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va a haber que trabajar / limpiar huesitos/ que no hagan / negocio con la sombra / desapareciendo/ dejándose ir /

a la tierra ponida sobre / los huesitos del corazón/ compañeros denme valor. Juan Gelman

Chihuahua

Revista

Faro

El núm 9 Año 3,

, agosto – mayo, 2012


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El

Faro

Año 3, número 9, agosto – mayo, 2012

Director:

CONTENIDO: Actividades Académicas Flor Virginia Mota García

Magistrado Adrián Avendaño Constantino

Si un día mi nombre figurara en otra parte

Edición:

Regina, tu lucha sigue viva

Fidel Carlón Solís

Natividad Regina Martínez Ramírez Édgar Reyes

Juárez 2011 y El invierno (poemas)

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Eloísa del Mar

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Magistrado Adrián Avendaño Constantino

Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación

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Magistrado Oscar F. Hernández Bautista

Justificación constitucional de contribuciones extrafiscales en normas programáticas

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Jornadas excesivas de trabajo en el Poder Judicial de la Federación

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Colaboradores:

Magistrado Gustavo Calvillo Rangel Bhikkhu Nandisena Natividad Regina Martínez Ramírez Felipe Blásquez Rivera

Oscar F. Hernández Bautista Gabriela Guillén Elizondo

Gustavo Calvillo Rangel

Terrorismo laboral

Adrián Domínguez Torres

Adrián Domínguez Torres

Acoso laboral en los órganos de impartición de justicia

Flor Virginia Mota

El caso de Rosendo Radilla Pacheco vs el Estado Mexicano

Edna Guadalupe Pérez García

Edna Guadalupe Pérez García Felipe Blásquez Rivera

Gabriela Guillén Elizondo

Caso González vs México (Campo Algodonero)

Eloísa del Mar Édgar Reyes

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Felipe Blásquez Rivera

Ética buddhista para el mundo moderno Bhikkhu Nandisena

Los textos publicados son responsabilidad de quien los firma

Bienvenida a los alumnos del Curso Básico

revistafaroijf@gmail.com

Criterios Relevantes

Adrián Avendaño Constantino

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Editorial Chihuahua insurgente ¿Hasta cuándo llegará el día en que se aprecie más al hombre que enseña, que al hombre que mata? Melchor Ocampo

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hihuahua ha sido, a lo largo de la historia de México, bastión fundamental para salvaguardar y defender las libertades más caras de nuestra nacionalidad. Muchos autores han dicho y siguen diciendo que Chihuahua es la esencia bronca de la conformación de México, lo cual no sólo es injusto sino irreal, porque numerosos pobladores que no eran bárbaros como se empeñan en calificarlos, no hicieron otra cosa que defender a sangre y fuego sus territorios que abusivamente fueron invadidos a partir del siglo xvi por los europeos. (Entre los siglos iii y xvi de nuestra era, el vasto territorio norteño fue ocupado por tepehuanos, pimas, conchos, rarámuris, anasazis, mogollones, tiguas, tobosos, julimes, janos, témoris, guazapares, chínipas, entre otros.) Hoy, la Sierra de Chihuahua, donde Pancho Villa hace un siglo peleó bravíamente contra las dictaduras de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, se debate en medio de la hambruna que padece uno de los pueblos sobrevivientes de aquella raza estoica: los tarahumaras, olvidados por un gobierno que no ha tenido la suficiente sensibilidad para atender las necesidades básicas de los diversos grupos étnicos que, con 12 millones de habitantes repartidos en 56 pueblos, aportan más de la mitad de los valores culturales de nuestro país. El caso de Chihuahua es paradigmático en la lucha libertaria permanente de nuestro pueblo: En 1823, el Congreso de la Unión crea los estados de Chihuahua y Durango, en lo que fue la provincia de Nueva Vizcaya durante el Virreinato. Durante la invasión norteamericana de 1846 - 1847, Chihuahua aportó a sus hijos más valientes en el combate de los filibusteros. Cabe señalar que los gobiernos de Juárez y Porfirio Díaz, paradójicamente, exterminaron a decenas de pueblos indios, muchos de los cuales formaron parte de la resistencia contra los americanos. Absurdos de los hombres en el poder. Durante la Intervención Francesa, Chihuahua apoyó con lealtad y patriotismo al Presidente Juárez, quien estableció su gobierno en Parral, y posteriormente en El Paso, hoy Ciudad Juárez. En las luchas libertarias emprendidas por los magonistas entre 1909 y 1910, cae el heroico guerrillero Praxedis G. Guerrero, en Janos, Chihuahua. Su muerte fue un duro golpe para las fuerzas revolucionarias. En 1910, el chihuahuense don Abraham González organiza el primer club antireeleccionista. En 1911 Pascual Orozco y Francisco Villa vencen al ejército porfirista en Ciudad Juárez, obligando al dictador a renunciar y abandonar el país. El 23 de septiembre de 1965, Pablo Gómez, Arturo Gámiz y un puñado de guerrilleros caen bajo las balas del gobierno de Díaz Ordaz, en el intento por tomar el cuartel de Madera, Chihuahua, como consecuencia de los abusos y arbitrariedades de los madereros y terratenientes, apoyados por el gobierno estatal de Giner Durán contra los campesinos de Chihuahua, iniciándose con aquella acción guerrillera movilizaciones de protesta en todo el país, lo que propició a la vez la llamada Guerra Sucia emprendida por Luis Echeverría, de triste memoria. Por ello, y por mucho más, el pueblo de México debe a Chihuahua incontables aportes en la construcción de una patria más libre y más humana; es por ello también que en los momentos en que la Sierra Tarahumara está siendo diezmada por intensas heladas y por la sequía, se impone la participación solidaria de todos los mexicanos, no solamente como un acto de generosidad, sino de gratitud hacia ese noble pueblo que durante siglos ha dado a la República lo mejor de sus mujeres y hombres para lograr el México independiente, libre y soberano, al que algún día llegaremos.


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Actividades académicas Flor Virginia Mota García Oficial administrativa de la Extensión Xalapa del Instituto de la Judicatura Federal

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l pasado 26 de Agosto de 2011 tuvo lugar en la ciudad de Puebla, por iniciativa del Consejo, la Primera Reunión Regional del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con magistrados y jueces de Distrito de los circuitos Sexto (Puebla), Séptimo (Veracruz), Décimo (Tabasco), Décimo Tercero (Oaxaca), Décimo Cuarto (Yucatán), Vigésimo (Chiapas), Vigésimo Primero (Guerrero), Vigésimo Séptimo (Quintana Roo), Vigésimo Octavo (Tlaxcala) y Trigésimo Primero (Campeche). En la sesión matutina intervinieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los señores consejeros, así como los coordinadores de magistrados y jueces de Distrito de los circuitos mencionados. Estos últimos, en su participación de cinco minutos, expusieron brevemente las adversidades y problemas de su región, y en la vespertina, con participación abierta de jueces de Distrito y magistrados, se dialogó con el secretario general de la presidencia del Consejo, juez de Distrito Luis Fernando Angulo Jacobo; el secretario general del Pleno, magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández; la secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, magistrada Julia Mónica López Benítez; el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, magistrado Edwin Noé García Baeza; y el secretario ejecutivo de Disciplina, juez de Distrito Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. Ahí se discutió diversos temas, fundamentalmente los relacionados con la seguridad del personal y de los recintos jurisdiccionales, sise, capacitación, servicio médico, sanciones disciplinarias y resolución de quejas por dilación en el dictado de las sentencias. Resultó interesante este esfuerzo por estrechar la comunicación y coordinación institucional de los juzgadores federales con el ministro presidente y los consejeros de la Judicatura Federal. También a instancia del Consejo y con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Puebla, los días 23 y 24 de septiembre del año 2011, se llevó a cabo el Seminario Introductorio sobre Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y de Derechos Humanos e Implicaciones para el Trabajo Jurisdiccional. La asistencia fue obligatoria para jueces y magistrados del sur de la República (Veracruz, Tabasco, Puebla, Guerrero, Morelos, Yucatán y Chiapas, entre otros), quienes acudieron a dicha ciudad para debatir en torno a los Derechos Humanos. En esos mismos días, en el centro y norte del país tuvieron lugar encuentros similares. El seis de septiembre de 2011, a partir de las 18:00 horas, en el auditorio del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz se llevó a cabo la conferencia “Derecho al Sufragio y Justicia Electoral”, a cargo del Dr. Dres.h.c. Dieter Nohel, profesor emérito de la Universidad de Heidelberg, Alemania, investigador y especialista en Ciencia Política y Derecho Electoral. Ante la presencia de más de 400 personas, así como destacados juristas del Estado, el politólogo alemán precisó que hay que terminar con la desconfianza ciudadana en sus órganos electorales y en el proceso mismo de elección de sus gobernantes, pues los propios partidos han minado la desconfianza al desacreditar a los órganos electorales cuando el resultado no les favorece. Al finalizar le fue entregado un reconocimiento a nombre del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de dar a conocer los alcances del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en México, permitió el acceso al material de lectura y a los videos de las sesiones del seminario “La Reforma Penitenciaria: Un eslabón clave de la Reforma Constitucional en Materia Penal” (del 26 al 29 de septiembre de 2011). Puede consultarlo en su página web: http://www.scjn.gob.mx. En lo que respecta al Instituto de la Judicatura Federal, a través de su página web: http://www.ijf.cjf.gob.mx, se puede consultar, descargar material o ver el video de las conferencias: “Modelos de Juez”, a cargo del Dr. Juan Antonio García; y “La Interpretación Constitucional”, a cargo del Dr. Francisco Javier Díaz Revorio, las cua-


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les se llevaron a cabo en el Auditorio del Instituto de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México. De las videoconferencias que se han transmitido resaltan el “Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional” (22 de marzo al cinco de septiembre de 2011), en el que se analizaron los principales fundamentos, instituciones y procedimientos previstos en la Reforma Constitucional en Materia Penal del 18 de junio de 2008, a través del estudio comparado de los avances que registra dicho sistema en México, a nivel local y federal, desde una perspectiva constitucional. Por otro lado, el “Diplomado sobre Acciones Colectivas” (23 de junio a 21 de septiembre de 2011. Presencial y virtual) se organizó debido a que el derecho constitucional mexicano establece un nuevo sistema para el ejercicio de acciones colectivas, lo que implica un cambio substancial en el derecho procesal que requiere de actualización y profundización en el tema de quienes ejercen la función jurisdiccional en México. Entre los cursos regulares que se llevan a cabo anualmente en la Extensión Xalapa del Instituto de la Judicatura Federal, destaca la publicación de la convocatoria del Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, ciclo escolar 2012 (del dos de enero al siete de diciembre del 2012), dirigido a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y aspirantes ajenos a éste que cuenten con título de licenciado en Derecho y cédula profesional, tengan experiencia mínima de dos años en un puesto del Poder Judicial de la Federación, o bien, cuenten con experiencia profesional de tres años computados a partir de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional y no hayan sido sancionados por causa grave en un procedimiento administrativo de responsabilidad, en el supuesto de que haya fungido como servidor público. Por otro lado, le informamos que en la Extensión Xalapa del Instituto se llevó a cabo el “Foro sobre Acoso Laboral y Ética en la Impartición de Justicia”, los días 28 y 30 de noviembre, cinco y 12 de diciembre de 2011, nueve y 12 de enero de 2012, en el Auditorio de la citada extensión, que contó con un ciclo gratuito de cine, análisis y debate, así como de conferencias relacionadas con esos temas, que se desarrollan de la siguiente manera: 1. Lunes 28 de noviembre de 2011 (de 17:00 a 20:00 horas). Película: Acoso (Barry Leevinson, 1994), comentaristas: juez José Ezequiel Santos Álvarez, Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región; magistrado Raúl Pimentel Murrieta, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Veracruz. 2. Miércoles 30 de noviembre de 2011 (De 17:00 a 19:00 horas). Ponencia: “Ética Judicial”, ponente: doc-

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tor Javier Saldaña Serrano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. 3. Lunes cinco de diciembre de 2011 (De 17:00 a 20:00 horas). Película: Tierra Fría (Niki Caro 2006), comentarista: Dra. Leonor de Jesús Figueroa Jácome, investigadora jurisprudencial del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Lunes 12 de diciembre de 2011 (De 17:00 a 20:00 horas). Película: La Vida de los Otros (Florian HenckelDonnersmarck, 2006), comentarista: doctor Jose Ramón Narváez Hernandez, investigador jurisprudencial del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Lunes nueve de enero de 2012 (De 17:00 a 19:00 horas). Ponencia: “Delito de Perturbación del Orden Público, contemplado en el Código Penal del Estado de Veracruz”, ponente: maestro Salvador Martínez y Martínez, Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 6. Jueves 12 de enero de 2012 (De 17:00 a 19:00 horas). Para concluir el programa del “Foro de Acoso Laboral y Ética en la Impartición de Justicia”, se llevó a cabo la exposición a cargo del psicólogo Alejandro Krongold, con la temática, “Antecedentes psicológicos del abuso moral”. Nuestros mejores deseos para este año 2012. Que todos sus propósitos se realicen con éxito.

ESCUDO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, México.

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Si un día mi nombre figurara en otra parte

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz

Natividad Regina Martínez Ramírez

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Se ha querido callar las voces que hablan de estas muertes, se ha tachado a los familiares de las víctimas (que también son víctimas) de traidores a la patria, por dar una “mala imagen” del estado de Chihuahua, por ahuyentar al turismo extranjero con sus testimonios y marchas

Mi nación / que jamás hizo nada / por así hacer venganza / agoniza engañada / Como Hoguera al Corazón Julien del Castillo

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uárez: ciudad frontera, ciudad de paso, tierra de todos y de nadie, urbe de miedo y dolor, tierra marcada por la muerte de sus mujeres; que guarda en la memoria el recuerdo de una ciudad de esperanza, de cielo azul y desierto consolador; lugar de viento denso que murmura nombres: Liliana, Araceli, Alma, Juana, Lorena, Esperanza, Marcela, Luz, Laura, Berenice... Las cruces rosas adornan su desierto, ¿qué significan? La muerte y la vida: la muerte de una mujer que enfrentaba una batalla sin saberlo y que era el enemigo por el simple hecho de ser mujer. Nos recuerdan que un cuerpo fue arrojado en medio del desierto y sin más misericordia que la desnudez; la muerte de una mujer que antes de ser asfixiada fue violada una y otra vez, que fue golpeada, y sus senos cercenados como señal de quién sabe qué cosa; una muerte larga, de larga agonía, de permanecer encerrada a merced de unos cretinos; la muerte que duele a los familiares; la muerte que no importa a las autoridades; la muerte, la fría e insensible muerte. Las cruces rosas significan también la vida de una mujer que tenía sueños, que salía a trabajar o a estudiar con la esperanza de un mañana mejor. La vida de la hija, la madre, la esposa, la hermana, esa vida fértil que fue arrancada

sin previo aviso; la vida apagada; la vida de las que estamos vivas. Se ha querido callar las voces que hablan de estas muertes, se ha tachado a los familiares de las víctimas (que también son víctimas) de traidores a la patria, por dar una “mala imagen” del estado de Chihuahua, por ahuyentar al turismo con sus testimonios y marchas. Algunas voces políticas alientan a dejar de hablar de “las muertas de Juárez” y mejor dar lugar a temas alegres que realcen lo hermoso de Chihuahua, de sus cascadas, de sus barrancas, de su ferrocarril, de su industria, etcétera. La mayor parte de los medios de comunicación, aunque hablan del caso, lo tratan como tema secundario, porque es grotesco: “muerte, sangre, violación, mutilación…”, no, no, no, es un tema “fuerte”. ¿Fuerte?, ¿para quién?, para nuestros ojos sensibles, nuestro pensamiento noble y nuestro espíritu bondadoso. ¿Acaso no fue más fuerte para ellas haber sido asesinadas, para sus hijos haber quedado huérfanos?, ¿o para sus familiares que han tenido que enfrentar a las autoridades sin tener respuesta del porqué de sus muertas?; ¿acaso ellas no se merecen páginas, portadas, poemas, pinturas, obras, que denuncien la vileza del hombre, la ineptitud de las autoridades y el fracaso de las instituciones? ¿Acaso no se merecen que hagamos aunque sea eso por ellas? ¿O por nosotros mismos? Es más sencillo ser cómplice del silencio que afrontar la verdad. Tememos tanto hablar de ello, de lo que es capaz de hacer el hombre, descubrir hasta dónde puede llegar el odio; preferimos aliarnos con la indiferencia para no “lastimarnos”, para no creer que le puede ocurrir a cualquiera, es más fácil culparlas a ellas, que a nosotros por nuestra indiferencia.


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Hoy, aunque sea por un momento, no quiero ser cómplice del silencio; hoy, al ver sus fotos, al conocer su historia, quisiera mirar lejos, tan lejos que mi vista llegara hasta esa tierra: verlas a ellas y verme a mí, y sentirme su compañera. Abrazar a las madres e insultar al insensible que al ver sus fotos en los periódicos dice: “ellas se lo buscaron”, “quién las manda andar de noche”, “cómo no les iban a hacer eso con las falditas que usan”, “uyy, seguramente andaba de loquita en los bailes”, “por eso las viejas se deben quedar en su casa atendiendo a los hijos”. Me gustaría decirles a ellas, aunque no me escucharan, que no son culpables de nada, que ser mujer, joven, trabajadora, estudiante y pobre no es un pecado, que admiro su fuerza para salir de casa, en contra de las costumbres machistas; que su muerte es hoy también mi muerte; que las llevo a cuestas como una herencia que mi patria me ha legado y, por ello, su lucha es mi lucha y debería ser la de todas. Me gustaría mirarlas frente a frente, saber si en sus últimos momentos hubo un dios sosteniéndoles la mano, si él mitigó su dolor, si tan siquiera eso no les pudieron arrancar. Pero no puedo hacerlo y me limito a escribir estas líneas. En mi cabeza dan vuelta miles de preguntas: ¿por qué ellas?, ¿por qué no ellos?, ¿por qué allá?, ¿por qué en el Estado de México?, ¿por qué acá?, ¿por qué ayer?, ¿por qué hoy?, ¿por qué mañana?, ¿por qué? ¿por qué no hacemos nada?

Es más sencillo ser cómplice del silencio que afrontar la verdad. Tenemos tanto miedo a hablar de ello, de lo que es capaz de hacer el hombre, de descubrir hasta dónde puede llegar el odio

Miro las cruces rosas, a través de mis ventanas cristalinas, las miro a ellas, me miro a mí y no dejo de pensar qué pasaría, qué pasaría si un día mi nombre figurara en otra parte. FUENTES DE CONSULTA: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs México. Robles, Humberto, “Mujeres de arena”, Testimonios de mujeres en Ciudad Juárez, Obra dedicada a la memoria de Pável González, http://www.mujeresdejuarez.org/MujeresdeArena.pdf (2011. 10 de octubre). “La tragedia de Juárez”, Proceso, Edición Especial, 35 (34), Agosto 2011. Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C., Organización de Madres de Víctimas de asesinato en Ciudad Juárez, www.mujeresdejuarez. org, (2011. 3 de octubre). Blog de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Nuestras hijasderegreso acasa.blogspot.com, (2011. 4 de noviembre).

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES: Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas (2006), documental dirigido por Alejandra Sánchez Orozco y José Antonio Cordero. Señorita extraviada (2001), documental dirigido por Lourdes Portillo. Silencio en Juárez, documental de Discovery Channel. Backyard: El traspatio (2008), escrita por Sabina Berman.

SE DESCONOCE EL NÚMERO EXACTO DE LAS MUJERES VIOLADAS Y ASESINADAS EN CIUDAD JUÁREZ, pero diversos informes refieren a miles de víctimas en casi tres décadas, la mayoría de ellas mujeres de escasos recursos entre 15 y 25 años de edad.


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Regina, tu lucha sigue viva Édgar Reyes

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l pasado 28 de abril se descubrió el terrible asesinato de Regina Martínez Pérez, mujer y periodista veracruzana que entregó 30 años de su vida a informar de manera profesional hechos que lastiman a la sociedad mexicana. Con golpes brutales en torso y cara, el cuerpo de Regina fue encontrado en el interior de su domicilio ubicado en la privada de Rodríguez Clara número 208 en la colonia Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Sin duda alguna este hecho dejó sin aliento al gremio periodístico y sobre todo a los que llegamos a conocer a Regina, una mujer de complexión pequeña y muy delgada, frágil pero fuerte de intelecto. Cabe mencionar que Regina Martínez no era una mujer de grandes lujos, lo que siempre la caracterizó fue su sencillez, su honestidad y su franqueza al decir las cosas tal como son. Muchos recordamos a Regina como una mujer que le apasionaba su trabajo; al redactar no podía faltar en su escritorio una taza de café y un cigarro pues eso, decía ella, le ayudaba a concentrarse para expresar mejor sus ideas. ¿Quién era Regina? Regina Martínez Pérez era originaria del municipio de Gutiérrez Zamora, estudió la licenciatura en Periodismo en la Universidad Veracruzana, arribó a la Atenas Veracruzana hace varios años para tener su primer empleo en la televisora estatal de Veracruz TV Más (ahora RTV) como guionista. Posteriormente ingresó al periódico Política, en esta capital, donde comenzó como reportera hasta llegar a ocupar la jefatura de información de dicha empresa periodística. Laboró ahí por más de 20 años Tiempo después, surgió la oportunidad de ingresar al periódico La Jornada como corresponsal y posteriormente a la revista Proceso, en donde trabajó por varios años. Sin duda alguna, el semanario Proceso fue la plataforma que impulsó la carrera de esta destacada periodista veracruzana, pues fue en ese espacio donde se le dio la oportunidad de publicar trabajos de investigación referentes a violaciones de derechos humanos, actos de corrupción de funcionarios del gobierno estatal, injusticias sociales y otros temas que la apasionaban.

REGINA Martínez Pérez.

Regina Martínez Pérez es la quinta periodista asesinada en Veracruz en los últimos 11 meses; el 31 de mayo del 2011 fue victimado Noel López Olguín de Noticias de Acayucan; el 20 de junio, Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana; el 27 de julio, Yolanda Ordaz; los últimos tres pertenecían al diario Notiver del puerto de Veracruz


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Desde que se dio a conocer el asesinato de esta luchadora social y comprometida con la verdad, agrupaciones de periodistas de varias partes del país, asociaciones civiles, defensores de los derechos humanos en México y en otras partes del mundo y ciudadanos en general se han manifestado para exigir justicia para Regina Martínez Cabe recordar que Regina Martínez Pérez es la quinta periodista asesinada en Veracruz en los últimos 11 meses; el 31 de mayo de 2011 fue victimado Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; el 20 de junio, Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana; el 27 de julio, Yolanda Ordaz; los últimos tres pertenecían al diario Notiver del puerto de Veracruz. Finalmente, el pasado tres de mayo fueron encontrados los cuerpos de

los fotorreporteros Gabriel Huge y Guillermo Luna en el puerto de Veracruz. Desde que se dio a conocer el asesinato de esta luchadora social y comprometida con la verdad, agrupaciones de periodistas de varias partes del país, asociaciones civiles, defensores de los derechos humanos en México y en otras partes del mundo y ciudadanos en general se han manifestado para exigir justicia para Regina Martínez.

Nota de la redacción: El repudiable asesinato de Regina Martínez se suma a una creciente lista de atentandos contra la libertad de expresión en el estado de Veracruz, entre los que se cuentan el incendio de las instalaciones del diario El Buen Tono en Córdoba, el autoexilio obligado de periodistas víctimas de amenazas de muerte y, lo que es peor aún, la autocensura.


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Juárez 2011 Ésta es una fotografía:

Eloísa del Mar

El frío no deja que el hielo acabe, no importa lo que hagas, la dentadura trabada en la mordida. Desorbitados y ansiosos todos los pares de ojos transeúntes, las caras ajadas, verdes y partidas, será por cáncer, por hambre por lo que busca la gente angustiada en las calles, unos minutos de evasión. Pero el hambre regresa y las piernas andan, aceleran el motor los armados de negro, los otros obedecen como el rebaño de borregos verdes que son. El adobe sediento de las casas deshabitadas carcome de ausencia los agujeros los vidrios incompletos las puertas clausuradas. Las luces neón de los bares ya no encienden, los anuncios descarapelados de las farmacias. Ya nadie visita la catedral. El mercado es una perrera rabiosa, el purgatorio maloliente donde se pasean los demonios que maldicen en voz baja, no escuchamos sus conjuros ensordecidos por la música fayuca.


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La fuerza deshonesta nos jalonea, nos acomoda unos contra otros, si empujas te llevas – te aguantas a ver quién gana, multiplícala por miles de cuadras, por todas las calles y tambos, semáforos y altos que atemorizan; esa fuerza se siente en la quijada, en los huesos, cuando ves esta fotografía.

El invierno Juárez está a menos dieciséis grados de violencia, para cubrirse del hielo tiene el acero negro de las armas, se calienta con sangre fragmentada por los explosivos. A Juárez se le congelan los pies descalzos, se le revientan las tuberías, llora sin lágrimas su lamento de sirenas y llantas patinadas. Bajo la nieve de balazos le asesinan la madre, Juárez tiene frío de guerra.


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Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación

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omo estaba previsto, el 26 de agosto de 2011 se efectuó en la ciudad de Puebla, la ceremonia en la que los integrantes de la Novena Región tomaron posesión de la Dirección Nacional. En el número anterior de esta revista, se dio noticia de cómo quedó conformada la nueva mesa directiva. Uno de los primeros acuerdos de la Dirección Nacional consistió en aceptar formalmente el compromiso de continuar las actividades iniciadas por los compañeros de la Octava Región durante su periodo de gestión (2009 - 2011) como directivos nacionales, las cuales, entre otras, están vinculadas con la actualización del padrón de socios y llevar adelante las propuestas que los magistrados y jueces de Distrito acordaron en su último congreso celebrado en la ciudad de Puebla, del 18 al 21 de mayo de 2011, en el que se discutieron 40 ponencias presentadas por los titulares, todas ellas relacionadas con sus necesidades de asociación y defensa de sus intereses. Para ese efecto, en el comunicado número 04/2011, subido en red nacional a la página de intranet de la Asociación (portalconsejo/ asociacionmagistradosjueces) el 26 de octubre de 2011, la Mesa Directiva 2011 - 2013 hizo saber su decisión de que por ahora no es viable la realización de la asamblea general anunciada para el 17 de noviembre de ese mismo año y, asimismo, informó que de acuerdo al archivo documental con que cuenta la Asociación, el padrón está conformado por 465 socios, por lo que una de las actividades fundamentales a la que habrá de avocarse es la de actualizar el registro

de socios e integrar las direcciones y delegaciones regionales; ello con miras a realizar durante el año 2012 una Asamblea General Extraordinaria para la que se convocará a cada uno de los asociados con el fin de continuar la discusión y aprobación de la reforma estatutaria. Se dijo que la determinación adoptada tuvo el propósito de reunir los presupuestos y formalidades esenciales que requiere un ejercicio democrático efectivo en el que se respete la voz y voto de quienes integramos la Asociación, para lo cual se estima conveniente hacer un estudio minucioso de las reformas a los estatutos y tratar de identificar una mecánica de discusión, que permita la plena participación de todos los asociados en dichas reformas, en primer lugar, a nivel delegacional, luego, regional y, después, nacional, buscando siempre encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria. Cabe destacar que con ese propósito la directiva nacional de la Asociación, a finales del mes de enero del presente año lanzó la Convocatoria para la integración de las directivas estatales y regionales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, misma que por su trascendencia se publica íntegramente en las páginas interiores de esta revista. En otro contexto, la reunión de trabajo que la Dirección Nacional de la Asociación tuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejeros de la Judicatura Federal el

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS Y JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AC, Monterrey, Nuevo León, noviembre, 2010.


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día 26 de octubre del 2011 en la sede del Consejo en la Ciudad de México resultó de gran interés. Ahí, los integrantes de la Dirección Nacional plantearon al Consejo los problemas fundamentales que en su opinión atañen a todos los asociados y se pidió su atención y solución urgente. Esos temas fueron los siguientes: 1) Sanciones disciplinarias irrecurribles. Se planteó la necesidad del establecimiento de un recurso administrativo de revisión que debería resolver el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual los titulares en ejercicio de su derecho de defensa, puedan lograr la supresión en su expediente personal de aquellas sanciones administrativas de responsabilidad en cualquier caso, esto es, no sólo respecto a las decisiones del Consejo que se refieran a la designación, adscripción, cambios de adscripción, ratificación y remoción, sino contra cualquiera otra que imponga sanción disciplinaria definitiva, aun las que se refieran o deriven de la resolución de una queja no grave, esto es, en aquellos casos en que la sanción no llega a la separación del cargo, contra las que hasta ahora no existe medio alguno de defensa. Sobre este tema, fue presentada y aprobada ponencia del magistrado Miguel Mendoza Montes en el Congreso de Magistrados y Jueces de Distrito. También existe el interesante trabajo del señor Consejero Magistrado Juan Carlos Cruz Razo denominado: El derecho de defensa de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. 2) Seguridad de juzgadores federales. Se dijo que derivado de la violencia imperante en el país, es patente la necesidad de implementar un programa de seguridad permanente para la atención inmediata de los casos que ameriten la intervención del Consejo cuya operatividad sea preventiva y de reacción. Se pidió que se proporcione la asesoría y apoyo especializados a fin de salvaguardar la integridad del personal de nuestra institución y dar seguimiento puntual a aquellos casos de agresiones a los integrantes del Poder Judicial Federal así como a sus instalaciones. (Este problema se abordó ampliamente en la ponencia del magistrado Germán Martínez Cisneros, presentada en el Congreso de magistrados y jueces.) El Consejo de la Judicatura no debe esperar a que el juez o magistrado reciba alguna amenaza para brindarle protección, ya que los delincuentes no previenen de lo que van a hacer, por lo

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que el Consejo debe llevar a cabo un plan de trabajo que resulte verdaderamente útil para los titulares y para sus familias. En este renglón, en la reunión que los magistrados y jueces de distrito tuvieron con el nuevo coordinador de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, almirante d.e.m. Moisés Gómez Cabrera, y con el magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo, secretario ejecutivo del Pleno en representación del presidente del máximo tribunal del país el día 28 de febrero de 2012, se informó que pronto se nombrará para la región de Xalapa un delegado de la Coordinación de Seguridad (como el que ya existe para la zona de Boca del Río, Veracruz), el cual será el enlace para recibir las quejas de los servidores públicos y proporcionar apoyo en caso necesario. En dicha reunión, los magistrados y jueces dieron noticia de varios incidentes delictivos (robos, amenazas y tentativas de secuestro) ocurridos en contra de algunos de ellos en esta zona y exigieron al coordinador medidas efectivas para combatir la inseguridad, así como el apoyo del Consejo en ese aspecto, pues aunque se han presentado las denuncias respectivas no ha habido respuesta institucional, ya que no se han realizado las investigaciones necesarias o por lo menos no se han dado a conocer sus resultados a los involucrados, situación que propicia la impunidad. Se mencionó también el vacío existente derivado de la desaparición de nuestra compañera Rocío Alejandra Ceballos Ochoa, secretaria proyectista del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de esta región, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero, así como del ataque perpetrado en contra del edificio del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, en el cual perdió la vida un elemento de seguridad. Debe recordarse que la indiferencia e ineptitud del estado puede generar responsabilidad internacional, como sucedió en el caso “Campo algodonero” o en el de “Radilla Pacheco”, por lo que se hace necesario realizar todos los esfuerzos para que se esclarezca y castigue esos crímenes. El almirante prometió que en dos semanas aproximadamente haría llegar a los titulares dos manuales relacionados con la seguridad de los juzgadores y demás servidores públicos involucrados en el sistema de impartición de justicia. 3) Jubilaciones y pensiones. Se destacó la necesidad de que las pensiones que reciben los titulares de los órganos federales se otorguen de manera vitalicia y que estén previstas en la Ley Orgánica del Po-

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS Y JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AC, Asamblea nacional de toma de posesión de la nueva Directiva Nacional, ciudad de Puebla, Puebla, 26 de agosto de 2011.


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...su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrían derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que debía corresponder al propio magistrado o juez de Distrito der Judicial de la Federación, e igualmente se pidió que el Consejo no tuviera facultades discrecionales para revocarlas o modificarlas como se prevé en el artículo octavo del acuerdo general 28/2005 del pleno del Consejo, ya que tales facultades resultan notoriamente inconstitucionales e inconvencionales. (Sobre el particular, existen ponencias discutidas y aprobadas en el citado Congreso de magistrados y jueces de distrito presentadas por los magistrados Jorge Meza Pérez, Lucio Lira Martínez, Enrique Bogarín Cortés y Ramona Manuela Campos Sauceda.) Es destacada la entusiasta participación de los compañeros de la Octava Región (Nuevo León y Tamaulipas), fundamentalmente de los ex directivos de la Dirección Nacional y de los directivos actuales de aquella región, para llevar adelante sus propuestas ante los legisladores. Lo último en este aspecto fue la gestión del siete de febrero de 2012 coordinada por ellos ante el diputado federal Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la lxi Legislatura, en apoyo a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, suscrita por la diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (pri), en el sentido de adicionar dicha ley con el artículo 183 bis, en donde se establezca que al retirarse de sus cargos los magistrados de circuito y jueces de distrito tendrían derecho a un haber complementario por retiro de carácter vitalicio, que será el equivalente al 100 por ciento de sus percepciones durante los dos primeros años y, al 80 por ciento durante el resto del tiempo, y que en caso de fallecimiento de dichos titulares durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus menores hijos o incapaces tendrían derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que debía corresponder al propio magistrado o juez de distrito. El logro de esta prestación dependerá del esfuerzo y energía de los titulares para alcanzarla. 4) Inequidad en las cargas de trabajo de los tribunales colegiados y juzgados de distrito auxiliares y necesidad de que los tribunales de circuito auxiliares formen parte de los plenos de circuito que auxilien. Se dieron amplias razones para justificar tal medida. En relación con este tema, existen ponencias discutidas y aprobadas en el Congreso de magistrados y jueces de distrito, presentadas por los magistrados Sofía Vírgen Avendaño, Antonio Soto Mar-

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tínez, Ezequiel Neri Osorio y Rosa María Temblador Vidrio, así como el juez de distrito José Ezequiel Santos Álvarez. 5) Intervención de la Asociación en procedimientos seguidos contra jueces y magistrados. Se dijo al Consejo que en todo Estado de Derecho es principio elemental de la democracia el reconocimiento del derecho asociativo y por tanto a la personalidad jurídica de la Asociación para representar y defender a sus agremiados. Se hizo petición concreta para que el Consejo no ponga pretextos al reconocimiento expreso a la personalidad jurídica de la Asociación y para que se comunique a ésta de las sanciones disciplinarias que recaigan en contra de los asociados, para la legítima defensa de sus intereses. En lo que atañe a este tema, existen ponencias discutidas y aprobadas en el Congreso de magistrados y jueces de distrito, que presentaron los magistrados Víctor Hugo Díaz Arellano, Alfonso Ortiz Díaz, Miguel Ángel Aguilar López y Adrián Avendaño Constantino. 6) Jornadas excesivas de trabajo. Se planteó al Consejo que en razón de las jornadas excesivas que los titulares imponen y que están propiciando enfermedades en el personal de apoyo y mandos medios, debe ponerse un freno a dicha práctica, que podría consistir en limitar las labores hasta las diecinueve horas (salvo que haya cuestiones verdaderamente urgentes). Se pidió también que el Consejo vigile y, en su caso, castigue el terrorismo laboral que en algunos órganos jurisdiccionales federales es practicado por ciertos titulares acosadores, quienes por su inmadurez están demasiado lejos del perfil de jueces que el país necesita y que son aquellos a quienes el consejero magistrado Juan Carlos Cruz Razo dirige estas palabras: “La tarea de juzgar los actos de los semejantes es muy ingrata y precisa de temple, serenidad, prudencia y conocimiento”1. 7) Resolución de quejas administrativas interpuestas contra titulares de órganos jurisdiccionales por la dilación en el dictado de sentencias. Se pidió que el Consejo analice las circunstancias de cada caso y que emita un acuerdo en el que siguiendo los lineamientos trazados en las tesis PXXV/99 número de registro 194078 sustentada por el pleno del Máximo Tribunal del país y, I.12O.A.51 A, registro 174229 del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1497, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “magistrados y jueces. elementos que se deben considerar para determinar la existencia de la responsabilidad por dilación en el dictado de sentencias”; también, que establezca reglas que además de ser acordes con las necesidades de la sociedad, brinden un trato 1 El derecho de defensa de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Ponencia distribuida a todos los magistrados y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación a mediados del mes de febrero de 2012.


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considerado a los servidores públicos encargados de impartir justicia, atendiendo a las capacidades y límites de la naturaleza humana; particularmente, que exhorte a la resolución de los asuntos dentro de los tres meses siguientes, contados a partir del auto de turno, o en su caso, por sobrecarga de trabajo, se avoque a la resolución de los asuntos más antiguos que existan en el órgano jurisdiccional, sin temor a represalia alguna. 8) Reconocimiento de derechos y condiciones procesales específicos, para los juzgadores sujetos a un procedimiento administrativo sancionador como expresión del respeto a la garantía de debido proceso. Sobre el particular se dijo que resulta preponderante que los juzgadores federales no vean limitada su prerrogativa consistente en la oportunidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, y que es de utilidad promover la adecuada difusión de los criterios y alcances de las resoluciones emitidas al resolver los procedimientos sancionadores, lo que se considera necesario para integrar una cultura preventiva de la legalidad y la ética, basada no sólo en la aplicación del derecho, sino en la justicia material. Cabe destacar que en esa misma reunión también se insistió de manera verbal en tres temas trascendentes: A) El terrorismo laboral, que desgraciadamente está causando grandes estragos en el personal de mandos medios y de apoyo. Todos los presentes expresamos nuestra preocupación e indignación al respecto. Debe trabajarse seriamente para atacar este imperceptible pero mortífero cáncer que está minando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. B) El reconocimiento expreso de la personalidad jurídica de la Asociación por parte del Consejo. C) Que el Consejo cumpla con el acuerdo de la Asociación Nacional de 26 de noviembre de 2010, dando las instrucciones correspondientes a la Administración para que vía nómina se descuente a los asociados la cuota líquida que fue fijada en dicha asamblea y que será de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) quincenales. De gran trascendencia resulta que, por escritos del 31 de enero y ocho de febrero de 2012 enviados a la Dirección Nacional de la Asociación, todos los magistrados de circuito y jueces de distrito con residencia en Xalapa y Villa Aldama, Veracruz, hicimos saber nuestra anuencia para que sea descontada vía nómina la cuota mencionada ($150.00 quincenales) y así mismo, pedimos que se haga labor a nivel nacional para que se siga ese ejemplo, y una vez recabada la voluntad de todos los asociados, se comunique tal determinación al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ordene a las administraciones regionales que hagan el descuento correspondiente y entreguen las aportaciones a la Dirección Nacional de la Asociación.

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Mediante oficio número DN 15/2012 del 16 de febrero de 2012, el director nacional de la Asociación acusó recibo de la aludida petición e informó que la directiva anterior 2009 2011, mediante oficio número 71/2011, dirigido al señor consejero Juan Carlos Cruz Razo el 16 de junio de 2011, solicitó apoyo para lograr la implementación del descuento vía nómina de las cuotas de la Asociación, y que a dicho oficio se respondió en el oficio STCA/1561/2011 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, del 23 de junio de 2011, en el cual refiere que los consejeros integrantes de la Comisión de Administración, llegaron al acuerdo de que no era procedente acceder a lo solicitado. (Por la importancia que este documento tiene, se publica íntegramente en el interior de esta revista.) Asimismo, que los integrantes de la directiva actual 2011/2013 retomaron el tema en el desayuno de trabajo de fecha 29 de junio de 2011, mencionando los consejeros asistentes que no había elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo tal procedimiento. De ahí la necesidad, dijo el magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, director nacional de la Asociación, de buscar los mejores mecanismos para implementar los acuerdos tomados, considerando que uno de ellos sería atender la Convocatoria para la elección y reestructuración de las 11 regiones de la Asociación, para que una vez que se cuente con la representación formal de todos los asociados y con su anuencia, se continúe con las gestiones que sean necesarias para concretar el acuerdo relativo al descuento mensual de las cuotas vía nómina. En los temas abordados por la Dirección Nacional se advierte un diálogo propositivo, respetuoso y abierto para sentar las bases de un trabajo conjunto encaminado a la constante mejora en la impartición de justicia. Se espera que el Consejo dé respuesta en esos términos y resuelva los planteamientos de la Asociación.

En los temas abordados por la Dirección Nacional se advierte un diálogo propositivo, respetuoso y abierto para sentar las bases de un trabajo conjunto encaminado a la constante mejora en la impartición de justicia; se espera que el Consejo dé respuesta en esos mismos términos


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CABE HACER NOTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE EN EL ÚLTIMO CONGRESO CELEBRADO en la ciudad de Puebla, Puebla, del 18 al 21 de mayo de 2011, concretamente en la Ponencia sobre el tema: “¿Es posible que la Asociación pueda intervenir en los conflictos suscitados entre magistrados de circuito y jueces de distrito con el Consejo de la Judicatura Federal?”, se dieron diversos motivos y fundamentos por los cuales debía respetarse el derecho de asociación, concretamente, que éste es un derecho humano reconocido en la Constitución Federal y que ha sido acogido por Convenciones Internacionales a las que se hizo mención. Por ende, es evidente, a fin de no hacer nugatorio ese derecho de los miembros de la Asociación, que las decisiones adoptadas por la Asamblea General de conformidad con su regulación interna, sean respetadas por no encontrarse en oposición con ninguna disposición convencional, constitucional o legal; y así, puede entenderse entonces que con el oficio que aquí se publica, por cierto, carente totalmente de fundamentación y motivación, se están violentando los derechos de asociación de todos los agremiados.


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Justificación constitucional de contribuciones extrafiscales en normas programáticas Oscar F. Hernández Bautista Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región

Gabriela Guillén Elizondo Oficial administrativa del Décimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal Normas programáticas La Constitución no sólo establece derechos fundamentales de los gobernados, inclusive de contenido económico, pues a la par fija un programa político, el cual recoge un conjunto de derechos sociales directamente vinculados con la definición de la forma de Estado. Se trata de derechos que no consisten en la exigencia de un abstencionismo estatal, ni en la garantía de un ámbito o de dominio individuales, sino que generalmente pueden considerarse como “derechos de prestación”1, que se traducen en el requerimiento de un dar o un hacer estatal. Tales derechos sociales están dotados de fuerza normativa y de un sistema de garantías atenuadas, en comparación con los de los restantes derechos constitucionales. Por lo que respecta a su contenido, estos preceptos pueden ser clasificados en las siguientes categorías: a) normas relativas a la protección de la familia; b) protección de los trabajadores; c) protección de sectores sociales específicos, como son: los niños y las niñas, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley; d) protección de los ciudadanos como demandantes, consumidores o usuarios de determinados bienes o servicios. Se destaca en el artículo cuarto, la protección de la salud como un derecho individual de carácter genérico, cuyo alcance ha de concretarse por ley; e) protección de determinados bienes materiales que sin perjuicio de su interés y utilidad para los particulares, tienen un valor y una función 1 LÓPEZ, Guerra Luis. Derecho Constitucional. Volumen I. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003. p. 441.

de interés general, en garantía de los cuales, la Constitución exige la acción tutelar de los poderes públicos, como el derecho a un medio ambiente sano o el uso racional de los recursos prevista en el artículo 26 de la Carta Magna; y f ) normas que enuncian fines generales de la acción estatal, como lo es la rectoría económica del Estado. Algunos de los derechos enunciados se identifican con los clasificados como derechos humanos de tercera generación que, al incluirse dentro de los fines estatales en la Norma Fundamental son de observancia obligatoria y, por ende, sujetos a los medios de control de la regularidad constitucional como se advierte en las recientes reformas en la materia y al ejercicio del juicio de amparo, al abrirse la posibilidad de que acudan como accionantes quienes tengan no sólo interés jurídico, sino un interés legítimo, difuso o colectivo. Contribuciones con fines extrafiscales Las contribuciones, entendidas como: “la obligación ex lege que consiste en la entrega de una suma de dinero al ente público, cuyo destino radica en financiar el gasto público”2, constituyen una prestación coactiva, ya que no surgen de un acuerdo entre Estado y particulares, sino de la imposición de una obligación que nace de un ordenamiento legal que busca obtener recursos para financiar el gasto público, es decir, conseguir ingresos para subvenir las necesidades públicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que nos encontramos ante una prestación patrimonial de carácter público “cuando existe una imposición coactiva de la obligación patrimonial o, lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla”3. 2 VARONA Alabern, Juan Enrique. Extrafiscalidad y dogmática tributaria. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2009. p. 15. 3 IDEM. p. 17.


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El impuesto con fines extrafiscales se manifiesta como un medio de ordenación económica y social, pero también pueden existir otras finalidades: demográficas y culturales, por ejemplo, en donde el Estado influya en la libertad de los particulares El concepto, en principio, llevaría a concluir que cualquier fin extrafiscal, es decir, distinto a sufragar el gasto público, en términos de la fracción iv del artículo 31 constitucional, alteraría la finalidad recaudatoria que fundamenta dicha figura; pero esto no debe entenderse de una forma excluyente, sino asumirse la fiscalidad y la extrafiscalidad como figuras compatibles si bien con objetivos diferentes. Esta segunda hipótesis se actualiza al crearse una contribución dirigida hacia fines distintos de los recaudatorios con un objetivo constitucional de interés público. De esto resulta la potencialidad de la extrafiscalidad, ya que puede ser el medio idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales, y aunque no exista artículo expreso en la Carta Magna que la prevea, existen otros preceptos constitucionales que avalan la figura. Puede afirmarse que las contribuciones extrafiscales son aquellas que en su fundamento y estructura fueron concebidas para lograr una finalidad de carácter no fiscal, y en aras de dicha finalidad conforman sus elementos esenciales. Es decir, el factor extrafiscal no adviene a la contribución como un añadido, sino parte ésta última. Ante todo, una contribución extrafiscal debe perseguir, con certeza y claridad, un fin no recaudatorio previsto en la ley que lo regule. Además, su estructura interna debe impregnarse de los aspectos extrafiscales, de forma tal que no parezcan añadidos a ella, sino que formen parte de sus elementos esenciales, hasta el punto en el que si se perdieran esas características, perdería su lógica interna y su razón de ser. También debe fomentar las conductas y operaciones de acuerdo con la finalidad extrafiscal perseguida, para lo cual es necesario que se incorpore mecanismos que reduzcan la carga tributaria cuando los contribuyentes realicen actos encaminados al cumplimiento de la finalidad extrafiscal y viceversa.

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La extrafiscalidad en los distintos tipos de contribuciones Como es bien sabido, la contribución es el género y cada una de las categorías tributarias, son la especie. Las clases de contribuciones son: impuestos, derechos, contribuciones especiales y aportaciones de seguridad social. En el impuesto, desde la óptica de la recaudación, la finalidad extrafiscal se contrapone a la fiscal de tal forma que cuando una aumenta la otra disminuye, es decir, cuanto más se logre la finalidad extrafiscal, menor recaudación se obtendrá. Así las cosas, se puede llegar a la conclusión de que si no se cumple esta hipótesis, el impuesto no será extrafiscal. En este tipo de impuestos, la finalidad extrafiscal puede llegar a ser de tal magnitud que arrumba notablemente a la recaudatoria, y como ésta se fundamenta en el principio de capacidad económica, puede acabar restando sustancial protagonismo a las manifestaciones de riqueza del contribuyente. Y todas estas contraposiciones entre la finalidad fiscal y la extrafiscal, hacen que este tipo de impuesto se vuelva complejo, sobre todo en los aspectos cuantitativos. El impuesto con fines extrafiscales se manifiesta como un medio de ordenación económica y social, pero también pueden existir otras finalidades: demográficas y culturales, por ejemplo, en donde el Estado influya en la libertad de los particulares, y en la necesidad de intervenir en ciertos consumos que se consideran perjudiciales para la salud humana, como el tabaco y alcohol, por mencionar algunos. En los derechos es distinto, ya que en este caso, dado que la imposición está condicionada a la existencia de una actuación administrativa en beneficio del particular o la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público, siempre que no sea voluntario o se desarrolle en régimen de monopolio de hecho o de derecho, podría resultar un medio no apto para alcanzar fines distintos al recaudatorio, dado que debe existir una relación costo-servicio para que sea constitucional su establecimiento. A pesar de lo anterior, en algunos casos también resulta posible la existencia de derechos con finalidades extrafiscales, como podría ser racionalizar el uso de recursos naturales, verbigracia, estableciendo tasas elevadas al suministro del consumo de agua, para inhibir conductas desmedidas del usuario. La contribución especial es una categoría tributaria que se aproxima a los derechos, porque en ambas instancias opera una actuación administrativa en favor del contribuyente. Su hecho imponible consiste en el beneficio o aumento de valor de los bienes del particular derivado de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de un servicio público. El fundamento de este tributo radica en la ventaja que obtiene el contribuyente


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como consecuencia de una actuación administrativa, sólo que, por la naturaleza de ésta, beneficia especialmente a un grupo de personas, que son las que deberán asumir el costo de la obra, en tanto que las aportaciones de seguridad social se imponen a las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social o aquellas que se beneficien por esos servicios proporcionados por el Estado. En esta clase de contribuciones resulta difícil sostener una finalidad distinta a la recaudatoria. Justificación constitucional de las contribuciones extrafiscales Los artículos 25 y 26 constitucionales consagran la responsabilidad del Estado como rector de la economía nacional; en abono a lo anterior, debe destacarse que existen otros preceptos en la norma fundamental que sin constituir en sí mismos una garantía individual, sí consagran bienes públicos, los cuales la actividad del Estado debe estar encaminada a satisfacer. Para cumplir con tales propósitos, el Estado puede designar distintas clases de contribuciones que, aunque carezcan de un objetivo puramente fiscal, tengan como finalidad directa alcanzar una de esas metas constitucionales. Verbigracia, al disminuir la carga impositiva a las inversiones en salud o vivienda, o bien propiciando el desarrollo de regiones específicas, en donde la finalidad no es puramente sufragar el gasto público, pues a la par se persiguen objetivos extrafiscales, a saber, alcanzar el programa político trazado en las distintas normas que componen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los fines extrafiscales también pueden tener como objetivo racionar el uso o ejercicio de actividades y recursos naturales necesarios para la existencia y desarrollo de la sociedad. De esa forma, pueden ser restrictivos en la medida en la que se necesite la protección de recursos al aumentar la carga fiscal de dichas contribuciones. El más alto tribunal del país ha sustentado ese criterio, como se advierte de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 551, Tomo xxix, Materia Constitucional, Administrativa, Novena Época, del rubro y texto siguientes: Fines extrafiscales y de política fiscal. cuando persiguen una finalidad avalada por la constitución política de los estados unidos mexicanos aportan elementos adicionales para el estudio de constitucionalidad de un precepto. Acorde con la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: “impuestos. principio de equidad tributaria previsto por el ar tículo 31, fracción iv, constitucional”, para cumplir el principio de equidad tributaria el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o

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clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente, y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación a la garantía de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicha garantía, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto. En tal virtud, partiendo de la premisa de que efectivamente existiría un trato diferenciado, la búsqueda de fines extrafiscales o de política tributaria no es la razón que justificaría el establecimiento de un trato discriminatorio, sino que evidenciaría que la diferenciación no vulnera la Constitución y que se cumplen los postulados de la garantía de equidad. Argumentar lo contrario implica un error metodológico, al alterarse el orden de la conclusión en relación con las premisas, pues se partiría de la existencia —no corroborada— de una violación a la garantía de equidad tributaria, para posteriormente oponer a ésta la existencia de fines fiscales o extrafiscales que supuestamente justificarían la afectación a los derechos de los gobernados. Sin embargo ello no es así, pues no debe inferirse que el trato simplemente desigual en automático implica una diferenciación discriminatoria y violatoria de garantías, sino que debe reconocerse que, en las circunstancias descritas, no se vulnera la mencionada garantía en tanto se persigan las finalidades apuntadas, las cuales podrán analizarse desde una óptica constitucional.

...los fines extrafiscales también pueden tener como objetivo racionar el uso o ejercicio de actividades y recursos naturales necesarios para la existencia y desarrollo de la sociedad. De esa forma, pueden ser restrictivos en la medida en la que se necesite la protección de recursos al aumentar la carga fiscal de dichas contribuciones


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Gustavo Calvillo Rangel Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, y director de Organización de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF

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Jornadas excesivas de trabajo en el Poder Judicial de la Federación ...se sabe que en los últimos años en muchos órganos del Poder Judicial de la Federación, y con mayor frecuencia en Juzgados de Distrito, son extenuantes las jornadas de trabajo a las que se ven sometidos los mandos medios y operativos

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n los últimos años, se ha sabido, con honda preocupación, que en muchos órganos del Poder Judicial, y con mayor frecuencia en Juzgados de Distrito, son extenuantes las jornadas de trabajo a las que se ven sometidos los mandos medios y operativos. En el período de gestión del señor ministro Mariano Azuela Güitrón como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ya había indicios de la existencia de ese problema; durante su gestión, el señor ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en reiteradas ocasiones manifestó su contrariedad ante la señalada situación e hizo algunas recomendaciones para evitarla. En lo que va de la presidencia del señor ministro Juan N. Silva Meza no sólo no ha desaparecido ese fenómeno sino que, al parecer, se ha exacerbado y, entre otras medidas, se ha sugerido que si la jornada se extiende hasta altas horas de la noche, se procure evitar que sean mujeres las que trabajen en ese período. Ahora bien, es indiscutible la urgencia de tomar medidas eficaces para poner fin a la situación mencionada, para lo cual deben identificarse primero sus causas: I. Cargas de trabajo II. Personal ineficiente III. Titulares inadecuados En el supuesto del apartado i, sería conveniente abrir canales de comunicación más ágiles entre los titulares y las comisiones de vigilancia, de disciplina y de admi-

nistración, para hacer del conocimiento del Consejo la existencia de ingresos elevados en número o en complejidad, independientemente de que la visitaduría general ponga especial atención al examinar los diversos asuntos del órgano de que se trate, con el propósito de detectar si existe sobrecarga de asuntos que justifique el dictado de las medidas que sean pertinentes para aliviar, en forma temporal o definitiva, a quienes resientan esa carga indeseable. De esa manera se evitaría que desde el titular hasta los oficiales de servicios y mantenimiento estén sujetos a tales jornadas excesivas, ante el temor que, de no hacerlo, generarían un rezago de asuntos con el consiguiente riesgo de ser objeto de un procedimiento administrativo. En el caso del apartado ii, aunque poco probable en la actualidad, podría suceder que titulares de recien te ingreso encuentren personal que, independientemente de su antigüedad, no se hayan ocupado de su preparación y de su actualización, bien sea en el manejo de las herramientas tecnológicas por parte del personal operativo, o bien en el conocimiento de las novedades en el campo del derecho, por parte del personal profesional. En tal caso, corresponderá a los titulares tomar las medidas pertinentes; a la par, sería también conveniente que se les brindara los apoyos necesarios en la solución del problema, porque sabido es que para la instauración de los procedimientos para fincar responsabilidad administrativa o de tipo laboral deben observarse una serie de formalidades para lo que no están avezados dichos titulares, a quienes


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atemoriza incurrir, por ese motivo, en alguna responsabilidad o, al menos, enfrentar el riesgo de tener que cubrir sueldos no devengados por el empleado o funcionario que llegara a suspender o a separar. Para el supuesto de la hipótesis mencionada en el apartado iii, que es el caso más preocupante y quizá el de más difícil solución, podría también la visitaduría, a través de sus funcionarios, sin detrimento del respeto a la dignidad de los titulares, recabar informes del personal del órgano a visitar e, inclusive, el visitador general podría allegarse datos de titulares de otros órganos para detectar con mayor fidelidad la verdadera problemática. Se propone lo anterior porque

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que requiere el cumplimiento de las exigencias a que estamos sujetos ameritaría marcar como obligatoria una jornada de trabajo que no rebasara cierto horario; llegado el cual, se ordenaría que fueran desalojadas las oficinas por parte del personal operativo y profesional, pues este último, bien organizado, podría desahogar su trabajo a distancia, lo mismo que el titular. Lo anterior, desde luego, con las salvedades que marquen las guardias y diligencias extraordinarias.

A) Se tiene noticia de que al personal de algunos órganos se le obliga, como regla general, a trabajar no solamente de lunes a viernes, sino también los sábados y aun domingos, sin que se justifique por el hecho de que estén de guardia o ante la necesidad de desahogar extraordinariamente algunas diligencias. B) El horario se extiende hasta altas horas de la noche y, en ciertos casos, sin que se brinde a las personas afectadas la posibilidad de contar con recesos para descanso o para alimentarse. C) En muchas ocasiones, los titulares (al margen de que no acuden a temprana hora a sus actividades) se retiran, pero exigen al personal que permanezca en las oficinas; o bien, los citan por la tarde y con frecuencia se presentan a la hora que les acomoda, limitándose a dar algunas instrucciones al personal que lo ha esperado durante varias horas, sobre lo que está en trámite de acuerdo o de resolución, y después autorizarlo a que se retire. La actitud de estos titulares denota un evidente incumplimiento a las normas del Código de Ética, a cuya observancia estamos todos comprometidos, y por lo mismo urge su erradicación. Para lograrlo, sería conveniente informar públicamente los casos detectados por el Consejo, y solicitar a los titulares que dejen de incurrir en irregularidades, ya que de no hacerlo, se les aplicará sanciones de forma escalonada (cada vez más drásticas) que sirvan de ejemplo para los demás titulares. Para el supuesto de que el proceder de los mencionados titulares fuese producto de una incorrecta organización, valdría la pena analizar, como hipótesis, si el tiempo de oficina

Valdría la pena analizar, como hipótesis, si el tiempo de oficina que requiere el cumplimiento de las exigencias a que estamos sujetos ameritaría marcar como obligatoria una jornada de trabajo que no rebasara cierto horario; llegado el cual, se ordenaría que fueran desalojadas las oficinas


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Adrián Domínguez Torres Secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Circui uito del d C Centro tro Auxiliar Au ar de la Cua Cuarta uarta Re Región ón

Terrorismo laboral Actualmente, el denominado “terrorismo laboral” entraña tanto el hostigamiento sexual como el laboral (el primero es sólo una forma del segundo); implica diversas conductas, todas propiciadas por el miedo a perder el trabajo o por la vergüenza

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n el número anterior de El Faro , se abordó el primer punto de los diez “focos de atención” más importantes en órganos jurisdiccionales, a que hizo alusión el señor ministro presidente Juan N. Silva Meza en la reunión de trabajo celebrada el pasado catorce de enero de dos mil once en la Ciudad de México, relativo al trato indebido en los órganos jurisdiccionales, tema que conducía obligatoria mente a hacer mención de las posibles soluciones de ese mal, entre las que se mencionó la llamada “cortesía judicial”. Sin embargo, aunque la intención original era abordar cada uno de esos puntos uno a uno en los números subsiguientes de esta revista, el tema inicial ya comprendía algunos de los restantes, como son: • • • •

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Mostrar prepotencia fuera y dentro del órgano jurisdiccional. Hacer ostentación indebida del cargo. No estar presente en el órgano jurisdiccional en horario de atención al público, a efecto de realizar el despacho de los asuntos. Dar trato desigual al personal (favoritismos), perjudicando la armonía dentro del órgano laboral, y otorgar nombramientos a quienes no reúnan los requisitos previstos en la normatividad. Hostigamiento laboral y acoso sexual.

Pese a ello, se estima que el último de los temas mencionados, debido a su importancia y recurrencia, requiere ser

abordado en forma separada y con mayor amplitud, ya que uno de los objetivos de esta revista es —precisamente— el hablar por aquellos que por cualquier razón no pueden hacerlo, hipótesis en la que caben las víctimas de este tipo de situaciones. La revista Raíz y Conciencia abordó el tema denominado “Ética en el Trabajo: Acoso en las relaciones laborales”1, en el cual se menciona el denominado “acoso moral” en el trabajo o mobbing (vocablo que proviene del inglés mob, que significa muchedumbre) esto es, el “acoso en masa”. Dicho término, inicialmente utilizado para denominar cierto tipo de conducta animal, fue trasladado al comportamiento humano en que incurren, principalmente, los niños hacia compañeros introvertidos, físicamente débiles o que presenten alguna discapacidad (bullying). Actualmente, la denominación “terrorismo laboral” incluye tanto el hostigamiento sexual como el laboral (el primero es sólo una forma del segundo); implica diversas conductas, todas propiciadas por el miedo a perder el trabajo o por la vergüenza. Esta conducta no solamente es privativa de los jefes o superiores jerárquicos, sino que también se presenta entre compañeros de trabajo que se acosan entre sí para distintos fines. El mobbing se puede dar desde una severa llamada de atención delante de los compañeros, gritos, críticas o comentarios humillantes, sin consideración alguna a la condición de las mujeres, injurias, acoso sexual, sobrecarga laboral, agresiones físicas y verbales como insultos, trato despectivo, prepotente y grosero, intercepción de llamadas telefónicas, espionaje, etcétera. En lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, en la página de Internet de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede encontrar algunas conductas (ya sancionadas) que son muestra del llamado terrorismo laboral; ilustrativamente, pueden mencionarse las siguientes: “Falta de profesionalismo (malos tratos hacia el personal de la Secretaría de Acuerdos del órgano jurisdiccional, además de imposición horarios excesivos y descuentos por llegar tarde al centro de trabajo)”. “Trato indebido a los subordinados, lo que provoca estrés y tensión nerviosa”. Incluso, se ha sabido de algunos casos (desgraciadamente no documentados hasta ahora) en los que ciertos titulares de órganos jurisdiccionales arrojan los expedientes a sus se1 Revista Raíz y Conciencia, número 55, Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial.


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cretarios cuando se los devuelven; o bien, no les contestan y ni siquiera los miran a los ojos cuando éstos pretenden dar cuenta de sus asuntos o de algún problema que se presente en sus labores cotidianas. Es evidente que las conductas anteriormente mencionadas son solamente algunos ejemplos de los muchos casos de terrorismo laboral que se presentan en la realidad, pues como ya se mencionó, sea por miedo a perder el trabajo o a la vergüenza pública, muchos trabajadores que sufren alguna agresión de esa naturaleza permanecen callados. Pero la gravedad de esta problemática no se debe sola mente a la inconsciencia, sino también a la vulnerabilidad de quienes carecen de estabilidad en el empleo. Esto es, aunque las agresiones laborales no son exclusivamente dirigidas a los empleados de confianza, la inestabilidad laboral constituye un factor que en muchas ocasiones proscribe la posibilidad de repeler la agresión del superior jerárquico que, en uso abusivo de sus facultades de mando, despliegue alguna conducta de terrorismo laboral, pues esa constante amenaza de quedar desempleado hace que algunas personas toleren los tratos incorrectos y las vejaciones para conservar su medio de subsistencia. Con motivo de ello, es evidente que se debe continuar la labor de sensibilizar a los trabajadores en torno a la necesidad de eliminar este tipo de actitudes que, además de vulnerar los derechos sustantivos de las personas, pueden afectar su salud mental y física. A finales del año 2011, la Extensión Xalapa del Instituto de la Judicatura Federal, a iniciativa de su coordinador el magistrado Adrián Avendaño Constantino, realizó un foro de discusión sobre acoso laboral, en el que se proyectó algunas películas sobre el tema, las cuales fueron comentadas por diversos expertos, lo que permitió analizar esta problemática tanto desde el punto de vista legal, histórico y psicológico. Al evento asistieron trabajadores del Poder Judicial del Estado de Veracruz y del Poder Judicial de la Federación. No obstante, a manera de ejercicio, aquí se reproduce un test para descubrir si se ha cometido acoso en alguna ocasión. Fue publicado en el número antes mencionado de Raíz y Conciencia, y busca frenar esta práctica: • • • • • •

¿Te burlas de los defectos físicos y/o personales de los demás? ¿Te burlas de la capacidad o pericia de los demás para realizar determinados trabajos? ¿Menosprecias a los demás por sus estudios, su cargo, su género, su condición social, su aspecto físico, etcétera? ¿Presionas a otros para que hagan cosas más allá de sus propias capacidades, que no de superar sus límites? ¿Presiones a otros para que hagan cosas más allá de sus tiempos de trabajo? ¿Obligas a otros a tomar decisiones contra su voluntad o su manera de pensar?

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• • • • • • • • •

¿Evitas la comunicación con algunos compañeros de trabajo? ¿Delegas abusivamente tu trabajo en los demás? ¿Tratas de modo diferente a las personas según su puesto? ¿Comentas a espaldas de los demás? ¿Utilizas palabras o gestos agresivos para imponer tu forma de pensar o que te respeten? ¿Conminas a otros para que te cuenten cosas sobre los demás y poder utilizar esa información en tu beneficio? ¿Estás de acuerdo con la frase “divide y vencerás”? ¿Estás de acuerdo con la frase “el fin justifica los medios”? ¿Haces referencia obscena a atributos físicos de tus compañeros y/o compañeras de trabajo a pesar de que esto les moleste?

Si usted contestó afirmativamente a alguna de las anteriores preguntas, probablemente ha incurrido en acoso laboral. Aunque para muchos pudiera resultar desconocido que alguna de las situaciones anteriores entrañaba incurrir en terrorismo laboral, es necesario reflexionar en torno a ello, para erradicar tales conductas u otras similares en nuestras labores cotidianas. Finalmente, cabe mencionar que en alguna publicación periodística se mencionó que si el terrorismo (entendido como un acto de agresión física propinado por un grupo armado como la eta o Al Qaeda) es una práctica rechazada mundialmente por el daño que causa a los países que sufren de su presencia, y existe consenso generalizado porque cesen esas conductas, ¿por qué se ha descuidado esta situación en el mundo laboral?

BOLIGÁN. Maltrato laboral.

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Acoso laboral en los órganos de impartición de justicia

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tendiendo a la preocupación expresada por el señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la reunión de trabajo que tuvo con los directivos nacionales de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación el día 26 de octubre de 2011, en torno a este tema de actualidad, la Extensión Xalapa del Instituto de la Judicatura Federal, con apoyo del director general de éste, así como de los señores ministros Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón, este último director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizó el Foro sobre Acoso Laboral y Ética Judicial. Enriquecedoras resultaron las participaciones de los comentaristas, juez de distrito José Ezequiel Santos Álvarez y del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado Raúl Pimentel Murrieta, relacionadas con la película Acoso; del doctor Javier Saldaña Serrano, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, con su ponencia sobre ética judicial; de la maestra Leonor de Jesús Figueroa Jácome, del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la película Tierra Fría; del doctor José Ramón

FOTOS: FORO SOBRE ACOSO Laboral y Ética Judicial.

Narváez Hernández, del mismo instituto, en relación con la película La Vida de los Otros; del maestro Salvador Martínez y Martínez, por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, con su ponencia Delito de Perturbación del Orden Público, Contemplado en el Código Penal del Estado de Veracruz; y del psicólogo Alejandro Krongold, con su ponencia denominada Antecedentes Psicológicos del Abuso Moral. Gracias a todos ellos fue posible la realización del aludido evento académico. La intervención de los asistentes fue también alentadora, fundamentalmente por la presencia de los trabajadores de la impartición de justicia en los fueros local y federal, lo cual reveló con claridad, entre otros aspectos: 1. Que el ser humano, por miedo, se acostumbra a la violencia que es ya en sí un acto inhumano. No obstante, hay quienes no tienen noción de que dicha acción puede generarse, por ejemplo, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, en el hogar, etcétera, y de que es una problemática laboral y social alarmante y actual. 2. Existen jueces y magistrados (aunque son minoría), en los fueros local y federal que incurren en maltratos y actitudes despreciables y humillantes al interior de los órganos jurisdiccionales. 3. Hay en los poderes judiciales (local y federal), titulares que acostumbran realizar bromas obscenas que, piensan, deben soportar sus colaboradores, o que pervierten el ambiente de trabajo con lenguaje vulgar y actitudes impropias de su investidura, propiciando que el personal los imite y convirtiendo en ocasiones los centros de trabajo en verdaderas zonas de chismes y delación. 4. Existen casos documentados en los poderes judiciales (local y federal) en que los titulares han hostilizado a los trabajadores presionándolos, personalmente o a través de sus pares, hasta obligarlos a renunciar o a jubilarse. 5. Hay titulares de los poderes judiciales (federal y local), que han hostigado a los trabajadores, diciéndoles que su trabajo es “deficiente” sólo porque tienen el deseo de ocupar los lugares para cumplir con sus “compromisos”. 6. Existen titulares en ambos poderes que se han mofado de la condición de las mujeres por su estado civil (por ejemplo la soltería o la condición de divorciadas). 7. No hay que esperar a que ocurra un cambio de mentalidad en los acosadores o en la sociedad para que los


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trabajadores dejen de sufrir las hostilidades. Tienen que organizarse y plantear las acciones que sean necesarias. Si la queja ante el Consejo no resuelve sus problemas, habrá que hacerlo vía amparo por violación a derechos humanos. 8. Los “trabajadores de confianza”, expuestos como están a la inestabilidad en el empleo, son presa fácil para sufrir con más frecuencia acoso laboral y toda clase de arbitrariedades; sin embargo, no hay que olvidar que incluso ellos, de acuerdo con la normatividad internacional, sólo pueden ser separados de su trabajo si existe causa justa. 9. La sugerencia del Consejo de la Judicatura Federal para que los titulares se organicen de modo tal que eviten las jornadas excesivas de trabajo (incluso fijó nuevo horario: de 9: 00 a 15: 00 y de 17: 00 a 19: 00 horas, sin excusa ni pretexto para extender la jornada, salvo atención a los casos verdaderamente necesarios), ha sido para algunos, como las llamadas a misa, pues han desatendido la aludida indicación y generado consecuente peligro para los empleados que tienen que exponerse en altas horas de la noche con el propósito de atender trámites que bien pudieran realizarse al día siguiente a primera hora o bien, como lo ha indicado el Consejo, utilizando los medios electrónicos desde su domicilio. Por lo pronto se recomienda a los trabajadores evitar las posibles contingencias, y aprovechar en la medida de lo posible el nuevo horario. Si el hilo de los pliegos de responsabilidad revienta o las manchas en sus expedientes personales son inevitables por las actas administrativas a veces viscerales o caprichosas que los titulares levantan, que no sea por causas imputables a ellos. Existen dos casos documentados de cese por responsabilidad derivada de robo de expedientes a trabajadores que pretendían llevarlos a sus domicilios en horas avanzadas de la noche para culminar su trabajo, pero que no lo hicieron por haber sido interceptados por el hampa. Es urgente evitar que ceses como esos se repitan. Ojalá que foros como éste, sigan llevándose a cabo en toda la República, pues indudablemente pueden motivar la reflexión de hombres y mujeres, así como a tener el valor para denunciar lo que sucede; a no quedarse callados por temor a las consecuencias, pues las acciones que en su caso emprendan son lo único que puede abrir camino al real acceso a la justicia. Por lo que hace al Consejo de la Judicatura Federal se espera que sin necesidad de que los trabajadores recurran al anonimato en las actas de visita o mediante quejas administrativas, vigile y castigue a los acosadores existentes en nuestra institución, como es el caso de Xalapa, en donde todo mundo sabe quiénes son, pero nadie los señala. ¿También lo sabrá el Consejo y tampoco actúa? ¿Hasta cuándo cambiará esta deleznable situación? Abrigamos la esperanza de que esto mejore, pero ello tendrá que ser con el esfuerzo conjunto de quienes verdaderamente amen a nuestra institución.

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Los “trabajadores de confianza”, expuestos como están a la inestabilidad en el empleo, son presa fácil para sufrir con más frecuencia acoso laboral y toda clase de arbitrariedades; sin embargo, no hay que olvidar que incluso ellos, de acuerdo con la normatividad internacional, sólo pueden ser separados de su trabajo si existe causa justa


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El caso de Rosendo Radilla Pacheco vs el Estado mexicano ...los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte Edna Guadalupe Pérez García Oficial administrativo del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito Felipe Blásquez Rivera Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz

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l pronunciamiento que hizo el máximo tribunal del país en sesión plenaria de catorce de julio de dos mil once es relevante porque ahí se definieron las obligaciones concretas del Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas, derivadas de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y la consecuente violación a sus derechos a la libertad e integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y vida, garantías judiciales y de protección judicial1. 1 En 1999, México, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implica que existe obligación para nuestro país de cumplir las decisiones de dicho órgano jurisdiccional supranacional.

Se reconoció el carácter de cosa juzgada a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores, lo que deriva de los artículos 62.3, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así se reflejó en el párrafo 19: “son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve el litigio”. Además, también se precisó que el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador para las decisiones de los jueces mexicanos, particularmente en aquello que sea más favorable a la persona, contenido en el principio pro homine y conforme al artículo 1° constitucional reformado el 10 de junio del presente año. Otro punto destacable, es el relativo al “control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad”, que permite que los jueces dejen de aplicar normas contrarias a los derechos humanos. En este sentido, la scjn resolvió que el parámetro de análisis que deberán ejercer todos los jueces del país, está integrado por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la


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Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. Tal interpretación se realizará mediante los siguientes pasos: Interpretación en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, otorgando en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Interpretación en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que es acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por último, inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no rompe con la lógica del

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principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces como último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En otra parte de la sentencia se establece que en relación con la interpretación al artículo 13 de la Constitución Federal y en concordancia con el artículo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberá ser coherente con los principios constitucionales del debido proceso y acceso a la justicia, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención, esto es, que la jurisdicción militar “no puede operar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles”, pues de continuar como hasta ahora se ejercería jurisdicción no solamente sobre el imputado (el cual necesariamente debe tener estatus de militar en activo) sino también sobre la víctima civil que tiene derecho a participar en el proceso penal. También se establecieron como medidas administrativas, entre otras, la aplicación de cursos y programas de capacitación para jueces, magistrados y todos aquellos funcionarios públicos que realicen labores jurisdiccionales y en el Poder Judicial de la Federación.

...cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que es acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte


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Caso González vs México (Campo Algodonero) Felipe Blásquez Rivera Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz El caso Gonzáles se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado mexicano en “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, el día seis de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió este asunto a la jurisdicción de la Corte Interamericana, por considerar que México no había adoptado sus recomendaciones, y solicitó que se declarara responsable al Estado por la violación de derechos establecidos en Convención Americana y Convención de Belém do Pará. Como antecedente contextual, la corte expresó que Ciudad Juárez está ubicada en el norte del estado de Chihuahua, exactamente en la frontera con El Paso, Texas, su población es de 1,200,000 habitantes, se caracteriza por ser una ciudad industrial —en donde se ha desarrollado particularmente la industria maquiladora— y de tránsito de migrantes, mexicanos y extranjeros. Por su parte, el Estado, así como diversos informes nacionales e internacionales, hace mención a un grupo de factores que convergen en Ciudad Juárez, como las desigualdades sociales y la proximidad de la frontera internacional, que han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia organizada, como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero, incrementando así los niveles de inseguridad y violencia en la ciudad. La corte concluyó que desde 1993 en Ciudad Juárez existe un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, en las cuales la corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes presentan altos grados de violencia que, en general, han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas

fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes de indiferencia durante la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios con características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad. Así, la corte estimó que una de las consecuencias de la impunidad de este tipo de delitos es el mensaje que se envía a la sociedad de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera un sentimiento de desconfianza por parte de las mujeres ante el sistema de administración de justicia La corte, al examinar si la violencia que sufrieron las tres víctimas en el caso, constituyó este crimen como “violencia contra la mujer”, de conformidad con lo establecido en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. En este sentido, la corte acudió a su jurisprudencia para indicar que para la interpretación del derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana, en relación con los aspectos específicos de violencia contra la mujer, debe acudirse a la Convención de Belém do Pará y a la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la cedaw, por su siglas en inglés), siendo que estos instrumentos complementan el corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, ya que no toda violación de los derechos humanos de las mujeres se considera necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará. Así, la corte concluyó que la violencia ejercida en contra de las tres víctimas en el caso era “violencia contra la mujer”, en los términos establecidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, principalmente, debido a tres razones:


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1) El reconocimiento del Estado (si bien dicho reconocimiento no se materializó frente a la corte sino frente al comité que monitorea el cumplimiento de la cedaw) de que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer; 2) las conclusiones arribadas por varios organismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos, tales como la cidh, el comité que monitorea el cumplimiento de la cedaw, y Amnistía Internacional en el sentido de que muchos de los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones de violencia basada en el género; y 3) las víctimas eran mujeres que “muy probablemente” sufrieron actos de violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. Por lo anterior, la corte determinó que en el caso convergen estereotipos de género que dominan y persisten en la sociedad y que influyeron negativamente en la investigación de los homicidios, como son: atributos o características poseídas, o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, políticas y prácticas, en particular aquellas desplegadas por parte de la policía judicial; comentarios de los funcionarios de que “las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas; el hecho de que algunas autoridades afirmaron que las víctimas eran “voladas”, aunado a la inacción estatal en la etapa de la investigación. Todo esto permite concluir que dicha indiferencia “reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia”. En otra parte de la sentencia, la corte indicó que “informes nacionales e internacionales coinciden en que la prevención de los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, así como la respuesta frente a ellos, ha sido ineficaz e insuficiente”. Al respecto, la corte afirmó que a pesar de que el Estado “tenía pleno conocimiento” del riesgo que corrían las mujeres, “no demostró haber adoptado medidas efectivas de prevención antes de noviembre de 2001 que redujeran los factores de riesgo para las mujeres”, siendo que la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y la adopción de nueva legislación no son medidas suficientes y efectivas para cumplir con tal propósito. Por ello, sobre la obligación del Estado para investigar, la corte estableció que faltó la manera efectiva del derecho a la vida, según la cual el Estado debe realizar una investigación adecuada cuando se está ante violaciones de dicho derecho, esto es, investigar lo que tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte,

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maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres; por ello, la corrte marca irregularidades precisas: • Falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, • Inadecuada preservación de la escena del crimen; • Falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, • Contradicciones e insuficiencias de las autopsias y, por último, • Irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos En virtud de lo anterior, la corte indicó que el Estado incumplió su deber de esclarecer los hechos a través de una investigación seria y adecuada, y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas, por lo que concluyó que, en el caso, la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación; también se determinó que el trato dado por las autoridades a las y los familiares de las víctimas constituía un trato degradante por el sufrimiento y la angustia causada. En resumen, la corte dijo que por la responsabilidad internacional del Estado mexicano se habían violado los derechos humanos, como son: obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, deber de investigar, deber de no discriminación, violación a los derechos de la niñez, al derecho a la integridad personal, actos de hostigamiento a los familiares de las víctimas y, por último, el derecho a la protección de la honra y la dignidad. Finalmente, en el plano de reparaciones la corte establece el deber de conducir eficazmente el proceso penal y sancionar a los responsables, programas de educación y capacitación a funcionarios para superar los estereotipos sobre el rol social de las mujeres, acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, pago por concepto de indemnizaciones y compensaciones de daños materiales e inmateriales, gastos y costas, etcétera.

el Estado incumplió su deber de esclarecer los hechos a través de una investigación seria y adecuada, y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas


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Bhikkhu Nandisena Abad del Dhamma Vihara, México y director espiritual espiri ritual dee Bu Buddhismo hism smo Theravad eravada ada Mé México co AR

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Ética buddhista para el mundo moderno ...en el buddhismo la ética deriva principalmente de lo que se podría llamar el “principio de igualdad”, el hecho de que todos los seres temen el sufrimiento y tiemblan ante la muerte Introducción

Una indagación por la literatura pali revela que en el buddhismo existe un código universal de ética. Contrariamente a las religiones teístas, en las cuales la ética deriva de Dios, en el buddhismo la ética deriva principalmente de lo que se podría llamar el “principio de igualdad”, el hecho de que todos los seres temen el sufrimiento y tiemblan ante la muerte. Pero para aplicar la ética se requiere que uno tenga una comprensión y realización de otro principio: “Al compararnos con los demás, comprendemos que no debemos dañarlos o hacer que ellos causen daño”1. Aquí podemos ver que mientras el código universal de ética buddhista está basado en el principio de igualdad, su aplicación depende de lo que podríamos llamar el “principio de comparación”. Aún más, de acuerdo con el buddhismo, nuestra condición de humanos debería ser validada en el diario vivir por la observancia del código universal de ética, que es no causar sufrimiento a otros seres. Todo esto parece poner a la ética buddhista sobre una sólida base de confiabilidad y orientación para este convulsionado mundo. Sin embargo, este conjunto de normas éticas fue enunciado para un mundo más simple y diferente al moderno. Este conjunto de normas éticas fue enunciado para un mundo donde predominaba la relación del individuo con el individuo. En el mundo actual, las sociedades han cambiado y otra clase de relaciones se volvieron im1 Dhammapada 129, 130. Todas las referencias son las de la edición del Sexto Concilio Buddhista.

portantes; esto es, la relación individuo-institución, institución-individuo e institución-institución. En el mundo moderno, los individuos ya no actúan solamente como meros individuos sino que también lo hacen de forma progresiva como parte integrante de las instituciones. Mientras se continúa insistiendo en que los individuos sigan el código universal de ética, el problema surge cuando nos planteamos cómo lograr que las instituciones sustenten el mismo código de ética o, aún más, lograr que comprendan que deben seguir el mismo código de ética que los individuos para no causar daño a los demás. Éste es un serio y complejo tema que merece una investigación a profundidad. A pesar de que dicho estudio exhaustivo esté más allá del objeto de esta presentación, igualmente pretendo indicar algunos puntos que deberían constituir el marco del mismo. El origen de la ética En el pensamiento occidental, generalmente hablando, hay tres visiones relacionadas con el origen de la ética 1) la teoría del mandato divino, 2) la teoría de las formas y 3) la teoría del relativismo cultural. La teoría del mandato divino sostiene que la ética se deriva de Dios. Los diez mandamientos, fundamento del judaísmo y del cristianismo, que de acuerdo a la Biblia fueron dados por Dios a Moisés; son un ejemplo de la teoría del mandato divino. La teoría de las formas proviene de Platón, quien afirmó que hay una idea abstracta no-material que es el modelo absoluto de la moralidad y la ética. Por su parte, la teoría del relativismo cultural sostiene que la ética es relativa, entendiendo por esto que deberíamos esperar diferentes conjuntos de valores éticos dependiendo del tiempo y de las circunstancias culturales de una sociedad en particular. El origen de la ética en el buddhismo La ética en el buddhismo se deriva primeramente de lo que podríamos llamar el “principio de igualdad”. Este principio se fundamenta en el hecho de que todos los seres temen al sufrimiento.2 Según este principio todos los seres son iguales cuando se enfrentan al sufrimiento, ya que nadie desea sufrir. De acuerdo con este principio, el sufrimiento 2 Ver Dhammapada versos 129 y 130.


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es el parámetro fundamental más ecuánime para equiparar a todos los seres. A pesar de que este principio de igualdad parece mantener su veracidad traspasando el plano de las ideologías culturales o credos religiosos, para practicar la ética se requiere de otro principio más: el principio de la comparación. Con respecto a este segundo principio, Buddha dijo: “al compararnos con los demás, no deberíamos hacerles daño o hacer que ellos lo hagan”3. Para resumir, en el buddhismo existe un código universal de ética basado en el principio de igualdad cuya aplicación depende del principio de la comparación. Los principios de igualdad y de comparación corresponden a lo que se llama en pali “varitta-sila”4, moralidad o ética de contención. Estos dos principios que están incorporados en los Cinco Preceptos deberían prevenir el sufrimiento causado por los seres humanos a otros seres. La ética buddhista tiene además otro principio que corresponde a lo que se llama “caritta-sila”, moralidad o ética de actuación o desempeño. Este principio activo, que podría ser llamado “principio de equilibrio” o “principio de armonía” considera a cada individuo de acuerdo con su función social o rol. En una determinada sociedad, cada individuo a lo largo de la vida, vinculado con otros individuos, desempeña diferentes roles sociales como son: padre, hijo, esposo o esposa, profesor, empleador, empleado, etcétera Cuando un individuo desempeña correctamente el correspondiente rol social, él o ella está cumpliendo con el principio de equilibrio lo cual nos encauza hacia una sociedad más justa y armoniosa. Como ha sido expuesto, la ética buddhista consiste en dos principios distintivos, el principio pasivo de evitar causar daño a otros seres y el principio activo de desempeñar correctamente lo que se espera del rol social que cumple cada individuo.

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y gobernantes hacia los ciudadanos. De acuerdo con el Cakkavatti Sutta la existencia de legisladores éticos parece ser la precondición para tener ciudadanos éticos. Por legisladores éticos se entiende legisladores que aparte de ser capaces de practicar por sí mismos los principios éticos, provean o creen las condiciones adecuadas en su país para que no haya pobreza e inseguridad entre sus ciudadanos. No obstante, tomando en consideración al individuo, independientemente de las condiciones, la ética es siempre una responsabilidad personal. La ética buddhista en la antigüedad y en el mundo moderno En el mundo antiguo las sociedades eran más simples. En términos generales, la única institución con la cual el individuo tenía una relación de dependencia era con el gobierno, el cual invariablemente era un monarca. En el mundo antiguo, a lo largo de su vida el individuo solamente tenía relaciones sociales con otros individuos. La relación entre individuos era la predominante. Con el paso del tiempo, las sociedades se volvieron más complejas y otro tipo de relaciones se convirtieron también en prevalecientes. En todas las sociedades modernas podemos encontrar cuatro tipo de relaciones: 1) individuo con individuo, 2) individuo con institución, 3) institución con individuo, 4) institución con institución. El término “institución” es usado aquí para indicar cualquier tipo de organización que funciona como una unidad para lograr un determinado objetivo. Ejemplo de instituciones son: corporaciones que actúan con el objetivo de maximizar ganancias, departamentos de gobierno que tienen funciones específicas, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Anteriormente hemos señalado los dos principios éticos distintivos a la ética buddhista. Ahora bien, en la sociedad moderna, estos dos principios tal como son expuestos en las

Mientras que la ética buddhista se focaliza en lo que un individuo debería o no debería hacer, en el Cakkavatti Sutta encontramos una exposición de las condiciones que deberían existir en una sociedad para promover individuos éticos. Estas condiciones, responsabilidad de los legisladores y gobernantes, son: protección, vivienda, seguridad y riqueza.5 Cuando los legisladores y gobernantes fallan en proveer estas necesidades, la pobreza y la inseguridad se incrementan. Se dice que a causa de estas carencias se crean condiciones propicias para que sucedan todo tipo de transgresiones éticas. En el mundo moderno, la ausencia de estas condiciones a menudo demuestra la insensibilidad de los legisladores 3 Ver Dhammapada versos 129 y 130. 4 Para esto y lo siguiente “caritta-sila” ver Visuddhimagga, i, 11. 5 Véase Cakkavatti Sutta § 91. En el mundo moderno tanto la salud como la educación deberían incluirse también.

BUDDHA DE Shakyamuni.

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escrituras buddhistas, serían aplicables a la relación individuo-individuo, pero los mismos deberían aplicarse también en los otros tres tipos de relaciones, individuo-institución, institución-individuo e institución-institución. En el mundo moderno, el individuo no sólo funciona como un mero individuo, sino que participa cada vez más como miembro de las instituciones. Hablando en términos de ética, en el mundo moderno un ser puramente individual se torna difícil de encontrar. Como buddhistas, por un lado, tratamos de medir las acciones de un individuo con respecto los demás, de acuerdo con los Cinco Preceptos. Pero por otro lado, ¿cómo deberíamos medir las acciones de él o ella cuando están actuando como parte de una institución? ¿Qué sucede entonces cuando la institución para la cual trabaja el individuo rompe reiteradamente alguno de los Preceptos? ¿Debemos entonces asumir que la persona que trabaja, por ejemplo, como secretaria y que individualmente no está rompiendo los Preceptos, sí lo hace al trabajar para esa corporación? Tradicionalmente la respuesta a esta pregunta debería ser negativa, si la motivación del individuo no fuera insana. Pero ¿cuán sustentable es esta posición actualmente cuando en muchos países la ley considera a estas instituciones como individuos? Si las instituciones son consideradas como individuos, deberíamos ser capaces de identificar las motivaciones de la institución, analizando sus actos tal cual lo hacemos cuando identificamos las motivaciones de los individuos analizando sus acciones. De acuerdo con el campo de la ética concerniente a las instituciones, hay dos aspectos que deben ser tomados en consideración. El primero tiene que ver con considerar los actos de la institución como una unidad. El segundo aspecto tiene que ver con las acciones del individuo dentro la misma y como parte de ella. Hablando en términos de ética, un individuo no es un ser humano simplemente porque nació como tal. El individuo necesita validar su humanidad en lo cotidiano de acuerdo con los dos principios de la ética. Si las instituciones son consideradas como individuos, ellas deberían también ser medidas por los mismos preceptos que los individuos. Por lo tanto, independientemente del tipo de relación, deberían siempre prevalecer los dos principios antes mencionados:

...un individuo no es un ser humano simplemente porque nació como tal. El individuo necesita validar su humanidad en lo cotidiano de acuerdo con los dos principios de la ética

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no causar daño a otros y desempeñar correctamente la función o rol social adjudicado. Desafortunadamente, no es lo que sucede en el mundo moderno. El problema de la ética en el mundo moderno El problema de la ética en el mundo moderno puede ser resumido en la siguiente lista: Individuos que no son concientes del principio de comparación generan sufrimiento a otros seres. Hay transgresión en la relación individuo-individuo. Éste es el clásico caso de la ruptura de los Preceptos. Individuos que transgreden los Preceptos en sus relaciones con las instituciones. Instituciones que transgreden los Preceptos en su relación con el individuo, sociedad y medio ambiente. Instituciones que transgreden los preceptos en su relación con otras instituciones. Está más allá del objetivo de este ensayo dar ejemplos y detenerse más en cada uno de estos casos. Sin embargo, debería mencionar aquí que de estos cuatro ejemplos, el tercer caso (cuando las instituciones transgreden los preceptos con el individuo, la sociedad y el medio ambiente) es, sin duda, el más serio y dañino de todos. Ésta es la clase de transgresión que hace que la vida en la tierra se vuelva cada vez más insostenible. Como lo demuestra la historia, transgresiones de esta índole pueden prolongarse por largo tiempo sin ser rectificadas y frecuentemente son el origen de las revoluciones y revueltas violentas. Los hechos recientes en Medio Oriente son solamente algunos de los ejemplos más recientes de transgresiones éticas cometidas por las instituciones hacia los individuos y la sociedad. Como ya se mencionó, los individuos en el mundo moderno actúan mayormente como parte de las instituciones. Cuando las diferentes dependencias de los gobiernos fracasan (lo que sucede con frecuencia), al aprobar y tratar de poner en práctica leyes para la prevención de las transgresiones éticas por parte de las instituciones, quizás una solución a este problema tan generalizado sea trabajar para acrecentar y elevar la conciencia de los individuos, en el sentido de que es por sus acciones personales, que las instituciones pueden perseverar con sus logros. Posiblemente un gran paso hacia la consecución de los ideales de democracia, se logre cuando las personas actúen éticamente tanto en su condición de individuos como socialmente, siguiendo los dos principios buddhistas antes mencionados. ***** Original en inglés Buddhist Ethics for the Modern World. Acceder al original en inglés en el siguiente enlace: http://bit.1y/kqwafr. Discurso traducido del inglés al español por Marilena Molinaro. Edición general por Alina Morales Troncoso. Este material puede ser reproducido para uso personal, puede ser distribuido sólo en forma gratuita. Última revisión, martes, 13 de junio de 2011. Copyright © 2011 por Dhammodaya Ediciones, Buddhismo Theravada México AR.


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Bienvenida a los alumnos del Curso Básico Adrián Avendaño Constantino Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región

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ecía el gran romano Marco Tulio Cicerón: “Non nobis solum nati sumus.” No nacemos para nosotros mismos. Nuestra vida cobra sentido en función de lo que hacemos con ella, a quién se la dedicamos, qué ideal perseguimos, en qué la gastamos. Los motivos que tenemos para superar los obstáculos con ánimo y optimismo. Este ciclo escolar que hoy comienza, implica para quienes lo hacen posible, maestros y alumnos, un conjunto de desafíos en el proceso de formación y capacitación como profesionales del derecho, con el ferviente anhelo de brindarles las herramientas para construir un mejor futuro en el campo del derecho, pero sobre todo para contribuir a su formación integral como personas, lograr su crecimiento espiritual y el desarrollo de sus conciencias, en aras de servir de manera plena y desinteresada a la sociedad, procurar la formación de seres humanos comprometidos con los anhelos de justicia y bienestar social, que reafirmen y apliquen los valores del respeto, la generosidad, la defensa de lo justo y lleven a cabo una actuación ética en su desempeño profesional. El derecho es parte fundamental de la sociedad, está presente en todos los ámbitos de nuestra propia vida. La estrecha relación entre derecho y sociedad radica en la propia naturaleza del derecho que es eminentemente social. El derecho es creado por la sociedad y consecuentemente forma parte de ella. El derecho está dirigido al ser humano, no considerándolo como un ser aislado, encerrado en sí mismo y desconectado de los demás, sino como un ente integrado que vive en sociedad; es decir en relación permanente con sus semejantes. De este modo y conjuntando las perspectivas de la naturaleza social del derecho y del ser humano, es factible afirmar que la plenitud en nuestra profesión no radica sólo en cumplir aspiraciones o éxitos personales, sino en servir a la sociedad en general, en procurar el bien común y lograr el bienestar del mayor número de personas. Esto es, el destino final como juristas es servir a los demás, no servirnos de nuestra profesión, pues como una flor sin perfume son aquellos juristas que la ven únicamente como el medio para alcanzar sus metas y aspiraciones personales, sin pensar en los derechos y el valor de los demás seres humanos, ya que como dijera Carlos Marx en sus Reflexiones para un joven antes de elegir profesión, si se trabaja sólo para uno mismo es posible convertirse en un hombre de fama, en un gran ministro, por ejemplo, en un excelente poeta, en un destacado

profesionista, en un prominente médico o filósofo, pero jamás en un hombre verdaderamente grande. El regocijo y satisfacción que proporciona el saber que nuestros actos dan felicidad a nuestros semejantes debe ser el eje rector del camino a seguir, pues aun cuando las acciones de cada quien sean como pequeñas gotas de agua en el océano inmenso de la humanidad no debemos desistir de nuestra misión; por eso en este curso se les invita a aprender de sus maestros, de los libros y de los pensadores más grandes que han existido, pero sobre todo a prepararnos para defender el sagrado derecho a combatir la injusticia y a construir una sociedad más justa e igualitaria. Concluyo con estas palabras recordando a Walt Whitman, considerado por muchos como el mejor poeta norteamericano, con algunas ideas de su bello poema No te detengas: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa: Surgirá un nuevo orden. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye de él. No podemos remar en contra de nosotros mismos Eso transforma la vida en un infierno Piensa que en ti está el futuro Y encara la tarea con orgullo y sin miedo No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas… Deseo que todos obtengan la cédula correspondiente que les permita accesar como secretarios proyectistas en el Poder Judicial de la Federación y que puedan formar parte de éste. La patria necesita hoy más que nunca de buenos jueces y conciente como estoy que muchos de ustedes pueden llegar a serlo, únicamente espero que tengan la oportunidad de servirla con su inteligencia y mayor esfuerzo y sacrificio, para así poder impartir una justicia de mayor calidad, más humana, más cercana a las necesidades reales de nuestro pueblo. Xalapa, Veracruz, 2 de enero de 2012


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Criterios Relevantes Registro No. 160482 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 556 Tesis: P. LXV/2011 (9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la Registro No. 160525


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Registro No. 160584 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 550 Tesis: P. LXVI/2011 (9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. Varios 912/2010. 14 de de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVI/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: “ÚNICO. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’”, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. Las tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.


CONVOCATORIA*

Para la integración de las directivas estatales y regionales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación La Mesa Directiva Nacional 2011-2013 considera como uno de los principales objetivos del proyecto asociativo, establecer vínculos de comunicación interna de carácter permanente entre las distintas regiones, los estados y los titulares asociados. Consideramos que el diálogo será el factor que contribuya a la construcción de un mejor presente y a continuar en el constante fortalecimiento de nuestra asociación, pues la adhesión y permanencia en la misma, sólo tiene sentido si se constituye como un factor de desarrollo dentro de una cultura a favor de la unidad institucional y la independencia del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, un signo de fortaleza debe ser la renovación de las directivas estatales y regionales expresadas en el mismo tenor rotativo e incluyente que establece nuestra normatividad interna en los términos del artículo décimo séptimo para la Directiva Nacional. El factor fundamental de desarrollo de la democracia interna es la participación de todos y cada uno de los asociados. La actual Mesa Directiva Nacional 2011-2013, mediante acuerdo tomado en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, los días 22 y 23 de septiembre del año 2011, resolvió, entre otros puntos, establecer las bases generales normativas para uniformar los procesos de integración y elección de las mesas directivas de los estados y de las diversas regiones, unificando los plazos en todas las regiones. En virtud de que se trata únicamente de sentar las bases generales, en estricto respeto a la autonomía de las diversas regiones, se faculta a las mismas para que dentro de los presentes lineamientos básicos, instrumenten e integren el resto de la normatividad complementaria para cada caso, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. De conformidad con lo anterior, se invita a los asociados para integrar las directivas estatales y regionales en *Redactada por el magistrado Víctor Hugo Mendoza Sánchez, director jurídico de la Asociación, y aprobada por la Dirección Nacional.

términos del artículo décimo séptimo de los estatutos de nuestra asociación, como sigue: 1. Hidalgo, Morelos y Querétaro 2. Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas 3. Distrito Federal 4. Colima, Jalisco y Nayarit 5. Estado de México y Michoacán 6. Chiapas, Guerrero y Oaxaca 7. Campeche, Quintana Roo y Yucatán 8. Nuevo León y Tamaulipas 9. Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz 10. Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora 11. Coahuila, Chihuahua y Durango Previamente conviene precisar que algunos estados están integrados por órganos jurisdiccionales que tienen su residencia en varias ciudades, como es el caso de Guanajuato, León, y Celaya, en Guanajuato; San Luis Potosí y Ciudad Valles en San Luis Potosí; Morelia y Uruapan en Michoacán; Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Tapachula, en Chiapas; Acapulco, Chilpancingo e Iguala en Guerrero; Oaxaca y Salina Cruz en Oaxaca; Cancún y Chetumal en Quintana Roo; Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico en Tamaulipas; Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Villa Aldama, Tuxpan, Poza Rica y Córdoba en Veracruz; Mexicali, Tijuana y Ensenada en Baja California; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis en Sinaloa; Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y Agua Prieta, en Sonora; Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova en Coahuila; Chihuahua y Ciudad Juárez en Chihuahua; Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla en el Estado de México; asimismo, los demás estados sólo están conformados por órganos jurisdiccionales que tienen su residencia en una ciudad, como son: Distrito Federal, Pachuca, Hidalgo; Cuernavaca, Morelos;


Querétaro, Querétaro; Aguascalientes, Aguascalientes; Zacatecas, Zacatecas; Guadalajara, Jalisco; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Campeche, Campeche; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; San Andrés Cholula, Puebla; Tlaxcala, Tlaxcala; La Paz, Baja California Sur; y Durango, Durango. Por ello, es necesario que en primer término la elección se haga en los estados que están integrados por órganos jurisdiccionales que tienen su residencia en varias ciudades, y posteriormente se proceda a la designación de representantes por estado, (tanto de aquéllos que tienen varias ciudades como los de una ciudad) y finalmente por región, con lo cual se reafirmaría la representación de la asociación a nivel nacional. Por lo anterior, se sugiere que la designación se haga conforme a lo siguiente: Bases generales Podrán participar los socios que estén registrados en el padrón de la Asociación Nacional al día de la elección. De la modalidad y fecha de la elección en los estados que están integrados por órganos jurisdiccionales que tienen su residencia en varias ciudades. 1. La modalidad será por nombramiento directo de por lo menos un socio 2. Los socios podrán reunirse para hacer la elección hasta antes del 17 de febrero de 2012 3. El socio que sea electo representante de la ciudad respectiva, deberá elaborar el acta respectiva en la que se hará constar el lugar y fecha en que se llevó a cabo, así como los socios participantes con su firma, y enviarla a la Dirección Nacional

elección hasta antes del 31 de enero de 2012. 4. Los socios que sean electos deberán elaborar un acta en la que harán constar el lugar y fecha en la que se llevó a cabo, así como los socios participantes con su firma y enviarla a la Dirección Nacional. De la modalidad y fecha de la elección por región 1. Las direcciones regionales serán electas por la asamblea regional conformada por las entidades federativas a que alude el artículo décimo séptimo de los estatutos, como quedó precisado al inicio de esta convocatoria 2. La modalidad de la elección será por planilla o nombramiento directo de por lo menos un representante por cada estado, conforme a las carteras previstas en el artículo décimo sexto de los estatutos 3. Los socios que hubieran sido elegidos como representantes de cada estado, deberán comunicarse con los demás de su región para hacer la elección respectiva 4. Los socios podrán hacer la elección hasta antes del 16 de marzo de 2012 5. Los socios electos para la Dirección Regional deberán hacerlo del conocimiento de la Dirección Nacional. El director nacional de registro, con la debida oportunidad, entregará una copia del padrón de socios a los representantes de los diversos estados, para facilitar el control de los votos. Su encargo durará dos años a partir del día de la elección

De la modalidad y fecha de la elección en los estados

Agradecemos el esfuerzo que se haga para llevar a cabo la elección de las direcciones regionales ya que son la base de la conformación de la Asociación Nacional, y sólo de esta manera lograremos cumplir con la finalidad establecida en los estatutos. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Dirección Nacional.

1. La modalidad será por nombramiento directo de por lo menos 3 socios 2. Tratándose de las ciudades donde ya hayan sido electos los representantes, éstos podrán conformar la representación del estado, por lo que deberán comunicarse para hacer la elección correspondiente a la región hasta el 2 de marzo de 2012 3. Respecto de los estados que están conformados por una ciudad; podrán reunirse los socios para hacer la

Atentamente Directiva Nacional 2011- 2013


Lineamientos para las colaboraciones:

1. Las colaboraciones deberán ser inéditas y enviarse con los siguientes datos: nombre del autor, breve currículo y nombre del artículo, al correo electrónico de la revista: revistafaroijf@gmail.com 2. Los textos deberán estar escritos en Word para Windows, en Times new roman de 12 puntos, con una extensión mínima de una cuartilla y máxima de cuatro, con bibliografía mínima completa, y sólo las llamadas al pie necesarias. 3. Los criterios y oportunidades de publicación de cualquier colaboración, quedarán sujetos a las decisiones del Comité editorial y su dirección. 4. Todas las colaboraciones podrán ser editadas por la revista para su publicación.

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