto, la misma se ha iniciado con el 25% de su planta, pero empezando con el personal de servicio (limpieza, cocina, etc.) que por estar destacado en el Palacio de la Cultura, fue inmediatamente absorbido por el Ministerio de Cultura a pesar de haber sido ya indemnizado. 2 Finalmente se encuentra el tema de la reducción de efectivos del Ejército, cuyo costo asciende a Q1,200 millones aprobado para el actual ejercicio fiscal, y cuyo proceso ha sido diferido por el Ejecutivo aduciéndose consecuencias negativas para el déficit fiscal.3 No obstante éste ha aceptado erogar alrededor de Q437 millones4 para indemnizar a unos 240 mil 500 expatrulleros cantidad que si se aplicara a la desmovilización del Ejército, resultaría mejor gastada. De allí la insistente crítica sobre la intencionalidad electoral con la que se está abordando el caso de los ex PAC. Un problema adicional es el origen de los fondos para enfrentar estos pagos. Una apuesta gubernamental había sido la colocación de los llamados Bonos-Paz. Debido al boicot del sector privado

1 Así lo reconocen en privado algunos funcionarios que prefieren mantener sus nombres en reserva. 2 Con el doble del salario que devenga el personal civil en la misma categoría. Esta situación es por demás anómala, pues el coste de la desmovilización del EMP asciende a unos Q 800 millones (indemnizaciones); sin embargo, la jefatura del EMP ha estado presionando a otros Ministerios y dependencias públicas para que el personal desmovilizado sea paulatinamente absorbido por otras entidades a contrapelo de los retiros. 3 Véase Informe Final de Gobierno al Grupo Consultivo, www.minfin.gob.gt (capítulo de la paz). 4 En el 2004 sería el doble, o sea, unos Q880 millones. Total año 2003 y 2004 son aproximadamente Q1,300 millones, que equivaldría al valor de reducción del Ejército durante el presente año.

crecientes que los Acuerdos de Paz demandan en materia de salud, educación y vivienda. La excepción ha sido en las áreas de seguridad y justicia, en donde las responsabilidades para una mejora de la calidad de la misma son compartidas entre el Ejecutivo y el Organismo Judicial, que gozan de independencia mutua. Tal y como afirma un consultor internacional, lo que primero se sacrifica en países que atraviesan períodos posconflicto son los equilibrios macroeconómicos, debido a que resaltan las carencias tradicionales al tiempo que se producen nuevas que hace falta cubrir, a pesar de que no se debe alterar el sano manejo económico.6 Justamente por ello, los Estados y organismos multilaterales suelen recurrir a una fórmula que combina préstamos con aumentos a las cargas fiscales, entre otras medidas. Y a pesar de que ciertas recetas económicas restrictivas recomendarían lo contrario (como si los países estuvieran en condiciones ideales de laboratorio), en Guatemala el camino más realista debe ser una combinación de aumento de la carga fiscal e incremento de la productividad, con garantía de un mínimo de sanidad entre ingresos y gastos. Dentro del contexto arriba indicado, no se puede sino valorar positivamente los avances que en materia macroeconómica ha logrado el actual gobierno y que se traducen en el Acuerdo sobre Derechos de Giro (stand by) ratificado para el 2003. No obstante, no debe valorarse aisladamente si ello no se traduce en atracción para la inversión privada directa y en vigilancia de la calidad del gasto público, conforme a los Acuerdos. Hay razones para afirmar que este compromiso no ha sido cumplido integralmente y que por el contrario, existe un énfasis en la prohibición y no en el incentivo para la inversión. Entre tanto, el sector privado Figura entre las rocas, 1926, Salvador Dalí. tampoco ayuda cuando retira sus capitales del país y se niega sistemáticay la Plataforma Agraria alrededor de los compenmente a financiar al Estado, contraviniendo la sadores para la crisis del café. No obstante, no esencia misma de las condiciones para el se registran avances en torno a la política de desadespegue y el desarrollo. rrollo rural, caracterizada más por las disputas de enfoque y procedimiento que por sus logros. Algo similar ocurre con el tema del catastro, fun- c) Abrir consulta sobre la Estrategia de Reducción damental para corregir el caos agrario, y en de la Pobreza ERP. Hacia noviembre de 2001, relación con el cual el mismo Ejecutivo retiró la el entonces Secretario de SEGEPLAN, Arturo iniciativa legislativa al comprobarse que carecía Montenegro, lanzó a la opinión pública una 5 de un enfoque integral para su manejo. propuesta denominada Estrategia de Reducción algunas dependencias públicas como el IGSS decidieron comprar parte de ellos, pero todavía en proporción insuficiente. Tarde o temprano estas insuficiencias y las de otras obligaciones, llevarán a reconvocar el Pacto Fiscal. Por si fuera poco, el Ministerio de Defensa no ha cooperado en la identificación seria de los verdaderos expatrulleros, alegando haber perdido los registros totales, situación que ha facilitado la incorporación de ex Comisionados Militares y eferregistas a los listados recogidos por los Gobernadores Mientras tanto, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas AIDPI, sigue teniendo retrasos y falta mucho para que se instaure una democracia multicultural y se desarrollen relaciones entre los pueblos indígenas y no indígenas caracterizadas por el respeto y la inclusión. Con todo, la creación de la Comisión Nacional contra la Discriminación y la aprobación de la Ley contra la Discriminación, es un activo importante para avanzar en la visibilización de la exclusión de los pueblos indígenas. En el área de acceso a la tierra y desarrollo rural, han sido importantes las pláticas con la CNOC

b) Política fiscal. La meta consiste en contar con suficientes ingresos para financiar el programa de la paz. Y aunque la carga tributaria ha aumentado con este gobierno como nunca antes, el gasto social en relación con los compromisos de la paz sigue siendo bajo. Se aduce que se ha incrementado respecto de lo que el anterior gobierno efectuó; pero aún así, el Estado de Guatemala no ha cumplido con las proporciones 5 Si el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación pasa a la campaña electoral, tal como se ha rumorado, sin previamente volver a remitir al Congreso la misma, es seguro que con el próximo Ministro habría que empezar de cero.

de la Pobreza ERP7, inmediatamente presentada ante el GC, en el que los representantes internacionales saludaron la iniciativa. Sin embargo, se solicitó que tal propuesta fuera conocida y discutida de manera pública para que la sociedad se 6 Segovia, Alexander. Las relaciones entre economía y paz en sociedades posbélicas: lecciones a partir de la experiencia centroamericana, ponencia presentada en Colombia en un evento organizado por el PNUD, la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes (9 de septiembre del 2002) 7 Las limitaciones de espacio y del tema impiden abordar aquí los antecedentes y características de esta propuesta inspirada por el Banco Mundial BM.

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insinúa que sin tales agendas se dificulta el financiamiento que de ordinario les corresponde a las muni-cipalidades. 9 Por otra parte, lo que el Gobierno aduce en su informe que ha asignado presupuestariamente al combate a la pobreza, no es sino al gasto social que de ordinario corresponde a las políticas sectoriales. Lo anterior indicaría que este compromiso ha sido no sólo incumplido sino adulterado, lo que obligaría a que el Gobierno retome la discusión pública de la ERP original. No obstante, no todo se presenta negativo, pues al llevar hacia las municipalidades la elaboración de estas agendas con el nombre de ERP, se ha obligado a hacer referencia al estudio previo, lo cual implica la sensibilización social sobre el tema. d) Reforma del sector financiero. Sobre este compromiso, la aprobación de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (DL 162002), Ley Monetaria (DL 172002), Ley de Supervisión Financiera (DL 18-2002) y la Ley de Bancos y Grupos Financieros (DL 19-2002), junto con la vigencia de la Ley de Libre Judío viejo con niño, 1903, Pablo Picasso. Negociación de Divisas, ha sido bienvenida por los actores ligados “apropiara” de su contenido y mecanismos. Ocua este sector, quienes no obstante han externado rrió así porque se percibía que, aún dentro del algunas críticas a procedimientos todavía contaGobierno había funcionarios no convencidos con minados por la política. Reconocen, sin embargo, tal propuesta y en la sociedad civil organizada, que tal legislación constituye una base para la modergraves críticas contra ella, como que sus metas nización del sistema financiero del país. estaban por debajo de las del Acuerdo Socioeconómico, que persistía en una tasa de crecimiento vegetativo y que pretendía suplantar de una e) Seguridad y Derechos Humanos. La administración del FRG afirma la existencia de logros política de Desarrollo Rural.8 en su política de Derechos humanos, mostrando Lo que la comunidad internacional valoraba, en como ejemplo el resarcimiento a víctimas indivicambio, era la reflexión pública sobre la realidad duales y colectivas y el posicionamiento ante casos de la pobreza, descrita ya de manera estadística y paradigmáticos en los tribunales de justicia, la propositiva; no obstante la ERP debía ser el resultado ausencia de crímenes políticos y la conformación de una amplia discusión sobre políticas, finande la Comisión Investigadora de los Cuerpos ciamiento y calidad del gasto. Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad El cambio en SEGEPLAN, supuso también el del CICIACS (aún pendiente de que la ONU y la espíritu del compromiso de la consulta, procediéndose OEA nombren a sus representantes). más bien a un ejercicio de elaboración de agendas A pesar de lo anterior, ha sido precisamente durante de desarrollo municipal y departamental, que este gobierno cuando más se ha pronunciado el aunque lleva el nombre genérico de “estrategias de cuerpo diplomático y las organizaciones internaerradicación de la pobreza” ERPM o ERPD, no cionales especializadas para denunciar el acoso a los constituye una discusión de políticas y de defensores de los Derechos humanos. Sigue sin mecanismos idóneos de financiamiento. Numeesclarecerse la desaparición de Mayra Gutiérrez entre rosos alcaldes se han quejado que SEGEPLAN otros casos y ha sido evidente la inspiración gubernamental para reorganizar a las ex PAC. Por otra 8 Así, Carlos Barreda en un informe elaborado para el Programa parte, cunde la inseguridad ciudadana y el sistema de Participación y Democracia PPD/URL, noviembre 2001. Sus penitenciario es presa de una corrupción lacerante conclusiones también fueron asumidas por el Colectivo de Organizaciones Sociales COS. en donde no parece haber autoridad del Estado.10 9 De acuerdo con Valentín Tavico de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas AGAAI.

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10 Durante varios meses después del motín de Pavoncito, fueron los propios reclusos quienes “administraron” el penal en un espeluznante espectáculo de privatización de la justicia... por los propios reos.

No fue sino a raíz de la “descertificación” por parte de EE.UU que se tomaron una serie de medidas reactivas que demostraron que, de haber voluntad, sí se logran resultados. f ) Reactivación económica. Algunos centros de investigación han señalado repetidamente el estado de estancamiento (en el mejor de los casos) de la economía guatemalteca. Prácticamente ningún sector productivo está reportando un crecimiento relevante, en tanto que las medidas de apertura económica y dirección antimonopólica que el Gobierno ha impulsado, lejos de ser bienvenidas por la empresa privada nacional, han sido interpretadas como revanchas políticas en vez de concienzudas políticas económicas. Por su parte, en la suscripción de acuerdos de libre comercio o en el que se está negociando con EE.UU., la información ha sido insuficiente, al igual que la consulta social para generar conciencia y apoyo entre la población sobre las ventajas y desventajas de los mismos. Está aún pendiente de evaluar el impacto económico de estas medidas. g) Transparencia. Acerca de este tema, resulta claro que el actual gobierno tuvo perdida la batalla de la opinión pública desde un inicio. Tanto por los roces con las organizaciones de la sociedad civil, el conflicto con algunos gremios empresariales y la tensión de los medios de comunicación escritos, como por el descaro de no pocos miembros del Ejecutivo, el Legislativo y las corporaciones municipales (la de Mixco puede ser considerada emblemática en este sentido) se ha generado la percepción de una corrupción generalizada y galopante. Ello ha dado lugar a decenas de casos perseguidos por la Fiscalía Anticorrupción, vigilados de cerca por las organizaciones no gubernamentales y hasta por el gobierno de los EE.UU. De hecho, el Programa de Transparencia Global, lejos de ser producto de una iniciativa gubernamental, fue una medida reactiva ante las numerosas denuncias y el descrédito en que la administración había caído ante la opinión pública en el 2002. La conformación de la Comisión Nacional por la Transparencia, con participación de organizaciones sociales independientes y con el apoyo de Banco Mundial es importante. Resta ver su trabajo, porque para ser efectiva debe generar una estrecha relación con los órganos de control establecidos y contar con el respaldo gubernamental que, al momento se desconoce hasta dónde está dispuesto a llegar. h) Gobernabilidad. El punto en este tema era lograr que el Gobierno iniciara un proceso de diálogo con distintos sectores e instancias, a raíz del clima de polarización que existía en febrero de 2002. Tanto la OEA como el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala convocaron y conformaron una serie de mesas intersectoriales de diálogo MID, que fueron ampliadas a otros temas por requerimiento de los mismos convocados.11 Por 11

Véase descripción del proceso y número de mesas temáticas en el informe de gobierno ya citado (capitulo sobre Gobernabilidad).


otra parte, también se puede notar la disposición gubernamental al diálogo en la creación de varias comisiones de alto nivel por parte del Ejecutivo, en casos en los que ello no siempre fue bajo presión, como ocurrió con la CNOC. En igual forma a través del diálogo se ha arribado a la solución de algunos conflictos de tierras y linderos por medio de la CONTIERRA. Así, no obstante el volumen de demandas, los exiguos recursos y los limitados resultados, se puede considerar que el diálogo es la única herramienta que este gobierno, al menos desde el Ejecutivo, ha aplicado consistentemente. Para el caso de la huelga magisterial los errores por ambas partes, hace pensar en el peligro de que ocurra una privatización disfrazada de descentralización, por medio del programa de autogestión educativa PRONADE, en donde las ong

que prestan servicios de asistencia ISE’S son las que más ganan al obtener contratos que en algunos casos, ya se habían perdido. En el caso del proceso de paz, la novedad de las mesas intersectoriales de diálogo es que renuevan el compromiso social por la agenda y los compromisos de paz aunque sin proponérselo. En efecto, las MID han vuelto a darle legitimidad y dinamismo a la discusión de temas como seguridad, justicia, Derechos humanos, situación económica, desarrollo rural, interculturalidad, desmilitarización y otros, dando lugar a que la institucionalidad de la paz (comisiones paritarias, mesas departamentales, etc.) se pueda reestructurar o diluir sin traumatismos. Algunas soluciones que se han discutido consideran que las comisiones paritarias que actual-

mente existen se orienten hacia aquellas dependencias públicas con la que tienen lógica relación, por ejemplo la de “Lugares Sagrados” hacia el Ministerio de Cultura, la de “Modernización de la Justicia”, reducidas a un pequeño número de miembros, pueda fortalecer la MID sobre Seguridad y Justicia, en la que expresiones sociales más representativas ya están formulando ideas y documentos. Las MID junto con la CICIACS y algunas otras organizaciones que funcionan en el país podrían constituir el andamiaje más idóneo por el que la sociedad guatemalteca, la comunidad internacional, el actual y el próximo gobierno comiencen a transferir las responsabilidades actuales de MINUGUA. Las opiniones contenidas en este artículo son responsabilidad de su autor.

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2da Promoción de Maestría en ciencias sociales Requisitos: Título de licenciatura o grado universitario equivalente, de preferencia en una disciplina social o humanística Dedicación a tiempo completo Presentación de un perfil de proyecto de tesis Lectura comprensiva del idioma inglés Edad deseable: menor de 35 años Residir en Centroamérica (incluidos Panamá y Belice) Duración: 2 años (septiembre 2003-agosto 2005) Becas: el Programa dispone de un número limitado de becas. Para mayor información y retiro de formularios de solicitud dirigirse a: FLACSO Maestría 8 calle 7-38 zona 9, ciudad de Guatemala Teléfono (502) 331-1981; FAX (502) 331-0820 maestria@flacso.edu.gt www.flacso.edu.gt

Fecha límite para recibir solicitudes: 31 de mayo de 2003 Con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo ASDI-SAREC 6/abril 2003, No. 24


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Próximas publicaciones El ocaso de un liderazgo. Las élites empresariales tras un nuevo protagonismo J. Fernando Valdez

El libro del Dr. Fernando Valdez se inscribe en un gran esfuerzo y debate académico que en América Latina se viene dando sobre el sector empresarial. El rostro indígena de la pobreza Virgilio Álvarez Aragón La pobreza, si bien ha sido parte de nuestra estructura social y económica, no es un tema que preocupe demasiado a los académicos y políticos. Posiblemente por estar tan enraizada entre nosotros se la toma ya como un elemento inherente y propio de la idiosincracia y cultura guatemaltecas. Con la publicación de los materiales que contiene el presente volumen, producto de la segunda parte del seminario sobre Pueblos indígenas y pobreza, realizado en Antigua Guatemala en noviembre de 2001, se pretende hacer un aporte al debate sobre este tema tan álgido y complicado. Los textos que se incluyen no siguen una línea, forman un conjunto en el que, desde distintas ópticas y perspectivas, se trata de analizar la pobreza, las características y condiciones en que ésta se manifiesta en las poblaciones indígenas.

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La claridad analítica y el recorrido histórico que realiza el autor a lo largo de la reciente y siempre rica realidad guatemalteca, hacen del texto un gran aporte para entender el pensamiento empresarial, a los empresarios, su pensamiento, sus proyectos de nación y la responsabilidad política y económica de ese sector con el Estado de Guatemala. En suma, el libro es una gran y novedosa investigación que abrirá nuevas vertientes para el análisis del Estado y la modernización política en ese país. DR. EDGAR JIMÉNEZ CABRERA Exdirector del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Director del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales, México

Diálogo 24 Nueva Época/ En torno al Grupo Consultivo y a sus compromisos  

En torno al Grupo Consultivo y a sus compromisos / Publicación mensual de FLACSO-Guatemala