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DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SANCIÓN

La STS de 7 de marzo de 2006 declaró haber lugar al recurso interpuesto contra la SAN de 5 de octubre de 2001, frente a resolución de la AEPD por la que se imponía a la recurrente una sanción como consecuencia de la comisión de una infracción grave prevista en el artículo 43.3 d) de la LORTAD como consecuencia de la utilización del censo electoral para la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, imponiéndose dicha sanción en una cuantía de treinta millones de pesetas, como consecuencia de la reincidencia del sancionado en su actividad. La sentencia reitera, de conformidad con la jurisprudencia ya consolidada, en la materia, a partir de la STS de 18 de octubre de 2000, la procedencia de imposición de una sanción, al resultar contrario a la legislación de protección de datos la utilización del censo con los fines citados; del mismo modo, considera que no procede la aplicación en este caso del principio non bis in idem, al referirse este supuesto a la utilización de datos de distintos ciudadanos que los enjuiciados en sentencias y resoluciones anteriores. Igualmente, siguiendo la jurisprudencia de la Sala, considera que no procede la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 45.5 LOPD. No obstante, sí se considera que debe modularse el importe de la sanción, por aplicación del artículo 45.4 de la propia Ley, al haberse apreciado para la determinación de su cuantía la existencia de reincidencia, siendo así que la resolución hacía referencia a un único expediente tramitado con anterioridad. En consecuencia, se acuerda la reducción de la sanción de treinta a veinte millones de pesetas. VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN

La STS de 17 de octubre de 2006 desestima el recurso interpuesto contra la SAN de 12 de abril de 2002, en que se había considerado contraria a la LOPD la cesión de datos por parte de una empresa a un determinado sindicato representativo en la misma de un CD-ROM con los datos de los trabajadores, habiendo el mismo sido empleado para la difusión de acciones formativas por parte de una entidad dependiente del propio sindicato. La doctrina de la Sentencia resulta relevante en cuanto se consideró que la comunicación únicamente había quedado acreditada a través de presunciones, dudándose del valor probatorio de las actas de inspección. A tal efecto, se recuerda la jurisprudencia del propio Tribunal en este sentido, señalándose que "las declaraciones contenidas en las actas, sin duda, tienen valor probatorio pues gozan de la presunción de que dichas declaraciones se hicieron ante el inspector, otra cosa será si dicha declaración es o no verdadera" y que "es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (Sentencia de 24 de junio de 1991)", considerando que "es lícito, por lo tanto, partir del hecho de que en inmediación, y ante el inspector, se reconoció que la empresa había entregado un disquete con los datos".

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