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Nacional

MARTES 20/8/2002

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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Uriarte destaca que la ley de Partidos pone fin a una «anomalía democrática» La catedrática dice que la norma aumenta la confianza en las instituciones

El Gobierno vasco acusa a Bono de incitar la violencia del Estado ABC

La catedrática de la Universidad del País Vasco Edurne Uriarte afirmó ayer que la aplicación de la ley de Partidos para ilegalizar Batasuna «terminará con la anomalía democrática» que supone que esta formación «se mueva en la impunidad». Asimismo, señaló que la puesta en práctica de esta norma supondrá más «libertad y confianza de los ciudadanos en la instituciones». FELICIANO TISERA

SANTANDER. Edurne Uriarte, a quien ETA intentó asesinar en la Universidad del País Vasco en diciembre de 2000, imparte esta semana el curso magistral «España: nación, patria o estado» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ayer, al referirse a las posibles consecuencias que la ilegalización de Batasuna puede tener en el País Vasco, dijo que «la ley de Partidos se ha hecho para impedir que esté en la legalidad un partido que apoya al terrorismo y que está relacionado con el mismo, y ése no es el caso del PNV, ni creo que lo será nunca». Para la catedrática y colaboradora de ABC, «decir que el PNV se vincula con el terrorismo es, afortunadamente, ciencia ficción. Otra cosa es el grado de responsabilidad que tiene en la prolongación del terrorismo, pero ésa es ya otra cuestión». Uriarte criticó la actitud que tiene el PNV respecto a la lucha contra el terrorismo y a la ley de Partidos: «Creo que esta norma no tiene nada que ver con el PNV. La ley está para perseguir al terrorismo, y no como suele decir el PNV, manipulando la finalidad de esa ley, para perseguir al nacionalismo. Su objetivo es sólo hacerlo con grupos políticos vinculados con el terrorismo». En cuanto al mundo de ETA, Uriar-

te dijo que «no se podrán mover con la impunidad con la que lo han hecho hasta ahora, ni tener organizaciones legales para colaborar con el terrorismo». Y celebró que la nueva ley prevea y evite la posibilidad de que Batasuna, para burlar la ley, vaya cambiando de nombre «porque hasta ahora es lo que ha hecho».

«Último paso» En su opinión, el proceso que comenzó ayer en el Congreso de los Diputados supondrá «un aumento de la libertad y de la confianza de todos los ciudadanos en las instituciones democráticas». Asimismo, dijo que se trata del «último paso que tenemos que dar» para acabar con las grupos que amparan el terrorismo. En referencia a las hipótesis de sectores nacionalistas que auguran una mayor crispación si se ilegaliza Batasuna, Uriarte dijo que las consecuencias de este hecho serán, primero, para la formación abertzale y «después para los nacionalistas, pero en ningún caso para los amenazados». Asimismo, Uriarte valoró la revocación de su cátedra en la UPV, que finalmente le ha sido devuelta de acuerdo con una sentencia del mes de julio de la Audiencia de Vizcaya. En este sentido, afirmó que «lo ocurrido sólo se entiende en el contexto político del País Vasco y en las pre-

Jueces y fiscales vascos piden a Interior que mejore su seguridad Ep

BILBAO. Un grupo de entre 30 y 40 magistrados y fiscales de Guipúzcoa ha denunciado «deficiencias» en sus servicios de escolta. Los miembros de la Judicatura han reprochado a los encargados de su seguridad «falta de profesionalidad», carencia de medios y deficiencias en las tareas de coordinación, además de considerar excesivos los relevos de escoltas y los cambios de turno. Los magistrados vascos plantearán después de vacaciones a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que se soliciten reuniones con los nuevos responsables del Ministerio del Interior a fin de pedir una mejora en el sistema de seguridad que se

aplicó a los miembros de la Judicatura vasca tras el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón, según informó la presidenta de la APM en el País Vasco, María Concepción Marco Cacho. De esta forma, se refirió a las quejas que han surgido en el colectivo de jueces y fiscales guipuzcoanos, que han trasladado al presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, su inquietud por lo que consideran «deficiencias» en los escoltas. La magistrada recordó que también miembros de la Judicatura de la Audiencia Provincial de Vizcaya realizaron, con anterioridad, estas mismas reflexiones y pidieron que se mejorara su protección. «Aunque se empezó en Vizcaya, ahora se ve

Edurne Uriarte

Juan Manuel Serrano

siones anómalas que se producen allí y que no ocurrirían en ningún otro lugar de España». Se refirió a esta Comunidad como la «región española donde se ha producido la sustitución del nacionalismo español del franquismo por un nacionalismo periférico que está teniendo unos efectos semejantes, es decir, «se ha pasado de una situación de falta de pluralidad a otra igual» que ha quedado en manos «muy especialmente del nacionalismo».

que no ha sido una polémica individual de los magistrados vizcaínos», señaló. Por ello, afirmó que, cuando finalicen las vacaciones y la Sala de Gobierno del alto Tribunal vasco comience su funcionamiento normal, se planteará, de nuevo, la necesidad de aumentar la protección de los jueces y de «subsanar» las «deficiencias» que en la actualidad existen. En su opinión, ahora deben producirse encuentros con el actual secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Astarloa, con el fin de que éste estudie la situación de la seguridad de los magistrados vascos.

Ilegalización de Batasuna María Concepción Marco dijo que la comisión creada por el Gobierno y el Ejecutivo vasco para salvaguardar la seguridad de las personas en el País Vasco deberá tener en cuenta cómo puede influir el tema de la ilegalización de Batasuna en todos los colectivos amenazados.

MADRID. El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, pidió a José Bono que aclare si para luchar contra al terrorismo pretende «el retorno de los GAL» o el «suicidio en las cárceles». El presidente de CastillaLa Mancha se había mostrado partidario de acabar por medios «legales e inmisericordes» con ETA como se hizo con la organización terrorista Baader-Meinhof. A juicio del consejero vasco, estas afirmaciones constituyen «una auténtica llamada a la violencia del Estado», y aseguró que «es preocupante que un presidente de una Comunidad Autónoma recuerde las salvajadas y horrores cometidos por ciertos Estados en la lucha contra el delito». En opinión de Azkárraga, «tal vez Bono sea partidario de las tácticas aplicadas por los GAL, promovidas desde el Gobierno español y el Partido Socialista a través de su Ministerio de Interior, que costaron la vida a numerosas personas». El representante del Gobierno vasco añadió que «esos crímenes son idénticos a los de los asesinos de ETA, pero en este caso existe una mayor responsabilidad ya que el Gobierno debe actuar basado en la democracia y en los poderes que le ha conferido la sociedad». Azkárraga mostró su temor porque las palabras de Bono indiquen una llamada a la utilización de los «métodos parapoliciales».

Matización del PP El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se mostró de acuerdo con Bono en cuanto a que hay que ser «inmisericordes» con los terroristas, término que, en su opinión, es «impecable», pero matizó que siempre dentro del Estado de Derecho. El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, dijo que «no es un ejemplo afortunado» el planteado por José Bono, cuando aludió al fin de la Baader Meinhof. No obstante, consideró correctas en términos generales las afirmaciones de Bono porque hizo una «defensa enérgica» de la lucha contra el terrorismo. El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, pidió a Bono que rectifique «de inmediato» sus declaraciones porque «no se corresponden con las de un representante democrático». En su opinión, la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha provoca una «sensación espeluznante» porque la muerte de los miembros de la Baader Meinhof «aún no está clara». «Fue una condena a muerte extrajudicial de la banda», apostilló.

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Uriarte destaca que la ley de Partidos pone fin a una «anomalía democrática» La catedrática dice que la norma aumenta la confianza en las i...