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Tierras por Paz, ¿es esto justo?

Hace unos días el director de la CONADI, Álvaro Marilifi, y el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, informaron que la comunidad Temucuicui, grupo indígena muy radical de la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía, figuraba como prioritario para recibir nuevos terrenos, si prosperaban las negociaciones que se estaban llevando a cabo para adquirir algunos predios que habían sido objeto de una treintena de atentados incendiarios durante los últimos ocho años.

No es esta la primera vez que en nuestro país vemos que, por lo menos en materia indígena, los grupos radicales y que ejercen la violencia como medio de acción política, obtienen más privilegios que aquellas comunidades que actúan conforme a la ley. En efecto, lo recientemente informado respecto de la comunidad mapuche Ignacio Queipul -o Temucuicui- es sólo un cuestionamiento más de lo que ha sido el actuar de la CONADI al respecto. El sistema de gestión de recursos utilizado por el organismo encargado de formalizar la compra y posterior entrega de tierras ha sido fuertemente criticado, incluso por las comunidades indígenas pacíficas que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, aún esperan que sus solicitudes de tierras sean revisadas por dicho organismo. Éstas, con justa razón, se sienten postergadas en virtud de comunidades o grupos radicales que han sido privilegiados por las autoridades.

Ya el año 2001 la prensa nos informaba respecto de ofrecimientos de fundos a grupos mapuches violentistas, lo que nos confirma que no se trata de un tema nuevo, sino más bien de una práctica habitual de la CONADI, que parece utilizar este método para aplacar manifestaciones y hacer creer a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que la política aplicada por el gobierno es la apropiada para el tratamiento de la cuestión indígena. Mientras tanto, y a pesar de la estacionalidad del conflicto, pues adquiere mayor visibilidad durante el período estival, éste sigue escalando. Este año ya llevamos un joven indígena muerto, un ejecutivo de una empresa forestal baleado a la salida de su

casa en Santiago, gran cantidad de atentados incendiarios y varios

detenidos en distintas manifestaciones.


La política indígena del gobierno ha sido deficiente, pues se ha recurrido a la entrega de tierras sin entrar al fondo del problema. Las soluciones sólo se han enfocado a la población indígena rural, olvidando que la gran mayoría de los indígenas chilenos vive hoy en las ciudades y hacia ellos no se han focalizado recursos, salvo algunas pequeñas iniciativas realizadas por alcaldes que, conscientes de la situación, han intentado promover actividades que resguarden las culturas indígenas. Por otro parte, la entrega de tierras no ha estado acompañada de capacitación ni mucho menos de aportes de capital, lo que reviste mayor gravedad si consideramos que las tierras indígenas no son susceptibles de gravamen por lo que el acceso a crédito les es prohibitivo.

Si el objetivo de la política indígena del gobierno es satisfacer las necesidades de dichos grupos, primero se debiera identificar a los beneficiarios -los que como hemos señalado se encuentran radicados mayoritariamente en las ciudades-, ideando un plan acorde a sus intereses y reales necesidades. Con respecto a la población rural, la política respectiva debiera contemplar mecanismos que hagan viable la explotación de las tierras entregadas, con miras a lograr que la integración al proceso de desarrollo y la preservación de la identidad de las culturas indígenas sean perfectamente compatibles, levantando esa verdadera interdicción que pesa sobre las comunidades indígenas para disponer de sus tierras.

La política aplicada hasta ahora, probablemente influenciada por la presión internacional, no sólo ha sido discriminatoria en perjuicio de aquellos que actúan conforme a derecho, respetando la ley y el orden, sino que, además, ha sido ineficiente para solucionar las carencias de los pueblos originarios de Chile. Por otro lado, el actuar de la CONADI, en lo que se refiere a la entrega de tierras, ha sido meramente político, teniendo el efecto perverso de fomentar la violencia en aquellas zonas donde los grupos radicales se han visto beneficiados por sobre aquellas comunidades pacíficas, sólo para dar la apariencia de que el tratamiento de la cuestión indígena se encuentra bien encausado.

Beatriz Corbo A. Área Legislativa


tierraxpaz