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especial: ANIVERSARIOS SIN RESPUESTA

El Fiscal ha pedido la imputación de varios cargos de INAER por posibles delitos de homicidio imprudente no a Las Palmas, el BIM se volvió a encender a los pocos minutos de iniciarse el vuelo y, momentos después, se estrelló bruscamente contra el mar. Sus seis ocupantes murieron, entre ellos el comandante, Ortiz de Zarate, el copiloto, Antonio Ruiz Lacasa, y el TMA, Jorge Reyes.

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La investigación

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“No tengo conocimiento de esos hechos porque la empresa Helicsa no me ha dicho nada al respecto y no pienso poner en duda la honorabilidad de las personas porque usted me lo diga”. Fue la respuesta que le dio Juan Antonio Plaza, investigador de la CIAIAC en este caso, a Carlos Torres, representante de la familia del copiloto fallecido, cuando le informó sobre los hechos ocurridos en Jerez los días 25 y 26 de junio. A pesar de que lo preceptivo por los manuales de investigación consiste en no descartar ninguna posibilidad, el investigador prefirió pasar por alto estos detalles, y solicitar prueba de ellos a las familias de las víctimas. Lo ocurrido en Jerez estaba recogido con todo detalle en la declaración notarial de un testigo, presentada ante el Juzgado y ante la DGAC a través de una denuncia formulada por SEPLA. Aun así, no resultó ser una prueba lo suficientemente esclarecedora para el investigador de la CIAIAC, que se remitió al mutismo de INAER para justificar su inacción, aunque pueda parecer lógico que la empresa sea la última interesada en informar sobre cómo su Director de Operaciones estuvo dando órdenes que contradecían los manuales de procedimiento y violaban las Directivas de Aeronavegabilidad. Por ello, cuando en abril de este año, con casi tres años de retraso, la CIAIAC anunciaba que publicaría el informe definitivo de forma inminente, sin haber tomado en consideración todos estos datos, los familiares de las víctimas se apresuraban a pasar a la acción. Fue necesaria una reunión con el Subsecretario de Fomento, Jesús Miranda Hita quien, alarmado ante la gravedad de los hechos, instaba a la CIAIAC a paralizar el informe final y llamar a declarar a testigos claves que habían intervenido en las revisiones del helicóptero mientras se encontraba en su base en Jerez.

Carlos Torres, cuñado del copiloto Antonio Ruiz Lacasa, cuyo cuerpo continúa desaparecido, deposita algo de la poca esperanza que le queda en que el nuevo Pleno de la Comisión posea la valentía suficiente como para impulsar el caso y sacar un informe final que esclarezca qué pasó sin ocultar ningún dato. Mientras tanto, y después de más de cuatro años de espera, ha solicitado al COPAC la realización de otro informe técnico preliminar que sirva al Juez como prueba para comenzar sus imputaciones. Y es que la investigación judicial, aún en fase de instrucción, continúa a la espera del informe técnico de la CIAIAC. De hecho se encontraba paralizada hasta hace escasos meses cuando la Fiscalía, tras una reunión con representantes legales de SEPLA y COPAC -en la que aportaron las mismas pruebas que antes habían enseñado a la Comisión- solicitó la declaración y posterior imputación por un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores a los dos administradores de INAER, Luis Miñano San Valero y Jorge Díaz Crespo Cardona, así como a cuatro altos cargos de la misma: José Luis López Gómez, director Técnico, Juan Fontanals Rodríguez, director de Operaciones, Félix Dorado, jefe de Mantenimiento, y José Navarro Pino, director técnico de Hispacopter, compañía del grupo INAER, encargada del mantenimiento del helicóptero accidentado. El Juez del caso no realizará imputación alguna hasta no recibir un informe pericial que presente pruebas suficientes. El motivo que impulsó hace ya dos años una causa que parecía guardada en el fondo de un cajón fue una denuncia que SEPLA presentó ante la Dirección General de Aviación Civil en la que se relataba de manera extensa los delitos cometidos durante los días previos al accidente. Gracias a esta denuncia, la DGAC interrumpió el plazo de prescripción para las faltas muy graves (las faltas leves y graves ya habían prescrito), y abrió un expediente sancionador que, sin embargo, omite varios datos claves en el caso, tales como la carencia de habilitación agroforestal de la tripulación o el incumplimiento del contrato con SASEMAR. El expediente sancionador de Aviación Civil, que se encuentra paralizado a la espera de la resolución judicial, se centra en tres posibles infracciones por parte de la empresa, relacionadas con el incumplimiento del mantenimiento de la aeronave, la no anotación en los partes de vuelo de los avisos sobre el fallo de presión de la pa-

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Revista del SEPLA