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Se espera que la innovación que contempla el artículo primero, relativa al principio pro persona, traiga innumerables beneficios a los gobernados, pues esta interpretación de la norma se deberá hacer conforme a lo que más le favorezca a la persona, ya que implica a ésta como base central dentro del contexto del derecho internacional y del derecho interno, para hacerlo congruente con los derechos humanos. Una adición al último párrafo de ese mismo artículo que ha resultado polémica, es la dirigida a evitar la discriminación sexual, pues se agregó el adjetivo “sexuales” al nombre preferencias, para que quede claro a todos que el legislador debe ponderar el respeto a la diversidad sexual de las personas. Congruente con aspectos de carácter humanitario y solidario, se estima la adición que se realizó al artículo 11, que ahora contempla la posibilidad de que toda persona en caso de persecución por motivos de orden político, pueda, legalmente, tener derecho de solicitar asilo al Estado Mexicano. En cierta medida, resulta inquietante la reforma aprobada al artículo 29, relativa a la suspensión de garantías, ya que sólo establece que ésta debe ser proporcional al peligro a que se hace frente, sin especificar ni las proporciones de la suspensión ni de los peligros a los que refiere. Por otra parte, estatuye que la suspensión de garantías se hará observando los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación, en todo momento, y su autorización se confía a un órgano político (Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquél no estuviere reunido) que no siempre atiende a los intereses de la sociedad. Enhorabuena se estableció que los decretos expedidos por el ejecutivo durante la restricción o suspensión de garantías, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Otro cambio destacable es la facultad que se otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar posibles violaciones graves a los derechos fundamentales, donde cabe decir que aunque sólo emite recomendaciones públicas –no vinculantes a los autores de estas violaciones– así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, ello no debe implicar su incumplimiento, pues expresamente se estableció que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos y, en caso de no ser aceptadas, deberán fundar, motivar y hacer públicas las razones de su negativa. Por otra parte, se considera acorde con la dinámica jurídica que se haya adecuado la llamada Fórmula Otero

21 cuando se determine que una disposición legal es inconstitucional, pues resultaba incongruente que si esa disposición ya se había estimado así continuara vigente. Desafortunadamente esto no ocurrirá en la materia tributaria por lo que los gobernados deberán seguir impugnando su inconstitucionalidad, como hasta ahora. Bienvenidas sean estas reformas que se entienden propias de la evolución necesaria de los ordenamientos legales, y será su aplicación la que indique el sentir de la sociedad sobre el tema. Esperamos ver pronto la reforma a la Ley de Amparo y otros instrumentos reglamentarios para que sean acordes con esta transformación a la norma fundamental.

Revista El Faro núm 8  

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