El segundo grupo de peticiones son presentadas por la MIA y el CNA e implican medidas estructurales en la organización de Estado y el país. Son temas que pueden implicar décadas de desarrollo y buscan determinar la política agraria y de tierras.
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Freno a la extranjerización y acaparamiento de tierras e implementación y protección Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
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Fortalecimiento de Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
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Protección de territorios indígenas y afrodescendientes.
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Participación de mineros artesanales y de pequeña escala en determinación de la política minera.
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Garantía de derechos políticos a población rural.
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Inversión en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
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Fin del conflicto armado y suspensión de fumigación de cultivos de uso ilícito acompañada de alternativas de subsistencia para el campesino. Paralelamente la MIA pide que el Estado colombiano que acoja e implemente la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos, este es un texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que le otorga a los campesinos derechos políticos diferenciados por considerarlos actores políticos en desigualdad de condiciones. El texto reclama reclamando.
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